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lunes, abril 30, 2012

La “Ley Televisa II” sigue viva*


Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesusa Cervantes

El “regalo” que los partidos políticos en la Cámara de Diputados dieron a las televisoras el jueves 12 de abril con la propuesta de reforma que los liberaría de la obligación de transmitir en todas sus repetidoras los spots contratados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y les abría la posibilidad de comercializarlos, no está desechado. La minuta del proyecto de decreto de esa reforma sigue viva y a discusión.

Además, la versión de que una vez votada la reforma en San Lázaro fue detenida por el presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, y no fue enviada al Senado, es falsa. La minuta sí fue remitida e incluso tiene la firma, en una de las hojas del expediente, del perredista.
Documentos de los que dispone Proceso así lo prueban.

El jueves 12 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó “al vapor” con 244 votos a favor y el respaldo de PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y dos diputados del PT, cambios a los artículos 49 bis y 79 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En el primero de esos artículos se modifica el término de lo que es una cadena nacional: se considera a “dos o más estaciones como cadena nacional”. En el segundo se considera “cumplida” la obligación del concesionario de dar gratuitamente al gobierno los 48 minutos diarios con sólo transmitir su spot en esta nueva modalidad de “cadena nacional”.

Es decir que con transmitir los mensajes en uno o dos canales de una de las dos principales televisoras (Televisa o TV Azteca) se considerará cumplida esa obligación. Según el artículo 41 de la Constitución, esos 48 minutos corresponden al IFE en tiempo electoral.

 Cambio de rumbo

 Ante los señalamientos de que los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión fueron promovidos por la “telebancada” con una redacción tramposa para darle la vuelta a la reforma electoral de 2007 –la que prohíbe, entre otras cosas, la compra de tiempo aire por parte de los partidos políticos–, una semana después la Cámara de Diputados dio marcha atrás.

El diputado petista y exconsejero del IFE Jaime Cárdenas (quien votó contra la modificación desde el principio) señala que la reforma de 2007 convirtió al IFE en el órgano regulador para la transmisión de los spots de los tiempos del Estado en los medios electrónicos.

El viernes 13, un día después de la aprobación en San Lázaro, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información emitió un comunicado donde calificó el cambio como “un retroceso en la reforma electoral… y manifiesta una inquietante subordinación de los partidos al interés de las televisoras”.

El jueves 19 el pleno de la Cámara de Diputados votó para que el dictamen, aprobado por la asamblea el día 12, no se enviara al Senado, regresara a la Comisión de Radio y Televisión, se eliminaran los cambios y fuera votado nuevamente, sostuvo Acosta Naranjo en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui el viernes 20.

Acosta Naranjo se ufanó en la entrevista de que él mismo detectó que había violaciones a la Constitución en la citada aprobación. Aclaró que el día de la votación no estaba en el país, pero que al llegar y saber de los cuestionamientos generados entre la sociedad, hizo revisiones junto con su equipo técnico y se decidió parar el proceso legislativo no enviando el documento al Senado.

“Sucedió algo que permitió que se pudiera dar una revisión de la minuta aprobada, que es que yo, que soy el presidente de la Mesa, tengo que firmar los dictámenes para mandarla al Senado. Precisamente en esas fechas yo había salido a Cuba y Haití en un viaje oficial y no estuve presente ni el miércoles ni el jueves (día que se votó) y por lo tanto no tenían mi firma para remitirla a la Cámara de Senadores”, dijo.


Agregó que, primero “no tenía la versión estenográfica (de la discusión en comisiones)” y que en el derecho que le da el reglamento parlamentario de revisar “la exacta redacción de lo que se va a trasladar a la colegisladora, estaba otro artículo, el 105 constitucional, que yo observé de inmediato”.

El 105 establece que no puede promulgarse ninguna ley de carácter electoral federal o local sino tres meses antes de iniciado el proceso electoral. Acosta Naranjo añadió: “Mucho menos aprobar una reforma trascendente en material electoral durante el proceso. Innegablemente ésta es una reforma que tiene un enorme impacto electoral”.

Sin embargo Acosta Naranjo, de la corriente Nueva Izquierda del PRD –igual que el diputado promotor oficial de la reforma, Armando Ríos Piter–, sí tuvo conocimiento de la reforma, sí la firmó y sí la envió al Senado.

Proceso tiene copias del oficio DF.P.L.61-II-3-2774 emitido por la Mesa Directiva de la LXI Legislatura dirigida a los secretarios de la H. Cámara de Senadores que señala: “Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión”.

Fechado el jueves 12 y firmado por el secretario diputado Martín García Avilés, el documento tiene el sello de recibido en cada una de sus seis fojas el lunes 16 a las 10:44 horas.

Y aunque la primera hoja tiene la firma del secretario de la Mesa Directiva y no del presidente, se acompañan a ésta las cuatro hojas de la minuta firmadas por Acosta Naranjo.

Esto echa por tierra el dicho del presidente de la mesa, quien sostuvo que él y su equipo técnico revisaron el documento después de la votación y se percataron de que se estaba violando la Constitución; el expediente enviado al Senado y firmado en una parte por Acosta Naranjo da cuenta de que conocía todo el contenido de la reforma y sabía que con ello se beneficiaría a las televisoras.

El jueves 19 el pleno instruyó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para que sesionara de manera urgente y remontara los cambios; el promotor formal de la propuesta, Ríos Piter, dijo que propondría su eliminación. Pero la comisión ha entrado en desacato pues no se ha reunido y deja pendiente la iniciativa para que la próxima legislatura apruebe, en su caso, los beneficios a las televisoras.


A pesar de ser “urgente” el mandato a la comisión, su reunión reventó el miércoles 25 pues los legisladores priistas encabezados por Andrés Massieu no asistieron. No hubo quórum.

 Massieu fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y operó políticamente entre sus agremiados para orquestar una embestida contra la reforma electoral de 2007.

En esa ocasión Massieu envió correos electrónicos a los agremiados de esa cámara para indicarles que debían destacar la reforma, con la que “los partidos gastarán más dinero por día de jornada electoral, además de tener acceso a los tiempos oficiales, lo cual encarece los procesos y dará a los partidos más dinero para gastar en rubros poco transparentes, que en la mayoría de lo casos será imposible fiscalizar…”.

Al cierre de esta edición la comisión no había sesionado aún. Los diputados tienen hasta el 30 de abril para desechar los cambios.

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, abril 29, 2012

Ni forma ni fondo*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Álvaro Delgado

Incapaz de mantener cohesionado a su equipo estratégico –Cordero y Creel no se ven junto a ella; Madero la abandona y Ramírez Acuña se va del país– Josefina Vázquez Mota se tropieza entre propuestas recicladas, desatinos y desaires, y ya es prácticamente un fantasma al que ni las encuestadoras le ven futuro. Tan triste es la situación de la candidata presidencial panista que hasta los empresarios opusdeístas que la apoyan le dijeron: “Tu campaña no está dando resultados” y tienes que cambiarla. “Díganme cómo”, implora ella.

Solitaria, tensa y errática, con un equipo desarticulado y dividido pese al “golpe de timón” que sumó a incondicionales de Felipe Calderón que prometieron impulsarla, Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) deambula por el país en una campaña que según las cuestionadas encuestas va rumbo al naufragio.
La percepción no viene sólo de sus opositores sino hasta de sus propios simpatizantes y aliados, que al cumplirse el primer tercio de la campaña y en vísperas del debate del 6 de mayo ven con desasosiego que Vázquez Mota no levanta.

Varios empresarios así se lo manifestaron directamente a Vázquez Mota en una reunión privada la mañana del lunes 23 con el Consejo Superior de la Universidad Panamericana (UP) –alma mater del priista Enrique Peña Nieto– y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), del que ella es egresada.

“La campaña no está reflejando lo que tú eres”, le dijo uno. “Quiero insistir en lo light que se ve la campaña, desde el eslogan”, le hizo notar otro. “Estoy muy preocupado también por tu campaña”, se sumó uno más, y la única mujer que habló –su admiradora, como el resto de los participantes– le advirtió: “La tienes muy difícil, Josefina. La mayor de mis bendiciones, la mayor de mis oraciones”.

 Al final de la sesión de preguntas –en la reunión estuvo presente Proceso– habló el dueño del Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, a quien ella previamente había agradecido, “acá entre nos, todas las entrevistas de radio que siempre me da y que me permiten hablar con millones de mexicanos”.


El empresario fundador del IPADE fue lapidario: “Todos ellos te dijeron un poco de la verdad: La campaña, por un motivo u otro, no está dando resultados”.

Frente a Alfonso Bolio Arciniega, rector general de la UP y del IPADE –instituciones regidas por la congregación católica Opus Dei–, Vázquez Mota escuchó las recomendaciones, incluida una que le propuso ser “tecnosexual” para establecer contacto con los jóvenes.


