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miércoles, marzo 31, 2010

El viacrucis de Ratzinger*








Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Cynthia Rodríguez

ROMA, 30 de marzo (apro).- En vísperas de Semana Santa, el Papa Benedicto XVI vive su propio vía crucis, pues el tema de la pedofilia dentro de la Iglesia católica ya no le permite estar en paz.

Las víctimas siguen apareciendo por todos lados: Irlanda, Austria, Suiza, Holanda, México, España, Estados Unidos y Alemania, este último, tierra de origen del Papa y de su hermano, Georg Ratzinger.

En días pasados, el escándalo alcanzó a Georg cuando se supo de otros casos de abuso contra niños de la Escuela del Coro de la Catedral de Ratisbona, donde aquel fue director durante 30 años (de 1964 a 1994).

Dos sacerdotes fueron condenados por pederastia, pero el hermano del actual Papa dijo desconocer los hechos. Y Benedicto XVI ni siquiera se pronunció. Aquí la “primera caída”, con la tensión cada vez más fuerte en El Vaticano.

Días después, el pasado viernes 19, después de largos silencios y tibias declaraciones, el Papa envió a los católicos de Irlanda la tan anunciada carta en la que se conocería la posición de la Iglesia en torno de los delitos de pederastia.

Por primera vez, el Pontífice mencionó en su misiva que los sacerdotes involucrados en ese delito deberían rendir cuentas no sólo a Dios, sino a los tribunales de cada uno de los países donde se hubieren cometido.

Pero, como era de esperarse, la “tolerancia cero” a la que Ratzinger se refirió en aquella carta de nueve cuartillas no fue suficiente para algunos, sobre todo para las víctimas, conscientes de que muchos de los “pecados” a los que se refería el Papa ya habían prescrito. Fue, pues, un pronunciamiento no tan justo y, además, tardío. “Segunda caída”.

Y es que los delitos que han cometido los hombres de la Iglesia no son menores. En Irlanda, por ejemplo, la violencia en las escuelas católicas data de los años 30 hasta nuestros días, y en Austria se denunciaron abusos contra al menos 20 niños entre fines de los 70 y principios de los 80.

El pasado lunes 29, la Iglesia católica de Austria nombró a Waltraud Klasnic, exgobernadora regional de ese país, para que indague sobre esos abusos.

“Queremos que la Iglesia se mantenga fuera, por lo que la representante decidirá un equipo del cual no podrá participar ningún eclesiástico. La Iglesia puede y debe aprender a ser transparente”, dijo el arzobispo Christoph Schoenborn, de Viena, luego de conocerse el nombramiento de Klasnic.

En tanto, la Iglesia en Suiza investiga nueve casos “graves” por violencia sexual y otros 60 menos graves, todos ellos ocurridos en los últimos 15 años.

En Holanda, los casos se elevan a 350 testimonios de violencia, que por miedo no fueron denunciados en su momento.
Ante tales horrores, El Vaticano intentó una nueva estrategia y después del fin de semana pasado, cuando el Papa dio a conocer su carta a los irlandeses, quiso montarse en el tema de las elecciones regionales italianas (realizadas el domingo 28 y el lunes 29) para desdibujar el asunto.

Así, el lunes 22, un grupo de cardenales pertenecientes a la Conferencia Episcopal italiana, encabezados por monseñor Angelo Bagnasco, salió a dar la cara, pero sólo para posicionar algunos temas que interesan a la Iglesia.

Sin medias tintas ni rodeos, Bagnasco fue al punto: “El voto católico debe estar contra el aborto, porque es un delito inconmensurable”. Ningún problema para hablar en contra del aborto, para atacar la corrupción y defender la integración en un país donde los inmigrantes se han criminalizado.

Sobre la pedofilia entre los sacerdotes, ese día, a petición de los periodistas, Bagnasco dijo: “Es un crimen odioso, es más, aberrante, un pecado escandalosamente grave que traiciona el pacto de confianza inscrito en la relación educativa”.

Con la pregunta encima, el prelado aceptó que se debía afrontar la verdad, pero también pidió “no exagerar” en las notas, pues desde su punto de vista había más acusaciones que casos ciertos.

Pero su discurso no pudo mantenerse por mucho tiempo, pues mientras él hablaba en Italia, en Alemania el presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, monseñor Robert Zollitsch, daba una entrevista exclusiva a la revista Focus, en la que reconocía los silencios de la Iglesia ante los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes.

Ese mismo lunes 22, Zollitsch confesó otros pecados cometidos en Alemania. Y aquí, la “tercera caída”.

“Es verdad, la Iglesia católica ha ocultado abusos sexuales por años. Es un problema de toda la sociedad, pero cada uno de estos casos oscurece la cara de la Iglesia”, dijo.

Desde la patria del Pontífice, Zollitsch, quien apenas el pasado jueves 18 acudió a El Vaticano con un grupo de obispos para tratar el espinoso tema, confesó en la revista alemana que el catolicismo, la Iglesia y sus instituciones se ahogan en una crisis que parece cada día más grave.

Así, por ejemplo, en la última semana se dio a conocer que al menos 14 religiosos son investigados por la magistratura general de ese país por sospechas de abusos o violencia sobre menores, y hay otros 250 casos confirmados de abuso sexual entre los años 50 y 80. La mayor parte de ellos corresponde a delitos ya prescritos. La “cuarta caída”.

Tras conocerse los abusos, Der Spiegel, la revista más importante de Alemania, recordó al Papa que cuando era obispo de Munich y Frisinga, él ya sabía que el padre Meter Hullermann, transferido de Essen a Munich, tenía antecedentes pedófilos. “Quinta caída”.

Y Der Spiegel ha asegurado en sus publicaciones que fue el mismo Joseph Ratzinger quien examinó el expediente y aceptó el cambio del sacerdote, todo con pleno conocimiento de los antecedentes de abuso sexual, pues fue él mismo quien le recomendó seguir una terapia.

Dos semanas después de su llegada a Bavaria, el sacerdote estaba de nuevo en activo y se encargaba de celebrar las misas. Volvió a estar en contacto con niños. “Sexta caída”.

Por este caso también se investiga a 14 religiosas, quienes ya han aceptado colaborar con la justicia. El resto de las monjas ha preferido callar porque, según las investigaciones, también habrían sido abusadas, por lo que se calcula que el daño podría ser hasta 20 veces mayor. “Séptima caída”.

Ni los casos ni las acusaciones se detienen. Cada día aparecen nuevos, pero quizá uno de los más graves de los últimos días, por la cantidad de víctimas y la documentación existente, lo dio a conocer el influyente diario The New York Times el pasado jueves 25.

El mismo diario informó sobre el caso del sacerdote Lawrence C. Murphy, quien abusó de 200 niños sordos en Wisconsin durante más de 20 años.

Y aquí la “octava caída” del Papa, pues –según documentó el rotativo estadounidense– en 1996 Joseph Ratzinger, entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no respondió a dos cartas sobre este caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee, en las que se señalaba como autor de los abusos a Murphy.

Este sacerdote trabajó en una escuela para niños sordos entre 1950 y 1974 y, según The NYT, pese a las repetidas advertencias, se optó por intentar tapar el caso para evitar el escándalo, en lugar de expulsarlo.

