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miércoles, febrero 29, 2012

El “acarreo” digital en Twitter*







Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- La creciente influencia de los usuarios de las redes sociales en México viene acompañada de dos tradiciones de la política mexicana: la mitificación, por un lado, del número de seguidores en Twitter, Facebook, Youtube, Google +, como si se tratara de una competencia por el rating (valor de los medios analógicos, no de los digitales), mientras que por otro lado se busca “inflar” las cuentas, los Trending Topics (temas del momento) y los hashtag, a través de la utilización de los llamados bots.

Un Trending Topic (TT) no se construye sólo a través de la cantidad de mensajes con una frase o bajo un hashtag específico. Se valora también la novedad y la frecuencia de mensajes relacionados con este tema.
Los TT, según informa la empresa Twitter, son generados por un algoritmo que detecta cuándo un tema o una palabra se emiten con cierta rapidez y de forma acelerada, formando un pico de actividad. De esta forma, un tema o término a través de hashtag (por ejemplo #LibreríaPeñaNieto o #SoyProle o muchos otros) aparece en la lista de los temas más populares.

En la guerra de la presencia en las redes sociales, las consultorías o los grupos de simpatizantes de los candidatos presidenciales buscan generar TT a través de tuitear o retuitear, es decir, reenviar mensajes de un hashtag a través de cuentas falsas conocidas como bots, que se convierten en la nueva expresión del “acarreo” digital.

En lugar de repartir tortas de huevo, despensas, tarjetas bancarias o cargos de elección popular, lo que ofrece el “acarreo” digital a un joven usuario de redes sociales es una compensación económica por andar repitiendo o replicando mensajes a favor o en contra de ciertos candidatos, así como sumarse a la lista de seguidores “fantasmas” de los aspirantes presidenciales, a gobernadores o diputados.

A toda nueva expresión clientelar le surge también su contraparte. También existe ya un blog denominado #CazaunBot.com que se dedica a “ventanear” o investigar lo que aquí llamaremos el “acarreo digital” o el infomercial en redes sociales.

La idea de este blog surgió de algunos tuiteros como @maria2veces, @ppmerino, @kikevalroth, entre otros. De manera irónica, en este blog advierten:

“¿Quiere que su hashtag se convierta en TT? Fácil, use unos cuantos bots, incluya todas las cuentas corporativas que tenga, ponga un mismo tweet (inclusive con las mismas faltas de ortografía), tome avatares de internet y voila! #PrefieroPRI”.

Este blog investigó el hashtag #PrefieroPRI y también el de #Ectivismo, las dos fórmulas más recientes e importantes de apoyo a Enrique Peña Nieto tras el episodio dramático en la Feria Internacional del Libro, para contrarrestar la marea de críticas en contra del candidato presidencial del PRI.

Descubrieron que el PRI “utilizó bots (cuentas falsas automatizadas) para inflar el hashtag #PrefieroPRI y convertirlo en TT”.

Por ejemplo, @GustavoAguado confirmó en imágenes de seguimiento que cuentas distintas tuiteaban exactamente lo mismo sin acudir al retuit, lo cual sería una prueba del uso de bots.

La cacería de bots ha llevado a criticar al Movimiento Nacional de Cibernautas del PRI, dirigido por Sergio José Gutiérrez, quien presume coordinar virtualmente a 700 mil priistas para movilizarse en torno de las candidaturas del tricolor (lo mismo a gobernadores, diputados federales, senadores o presidente de la República), pero también al movimiento más cercano a Peña Nieto, conocido como @ectivistas, coordinado por Alejandra Lagunes, mercadóloga que trabajó en la presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo y fue exgerente de ventas de Google México y exdirectora general comercial de Televisa Interactive Media. Además, es esposa de Rafael Pacchiano Alamán, legislador federal del Partido Verde e integrante de la “telebancada”.

En su más reciente edición dominical, el suplemento Enfoque, del periódico Reforma, documentó que del 13 al 20 de febrero, frases como #ectivismoenlacima, #Soyectivistayexisto y #EPNypormucho se colocaron como lo más popular en Twitter, aglomerando menciones negativas y positivas.

#CazaunBot ha documentado en varias ocasiones la existencia de las cuentas falsas sobre el movimiento #ectivista.
La tentación de la “cargada digital” es muy alta. Opera como una fórmula para vender el “liderazgo” en redes sociales, en torno a número de seguidores y mayor volumen de Trending Topics.

No han entendido los mercadólogos o los políticos que compran “estrategias en redes sociales” que no basta pagar para crear movimientos ciudadanos en Twitter o en Facebook. El ciberactivismo tiene sus propios códigos, sus características específicas, sus comunidades digitales y sus lenguajes.

No es lo mismo rellenar ánforas que digitalizar deliberaciones, como tampoco es igual comprar “tiempo-aire” en medios electrónicos para generar rating que pagar a tuiteros como si fueran un call center.

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, febrero 28, 2012

Auditorías, escándalos e impunidad*






Tomados de la Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cada año, al concluir la primera quincena de febrero, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio antepasado (ahora se trata de la del 2010) se desatan las denuncias de los partidos de oposición y los escándalos mediáticos por el gran número de irregularidades detectadas.

La única diferencia en esta ocasión es que nos hallamos en un año electoral y, por lo tanto, los partidos que hoy son de oposición levantan un poco más la voz y amenazan con presentar más denuncias penales de lo que normalmente hacen, aunque el informe del auditor es muy similar a otros y sólo cambian los números y los presuntos responsables.

De acuerdo con dicho informe, se interpusieron mil 893 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública con el fin de que los responsables de los órganos de control interno de las respectivas dependencias inicien la integración de los expedientes para eventualmente imponer sanciones administrativas a los servidores públicos responsables.

Sin embargo, todavía no terminaba el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de presentar su informe cuando el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, ya minimizaba dichas promociones, pues señalaba que “la información ni es definitiva ni hay hechos consumados; todavía están en el proceso de observación y vigilancia, de solventación o a lo mejor de asignación de algún castigo”.

