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sábado, octubre 31, 2009

Desfiladero*


Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.


∙ Hazañas calderónicas


Jaime Avilés

“Como a las ocho de la noche me hizo la parada frente al Metro San Cosme un señor con dos chavitos, como de 15 o 16 años. Luego supe que eran sus hijos. A las pocas cuadras el señor sacó una pistola y me dijo que me estacionara en una calle oscura. Me obligó a acostarme en el suelo; uno de los chavitos me quitó mi cinturón y me amarró las manos por detrás de la espalda, mientras el otro me ponía un cuchillo aquí en la garganta. Ya después me vendaron los ojos. No, no fue un secuestro exprés: desde esa hora y hasta las cuatro de la mañana anduvimos repartiendo cocaína; fuimos a varias vecindades de Tepito, a otros lugares como por La Merced, yo nomás oía y sacaba deducciones. El señor manejaba mi taxi y sus hijos se bajaban a entregar la droga y a cobrar el dinero. Ya casi era de día cuando me aventaron del vocho como un costal y se fueron. Hacía mucho frío y sonaba ruido de agua. No sé ni cómo me pude desamarrar, pero me quité la venda y me dí cuenta de que si hubiera tratado de levantarme así, a ciegas, me habría caído y me habría ahogado, porque me dejaron juntito al borde de una presa en el estado de México. Si esa presa hablara, quién sabe cuántos cadáveres diría que tiene allá dentro...” (Testimonio de un taxista del Distrito Federal, acerca del secuestro que sufrió en marzo de 2007, en el contexto de la guerra calderónica “contra” el narcotráfico.)

II

Los campesinos deben “aprender del modelo del narcotráfico. [Los mafiosos] identifican su mercado y crean su logística. ¡Ellos sí saben atender los mercados!”. Jeffrey Max Jones Jones, “inventor, mercenario, abigeo, agente doble, cantante de serenatas, aviador y jugador (que) conduce viajes espaciales, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos, deroga impuestos, doma tigres, y castra dinosaurios”, según su tarjeta de presentación personal. Hasta el jueves era subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura del “gobierno” de Felipe Calderón.

III

En febrero de 2002, en la Unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quedó terminada una sala de terapia intensiva para seis pacientes de trasplante de corazón, otra de hospitalización para ocho más y un área de oficinas. Las flamantes instalaciones no se inauguraron en ese momento porque “no había dinero” para contratar personal. Corría el sexenio de Vicente Fox y México estaba produciendo los mayores excedentes petroleros de su historia y ganando, por ese concepto, más millones de dólares que nunca, pero la sala de trasplantados siguió sin estrenarse.

Terminó el periodo de Fox, comenzó el de Calderón y la sala continuó cerrada. En febrero de 2009, el doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE) del Siglo XXI, nombró director general de Cardiología a su amigo, el doctor Ricardo Jáuregui. Éste, ni tardo ni perezoso, vio una buena oportunidad de negocio y ordenó desmantelar los techos y muros de la sala para trasplantados y volver a construirlos, pero a un costo cinco veces mayor que el original, denuncian a esta columna médicos de ese nosocomio que piden el anonimato por temor a ser despedidos.

Jáuregui “ha montado un coto de poder, en el que controla a los proveedores y a los peritos que supervisan y autorizan las compras, y todos se reparten comisiones que resultan de los precios que inflan”. Al solicitarles un ejemplo concreto, los médicos subrayaron que recientemente Jáuregui adquirió dos monitores telemétricos (o sea, que permiten verificar la temperatura, la presión y el ritmo cardiaco de un paciente a larga distancia) para la sala de terapia intensiva de la unidad de Coronarias.
En el mercado, cada monitor tiene un precio de 100 mil pesos; sin embargo, añadieron los denunciantes, Jáuregui “autorizó que se pagaran 300 mil por cada uno, y lo peor es que uno era de segunda mano”. Esto, por desgracia, concluyeron, ocurre diariamente: “esperamos que Daniel Karam (el director general del IMSS) ordene una investigación exhaustiva y detenga el saqueo”.

IV

Hoy, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de las organizaciones Pro Tlalpan, Salvemos Tlalpan, Amigos del Bosque de Tlalpan y vecinos del Ajusco Medio, se efectuará una clausura simbólica de la gasolinera que en el número 4097 de la avenida Insurgentes Sur construye el empresario José Talavera Ugalde, miembro de la familia que hace muchos años posee allí los restaurantes Don Enrique y Ponte Vecchio.

