Ajusticiamientos, inocultable muestra de descomposición política

Los signos de la descomposición política y social son cada vez más evidentes en México, el pequeño grupo que detenta el poder recurre a todo tipo de actos para perpetuarse en el mismo. La mentira de la paz social es evidente en un país donde diariamente hay ajusticiamientos relacionados con el narcotráfico y en el ámbiente político, por más que quieran hacerlos pasar como meros hechos de la delincuencia común, también están presentes.


El más reciente de estos casos, el asesinato de Francisco Obel Villarreal Ontelo el pasado martes, director de operaciones de Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), empresa fundada en 1993 Francisco Gil Díaz, subsecretario de ingresos y actual Secretario de Hacienda y que según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación muestra irregularidades por mas de 9 mil millones de pesos.


Es imortante recordar que en 1994 la lucha por el poder dentro del propio priísmo llegó hasta el asesinato del candidato presidencial de su partido, Luis Donaldo Colosio y del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de los Salinas de Gortari.


Ahora toca el turno al PAN, que toma el mismo camino para silenciar a quien sabría demasiado de la manera en que se manejó uno de los miles de fideicomisos -imposibles de ser auditados, al margen de toda legitimidad, por más leyes que hagan- creados por Fox para impedir la rendición de cuentas y poder disponer libremente del dinero depositado en ellos. Es un hecho que hasta los jueces cuentan con uno para su beneficio. Esas son las cuentas que millones de mexicanos esperamos que rinda Fox y no la simulación que pretende hacer mañana.


A continuación la columna de Enrique Galván Ochoa tomada de La Jornada de hoy jueves, que trata sobre el caso


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Dinero

Enrique Galván Ochoa


Sabía demasiado...

El asesinato del funcionario de ISOSA
Nexos con Hildebrando y Hacienda
Y volver, volver, volver


A finales del sexenio de Zedillín ocurrieron varias muertes a las que no se halló otra explicación que una medida extrema para callar a funcionarios que ''sabían demasiado''. Fueron alrededor de siete; vale la pena mencionar brevemente a dos que, por añadidura, se presentaron como suicidios ante la opinión pública. El subsecretario de Normatividad de la extinta Secretaría de Comercio, Raúl Ramos Tercero, fue hallado sin vida en un paraje del Desierto de los Leones. Supuestamente se privó de la vida con un cutter. Estaba relacionado con el escándalo del Renave. Otro expediente se abrió con motivo de la muerte del oficial mayor de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel Izábal. Su cadáver fue encontrado en su automóvil, se metió un tiro en el paladar y los lentes ni se movieron de su lugar. Una investigación posterior develó la existencia de una caja de seguridad de Citibank, donde tenía depositados 700 mil dólares. Los dos asuntos quedaron sepultados por el tiempo y el silencio. Ahora Foxilandia también comienza a teñirse de sangre.


Líneas de investigación


El asesinato de Francisco Obel Villarreal Antelo, director de Operaciones de ISOSA, fideicomiso de la Secretaría de Hacienda, al parecer se inscribe en la línea de muertes sospechosas. La víctima fue vista cuando discutía con sus asesinos, no lo asaltaron ni lo robaron; tampoco se llevaron su coche ni hubo intento de secuestro. Uno de sus hijos viajaba en el vehículo, resultó ileso. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a cargo de Bernardo Bátiz, contempla dos líneas de investigación: 1) ISOSA tenía o había tenido negocios con la empresa de Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo del candidato presidencial panista, Felipe Calderón, y 2) Villarreal Antelo conocía al revés y al derecho las operaciones de la empresa que, según reporte de la Auditoría Superior de la Federación, apenas emitido hace 15 días y entregado a la Cámara de Diputados, dejó de entregar a la Tesorería de la Federación más de 9 mil millones de pesos por concepto de trámites aduaneros y el semáforo fiscal. De acuerdo con informaciones aparecidas en la prensa, y no desmentidas, ISOSA fue creada por Francisco Gil Díaz y Santiago Creel.


e-Vox Populi


Asunto: enfermedad del peje


Me puse a leer tu columna y me queda la duda en un comentario que haces respecto a lo del ''cerro de evidencias del fraude''. Me pregunto: ¿sinceramente existe ese cerro? ¿O es lo que alguna gente quiere ver? No lo sé. AMLO ha dicho tantas cosas respecto a eso y luego él mismo se ha desdicho, que ahora realmente dudo que exista evidencia alguna. Para mí, ya perdió credibilidad y a la distancia se ve meramente como enfermo de poder... ciertamente con sus ideales, pero fuera de contexto.

Mario A. Aguilar Soria/Monterrey


R: ¿Te imaginas todo lo que le han ofrecido al Peje con tal de que abandone la lucha? Un enfermo de poder ya hubiera dado su brazo a torcer, supongo, pero no soy siquiatra.


Asunto: la mafia


Como siempre, el motor del cambio no está en las manos de los politiqueros que ganan elecciones con fraude o que se oponen y buscan el poder sin un plan claro para cambiar la historia de este país. El cambio vendrá de abajo, de los desposeídos, de los olvidados, del México profundo que ya no tarda en despertar (1810, 1910, ¿2010?). Ojalá no sea necesario otro baño de sangre para lograr un nuevo pacto social digno de una verdadera sociedad de seres pensantes (es menester una revolución, sí, pero cultural y en cada uno de nosotros). No más camarillas ni caudillos en este cansado país.

Miguel Angel Cabrera García/DF Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/UNAM


R: El problema es que la mafia política no se quiere ir por las buenas, por medio de elecciones democráticas, no suelta su inmenso poder financiero y político.


Asunto: volver, volver, volver


Ojalá construyamos un mejor país y no nos resignemos al que actualmente estamos padeciendo. La neta que el pueblo de México es heroico, y quizás hasta masoquista. A menos que algo superior ocurriera veremos otra Foxilandia o vacilada de gobierno pero, quién quita, ésa sería una copia mejorada. Mis deseos de regresar al país se han cancelado por otros seis años. Aunque siempre hay un lado bueno, y ese es que más paisanos estaremos (re)poblando este lado del río Bravo o el otro lado del charco, también, y al menos nuestras familias allá en México tendrán algo con que comer mediante las remesas que les son enviadas. Saludos y la esperanza no se ha perdido aún.

Alejandro López/Houston


R: Mi estimado Alex; me duele decirlo, pero no es buen momento para regresar a México. Temo que nos esperan otros seis años de corrupción, de desgobierno, de narcotráfico, de delincuencia generalizada, con el añadido de la inestabilidad política.


Nota: Los textos originales y los buzones electrónicos de sus autores aparecen en el foro.


Fox, sólo
Faltan 91 días

Buzón México: galvanochoa@yahoo.com


Foros: http://www.dinero.tv/

México, instituciones cuestionadas

No son pocos los articulistas que han tocado el tema electoral, muchos pedían que se esperara hasta que le Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) dictaminara sobre el caso y aducían para ello que dicho órgano colegiado tenía una historia de 10 años resolviendo los litigios apegados a derecho y hasta con una visión "progresista". La decisión por "unanimidad" de desechar las pruebas del fraude presentadas por el PRD, PT y Convergencia da clara muestra del estado en que están esas "instituciones" y lo bajo que ha caído -si se puede más- la política en nuestro país. La obsesión de los empresarios que están detrás del PRIAN por seguir saquenado a la nación. También es una muestra del tamaño del cheque que se embolsaron los señores magistrados como ha quedado consignado en varios artículos periódisticos y queda claramente demostrado que México es gobernado por los poderes de facto -lease empresarios-. Lo de las "instituciones que nos hemos dado" es sólo un cuento para dormir a los niños de pecho.



¿Cuándo? pregunto yo se ha tomado en cuenta el sentir de la ciudadanía a la hora de legislar, en realidad ¿a quién defienden las leyes que tanto se pregonan cada vez que un conflicto social llega a los reflectores de los medios? Basta revisar un poco los periódicos en cualquier hemeroteca y se recordará que en la historia de este país, lo que menos ha importado es la voluntad ciudadana. Si los primeros en violar la ley son aquéllos encargados de hacerla respetar y los que están obligados más que nadie a cumplirla, con que derecho y calidad moral se atreven a decirnos que la respetemos. Sin temor a equivocarme estoy seguro que la inmensa mayoría lo hace de una mejor manera que los que detentan el poder. No olvidemos que no pagan impuestos y si lo hacen se los devuelven, consiguen jugosos contratos o leyes a modo como La Ley Televisa. Salen ricos depués de unos años de ser gobernadores, diputados, senadores -Diego Fernández de Cevallos, a manera de ejemplo- o presidentes de la República, como todos los priístas y ahora el panista Fox, quien declarara en el 2000 que estaba quebrado y ahora junto con su familia y la de su esposa, son prósperos empresarios.Todo esto a los ojos de quien quiera verlo, salta a la vista. Así que ¿cuál Estado de derecho?



Enseguida un artículo tomado de la edición de hoy del diario La Jornada
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Carlos Montemayor



La calificación y el tribunal


Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante numerosas décadas los nuevos legisladores se erigían en colegio electoral para calificar las elecciones organizadas por el propio gobierno federal, en las que ellos habían resultado ganadores. Al finalizar el siglo XX la sociedad mexicana se propuso crear dos instituciones que de manera independiente y autónoma se ocuparan, una de ellas, de la organización de los comicios y, la otra, de la calificación de éstos, con el fin de terminar con la inercia de las elecciones de Estado, manipuladas o sometidas al control de los intereses del poder en turno.