El auditor también presentó 98 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, cifra que rebasa todas las correspondientes a las revisiones de 1998 a 2009, y que casi triplica las 34 del 2009. Al respecto, el mismo Morgan señaló que la revisión del auditor “no queda completa porque sus tiempos no le permiten más”. Así, aunque la responsabilidad de iniciar las investigaciones y, en su caso, integrar la averiguación previa es de la PGR, el contralor se adelantó a descalificar las denuncias.

Y es que de nada sirve la buena o mala actuación del auditor, ya que la ASF no puede imponer ninguna sanción administrativa o penal, sino únicamente lograr el resarcimiento de los daños económicos, por lo cual la gran mayoría de las ilegalidades quedan sin castigo. Cierto, como dice el mismo auditor, no puede ser la misma instancia la que revise, integre el expediente y sancione, pero tampoco es posible dejar la responsabilidad del castigo en manos de los mismos que violaron la ley, que es exactamente lo que sucede hoy.

Es decir, esta vez el responsable de decidir la imposición de las sanciones administrativas es el titular del órgano de control interno de cada una de las dependencias, y aunque formalmente dicho órgano depende de la Secretaría de la Función Pública, en realidad quien decide imponerlas es el titular de cada dependencia, o sea, el secretario o el director general. Así, en algunos casos el titular del órgano de control interno estaría ante la aberración de que tendría que sancionar a su jefe real. El resultado es que la gran mayoría de los casos, tal como se apresuró a señalar Morgan, finalmente terminan en absoluciones.

En la actualidad, el mismo auditor propone la integración de un Tribunal Federal Autónomo para respetar la división de poderes y, al mismo tiempo, evitar los clarísimos conflictos de interés. Otros especialistas han propuesto que sea la misma Auditoría la que imponga las sanciones, tomando en cuenta que los afectados siempre tienen la instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para recurrir dichas sanciones, o la vía del amparo en el Poder Judicial.

La propuesta del auditor de crear un órgano autónomo que tenga incluso facultades para sancionar administrativamente a los funcionarios de los tres poderes, así como de los gobiernos estatales y municipales, es acertada, pues se atacarían varios problemas con una misma solución. Obviamente, en las otras instancias de gobierno sucede lo mismo que en el federal, por lo que también empoderarían a órganos garantes de la transparencia que asimismo dispondrían de una instancia autónoma para la aplicación de las sanciones.

En lo que se refiere a las responsabilidades penales, lo que sucede nuevamente es que la PGR obedece las instrucciones del presidente y, por lo tanto, únicamente se integran averiguaciones previas y se consigna ante el Poder Judicial cuando existe el interés político de hacerlo, y no necesariamente cuando hay elementos para ello. En este caso la solución es mucho más sencilla, ya que no hay que crear ninguna nueva instancia, simplemente concederle a la misma Auditoría la atribución de integrar los expedientes y consignar directamente ante el Poder Judicial, de modo que serían los jueces los responsables de sancionar o exonerar.

La lógica es muy sencilla en ambos casos: quien acusa no debe ser el mismo que sanciona; pero quien sanciona tampoco puede ser un subordinado de quien eventualmente será sancionado, es decir, en ninguno de los dos casos se puede ser juez y parte, que es justamente lo que hoy sucede en las instancias responsables de decidir sobre la aplicación o no de la sanción penal y administrativa.

Como bien señala Irma Sandoval, estudiosa del tema, en las condiciones actuales “la labor de la ASF solamente abona el aumento de la sospecha y la desconfianza en el gobierno”, ya que se conocen las ilegalidades, pero éstas no tienen ninguna consecuencia para los responsables, que en algunos casos son delincuentes que no sólo no reciben ninguna sanción, sino que –en muchas ocasiones– siguen viviendo del presupuesto público al brincar de un puesto a otro. Definitivamente, el actual mecanismo de revisión de la cuenta pública no es funcional y únicamente contribuye a incrementar el descrédito de los políticos y del gobierno.

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, febrero 27, 2012

Testimonios desde el infierno*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Luciano Campos Garza
Deshecha por la pena, una pareja de Monterrey relata la estremecedora historia de su hijo, quien fue encerrado a la mala por federales en el penal de Apodaca, donde recibió maltratos y extorsiones permanentes. Su familia sostiene que no pertenecía a Los Zetas ni al Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado junto con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres describen el poder que los capos del narco ejercen en las cárceles donde deberían purgar sus condenas.

MONTERREY, NL.- En el penal de Apodaca las llaves de las celdas y los accesos eran controladas por los malos. Uno de ellos estaba en cada puerta, tomando apuntes de quién entraba y salía. El comandante en el interior no era un guardia, sino un interno designado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado, con espías que reportaban lo que se decía en cada visita personal.
Todo eso lo supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43 internos.
Arturo había solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto García Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo de soborno y golpes que me le dan. (…) Tiene mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.
El 1 de agosto le contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuentes Rojas, comisario de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Miguel Andrés Martínez, que dice: “Le solicito realice las acciones necesarias para su debida atención y remita a la brevedad informe escrito de lo consumado. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración”.
Los padres dicen que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara el traslado, pero les respondió –dice Sofía– “que era un buen chavo, que para qué lo trasladaban, que estaba bien, que no tenían problemas… y que él (el director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los uniformados. No nos dijo nombres de organizaciones ni de personas, no nos dijo ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos dijo que mandaban los que estaban adentro”.
Pero lo seguían golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque podrían desencadenar más agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien, pero tenía en la nuca moretones que su madre veía al abrazarlo.
“Contaba que se había golpeado porque se caía –dice Arturo–. Uno lo conoce. Yo le decía: ‘A ver, si estás bien, descobíjate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que, en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la consecuencia sería una golpiza peor que las habituales.
Mario Humberto, a quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus padres en la colonia La Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y tenía una hija de dos años. Había dejado trunca la escuela mecánica para trabajar.
En la versión de sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller automotriz donde trabajaba para ir a comer. Frente al local de alimentos vivía un amigo ocasional con el que Mario Humberto intercambiaba películas y, cuando fue a entregarle algunas, lo detuvieron policías federales.
Según la familia, bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametralladora para que lo procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le dieran siete años de prisión. También lo acusaron a él y a su amigo de tener secuestrado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se estaba desahogando en una averiguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).
Sus padres afirman que él es inocente. No tenía antecedentes penales y se dedicaba a trabajar, pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los ocho meses más horribles que había vivido. “Decía que había recibido más golpes ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.
El día de la masacre, que primero se difundió como “un motín”, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apodaca, brindando con los soldados en el campo militar. “Lo vi en las noticias levantándose el cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.