La movilización se llevará a cabo en solidaridad con los vecinos de la unidad habitacional Tlalpan 2, un conglomerado de 120 viviendas en las que habitan sobre todo catedráticos de la UNAM, médicos, profesionistas de otras disciplinas y jubilados. Para ellos, la instalación de una gasolinera con tres tanques subterráneos de 100 mil litros cada uno, que dará servicio 24 horas al día, constituye, en primer lugar, “una amenaza a nuestra seguridad y a nuestra salud, una agresión al medio ambiente, una violación a la Ley de Participación Ciudadana y una garantía de que el negocio causará embotellamientos continuos en un tramo de Insurgentes, de por sí estrecho debido al Metrobús”, dijo a esta columna José Luis Suárez, uno de los vecinos del conjunto, quienes decidieron organizarse como la APPO, es decir, sin líderazgos protagónicos.

Suárez añadió que, por ley, ninguna gasolinera puede estar a menos de 15 metros de una vivienda, y “sin embargo, ésta va a estar separada de nuestras casas apenas por un muro de 25 centímetros. Además, para qué quieren un depósito de 300 mil litros, que es una bomba de tiempo, si en la gasolinera Leo, que está 800 metros más adelante sobre la misma avenida, el promedio semanal de ventas es de 40 mil litros. Hemos hecho ya varias peticiones a Marcelo Ebrard para que intervenga y ponga alto a esta obra que están construyendo en una zona donde hay viviendas, escuelas, comercios, hospitales y una estación del Metrobús”.

Los vecinos, aseguró, “estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para detener este atropello, y si el gobierno del PRD no nos toma en cuenta buscaremos el apoyo de otros partidos”.

V

En la colonia Palmitas, en Iztapalapa, hace 19 días no hay luz. A diario se producen cinco bloqueos viales en esa delegación, donde vecinos desesperados por la falta de energía eléctrica no hallan otra forma de lograr que los atienda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando las protestas se dan en vialidades como la calzada Zaragoza, José Angel Ávila, secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard, manda a los granaderos a golpear a la gente. Clara Brugada, titular provisional de esa demarcación, ha tenido que interponerse entre los gorilas y los inconformes para evitar la violencia. Por su parte, los técnicos de la CFE andan con la lengua de fuera, llegan a la capital desde el norte y el sur del país, y como no conocen los aparatos de Luz y Fuerza del Centro tardan en promedio cinco horas en arreglar un desperfecto que cualquier electricista del SME compondría en 20 minutos. ¿Y la huelga general para cuándo?

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, octubre 30, 2009

El SME*








Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Luis Javier Garrido

El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.

1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.

2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.

3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.

4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.

5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.

7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de “traición a la patria” y “ejercicio indebido de la función pública”, pero lo que debe redoblarse es la movilización.

8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.

9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un “ataque preventivo”, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.

10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como “una guerra” y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.

*Tomado de La Jornada.

jueves, octubre 29, 2009

Cínicos*








Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

Cínico: que muestra cinismo. Cinismo: Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables.

El cinismo de Calderón, de su equipo, de no pocos legisladores y de los más altos tribunales del país, es de antología. No disimulan sus verdaderos intereses ni su parcialidad al favorecer a las grandes empresas, unas consentidas y otras no tanto, en contra no sólo de la mayoría de la población mexicana, sino del país y su deseable soberanía (cada vez más menguada).

Los presidentes más representativos del neoliberalismo mexicano no han tenido vergüenza en su obviedad. Salinas privatizó decenas de empresas públicas y los bancos para darles el paquete a sus amigos, al mismo tiempo que les dio más poder a las empresas televisoras. Fue también el gobernante que creó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro de los empresarios) y el que le dio alas a los alacranes eclesiásticos, valga la figura, para que a cambio de intervenir en política complementaran la ideologización conformista y masiva de Televisa y Tv-Azteca. Zedillo continuó con las privatizaciones, entre ellas la de los ferrocarriles, a cambio de ser parte de la dirección de la Union Pacific, dueña, en parte, de los ferrocarriles entregados al capital privado (junto con el Grupo México, una de las compañías mineras más importantes del mundo, gracias también a Salinas y a Zedillo). Zedillo creó también el Programa de Capacitación Temporal y posteriormente la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial para que los empresarios reestructuraran sus deudas. Fox continuó la política de sus antecesores y así, bajita la mano, inició la privatización por contratos de servicio de los hidrocarburos y la electricidad. Calderón siguió los mismos pasos y de golpe, con pretextos que poco a poco son desmentidos al salir a la luz nuevas informaciones, desapareció no sólo Luz y Fuerza, sino a sus trabajadores enviándolos al infierno del desempleo.