Era necesario que los magistrados del tribunal electoral recordaran ese propósito básico de su origen, para que después tomaran en cuenta dos principios más de la historia propia del derecho: el bien común y la ahora cada vez más remota noción de justicia. No olvidemos que antes de la creación del IFE y del TEPJF se afirmaba siempre que las elecciones eran legales. Y en efecto eran legales, pero no legítimas; eran legales, pero no justas; eran legales, pero no equitativas. Regresar ahora al concepto de lo legal, que haga a un lado el propósito original de las nuevas instituciones electorales, empobrece la visión de la legalidad y oscurece la noción de legitimidad. Apegarse a la ley sin los propósitos que sustentan o deben sustentar en sus fundamentos a la ley misma y a la acción de los jueces mismos no puede consolidar la naturaleza esencial para las que fue creado el tribunal. Es decir, los magistrados tuvieron en sus manos no solamente la posibilidad de legitimar las elecciones presidenciales (no legalizarlas, que no es igual), sino legitimar la acción y sentido del tribunal mismo.



El IFE y el TEPJF debían asegurar que los procesos electorales no gravitaran ya en función del poder político en turno, decíamos. Pero los consejeros actuales del IFE demostraron con creces su parcialidad. Cuadros del viejo sistema político mexicano demostraron, también con creces, su disposición renovada a seguir confundiendo la democracia electoral con el control de los procesos electorales.



Faltaba sólo conocer el desempeño del tribunal como última instancia. El recuento de más de 11 mil casillas planteó al TEPJF dos posibles caminos, ambos legales pero de diferente profundidad y perspectiva. Uno, que al parecer prefirieron asumir los magistrados como único, reducir su valoración al ajuste aritmético del recuento de votos. Desde esta perspectiva, todas las alteraciones posibles, intencionales o no, se reducirían al ajuste aritmético de los errores detectados. La suma y la resta aritmética como medida de valoración es un camino legal, cierto, pero no el único. Sobre todo cuando el magistrado presidente expresó que "si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es investigador, no es fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente".



Cierto, no le faltó razón al magistrado presidente. Sobre todo con la explicación que agregó el magistrado José de Jesús Orozco: "los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho".



De acuerdo. Otra vez de acuerdo. Sin embargo, llama la atención que en la resolución hayan insistido en adjudicar las inconsistencias en las actas al error aritmético y explicar que "el dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho".



Precisamente en ese particular sentido fueron insuficientes las exposiciones doctrinales y procesales del tribunal. Porque, en efecto, la otra opción, también legal, era la valoración del tipo de errores aritméticos detectados que pudieran sugerir o revelar un error sistemático.



La posibilidad de un error sistemático puede comprobarse más efectivamente que la actitud subjetiva del dolo. Un error sistemático es susceptible de asimilarse al dolo, por supuesto, pero también a otros conceptos: fraude, control estadístico, manipulación estadística, programas estadísticos selectivos, mecanismos todos que no tienen que ver con "el dolo" de los funcionarios de casillas, sino con la organización del conteo de los comicios donde los ciudadanos no participan. Los magistrados, como no son investigadores en la calle ni fiscales, prefirieron reprobar en derecho a los abogados del PRD y argumentar, como los apologistas del IFE, que el cómputo oficial es resultado de la buena fe de los ciudadanos que participaron en las casillas y que por tanto ese cómputo no debía calificarse desde una perspectiva que no fuera aritmética.



La estadística es una herramienta muy importante para que cualquier gobernante tenga acceso a la información detallada de las variables sobre economía, demografía y de cualquier tipo que le permita tomar decisiones en bien de sus gobernados. También es útil para empresarios y científicos. Pero los datos estadísticos pueden ser mal interpretados o utilizarse tendenciosamente para sustentar conclusiones falsas. En ese sentido, el análisis de una muestra es fundamental para la obtención de resultados válidos, y generalmente el problema se centra en calcular el menor tamaño posible de la muestra para obtener resultados significativos dentro de un intervalo de confianza. En el caso de la muestra de más de 11 mil casillas, hubo más de 60 por ciento de errores de conteo e imprecisiones. Por extrapolación, la gran mayoría de las casillas se encontrarán en las mismas condiciones.



Lo grave de este asunto no son los errores propiamente aritméticos, sino la reiteración sistemática de casillas donde hay más boletas de las que se dispuso para ellas o más votos de los ciudadanos empadronados, o menos sufragios pero sin boletas no usadas. La incidencia de ese tipo de errores no son aritméticos, insisto; son señales de errores en el sistema. No haber tomado en cuenta esos "errores", no valorarlos como errores sistemáticos, es un grave error jurídico del TEPJF. No sólo histórico o político, sino de valoración jurídica. Debemos aceptar, sin embargo, que ese grave error no podemos aducirlo como prueba del dolo de los magistrados, sino, por decir lo menos, sólo de su candidez. Candidez legal, por supuesto, pero candidez sobre todo. Justo lo que en el pasado electoral de México, a lo largo de numerosas décadas, se pedía a los ciudadanos en cada jornada electoral manipulada: candidez.

Una probadita de lo que vendrá con el PRIAN + Verde + Panal

El panismo y el priísmo continúan empecinados en hacer de este país lo que les venga en gana. Rápido quedaron en el aire los discursos de unidad, paz social, o de que son pacíficos y cogobernarán con quien esté dispuesto a ello. Clara muestra de los anterio se vió hoy en la instalación de la LX legislatura, que primero tuvo que pasar por elegir quienes encabezarían la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el presidente de ésta última será el encargado de contestar el mensaje de Fox -claro, si lo dejan darlo-.


A la primera minoría que es el PAN le corresponde la Junta de Coordinación Política por ley, en el caso de la Mesa Directiva, en anteriores legislaturas le correspondía a la segunda minoría, en este caso al PRD. Sin embargo como siempre, una cosa es hablar de paz, cogobierno y demás y otra es ponerlo en práctica. Así que como siempre se fueron por la libre, el agandalle al viejo estilo del PRI. Los votos del PRIAN no fueron suficientes para imponer a un panista en la mesa, así que recurrieron al viejo estilo de compra de voluntades y para eso están el Verde Ecologista -el de los videos, quien de nuevo es diputado y a vivir de nuestros impuestos- y los flamantes "legisladores" levatadedos de Panal -ese de la Gordillo, la misma que compró votos de gobernadores a favor de Feli-pillo-. Con estos alcanzaron las dos terceras partes de la votación requerida para hacerle la roqueseñal a los demás partidos.


Pese a las advertencias del PRD, Convegencia y PT de que se estaban violentando las normas y la convivencia. Que era mejor llegar a un acuerdo hablando. De nada valió, he impusieron al panista Jorge Zermeño -quien brincó del Senado a la Cámara de Diputados, a seguir sangrando a la nación y vivir de nuestros impuestos-. Se trata de un personaje nefasto, que de negociador no tiene ni la palabra, amén de su falta de pericia para desempeñarse en el puesto, como quedo evidenciado una vez que fue ungido.


Desde tribuna el PRD, PT y Convergencia se negaron rotundamente a participar en cualquier comisión de cortesía para recibir a Fox y dejaron claro que no permitirían más imposiciones del PRIAN, que si insistían en ello, se atuvieran a las consecuencias. Más claro ni el agua.


La siguiente reunión parlamentaria será el próximo viernes, cuando Fox intentará leer su mensaje político, porque el informe que por ley debe rendir, será entregado -como siempre- por escrito. Y a esto último, nunca se ha opuesto la Coalición por el Bien de Todos. Lo que no quiere es que "un traidor a la democracia", como le califican, utilice la máxima tribuna del país para burlarse del pueblo de México con sus mentiras sobre Foxilandia. A hablar ante los diputados ese día no tiene derecho pues la ley no contempla que lo haga. Si los panistas son tan estrictos en el apego al Estado de derecho, pues cúmplando y evitenos a millones de mexicanos la vergüenza de oirlo, bastante habla a diario.





Enseguida unas apreciaciones sobre el Trife, hechas por Miguel Angel Granados Chapa, columnista de Reforma y conductor de Plaza Pública en Radio UNAM

La que suponíamos tarea titánica: resolver en pocos días 375 juicios de inconformidad, fue día de campo para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, mostrándose ajenos a la trascendencia de su función emplearon menos de cuatro horas en dar por terminada la fase judicial del proceso electoral.


Me pesa decir que actuaron irresponsablemente y hasta infringieron la ley, lo que formalmente nadie les puede reprochar porque ellos poseen el privilegio de la última palabra.


Pero ostensiblemente se faltó a lo dispuesto en el numeral dos del artículo 24 de la ley respectiva que dice que "se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen" y "se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos, los someterá a votación". El Tribunal no sólo negó el voto por voto, sino que ni siquiera discutió sentencia por sentencia.

A continuación un video de lo que mucha gente piensa sobre los lectores de noticias de las televisoras y la radio

Rechaza AMLO resultado del Trife; intenta legalizar fraude, acusa

Cartones tomados de La Jornada de hoy martes 29 de agosto de 2006

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Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) sesionara por la mañana del lunes 28 de agosto y decidiera que no hubo mayores irregularidades durante la jornada electoral del 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador en la asamblea informativa de ese día por la tarde, presentó un proyecto para su análisis, discusión y en su caso aprobación en la Convención Nacional Democrática http://www.cnd.org.mx A continuación el texto íntegro de su discurso en el Zócalo.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR AL PUEBLO DE MEXICO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, PARA SU APROBACIÓN EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA

El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.


Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.


El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.


En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.


La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.


Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.


Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.


El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.


El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.


Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.


El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.


En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento “voto por voto” y “casilla por casilla”, no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.


Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15’ 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14’ 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.


A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de “errores aritméticos” de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:


1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;


2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;


3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;


4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.


Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que “el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida”. Y precisa: “En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario”.


La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: “Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas”.


Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.


Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.


El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.


Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.


Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.


Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.


El artículo 39 constitucional a la letra dice:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.


En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:



PLAN

1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.


2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.


3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.


4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:


1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.


2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.


4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.


5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.


5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.


6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.


7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.



Mexicanas y mexicanos:

Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.


Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.


No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.


A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.


¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!


Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.


Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: “El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos”.



Andrés Manuel López Obrador


En la Plaza de la Constitución,
Zócalo de la ciudad de México,
a 28 de agosto de 2006.

Da Trife un paso más para convalidar el fraude

Zócalo 27 de agosto de 2006

Como estaba previsto desde hace varios días -no hay que olvidar las declaraciones de Fox y el PAN toda la semana anterior- en poco más de tres horas, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) decidieron por unanimidad que en la elección presidencial se respetó el principio de un hombre un voto y el sugragio efectivo.


No les importó el cúmulo de evidencias presentadas y de manera leguleya argumentaron que la Coalición por el Bien de Todos no mostró alegatos y pruebas en las que se pudieran basar sus dichos.


Les urgía terminar con la sesión y de manera fast track los proyectos se desahogaron en una sola ponencia presentada por el secretario general de acuerdos. No dieron cifras y "curiosamente" todos, palabras más o menos, dijeron lo mismo.


De poco valió que la sesión fuera televisada en vivo, pues solamente sirvió para leer un script previamente elaborado, para presentar el show con pretenciones de legalidad y pluralidad para el consumo de las masas. Para que la televisión y radio tuvieran los "sesudos" discursos preestablecidos. Si de eso se trata el Canal del Poder Judicial de la Federación, podríamos ahorranos los recursos que de nuestros impuestos se destinan a él. Ya es harto suficiente con las televisoras paleras del poder.


Sobre el detalle de los 375 juicios de inconformidad presentados por los partidos políticos -entre ellos el PAN- en las próximas horas se sabrán sus dictámenes. Estos serán colocados en los estrados, es decir en las paredes del tribunal. Los mismos no merecieron poder ser vistos por el restringido público que pudo seguir la trasnmisión por los sistemas de televisión de paga. Eso sí, se llenaron la boca al decir que estarían de forma íntegra en Internet. Eso también dijeron los consejeros del IFE, que colocarían las actas de los cómputos de las más de 131 mil casillas de todo el país y es hora que seguimos esperando. Total de lo que se trata es de tener "presidente" a la de ya, sin tomar en cuenta lo que dicen defender: la ley.

Foto tomada el domingo 27 de agosto de 2006

A ese tipo de "legalidad" es al que siempre se refieren las cúpulas del poder en México, cuando dicen que se debe respetar el Estado de derecho y las "instituciones" del país. Una interpretación de la ley a la medida de las circunstancias, a modo pues.

Y para muestra aquí una nota tomada de La Jornada de hoy lunes
http://www.jornada.unam.mx


Estalla escándalo laboral en el colegio Green Hills

Maestros y personal administrativo acusan a la institución de obligarlos a firmar renuncias sin recibir indemnización y desconocer su antigüedad

Evade el pago de impuesto, acusan


PATRICIA MUÑOZ RIOS


El colegio Green Hills, renombrado por tener entre su alumnado a hijos de ex presidentes de la República, políticos prominentes, empresarios, directivos del sector financiero y artistas, fue demandado ante tribunales por haber cometido diversas violaciones laborales contra todo su personal académico y administrativo, incumplir con la Ley Federal del Trabajo y cometer fraude contra el Seguro Social para evadir el pago de cuotas, así como al fisco en general.


Las copias de las demandas interpuestas ante las autoridades laborales del país -que fueron entregadas a este periódico por los propios trabajadores- indican que al personal que en su mayoría tenía 12, 15 y hasta 25 años de trabajar en la institución lo obligaron a firmar su renuncia sin ninguna indemnización y desconocieron su antigüedad.


También los obligaron a firmar un nuevo contrato en el que aceptan tener el "salario mínimo" con una outsourcing denominada Soluciones y Estrategias Administrativas Sociedad Anónima (SEA), todo ello con la finalidad de evadir el pago de impuestos al fisco, "ahorrarse" cuotas al Seguro Social e Infonavit, abatir el costo de su nómina y desconocer obligaciones laborales con sus empleados, según detallan las copias de los litigios interpuestos.


El caso involucra a un líder sindical pederasta

La maniobra fue aceptada por su sindicato, denominado Justo Sierra, que forma parte de los cientos de contratos de protección que lidera Ramón Gámez Martínez, el dirigente prófugo de la justicia que es perseguido para que enfrente acusaciones de pederastía.


La institución, que cobra aproximadamente 100 salarios mínimos una colegiatura mensual para primaria, citó en noviembre del año pasado a todo su personal para entregarles copia de la renuncia que debían firmar, así como una copia de su nuevo contrato con SEA -representado legalmente por Víctor Manuel Alvarez Puga- en la que se modificaban sus condiciones laborales y, por supuesto, el salario.


En esta junta, el director administrativo del colegio, Rodrigo Sandino, presentó a los abogados de SEA, conjuntamente con los cuales explicó que todos iban a salir ganando porque no pagarían impuestos o unos muy bajos, ya que serían dados de alta con "salario mínimo" o con una remuneración más baja ante el Seguro Social y ante el Infonavit, lo que "significaría una ganancia para todos". Les prometieron, sin embargo, que "por afuera" les pagarían "compensaciones", las cuales efectivamente están bajo el rubro de "prestaciones", según los nuevos recibos que se les entregan a los trabajadores.


Hubo voces que señalaron que eso era aceptar "un fraude", pero los abogados dijeron que "eso ya está permitido por la ley".

A los que no quisieron firmar los dieron de baja de la nómina y no les pagaron a partir del 30 de noviembre. Alejandra Silva, encargada de recursos humanos, les indicó que no les entregaban su salario porque "estaban en el limbo" y les señaló que si querían que se les pagará tenían que firmar el contrato con SEA. De una nómina de más de 180 personas la mayoría fue presionada a firmar, 46 se negaron a hacerlo y 10 los dejaron en la nómina del Green Hills y empezó la segunda etapa del plan: despedir a los inconformes a pesar de que tuvieran 15 o más años de trabajo, sin argumentos y con una indemnización amañada.


Según señala el testimonio de las denuncias, se empezaron a tomar represalias y hasta el momento van cerca de 30 personas despedidas, de las cuales la mayoría son maestros, por lo que se han presentado decenas de demandas individuales. A 46 personas las tuvieron que regresar a la nómina de Green Hills porque también querían presentar denuncias.


Así la situación laboral del colegio, propiedad de Guadalupe Canales Gámez, ahora sí quedó en el limbo: opera con dos nóminas; ofrece sueldos "por afuera"; se está configurando en su contra el delito de fraude cometido contra el IMSS, ya que al personal lo dieron de baja desde noviembre del año pasado y le volvieron a dar de alta con salarios de uno y dos mínimos; SEA de todas formas les cobra por sus "servicios"; enfrentan diversas demandas ante tribunales; tienen preparados varios despidos y ante la situación el clima de hostigamiento contra los maestros ha generado mayor inconformidad laboral y los abogados del colegio enfrentan decenas de juicios en los tribunales locales.


"¿Esta es una institución educativa de prestigio?", pregunta uno de los académicos afectados.

Fox participó en gabinete alterno de Maquío en 1988

Luego del fraude electoral de 1988 Carlos Salinas de Gortari buscó por todos los medios legitimar la usurpación del poder mediante la compra de conciencias y plumas -muchas de las cuales hoy tienen nuevo patrón-, asesinatos y cerco informativo. Algo similar a lo que actualmente vivimos, claro con la salvedad que hay más espacios que en ese tiempo, esto gracias a los movimientos civiles y a la cuota de sangre de cientos de activistas políticos.

Sus principales opositores fueron Cuauhtémoc Cárdenas, a la cabeza del Frente Democrático Nacional -hoy es empleado del gobierno de Vicente Fox- y Manuel J. Clouthier El Maquío, quien si decidió defender el voto de sus partidarios y encabezó un gobierno paralelo que puso en jaque al de Salinas de Gortari, hasta que su muerte en un no claro accidente, freno su lucha social.

Enseguida la colaboración que hace Enrique Galván Ochoa para La Jornada y en donde trata del tema con datos muy interesantes y reveladores que confirman el refrán de "poderoso caballero es don dinero".
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/27/006o1pol.php

Domingo

Enrique Galván Ochoa


Presidente Maquío
Su gabinete

El dinosaurio rencarnó en azul

Plutón


La presidencia y el gabinete alternos de El Maquío Clouthier fueron efímeros. Actuaron del 23 de febrero al primero de octubre de 1989, cuando ocurrió la misteriosa muerte del aspirante presidencial panista. Un tráiler embistió al vehículo en que viajaba por una carretera del norte del país. En ese medio año, el presidente Maquío -así lo llamaban sus partidarios- y su gabinete habían puesto en apuros al oficialmente electo Carlos Salinas de Gortari, a quien calificaban de usurpador. El Maquío por su lado y Cuauhtémoc Cárdenas por otro -aquél Cuauhtémoc, no el de ahora- evidenciaron con sobradas pruebas el fraude electoral oculto en la frase de Manuel Bartlett: "se cayó el sistema". La prensa salinista condenaba la resistencia civil panista como "subversiva" y al mismo Maquío lo acusaba de fraguar una "traición a la patria". Luis H. Alvarez había tomado la protesta a los rebeldes con estas palabras: "Señores miembros del Gabinete Alternativo del Partido Acción Nacional: ¿prometen reflexionar, comunicar y actuar con base en los principios y estatutos del partido, a la luz de sus plataformas políticas, para bien de México?". Debo a mi compañera de redacción, Mireya Cuéllar -autora del libro Los panistas- un dato que cobra relieve hoy: la integración del gabinete de El Maquío:

¿Qué ha sido de ellos?

