Sobre el tan cacareado Estado de derecho

No es una novedad, aunque la mayoría no lo sepa, que unas cuantas familias mexicanas decidan el destino del país, claro siempre ligado a sus intereses económicos. En la elección presidencial quedó más que demostrado, quienes
son los que verdaderamente dictan las políticas en México.


Se trata del un selecto grupo que cada día ve acrecentar su riqueza en la misma medida en que se incrementa el número de pobres en el país. Son lo que se valen del dinero obtenido a través del monopolio y los privilegios otorgados desde el poder político. Utilizan a la televisión, la radio y los periódicos para imponer su punto de vista a una cautiva población que poco hace para cuestionar "las verdades" de los lectores de noticias, que a toda hora machacan y difaman a quien no esté alineado al interés de los poderosos.


Ellos que pregonan la legalidad y el respeto al Estado de derecho, no se inmutan para violentarlo cotidianamente, con un descaro que insulta. Confiados en que el gobierno que impusieron los protegerá y que cada declaración favorable será repetida por los lectores de noticias contratados para ello. Esos que se dicen "líderes de opinión", pero que sólo representan las opiniones de quien les paga el salario.


A continuación una muestra de lo aquí escrito tomada de La Jornada de este martes. http://www.jornada.unam.mx



México SA

Carlos Fernández-Vega


Diez empresarios deciden lo que conviene al país

La CRE se apura a otorgar permisos de autoabasto de electricidad a empresas privadas


Con la venia gubernamental, diez empresarios mexicanos de primer nivel "determinaron" que el país debe integrarse energéticamente a Estados Unidos y Canadá, aunque constitucionalmente sea una "decisión" que le corresponde al Poder Legislativo.


Es la decena empresarial que integra, por la parte mexicana, el Consejo de Competitividad, creado en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPEN), y que ha fijado la "primera generación de prioridades de corto plazo", entre las que destaca la "integración" energética "bajo una visión regional".


No es de extrañar que en un gobierno como el de Fox ("de, para y por los empresarios") sean ellos quienes tomen las decisiones que legalmente corresponden a las instituciones del Estado. Tampoco, que muchos de los integrantes de la parte mexicana del mencionado Consejo de Competitividad operen en abierta violación al marco constitucional, porque a ello los ha acostumbrado quien se sentó en Los Pinos casi seis años atrás, el mismo que no ha perdido oportunidad de violar candados y abrir puertas a la inversión privada en un sector reservado al capital gubernamental.


Esa decena -cabezas visibles de los demás barones- opera bajo la lógica del "cambio": si hasta el fondo metimos las manos en el proceso electoral, si, por ejemplo, en Los Pinos despacha un agente de Coca-Cola y en Bucareli un ex presidente de la Coparmex; si la política laboral está hecha a nuestra medida, como la económica y la social, y si las instituciones gubernamentales siguen la ruta por nosotros marcada, entonces ¿por qué no habremos de decidir qué le "conviene" al país en materia energética?


Supuestamente a la cabeza de ellos, por ser el dirigente visible del Consejo Coordinador Empresarial, aparece el por estos días muy nombrado -que no renombrado- José Luis Barraza, uno de los más activos operadores de los barones (que pusieron el dinero para la propaganda azul "con alto contenido social") en el proceso electoral.


Junto a él, también decidieron la "integración" energética -todo indica que con la representación del gobierno mexicano- tres barones (Claudio X. González Laporte, Valentín Diez Morodo y Gastón Azcárraga) que han sido (es, el último de los citados) presidentes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el más poderoso y efectivo grupo de presión en el país, o lo que es lo mismo, el 40 por ciento del PIB mexicano concentrado en 35 empresarios, a quienes les agrada financiar azules campañas políticas y propagandísticas para evitar "el riesgo de cambiar de rumbo, porque apostarle a algo distinto implicaría retroceso".