Ninguno de estos gobernantes creó un fondo para el empleo, por ejemplo, o para pagar seguro de desempleo a las víctimas del capitalismo neoliberal que tanto ellos como los empresarios provocaron con su rapacidad. Al contrario, disminuyeron en términos reales los apoyos a la seguridad social y a la educación pública, así como los subsidios, convirtiendo a los pobres del país, que aumentaron y siguen creciendo, en clientelas políticas por la vía de migajas caritativas apenas suficientes para no morir de hambre.
El cinismo de Calderón ha sido revelado, ¡quién lo dijera!, por una de sus colaboradoras, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández Cardoso. Esta licenciada, como bien lo ha escrito Carlos Fernández-Vega en este diario, anunció que se licitará ya, en noviembre, la explotación de la fibra óptica triple play que tendieron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Esta red es de más de 27 mil kilómetros, de los cuales los mil 100 de la empresa recién extinguida serán los que atiendan al mayor número de clientes potenciales precisamente por estar en el centro del país que incluye al Distrito Federal. Una vez más, el negocio por encima del interés nacional y de miles de trabajadores para los cuales su “fobaproita” les alcanzará para medio vivir unos meses, si aceptan su liquidación, y luego pasarán a engrosar el porcentaje de quienes trabajan por su cuenta y riesgo en lo que Fox llamó la changarrización de los mexicanos expulsados del empleo. Microempresarios, es la idea, precisamente cuando miles de pequeñas y microempresas están quebrando en todo el país.

Parte de ese cinismo fue la declaración de Calderón del 16 de octubre, cuando dijo que por deficiencias de LFC no se generaron 100 mil empleos en la zona centro del país. Aceptando, sin conceder, que lo dicho fuera cierto (que no lo es) ahora deben sumarse los 44 mil cesados de la empresa recién extinguida. Días después se supo que la carga más onerosa para LFC fueron los pagos a la CFE por la energía eléctrica y el costo de los combustibles para su generación. Igualmente se supo que Pemex ha favorecido a firmas españolas sobre la CFE y LFC. ¿Para qué seguir?

Todas las políticas públicas y los intentos de gravar más a los pobres para que los ricos no se vean lesionados en sus enormes ganancias son la verdadera cara de nuestros gobernantes y de sus paleros en los poderes Legislativo y Judicial. Están tan enfermos de poder y de ambición económica que el país y la mayoría de los mexicanos no les importan, como si vivieran un aquí y ahora que si no aprovechan lo perderán para siempre y dejarán de obtener todo lo que desearon cuando decidieron lanzarse a la política.

¿Llegará el día en que la política sea reivindicada y en que la ética sustituya a los cínicos? No lo sé, pero el país se lo merece.

*Tomado de La Jornada.

miércoles, octubre 28, 2009

La banda Televisa*












Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo:



JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 27 de octubre (apro).- Para que no quedara duda alguna del interés corporativo de Televisa en la licitación futura de la banda de 1.7Ghz, clave para el futuro del triple play a través de la telefonía móvil, los dos principales ejecutivos de esta empresa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia declararon al periódico Milenio que la principal empresa mediática del país está muy interesada en este nuevo negocio, pero que la exención del pago de derechos por dos años, aprobada en la Cámara de Diputados, no es ningún beneficio para Televisa porque será un privilegio "para todos" los futuros entrantes.

Gómez y De Angoitia respondieron así, a través del periódico que se ha convertido en vocero de las posiciones de Televisa, a las críticas expresadas por los diputados Javier Corral, del PAN, y José Narro, del PRD, quienes han subrayado que la inclusión del candado 244-E de la Ley Federal de Derechos tiene una dedicatoria especial para esta empresa.

De hecho, el panista Javier Corral, adversario constante de los intereses del monopolio televisivo, dijo a la revista Proceso que esta concesión representará 5,600 millones de pesos que no ingresarán a las arcas federales.

Ambos funcionarios, integrantes de lo que sus hagiógrafos llaman Los Cuatro Fantásticos de Televisa, se defendieron con el argumento de que el corporativo ha pagado alrededor de 8 mil millones de pesos en impuestos. De esta manera, respondieron a la versión y a la percepción casi generalizada entre los legisladores de que ellos presionaron para lograr este periodo de gracia.