Carlos Castillo Peraza ya falleció, fue el mentor de la juventud de Felipillo. Me dicen que el empresario juarense Francisco Villarreal Torres también dejó de existir. Luis Felipe Bravo Mena forma parte del gobierno foxista, es el embajador en el Vaticano. Jesús González Schmal ya no forma parte del PAN, está concluyendo su gestión como diputado de Convergencia y ha sido un implacable fiscal de los hijos de la señora Marta. Por otro lado, Rogelio Sada Zambrano fue alcalde de San Pedro Garza García, diputado federal y funcionario de la Contraloría. Fernando Canales Clariond pertenece al gabinete, pero ya no al de El Maquío, sino al de Fox: es el secretario de Energía, después de haber sido de Economía. El Matapapas Fernández de Cevallos ha hecho fortuna: esta semana dejará de ser senador y tal vez será incorporado al gabinete para que siga teniendo fuero, dicen que debe muchas. Y Vicente Fox es quien se llevó el gato al agua, sobran los comentarios.


Cambio de piel

¿Y qué pasó después de la muerte del presidente Maquío? El suceso marcó un quiebre importante en la vida del PAN. Dejaron el camino de la rebeldía y comenzaron el de la corrupción. Chorejas cautivó al Matapapas, al extremo que el ex secretario del interior fue quien dio el cerillazo para que fueran quemadas las boletas del fraude electoral. Luego vino el arreglo en lo oscurito por los gobiernos de Guanajuato y Baja California. Tiempo después, el mismo Matapapas se dejaría ganar la Presidencia por Zedillín, según ha lamentado don Vicente MegaSpot. Pero la gran concertacesión prianista fue la del Fobaproa: Felipillo torció los tres "no" que había acordado el panismo nacional reunido en Puerto Vallarta -no al Fobaproa, no a la impunidad, no a la conversión de las pérdidas de los banqueros en deuda pública- y el partido que presidía avaló el fraude junto con el PRI. ¿Saldos? El PRI ha perdido todo, o casi. El dinosaurio abandonó su encarnación tricolor y rencarnó en azul. Sigue lleno de vida y salud. Aunque hace seis años algunos ingenuos lo dieron por muerto, ya va a cumplir más de 80 años en el poder.


Pregunta incómoda

¿No es un sarcasmo que hoy el PAN llame subversivo al Peje cuando anuncia que el 16 de septiembre la Convención Nacional Democrática podría designar a un presidente y su gabinete alternos?


e-Vox Populi

Asunto: Plutón
Praga (24 agosto 2006).- Plutón perdió este jueves su estatus de noveno y más distante planeta del Sistema Solar, que pasa así a tener tan sólo ocho planetas, según decidió la Unión Astronómica Internacional (UAI).


¡Protesto! Exijo un conteo planeta x planeta. Esto es un complot de los pirrurris para quitarnos a Plutón. Vamos a poner un campamento en la Luna para impedir que pongan sus satélites artificiales, un producto más de la globalización, del imperio, para oprimir a los de abajo. Quien esté de acuerdo con esta iniciativa de resistencia interplanetaria pacífica le pido que asista a la próxima asamblea informativa en el Triángulo de las Bermudas.

Francisco Peraza/Distrito Federal


R. ¿Por qué no mandamos al astronauta Ugalde a hacer el conteo? ¿Cuántos Plutones quieren?

Nota: Los textos originales y los buzones electrónicos de sus autores aparecen en el foro.

Fox, sólo
Faltan 95 días

Buzón México: galvanochoa@yahoo.com


Buzón Estados Unidos: foropaisano@gmail.com


Foros: http://www.dinero.tv/

Pleno derecho de la CND para cambiar forma de gobierno

Para dos constituconalistas la postura de Andrés Manuel López Obrador sobre cambiar la forma de gobierno es viable siempre y cuando se sujete a los mecanismos que la Constitución establece para la misma pueda ser reformada, es decir en el marco del Congreso de la Unión y los congresos estatales. A continuación la nota tomada de El Universal. http://www.eluniversal.com.mx

"La coalición tiene derecho de cambiar forma de gobierno"

No se puede modificar en una reunión de plaza pública, aclaran


Juan Arvizu
El Universal
Domingo 27 de agosto de 2006


En el actual conflicto postelectoral, la coalición Por el Bien de Todos -y, en su caso, la Convención Nacional Democrática- tiene plenos derechos políticos para plantearse la meta de modificar por la vía pacífica la forma de gobierno de México, señalaron constitucionalistas. Sin embargo, el orden jurídico les prohíbe la violencia e ir a la rebelión.


Incluso, Andrés Manuel López Obrador puede proclamarse presidente de la República sin consecuencias legales en su contra. Pero saldría del marco de la ley, con actos de usurpación de funciones o con un desconocimiento de las instituciones.


Raúl Carrancá y Rivas, constitucionalista y académico del posgrado de Derecho en la UNAM, dijo que el invocar el artículo 39 constitucional como fundamento de la convocatoria a la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre próximo, tiene que sujetarse a los mecanismos que la propia Constitución establece para ser reformada, en el Poder Legislativo.


Por su parte, el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que un movimiento social (por ende externo al Poder Legislativo) tiene derecho de transformar las instituciones.


Carrancá y Rivas exhortó a la coalición a abrazar el espíritu de la Constitución de seguridad y vigencia del estado de derecho, y buscar los cambios que se proponga a través de la acción de los congresos de la Unión y de los estados, como lo establecen los artículos 41 y 135.


En tanto, Cárdenas Gracia señaló que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador va a tener éxito si lo apoyan grandes sectores de la sociedad. Remarcó que, con todo, "las transformaciones que concrete el movimiento social tendrían que formalizarse tomando en cuenta el papel del Congreso".


Un eventual cambio de instituciones y estructuras sociales y políticas por la vía pacífica requeriría también de mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito y el referendo, que actualmente no existen.


En teoría, la ruta de una modificación "de la forma de gobierno", obliga a aplicar una "ingeniería constitucional", de suyo compleja.


Las posibilidades del cambio, siempre dentro del espíritu de la Constitución, contemplan incluso la instalación de un congreso constituyente.


Horas de angustia


Ante la complejidad de esos procesos que se plantean dentro del conflicto postelectoral, Carranca y Rivas exhortó a que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación transparente la elección presidencial.

"Soy partidario de la contabilidad total de los votos, con las consecuencias que esto traiga, como podría ser la anulación abstracta y convocar a nuevas elecciones", dijo Carrancá.


Estas son horas "angustiosas" por el problema electoral, agregó, "y entiendo que la furia llevó a López Obrador a decir fuera de toda lógica, que será Presidente y a extrapolar el artículo 39. No puede cambiar -agregó Carrancá- la forma de gobierno en una simple reunión de plaza pública".


Ante las graves y serias dudas de la elección -que es el motor del movimiento de la coalición-, si el Tribunal Electoral se va por "la cuestión codiguera y leguleya", no va a satisfacer los reclamos de gran parte de un México dividido en dos, consideró.


Su colega Cárdenas Gracia remarca que la vía de la transformación pacífica llegará hasta donde apoyen los sectores sociales.


En la quinta edición de La Constitución Política comentada, de 1994, un equipo de tratadistas analizan la aplicación de cada artículo.


Se establece que de ningún modo el artículo 39 pueda dar el derecho a la revolución.


Lo que se reconoce en ese precepto es que cada generación es capaz de transformar su realidad como mejor convenga a los intereses de la colectividad.

Sobre la negación a la rebelión, del artículo 136, se refiere un análisis de Jorge Carpizo:


"Cuando el orden jurídico deja de satisfacer las necesidades, aspiraciones o ideales de una comunidad; cuando se convierte en opresión, entonces nace el derecho a la revolución, pero no como una facultad jurídica, sino como un derecho de vida, de la realidad".


El espíritu jurídico


Los preceptos que surgen al análisis de los especialistas son originales de la Constitución de 1857, que se trasladaron, casi iguales, a la de 1917.


El liberal puro José María Mata dio el debate que definió el texto sobre la soberanía del pueblo y su derecho a cambiar la forma de gobierno, en el Constituyente del 57.


Dicho artículo, que se perdió en la vida política mexicana y que sólo llegó a interesar a los especialistas, de Plutarco Elías Calles a la fecha, fue el espíritu jurídico de defensa de Benito Juárez en la Guerra de Reforma, frente a la invasión francesa y para combatir el imperio de Maximiliano.


El constituyente Mata fue embajador de Benito Juárez en EU.


Por lo que respecta al artículo 136, se le considera el derecho ciudadano a resistir la opresión, y también data del Constituyente de 1857, y éste fue una de las bases de Venustiano Carranza para al alzarse con el Plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta y proseguir el proceso de la Revolución Mexicana.

Mañana todos al Zócalo

Foto tomada en uno de los campamentos

En la asamblea informativa de mañana -Zócalo 11:00 hrs.- Andrés Manuel López Obrador informará de los siguientes pasos en el camino de la resistencia civil pacífica. Por la mañana viajó al estado de Tabasco donde anunció que se sumará de lleno a la campaña electoral en Tabasco, al anticipar que el PRIAN hará lo mismo que en Chiapas para evitar que el candidato de la Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT) no llegue a ganar la gubernatura.

Durante su visita a la entidad por la mañana de este sábado se reunió a puerta cerrada con los candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales de su partido a quienes pidió cerrar filas. En la cita les informó sobre el desarrollo de la Convención Nacional Democrática y la forma en que se elegirán delegados a la misma.