–Yo estoy dispuesta a todo, ¿eh?, con tal de ganar. Bueno… casi todo. Ya rectifico frente al doctor Bolio, casi todo. Pero sí, díganme cómo y de verdad…

 La candidata pidió apoyo: Espacio en sus empresas para filmar spots y dialogar con los trabajadores, préstamo de espectaculares por lo que resta de la campaña, propaganda en los vehículos de las compañías, difusión de sus propuestas entre sus familiares y amigos, sobre todo mujeres y jóvenes.

Les aseguró a los empresarios que los resultados de su tracking al domingo 22 indican que está a siete y ocho puntos de Peña Nieto y les anunció que en mayo formulará una propuesta sobre política fiscal: Implantar en México un solo impuesto.

“Yo haré una propuesta el próximo mes prácticamente de un solo impuesto, donde se reducen drásticamente los impuestos a la renta, los impuestos que tenemos en los IETU, en los activos, en todos estos impuestos. Hay una tendencia en el mundo que son los impuestos al consumo de una reforma hacendaria moderna.”

 “Emergencia nacional”


Y es que Vázquez Mota, aunque trata de mostrarse entusiasta en los actos de campaña, se nota tensa y no logra transmitir eficazmente sus propuestas, más de 400 contenidas en un folleto denominado Josefina Diferente. Presidenta 2012. El México que todos queremos sí es posible. Si lo hacemos juntos, si lo hacemos diferente.

Una de ellas, hasta ahora inédita en medios, es un planteamiento para “pacificar” al país y devolverle la seguridad que, contrario a lo que afirma Calderón, y en coincidencia con lo que plantea el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que dirige el poeta Javier Sicilia, vive una “emergencia nacional”.

En el primero de los cuatro pilares de su propuesta de seguridad plantea un “pacto nacional para la pacificación de México” en el que participen los tres niveles de gobierno, los tres poderes, las corrientes políticas y las organizaciones de la sociedad civil.

“Para poder usar al máximo todas las capacidades de estas complejas y diversas estructuras de poderes es indispensable un pacto nacional que tenga la pacificación del país como la tarea fundamental”, indica.

“El pacto debe proponerse actuar con sentido de emergencia nacional y acelerar todos los acuerdos sobre políticas, leyes, uso de recursos y movilización social que sean indispensables para devolverle la seguridad a los mexicanos y la imagen de país pacífico a México.”

–Josefina sí tiene propuestas –se ufana el panista Ricardo Gutiérrez Padilla, exvicerrector de la Universidad de Guadalajara, cuando entrega al reportero el folleto en pastas de color azul y anaranjado.

–¿Y por qué no las difunden?

–¿No le han entregado este folleto a la prensa?

Por lo menos hasta ese martes 24, cuando Gutiérrez Padilla distribuye copias en la reunión de Vázquez Mota con ambientalistas, las propuestas eran desconocidas para la prensa, quizá porque la responsable del área, Irma Pía González Luna Corvera, no ha terminado de asumir el cargo anunciado desde el domingo 8.

De hecho en el equipo de campaña de la candidata del PAN siguen los reacomodos, no sólo en el equipo de prensa, cuyo responsable es Víctor Hugo Puente –inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para desempeñar cargos en el servicio público–, sino en las que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre el PAN y las organizaciones sociales.

En la relación con los medios, González Luna, sustituta de Herminio Rebollo, ha girado instrucciones para evitar que la candidata acepte responder a preguntas de los periodistas que dan cobertura a sus actividades. “Ustedes deben adaptarse”, dijo Puente a algunos de ellos.

De hecho, después del “golpe de timón” la estrategia fue cercar a la prensa detrás de vallas metálicas que separan también a los simpatizantes, a los que la candidata saluda para que sea fotografiada y filmada por un equipo de Matrix Publicidad.

Las giras siguen, sin embargo, siendo un caos: La agenda sufre permanentes cambios y equivocaciones, cuyo responsable, el diputado federal Alberto Esquer Gutiérrez, ha entrado en conflicto con otros miembros del equipo por el mal diseño de las giras que él atribuye a la coordinación de la campaña, a cargo de Roberto Gil Zuarth.
Los extenuantes traslados en autobús o automóvil de quienes organizan los actos de campaña contrastan con los traslados de Vázquez Mota: Viaja siempre en avión o helicóptero.

 Malas señales

 El desorden alcanza, también, a las redes que había construido Alberto Pérez Cuevas, quien sólo quedó a cargo de las alianzas y fue sustituido en esa tarea por Rogelio Gómez-Hermosillo, responsable del programa Oportunidades durante la gestión de Vázquez Mota como secretaria de Desarrollo Social.
Aunque Vázquez Mota hizo rectificar al expresidente Vicente Fox en su vaticinio del triunfo de Peña Nieto y consideró un “milagro” el respaldo que le dio en una breve reunión, en Monterrey, el miércoles 25, la deserción de Francisco Ramírez Acuña de su equipo para irse como embajador a España representó otra mala señal política.

Lo mismo con Gustavo Madero, presidente del PAN, quien regresó al Senado y quien rara vez acompaña a la candidata en sus recorridos, como no lo han hecho tampoco sus rivales en la contienda interna, Ernesto Cordero y Santiago Creel, formalmente incorporados al equipo de campaña.

Otra mala señal: Los voceros, que proliferaron al inicio de la campaña, se esfumaron: Los poblanos Augusta Valentina Díaz de Rivera y Javier Lozano Alarcón, que hacen campaña para senadores de Puebla, el exsubsecretario Juan Marcos Gutiérrez, el diputado Alberto Pérez Cuevas y hasta el propio Madero.

Sólo hasta el viernes 27, en vísperas de vencerse el primer tercio de la campaña, Madero dejó su oficina para salir a la calle y “volantear” un rato junto con la secretaria general, Cecilia Romero.

Apenas afuerita de la sede nacional del PAN, Madero aprovechó para decir que la campaña avanza: “Vamos bien, vamos cada día mejorando, estamos cerrando filas. Estos rollos que están tirando de que nos estamos haciendo a un lado es (sic) puras piñas”.

Minimizó, también, la distancia que Vázquez Mota puso de Juan Molinar Horcasitas, luego de que fue interpelada por Héctor Mateos Urbina, estudiante del Tecnológico de Monterrey.

“Aquí no hay fracturas, cualquier señalamiento de las gentes que tengan cualquier impugnación se resuelve en los tribunales.”

Así, acompañada sólo por sus custodios del Estado Mayor Presidencial (EMP) y un puñado de colaboradores y ujieres –que le procuran continuos cambios de atuendo–, Vázquez Mota recorre los estados del país donde las divisiones y los conflictos en el PAN no cesan.

 Mismas promesas de Calderón

 Vázquez Mota ha mantenido fidelidad a Calderón: Lo defiende porque no ha endeudado a México –pese a la deuda pública que se duplicó en sólo cuatro años– y ha reciclado sus promesas de campaña en 2006, de la que ella fue coordinadora general.

En materia de seguridad y de justicia –el tema del sexenio y que ha generado más de 60 mil muertos– son planteamientos casi idénticos, según un cotejo del documento de campaña de Calderón denominado Seguridad pública y justicia penal, del que el reportero conserva copia, con el de El México que todos queremos sí es posible, de Vázquez Mota.

Objetivo de Calderón: “Garantizar a los mexicanos un entorno seguro, que les dé tranquilidad y que les devuelva la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos, de manera tal que todo mexicano disfrute de las condiciones que salvaguarden su derecho a un desarrollo humano sustentable”.

Objetivo de Vázquez Mota: “Devolverle la paz, la seguridad y la tranquilidad a los mexicanos, acabar con la violencia entre criminales y combatir eficazmente todos los delitos que afectan a los ciudadanos en las calles y en sus casas, entre éstos: la extorsión, el secuestro, el robo y los asaltos”.

Con las propuestas pasa lo mismo. Calderón planteaba: “Desarrollar y poner en práctica un programa de política criminal integral, que dé preponderancia a las medidas de prevención general del delito, en cuyo diseño participen todos los sectores del sistema de justicia y seguridad pública y de la sociedad civil”.

Y Vázquez Mota: “La seguridad es una responsabilidad compartida entre las instituciones y los ciudadanos. El ideal es contar con una policía honesta y ciudadanos que cumplan con la ley. Esto no es un tema sólo de denunciar delitos. La paz en las comunidades y la prevención depende directamente de que la relación policías-ciudadanos se convierta en un componente central de la narrativa de la seguridad”.

Calderón: “Impulsar la creación de un Instituto Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal, que se ocupe de diseñar la política criminal del Estado mexicano, a partir de estudios y diagnósticos previos de la realidad”.