"Son fantasiosas y mal intencionadas" estas versiones, afirmó Bernardo Gómez, el mismo artífice del decretazo que negoció con Marta Sahagún, en octubre de 2002, y que le permitió a Televisa que se disminuyera de 12.5 a 1.25 el tiempo fiscal que existía desde 1969. Otro privilegio que el panismo le entregó a Televisa a cambio de su apoyo y de que no se impulsara una reforma profunda a la ley de medios.

A su vez, De Angoitia también explicó que quien participe en la banda 1.7Ghz tendrá que hacer "considerables" inversiones para montar la infraestructura necesaria, a fin de prestar los servicios de telefonía móvil.

Los promotores del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos subrayaron que no es un privilegio sólo para Televisa, sino para todos los futuros corporativos que puedan licitar los 90 Mghz de la banda 1.7 y de la banda 1.9. Señalaron que al igual que Televisa pueden participar otros corporativos como Telcel, Telefónica, Iusacell, Axtel-Avantel, Nextel, Alestra y hasta Maxcom.

Por supuesto, los tres primeros no podrán licitar en los paquetes correspondientes a 30Mghz, gracias al candado de competencia que impuso la Comisión Federal de Competencia: ninguna empresa puede tener más de 80Mghz en esta banda. Telcel, Telefónica y Iusacell, acumulan más de 30 Mghz, cada uno, por lo que sólo podrán participar en algunos de los tres bloques de 10Mghz que licitará la SCT.

El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, le aclaró a Procesoque, de ninguna manera, la opinión de este organismo busca privilegiar a Televisa. "La propuesta original de Cofetel es que uno de los bloques de 30Mghz fuera exclusivo para uno de los nuevos operadores", algo que sí tenía dedicatoria. Ahora, aclara Pérez Motta, por lo menos 5 posibles competidores pueden participar.

Sobre el tema de los dos años de exención fiscal, Pérez Motta aclaró que no fue el organismo que él dirige quien lo propuso, sino la Comisión de Hacienda. "Nuestro papel consiste en determinar si un esquema es discriminatorio o no para la competencia", explicó Pérez Motta.

Otros organismos también están pendientes de lo que suceda con la posibilidad de que Televisa se convierta en nuevo operador de telefonía móvil, asociada con una empresa extranjera o con alguna de las empresas de televisión por cable que forman parte de su red (Cablemás, Cablevisión o TVI).

En una carta enviada al Senado de la República, Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), considera que la exención establecida en el artículo 244-E "no tiene sustento jurídico ni económico, y mucho menos social o político".

"Independientemente de los beneficiarios de tales frecuencias, resulta inadmisible la dispensa fiscal establecida en la Ley Federal de Derechos", subraya en la misiva. El titular de la Amedi también anota que "la tercera parte de los diputados federales tuvo reticencias para respaldar esas modificaciones. Y no es de sorprender, porque significan un privilegio insostenible para quienes resulten favorecidos en la mencionada licitación".

Todo parece indicar que en el Senado de la República esta reforma polémica pasará. No en balde, el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien se le atribuye la paternidad de este artículo, ha sostenido reuniones con Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, y uno de los principales promotores de la licitación en esta banda.

El cabildeo de Televisa, mucho más intenso que el que TV Azteca ha realizado en contra, incluyó al senador Carlos Navarrete. Una semana antes de que se aprobara la reforma, el presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD se reunió con Leopoldo Gómez, director de información de Televisa, en el restaurante El Cardenal, del Centro Histórico. No se trató de una reunión en lo oscurito. Por el contrario, se trataba de hacer público que la banda que quiere Televisa debe ser respetada, bajo las condiciones que reclama.

Email: jenarovi@gmail.com

*Tomado de la revista Proceso.

martes, octubre 27, 2009

Los mexicanos, y los twitteros, no son imbéciles*








Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 26 de octubre (apro).- En el periodismo, como en la vida, el que generaliza desinforma, y por ello es preciso identificar, con precisión, a quienes forman parte del contubernio para aprobar la cascada de impuestos que condena a muerte a la clase media y elevará la ya de por sí espantosa cifra de 55 millones de mexicanos en la pobreza.

Ha sido tan brutal la afectación del paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados, la madrugada del pasado miércoles 21, que hasta los vocingleros gobiernistas se han visto forzados a la protesta, aunque --claro está-- el límite es la salvaguarda del responsable principal de la infamia: Felipe Calderón.