El próximo 15 de octubre se llevarán a cabo elecciones en Tabasco en donde se renovará la gubernatura, 17 presidencias municipales y se eligirá a 21 diputados de mayoría y 14 de representación proporcional.


El siguiente es un análisis tomado de Proceso http://www.proceso.com.mx

La lección de Chiapas
josé gil olmos


México, D.F., 23 de agosto (apro).- La pasada elección a gobernador en Chiapas podría ser tomada en cuenta como el ejemplo claro de la descomposición de la política nacional y el cambio que urge realizar para que los partidos y los funcionarios de gobierno sean verdaderos representantes ciudadanos.


Hasta este momento, Juan Sabines Guerrero, hijo del exgobernador con el mismo nombre y sobrino del poeta Jaime Sabines, se perfilaba como el ganador de la contienda realizada el pasado domingo 20. Pero en realidad en Chiapas nadie ganó, todos de alguna manera perdieron.


Ninguno de los partidos que postularon candidatos puede sentirse triunfador de un proceso electoral manchado por una serie de irregularidades muy similares a las que se denunciaron el 2 de julio y otras peores.


Francisco Rojas, al ceder su candidatura del PAN al aspirante del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, perdió toda credibilidad, pues capituló los principios del blanquiazul de jamás aliarse con el partido al que históricamente han considerado su enemigo, por la corrupción que ha procreado desde su origen.


El PRI, por su parte, perdió doblemente. Primero al hacer alianza con el partido de la derecha, con el que dijeron nunca harían una coalición porque se trataba de su enemigo ideológico natural. Y segundo, perdieron al dejar libre a Juan Sabines, valorado como el personaje más identificado con los chiapanecos, y elegir al senador Aguilar Bodegas, quien recibió la candidatura como un favor por el apoyo que dio a la “ley Televisa” en el Senado.


El exconsejero electoral Emilio Zebadúa es también uno de los grandes perdedores. Su ambición por alcanzar la candidatura le ganó y no le importó cambiar el prestigio que había ganado en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en su breve carrera en el PRD, al aceptar ser el abanderado del Panal, el partido creado y organizado por otra chiapaneca, Elba Esther Gordillo, uno de los símbolos del viejo sistema político tricolor.


Por su parte Sabines también pierde aunque gane la elección. Pierde porque no presenta una coherencia política e ideológica, al pasarse de un día para otro del PRI al PRD, en una decisión pragmática por conseguir la candidatura a gobernador a como diera lugar. Un gobernador sin esos asideros navega siempre en la indefinición, y eso se refleja de inmediato a la hora de tomar decisiones como mandatario.


La descomposición política que hemos visto a nivel federal en los últimos años, en Chiapas se ha concentrado de manera preocupante. Si el 2 de julio pasado vimos que las fuerzas más arcaicas del sistema –la maestra Gordillo, los 17 gobernadores del PRI, la derecha reaccionaria, los empresarios más conservadores y los principales dueños de los medios-- se unieron para vencer al candidato de la izquierda, en esta entidad sureña las alianzas dejaron atrás todo viso ideológico y de principios, en aras de alcanzar sus objetivos. Pragmatismo descarado.


La elección de Chiapas nos muestra que la crisis de los partidos y de las instituciones está tocando fondo. Si a los partidos no les importó faltarle el respeto a su propia militancia para seguir con sus estrategias electorales, al gobierno de la entidad, como lo fue Vicente Fox con Felipe Calderón, tampoco le importó poner al servicio de su candidato el aparato oficial con tal de protegerse hacia el futuro.


Las acusaciones de PAN y PRI en contra del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, de controlar al Instituto y al Tribunal Electoral Estatal, de usar recursos públicos en la campaña de su candidato Sabines, eran muy similares a las que a nivel federal hizo el PRD a Vicente Fox por favorecer a Calderón.


A pesar de las pruebas que en ambos casos se presentaron, las autoridades electorales no actuaron conforme le demanda la propia ley, y la máxima autoridad estatal, el gobernador, y nacional, el presidente de la República, salieron manchados en sus respectivos procesos electorales.


Como en el 94, Chiapas nos deja nuevamente una lección importante: el sistema político nacional integrado por partidos, instituciones, leyes, funcionarios públicos y representantes gubernamentales está en franca decadencia y urge una renovación.


Los cambios irían por la ruta pacifica a través de profundas reformas a las leyes y a las propias instituciones, para lo cual se necesitaría de la voluntad de los principales actores políticos. O por la vía violenta, mediante movilizaciones civiles y hasta armadas, a través de las guerrillas, que empujen las transformaciones a la cuales se oponen precisamente partidos y gobernantes.


Lamentablemente por lo que se observa hasta el momento, todo parece indicar que la segunda opción es la que se está imponiendo, con el grave riesgo de que los focos rojos encendidos en Oaxaca y el Distrito Federal, se enciendan en otros lugares y se genere un clima de inestabilidad o de ingobernabilidad para el próximo sexenio.

Se informará sobre acciones para 1 de septiembre

En pocos días se darán a conocer las acciones que se llevarán a cabo para el 1 de septiembre, día del informe presidencial y aunque faltan más de 20 para la Convención Nacional Democrática, antes de 16 de septiembre saldrán a a la luz documentos que definirán el rumbo del movimiento, qué órgano se constituirá, cómo estará representado y sus objetivos.


Lo anterior fue anunciado por Andrés Manuel López Obrador, al ser entrevistado para la radio por Jacobo Zabludovsky. Agregó que ya se trabaja en la organización de la convención y que el próximo 16 de septiembre se decidirá cuál será el rumbo del movimiento y cómo se actuará luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) emita su fallo.

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PGR tapadera y alcahuete: Soberanes


El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, acusó ayer a la PGR de ser "tapadera y alcahuete" de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, además de denunciar actos de intimidación en contra de su persona y del primer visitador, Raúl Plascencia.


La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar, esta vez a cargo del titular de la PGR Daniel Cabeza de Vaca, quien afirmó que esas expresiones son ''porque el señor Soberanes está enojado'' debido a que se dio trámite a una denuncia en la que él también está acusado.


Sin dar tiempo a más hoy el superdotado vocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar respaldó lo dicho por Cabeza de Vaca y añadió que las de Soberanes son "declaraciones a la ligera, irresponsables, producto del ánimo personal de este personaje". Claro, fiel a su doble discurso antes había mencionado que no se subiría al ring.


José Luis Soberanes también ratifico este viernes sus declaraciones y abundó en detalles. Entrevistado para la radio por Denise Maerker, aseguró que entre las violaciones flagrantes de agentes de la Policiía Federal Preventiva (PFP) -si la misma que "custodia" el Palacio Legislativo de San Lázaro- esta la ejecución de un detenido cuando se encontraba sometido y de rodillas, frente a su familia, con un disparo en la cabeza.




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Enseguida una colaboración tomada de La Jornada http://www.jornada.unam.mx que trata

Sobre la credibilidad de los letores de noticias en la Televisión


Dinero
Enrique Galván Ochoa


Escasa credibilidad de conductores de tv


La mejor calificación para Carmen Aristegui
López Dóriga, Alatorre, Adela, reprobados


La televisión mexicana ha avanzado en el aspecto tecnológico en forma portentosa; compite con los países del primer mundo. Sin embargo, en materia de credibilidad está en quiebra. En un sondeo en que participaron 3 mil 155 personas, las mejores calificaciones las obtuvieron Carmen Aristegui, de CNN (2 mil 162 votos) y, bastante lejos, Adriana Pérez Cañedo, de Canal 11 (176 votos). Las peores, Adela Micha, de Televisa (6 votos), Javier Alatorre, de TvAzteca (13 votos), y Joaquín López Dóriga, de Televisa (28 votos). Por favor consulten las gráficas que aparecen en esta sección.


Metodología


El domingo pasado, por la noche, enviamos 7 mil 364 cuestionarios por correo electrónico a un número igual de miembros registrados de nuestro foro, que ya es el mayor del mundo de habla hispana en su género, con más de un millón de visitantes cada mes. Hasta ayer jueves a las 12 del día habíamos recibido 3 mil 155 respuestas. Nuestros sondeos son lo contrario a las encuestas tradicionales, por eso los llamamos antiencuestas. Las personas no son sustituidas por un número o una estadística. Son reales, de carne y hueso; ustedes pueden leer sus votos razonados en el foro. Inclusive pueden compartir sus ideas, es muy simple, sólo regístrense.


Votos razonados


Carmen Aristegui, de CNN, es sin duda la conductora más independiente y objetiva que hay en México, a la par que Javier Solórzano, con quien hizo toda una época. Jorge Zepeda Patterson está haciendo cosas interesantes y convincentes. Igual Raymundo Rivapalacio. Los demás responden clara y absolutamente a la línea de intereses de sus empresas.

Carlos Lara/DF


Definitivamente no les creo. Cuando por equivocación veo un noticiero interpreto lo contrario de lo que dicen los merolicos. Y funciona.

José Aníbal Arias/DF


Esta es la cuarta semana que no veo noticieros, me propuse vetarlos. ¿Tiene algún sentido hacerme mala leche nomás a lo tarugo? El día que se dio a conocer el video de Ahumada, sintonicé el noticiero de TvAzteca, a las 8 de la noche. ¿El resultado? Le dedicaron menos de un minuto a una noticia que bien pudo ganar los titulares si por ejemplo hubiera sido encontrado otro ex colaborador de AMLO agarrando portafolios repletos de dólares.