“Los narcos mandan”

Sofía y Arturo son nombres falsos. Sus identidades han sido alteradas por seguridad. Ella es empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que les entregaron el miércoles 22 por la mañana.
“Mario me decía que cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que me dieran las cenizas. Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando saliéramos nadie nos iba a separar. Ahora siempre va a estar conmigo”, dice Sofía con la mirada fija en la urna.
Toda la información de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pronto ingresó al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.
Los padres declinan precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel del Golfo. Sin embargo, fue el gobernador Medina quien precisó que Los Zetas controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y a los celadores con dinero.
Para Sofía, Mario Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre, el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi esposo escribió esa hoja. Fuimos con el director y nos dijo que si no tenían problemas con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos problemáticos”.
Cuando llegó al reclusorio, el muchacho fue asignado al ambulatorio Delta. Preguntó por qué, y las autoridades penitenciarias respondieron que se debía a que él era de La Estanzuela y que esa era una zona dominada por el Cártel del Golfo, así que él pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.
“Teníamos ocho meses de estar peleando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tardaba un año, lo que él tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, dice ella entre suspiros.
Ni siquiera pudieron trasladarlo y sólo les quedó un recurso para aliviar la situación de su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos. Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni conocíamos. Luego 500 por semana. Se los dábamos a él. Los otros, lógico, no iban a dar la cara”, expone Sofía.
“Lo amarraban para golpearlo. Lo sacaban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es cierto que los custodios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”
Secunda Arturo: “Si mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante, pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y hablaba por teléfono”.
El 20 de diciembre del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. Llevaba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue asesinado con una puntilla por otro interno.
Los papás dicen que, inexplicablemente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su celda, bajo llave, y lo dejaban salir nada más cuando ellos lo visitaban. El resto del tiempo lo pasaba encerrado y no veía el sol durante días.
En las visitas siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en cada acceso había una persona sentada con una libreta y una pluma, anotando los movimientos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores, sino internos”.
Y cuestiona lo que todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando penas? Los pandilleros pueden inconformarse cuando quieren, queman colchones, se amotinan y asesinan.
En su afán de salvar a su hijo de la violencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado Gonzalo Reséndiz, que les pidió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa de que conseguiría la preliberación del Gavilán.
Ansiosos de ver a su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo y Sofía estaban dispuestos a mudarse a cualquier estado para seguir demostrando su inocencia. Pero después de la última entrega de dinero el abogado ya no les contestó el teléfono.

“Querían destazarlos”

En el ambulatorio Delta, los internos hacían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían las ventanas de sus dormitorios con cartones para prevenir ataques con bombas molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta durante la noche, por eso sus padres suponen que estaba despierto cuando ocurrió la masacre.
Ellos acostumbraban visitarlo los lunes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el encuentro para el domingo 19.
Precisamente esa mañana los noticiarios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Arturo ya estaban afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exigencias de información.
Un empleado del gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio Delta, y que no había otros lesionados.
Entraban y salían elementos de la Fuerza Civil y federales.
A las 14:00 horas la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. Sofía, igual que los demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante lentitud.
Mientras esperaban, una persona que dijo trabajar en derechos humanos la cuestionó: ¿por qué no había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le dije que, cuando detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su mano para que checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie escuchó”.
Los familiares de los internos, desesperados, apedreaban los coches que entraban o salían de la prisión. A Sofía le tocó una pedrada en la pierna.
A las 16:30 horas tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se trasladaron al Hospital Universitario, en Monterrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal instaló una mesa de orientación.
A las 19:00 horas tuvieron que ver fotografías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La cabeza y el rostro eran irreconocibles.
“Nos mostraron las fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos mostraron no se podía reconocer. Lo quería abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo sellado y no se pudo abrir. Sus amigos querían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me decían, pero yo no quería que lo vieran. No lo iban a conocer. ‘Quédense con el recuerdo de la foto, porque lo que hay adentro no es su cara’, les dije.”
Arturo exigió ver el cadáver completo. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me hace que es él… Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabeza estaba unida por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al principio yo les decía (a los empleados del Semefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo y lo conozco”.
Se lo habían advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contestó que “quería saber qué me estaban entregando. Lo descobijaron y sí estaba unida la cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y cuatro después me lo dejaron muy diferente. Y así estaban los cuerpos de todos los que nos enseñaron”.
Sofía se hace una idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les avientas un trozo de carne. Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te cansaste? Ahora golpéalo tú’”.
Arturo piensa lo mismo: “No era cuestión de matarlos, sino de destazarlos. Tuvieron tiempo para soltárselo a 15, pienso. Y háganle lo que quieran, y otros 15 agárrense a otro. Porque tuvieron el tiempo”.
Unos trabajadores del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Semefo aun se atrevieron a decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le dije que al gobernador le entregué una carta en su mano y no me escuchó –recuerda ella–; por eso no me digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me digas que está de mi lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.
Les entregaron el cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía. Recibieron el ataúd sellado a las 7:00 horas y la funeraria quería llevárselo esa tarde, pero los padres pidieron más tiempo. Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas después. Ese martes lo cremaron.
Ahora piden que el nombre de su hijo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las autoridades penitenciarias estatales y federales, y que el gobierno de Nuevo León contribuya a la manutención de la hija de Mario Humberto.
Arturo y Sofía deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ramón Martín, desapareció el 13 de agosto de 2010. Salió a comprar unas salchichas a la tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”.

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, febrero 26, 2012

Toda la estructura de seguridad, infiltrada*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Arturo Rodríguez García

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta sicarios.

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, febrero 25, 2012

Desfiladero*



Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.


∙ ¿Qué vamos a hacer con el PRD en el DF?
∙ Sola “enfermó” a AMLO
Jaime Avilés
El método de las encuestas para definir los candidatos a delegados del Distrito Federal impedirá, tal vez, que las tribus del PRD cometan un atropello como el que pretenden los miembros de la corriente de René Bejarano en Tlalpan.