Después de publicado ese caso, otro reportaje del semanario Espresso, aparecido el pasado viernes 27, dio a conocer la situación en Italia. “Novena caída”.

Suman ya 40 los nuevos casos –que recorren parte del territorio italiano, desde Bolzano (al norte) hasta Palermo (al sur)– de misioneros y catequistas que por años callaron y ahora salen a la luz pública. Y El Vaticano, mientras tanto, quiere ya cambiar la página.

Mario, una víctima de abuso sexual en Lombardía, confesó: “Fue la Iglesia a aconsejar a mis padres de no denunciar la violencia y al final me convencieron también a mí de no acudir a los tribunales”.

Y, como esa, decenas de historias. Todas ellas tienen un común denominador: el silencio aconsejado por altos jerarcas en cada una de las ciudades donde fueron cometidos los delitos.

Gracias a la investigación de Espresso, la Congregación para la Doctrina de la Fe aceptó analizar el caso de otros abusos sexuales en el Instituto Provolo de Verona, donde durante 30 años varios religiosos abusaron de decenas de niños sordomudos, y esos delitos fueron cometidos bajo el altar y en los confesionarios del instituto. “Décima caída”. El camino aún parece largo.

El papa Benedicto XVI no tiene respiro. Y antes de que los obispos de todo el mundo salieran en su defensa, él mismo lanzó un mensaje, aprovechando la homilía del Domingo de Ramos:

Y así dijo: “Dios da valor para no dejarse intimidar por las habladurías... El hombre puede escoger una vía fácil y evitar toda fatiga, puede incluso descender hacia lo más bajo, hacia lo vulgar. Puede empantanarse en el lodo de la mentira y de la deshonestidad”.

Un día después comenzó la defensa. Desde Viena salió el cardenal Cristoph Schoenborn, asegurando que Benedicto XVI intentó investigar los casos de abusos de menores dentro de la Iglesia católica en la década de los 90, pero que sus intentos fueron bloqueados por su antecesor, Juan Pablo II, quien en estos días es especialmente recordado por su quinto aniversario luctuoso.

La Semana Santa y la crucifixión están cada vez más cerca. Y ahí sigue Ratzinger. Camina respaldado por la Iglesia, que ha callado durante años, y por los jerarcas que en todo momento han aconsejado a las víctimas no hablar de los abusos.

Pero desde Alemania, su misma patria, y Gran Bretaña, donde tiene programada una visita pastoral para septiembre próximo, ya han pedido la renuncia de Benedicto XVI.

Frente a la catedral católica de Westminster, en Londres, un grupo de manifestantes agrupados en la coalición “Protest the Pope” exigió su dimisión por haber encubierto abusos sexuales contra niños y adolescentes.

Y en Alemania, donde ayer mismo se anunció la apertura de una línea telefónica para las víctimas de abusos contra menores, las encuestas reflejan un repudio ante el silencio del Papa por los casos de pederastia conocidos en los últimos días.

“El silencio del papa Benedicto XVI ante los casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia católica es repudiado por 46% de los alemanes y 45% de los católicos”, señala una encuesta del semanario local de investigación periodística, Stern.

*Tomado de la revista Proceso.

martes, marzo 30, 2010

Pusilánimes en el Tec*













Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.

Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.

La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.

De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.

Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”

Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.

El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.

Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”

Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.

--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.
--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.
--¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.

Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”

¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.

No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…

Apuntes

La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, marzo 29, 2010

Lo que televisa calla…*








Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


Jenaro Villamil

Aunque Grupo Televisa lo ha negado, el dueño del Bar Bar, Simón Charaf, confirmó lo que ha publicado Proceso: que el voraz consorcio televisivo dispone de una serie de empresas “pantalla” que, con la participación accionaria de ejecutivos de Televisa, llegan inclusive a contratar espacios informativos para posicionar partidos o personajes políticos como Enrique Peña Nieto…



La revelación de Simón Charaf, dueño del Bar Bar, de que Televisa lo ha presionado y amenazado para que venda 49% de sus acciones en la empresa Imagen y Talento Internacional, confirma la existencia de un complejo entramado de empresas “pantalla” que funcionan como brokers o intermediarios del consorcio mediático, en los cuales participan ejecutivos y algunos miembros del Consejo de Administración de la compañía, sin informar a accionistas minoritarios y en franca violación a su propio “Código de Mejores Prácticas Corporativas”.

En la edición de Proceso del 31 de enero de 2010, la reportera Gloria Leticia Díaz reveló que Simón Charaf, exesposo de Lupita Jones, ganadora en 1991 del certamen Miss Universo y una de las personas más cercanas al equipo actual de Azcárraga Jean, es socio de Televisa en la empresa Imagen y Talento Internacional y participó, junto con Jones, en el consejo de administración de Promo-Certamen, donde Grupo Televisa tenía acciones mayoritarias.

En ambos casos, se trata de compañías dedicadas a la “representación de personalidades del medio artístico, deportivo, de la moda, intelectual, político y científico”, así como a “la promoción, producción, realización, administración y comercialización, en general, de todo tipo de eventos, espectáculos y concursos de carácter internacional”, según consta en los folios 279989 y 188675 del Registro Público de la Propiedad, correspondientes a Imagen y Talento Internacional y a Promo-Certamen.

Tras haberse publicado esta revelación, ni Televisa ni Charaf confirmaron o negaron los vínculos de negocios que los unieron y que ahora los confrontan.

Ahora, él denuncia que Alejandro Benítez, director de Comercialización de Talentos de la empresa, lo amenazó si no vendía al consorcio 49% de sus acciones en Imagen y Talento Internacional.

Benítez, mejor conocido como El Pelón en los círculos internos de Televisa, trabaja bajo las órdenes de José Antonio Bastón Patiño, presidente de Televisión y Contenidos, y es cercano a Alfonso de Angoitia, poderoso vicepresidente ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. De Angoitia ha desplazado en los últimos dos años a Bernardo Gómez, también vicepresidente ejecutivo, como el principal estratega de Emilio Azcárraga Jean. Estos cuatro jóvenes se hacen llamar Los Cuatro Fantásticos y manejan las decisiones centrales de la principal empresa de comunicaciones del país.

Charaf no sólo confirmó su sociedad con Televisa. También indicó que la televisora está detrás de la utilización de personajes del medio artístico para promocionar a partidos, como en el caso del Partido Verde, o a gobernadores, como el mexiquense Enrique Peña Nieto, a cambio de jugosos contratos publicitarios, cuyos montos reales se mantienen al margen de la fiscalización pública.

El empresario confirmó así lo que Proceso ha documentado desde octubre de 2005 y que ha sido insistentemente negado por Televisa y los gobiernos clientes: la existencia de una red de empresas como TV Promo, S.A. de C.V. y Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, S.A. de C.V., a través de las cuales realiza los contratos multimillonarios para vender sus espacios publicitarios, sus contenidos informativos e, incluso, la cobertura noticiosa favorable a políticos y gobiernos.

En el caso de Peña Nieto, Proceso obtuvo la copia del primer contrato multimillonario firmado en 2005 entre el gobernador del Estado de México –a través de su director de Comunicación Social, David López– y las empresas brokers de Televisa –a través de Yéssica Miranda, como representante de TV Promo y Radar Servicios Especializados.