Vázquez Mota: “Implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal permitirá ofrecer a los mexicanos justicia más transparente, de manera más eficiente y expedita”.
Él: “Garantizar la aplicación de programas educativos para la población en materia de cultura de la legalidad”. Ella: “Fomentar una auténtica cultura de la legalidad y una cultura cívica entre mexicanos”.
Calderón: “Dotar de autonomía constitucional y presupuestal al Ministerio Público Federal, a fin de acabar con el uso político del mismo. Garantizar su independencia política del Ejecutivo Federal, promoviendo que su titular ocupe el cargo por un periodo de ocho años”.
Vázquez Mota: “La independencia del Ministerio Público garantiza que no actuará bajo presiones de las autoridades. Llevaré a cabo una limpieza total de los ministerios públicos”.
Calderón: Policía Federal Única. Vázquez Mota: Policía Nacional.
La única diferencia de la candidata del PAN con Calderón es que ella combatirá el lavado de dinero.

 Candidata “tecnosexual”

 Luego de frustrarse su entrevista en la cadena CNN, el domingo 22 –cuando descansó todo el día– y dos días antes de atreverse a presentar un libro cuyo título y autores desconocía –atribuyó Futuro para todos. Acciones inmediatas para México, de Claudio Loser y Harinder Kohli, a Jorge Castañeda–, Vázquez Mota fue cuestionada por el extravío de su campaña.

En la reunión en el IPADE, donde fue acogida con calidez por ser “de casa”, Vázquez Mota expuso los “cuatro pilares” de su propuesta, que a veces ha reducido a sólo tres: Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades; cruzada por la productividad y México por un mundo mejor.

Ante la cúpula de las instituciones del Opus Dei, reunida en el auditorio Carlos Llano –y transmitido a las sedes de Monterrey, Guadalajara y Cancún–, Vázquez Mota fue definida por el moderador, Felipe González, como una “mujer insigne, profundamente democrática, de un gran talante liberal, promotora de la honestidad, la transparencia y el desarrollo”.
Todos los participantes, sin excepción, la elogiaron, pero también le hicieron observaciones. Un empresario, que no se identificó, habló de su “maravillosa” personalidad. “Me extraña mucho que esto no se haya logrado en tu campaña”.

Marcos Kalach: “Al igual que el compañero hemos visto que la campaña no está reflejando lo que tú eres, no está reflejando esa fuerza de carácter que tienes, con esa dulzura como persona; no está reflejando lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente piensas y tenemos poco tiempo”.

Vázquez Mota respondió que las campañas son complejas y “estamos también ante un aparato que es muy poderoso”, pero dijo que ya hay respuesta: “Yo me siento muy contenta con los nuevos spots que acabamos de sacar, que son llenos de luz”.
Expuso que, aunque respeta las encuestas, hay que ser cautos, y aludió, sin mencionarla, a la de GEA-ISA-Milenio:

“Cómo de pronto en alguna alguien sube en una noche ocho puntos y al día siguiente baja otros cinco y al otro (día) lo vuelve a subir, ¿no? En una de estas encuestas decía que el que iba en tercero ya rebasó y al día siguiente yo volvía a estar arriba y el que iba arriba bajó ocho puntos, en fin.”

Informó: “Nosotros tenemos nuestro tracking y el día de ayer lo que nos dan nuestras encuestas… y una nos da a siete puntos de distancia y la otra nos da a ocho puntos de distancia de Peña Nieto”.
Según ella los sectores clave para decidir la elección, que tiene 30% de indecisos, son los jóvenes y las mujeres, por lo que les pidió ayudarle con ellos.

Intervino Luis Bernardo González, constructor: “Quiero insistir en lo light que se ve la campaña, desde el eslogan. Perdón si soy irreverente, pero a veces necesitamos que nos digas las cosas como se ven: Diferente es etéreo, diferente no refleja el fuego y la valentía que veo en la Josefina que nos viene a hablar, yo no veo en la tele y espero que en los nuevos sí estén ni escucho donde voy, donde trabajo, con quien platico, que se perciba lo que estoy percibiendo el día de hoy”.

Una empresaria le dijo: “El cambio no se da si no somos responsables como empresarios de cómo se nos gobierna. Josefina, la mayor de mis bendiciones, la mayor de mis oraciones”.

Javier Martínez, quien aseguró haber sido su compañero, dijo estar “muy preocupado” también por su campaña. “Gran parte de la gente que vota en este país no escucha, sólo ve, y la imagen que tú transmites no necesariamente le ha transmitido a los jóvenes cosas que yo recomendaría; por ejemplo quisiera verte, tecnosexual, por ejemplo”, dijo y concitó risas.

–Yo estoy dispuesta a todo, ¿eh?, con tal de ganar. Bueno… casi todo. Ya rectifico frente al doctor Bolio, casi todo. Pero sí, díganme cómo y de verdad…

El empresario le dijo que los jóvenes deben “encontrar un conecte” con ella: “No lo encuentran. Ven en López (Obrador) al viejito, ven en Josefina a la señora y ven en el otro al cuate que más o menos está bien, pero no escuchan a nadie, no lo ven”.

Cerró Azcárraga, quien no escatimó elogios, pero dijo: “Todos ellos te dijeron un poco de la verdad. La campaña, por un motivo u otro, no está dando resultado”.

Y le aconsejó que en vez de spots debía dar entrevistas en todos los medios: “Tienes que llegar a programas de mujeres que son las que escuchan en la mañana, las señoras en la radio hablada (sic) y en la noche en la televisión de telenovelas. Los jóvenes escuchan deportes, el joven está en deportes, no está en otra cosa. A mí me tocó ver cómo ganó Calderón y cómo ganó Fox. Ganó en parte con nosotros”.

Cerró un empresario que por primera vez, dijo, entendió lo que propone la candidata: “Te llevaste 40 minutos explicárnoslo a nosotros. El gran reto es cómo explicar eso en dos minutos o en 60 segundos al resto de la población. Si resolvemos eso serás la ganadora”.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, abril 28, 2012

Desfiladero*


Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.


Diálogo de mordazas: el debate que viene

 Jaime Avilés

Atención anulistas: he aquí dos espléndidas razones para que sigan llamando a votar en blanco o simplemente a no acudir a las urnas. Primera: anteproyecto del artículo 299 del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), propuesto por Felipe Calderón y que hasta ayer muy temprano impulsaban los legisladores del PRIANAL-Verde y los chuchos:

“La policía, durante la investigación, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, huellas digitales, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita fotografiar alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad.”

Segunda: anteproyecto del artículo 300: “La policía podrá realizar la inspección de un vehículo cuando existan indicios de que se ocultan en él (sic) personas, instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito que se investiga. (...) Cuando se tengan indicios de que está en peligro la vida o la integridad física de una persona, la policía no requerirá autorización para la inspección y, salvo que las circunstancias lo impidan, la diligencia se ejecutará y podrá ser videograbada”.

Como en 2007 no pudo imponernos la ley Gestapo, que habría permitido a la Policía Federal entrar a nuestra casa sin la orden escrita de un juez, en 2010 y 2011 Calderón cabildeó, también sin éxito, la reforma a la Ley Federal de Seguridad Nacional que habría legalizado los abusos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas en perjuicio de personas inocentes, so pretexto de la guerra “contra” el narcotráfico.

Después de fracasar en ambas intentonas –y mientras ahora hace hasta lo imposible para obtener inmunidad (y evadir la acción de la Corte Penal de La Haya después de diciembre) regalándole, por ejemplo, 14 mil millones de dólares al FMI y 4 mil 800 más al BID–, el jefe mínimo volvió a la carga este año al tratar de añadirle al CFPP dos artículos tan monstruosos como el 299 y el 300.

Gracias a uno de ellos, como quedó asentado arriba, la policía podría solicitarnos, cuando se le antoje, una “aportación voluntaria” de semen, líquido vaginal, sangre, orina y excremento o, en su defecto, obligarnos a que nos practiquen “extracciones de sangre u otros análogos”, arrancarnos pelo de la cabeza y vello del pubis, introducirnos dedos o espejos en cavidades corporales y fotografiar cualquier parte de nuestra anatomía (artículo 299).

Tanto los propietarios de automóviles particulares, como los choferes de vehículos de carga o de pasajeros, no podrán evitar de ningún modo que la policía registre sus unidades, videograbe la inspección y siembre, ¿por qué no?, supuestas “evidencias” para culpabilizarlos. Todo ello acompañado, claro está, de múltiples violaciones más a las garantías individuales, que no pasaron de contrabando en el cuerpo de la ley Gestapo ni de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Ayer, en San Lázaro, no pocos diputados del PRI se rebelaron sorpresivamente, al exigir que el nuevo CFPP regrese a la comisión que lo redactó y, cuando sea revisado, quede en último lugar de la lista de asuntos pendientes. A tiempo comprendieron que ellos mismos iban a sufrir en carne propia tamañas aberraciones apenas perdieran el fuero. Ahora, no olvidemos que la aprobación del CFPP se frustró, en parte, porque Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, legisladores del Morena, tomaron la tribuna el jueves.

¿A qué obedece la insistencia calderónica de legalizar el terror de Estado? A una obsesión propia, pero también a exigencias de la Casa Blanca. Recordemos que, a principios de 2007, ordenó a los diputados panistas derogar la Ley Federal de la Neutralidad, que desde el periodo de Lázaro Cárdenas prohíbe a ejércitos extranjeros estacionarse en nuestro territorio. Esa maniobra, que también le salió mal, reveló su sometimiento a los intereses militares estratégicos de Estados Unidos.