Guillermo Sánchez Torres, ex titular de esa demarcación, quiere postularse por segunda vez a ese cargo para conservar la inmunidad que lo mantiene a salvo de un sinnúmero de personas y organizaciones que desean fincarle acusaciones penales apenas deje de contar con la protección del fuero.

Lo mismo ocurre con su sucesor, Higinio Chávez, quien tratará de saltar al Poder Legislativo para escabullirse de quienes han sido víctimas de sus oscuras pero visibles alianzas con empresarios de la localidad, a quienes refrendó permisos de construcción otorgados ilegalmente por Sánchez Torres.

Sánchez y Chávez han acumulado méritos suficientes para ser sometidos a procesos penales por enriquecimiento inexplicable. ¿Cómo, con su sueldo de delegado político, Guillermo Sánchez Torres pudo comprarse diversos inmuebles de lujo? Aquí va una sólida hipótesis.

El 29 de noviembre pasado, la Contraloría del Distrito Federal ordenó a la delegación Tlalpan (oficio CIDT/ODYR/2778/ 2011) recuperar la parte de la calle Fuente de la Alegría, colonia Fuentes del Pedregal, donde se construye, gracias a permisos otorgados por Sánchez, el complejo habitacional Miravento Luxury Towers.

Hoy, casi tres meses después, Higinio se niega a cumplir la orden, so pretexto de que “está analizando si de verdad hay una invasión de la citada vía pública” (nota de Alejandro Cruz Flores, La Jornada, 24/02/12). Sánchez Torres desea relegirse para garantizar la terminación de la obra y la inversión de quienes de alguna manera le llegaron al precio a cambio de las licencias.

Ese del complejo Miravento Luxury Torres (¿por qué no le pusieron Look the wind?) es sólo uno más de los múltiples casos de corrupción en que el dúo cleptócrata abusó de su cargo para incurrir en aparente tráfico de influencias en perjuicio del pueblo que los eligió como “representantes” del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Porque gracias a los votos de los más pobres de Tlalpan, Sánchez Torres (2006-2009) y Chávez (2009-2012) se coludieron con magnates como Jorge Talavera, dueño del restaurante Don Enrique, quien reconvirtió parte de ese enorme predio en una estación de gasolina a menos de un metro de un conjunto habitacional y muy cerca de escuelas guarderías, lo cual está expresamente prohibido por la ley.

Cuando los vecinos lo demandaron por violar diversas disposiciones legales y le ganaron el pleito, Higinio Chávez, o la delegación Tlalpan, presentó una apelación en favor del empresario y contra los ciudadanos. ¿Con qué cara puede el PRD volver a pedir el voto de la gente en esa región de la ciudad?

Los pobres, las clases medias arruinadas y los empresarios en bancarrota, que si algo tienen en común es el hecho de ser víctimas de la gran catástrofe llamada “gobierno del presidente de la República” –un título tan espurio como quien lo ostenta– se alistan para llegar a las urnas el primero de julio con un candidato de lujo, un eficaz proyecto para rescatar al país del horror que lo ha destruido y un movimiento social que organizó y articuló a varios millones de personas.

Sin embargo, no tienen un partido a la altura de las circunstancias. El PRD ha logrado gobernar la capital del país durante 15 años, por dos razones fundamentales: aquí dejó de existir el PRI y la cultura progresista de la inmensa mayoría de los chilangos ha impedido el ascenso del PAN, excepto en los dos grandes enclaves del conservadurismo: las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez.


Desdichadamente para la causa de López Obrador, que es la de al menos 20 millones de mexicanos, ese predominio natural fue transformado en control corporativo de los sectores más débiles de la ciudad, y de tal suerte, el PRD reprodujo los usos y costumbres que el PRI mantiene en los estados que gobierna. En los años 70 del siglo pasado, al cabo de décadas de lucha, primero contra el fascismo y después contra el estalinismo, el Partido Comunista Italiano (PCI) se convirtió en faro de las izquierdas del mundo que no se identificaban con Moscú, pero tampoco con Mao.

Gracias a su arraigo en los combativos sindicatos de industria y a la identificación que estableció con la pequeña burguesía progresista, comenzó a crecer electoralmente y a ganar los gobiernos de las ciudades más importantes del norte de Italia. Pero cuando esos gobernantes utilizaron el poder para enriquecerse, el desplome del PCI fue inevitable y después irreversible. Hoy, ¿dónde está la izquierda italiana?

La ultraderecha racista, fascista y mil veces más corrupta, encabezada por Berlusconi, se apoderó de casi todos los espacios políticos, y la hermosa, alegre y solidaria Italia se volvió la versión europea de un país tan antipático como el Chile posterior a Pinochet, pese a la infinita bondad del pueblo chileno, tan noble como el nuestro.

Después de 50 días de autoexilio en una comunidad del sur del país, donde escribí un libro acerca de AMLO para mostrar aspectos desconocidos de la vida privada de ese político excepcional, regreso a la ciudad de México y encuentro un profundo desencanto en las delegaciones, donde quienes votaron siempre por el PRD ahora no piensan hacerlo. Pues dicen y dicen bien: ¿qué diferencia hay entre delegados de “izquierda”, como Guillermo Sánchez o Higinio Chávez, y de derecha, como Gabriela Cuevas o Demetrio Sodi?

¿Qué vamos a hacer con el PRD en la ciudad de México, podrido como en el resto del país? ¿Qué vamos a hacer con los perredistas de buena fe, decentes y desvinculados de chuchos, bejaranos y demás? Responder estas preguntas es una tarea a corto plazo que debe encarar la dirigencia del movimiento obradorista.

Por lo demás, luego de pasar tantas semanas rodeado de aves, mariscos y peces, lejos del neurótico y entrañable bullicio capitalino, percibo que el virus del odio, inoculado en 2006 a millones de hombres y mujeres por el PAN, la olinarquía foxista y Televisa, está rebrotando lenta pero inexorablemente. Un científico me aseguró que ese virus se llama A-Ene-T-O-Ene-I-O-Ese-O-Ele-A: Antonio Sola. Todo sugiere que su primera ofensiva consiste en esparcir el rumor de que AMLO está muy enfermo. ¿Qué significa esa vulgar calumnia? Que ya empezó la guerra sucia y debemos prevenirnos para que no vuelva a dañarnos el cuerpo, la mente y los sueños.