Se trató de un plan de comunicación política por 742 millones de pesos, el primer año, de los cuales 691 millones de pesos se dedicarían a publicidad televisiva, así como a asesoría en materia política y de comunicación favorable al gobernador mexiquense para conseguir, en 2011, “fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.

Un esquema muy similar se documentó en otros contratos por 331 millones 890 mil pesos firmados en 2005 y 2006 con el gobierno de Tabasco, encabezado por Manuel Andrade y volcado en ese momento en la campaña presidencial de Roberto Madrazo, exgobernador y candidato presidencial del PRI. Casi 80 millones de pesos de ese contrato se destinaron a dos cápsulas o “infomerciales” por mes en los noticiarios Primero Noticias, Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga.

En ambos casos, los convenios se firmaron con TV Promo y con Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia. El vínculo entre ambas compañías es Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente corporativo de Comercialización y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa, responsable de la venta de espacios publicitarios y de la comercialización de los segmentos informativos.

TV Promo y Radar Servicios Especializados también le han facturado a los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón millonarias cantidades por la producción de “spots, infomerciales, programas especiales, mensajes presidenciales” y campañas especiales para los informes de gobierno.



Investigación sobre TV Promo



A pesar de los múltiples indicios que vinculaban al principal funcionario de Televisa responsable de la comercialización en la pantalla y en los otros negocios de la empresa (radio, editoriales, espectáculos, cine), la dirección corporativa de Comunicación de Televisa le comunicó a Proceso, en octubre de 2005, que “TV Promo NO representa a Televisa en sus tratos comerciales con partidos políticos, ni con ninguna otra instancia política o gubernamental”.

Sin embargo, en enero de 2007, en su reporte ante la Securities Exchange Commision (SEC), Televisa admitió ante el organismo regulador bursátil de Estados Unidos que TV Promo realiza intermediación con diversos clientes. Admitió que “Alejandro Quintero tiene directa o indirectamente participación” en TV Promo y en otras empresas como Producción y Creatividad Musical, S.A., Maximedios Alternativos y TV Promo Internacional, ya que estas compañías “definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, las cuales son más bajas que las tarifas que regularmente se pagan”.

La relación poco clara entre TV Promo, Quintero y Televisa despertó suspicacias en los principales bancos de inversión y consultorías de Estados Unidos. La principal sospecha es que a través de ésta y otras compañías, el grupo encabezado por Azcárraga Jean realizara un fraude a accionistas minoritarios de Televisa, al no reportar en sus cuentas los ingresos reales por publicidad política proveniente de los gobiernos y los partidos políticos.

En enero y febrero de 2007 este reportero recibió una comunicación de Davis Bell, analista financiero del banco de inversión Bearn Stearns. Este corporativo, especializado en análisis de riesgos de inversión sobre grandes compañías, expresó en un correo electrónico lo siguiente:

“Estamos con muchas ganas de averiguar más sobre Grupo TV Promo y sus vínculos con Grupo Televisa. Nos gustaría obtener TODA la información que podamos sobre el tema. En su artículo se refiere a varios documentos públicos. ¿Todavía los tiene? ¿Sabe usted cuáles otros empleados y directores de Televisa tienen un interés en TV Promo?”

La investigación de Bearn Stearns se canceló. En marzo de 2008 este banco de inversiones quebró, pero quedaron constancias de algunos análisis, realizados por Christopher Recouso, sobre la expansión de Televisa en el negocio de la televisión por cable y sus vínculos políticos.

Otro indicio de los nexos entre TV Promo y Televisa es un dictamen de abril de 2008, realizado por los auditores de Price Waterhouse Coopers y dirigido a los accionistas de Grupo Televisa. En el apartado “transacciones con partes relacionadas”, los auditores anotan que Grupo TV Promo tiene “cuentas por cobrar” por 103 millones 500 mil pesos a favor de Televisa, y anota lo siguiente:

“Durante 2006 y 2007, el Grupo (TV Promo) pagó comisiones sobre ventas a una empresa en donde un miembro del consejo y ejecutivo de la compañía (del Grupo Televisa) es un accionista, por un monto de 113 millones 972 mil y 49 millones 614 mil pesos, respectivamente.”

Los tentáculos de TV Promo llegan a otras firmas, como es el caso de Grupo Crea TV, compañía dedicada a “la producción y desarrollo en espectáculos y eventos artísticos de cualquier índole”, según el folio número 249801 del Registro Público de la Propiedad.

En esta empresa, creada en marzo de 1999, participaron como accionistas y apoderados, inicialmente, Eduardo Medina Mora Icaza, exdirector del Cisen y exprocurador general de la República, amigo desde la infancia de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa; Carlos Quintero Íñiguez, hermano de Alejandro Quintero y socio también de TV Promo; Alejandro Soberón Kuri, accionista del Consorcio Interamericano de Entretenimiento (CIE), una de las firmas de espectáculos más grandes de América Latina, que se distanció de Televisa a raíz de la entrega en 2005 de 130 permisos para que la televisora operara centros de apuestas y salas de sorteos de números. También participó como apoderado el escritor Héctor Aguilar Camín, exconductor del programa Zona Abierta.

En enero de 2004 se realizó una reestructuración para incorporar como vocal de Crea TV a Federico González Compeán, responsable de comunicación y vocero oficial de Televisa. El 29 de julio de 2005 la asamblea general ordinaria de Grupo Crea TV ratificó a González Compeán.



El Grupo Piljo



Menos conocido y documentado que TV Promo es el Grupo Piljo, S.A. de C.V., creado el 3 de julio de 2001, teniendo como principal accionista a Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Televisa, con el 99%, y como apoderado a Joaquín Balcárcel Santa Cruz, quien ha fungido también como apoderado y abogado general de Televisa.

Grupo Piljo tiene como objeto “vender, comprar, fabricar, distribuir, comercializar, promover, importar, arrendar, exportar, otorgar en usufructo o de cualquier otra manera comerciar con toda clase de productos, bienes inmuebles, equipo, sistemas y máquinas”.

Grupo Piljo adquirió dos terrenos en una zona exclusiva de Valle de Bravo, en la exhacienda Casas Viejas. Uno mide 207 mil 422 metros cuadrados y tuvo un costo de 4 millones 107 mil pesos, y el otro, de 70 mil metros, se compró en 1 millón 848 mil pesos. El primer terreno se ubica junto al hotel ecológico Rodavento, y es ahí donde tanto Emilio Azcárraga Jean como Bernardo Gómez han construido dos mansiones colindantes.

En paralelo, Grupo Piljo le compró el 15 de junio de 2004 a Emilio Azcárraga Jean el predio número 104 de Bosques de Avándaro, con una superficie de mil 656 metros cuadrados, por un total de 4 millones 120 mil pesos. Esta es la misma propiedad que la mayoría de los pobladores de Valle de Bravo identifican como la casa original del “dueño de Televisa”, a la orilla del lago. Las dos únicas firmas en la escritura son las de Bernardo Gómez, accionista de Grupo Piljo, y la de Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa.