Por fortuna, la agenda anexionista de Calderón y Hillary no se concretará antes de las elecciones, pero tampoco después, si la mayoría del pueblo entiende que los comicios de julio pueden inaugurar un proceso de liberación nacional. Sin embargo, ante los continuos tropiezos de los candidatos de las televisoras, entre los ciudadanos de a pie, y sobre todo entre los que se comunican a través de las redes sociales, crece la certeza de que el IFE, el TEPJF, el “gobierno” y los dueños de todo están montando un simulacro de “elección democrática” para incrustar en los pináculos del poder al supuesto “puntero” de las encuestas.

 Como éste ha hecho una involuntaria pero rotunda ostentación de sus limitaciones retóricas, el debate que se celebrará el domingo 6 de junio fue reducido por el IFE a un patético diálogo de bocas amordazadas. Cada participante dispondrá de sólo dos minutos (¡120 segundos!) para expresar lo que piensa de cada tema de interés para los votantes, de acuerdo con las molestias que al respecto ha externado el político tabasqueño postulado por la coalición Movimiento Progresista.

Pero la estrategia del grupúsculo de magnates que aspiran a seguir manejando al titular del Ejecutivo durante seis años más resulta ya tan obvia que no será difícil predecir su desenlace. La noche del 6 de junio, después del show, en todos los televisores del país habrá cónclaves de sesudos politólogos que nos explicarán, como si fueran profesores de literatura china antigua, cuán pasmosas y deslumbrantes fueron las revelaciones que los candidatos de la derecha hicieron en sus brevísimos monólogos.
En seguida, las casas encuestadoras al servicio de los medios que a lo largo del sexenio no se han cansado de alabar a Calderón confirmarán al “puntero” en primerísimo lugar y, en aras de un poco de credibilidad, situarán lejos de éste, pero muy cerca del máximo dirigente opositor del país, a la señora que no consigue explicar por qué su eventual gobierno sería diferente al actual. Esta –como se dice en los oscuros tugurios donde se practica la trigonometría sobre fieltro– es una carambola cantada.

Desde que la televisión se erigió en nuestra cultura como supremo factor del poder, vivimos en dos realidades simultáneas: aquella que protagonizamos como personajes estelares de nuestra propia vida y la que vemos tramposamente deformada en la pantalla chica. Sin darnos cuenta preferimos ocuparnos de la realidad televisada para escapar de nuestra realidad personal: distraernos con comedias de risas grabadas, conmovernos con telenovelas de lágrimas de Vaporub, emocionarnos con gritos de narradores deportivos histéricos y convencernos con falacias de levantacejas sin escrúpulos.

¿Por qué se propaga la sospecha de que esta forma de control social está dejando de funcionar? ¿Por qué los candidatos de la televisión acusan, día tras día, signos de nerviosismo, provocados por acontecimientos que no aparecen en la televisión? ¿Por qué cuando les brotaron tantos colmillos y cuernos diabólicos quitaron súbitamente los retratos panorámicos del maniquí que tapizaba los muros de todas las calles del país para intoxicarnos con su omnipresencia? ¿Acaso la realidad que no sale en televisión es ya tan apabullante, insoportable, dolorosa y terrible que empieza a poner en ridículo la realidad televisada? No votar, compañeros anulistas, significará también votar por la supremacía de la pantallita.

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 *Tomado de la Jornada.

viernes, abril 27, 2012

La mentira*


Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.


José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- El pleito no fue con el candidato, más bien con su equipo. Pero en realidad no hubo rompimiento, solo un distanciamiento con beneficios mutuos. A Enrique Peña Nieto le quitaron un peso de encima por la mala imagen de Elba Esther Gordillo y a la maestra le dejaron el espacio abierto para maniobrar como mejor lo hace, debajo de la mesa, y de esa manera hacer del sindicato una extensión de la estructura priista y, al mismo tiempo, usarlo para golpear al gobierno y su candidata, Josefina Vázquez Mota.

  Desde hace una semana Elba Esther Gordillo y el candidato de su partido, el PANAL, Gabriel Quadri, han empezado a operar a favor de Enrique Peña Nieto, ensalzando su figura cada vez que pueden. O simplemente, evadiendo toda critica hacia el priista.

  Pero esto que públicamente es claro hacia el interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es más preciso pues existe ya la orden de apoyar a Quadri para mantener el registro del Partido Nueva Alianza y a la vez, operar a favor del priista para el día de las elecciones.


 La alianza estratégica de Elba Esther Gordillo y Peña Nieto no es nueva; viene desde hace ocho años por lo menos. Hay un pasaje que cuenta Carlos Ahumada en su libro “Derecho de réplica”, donde se ve con claridad el grado de complicidad que tienen estos personajes.


 Cuenta el empresario argentino que Carlos Salinas de Gortari fue quien le compró los videos donde se ve a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero que se presumió iría a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.


Con los videos en las manos, Salinas se puso de acuerdo con Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y Televisa para hacer públicas las grabaciones y golpear la imagen de López Obrador que entonces crecía desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal.

 Así se hizo, pero Salinas no pagó todo lo acordado sino una parte mínima y encargo a dos personas que juntaran el dinero para que se lo entregaran a Carlos Ahumada.

Estas dos personas eran Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo.

 La conjunción de estos tres personajes en la zaga del 2004 expresa con nitidez la profunda complicidad que tienen y su fuerte vinculación en un solo proyecto de poder que hoy esta encaminado a la recuperación de la presidencia de la República.

 Una alianza de esta magnitud difícilmente se puede romper por unas simples candidaturas a diputados o senadores de la familia de la maestra, sobre todo, cuando están a punto de conseguir su regreso al poder.

Elba Esther Gordillo es experta en el paso doble, o mejor dicho, en el doble juego político, así lo hizo en el 2000 cuando, estando en el equipo de Francisco Labastida, hizo labor de proselitismo por Vicente Fox. Y luego en el 2006 contra el priista Roberto Madrazo, haciendo campaña por su candidato Roberto Campa y, de manera paralela, a favor de Felipe Calderón.

 Nada le impide que en esta ocasión ponga en marcha su ejército de operadores inmerso en el SNTE para lograr mantener el registro de su partido, el PANAL, sacrificando a Gabriel Quadri, y al mismo tiempo apuntalar la estructura del PRI haciendo campaña por Peña Nieto, su socio salinista.

 La maestra es capaz de hacer eso y muchas otras cosas más con tal de levantarle la mano al candidato priista el primero de julio, con tal de asegurar su permanencia en el poder al que se subió desde 1979 cuando, precisamente Carlos Salinas de Gotari la entronó traicionando a Carlos Jonguitud, su compañero sindical y sentimental.

 *Tomado de la revista Proceso.

jueves, abril 26, 2012

Represores que no extrañaremos*


Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

Arturo Acosta Chaparro, Miguel Nazar Haro y Francisco Quirós Hermosillo fueron tres de los más grandes represores del país en la segunda mitad del siglo pasado. Persiguieron como nadie a los grupos y personas calificados por ellos como subversivos (normalmente gente de izquierda). Desaparecieron y torturaron a cientos de mexicanos y, por si no fuera suficiente, los tres estuvieron ligados a grupos criminales tanto de contrabando como de drogas. Nadie los salva de la mala fama que se ganaron a pulso.

El deseo de Nazar Haro de morir en la calle (“espero que me dejen morir en la calle… en la banqueta si quieren”) sólo se le cumplió a Acosta Chaparro: tres tiros en la cabeza (ya antes, en un supuesto asalto, lo habían baleado en mayo de 2010). Los otros murieron de otra manera: uno de viejo y otro de cáncer.

Quirós (1938) murió de cáncer estando en la prisión del Campo Militar número uno A, o más precisamente en el Hospital Central Militar. Desde 2000 le habían quitado el cargo de general del Ejército y un consejo de guerra lo había condenado a más de 15 años de cárcel por tráfico de drogas ilícitas. Se le asociaba con el cártel de Juárez y concretamente con El señor de los cielos (Amado Carrillo Fuentes). Fue absuelto en 2005 de uno de los cargos, pero no de otros, por lo que siguió preso. Nazar Haro, el mayor de los tres (87 años), murió en enero pasado. No se sabe bien a bien por qué fue absuelto (2006) de los cargos por los que fue encarcelado, primero en una prisión en Monterrey y luego en su domicilio de la ciudad de México. Fue creador de la Brigada Blanca en el sexenio de López Portillo y autor de la captura y desaparición del hijo de Rosario Ibarra, entre otros muchos izquierdistas del siglo pasado. No puede olvidarse que fue titular de 1978 a 1982 de la siniestra Dirección Federal de Seguridad (abuela del actual Cisen), que era la temida policía política (también conocida como policía secreta) creada por Alemán para fichar y perseguir a quienes fueran calificados de terroristas y subversivos, además de opositores al gobierno.