El próximo jueves, desde las cuentas de Twitter de @nanzumu, @La_War y @emiajseliva se dará a conocer la ubicación en Internet de El Canario Temerario (@elcante), primer periódico de twitteros para twitteros, que en su número uno ofrecerá una entrevista de su directora general, Nancy Zúñiga-Murrieta, a la directora general de Covarrubias y Asociados, doña Ana Cristina Covarrubias. (Un abrazo tardío pero muy afectuoso a Julio Hernández.)

jamastu@gmail.com • http://twitter.com/@emiajseliva

*Tomado de La Jornada

viernes, febrero 24, 2012

Educación: demagogia electoral*






Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universakl, Helioflores y Naranjo.


Axel Didriksson

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con las elecciones en puerta, el tema educativo vuelve a cobrar notoriedad en los discursos gubernamentales y de los candidatos, que suman iniciativas e intenciones en cascada para mostrar que, con todo, hay algún interés en los jóvenes, en la reforma de los contenidos educativos y en los docentes.

Pero lo que menos pueden presumir el gobierno actual o los candidatos que han sido cómplices de la barbarie que se ha dado en el país se encuentra en este sector, el cual ha sufrido más la falta de proyectos, de avances y reformas sustanciales, así como de mayores sangrías presupuestales, que han ido a parar a los bolsillos de quienes se han beneficiado de la simbiótica y perversa relación entre el PAN y el SNTE (10 mil 676 millones de pesos en pagos irregulares para agentes del SNTE, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010).

El hecho es que se han soltado varias propuestas e iniciativas que vuelven a convertir a la educación en materia de demagogia electoral, en programas para captar votos por la vía del más pernicioso asistencialismo y en planes que, por los tiempos, ya no tienen otra razón que ser parte de la retórica partidaria y gubernamental a favor de algún candidato o candidata.

Véase si no el caudal de ofertas educativas que han salido en el lapso de algunos meses, los más aciagos de este gobierno: comenzó con el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se prometen créditos bancarios para un grupo selecto de instituciones de educación superior, creyendo que así comprarán intereses de algunos sectores de la clase media.

Siguió el anuncio de 600 mil becas para estudiantes pobres en bachillerato y de 400 mil para universitarios. También pura demagogia porque las becas apenas alcanzarán para pagar el transporte o una precaria comida de quienes las obtengan, y porque el país, como nunca antes, se ha inundado de becas que si bien son propicias para mantener a los alumnos en la escuela, no han logrado elevar los niveles de aprendizaje ni la calidad de la escolaridad.

En algún momento habrá que preguntarse por qué siendo este sexenio el de las becas sin ton ni son, se siguen ocupando los peores lugares en rendimiento escolar y en las pruebas internacionales, además de alcanzar el mayor nivel de deserción precisamente en los niveles educativos en donde se otorgan más becas: medio superior y superior.

Y también se ha lanzado el sistema de una preparatoria a distancia, para captar, dicen, a un millón 800 mil estudiantes. Se orienta a los desertores del nivel, cuando se sabe que no se han adquirido los aprendizajes significativos para organizar de manera individual procesos cognitivos desde ambientes a distancia o en línea. De nuevo pura retórica.

Y luego la obligatoriedad del bachillerato, que alcanzará a ser universal … en 2022. Puro rollo, porque debiera haberse implantado desde el inicio del sexenio, y no ahora, cuando éste se halla en los límites de su penosa existencia. Además, habrá que ver en los hechos cuántos recursos se le otorgan para hacerlo viable y si se articula de manera exitosa durante el actual periodo escolar.

Para que no quede duda de las intenciones electoreras con el sector educativo, se ha anunciado la revitalización del programa Enciclomedia –todo un fracaso y una tremenda transa aún no ventilada públicamente– y de un proyecto pomposamente denominado “Aula Base Telemática”, que es como el remedo del anterior sin que se haya transparentado la licitación correspondiente.

Y para los profesores, se ha decretado la Evaluación Universal para el Desempeño Docente desde finales del año anterior, la cual ha provocado más controversia y rechazo (ya se ha suspendido por completo en Quintana Roo) que la misma Alianza para la Calidad de la Educación, porque ambas se manejan bajo los intereses que benefician enteramente al SNTE y no a los docentes de la educación básica.

Del mismo modo, ya se anunció, sin pena ni gloria, el Acuerdo 592 para avanzar en la articulación de 12 años de educación básica (Diario Oficial del 19 de agosto de 2011), asegurando que esto se logrará con un currículum por competencias y estándares de logros, con el aprendizaje del inglés desde preescolar, con una educación en la lengua materna y con el manejo de las tecnologías de la información, para llegar a ser una sociedad del conocimiento. Pura abstracción.

Ya veremos en los meses por venir cómo la educación será motivo de un más alto nivel de alarde de propuestas y de engaños. Todos los candidatos prometerán ser los “benefactores” de la educación nacional para hacer realidad lo que nunca se ha alcanzado. Habrá materia para la retórica y los grandes planes inalcanzables, mientras que millones de niños y jóvenes padecen del abandono y de la ignorancia, precisamente faltos de las alternativas que les ofrecerán por montones.

*Tomado de la revista Proceso.

jueves, febrero 23, 2012

¿Conjeturas paranoicas?*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo
Desde principios de diciembre del año pasado se ha especulado que tal vez Calderón podría pensar que el país no está en condiciones para llevar a cabo elecciones para el cambio de poderes federales y que, así las cosas, mejor sería posponerlas hasta que se logre, si acaso, terminar con el crimen organizado que se ha apropiado de las instituciones del Estado y es una amenaza a la democracia. Para mí, son conjeturas con una cierta dosis de paranoia, pero… Veamos algunas declaraciones quizá emblemáticas.