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Televisa en el Bar Bar: hasta el tuétano*


Gloria Leticia Díaz

El pleito por el control de actores y deportistas entre Televisa y Simón Charaf exhibe el uso electoral de más de media docena de “talentos” contratados para “avalar” campañas electorales y de imagen de partidos políticos y gobernadores. En entrevista con Proceso, el dueño del Bar Bar –donde casi muere el futbolista Salvador Cabañas– denuncia haber recibido amenazas de muerte. La Televisora y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo desmienten.



Dos meses después del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas en el interior del Bar Bar, el dueño del establecimiento, Simón Charaf Medina, da cuenta de los negocios millonarios que la empresa Televisa tiene con gobiernos de los estados y partidos políticos, así como de las jugosas campañas publicitarias que se efectúan a través de los “talentos” del Canal de las Estrellas.

Charaf hace estas revelaciones luego de que fue marginado de los contratos a los que, asegura, tenía derecho por ser socio del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), la cual, sostiene, pretenden arrebatarle mediante amenazas de muerte. De éstas responsabiliza a directivos “de alto nivel” de Televisa y a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En su edición 1735, Proceso reveló que Charaf Medina (exesposo de la Miss Universo 1991 Lupita Jones) mantenía relaciones de negocios con Televisa desde 1994, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) del Distrito Federal.

De 1994 a 2000, Charaf fue socio de Televisa en Promo Certamen, empresa dedicada a la promoción y comercialización del Certamen Señorita México (folio mercantil 188675).

En 2005 quedó incorporada en el expediente de Imagen y Talento Internacional la sociedad con altos directivos del consorcio televisivo: Joaquín Valcárcel Santa Cruz, vicepresidente jurídico; José Antonio Bastón Patiño, vicepresidente de Televisión y Operaciones; Salvi Rafael Folch Viadero, vicepresidente de Planeación Finaciera; Jorge Lutteroth Echegoyen, vicepresidente contralor del corporativo, y Rafael Carabias Príncipe, vicepresidente de Administración (folio mercantil 279989).

Televisa es socio mayoritario de ITI con 51% de las acciones; Charaf posee 49%.

Según el convenio accionario, el objetivo de la empresa es “la representación, promoción y contratación de personalidades, artistas, deportistas y conductores (‘las personalidades’), a efecto de comercializar en cualquier forma permitida por la ley campañas y proyectos publicitarios, promocionales, de relaciones públicas, conferencias, líneas de comerciales y productos, así como cualquier actividad semejante o conexa a las anteriores (‘la promoción publicitaria de personalidades’)”.



Viejos amigos



Tras aclarar que después de su divorcio con Lupita Jones en 2000 le cedió sus acciones de Promo Certamen, Simón Charaf dice en entrevista que mantenía una “buena relación con la gente de Televisa; eran clientes muy asiduos míos (en el Bar Bar), los veía muy seguido en el negocio”, y eso lo animó a crear ITI.

En 2004, apunta, se dieron los primeros acercamientos de Televisa para asociarse con él en ITI, que entonces contaba con más de 100 “talentos” como representados.

Dice que en esa época “un enviado de una televisora extranjera” –al que no identificó– le manifestó su interés en adquirir ITI, toda vez que se especulaba que el mercado de telecomunicaciones sería abierto a la inversión extranjera.

Según Charaf, el mayor atractivo que él vio en la sociedad con la empresa de Azcárraga Jean fue el compromiso asentado en el convenio de accionistas de que todos los talentos de Televisa estarían obligados por su contrato a “hacer cualquier actividad comercial, aunque sea con Televisa”, a través de ITI.

Ello implicaría, explica, pasar de una plantilla de talentos “de 100 a 500 u 800, considerando que se están renovando todo el tiempo”.

En la lista de personajes sobre los que ITI tendría injerencia destacan “los deportistas que tiene Televisa en América, Necaxa y San Luis, es decir de una exclusividad de todo su talento”.

Charaf se entusiasmó porque, además, entre las cláusulas del convenio se establece la no competencia entre los socios, así como la prohibición de que fuera de la empresa realicen actividades equiparables al objeto de ITI, que es la “promoción publicitaria de personajes”. Otro candado señala que las decisiones de la compañía sólo podrían tomarse por “dos consejeros nombrados por Televisa y por lo menos uno de los consejeros nombrados por el señor Charaf, o bien con 60% del voto favorable de los accionistas”.

Sin embargo, en la operación hubo algunas trabas. Actrices como Lucero y Angélica Rivera, por ejemplo, que han promocionado al gobierno de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante a la presidencia, trabajaron fuera de los lineamientos del convenio por indicaciones de la televisora.

“La verdad, para no enfrentarme con ese monstruo hemos tenido que acceder”, señala Charaf, quien dice que su empresa ha invertido en la promoción de las personalidades entre los gobiernos estatales para que funjan como “avales”, así como entre empresas comerciales para campañas publicitarias.

Asegura que en los últimos años fue excluido de las ganancias de al menos 100 proyectos en los que participaron “talentos” de Televisa. “Por cada talento cobramos al menos 1 millón de pesos, sólo en la promoción; de lo demás se encarga Televisa. Por eso quieren apropiarse del negocio”.

En abril de 2008, ITI realizó la campaña promocional del estado de Hidalgo, con Irán Castillo como figura, y después de ese proyecto “ya no nos dejaron participar en ese tipo de campañas porque vieron el tamaño del negocio”.

Charaf es cuestionado sobre su relación comercial con TV Promo, creada por Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente Corporativo de Televisa, y que, junto con la empresa Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, “han sido mencionadas como mecanismos para maquillar los costos en spots y la venta subrepticia de tiempo-aire en espacios informativos de Televisa a manera de gacetillas electrónicas, que finalmente no se reportan como ingreso de publicidad en la televisora”, de acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil. (Proceso 1512)

“Muchos proyectos los trabajábamos de la mano. La función de TV Promo, según entiendo, es promoción y activación de marcas, y nosotros éramos los que proveíamos el talento. Lo que hacemos nosotros es promoción de personalidades, ya el resto lo hace Televisa.”

–A TV Promo se le adjudican campañas políticas para gobernadores como Enrique Peña Nieto.

–No sé quién lo haya hecho, lo desconozco. Nuestro alcance está en la promoción de la personalidad: mandamos CD o DVD a las empresas más importantes y en algún momento a los gobiernos de los estados para que sean sus avales. Cuando TV Promo o cualquier empresa ha requerido algún talento, lo que hacemos es proveerle al talento y cotizarle al talento, nuestro alcance no llega más allá.

Entre las campañas de las que dice haber sido marginado, sólo en 2009, están la de Chantal Andere, con Convergencia; Ernesto Laguardia, con el estado de Coahuila; Itatí Cantoral, con Hidalgo, y Maite Perroni y Raúl Araiza, con el Partido Verde Ecologista de México.

Esta última campaña le habría reportado ganancias a ITI por 600 mil dólares, pero, asegura, fue operada directamente por Televisa. Y eso fue la puntilla para el empresario de origen libanés, pues su empresa elaboró a petición del PVEM la campaña electoral de 2009, que tuvo como tema central la promoción de la pena de muerte. El proyecto, dice, fue rechazado por Televisa, pero después apareció en las pantallas.