Acosta Chaparro, el más joven de aquellos represores (1942-2012), pero no el más blando, se distinguió por perseguir a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, durante el gobierno de Luis Echeverría, quien lo condecoró y lo ascendió, y luego fue el jefe de seguridad del gobernador guerrerense Rubén Figueroa, de triste memoria y su compadre. En 1990 escribió un libro demencial y desinformado: Movimientos subversivos en México, en el que inventó una conjura comunista internacional contra México dirigida por el eje cubano soviético, que a su vez era –según él– la fuente de las organizaciones armadas y subversivas de aquellos años. Veía células comunistas en todos lados (como Joseph McCarthy y Edgar Hoover en Estados Unidos), incluyendo a la editorial Siglo XXI (sic). Las mentiras de Acosta Chaparro en su libro, sin embargo, influyeron en otros militares y policías de alto rango en los años siguientes, así como las tonterías de Lyndon LaRouche y su revista Executive Intelligence Review influyeron en la Secretaría de la Defensa de Salinas para calificar el levantamiento zapatista de 1994 como “Sendero Luminoso Norte” (no es broma). En 2000, junto con Quirós Hermosillo, fue acusado de nexos con el narcotráfico. En 2007, ya con Calderón en Los Pinos, se le declaró inocente, tal vez, como se dice, por los servicios de asesoría prestados al gobierno federal en la guerra contra el narcotráfico (¿para que la cuña apriete debe ser del mismo palo?).


Según nota de El Universal del 3 de septiembre de 2000, “desde principios de 1985, con motivo del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala Alvear, en actuaciones judiciales tanto en Estados Unidos como en México –entre ellas la averiguación previa 219/85– se mencionaba a un militar de apellidos Acosta Chaparro, quien vendía protección al sinaloense Rafael Caro Quintero por la siembra y el cultivo de mariguana en el rancho conocido como El Búfalo, en el estado de Chihuahua”. En el Ejército sólo había un Acosta Chaparro de nombre Mario Arturo, por lo que no hubo confusión. En 1998, en otras indagaciones de las procuradurías de Justicia Militar y de la República (PGR), se relacionó a Acosta Chaparro con el cártel de Juárez y El señor de los cielos. Por esto fueron detenidos tanto Quirós como Acosta, militares “muy decentes”, según me dijo un hombre de empresa hace 15 años.


En manos de estas “distinguidas” personas, además de Fernando Gutiérrez Barrios y Luis de la Barreda Moreno (ambos titulares de la Dirección Federal de Seguridad de 1964 a 1970 y de 1970 a 1976, respectivamente), ha estado buena parte de la seguridad nacional y las no muy diferentes estrategias contra el crimen organizado. El común denominador de todos ellos es la represión y desaparición forzosa, frecuentemente selectiva, de las diversas organizaciones de izquierda, tanto legales como clandestinas, y de sus líderes.

 Todos ellos han muerto. Nadie los extrañará, al contrario.



*Tomado de La Jornada.

miércoles, abril 25, 2012

Casi impunes, excesos de campaña*



Tomados de la Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante el proceso de reforma electoral de 2008, la Cámara de Diputados introdujo en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dos causales de nulidad de la elección de diputados y senadores: la violación de los topes de gastos de campaña y el uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido político o candidato; los senadores rechazaron la modificación, arguyendo errores en la técnica legislativa, por lo que se comprometieron reiteradamente a introducir dichas causales antes de la elección presidencial del 2012.

Todos los oradores en la sesión del 20 de junio de 2008 en el Senado de la República se manifestaron a favor de que dichas causales fuesen incluidas en la legislación, pero dicha unanimidad no sirvió para incentivarlos a realizar la reforma y colocar un dique al dispendio de los candidatos.

Hoy, casi cuatro años después, y más allá de que dichas disposiciones no hubiesen sido aplicables para la elección presidencial, éstas no aparecen en ninguna norma de la citada ley. La sanción máxima para un partido político por exceder los topes de gastos de campaña –y sólo en el caso de que la violación sea grave y reiterada– es la pérdida de su registro.

Y por lo que se refiere a los candidatos, se dispone una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, lo cual equivale a 311 mil 650 pesos. Así que seguramente a Enrique Peña Nieto y a su equipo de campaña los tiene muy sin cuidado la queja que interpuso en su contra el PAN.

Esto, a pesar de que una de las reformas que se concretó en dicha ocasión faculta a la Unidad de Fiscalización del IFE a que: “En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior”.

Sin embargo, ya hubo consejeros electorales que se apresuraron a declarar que sí fiscalizarán los gastos de campaña de todos los candidatos presidenciales, pero después de la elección, porque son los términos que establece la ley; es decir, seguramente sin conocer directamente la queja interpuesta, y adelantándose a lo que determine la autoridad facultada, en primera instancia, para tramitar la queja, ya negaron la posibilidad de aplicar la excepción establecida en el artículo 85 del Cofipe.

Pero aun en el remoto y muy poco probable caso de que la Unidad de Fiscalización considerase que, dados los elementos de convicción que aporta la queja, es procedente recurrir a la excepción señalada en el párrafo anterior; que la mayoría de los integrantes del Consejo General con derecho a voto se atrevieran a conceder dicha solicitud, y que finalmente, tras realizar la investigación, determinaran que se violaron los topes de gastos de campaña, Peña Nieto, en caso de resultar ganador de la elección presidencial, rendiría protesta el próximo 1 de diciembre y, en el peor de los casos, pagaría la multa ya señalada, en tanto que el PRI y el PVEM perderían su registro como partidos políticos.

La sanción para el candidato presidencial sería deleznable, y la correspondiente al partido político, muy tolerable, ya que seguramente desde Los Pinos no tendrán ninguna dificultad para conseguir un nuevo registro. Por ello, y a pesar de las reiteradas denuncias del dispendio en el que está incurriendo Peña Nieto, él continúa imperturbable con su mismo ritmo de campaña.

Las contundentes evidencias de las violaciones que se cometieron en la elección del 2000, precisamente en esos dos rubros, no fueron suficientes para motivar a los legisladores a reformar las normas con el fin de evitar la recurrencia de dichas violaciones. Las sanciones que la autoridad electoral impuso en el 2003 al PAN y al PVEM, por las irregularidades cometidas a través de los Amigos de Fox, fueron, entre otras cosas, por la violación de los topes de gastos de campaña; y la multa que tuvo que pagar el PRI tras el llamado Pemexgate, por desviar recursos públicos.

Precisamente las dos causales de nulidad que se pretendía introducir en la reforma del 2008. En cambio, dichas multas sí sirvieron para evitar que cualesquiera de los integrantes de aquel consejo electoral pudiese permanecer o regresar a dicho órgano, así como para limitar la actuación de la autoridad electoral en la materia, pues ahora ya no es una comisión del consejo la que se hace directamente responsable de la labor de fiscalización ni de la integración de los expedientes de las quejas administrativas.

Hoy se demuestra plenamente el gran error que cometieron panistas y perredistas al acompañar las propuestas priistas para neutralizar a la autoridad electoral y evitar que se les volvieran a imponer sanciones ejemplares. Si se hubiesen negado a respaldar a los tricolores, hoy tendrían la posibilidad de frenar los excesos de su candidato Peña Nieto, pero en cambio se encuentran inermes. Así, quienes ahora interponen las quejas son los que ensancharon a los priistas las vías para burlar impunemente la normatividad electoral. Las quejas y las eventuales sanciones de las autoridades electorales son acciones mediáticas que, cuando mucho, terminarán en castigos meramente políticos, pero sin consecuencias reales en el desenlace de la elección.

*Tomado de la revista Proceso.