En el debate televisivo de los candidatos presidenciales del 6 de junio de 2006, Felipe Calderón dijo que en las elecciones del 2 de julio “vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años”. Como se corría el riesgo de que no ganara él sino López Obrador, a pesar de todo lo que Fox había hecho por marginarlo, entonces acomodaron las cifras de tal modo que, en efecto, Calderón y sus paniaguados pudieran decidir el futuro del país, por lo pronto por seis años. Todo el aparato del Estado se coludió para que no se recontaran los votos ni se pusieran en riesgo los resultados oficiales de esos comicios. El desenlace ya lo conocemos.

Lo que no sabíamos entonces, pero ahora sí, es que Calderón se apoyaría en las fuerzas armadas para gobernar e incluso para mostrar la nariz en lugares públicos fuera de su fortaleza denominada Los Pinos. Inventó una guerra, después “lucha”, contra el crimen organizado como fórmula para “legitimar” su gobierno, paradójicamente violando las leyes (todavía no se aprueba su propuesta de ley de seguridad nacional que le daría legalidad a algunas de las acciones hasta ahora ilegales tanto del Ejército como de la Marina en dicha guerra: por ejemplo el ingreso a casas habitación sin orden judicial o retenes en calles y carreteras también sin la respectiva orden judicial: artículo 16 constitucional).

Tal vez por esto es que el secretario de la Defensa hizo un llamado al Congreso, el 9 de febrero, a reformar las leyes en materia de seguridad nacional, con el fin de “custodiar mejor a la comunidad y preservar la integridad y prestigio” del Ejército Mexicano (La Jornada, 10/2/12), pues bien se sabe que sin esas reformas el prestigio de los militares está en cuestión, por no tener fundamento legal muchas de sus acciones contra el crimen organizado o contra quienes presuntamente pertenecen a éste.

Diez días después, en el aniversario del Día del Ejército y las Fuerzas Armadas, el general Galván dijo: “Somos una institución emanada de la ley, y que actúa con apego a la ley” (las cursivas son mías), a pesar de que la ley que haría legales las acciones militares todavía no existe y de que, en caso de que se dicte antes de que termine el periodo de Calderón, no será ni podrá ser retroactiva.

La otra parte interesante del discurso del secretario de Defensa del 9 de febrero es cuando dijo que es evidente que existen partes del territorio nacional donde “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” porque la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado (La Jornada, ídem). Esto no debió haber ocurrido y demuestra que lejos de haber sido efectiva la “lucha” de Calderón contra el crimen organizado, éste ha ganado terreno que antes no tenía o que el gobierno no reconocía como espacios en control de aquél. Preocupa que para recuperar esas regiones del territorio nacional se vaya a hacer mediante las fuerzas castrenses y que éstas controlen, en nombre de las instituciones del Estado, esas regiones, y no el poder civil constitucional.


No sería un buen precedente que el gobierno civil y constitucional le ceda el poder a los militares, ni siquiera para “rescatar” regiones del país donde el crimen organizado se apropió de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado, dicho sea de paso, no son abstracciones: tienen titulares y trabajadores de diversos niveles, que son los responsables de lo que se haga con ellas y de que trabajen al servicio de la población común y no de delincuentes. El caso de la penitenciaría de Apodaca, Nuevo León, es ilustrativo: nueve custodios y varias autoridades (incluido el director del penal), según la información oficial, participaron en la fuga de 30 presos, presumiblemente zetas. Los zetas, por si no se recuerda, tienen su origen en las filas de militares de elite, desertores del Ejército Mexicano (véase “Los zetas” en Wikipedia).

Se ha generalizado la idea de que el narco tiene grandes poderes. Sin juzgar si esto es cierto o una exageración, en cuanto se supo que no ganó el PAN en las elecciones pasadas en Michoacán (13/11/11), este partido sugirió que el crimen organizado había influido en la contienda, a favor del PRI, por supuesto. Una afrenta para Calderón, no sólo porque es su patria chica sino porque la ex candidata de su partido es su hermana.

Lo preocupante del affaire Michoacán es que ante la posibilidad de que perdieran los panistas saltó de inmediato la conjetura de que atrás de los candidatos opositores podía estar presente la delincuencia organizada. Días después de las elecciones michoacanas (30/11/11), el senador panista González Alcocer trató de meter a hurtadillas una modificación en la miscelánea penal con la que se pretendía equiparar la protesta social con el terrorismo. Al ser cuestionado, el senador reconoció que dicha iniciativa provenía de la Presidencia de la República. No pasó.

Cinco días más adelante del fracaso de penalizar la protesta social, Calderón declaró que era innegable la presencia del crimen organizado en las elecciones: “La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales –dijo– es un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso; es una amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso.” Y luego señaló: “Hablamos de un mal que representa una amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia nacional” (La Jornada, 5/12/11).

¿Conjeturas paranoicas?

http://www.rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

miércoles, febrero 22, 2012

AMLO y el sistema de movimientos sociales*







Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Enrique Semo

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un sector significativo de los mexicanos, y eso cruza verticalmente todas las clases sociales, está descontento con la situación general del país. Puede decirse que hay una conciencia colectiva de decadencia que no es general pero sí muy extendida. La ética social, las obligaciones morales están cada vez menos presentes; las acciones individuales amorales, injustas, ilegales, parecen imponerse a toda conciencia colectiva que constituye la argamasa de la sociedad por encima de sus conflictos sectoriales.

La percepción del desempeño de la economía nacional y privada es que está estancada, que no hay mejoría ya desde hace una generación o más. El estatus relativo de México en el conjunto de las naciones se deteriora, y la criminalidad está rompiendo las barreras y logrando introducirse en todos los círculos sociales, incluyendo las altas esferas de la política y la empresa pública. Pocos son los que creen en el progreso en un futuro inmediato. Eso coincide con lo que Émile Durkheim ha llamado un estado de anomia. Parte de la nación mexicana se siente impotente ante la necesidad urgente de cambiar el rumbo, que evidentemente tiene que ver con la acción colectiva, y guarda reservas hacia las próximas elecciones.