Charaf entregó a Proceso el registro de la comunicación que sostuvieron el exdiputado federal del PVEM Jesús Sesma y la directora de Relaciones Públicas de ITI, Grisel Charaf, en marzo de 2009, para diseñar la campaña electoral, que incluía cineminutos, espectaculares, parabuses, revistas y cartas a domicilio.

Charaf buscó en varias ocasiones, sin éxito, a Emilio Azcárraga para exigirle una explicación, hasta que en diciembre Alejandro Benítez Cueto, directivo de Televisa y apoderado de ITI, le ofreció comprarle su paquete accionario, “por una cifra ridícula”. Charaf se negó, y respondió que preferiría vender a un tercero, lo que provocó la furia de Benítez, quien lo amenazó con un litigio.

Según el empresario, las amenazas arreciaron tras el intento de asesinato de Cabañas, el 28 de enero, luego de enviar un correo electrónico a Azcárraga Jean en el que reclamaba que desde los noticiarios de Televisa se orquestaba una campaña mediática en contra del Bar Bar, al que señalaron como sitio de prostitución y drogas. Charaf le recordó al hijo del Tigre Azcárraga que él, lo mismo que “innumerables ejecutivos del más alto nivel de Televisa” y sus estrellas, eran clientes de su negocio.

Cuenta que Benítez le habría insistido en que la única salida para detener esa campaña era que accediera a vender sus acciones, pero afirma que nuevamente se negó.

“Entonces los ataques seguirán. ¿Qué no te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el mismo presidente de la República somos nosotros?”, sostiene Charaf que le dijo Benítez.

El empresario dice que no pretende buscar justicia con su denuncia, sino mantenerse vivo:

“Lo que espero es que no me vayan a matar. Hay alguien involucrado, de muy alto nivel. Y a mí me dijo el señor Benítez que esto obviamente no era algo que me decía a título personal, él es el mensajero, de que si no accedo a soltar el 49% (de su empresa) van a continuar los ataques.”

Charaf dice que durante los primeros días de las investigaciones del caso Cabañas recibió otra amenaza de un “funcionario cercano al procurador Miguel Mancera”, al cual tampoco identifica en la entrevista.

Según el empresario, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Luis Genaro Vásquez, a través de su representante legal Jorge Antonio Domblas, le advirtió que acudiera a los medios para denunciar las presuntas irregularidades.

“Cuando se enteraron de que teníamos una copia del video original y que pensábamos utilizarlo para evidenciarlos, se enfurecieron. Diez días después del atentado de Cabañas, una persona cercana al procurador me buscó y me amenazó de que si decíamos algo, me iban a romper la madre a mí y a mi familia”, acusa.

Dice que realmente tiene miedo, porque la información que ha difundido a través de su página web (laverdadsobreelbarbar.com) “revela el poder de Televisa y el sometimiento de la autoridad, porque no puede ser que todas esas imágenes que ellos tienen, hasta de mejor calidad, nunca las hayan dado a conocer”

Y advierte: “Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, responsabilizo a Televisa o a la procuraduría. A mí lo que me preocupa ya es mi vida y la de mi familia. Quien me está amenazando son dos grandes poderes”.



Que lo pruebe



El subprocurador Luis Genaro Vásquez Rodríguez, en entrevista con Proceso, invitó al empresario a formular su querella ante las instancias correspondientes, “acompañada de pruebas”, y sugirió que la información que contiene su página en internet sea presentada como “prueba que ofrezca a la autoridad judicial y que ésta valore”.

Según el subprocurador, los únicos funcionarios de la PGJDF que han tenido contacto directo con Charaf en las diligencias son el fiscal de Álvaro Obregón, Miguel Espejel, y el agente del Ministerio Público Hilarión Guerrero Sánchez.

Durante los primeros días de las investigaciones, la dependencia recurrió a los noticiarios de Azcárraga para dar a conocer sus avances. Aun así, Vásquez Rodríguez aseguró que “a Televisa se le ha dado el trato que a cualquier medio se le ha dado. En concreto, si hemos tenido presiones o lineamientos (de Televisa), no”.

Resume que “de la investigación únicamente está vivo un desglose para dar con el otro coautor de los hechos, que es el sujeto identificado como El Paco. Por lo que respecta a las conductas y omisiones desarrolladas por los exempleados del Bar Bar y del señor Carlos Cázares Ocaña, las investigaciones están cerradas debido que se ejercitó acción penal y está en la etapa procesal, sólo le resta al juez recibir más pruebas, procesarlas y valorarlas”.

En cuanto al presunto autor material, José Jorge Balderas Garza, El JJ, Batman o El Modelo, contra quien hay una orden de aprehensión, dijo que se envió un desglose a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pues “la multiplicidad de identidades” es un elemento que lo vinculaba con la delincuencia organizada.

En cuanto a los tres escoltas del JJ que trabajaban en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), recordó que están en el Reclusorio Sur sometidos a un juicio por homicidio calificado en el grado de tentativa.

Después de que durante dos días Simón Charaf encabezó una intensa campaña para presentar su página web a través de entrevistas a diarios nacionales, como Reforma, El Universal, Récord y La Jornada, que reprodujeron algunas frases de tres entrevistas radiofónicas con Carmen Aristegui, Televisa respondió con un desplegado firmado por el director general corporativo de comunicación, Manuel Compeán.

En el texto, publicado en varios diarios nacionales, Compeán asegura que la estrategia de Charaf es sólo “para distraer la atención” sobre las “presuntas irregularidades” con las que operaba el Bar Bar, al que ubica como “oscuro antro”.

Compeán califica como “inverosímil y ridícula” la acusación contra Alejandro Benítez y señala que la empresa Imagen y Talento Internacional representó para Televisa ventas netas en 2009 por 8.5 millones de pesos, equivalentes a “0.02% de los ingresos” del consorcio.

Simón Charaf replica: “Si vende esa cantidad es porque muchos de los proyectos, y los proyectos más grandes, Televisa los ha hecho en directo, violando nuestros acuerdos de accionista”.

–¿Esa es la cifra que le ofrecen para comprarle sus acciones?

–Es una cantidad ridícula que no te voy a revelar

–¿Es menor de esos 8.5 millones que dice Compeán?

–Sí, es una cantidad muy baja, una cantidad ridícula.

Al preguntarle por qué no ha recurrido a los tribunales civiles y mercantiles por el incumplimiento de contrato de Televisa, así como por el daño moral que dice que le ha causado a sus empresas, a él y a su familia la campaña mediática de la televisora contra el Bar Bar, Simón Charaf asegura que son asuntos que está estudiando con sus abogados.

–En cuanto a las amenazas que asegura que recibió de funcionarios de la procuraduría, ¿por qué no recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si desconfía de las autoridades?

–Es lo que vamos a hacer.

–¿Por qué no lo ha hecho, si ya tienen tiempo esas amenazas?

–Hemos estado atendiendo a los medios.

*Tomados de la revista Proceso.

domingo, marzo 28, 2010

2010: ¿Un año para celebrar?*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Este año en México se cumplen el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución… y también una década de que el PAN llegó al poder.

Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.

Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.

El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.

Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...

Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.

En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.

En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.

Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.

Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.

El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.

La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.

Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.

Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.

El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.

Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.

Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.

Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.

Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.

De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.

Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.

Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.

Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.

¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?

Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.

Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los pancistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.