martes, abril 24, 2012

Los mercaderes del silencio*



Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F. (Proceso).- No sorprende que Enrique Peña Nieto no se anime a debatir con sus contrincantes. Es un candidato débil, sin mayor preparación intelectual y con un largo historial negro como gobernador del Estado de México. Los debates adicionales con sus rivales solamente le podrían restar puntos, ya que serían la perfecta oportunidad para que Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador exhibieran los múltiples defectos del candidato que hoy encabeza las encuestas.
Tampoco sorprende que los dueños de los principales medios electrónicos de comunicación no tengan interés en fomentar el intercambio de ideas. La mayoría apoyan a Peña Nieto y no quieren quedar mal con quien ya ven como el próximo presidente de la República. Estos mismos empresarios que desde hace años han vendido y regalado entrevistas y cobertura mediática al hoy exgobernador del Estado de México ahora han encontrado un jugoso nuevo producto para comercializar: el silencio.
Para el PRI, la falta de difusión de los deslices de Peña Nieto y la negativa a organizar debates adicionales no tienen precio. Ello garantiza que su candidato se mantenga protegido en una caja de cristal, lejos de la “prole” y las preguntas incómodas. Igual de valiosa para el viejo partido del Estado es la consistente promoción mediática del desinterés ciudadano en las campañas. Entre más abstencionismo el día de la elección, mayor será la fuerza de los votantes “duros” del PRI.
Hoy somos testigos de una versión más “moderna” de las pasarelas priistas de siempre. Antes, los “precandidatos” primero paseaban por el país, se dejaban tomar fotos y otorgaban entrevistas a los medios de comunicación, pero pocas veces había confrontación o debate entre ellos. Después de un tiempo llegaba el momento del “dedazo” y del “destape” en que “el ganador” se presentaba sonriente ante las cámaras como el “mejor posicionado”. Posteriormente, tal y como lo describiera con tanta claridad don Daniel Cosío Villegas, venían la operación “cicatriz” y la “cargada” alrededor del candidato seleccionado de manera unilateral por el presidente saliente.
Si bien no sorprende que Peña Nieto, Televisa y TV Azteca hayan decidido cancelar nuestro derecho ciudadano a un proceso electoral auténtico basado en el intercambio de ideas, críticas y propuestas, sí llama la atención que los principales conductores de noticieros y mesas de debate acepten esta imposición sin protesta alguna. Hasta la fecha, Carmen Aristegui es la única periodista que ha emplazado directamente a los candidatos presidenciales a un debate público en una fecha y hora específicas. Nadie más, ni siquiera TV UNAM, se ha atrevido a generar un contexto de exigencia hacia los cuatro personajes que buscan la silla presidencial.
La mayoría de los periodistas y comentaristas en radio y televisión presumen defender principios “liberales” y “democráticos”. Sin embargo, su negativa a convocar a debates adicionales entre los candidatos demuestra que hoy, en la hora de la verdad, sus intereses cuentan más que sus convicciones y que el autoritarismo mediático está más vigente que nunca en el país.
Ahora bien, algunos voceros de los medios electrónicos han querido engañar a la ciudadanía con la idea de que supuestamente el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habrían prohibido la organización de debates por los medios de comunicación. Nada más alejado de la realidad. La sentencia SUP-RAP-94/2012 prohíbe al IFE, no a los medios, organizar debates adicionales a los dos incluidos en el artículo 70 del Código Federal de Instituciones e Procedimientos Electorales (Cofipe). Este fallo también condiciona la participación del IFE en ejercicios adicionales al establecimiento de un consenso entre todos los candidatos.
Ambas decisiones del TEPJF efectivamente son sumamente cuestionables y revelan un claro sesgo de las autoridades electorales a favor del PRI. Sin embargo, la sentencia del TEPJF de ninguna manera restringe a los medios para organizar libremente debates adicionales, siempre y cuando no hubiera de por medio la compra o “adquisición” de espacios por algún candidato o partido político. La interpretación errónea y malintencionada de esta sentencia de parte de los medios electrónicos no es más que otro esfuerzo por sabotear la reforma electoral que tanto les ha afectado en el bolsillo.
Estos medios también ya se preparan para cobrar su apoyo a la campaña de Peña Nieto. La primera demanda será, sin duda, una contrarreforma electoral que permita la compra de propaganda por los partidos políticos con recursos del erario. Inmediatamente después buscarán resucitar la Ley Televisa de 2006 para consolidar aún más su predominio sobre las telecomunicaciones durante el proceso de digitalización y refrendo de concesiones.
Se repite entonces el escenario de 2006. Hace seis años se recurría a la calumnia y a la compra ilegal de propaganda por el sector privado con el fin de desbarrancar al candidato puntero. Hoy se vende el silencio y se promueve el desinterés ciudadano con tal de mantener al puntero firmemente en su lugar. La estrategia, sin embargo, es la misma: el abuso del poder con el fin de asegurar la continuidad de la dominación social y la exclusión política.
Que no se llamen al engaño entonces si la indignación ciudadana también resulta igual que hace seis años. Quienes dividen a la sociedad no son los ciudadanos de buena fe que exigen respetar su derecho a la información, sino los periodistas a modo que cancelan la posibilidad de un debate democrático de cara a la sociedad. El silencio, como todo, eventualmente tendrá su fin y llegará la hora de la sociedad.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, abril 23, 2012

El salinismo de vuelta*


Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil En la lógica que supone la necesidad de apuntalar la candidatura de Enrique Peña Nieto ante las limitadas capacidades políticas del candidato presidencial del PRI, tres tecnócratas salinistas operan como “cerebros” de su campaña. Se trata de Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy. El primero actúa como inspirador de la apertura total del sector energético; el segundo como promotor del fin de la representación proporcional, y el tercero como estratega en materia de política social. Peña Nieto deja claro así su “embelesamiento” con el neoliberalismo heredado por Carlos Salinas de Gortari.
Convertidos en consultores, accionistas o cabilderos de trasnacionales de los ramos energético, eléctrico y manufacturero; en asesores e intermediarios entre gobiernos estatales y la banca para “renegociar” las millonarias deudas locales, los dos colaboradores más importantes del sexenio salinista Pedro Aspe y José Córdoba Montoya están de vuelta. Son los “cerebros” del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
Pilares de la tecnocracia mexicana, sobrevivientes en la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, los dos integrantes del grupo compacto formado en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, operan fuera de reflectores.
Hoy, Aspe y Córdoba influyen en las principales propuestas de gobierno del candidato priista. Su trabajo consiste en convencer al empresariado para que apoye a Peña Nieto, pero sobre todo definen el tono ideológico del mexiquense que aspira a ser el presidente de los “compromisos cumplidos” y del “gobierno eficaz”.
El vínculo entre Aspe, autor de la frase “la pobreza es un mito genial”, y el equipo de Peña Nieto viene de su relación con Luis Videgaray: el coordinador general de la campaña es su alumno, además de socio en la consultora Protego Asesores, rebautizada el lunes 2 de abril como Evercore Casa de Bolsa, “empresa líder en banca de inversión”.
Fundada en 1996 por Aspe, la firma ha restructurado más de 100 transacciones de banca de inversión, como “colocaciones de capital privado, financiamiento de proyectos de energía, reestructuraciones financieras, fusiones y adquisiciones y financiamiento a estados y municipios”. Entre esas entidades cuya deuda renegociaron están el Estado de México y el Distrito Federal, así como decenas de municipios importantes como Tijuana, sede del poder de Jorge Hank Rohn, el hijo incómodo del profesor Carlos Hank González.
Más discreto, desde una casona de la colonia Roma, en la Ciudad de México, Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Salinas y artífice de la estrategia política para lograr las reformas económicas y la apertura comercial, es el principal ideólogo del “gobierno eficaz” de Peña Nieto.
Defensor de un presidencialismo fuerte y enemigo de los “gobiernos divididos”, Córdoba menosprecia la necesidad de una reforma política para incorporar elementos parlamentarios al modelo mexicano; también es artífice de una propuesta para eliminar 100 diputados plurinominales, uno de los tres primeros compromisos que el candidato priista firmó al arrancar su campaña en Guadalajara el 30 de marzo último.
Un tercer “cerebro” en el equipo de Peña nieto es Santiago Levy, director del Seguro Social en el gobierno de Vicente Fox. Antes, en el sexenio de Zedillo, fue subsecretario de Hacienda. Junto con Luis Téllez, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Javier Lozano, Jesús Reyes Heroles y otros tecnócratas de origen priista, se sumó a la ola del cambio panista, pero ahora regresa para terminar su proyecto de política de combate a la pobreza.
Fue Levy quien le vendió a Peña Nieto la idea de crear el Sistema de Seguridad Universal, que supondría un costo total menor a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero implicaría reformas constitucionales importantes, así como un IVA generalizado en medicamentos y medicinas, propuesta que hasta ahora no ha hecho pública el aspirante presidencial priista.
En sus mítines, Peña Nieto suele decir que mantendrá los programas para eliminar la pobreza, empezando por Progresa y Oportunidades, creados precisamente por Levy. Desde el sábado 14 de abril, en Guanajuato y Morelos, Peña Nieto incorporó en este esquema al Pronasol, el programa consentido del sexenio de Salinas.