Racionalmente hablando, la pregunta es: ¿Por dónde comenzar? Y la respuesta no es simple ni mucho menos evidente. Yo citaría aquí a Esthela Gutiérrez Garza, quien después de hacer un diagnóstico certero del estado económico de la nación sostiene: “Es fundamental tener claro que el principal problema de México no es económico, sino político… Los proyectos de la supuesta modernización que se instrumentan desde las cúpulas del poder terminan por beneficiar sólo a quienes las proponen (…) solamente con participación ciudadana se puede concebir, instrumentar y realizar un proceso de nación que a todos incluya en su ejecución y en el beneficio de sus resultados”1.

Pero la “participación social” no se produce sólo en el sistema político; se produce también, como sugiere Niklas Luhmann, en el sistema de los movimientos sociales. El sistema de movimientos sociales es en sí mismo completamente diferente al sistema político y vive con intensidad su propia dinámica, ajeno a elecciones, presidentes, gobernadores y toda la parafernalia que los acompaña; con otros calendarios, problemas diferentes, victorias y derrotas a las cuales los medios (con notables excepciones) no prestan atención ninguna. Ahí no reina la publicidad, sino las redes sociales; tampoco la ambigüedad o la trácala, sino el compromiso digno con ideas y valores; los medios escasean y la solidaridad humana es fuerte. Sin embargo, el sistema de movimientos sociales es fuente bien establecida de participación popular y poder. Es tan viejo como el México colonial, en el cual el sistema político tenía poco o nada de participación social y en donde reinaba el principio de que los súbditos deben “aprender a callar y obedecer”, mientras que los movimientos de resistencia de los indígenas eran permanentes.

En una cosa los dos mundos se parecen: en ninguno de los dos el músculo y la mente duermen, hay una actividad febril y constante, un trajín incesante. Estoy convencido de que el salto de la decadencia o anomia a la regeneración y el restablecimiento del vigor nacional depende de la acción en ambos sistemas. Entre los dos se establecen relaciones de negociación, represión y autodefensa. El gobierno coopta dirigentes, satisface parcialmente demandas, mata. El movimiento se dispersa, queda reducido a su mínima expresión. Pero el sistema de movimientos sociales persiste y nunca sabe uno cuándo se puede transformar en poder alternativo.

AMLO es un hombre que, como otros líderes de América Latina, se ha movido y se sigue moviendo con gran naturalidad en los dos sistemas: el político y el de los movimientos sociales. Su compañía en ese sentido no es mala, ni mediocre: Lula, el dirigente sindical y presidente popular; Evo Morales, dirigente de los cocaleros y presidente popular; Dilma Rousseff, luchadora radical contra la dictadura y presidenta popular; José Mujica, tupamaro y presidente popular.

AMLO es similar a ellos y a la vez distinto, porque pertenece al escenario mexicano en el cual no hubo dictadura militar. Ha pasado frecuentemente de la acción política a la lucha social, siempre por defender valores esenciales para ambas esferas. Primero fue dirigente estudiantil en su nativo estado en 1968. Después participó en el equipo electoral de Carlos Pellicer. Durante los años 1977-1982 estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca, en donde contribuyó a mejorar las tecnologías agrícolas de los indígenas, y fueron ellos quienes lo apoyaron para que iniciara su carrera política.

En 1988 lo postularon como candidato a la gubernatura de su estado natal, Tabasco, contra Roberto Madrazo. Después de que éste asumió la gubernatura, AMLO exhibió 45 cajas con miles de documentos que probaban el costo ilegal de la campaña de Madrazo, y por tercera vez en su vida recurrió al movimiento social llamando a la resistencia contra el fraude y la imposición de Pemex en la región. Eso desembocó en la Caravana por la Democracia.

Dos años más tarde bloqueaba instalaciones petroleras para exigir indemnizaciones para los campesinos y pescadores afectados por la actividad de Pemex. Luego fue presidente del PRD y transformó su campaña por el Distrito Federal en un verdadero movimiento social. El intento de Vicente Fox de desaforarlo fue derrotado por un movimiento social multitudinario. Todos conocemos la historia de lo que siguió al fraude de 2006. Expulsado de la política, Andrés Manuel volvió a refugiarse en el movimiento social, sin abandonar completamente la primera. ¿Quién, entre los otros candidatos a la Presidencia, tiene un historial semejante?

*Tomado de la revista Proceso.

martes, febrero 21, 2012

Otra “marranada” en el PAN*






Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Heliofliores y Naranjo.


Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F. (apro).- Chihuahua fue hace un cuarto de siglo, en 1986, arquetipo del fraude electoral priista y, también, baluarte de la defensa del voto del panismo, que este domingo 19 lo reeditó en sus filas, como afirma Javier Corral: “El caso de Ciudad Juárez es un verdadero escándalo, por momentos he recordado el fraude electoral del 86, pero ahora lo siento en casa”.

Corral, quien contendió para ser candidato a senador del Partido Acción Nacional (PAN), describe una de las más detestables prácticas de adulteración de la voluntad popular y del lucro de la pobreza:

“La jornada de este día ha estado caracterizada por uno de los más insultantes acarreos de votantes que haya visto. Sin rubor alguno, en decenas de camiones urbanos en varios municipios del estado acarrearon a miles de personas aprovechando su necesidad e indigencia con el ofrecimiento de despensas y dinero.”

Y enseguida apunta: “Tenemos un arsenal de fotografías, videos y testimonios escritos que documentan imágenes verdaderamente indignas de nuestro partido. Presentaremos todas las pruebas a la opinión pública, a las instancias del partido, y de ser necesario a las autoridades electorales.”

Según Corral, Cruz Pérez Cuéllar, expresidente del PAN estatal y ganador de la elección de ayer, “basó su acarreo con seccionales del PRI”, mientras que el panista que quedó en segundo lugar y que será también candidato a senador, Carlos Borruel, contó “con el padrón de Oportunidades”, el programa de combate a la pobreza del gobierno de Felipe Calderón.

Desde el mediodía de este domingo 19, ante la evidencia de que eran priistas de las zonas marginales los que votaban por Pérez Cuéllar, Corral hizo un pronunciamiento conjunto con Borruel contra el fraudulento acarreo de votantes, pero luego éste se deslindó:

“Pérez Cuéllar se alió con uno de los personajes más desprestigiados del peor priismo, el alcalde Héctor Murguía Lardizábal. Y Borruel fingió durante la mañana no estar enterado de lo que pasaba, pero en cuanto sintió que le tomaba delantera el acarreo de Pérez Cuéllar se hizo eco de mi denuncia, al mismo tiempo que continuaba con su acarreo. Tenemos un testimonio muy valioso de uno de sus representantes sobre esta estrategia, nos lo ha entregado por escrito con su firma.”