La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.

Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.

Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.

¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?

mjcervantes@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, marzo 27, 2010

Desfiladero*


Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.


∙ ¿Es posible hacer otra revolución en México?

Jaime Avilés

Claras y muy valiosas conclusiones dejó el discurso que Andrés Manuel López Obrador pronunció el domingo pasado en la Alameda ante la multitudinaria representación viviente de don Benito Juárez, encarnado en miles de hombres y mujeres libres. La más importante de las ideas que expuso ratifica su estrategia de acumulación de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, ante las cuales todo el sistema de dominación articulado por el gobierno” calderónico, los empresarios golpistas, la alta burocracia (el IFE, el Trife y la Suprema Corte) y las fuerzas intervencionistas de Estados Unidos se coludirán para imponer a otro pelele.

Sólo por este motivo, porque iría en contra de todos los intereses dictatoriales que conspiran contra el pueblo mexicano, el triunfo de López Obrador en 2012 tendría un significado profundamente revolucionario. En consecuencia, la única revolución que podemos iniciar en este simbólico 2010 es la que propone el terco político tabasqueño.

Veamos: a la fecha, el “gobierno legítimo” que se constituyó en asamblea popular en el Zócalo en septiembre de 2006, y que entró en funciones allí mismo el 20 de noviembre de ese año, cuenta en la actualidad con dos millones y medio de activistas en todo el país. Si de aquí a diciembre cada uno de estos afiliados anima a otra persona a sumarse a la lucha, al final de 2010 la cifra habrá crecido a cinco millones. Y si este esfuerzo se realiza dos veces más, una por cada semestre de 2011, a principios de 2012 la organización habrá crecido a 20 millones de militantes.

¿Es tan difícil lograrlo? ¿Es imposible que durante los próximos 18 meses cada persona que hoy cuenta ya con credencial del “gobierno legítimo” reclute a otros más? Veinte millones de militantes equivalen a una fuerza acaso un poco más grande que la del PRD, aunque inferior a la del PRI, pero también a otra “ridícula minoría” ante el poderío de las televisoras, que volverán a repetirnos día y noche, como en 2006, que López Obrador es “un peligro para México”. Con la única diferencia de que ya nadie les creerá nada.

¿Alguien descarta, no obstante, que la oligarquía golpista atacará en 2012 con armas similares a las que usó en 2006? El 6 de marzo de ese año, el abonero sinaloense Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas que lleva su apellido, dirigió una carta a sus 25 mil empleados para recomendarles que votaran por Calderón, porque... “Felipe, junto con su esposa Margarita, forman (sic) una pareja estable con 3 hijos, de 8, 9 y 13 años, bien avenida (y) tienen una buena formación moral, familiar. No hay duda de su honestidad”. ¡Ajá!

Luego comparó a México con China. “¿Cómo llegó China a tener tantos pobres? ¿Siguiendo políticas similares a las que propone el PRD? ¿Cómo ha llegado China a ser el ejemplo mundial en crecimiento económico? Siguiendo las políticas que propone Felipe Calderón.” ¡Ajá! El visionario sinaloense no se equivocó. En lo concerniente a sus negocios ha tenido en estos tres años catastróficos para el país un “crecimiento económico” asombroso. Su cadena de tiendas se extendió exponencialmente y pronto abrirá sucursales en Sudamérica; su experiencia como abonero, y la infinita gratitud de Fox y Calderón, lo hicieron dueño de su propio banco. Y cuando la violencia del Ejército y del narco ensangrentaron las calles y plazas de Culiacán, él se dedicó a contemplar la “guerra” desde el fraccionamiento amurallado en donde vive como príncipe medieval.

Cualquiera supondría que ante el desastre político, económico, financiero y social en que su recomendado Calderón hundió a México, Coppel escribiría una nueva carta a sus (¿ahora 100 mil?) empleados, en este caso para pedirles perdón por haber contribuido a entronizar al más corrupto, destructor e inmoral de los gobernantes contemporáneos. Pero qué va: hace unos días publicó un desplegado en un periódico nacional para apoyar la candidatura al gobierno estatal del alcalde de Culiacán, el priísta Jesús Vizcarra Calderón, asegurando que ese hombre es el más “adecuado” para servir “el interés superior de Sinaloa”, es decir, el de Enrique Coppel, por supuesto.
Y no lo dijo en vano. El 10 de noviembre del año pasado, en una ceremonia que encabezó el gobernador sinaloense Jesús Aguilar Padilla, Vizcarra Calderón entregó 4 mil 200 computadoras portátiles “para igual número de estudiantes de 16 universidades estatales” como parte del programa municipal Agarra tu laptop. Según la prensa local, Vizcarra explicó que si bien cada una de estas herramientas cibernéticas tenía “un costo de 8 mil 500 pesos en el mercado, los estudiantes beneficiados sólo pagarán en total 3 mil pesos, que se componen de mil pesos de enganche y los restantes 2 mil pesos en 12 abonos mensuales de 167 pesos, que deberán efectuar en cualquier sucursal Coppel”. ¡Ajá! Conque el interés superior de Sinaloa...

Este patético y deprimente ejemplo es apenas un argumento más en favor de la urgente necesidad que tiene el pueblo de organizarse para contrarrestar el poder de estos ricachones majaderos y atrabiliarios. Pero no son sólo ellos. Nada podrían si no contaran con la complicidad de los burócratas, como ha quedado en evidencia en Pemex Refinación, donde aparentemente estarían coaligados para enriquecerse ilegalmente los siguientes funcionarios que despachan en el piso 25 de la inmensa torre paraestatal: Juan Marcelo Parizot Murillo, gerente general de Ventas a Estaciones de Servicio; José Luis Rodríguez Rábago, subgerente de lo mismo para el valle de México, y Francisco Jesús Quezada, director de Franquicias.

El 29 de mayo de 2008, el restaurantero Jorge Talavera Ugalde solicitó a Pemex Refinación un permiso para instalar una gasolinera en Insurgentes Sur 4061, colonia Tlalpan Centro, código postal 14000, pero al obtener la licencia construyó la obra en Insurgentes Sur 4097, colonia Santa Úrsula Xitla, código postal 14420. Así nomás. Bajo “promesa de decir verdad”, aseguró que alrededor de su futuro negocio no había “centros de concentración masiva, escuelas, hospitales, mercados, iglesias”, ni “plantas de almacenamiento de gas LP a menos de 100 metros”.

Sin embargo, como salta a la vista, mintió al proporcionar una dirección falsa y omitir que su estación de servicio, con una capacidad de almacenamiento de 300 mil litros de combustible, está entre dos restaurantes (el suyo, Don Enrique, y la megataquería Arroyo, que cocinan con gas LP), o que colinda con un conjunto habitacional donde viven 80 familias, o que está a diez pasos del Metrobús y frente a una guardería, numerosos comercios, una capilla y un hospital siquiátrico. Pemex Refinación debió verificar esos datos y, al comprobar que eran falsos, negarle el permiso. Pero se lo concedió. ¿A cambio de qué? Eso lo deberían investigar las autoridades judiciales, pues todo sugiere que Parizot, Rodríguez Rábago y Quezada incumplieron con su responsabilidad y autorizaron la colocación de una bomba de tiempo. Total, a ellos qué. ¿Cuántos permisos irregulares han otorgado estos señores a la fecha? La obra de Tlalpan se encuentra clausurada temporalmente por el GDF, pero ya tiene franquicia para empezar a vender gasolina en cuanto Marcelo Ebrard se descuide.