Josafat Jiménez/Morelia


Veo a Aristegui, tiene hígados la mujer. En ocasiones le imponen cada entrevistado, que bueno... Veía el Canal 11, ahora está... (eso que están pensando), pobre Adriana. Los monos matutinos, mejor que ni se desmañanaran. También veía a Trujillo los lunes, sólo por oír a don Julio Hernández, del Astillero, pero como la empresa de cable nos hizo el favor de quitar de su barra a Telerrisa, pues ya ni ese pedazo de noticiero.

Yolanda Robles/escribo de la Morelia del chavo panista. Michoacán de Batel SA.


Sin duda, Carmen Aristegui es la más creíble, aparte de inteligente y preparada. Los demás ''ni los veo ni los oigo''.

loria García Delgado/Tampico


La tv debería estar en manos de organizaciones de periodistas, intelectuales, científicos, trabajadores de la cultura, etcétera, y no en manos de la delincuencia políticamente organizada.

José Roberto Mercado/Cuernavaca


Excepto Carmen Aristegui, la lista de posibles evaluados en la antiencuesta forman una bola de recitadores levantacejas, cuya posible capacidad de análisis se ve sometida al poder presidencial.

José Carmona Avila/Zacatecas


El sábado anterior tuve una discusión en casa porque mi madre, que acababa de llegar de San Luis Potosí, se empeñó en ver El rival más bruto, de TvAzteca, a lo cual me opuse no sin antes explicarle que en casa ya no vemos ni Televisa ni TvAzteca. ¿La razón? Obvia. No hay ningún noticiero que valga la pena. En cambio, a las 10 de la noche (u 11.30, cuando se nos hace tarde) vemos a Carmen Aristegui en CNN. No hay más.

Ana Adela Chávez/DF

Insiste Fox en desprestigiar las instituciones

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) valida el fraude "nosotros no reconoceremos a un presidente ilegítimo. Por eso hemos convocado ya a una convención nacional democrática en virtud del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho inalienable del pueblo a cambiar la forma de gobierno'', expresó Andrés Manuel López Obrador a Jean-Michel Caroit, enviado del periódico francés Le Monde, quien lo entrevistó el pasado 22 de agosto en su tienda de campaña ubicada en el Zócalo.


López Obrador no descarta que México amanezca el 17 de septiembre con dos presidentes (electos) el candidato del PAN -si se consumara el fraude- Felipe Calderón y él, en caso de que la Convención Nacional Democrática lo decida así.


López Obrador no descarta que el próximo 17 de septiembre México amanezca con dos presidentes (electos): el candidato panista, Felipe Calderón, así designado hipotéticamente por el tribunal electoral, y él, siempre y cuando así se vote por los participantes en la Convención Nacional Democrática, que tendrá lugar el 16 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino.


El enviado de Le Monde escribió que ''acusado por sus adversarios de ser mal perdedor que, además, pone en peligro a las frágiles instituciones mexicanas, López Obrador replica diciendo que el problema de fondo no es su candidatura a la Presidencia, sino la salvación de la democracia: yo no soy un vulgar ambicioso, se trata de una cuestión de principios, de ideales y convicciones''.


En cambio y haciendo gala de las contradicciones que acompañan su vida, Vicente Fox reiteró que el próximo presidente de México habrá de ser pronto "confirmado y decidido", por el Trife, lo que es una clara violación a la ley y las instituciones que se afana en "defender". Acto seguido aseguró que "ante el embate a las instituciones", la respuesta debe ser la unidad de los mexicanos para defenderlas. Y pidió lo mismo para la democracia, la cual "no va a dar marcha atrás". "En este momento histórico", señaló, esa protección debe extenderse a la legalidad y el Estado de derecho "por los que lucharon Morelos, Juárez y Madero". Como queda demostrado las menturas continúan.


El siguiente artículo fue tomado dela edición de este jueves de El Universal http://www.eluniversal.com.mx

Fox y Ugalde dañan al Tribunal y al IFE
Credibilidad y confianza, en entredicho


Pulso Político

Francisco Cárdenas Cruz
24 de agosto de 2006


Si a Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, le bastaron unos cuantos meses para que los ciudadanos le perdieran a ese organismo la confianza y credibilidad ciudadana que alcanzó en sus más de 15 años de vida, al presidente Vicente Fox le asestó un sonoro revés a las que en 10 había logrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al anticipársele a proclamar que el "ganador claro" de la elección presidencial del pasado 2 de julio fue el panista Felipe Calderón, sin esperar a que concluya la tarea de los siete magistrados de la Sala Superior para calificar el controvertido proceso y, de serlo, declarar presidente electo.


Con esas actitudes, tanto el titular del IFE como del Poder Ejecutivo Federal le dan la razón a quienes desde las filas de los partidos políticos de oposición los han señalado como los principales responsables de ensuciar el proceso presidencial y llevarlo al grave conflicto postelectoral en el que hoy está inmerso el país y de poner en entredicho a los organismos electorales.


Las torpezas en las que incurrió Ugalde y el desaseo y la parcialidad con la que actuó antes, durante y después de los comicios federales, envueltos hoy en sospechas sobre su legitimidad, transparencia y limpieza que originaron la actual situación y que desde hace varias semanas se pretenden borrar con una intensa campaña mediática, olvidándose de que él mismo reconoció que esta "es la hora del Tribunal Electoral", afectó tan seriamente al IFE que lo menos que exigen dirigentes y legisladores de la mayoría de los partidos con registro oficial es que todos los integrantes de su Consejo General renuncien, sean sustituidos a través de una reforma legal o bien removidos por la Cámara de Diputados a través de un juicio político.


Y si Ugalde y los actuales consejeros electorales propiciaron que una institución que a través de más de tres lustros ganó respeto, reconocimiento, confianza y credibilidad, esté colocada hoy en entredicho, el presidente Fox contribuyó a lo largo de la campaña no sólo a afectar al IFE al ignorar la casi totalidad de sus acuerdos -lo que obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ordenarle que suprimiera su campaña de difusión de obras- y por su intromisión en ella. Pero no sólo eso, con la declaración que hizo a los corresponsales de medios de comunicación alemanes acreditados en México de que Calderón fue el "ganador claro" para sucederlo, le asestó al Tribunal Electoral un sonoro revés y, además, demostró que la tarea que aún realizan los integrantes de la Sala Superior para calificar la validez de la elección y declarar presidente electo, no le merece ningún respeto.


La actitud de Ugalde en el IFE y ahora la de Fox anticipándose al fallo del Tribunal Electoral le causaron a ambos organismos serios daños y los dejan en duda de cara a la nación.


De esto y de aquello...


A unos días de dejar su escaño senatorial, la coordinación del grupo parlamentario del PRI y la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Jackson mostró las dos varas con las que mide el conflicto postelectoral en la ciudad de México y el social que prevalece en Oaxaca. Admite que el Senado de la República puede solicitar la remoción del jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, pero califica de "despropósito" que se solicite la remoción del gobernador priísta oaxaqueño, Ulises Ruiz, con la desaparición de poderes en la entidad en la que desde hace tres meses priva la ingobernabilidad. Precisamente ante la Comisión Permanente que preside el sinaloense, un grupo de profesores de la sección 22 del magisterio de Oaxaca presentó hace tres semanas una solicitud formal a ese órgano legislativo para que declare desaparecidos los poderes en su estado y Ruiz sea removido, la cual ha sido ignorada. En cambio, ayer se lavó las manos y declaró que "le queda a la 60 Legislatura decidir si desaparece el poder en el caso del jefe de gobierno -del DF- Alejandro Encinas", lo que en palabras del desaparecido ex presidente José López Portillo, quiso decir que "el que venga atrás, que arree". Lo que no explicó Jackson es por qué la Permanente se ha rehusado a intervenir en el conflicto social de Oaxaca, en donde sigue habiendo violencia, asesinatos e ingobernabilidad, que tiene virtualmente paralizada a esa entidad. Ah, pero eso sí, le exigió al gobierno federal que intervenga en la entidad que ya no gobierna el priísta Ruiz. Inmediato y rotundo mentís del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, a la procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña, de que haya indicio alguno de que "grupos subversivos" estén actuando tras el conflicto social en esa entidad. Ella declaró anteayer que hay "tintes de guerrilla urbana" en las acciones de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, en un intento de justificar la ineptitud de su jefe, el gobernador priísta Ulises Ruiz, para enfrentar y resolver un grave problema que hace rato se le fue a éste de las manos. Con retraso y más contratiempos que los que hubo el día de la elección de gobernador en Chiapas, se inició ayer el cómputo oficial de votos, pero será hasta el próximo domingo cuando se den a conocer los resultados. Como para que ya no lo ubiquen tanto como negociador, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, reiteró que la relación de éste con el Ejecutivo federal está rota. Y anunció que el sol azteca asistirá al último informe presidencial como "partido agraviado" porque el presidente Fox sembró enconos y agresiones contra Andrés Manuel López Obrador y el PRD, y que "lo que se siembra, se cosecha". Les bastaron 10 minutos a los consejeros electorales del IFE para aprobar anoche, por unanimidad, las diputaciones y senadurías plurinominales: en San Lázaro, el PAN logró 69; PRI, 41; PRD, 36; PT, 13; PVEM, 17; Convergencia, 11; Nueva Alianza, 9 y Alternativa, 4. Y en el Senado, el PAN tendrá 11; PRI, 6; PRD, 6; PVEM, 4; PT, 2; Convergencia, 2 y Nueva Alianza, 1. Se confirma que en la Cámara de Diputados el blanquiazul será la primera fuerza, con 206 diputados en total; el sol azteca, la segunda, con 124 y el tricolor, la tercera con 104.