Expone Corral en un pronunciamiento que es preciso que se conozca a fondo: “Más allá de si soy o no candidato de Acción Nacional al Senado de la República, daré la batalla en defensa de la dignidad panista, de su historia, de su tradición democrática. Y anuncio que la batalla apenas empieza.”

No extrañan las prácticas de adulteración de la voluntad popular panista como las descritas por Corral, porque no son nuevas. Las más recientes, que fueron también escandalosas, ocurrieron hace tres años, en marzo de 2009, en la elección interna para candidatos a diputados plurinominales, en las que contendió el propio Corral.

Entre el arsenal de mecanismos de defraudación despuntó uno, que solía ser también patrimonio del priismo: El voto de personas muertas. En varios municipios, entre ellos Batopilas, donde nació Manuel Gómez Morín, votaron varios difuntos.

“Lo que pasó en Batopilas es un escupitajo en la cara de Gómez Morín”, me dijo Corral en aquellos días, cuando aseguró que por órdenes de Calderón se le trataba de cerrar el paso a la diputación, sin límite en los mecanismos para cumplir ese objetivo.

En ese entonces, Corral presentó ante el CEN del PAN y la Comisión de Elecciones quejas para sancionar a quienes cometieron fraude electoral en 2009, pero nada pasó y autores de esas prácticas, que quedaron impunes, son los mismos que las volvieron a cometer este domingo 19.

Pero las prácticas fraudulentas no ocurrieron sólo en Chihuahua. Son secuencia de las cometidas en la disputa por la candidatura presidencial, hace dos semanas, que ganó Josefina Vázquez Mota, y esta vez se sucedieron en la contienda por senadurías y diputaciones en 28 estados del país.

La compra y coacción de votos, robo de urnas, “embarazo” de ánforas, acarreos, uso de recursos públicos, condicionamiento de programas, amenazas a servidores públicos, entre otros, ocurrieron otra vez en varios estados del país. El descaro ocurrió en Chihuahua, pero también en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, donde los autobuses transportaron a campesinos para votar por quienes se les indicaba a cambo de una torta.

En Guanajuato, igual que hace 15 días, las estructuras del gobierno estatal y las del PAN local actuaron para imponer a quienes se les dio la gana. “Hemos convertido el voto en una mercancía”, dijo Javier Usabiaga, el derrotado candidato a senador, mientras que José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud federal y candidato perdedor en la elección del 5 de febrero, reiteró que en Guanajuato se realizan elecciones de Estado.

“Lo he manifestado desde la elección anterior, ahora se corrobora, la elección de Estado, donde hay participación de todas las autoridades”.

Prácticas de defraudación electoral ocurrieron, también, en Veracruz, donde los tres aspirantes al Senado cruzaron acusaciones de fraude: Fernando Yunes, hijo de Miguel Angel Yunes, Julen Rementería y Alejandro Vázquez Cuevas.

El exalcalde de Boca del Río y aspirante a diputado, Francisco Gutiérrez de Velasco, lo puso claro: “La elección es una marranada”.

La lista de “marranadas” panistas es larga, semejante a la del domingo 5 de febrero en Jalisco, Yucatán, México, y su desenlace se prevé sea el mismo: La impunidad.

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, febrero 20, 2012

Procuración politizada*






Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


John M. Ackerman

Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.

¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que “se archivara” algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.

Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.

México necesita más, no menos, investigaciones serias de la probable complicidad de altos funcionarios e importantes empresarios con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Los niveles de impunidad e infiltración que hoy permanecen en el país no pueden ser resultado únicamente de la acción de policías, ministerios públicos y jueces corruptos en lo individual. Al contrario, responden a políticas de Estado y sistemas de complicidad que son fomentados y tolerados desde los más altos niveles.

La semana pasada el general Guillermo Galván confesó, en el marco del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en muchas partes del territorio nacional “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” y que “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”. Pero esta situación no es solamente responsabilidad del PRI, sino también del partido que hoy gobierna a escala federal.

Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la PGR para el ejercicio fiscal de 2010 nos ayudan a entender las razones del fracaso tan monumental en materia de seguridad pública. Durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 por ciento de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien por la total ineptitud de los agentes de la MPF en acreditar los delitos y los responsables. Así mismo, durante el mismo año, casi 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados porque el delito correspondiente había prescrito y la autoridad no había actuado a tiempo.


La ASF también descubrió que la PGR simplemente no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010. Resulta que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de esta información los datos se perdieron o nunca se registraron.

El auditor Juan Manuel Portal también acreditó algo que muchos ya sospechábamos: la PGR simplemente no cuenta con una “estrategia” antidrogas. El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 que se redactó a principios del sexenio nunca fue debidamente aprobado ni se le ha dado seguimiento institucional. La PGR también hoy opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.

Los recientes despidos del fiscal especial para la atención a delitos electorales, José Luis Vargas, y del visitador general de la PGR, César Chávez, no constituyen entonces un giro hacia una mayor politización en la institución, sino son apenas los ejemplos más recientes de la gran debilidad institucional que ha carcomido este órgano estatal desde el principio del actual sexenio. Si bien el caso de Vargas ha recibido más atención mediática, el de Chávez es también grave, ya que durante 2011 había logrado aumentar en 300 por ciento la cantidad de observaciones emitidas a funcionarios de la PGR por irregularidades administrativas y penales. Al parecer, a la procuradora Marisela Morales le incomodó ese esfuerzo por intentar una depuración interna más enérgica.

La buena noticia, sin embargo, es que el rompimiento temporal del pacto de complicidad e impunidad entre PRI y PAN ha permitido que salga a la luz pública información muy importante sobre la corrupción política en el país. El resultado podría ser positivo si la sociedad logra transformar su nuevo conocimiento en exigencias específicas a favor de mayor rendición de cuentas de la clase política entera.

Twitter: @JohnMAckerman

www.johnackerman.blogspot.com

*Tomado de La Jornada.