¿Cómo va el país a enderezar el rumbo, ahora que tras la visita de todo el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, la FBI, el Pentágono y Hillary Clinton administran la guerra sucia de Calderón contra el pueblo y en beneficio de la oligarquía y el narcotráfico? Moraleja: hay que aceptar la propuesta estratégica de López Obrador. Iniciar la revolución mexicana de 2010 quiere decir, hoy por hoy, afiliarse al “gobierno legítimo”.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, marzo 26, 2010

De bruces*





Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha.


Luis Javier Garrido

Las políticas de violencia militar desatadas por el gobierno panista en estos tres años con el pretexto de la lucha contra el narco han llegado adonde pretendían quienes las concibieron desde Washington: a una entrega casi absoluta de la vocación soberana de México por parte del gobierno panista.

1. La reunión en el edificio de la cancillería mexicana del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, secretaria de Estado, en la mal llamada Reunión de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, el martes 23 de marzo, no buscó llegar a acuerdos sobre las políticas de supuesta lucha conjunta “contra el narcotráfico” (en territorio mexicano desde luego) ni reformular programas, sino dejar claro en un acto propagandístico que Washington dicta al gobierno calderonista no sólo las políticas financiera y económica, sino las políticas de seguridad y ahora incluso en materia social, transmitiendo un único mensaje: que México es para Estados Unidos su protectorado.

2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.

3. La campaña en los medios oficialistas mexicanos, que son la casi totalidad, ha buscado por eso en estos días tergiversar la realidad de las graves regresiones que se están produciendo en México por el entreguismo de un gobierno espurio y débil que se fue de bruces antes las exigencias de sumisión de Washington y que está dejando el control de la situación interna a agentes extranjeros al aceptar reducir las fuerzas militares y policiales nacionales a simples agentes operativos a las órdenes del Pentágono. Y está insistiendo por eso en celebrar el acontecimiento como un acto de confianza en México y en descalificar los señalamientos de lo que acontece como trasnochadas invocaciones a “la soberanía nacional”: una noción que, reiteran, no tiene ya cabida en el mundo globalizado.

4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una “cooperación respetuosa”, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México “no puede solo” contra el narco (El Universal, 22 de marzo).

5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.
6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con “la guerra” que ha desatado “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.

7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la “doctrina preventiva” de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia “la hemos diseñado los dos juntos”, le recordó.

8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un “mando unificado” de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.

9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.

10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.

*Tomado de La Jornada.

jueves, marzo 25, 2010

Cómplices*



















Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helhuera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

Así como Francisco Franco sabía de la matanza de judíos en Auschwitz (El País, 21/3/10), Juan Pablo II y Benedicto XVI sabían de los actos de pederastia perpetrados por curas de diversos rangos y denominaciones. Ni Franco ni Wojtyla ni Ratzinger hicieron nada con la información comprobada que tuvieron. Al contrario, se convirtieron en cómplices del silencio y la omisión de los criminales que asesinaron judíos y abusaron de niños (“crimen atroz”, Benedicto XVI dixit), según el caso y aunque no sean comparables.

Una diferencia importante entre Franco y los papas citados es que el primero, si bien se decía el caudillo de España por la gracia de Dios, no era su representante en la Tierra, en tanto que los segundos no sólo se han presentado como tales, sino que han hecho creer a sus seguidores que son infalibles y, además, santos, santísimos padres de la feligresía católica, “sus santidades”. Otro dato importante es que Franco fue un dictador seguidor de Hitler, aunque mantuviera a España en una situación política y diplomática con cierta ambigüedad, en tanto que Wojtyla fue antifascista (y también anticomunista) y Ratzinger un vigilante de la fe, mediante su prefectura en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene sus antecedentes en la Santa Inquisición de triste memoria.

Benedicto XVI-Ratzinger se dirigió a los católicos irlandeses y de todo el mundo pidiendo perdón por la vergüenza de los actos de pederastia que cometieron muchos ministros del culto católico, y advirtió a los sacerdotes que deberían responder no sólo ante Dios, sino ante los tribunales civiles. Esto es positivo, pero él lo sabía desde antes incluso de que fuera nombrado jefe de su Iglesia, de la misma manera que lo supieron los obispos irlandeses y los de otros muchos países donde el abuso de niños por sacerdotes ha sido denunciado desde hace muchos años.

El investigador Fernando M. González ha señalado recientemente a este diario que Joseph Ratzinger debió conocer el dossier Maciel (formado por 201 documentos de 1948 a 2004) y que sólo “actuó hasta que Juan Pablo II estaba ya muy grave”. No deberá olvidarse que Wojtyla y el cardenal Norberto Rivera protegieron a Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo, no sólo por las aportaciones y servicios de esta congregación a la Iglesia, sino por la muy antigua estrategia eclesiástica de meter la basura bajo el tapete para proteger a sus sacerdotes o, más bien, a la misma institución.

En su nota especial para La Jornada del 21 de marzo de este año, Sanjuana Martínez cita la respuesta de Ratzinger a una carta de Alberto Athié en relación con las denuncias sobre Maciel: “Lamentablemente, el caso de Marcial Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del papa Juan Pablo II, y además ha hecho mucho bien a la Iglesia. Lo lamento, no es posible”. Y Athié –señala la periodista– se preguntó sorprendido: “¿Cómo es posible que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe no vea prudente saber sobre el proceso de un violador de menores como el padre Marcial Maciel?” Fue a partir de estos hechos que Athié suspendió su ministerio sacerdotal y Norberto Rivera lo corrió del episcopado.

Fernando M. González me dijo, recientemente, que la Iglesia católica, como otras muchas instituciones religiosas, practicaban y practican como regla general la omerta. La omerta, conviene recordarlo para quienes no hayan leído a Mario Puzo, quiere decir pacto sagrado de silencio en las mafias sicilianas. Y este pacto de silencio significa, para la Iglesia, ocultar cualquier cosa que pueda manchar su imagen, y se practica desviando la atención pública de quienes la ponen en riesgo: enviándolos a otra diócesis, de preferencia de otro país (como hizo Norberto Rivera con el cura pederasta Nicolás Aguilar), o prohibiéndoles que ejerzan el sacerdocio sin renunciar a él y que dediquen el resto de sus vidas a la expiación y la meditación.
Lo que ha hecho Benedicto XVI para el caso de Irlanda es, por lo anterior, importante, pues reconoce que los infractores por pederastia deben ser sometidos también a los tribunales civiles pertinentes. Sin embargo, el obispo de Roma salva a la alta jerarquía de responsabilidad ante los tribunales por haber conocido los casos y actuar como cómplices, cual fue también el caso del cardenal irlandés Sean Brady, quien reconoció haber estado enterado y no haber hecho nada.