Como si faltara algo Fox sigue con sus pifias

A unos días de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) dictamine quien es el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio, el gobierno federal continúa con su estrategia de agredir, y violar las leyes que está oblidado a defender en su afán de que la población acepte como un "hecho" que el "ganador" es Felipe Calderón. Fiel a su forma de gobernar Vicente Fox dice una cosa y al día siguiente se desmiente. En declaraciones a la prensa alemana dijo que hay un claro ganador "el sr. Felipe Calderón".Su acorralado vocero en su más puro estilo trató de explicar lo que Fox quiso decir y externo que "el señor presidente dijo ayer de manera textual que el candidato electo, esto es lo que ha dicho el IFE, ha sido Felipe Calderón, de acuerdo con los números que ofrece el IFE". Pero este miércoles declaró que es el Trife quien dira quien es el nuevo presidente.


Ese comportamiento no es nada nuevo, durante sus casi seis años de desgobierno esa ha sido la tónica. Lo que si sorprende es que su cinismo llegue al grado de decir que el país está en calma y que sólo una calle se ve afectada por el proceso poselectoral. No "ve ni oye" -como su amigo, Carlos Salinas- las voces disidentes, la violencia del narcotráfico que cada día incrementa su macabra lista de muertos, tampoco los meses de lucha en Oaxaca y el incremento de la represión contra la sociedad civil, eso termina con la paciencia de cualquiera.


Prenden la mecha o por incapacidad y negligencia dejan que el fuego se acrecente y piensan que a base de spots -como ha desgobernado- las personas creerán que si que hay paz, trabajo, y los bolsillos llenos -aunque sea de aire-.


Este es el clima de crispación que ha generado un gobierno incapaz y negligente encabezado por una persona que piensa que Foxilandia le durará toda la vida, pero que a la ciudadanía le llevará generaciones superar el desastre económico y político que es su triste legado.
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Barbarie en Oaxaca


Luego de que la policía estatal de Oaxaca balaceara a los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y matara al arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes, ahora resulta que la procuradora estatal los acusa de ser "guerrilla urbana", misma línea adoptó hoy Enrique Jacksón -aquél priísta que quería ser presidente de la República- al declarar que existen evidencias de la presencia de grupos armados."Hay grupos armados, eso está volviéndose un terreno de nadie, caótico, anárquico, con violencia, con muertos” dijo.


y agregó que la salida de Ulises Ruiz del gobierno oaxaqueño no es la solución. “No hay razón que se pueda alegar, que se pueda fundamentar, para que se pida que se vaya un gobernador que fue electo democráticamente, les pido que supongan y piensen lo que delicado que resulta que con plantones se saque del gobierno a quien es electo por los votos, me parece muy delicado, el problema no se resuelve así”.
En cambio con el cinismo que caracteriza a "nuestra" clase política indicó que los senadores que tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de septiembre tendrán la tarea de analizar la remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, porque es “incapaz de garantizar los derechos de los capitalinos”, al no deslojar los plantones que están sobre Reforma para que se recuente voto x voto. Un ejemplo más claro de qué tipo de políticos tenemos en México, no se consigue.


El siguiente es un video tomado de http://www.ulisescaera.blogspot.com/, son apenas unos segundos que muestran la forma en que el gobierno oaxaqueño ataca a la sociedad civil.




Liga directa http://www.youtube.com/watch?v=3DNzUqV9wSk

El siguiente es un análisis tomado de Proceso http://www.proceso.com.mx/ sobre lo que es obvio, la incapacidad de Televisa para presentar noticias de la forma veraz e imparcial a la que está oblidada por ley.


Ahumada, las contradicciones de Televisa

jenaro villamil /apro


México, D.F., 22 de agosto (apro).- Pocos minutos después que la periodista Carmen Aristegui presentara en su noticiario de la estación WRadio un fragmento de 11 minutos de grabación del empresario Carlos Ahumada, interrogado durante su cautiverio en La Habana, los altos mandos de Televisa, especialmente Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jean, decidieron que el nuevo documento videográfico “no aporta nada nuevo” al escándalo de los sobornos que realizó Ahumada y que la misma televisora desató en marzo de 2004 durante el programa de “Brozo”.


No sólo eso. Se quejaron por la falta de “lealtad” de Carmen Aristegui, en estos momentos la conductora más importante, influyente y profesional en medios electrónicos. Para quienes están acostumbrados a tener lectores de ‘teleprompter’ y no periodistas bajo sus órdenes, era una afrenta que Aristegui no les hubiera avisado antes de transmitir los videos. Al parecer, el asunto los tomó por sorpresa y descolocados. Televisa es propietaria del 51% de la XEW, pero el consorcio español Prisa, dueño del periódico El País y de decenas de estaciones radiofónicas, posee 49% de las acciones y es el responsable de la calidad y los contenidos periodísticos de los informativos.


La primera gran contradicción de Televisa fue que, ante una exclusiva periodística en una de sus propias estaciones, haya decidido invisibilizarla o minimizarla. En los noticiarios nocturnos de Canal 2 y Canal 4 no transmitieron completo el video, simplemente hicieron una síntesis de lo que para ellos era importante, por supuesto sin hacer mención de que Santiago Creel probablemente gestionó ante ellos la transmisión de los videos.


Sin embargo, más allá de esta actitud tan propia de la vieja herencia de autocensura en Televisa, el video fue un descontón para el consorcio por las siguientes razones:


1. En boca del propio Ahumada –su villano favorito durante una temporada-- Televisa queda perfectamente engarzada en la conjura o el complot que el gobierno de Vicente Fox decidió emprender en 2004 contra el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.


Por supuesto, no se necesitaba que Ahumada lo declarara para que esto se diera como una verdad en la opinión pública. Lo que sorprende una vez más es que Televisa, en abono a su falta de credibilidad, finja demencia y pretenda hacer creer que los intereses del consorcio no estaban en juego en esta trama.


2. El video sí aporta elementos informativos nuevos. La deuda o fraude por 30 millones de dólares que Ahumada revela como causa de su animadversión hacia el gobierno de López Obrador, constituye uno de los datos más reveladores. Junto con ello, se desentraña la transacción para que el gobierno federal –a través del senador panista Diego Fernández de Cevallos, tan proclive a lo que elegantemente se conoce como tráfico de influencias o coyotaje-- le comprara un terreno valuado en 3 millones de dólares junto a un estadio de futbol en León Guanajuato. Extorsionador de siempre, el propio Ahumada se queja en el video de que nunca le resolvieron sus “peticiones”, a pesar que entregó los videos.


3. El fragmento revela que no fue un acto de justicia ni una denuncia, sino una clara maquinaria de compra-venta de favores políticos lo que se puso en operación en los videoescándalos. Si Televisa se prestó a esta operación tan grotesca y ambiciosa, por lo menos se esperaba de este consorcio una actitud más periodística.


En el contexto de la crisis postelectoral, el nuevo video de Ahumada ya tiene múltiples interpretaciones y especulaciones. Se dice que es una estrategia del gobierno cubano para influir en la próxima administración, sea quien sea el presidente de la República. Se menciona el elemento de la venganza contra el gobierno de Vicente Fox, que inmortalizó su animadversión hacia Fidel Castro con la frase “comes y te vas”. Incluso, se especula que del propio círculo de Felipe Calderón pudo haber surgido el video para deslindarse de Fernández de Cevallos y cerrarle el paso a las ambiciones de Santiago Creel como un posible presidente interino.


Todas estas versiones forman parte de la ‘rumorología’ mexicana. El hecho es que al tratar de minimizar este testimonio de Ahumada, Televisa se coloca en el centro del efecto boomerang que tendrá este video. La ruta de la teleguerra sucia que se inauguró en México en marzo de 2004, no ha concluido y generará nuevas sorpresas.


Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Sobre el tan cacareado Estado de derecho

No es una novedad, aunque la mayoría no lo sepa, que unas cuantas familias mexicanas decidan el destino del país, claro siempre ligado a sus intereses económicos. En la elección presidencial quedó más que demostrado, quienes
son los que verdaderamente dictan las políticas en México.


Se trata del un selecto grupo que cada día ve acrecentar su riqueza en la misma medida en que se incrementa el número de pobres en el país. Son lo que se valen del dinero obtenido a través del monopolio y los privilegios otorgados desde el poder político. Utilizan a la televisión, la radio y los periódicos para imponer su punto de vista a una cautiva población que poco hace para cuestionar "las verdades" de los lectores de noticias, que a toda hora machacan y difaman a quien no esté alineado al interés de los poderosos.


Ellos que pregonan la legalidad y el respeto al Estado de derecho, no se inmutan para violentarlo cotidianamente, con un descaro que insulta. Confiados en que el gobierno que impusieron los protegerá y que cada declaración favorable será repetida por los lectores de noticias contratados para ello. Esos que se dicen "líderes de opinión", pero que sólo representan las opiniones de quien les paga el salario.


A continuación una muestra de lo aquí escrito tomada de La Jornada de este martes. http://www.jornada.unam.mx



México SA

Carlos Fernández-Vega


Diez empresarios deciden lo que conviene al país

La CRE se apura a otorgar permisos de autoabasto de electricidad a empresas privadas


Con la venia gubernamental, diez empresarios mexicanos de primer nivel "determinaron" que el país debe integrarse energéticamente a Estados Unidos y Canadá, aunque constitucionalmente sea una "decisión" que le corresponde al Poder Legislativo.


Es la decena empresarial que integra, por la parte mexicana, el Consejo de Competitividad, creado en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPEN), y que ha fijado la "primera generación de prioridades de corto plazo", entre las que destaca la "integración" energética "bajo una visión regional".


No es de extrañar que en un gobierno como el de Fox ("de, para y por los empresarios") sean ellos quienes tomen las decisiones que legalmente corresponden a las instituciones del Estado. Tampoco, que muchos de los integrantes de la parte mexicana del mencionado Consejo de Competitividad operen en abierta violación al marco constitucional, porque a ello los ha acostumbrado quien se sentó en Los Pinos casi seis años atrás, el mismo que no ha perdido oportunidad de violar candados y abrir puertas a la inversión privada en un sector reservado al capital gubernamental.