Por eso, una vez que se ha extendido la dimensión del despojo que se pretende –y que ha dado lugar a un vigoroso repudio en Twitter, un fenómeno que ya nadie podrá frenar--, se ha puesto en marcha el deslinde de panistas y priistas, que prometen reconsiderar en la Cámara de Senadores.

En esta lógica se inscribe el discurso de la generalización que culpa a los 500 "güevones" integrantes de la Cámara de Diputados de la aprobación de la Ley de Ingresos, que incrementa de 15 a 16% el IVA y de 28 a 30% el ISR, así como de la creación de 3% de impuesto a las telecomunicaciones, como Internet, telefonía y televisión restringida, entre otros gravámenes que pegan a los contribuyentes cautivos y que deja intocados los privilegios de los grandes empresarios.

En realidad, y salvo excepciones, los diputados federales que aprobaron el paquete fiscal forman parte de las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), junto con sus satélites del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), como puede consultarse en el sistema de votación que se consigna en la página de Internet de la Cámara de Diputados.

Entonces, para empezar, conviene evitar la generalización de que fueron "todos" los diputados los que convalidaron el ultraje, y luego es preciso recordar también, porque a menudo se soslaya --por ignorancia o deliberadamente--, que el paquete de impuestos aprobados no tuvo su origen en la Cámara de Diputados.

¿Dónde entonces? La Ley de Ingresos fue enviada por Felipe Calderón, legal aunque no legítimamente titular del Ejecutivo, con el fin de ver aprobados los impuestos que expriman a los mexicanos para financiar la opulenta alta burocracia, tan parasitaria como los grandes corporativos que, en el mejor de los casos, pagan apenas el 1.7% de impuestos.

En este sentido es incorrecto atribuir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la responsabilidad completa del proyecto. En el mejor de los casos tiene el deber de elaborarlo técnicamente, pero recae en Calderón la carga política, aun en el caso de que ni Agustín Carstens, titular de esa dependencia, lo obedezca.

Pero no sólo PAN, PRI, PVEM y Panal comparten responsabilidad en el confiscatorio proyecto impositivo, también piensan que los mexicanos somos estúpidos, particularmente los priistas, que muy pronto fueron congruentes en su traición a los electores.

En el Senado se pretende sustituir la eliminación del alza del IVA con el aumento en el precio de las gasolinas, según lo confirmó el priista Francisco Labastida, quien por lo visto no sabe lo que establece la Plataforma Electoral 2009-1012 que su partido, el PRI, registró ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

Este documento plantea una "reorientación de la política fiscal" en México: "Dicha reorientación debe cuidar que el gasto público se destine prioritariamente a la obra pública y la infraestructura productiva, así como a la protección social, frenando la escalada recaudatoria de incrementos a los precios y tarifas del sector público, principalmente de gasolinas, diesel y electricidad."

Del PAN, ni hablar, ni siquiera se atreven a prometer nada. En el mejor de los casos sólo ofreció "analizar" si pueden desaparecer algunos tributos, según el punto 26 de su Plataforma Electoral:

"Las y los diputados de Acción Nacional se comprometerán a analizar la viabilidad de reducir el número de regímenes tributarios discriminatorios con el objeto de fortalecer las finanzas públicas, incrementar el gasto público en áreas de alto impacto para el desarrollo social, así como para promover una mayor equidad y proporcionalidad en la distribución de las cargas fiscales dentro de la sociedad mexicana. Con finanzas públicas más sólidas se podrá reducir la carga fiscal efectiva a la que están sujetos los ciudadanos."

Ya se ve que no.

En realidad, nadie puede llamarse sorprendido por la componenda de la coalición de derecha que representan PAN y PRI, que han cogobernado desde hace dos décadas y cuya alternancia ha pactado coyunturas de desastre económico: En 1998, cuando los panistas convalidaron la monumental deuda del rescate bancario –que anualmente cuesta 50 mil millones de pesos–, y se dio paso a Vicente Fox, en 2000, y ahora que el priismo mantiene a flote a Calderón a cambio del 2012...