Acompañaron en la "decisión", los presidentes del Consejo Nacional Agropecuario -los barones del campo-, Jaime Yesaki, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), León Halkin, quien ahora busca ocupar la misma posición, pero en el Consejo Coordinador Empresarial. Sin representación, más que de sus propias empresas, aparecieron los presidentes del Instituto Mexicano de la Competitividad, Roberto Newell; de Tubos de Acero de México, Guillermo Vogel; de Avicar de Occidente, César de Anda, y de Celulosa y Derivados, Tomás González.


Ellos son los que "deciden" -en el marco de la ASPEN y como parte de la "primera generación de prioridades de corto plazo" para el país- qué le conviene a México: integrarse energéticamente a Estados Unidos y Canadá, "bajo una visión regional", es decir la de sus intereses.


¿Y las instituciones del Estado, tan cacareadas por quien debería frenar la vía libre que han seguido, siguen los barones? Sólo en el discurso.


Si de cuchara grande se trata, la Comisión Reguladora de Energía ha estado muy activa en eso de otorgar "permisos" a empresas privadas para el autoabasto, tema éste, por cierto, incluido en la "decisión" de la decena citada, aunque con miras a importarla de Estados Unidos.


Será porque 2006 se les acaba, y junto a él, felizmente, gobierno del "cambio", pero a favor de empresas privadas el CRE firmó 55 "permisos" de autoabastecimiento de energía eléctrica sólo en el primer semestre del año, más dos de cogeneración y uno de importación.


Entre las empresas beneficiadas se encuentra el Grupo Posadas, propiedad de uno de los que "deciden" en materia energética en el marco de la ASPEN, es decir, Gastón Azcárraga, actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Para él y su negocio, seis permisos para autoabastecimiento, sólo en el presente año. Otra firma beneficiada, muy conocida en el mundo de las campañas azules con tinta negra, es el Grupo Industrial Bimbo, de la siempre pía familia Servitje.


Aparecen, también, Cinemex, Teléfonos de México, Cervecería Cuauhtémoc y varias trasnacionales, como Kellog y Samsung. Con este tipo de favores, la CRE queda bien con el poder económico, pero le quita clientes a la Comisión Federal de Electricidad, que tanto clama por recursos.


Las rebanadas del pastel:


Buenas noticias para los gasolineros: por una casualidad de la vida, la página electrónica de la Profeco (la que documenta las irregularidades en las estaciones de servicio en la República) volvió a ser hackeada. ¿Quiénes serán los ordeñadores responsables del ataque?


cfvmx@yahoo.com.mx / cfv@prodigy.net.mx

Más sobre el famoso Estado de derecho, este artículo fue tomado también de La Jornada


Enrique Dussel*


Legalidad y legitimidad

Se habla mucho del respeto a la ley, a las instituciones, a la legalidad del Estado de derecho. En efecto, la vida política es imposible sin leyes. Ya había códigos como el de Hamurabi en Babilonia hace 37 siglos. El "Estado de derecho" es una situación de orden donde los ciudadanos se remiten al sistema de leyes para arreglar sus conflictos, respetando el juicio del juez. La Ley del Talión ("ojo por ojo, diente por diente") deja lugar al arreglo racional de las contradicciones. En los estados modernos la Constitución es el fundamento del sistema de las leyes y de las instituciones, acordadas por una participación simétrica de los afectados según el principio democrático.


Sin embargo, el Estado de derecho no es la última instancia de la política. Carl Schmitt, para mostrar este hecho, indica que en el "Estado de excepción" se suspende el Estado de derecho por una grave situación de crisis. Por ejemplo, en la República romana había una institución, la "dictadura", que dejaba temporariamente todas las leyes e instituciones en suspenso por la gravedad de la situación, en el momento de la guerra contra Cartago.

Pero aun el Estado de excepción puede ser dejado en suspenso. En 2001 Fernando de la Rúa decretó en Argentina el Estado de excepción para superar la crisis de la ocupación de las calles de Buenos Aires por el pueblo. Pero el pueblo no aceptó el Estado de excepción y se declaró en "Estado de rebelión"; suspendiendo de hecho el Estado de excepción y bajo el lema "¡Qué se vayan todos!" produjo la caída del presidente. En este último caso, y como la Constitución explícitamente lo proclama, la última instancia del poder político tiene su sede en la comunidad política misma, en el pueblo.