La cátedra de Aspe

“El candidato que tenga 22 prioridades no tiene ninguna. Yo planteo sólo tres modernizaciones”: la del sector energético, la del sector educativo y la de ciencia y tecnología; quizá le agregaría la reforma laboral, afirmó Aspe en una conferencia de tres horas la tarde del miércoles 18.
Operador de las modernizaciones de la era salinista –sinónimo de la política de privatizaciones–, el exsecretario de Hacienda dictó cátedra ante los integrantes de la Academia Mexicana de Auditoría Integral al Desempeño. Ante ellos Aspe se explayó en su análisis de “La recuperación mexicana y el resto del mundo”. No hubo prensa en el evento; sólo estuvo presente Proceso.
Seguro de que en el próximo sexenio habrá en México una “explosión de consumo”, el conferencista recomendó expandir el modelo de Tratado de Libre Comercio con las naciones emergentes de Asia-Pacífico y Latinoamérica; expuso también la necesidad de culminar la tarea iniciada hace un cuarto de siglo por el sexenio salinista: el “nuevo paradigma” de la liberalización y la productividad.
Aunque discreto en sus opiniones políticas, Aspe no ocultó sus coincidencias con Peña Nieto sobre la urgencia de aprobar una reforma energética, tal como el candidato la expone en su libro México, la gran esperanza.
No es casual el énfasis de Aspe y su consultora en relación con la privatización energética. El 2 de marzo pasado, mediante una transacción de entre 45 y 50 millones de dólares, Protego-Evercore adquirió 20% de Grupo Diavaz, cuyas principales actividades son extracción de petróleo y gas, así como distribución de gas natural. En 2008, Grupo Diavaz ganó la licitación para la explotación de crudo en un campo maduro en Ébano, San Luis Potosí.
En su conferencia Aspe palomeó a Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota por plantear la apertura en el sector energético. Dijo que en materia de modernización educativa y de ciencia y tecnología “existe una baja productividad porque la cobertura y la calidad de la educación, así como la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, son elementos que tienen un impacto directo en la productividad de la economía”. Las mismas palabras que aparecen en la página 64 del libro de Peña Nieto.
No son las únicas coincidencias entre el peñismo y el exfuncionario salinista, quien ese día defendió ante los auditores el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la herencia más importante del sexenio de Salinas; expuso también que México será más competitivo que China en la próxima década por sus salarios más bajos.
Cuestionado sobre la crisis de las deudas estatales, como la de Coahuila, Aspe afirmó que “es un tema importante, pero no es sistémico, no puede desequilibrar el país”. Argumentó que la deuda histórica acumulada de los estados apenas representa 2.7% del PIB. Algunos auditores le recordaron que su empresa Protego fue artífice de las renegociaciones en varios estados.
Ese es el origen del vínculo entre Aspe y el Estado de México. Su socio en Protego Asesores, Luis Videgaray, fue contratado para reestructurar y refinanciar la deuda de la entidad en 2004, que ascendía a 2 mil 500 millones de dólares. A partir de 2006, Aspe pasó a formar parte del Consejo de Administración de Televisa, la empresa que ha impulsado de manera abierta la carrera presidencial del mexiquense.
Con el respaldo de Aspe, Videgaray se convirtió en secretario de Finanzas del gobierno peñista. En 2009 llegó a la Cámara de Diputados, donde presidió la Comisión de Presupuesto. Dos años después, buscó la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México; tras perder, se sumó a Eruviel Ávila, el exalcalde de Ecatepec, e incluso coordinó su campaña.
Desde noviembre de 2011, Videgaray es el coordinador general de la campaña de Peña Nieto. Es el responsable de la estructura paralela de 18 coordinadores sectoriales, 32 por entidad federativa, y cinco por cada circunscripción electoral.

La huella de Córdoba Montoya

La huella de Córdoba Montoya se dejó sentir desde el primer día de la campaña de Peña Nieto. La propuesta de eliminar el principio de representación proporcional de ambos es idéntica. En abril de 2010, el exasesor salinista escribió un extenso artículo sobre el tema en la revista Nexos y en el periódico Reforma, justo el año que se aprobó la Ley Peña en el Congreso mexiquense para bloquear las candidaturas comunes de los partidos opositores.
La tesis de Córdoba es muy simple: en regímenes presidencialistas como el mexicano, el principio de representación proporcional no ha permitido gobiernos eficaces, sino gobiernos divididos, porque “fragmenta la representación partidaria y otorga a las minorías un poder excesivo”.
“El parlamentarismo puede convivir con el principio de mayoría, pero el presidencialismo no funciona eficazmente con el principio de representación proporcional. La razón es clara: el incentivo para construir una coalición partidista es muy superior en un régimen parlamentario –puesto que de esa coalición sale el Ejecutivo– que en uno presidencial. La historia de México en los últimos 13 años lo confirma”, sentenció Córdoba.
En el último párrafo, el asesor salinista e impulsor de las candidaturas de Luis Donaldo Colosio, primero, y de Ernesto Zedillo, después, lanzó incluso un juicio polémico en su colaboración para Reforma, titulada Contra el proporcionalismo, publicado el 11 de abril de 2010:
“El régimen político mexicano siempre ha sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es atemperar los excesos del principio de mayoría, sino violentar su esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría…
“Lo artificial es topar la ‘sobrerrepresentación’ en 8%, como ocurre hoy, para forzar gobiernos divididos y despojar al partido más grande de su eventual derecho a legislar. Ciertamente, la cláusula de gobernabilidad, que transforma mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños, tiene también un elemento arbitrario: fijar en 35% el porcentaje mínimo de votos para su aplicación. Pero hay una manera obvia de enderezar este aparente artilugio: el reparto plurinominal debiera simplemente asegurar que conserva la mayoría absoluta de escaños en la Cámara el partido que, en su caso, alcance la mayoría absoluta de diputados de mayoría.”
Peña Nieto y su equipo de redactores del libro México, la gran esperanza tomaron al pie de la letra los textos de Córdoba e incluyeron en el apartado “Democracia con resultados” dos propuestas para restablecer el modelo presidencialista que defiende el exasesor de Salinas: eliminar la cláusula de 8% de sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados (proveniente de la reforma electoral de 1996) y “eliminar 100 diputados de representación proporcional”.
El exasesor del salinismo no sólo pretende eliminar 100 diputados plurinominales, sino que el próximo presidente tenga también el dominio en el Congreso para culminar las reformas económicas que iniciaron hace más de tres décadas.
Hace más de 20 años, en 1990, Córdoba publicó en la edición 128 de Nexos, en pleno salinismo, su ensayo Diez lecciones de la reforma económica en México, que en su parte medular plantea lo mismo que Aspe:
“La liberalización del comercio es fundamental para inducir la eficiencia microeconómica y consolidar la estabilidad macroeconómica… Acelerar el proceso de liberalización comercial resulta conveniente para asegurar su irreversibilidad y, también, para que las empresas introduzcan cambios necesarios e incrementen su productividad en poco tiempo.”
Córdoba también está interesado en acelerar la privatización del sector de energía.
“Obviamente, estaba metido con la empresa Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado (MMA), de capital francés y español, filial del consorcio francés Citelum”, señalaba Manuel Bartlett, en un artículo publicado por La Jornada de Oriente el 21 de enero de 2004. Según el diario, el contacto para ese nexo era Alejandro Parrodi, representante legal de la firma Basham Ringe y Correa, S.C., accionista de Citelum. Córdoba trabajó como cabildero para ésa y otras compañías extranjeras interesadas en el negocio de la energía eléctrica.

El IMSS de Levy

En materia de política social, Peña Nieto contrató los servicios de Santiago Levy, director del Seguro Social con Vicente Fox y promotor desde 2002 del esquema de subrogación de los servicios de guarderías del IMSS, cuyos vicios se materializaron en el incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a raíz del cual fallecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados.
Durante su gestión Levy se enfrentó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezado por Roberto Vega Galina. En esa época perdió la confianza de Fox por su incapacidad para mejorar el servicio del IMSS y por sus constantes roces con el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, recuerda Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco.
Pese al desprestigio de los tecnócratas de la era de Salinas y Zedillo, asegura Leal Fernández, Peña Nieto está embelesado con ellos. “Está completamente embrujado por los funcionarios de organismos internacionales, entre ellos Levy”, actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde escribe textos y recomendaciones para eliminar la pobreza.
El proyecto de Peña Nieto recuperó su propuesta de un Sistema de Seguridad Social Universal. En el capítulo 5 de su libro México, la gran esperanza, cita la tesis de Levy: “La coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal”:
“Para corregir esta situación debemos construir un Sistema de Seguridad Social y Universal que otorgue un piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud, presión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad social.”
Para lograrlo, se debe instrumentar una “reforma fiscal integral” basada en los planteamientos de Levy. El problema, advierte Leal Fernández, “es que es intransitable para el PRI porque implicaría elevar impuestos, sobre todo generalizar a 16% el IVA en medicinas y alimentos y reducir prestaciones”.

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, abril 22, 2012

Calderón perdió a su narconegociador*

Tomado de Homosapiens.Hernández y Helguera.