Esa decena -cabezas visibles de los demás barones- opera bajo la lógica del "cambio": si hasta el fondo metimos las manos en el proceso electoral, si, por ejemplo, en Los Pinos despacha un agente de Coca-Cola y en Bucareli un ex presidente de la Coparmex; si la política laboral está hecha a nuestra medida, como la económica y la social, y si las instituciones gubernamentales siguen la ruta por nosotros marcada, entonces ¿por qué no habremos de decidir qué le "conviene" al país en materia energética?


Supuestamente a la cabeza de ellos, por ser el dirigente visible del Consejo Coordinador Empresarial, aparece el por estos días muy nombrado -que no renombrado- José Luis Barraza, uno de los más activos operadores de los barones (que pusieron el dinero para la propaganda azul "con alto contenido social") en el proceso electoral.


Junto a él, también decidieron la "integración" energética -todo indica que con la representación del gobierno mexicano- tres barones (Claudio X. González Laporte, Valentín Diez Morodo y Gastón Azcárraga) que han sido (es, el último de los citados) presidentes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el más poderoso y efectivo grupo de presión en el país, o lo que es lo mismo, el 40 por ciento del PIB mexicano concentrado en 35 empresarios, a quienes les agrada financiar azules campañas políticas y propagandísticas para evitar "el riesgo de cambiar de rumbo, porque apostarle a algo distinto implicaría retroceso".


Acompañaron en la "decisión", los presidentes del Consejo Nacional Agropecuario -los barones del campo-, Jaime Yesaki, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), León Halkin, quien ahora busca ocupar la misma posición, pero en el Consejo Coordinador Empresarial. Sin representación, más que de sus propias empresas, aparecieron los presidentes del Instituto Mexicano de la Competitividad, Roberto Newell; de Tubos de Acero de México, Guillermo Vogel; de Avicar de Occidente, César de Anda, y de Celulosa y Derivados, Tomás González.


Ellos son los que "deciden" -en el marco de la ASPEN y como parte de la "primera generación de prioridades de corto plazo" para el país- qué le conviene a México: integrarse energéticamente a Estados Unidos y Canadá, "bajo una visión regional", es decir la de sus intereses.


¿Y las instituciones del Estado, tan cacareadas por quien debería frenar la vía libre que han seguido, siguen los barones? Sólo en el discurso.


Si de cuchara grande se trata, la Comisión Reguladora de Energía ha estado muy activa en eso de otorgar "permisos" a empresas privadas para el autoabasto, tema éste, por cierto, incluido en la "decisión" de la decena citada, aunque con miras a importarla de Estados Unidos.


Será porque 2006 se les acaba, y junto a él, felizmente, gobierno del "cambio", pero a favor de empresas privadas el CRE firmó 55 "permisos" de autoabastecimiento de energía eléctrica sólo en el primer semestre del año, más dos de cogeneración y uno de importación.


Entre las empresas beneficiadas se encuentra el Grupo Posadas, propiedad de uno de los que "deciden" en materia energética en el marco de la ASPEN, es decir, Gastón Azcárraga, actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Para él y su negocio, seis permisos para autoabastecimiento, sólo en el presente año. Otra firma beneficiada, muy conocida en el mundo de las campañas azules con tinta negra, es el Grupo Industrial Bimbo, de la siempre pía familia Servitje.


Aparecen, también, Cinemex, Teléfonos de México, Cervecería Cuauhtémoc y varias trasnacionales, como Kellog y Samsung. Con este tipo de favores, la CRE queda bien con el poder económico, pero le quita clientes a la Comisión Federal de Electricidad, que tanto clama por recursos.


Las rebanadas del pastel:


Buenas noticias para los gasolineros: por una casualidad de la vida, la página electrónica de la Profeco (la que documenta las irregularidades en las estaciones de servicio en la República) volvió a ser hackeada. ¿Quiénes serán los ordeñadores responsables del ataque?


cfvmx@yahoo.com.mx / cfv@prodigy.net.mx

Más sobre el famoso Estado de derecho, este artículo fue tomado también de La Jornada


Enrique Dussel*


Legalidad y legitimidad

Se habla mucho del respeto a la ley, a las instituciones, a la legalidad del Estado de derecho. En efecto, la vida política es imposible sin leyes. Ya había códigos como el de Hamurabi en Babilonia hace 37 siglos. El "Estado de derecho" es una situación de orden donde los ciudadanos se remiten al sistema de leyes para arreglar sus conflictos, respetando el juicio del juez. La Ley del Talión ("ojo por ojo, diente por diente") deja lugar al arreglo racional de las contradicciones. En los estados modernos la Constitución es el fundamento del sistema de las leyes y de las instituciones, acordadas por una participación simétrica de los afectados según el principio democrático.


Sin embargo, el Estado de derecho no es la última instancia de la política. Carl Schmitt, para mostrar este hecho, indica que en el "Estado de excepción" se suspende el Estado de derecho por una grave situación de crisis. Por ejemplo, en la República romana había una institución, la "dictadura", que dejaba temporariamente todas las leyes e instituciones en suspenso por la gravedad de la situación, en el momento de la guerra contra Cartago.

Pero aun el Estado de excepción puede ser dejado en suspenso. En 2001 Fernando de la Rúa decretó en Argentina el Estado de excepción para superar la crisis de la ocupación de las calles de Buenos Aires por el pueblo. Pero el pueblo no aceptó el Estado de excepción y se declaró en "Estado de rebelión"; suspendiendo de hecho el Estado de excepción y bajo el lema "¡Qué se vayan todos!" produjo la caída del presidente. En este último caso, y como la Constitución explícitamente lo proclama, la última instancia del poder político tiene su sede en la comunidad política misma, en el pueblo.


La legalidad está al servicio del pueblo y no viceversa. El fundador del cristianismo anotó: "¡El sábado (la ley) está hecha para el hombre, y no el hombre para el sábado (la ley)!", aunque muchos cristianos de nuestros días fetichicen la ley contra el pueblo.


Por otra parte, como Dworkin ha enseñado detenidamente, la ley puede interpretarse de muchas maneras, y por ello un ciudadano justo puede confiar en las leyes, pero no en la interpretación o aplicación de los jueces. Sócrates enseñó a sus discípulos, Platón entre ellos, que las leyes de Atenas eran justas, pero los jueces fueron injustos al condenarlo a muerte. No aceptar el juicio de un juez no es necesariamente ilegal y antinstitucional. Puede significar simplemente que no se acepta la corrupción del sistema judicial. No hay juicio perfecto ni unívoco. Todo juicio es incierto, de lo contrario se necesitaría una inteligencia infinita a velocidad infinita (el "Hércules" de Dworkin, o el argumento de Karl Popper contra la planificación perfecta).


Además el que actúa contra las leyes o las instituciones injustas puede ser un ciudadano justo. Miguel Hidalgo se levantó contra la Leyes de las Indias y contra la institución colonial, fue ilegal para los españoles y al proponerse transformar las instituciones coloniales fue condenado a muerte. ¡Hoy es el héroe fundador de México! Si hubiera sido obediente a leyes e instituciones injustas hoy seríamos todavía la Nueva España.


Pero, además, legalidad y legitimidad son algo muy diferente. Alguien puede cumplir la ley formalmente, fríamente, no respetando su "espíritu" (y aun siendo objetivamente injusto, como en el caso de los jueces de Sócrates), y por ello podría ser legal, pero, sin embargo, no alcanzaría la "legitimidad". El puro cumplimiento de la ley, la legalidad, no tiene la fuerza de la legitimidad.


La legitimidad exige, más allá de la legalidad, el consenso o la aceptación de los participantes afectados. Para alcanzar un acuerdo válido es necesario que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante). Si la aplicación injusta de la ley (por un juez injusto) o una institución que ha perdido aceptación (por ejemplo el poder del virrey para Hidalgo) se impone a alguien que no ha sido convencido de que la interpretación de la ley y su aplicación al caso concreto es justa, el tal acto puede denominarse superficialmente de legal, pero no de legítimo. La legitimidad agrega al cumplimiento objetivo de la ley la convicción subjetiva a las razones aducidas en su aplicación. Forzar coactivamente una interpretación o una aplicación dudosa de la ley ante un pueblo no convencido, que no adhiere al consenso que pretende el juez (y ese pueblo no acepta al juez por razones objetivas que le permiten suponer que se trata de una aplicación injusta), podrá llenarse la boca de que es legal, que tiene "legalidad" y que hay que "respetar a las instituciones", siendo que en verdad no puede alcanzar la plenitud de la "legitimidad" por su inocultable injusticia.


Carlos Salinas de Gortari nunca alcanzó ni alcanzará la legitimidad. El pueblo lo sabe y lo recordará. Augusto Pinochet nunca podrá exigir el respeto que se debe a un gobernante electo, democrático o justo. Pudo sepultar con balas a Salvador Allende. Pero hoy, uno es juzgado hasta por ladrón, y al asesinado se le levantan estatuas y pasa a la historia como un héroe. Los pueblos no olvidan en el pasado ni en el presente a aquellos que obedecieron el mandato de la comunidad política y que ganaron la legitimidad. Los que se escudan en la mera legalidad (de una interpretación incierta y equívoca de la ley, y de una aplicación unilateral) no alcanzarán nunca la legitimidad, es decir, el acuerdo por convicción subjetiva del pueblo, que es el componente primero del poder político sobre el que puede fundamentar normativamente la acción del político justo.


* Filósofo