De hecho, el pleito que existe entre los priistas Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes no es el saqueo a los bolsillos de los contribuyentes en sí mismo, sino cómo hacerlo sin que éstos se enteren y ganar puntos por la nominación presidencial…

Apuntes

Son los usuarios de Twitter en México los que, en uso de este poderoso instrumento de comunicación, han debilitado y eventualmente condenado a muerte el impuesto de 3% en telecomunicaciones, pero además esta insurgencia apunta a que los promotores del resto de los impuestos paguen los costos políticos de su decisión, como en cualquier democracia… Claro, la nuestra no es más que una mascarada, como lo prueba el hecho de que dos personajes menores formen parte, durante siete años, del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI): Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez, quien falsamente usa el apellido de Pérez-Jaen...

Comentarios: delgado@proceso.com.m

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, octubre 26, 2009

Telecomunicaciones: Más prebendas a la iniciativa privada*








Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


JENARO VILLAMIL

Aun divididos, los diputados del PRI y del PAN lograron la aprobación del artículo 244-E de la Ley de Derechos, mediante el cual se le condonará durante dos años el pago de derechos a los futuros operadores de las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz del servicio móvil de triple play. Con esa medida el Estado mexicano no sólo dejará de percibir alrededor de 2 mil 880 millones de pesos anuales, sino que“abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año”, sostiene el presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, Javier Corral Jurado.

Aún no se sabe qué empresas se adjudicarán la licitación para operar las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz (Ghtz) del servicio móvil del triple play, pero la Cámara de Diputados ya aprobó que se les condone el pago de derechos durante dos años. Con esa medida, el Estado mexicano dejará de percibir 2 mil 880 millones de pesos al año, asegura el diputado panista Javier Corral Jurado, quien critica esa decisión.

Durante la larga discusión del paquete fiscal para 2010, los opositores a esta medida, entre ellos Corral y el perredista José Narro Céspedes, provocaron el voto dividido en las bancadas de los principales partidos la madrugada del miércoles 21.

Al final, 130 legisladores votaron en contra: 34 del PAN; 17 del PRI, 62 del PRD, 1 del Partido Verde (Ninfa Salinas Sada, la hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, fue la única de ese partido que se opuso); ocho del PT; cinco del Partido Nueva Alianza (Panal) y tres de Convergencia. Además, hubo 10 abstenciones de la bancada del PRI y 14 del PAN.

Para Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, no existe duda de que el principal beneficiario será la misma empresa que cabildeó en diciembre de 2005 y principios de 2006 la Ley Televisa.

“Se trata de la banda más importante para los servicios móviles de triple play, incluyendo telefonía móvil e internet; se trata de revivir lo que planteaba la Ley Televisa en la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión: permitirle utilizar el espectro sobrante para los servicios adicionales de telecomunicación”, advierte el legislador panista.
Entrevistado por Proceso en sus oficinas de San Lázaro, Corral resume así las repercusiones del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos:

“Esta decisión abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año porque no hay un solo argumento a favor de conceder un periodo de gracia. No hay ninguna razón para extenderle a los usuarios del servicio de telecomunicaciones un impuesto de 3%, al mismo tiempo que se le condona a los operadores de telecomunicaciones el pago de derechos por uso, goce y explotación de un bien de dominio de la nación.”

Según él, los artífices de esta medida son el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones; el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

“Es una maniobra priista que ha promovido el senador Manlio Fabio Beltrones con un sector de la burocracia priista enquistado en la Secretaría de Hacienda, que está trabajando claramente para las intenciones de 2012 en torno al PRI. Esto es un golazo al presidente de la República”, expone.

Incluso va más allá. Critica a la Comisión Federal de Competencia (CFC) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por su papel de comparsas, dice. Advierte que una nota que circula en el Senado de la República, elaborada por la CFC, argumenta a favor del plazo de gracia de dos años.

“Esto es muy delicado. A la CFC le debemos el reforzamiento del monopolio televisivo, de lo que aún no se le ha pedido cuentas a Eduardo Pérez Motta, pero ya es hora de que el Congreso lo haga. ¿Por qué se le autorizó a Televisa para que se engullera prácticamente la mitad de los sistemas de cable del país?”, se pregunta el entrevistado.

–¿Acaso no estuvo de acuerdo el gobierno federal en la condonación del pago de derechos? –se le pregunta a Corral.

–Creo sinceramente que el gobierno acabó avalándola, con la anuencia de los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda. Es una señal muy contradictoria, muy desesperanzadora, contraria al mensaje del presidente.

“Aclaro: Yo apoyé el paquete económico en una línea que es recaudatoria, pero el 244-E es contrario a esa línea. Si la idea es recaudar, no había por qué dar una exención fiscal en una de las bandas más apetecibles para quienes están en la pugna por el triple play.”