En artículo publicado por el presbítero Flores Ramos en el semanario Desde la Fe (órgano de la arquidiócesis mexicana) se soslaya la complicidad del cardenal Rivera al no haber atendido adecuadamente los casos de pederastia en México, denunciados desde hace varios lustros, y se escuda al purpurado diciendo que “esto basta para llenarnos de vergüenza y preocupación”. A lo más que llegó este artículo, que obviamente tuvo el visto bueno de Rivera, fue a ponerse a tono con la misiva del Papa a los irlandeses. Y sobre el caso Maciel omite que el hecho de que el Vaticano lo haya cesado de la Iglesia “invitándolo a la oración y penitencia para la salvación de su alma”, no fue igual que ponerlo en manos de la justicia terrenal para satisfacción relativa de sus muchas víctimas inocentes a lo largo de cinco décadas. Olvida, igualmente, que cuando Athié defendió a las víctimas de Maciel, el cardenal mexicano lo persiguió, le hizo la vida imposible hasta hacerlo renunciar y se defendió diciendo que tales acusaciones eran producto de un complot contra la Iglesia.

En abril de 1997 Salvador Guerrero Chiprés escribió una memorable serie de tres artículos en La Jornada denunciando a Marcial Maciel Degollado, todavía con vida, y citando los testimonios de varios ex seminaristas de la Legión de Cristo, quienes, según Pérez Olvera (uno de éstos), tenían más de 25 años revelando los abusos del fundador de la congregación y nadie les hacía caso. Resolvieron romper el silencio y le dieron información a Guerrero Chiprés. Se rompió el silencio, pero nadie hizo nada, ni las autoridades eclesiásticas ni las civiles, pues los legionarios, que sólo reclutaban a niños “bonitos y blancos” eran y son todavía muy influyentes entre la gran burguesía y no pocos políticos de la derecha mexicana.

Se ha escrito mucho sobre el tema, hay libros y decenas de artículos, pero nunca podemos decir que sean suficientes hasta que no sean debidamente juzgados y castigados con severidad quienes victimaron a inocentes por sus apetitos pedófilos y quienes han sido sus cómplices, aunque fuera por omisión.

*Tomado de La Jornada.

miércoles, marzo 24, 2010

La tesis del "fuego cruzado"


















Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.



Jenaro Villamil



MÉXICO D.F., 23 de marzo (apro).- Cuando culminen las reuniones entre el Grupo de Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, y sus homólogos mexicanos, es muy probable que el discurso oficial calderonista y de gobernadores afines siga pidiendo disculpas por el “fuego cruzado” que ha matado a cientos de civiles en los últimos años de narcoguerra sin que ninguno de los responsables de estas ejecuciones haya sido sancionado. Un nuevo expediente de impunidad se abre con esta nueva tesis, temeraria e indignante.

Primero fue justificar el homicidio de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz, por “hemorragia intestinal”; después Calderón tuvo el pésimo reflejo de justificar la matanza en Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que era un “pleito entre pandillas” y así le ha ido con los familiares de 15 adolescentes acribillados; ahora, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los replicantes del gobierno de Nuevo León, insisten en decir que el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, ambos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec, fue el resultado de que para su desgracia “estuvieron en la línea de fuego”.

La tesis del “fuego cruzado” no puede ocultar las decenas de contradicciones que se articulan en torno a los sucesos del viernes 19 de marzo, en el corazón de una de las zonas exclusivas de Monterrey. El primer comunicado de la Secretaría de Gobernación –que cada vez hace el papel de oficialía de partes de los malos operativos militares- no tiene desperdicio.

Señala que el tiroteo fue el resultado de una “denuncia ciudadana” que se recibió en el cuartel general de la 7ª. Zona militar, alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados.

De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”, refiere el boletín. No le informaron ni a la procuraduría estatal ni a la general de la República que seguramente sólo existen para recoger cuerpos y ocultar pruebas. Cuando se dirigían a la Valentona, “una camioneta se emparejó y, al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Nunca se aclara qué entienden por “maniobra peligrosa”.

“Momentos después –continúa la narración-, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego” y “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. “Simultáneamente a esos hechos arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde donde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos… Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), persona de peritos en balística, y del Servicio Médico Forense para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos” (subrayados propios).

Digno de un guión de Juan Orol este primer relato de los acontecimientos atizó el fuego de la indignación. Nunca se mencionaron los nombres de los estudiantes ni de otras víctimas.

Cuando se informó el sábado que entre los cuerpos levantados se encontraban dos jóvenes estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey comenzó un siniestro juego para escurrir el bulto y que ninguna autoridad se hiciera responsable de “la confusión” que llevó a catalogarlos como sicarios que, quizá por tal motivo, merecían morir acribillados. La confusión provocó que el propio rector del Tec, Rafael Rangel Sostman, anticipara en un comunicado del viernes que ninguna de las víctimas de la balacera pertenecía a esa casa de estudios. Después tuvo que desdecirse adjudicándole la responsabilidad de su error a la información proporcionada por el procurador estatal Alejandro Garza.

El gobernador Rodrigo Medina, del PRI, acusó en una entrevista televisiva a la PGR de haber sido la responsable de haber confundido a los estudiantes con delincuentes. “Cuando hay un operativo, a las autoridades locales no nos dejan entrar al área.

La información que proporcionamos al Tecnológico fue la información que nos dio la autoridad”, soltó Medina en una entrevista en Primero Noticias, como si él no fuera la autoridad. Tan lo es que el 21 de marzo en una medida desesperada cesó a 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin arraigar a ninguno.

El mismo día que Medina acusaba a la PGR su procurador, Alejandro Garza, deslindó a la PGR de haber informado que los 2 estudiantes del Tec eran sicarios. Para el lunes 22 de marzo otro escándalo de “fuego cruzado” ya había trascendido las primeras planas de la prensa regiomontana y nacional: un atentado fallido en contra de Luis Eduardo Murrieta Maya, titular de la policía municipal de Santa Catarina derivó en el asesinato de un escolta y de un peatón, además de que resultó herida una pareja de sexagenarios que esperaba el transporte público.

El enredo descomunal en el que han caído los defensores de la tesis del “fuego cruzado” es exhibido con una serie de preguntas incómodas en un sitio de Facebook que demanda justicia para los dos estudiantes asesinados el 19 de marzo. Estos son los cuestionamientos:

“¿Por qué el procurador Alejandro Garza y Garza aseguró que no eran estudiantes? ¿En qué se basó para dar tal versión? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué el ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar? ¿Por qué los estudiantes presentan golpes en el rostro si fueron abatidos por el ejército por error, por qué después los golpearon buscando que dijeran que eran sicarios? ¿Por qué primero disparan y después averiguan?”.

Estas mismas preguntas proliferarán en un sinnúmero de casos que se están acumulando en Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. En esta última entidad, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron asesinados a balazos afuera de un local de cerveza en el municipio de Marcos Castellanos. Los hechos ocurrieron el lunes a la 1:30 horas. Y ahora tratan de decirnos que son lamentables víctimas del “fuego cruzado”, como la mayoría de los mexicanos que impávidos presenciamos la pesadilla calderoniana y su narcoguerra.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

martes, marzo 23, 2010

Muerte y rabia en el Tec...*








Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.



Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 22 de marzo (apro).- En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.

Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.

Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.

Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.

Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.

Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.

Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.

Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.

Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.

Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.

El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.

Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.

A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.

Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:

“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?

¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...

Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…

El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...

Apuntes

En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.