La legalidad está al servicio del pueblo y no viceversa. El fundador del cristianismo anotó: "¡El sábado (la ley) está hecha para el hombre, y no el hombre para el sábado (la ley)!", aunque muchos cristianos de nuestros días fetichicen la ley contra el pueblo.


Por otra parte, como Dworkin ha enseñado detenidamente, la ley puede interpretarse de muchas maneras, y por ello un ciudadano justo puede confiar en las leyes, pero no en la interpretación o aplicación de los jueces. Sócrates enseñó a sus discípulos, Platón entre ellos, que las leyes de Atenas eran justas, pero los jueces fueron injustos al condenarlo a muerte. No aceptar el juicio de un juez no es necesariamente ilegal y antinstitucional. Puede significar simplemente que no se acepta la corrupción del sistema judicial. No hay juicio perfecto ni unívoco. Todo juicio es incierto, de lo contrario se necesitaría una inteligencia infinita a velocidad infinita (el "Hércules" de Dworkin, o el argumento de Karl Popper contra la planificación perfecta).


Además el que actúa contra las leyes o las instituciones injustas puede ser un ciudadano justo. Miguel Hidalgo se levantó contra la Leyes de las Indias y contra la institución colonial, fue ilegal para los españoles y al proponerse transformar las instituciones coloniales fue condenado a muerte. ¡Hoy es el héroe fundador de México! Si hubiera sido obediente a leyes e instituciones injustas hoy seríamos todavía la Nueva España.


Pero, además, legalidad y legitimidad son algo muy diferente. Alguien puede cumplir la ley formalmente, fríamente, no respetando su "espíritu" (y aun siendo objetivamente injusto, como en el caso de los jueces de Sócrates), y por ello podría ser legal, pero, sin embargo, no alcanzaría la "legitimidad". El puro cumplimiento de la ley, la legalidad, no tiene la fuerza de la legitimidad.


La legitimidad exige, más allá de la legalidad, el consenso o la aceptación de los participantes afectados. Para alcanzar un acuerdo válido es necesario que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante). Si la aplicación injusta de la ley (por un juez injusto) o una institución que ha perdido aceptación (por ejemplo el poder del virrey para Hidalgo) se impone a alguien que no ha sido convencido de que la interpretación de la ley y su aplicación al caso concreto es justa, el tal acto puede denominarse superficialmente de legal, pero no de legítimo. La legitimidad agrega al cumplimiento objetivo de la ley la convicción subjetiva a las razones aducidas en su aplicación. Forzar coactivamente una interpretación o una aplicación dudosa de la ley ante un pueblo no convencido, que no adhiere al consenso que pretende el juez (y ese pueblo no acepta al juez por razones objetivas que le permiten suponer que se trata de una aplicación injusta), podrá llenarse la boca de que es legal, que tiene "legalidad" y que hay que "respetar a las instituciones", siendo que en verdad no puede alcanzar la plenitud de la "legitimidad" por su inocultable injusticia.


Carlos Salinas de Gortari nunca alcanzó ni alcanzará la legitimidad. El pueblo lo sabe y lo recordará. Augusto Pinochet nunca podrá exigir el respeto que se debe a un gobernante electo, democrático o justo. Pudo sepultar con balas a Salvador Allende. Pero hoy, uno es juzgado hasta por ladrón, y al asesinado se le levantan estatuas y pasa a la historia como un héroe. Los pueblos no olvidan en el pasado ni en el presente a aquellos que obedecieron el mandato de la comunidad política y que ganaron la legitimidad. Los que se escudan en la mera legalidad (de una interpretación incierta y equívoca de la ley, y de una aplicación unilateral) no alcanzarán nunca la legitimidad, es decir, el acuerdo por convicción subjetiva del pueblo, que es el componente primero del poder político sobre el que puede fundamentar normativamente la acción del político justo.


* Filósofo