Dos días después de que se aprobara esta medida en la Cámara de Diputados, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, afirmó a la agencia Reuters que este corporativo está interesado en participar en la licitación de la banda 1.7 Ghz y anunció que está en conversaciones con operadores internacionales para desarrollar una red inalámbrica de alta velocidad.

“Estamos abiertos a participar en las licitaciones del espectro, también en conjunto con operadores inalámbricos establecidos”, sentenció Angoitia.

El anuncio del principal responsable de finanzas de Televisa se produjo el mismo día que esa empresa dio a conocer su tercer reporte trimestral de 2009, en el que anuncia que sus ventas subieron 5.5% con respecto al periodo correspondiente a 2008. Aunque en términos globales sus ganancias disminuyeron 2.6%, su segmento de triple play –a través de sus tres filiales de televisión por cable: Cablevisión, Cablemás y TVI más el sistema satelital de Sky– creció 10.6% y obtuvo ganancias por 2 mil 190 millones de pesos.

Siete u ocho grandes operadores pueden entrar a la licitación de las nuevas bandas (Iusacell, Telcel, Nextel, Telefónica, Televisa y Axtel, entre los principales), pero sólo Nextel y Televisa pueden participar en los dos paquetes de 30 Megahertz (Mhz) que se licitarán en la banda de 1.7, ya que sólo esas compañías cumplen con el candado puesto por la CFC: no tener más de 80 Mhz en otras bandas de telecomunicaciones.

En este caso, no importa que Televisa acapare ya 3 mil 84 Mhz a través de cuatro canales de televisión abierta y de los “canales espejo” que le ha otorgado la SCT para la transición digital.

Bandas millonarias

Proceso le pregunta al presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con base en qué calcula que esa banda debe pagar derechos por 2 mil 880 millones de pesos al Estado.

“El megahertz en esta banda tiene un costo aproximado de 32 millones de pesos. Si son dos segmentos de 30 Mhz, esto te da un total de mil 920 millones de pesos, más 960 millones de pesos de los tres segmentos de 10 Mhz que se van a licitar. En total: 2 mil 880 millones de pesos.”

Otro comparativo del valor de esa banda es lo que obtuvieron Canadá y Estados Unidos cuando licitaron este espectro. En 2008, Canadá licitó 90 Mhz y obtuvo 4 mil 300 millones de dólares; Estados Unidos obtuvo 13 mil 789 millones de dólares, argumenta Corral. El valor en México lo estimó en 3 mil 500 millones de dólares.

“Las grandes cajas de dinero de este país van a ir a licitar esa banda. Es una banda que vale mucho y yo diría que quien esté fuera de 1.7 Ghz estará fuera del mercado del triple play por la movilidad. Las dos grandes tendencias futuras son la movilidad y la tecnología inalámbrica”, argumentó.

“Televisa ha dicho que hasta extranjeros pueden entrar. Nada más eso nos faltaba, que ahora el Estado mexicano condone fiscalmente a las compañías extranjeras de telecomunicaciones. Me parece un verdadero despropósito”, sentencia Corral.

De manera simultánea a la aprobación del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, revivió la posibilidad de quitarle a la compañía MVS el espectro de la banda 2.5 Ghz, importante para la tecnología de triple play por vía inalámbrica o Wimax.

En el marco de la XXX Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), Osuna afirmó que los 190 Mhz de esa banda son propiedad de MVS; también expuso que no son aprovechados en su totalidad.

La posición del presidente de la Cofetel provocó un airado reclamo de MVS. A través de un comunicado, la compañía de Joaquín Vargas recordó que desde 2005 el gobierno federal mantiene congeladas las prórrogas de las concesiones de esta banda y que la compañía ha invertido más de 70 millones de dólares en la modernización de su red nacional. Calculó que ante la falta de seguridad jurídica se han perdido oportunidades de inversión por 300 millones de dólares.

Asimismo, Vargas recordó que ha obtenido 71 sentencias favorables de un total de 76 juicios de amparo contra la decisión de tres de los cinco comisionados de Cofetel que decidieron el 1 de diciembre de 2008 no prorrogar las concesiones de la banda de 2.5Ghz.
Cofetel tuvo que difundir un comunicado para enmendarle la plana a su presidente y recordar que el grupo MVS “no cuenta de ninguna manera con derechos exclusivos sobre la totalidad de la banda 2.5-2.69Ghz”. Acusó a esa compañía de “subutilizar” las bandas concesionadas.