Jorge Carrasco Araizaga Conocedor de los secretos más oscuros de los aparatos de Estado priistas y panistas e insistentemente señalado como colaborador del crimen organizado, el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro fue ejecutado la tarde del viernes 20, en pleno fragor de las campañas presidenciales. Prácticamente toda su vida estuvo al servicio de un sistema que, ya fuera en su constitución priista o panista, necesitó siempre de sus habilidades sórdidas. Muchas facturas debía; se las cobraron… El gobierno de Felipe Calderón ha perdido a su narconegociador fallido…
“Héroe” para el Ejército, asesino y torturador para sus víctimas, el general brigadier retirado Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, de 70 años, fue ejecutado el viernes 20 en la populosa colonia Anáhuac de la Ciudad de México mientras servía al gobierno de Felipe Calderón bajo la cobertura de consultor de seguridad.
“Estaba trabajando”, investigando varios asuntos por encargo de su amigo el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, quien lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”, dijeron a Proceso fuentes cercanas al militar asesinado.
Se había reincorporado a ese trabajo a finales de 2010 después de que fue objeto de un atentado el 18 de mayo de ese año cuando empezaba a investigar la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, secuestrado poco antes.
Luego de medio año de convalecencia y depresión por lo que consideró un abandono del gobierno de Calderón, el militar se reincorporó a su empresa de seguridad y a sus actividades de “asesoría” al secretario de la Defensa.
Asociado con uno de los hijos del general Jesús Gutiérrez Rebollo –quien fue procesado por su presunta protección al Cártel de Juárez, cargo por el cual el propio Acosta Chaparro también fue encausado judicialmente–, el corpulento general en retiro, originario de Chihuahua, murió la tarde del viernes 20 cuando era traslado al hospital de la Cruz Roja de Polanco.
Un individuo que se le acercó le disparó en tres ocasiones cuando se encontraba frente a un taller automotriz en el número 194 de la calle Lago Trasimeno esquina con Lago Como, en la colonia Anáhuac, cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, informó que alrededor de las 18:15 horas Acosta Chaparro llegó al taller Servicio Europeo en compañía de una persona, para recoger un automóvil.
Viajaban en una camioneta Ford Explorer azul marino, placas 275-UKB. “Cuando conversaba con una persona se acercó un sujeto y a corta distancia le disparó. Corrió por la calle Como y se subió a una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y huyeron”, dijo el procurador.
El Ministerio Público del Distrito Federal integró la averiguación previa FMH/MH-1/T2/140/12-04 por el delito de homicidio. El arma utilizada fue una pistola calibre .9 milímetros.
La Cruz Roja Mexicana, que le dio los primeros auxilios, informó que durante el traslado al Hospital Central de esa institución el general “falleció debido a las heridas que le ocasionaron tres disparos de arma de fuego en la cabeza”.

El aviso
El 19 de mayo de 2010 su fortaleza física lo salvó de la muerte tras sufrir un atentado en calles de la colonia Roma. En esa ocasión un hombre armado se le acercó y le disparó en el abdomen. Herido, Acosta Chaparro alcanzó a subirse a su coche para recibir auxilio. Tardó casi medio año en recuperarse y volver a sus actividades.
Acostumbrado a operar en la clandestinidad, el militar se negó a colaborar con la procuraduría del Distrito Federal para ahondar en la investigación de ese atentado. “Estuvo en el Hospital Militar. Primero nos dijeron que estaba delicado. Posteriormente, cuando mejoró su salud y se le buscó, nos dijo que no le interesaba seguir con el caso y no declaró (ante el Ministerio Público). Por eso la averiguación previa se mandó al archivo”, reveló el procurador capitalino.
Fue emblema de la Guerra Sucia en México, como uno de los jefes de la temida Brigada Blanca, la organización paramilitar que operó en los años setenta y ochenta del siglo pasado a fin de erradicar a los grupos guerrilleros. Su compañero en ese cuerpo integrado por miembros de instituciones militares y policiales, Miguel Nazar Haro, falleció en enero pasado, a los 84 años.
Apenas en septiembre pasado asistió a los funerales de Javier García Morales, también muerto en una ejecución en Guadalajara y acusado como él de haber sido protector del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Acosta Chaparro tenía una estrecha relación con García Morales pues fue ayudante de su abuelo, el secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el general Marcelino García Barragán, y asistente de su padre, Javier García Paniagua cuando éste encabezaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo de seguridad del régimen priista.
Hombre del sistema, se le recuerda como uno de los principales represores de la guerrilla en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Su actividad continuó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue integrado a la Coordinación de Seguridad Nacional a cargo de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido. En la administración de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995.

Valor de la amistad

El brigadier fue reivindicado por su compañero de generación (1959-1962) en el Heroico Colegio Militar, el general Galván Galván, con quien negoció su regreso a las operaciones clandestinas al amparo gubernamental y el pago por los haberes que le fueron retenidos durante los casi siete años que permaneció en la prisión castrense acusado de narcotráfico. “Fue una suma sustanciosa”, dijeron a Proceso personas que conocieron detalles de esa negociación.
Al poco tiempo de la designación del general Galván como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Acosta Chaparro fue exonerado del cargo de narcotráfico del que estaba acusado por supuestamente haber servido a Amado Carrillo. El 30 de agosto de 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el militar había sido detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra.
Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión y tras una apelación se les redujo la pena a 15 años. Quirós murió en noviembre de 2006 sin que terminara su proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro salió de la cárcel en junio de 2007 luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieron acreditar” su nexos con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en 1997 durante una cirugía plástica.
Cuando abandonó la prisión del Campo Militar Número 1 vestía su uniforme de general brigadier con todo y condecoraciones.
Años atrás, durante el gobierno de Vicente Fox, libró las acusaciones que le hacían por la desaparición forzada de 143 personas en Guerrero durante la Guerra Sucia de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además del delito de tortura, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado lo acusó de haber participado en los “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
Exonerado de los cargos de graves violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico, el 23 de abril de 2008 Galván encabezó una ceremonia para darle trato de héroe.
En el Campo Militar Número 1, donde estuvo preso, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer “la labor de 23 militares y condecorarlos por su condición de retiro”. Trece de ellos fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército. Entre ellos estaba Mario Arturo Acosta Chaparro.
La Sedena dio a conocer en un en un comunicado que se trató de “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Identificado con el régimen autoritario del PRI, el controvertido militar también sirvió al gobierno de Felipe Calderón como contacto con jefes de distintos cárteles del narcotráfico a fin de negociar la entrega de supuestos delincuentes (Proceso 1768) o para que aminoraran la violencia desatada desde el inicio del actual gobierno (Proceso 1779). Una de sus primeras acciones clandestinas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres personas acusadas de los granadazos en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La misma noche del atentado –el primero cometido por la delincuencia organizada en México contra la población civil, que dejó un saldo de ocho muertos y más de 100 heridos– el militar retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del general Galván y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, muerto dos meses después en un accidente aéreo.
Según supo este semanario, Acosta Chaparro acudió a Morelia en compañía de un sujeto de apellido Estrella, excomandante de la DFS, para encontrarse con los líderes de La Familia Michoacana, con quienes pactó la entrega de tres personas acusadas de ser integrantes de Los Zetas.
En esa ocasión el militar estuvo acompañado del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ricardo Cabrera Gutiérrez.
Fiel a su estilo clandestino, Acosta Chaparro realizó esa operación en un viejo avión de transporte sin asientos y con una ruta que cambió de última hora.
Las investigaciones ministeriales confirman que cuando fueron por los supuestos responsables, los pilotos del avión de la PGR identificaron que además del piloto y el copiloto, en el aparato iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no trataron de identificar por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.
Con los supuestos responsables detenidos, Acosta Chaparro reportó a Mouriño: “Señor, objetivo cumplido”. Días después la SIEDO informó que la captura de “los responsables” se debió a “una llamada anónima”.

Juego de traiciones

Este no fue el único servicio de Acosta Chaparro para hacer contactos informales del gobierno de Calderón con jefes del narcotráfico. “El general construyó puentes entre el gobierno y varias organizaciones delictivas, incluidos Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
Fuentes cercanas al militar dijeron a Proceso que después de ese primer contacto, el experto en operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de La Familia Michoacana, de Los Zetas, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
De todos esos encuentros tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional. Después de la entrega de los supuestos responsables del atentado en Morelia, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos que había ofrecido la PGR. “No me dieron ni las gracias”, le contestó el militar retirado,
Poco después, a principios de octubre de 2008, Acosta Chaparro fue a buscar a Los Zetas cuando este grupo aún formaba parte del Cártel del Golfo.
Acosta Chaparro se encontró en Matamoros con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño, Z-40, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, refieren los informantes que dijo el general.
La aceptación se condicionó a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de los miembros de esa organización delictiva. El militar se volvió a reunir con los jefes de Los Zetas a principios de 2009. Para entonces esa organización junto con el Cártel del Golfo controlaba 22 estados.
Según la información que conoció Proceso, fue el propio Lazca quien puso a Acosta Chaparro en contacto con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro tuvo lugar en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco. Entre los asistentes estuvo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
La petición del enviado fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. En diciembre de 2009 infantes de Marina ejecutaron a El Barbas, en Cuernavaca.
El siguiente encuentro del general retirado fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, organización delictiva a la que se le vinculó en 2000.
La información proporcionada a Proceso indica que la última gestión de Acosta Chaparro fue ante Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa. Galván le propuso que se pusiera un GPS, un chip localizador. “No, Memo, yo soy negociador, no traidor”, le dijo el general retirado. Con ese dispositivo el Ejército pretendía localizar a El Chapo, dijeron las fuentes.
En el encuentro con Guzmán Loera, según reseñó la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al brigadier cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande y cómo “el propio Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob, el actual senador Ulises Ramírez Núñez, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya estaba comprometida con el Cártel de Sinaloa.

*Tomado de la revista Proceso.