La disputa entre Cofetel y MVS se agravó a raíz de que la empresa realizó una alianza comercial con Telmex y con EchoStar para lanzar un sistema de televisión restringida, conocido como Dish, que representa una competencia directa a Cablevisión y Sky, ambas propiedad de Televisa.

En respuesta, Televisa realizó una alianza con sus tres empresas cableras (Cablevisión, Cablemás y TVI) más Megacable para lanzar el sistema Yoo, que ofrece servicios de televisión e internet, y creó dos ofertas más baratas de Sky: el MiniSky y Vetv para segmentos de menores ingresos. En paralelo, Javier Tejado Dondé también expresó el interés del consorcio por obtener concesiones en la banda 2.5 que le permitirán ofrecer el servicio de triple play vía inalámbrica.

–¿Existe alguna relación entre el caso de la banda 1.7 y la disputa entre Cofetel y MVS? –se le cuestiona a Corral.

–Es clarísimo que Héctor Osuna asume la bandera de Televisa al informar una serie de mentiras sobre el estado legal de las concesiones de 2.5Ghz. Es la reacción de Televisa cuando descubrimos el tema de la condonación fiscal.

“La banda de MVS es muy importante para el servicio de internet y me parece que lo que se tiene que hacer es un esquema de utilización del espectro y exigirle al concesionario, en su refrendo, una serie de condiciones fundamentales, en términos de inversión, de cobertura y de compromisos con el Estado.”

“Vacatio legis” para Televisa

La propuesta inicial del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, entregada el jueves 15, planteaba una exención de cinco años y fue entregada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, exsecretario de Finanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Hacienda disminuyó de cinco a dos la exención y se incorporó de manera sorpresiva en el dictamen que se discutió en el seno de la Comisión de Hacienda, el lunes 19.

El texto, incluido en la Gaceta Parlamentaria, argumenta que se plantea una vacatio legis (sic) “para los citados derechos, a efecto de que entren en vigor el 1 de enero de 2012, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a más tardar el 30 de noviembre de 2010, y el 1 de enero de 2013, cuando dichas concesiones se otorguen después del 1 de diciembre de 2010”.

“Así se generarán incentivos para que, en los primeros meses siguientes al otorgamiento de la concesión, las empresas utilicen nuevas tecnologías y se acelere el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones, al tiempo que se fomente a que las empresas incrementen las inversiones que realicen en infraestructura, telecomunicaciones, lo que permitirá que los usuarios reciban más y mejores servicios”, argumenta la iniciativa.

Durante la reunión del pleno de la Comisión de Hacienda, los diputados José Narro y Armando Ríos Peter, del PRD, preguntaron quién proponía la iniciativa, que venía con “otras propuestas”. Subrayaron que esto violaba el procedimiento legislativo.

Ante la insistencia de los perredistas, el priista Jesús Alberto Cano Vélez, secretario de la comisión y vinculado al senador Beltrones, hizo suya la propuesta. Esto generó una larga discusión. En ella afloró una clara división de dos diputados del Partido Verde, integrantes de lo que se conoce como la telebancada: Juan Gerardo Flores Ramírez, cercano a Televisa, y Adriana Sarur, excolaboradora de Proyecto 40, de TV Azteca. Sarur advirtió que si se aprobaba tal exención se generarían demandas de amparo; Flores Ramírez apoyó la propuesta.

Los perredistas Narro y Ríos Peter insistieron en que “se trata de licitar la telefonía del futuro y en el 2012 no van a pagar nada”.

La diputada priista María Esther Sherman salió en defensa de la iniciativa señalando que el periodo de condonación de dos años les permitirá a todos los interesados que operaran y desplegaran su red.

El debate en comisiones se reprodujo la madrugada del miércoles 21 en el pleno. Corral y Narro insistieron en que se trataba de otorgarle un privilegio a Televisa. La mayoría de los diputados aprobó el polémico artículo, pero se generó una seria fractura en las fracciones del PAN y del PRD.

Esta semana le corresponderá al Senado determinar si ratifica o cambia este artículo. Consultados al respecto, Santiago Creel, del PAN, y Carlos Sotelo, del PRD, afirman que estudian a fondo el polémico artículo.

Exsenador durante el debate de la Ley Televisa, Corral advierte: “La posición del Senado es vital, como nunca, en la soberanía del Estado y para darle un sentido al paquete económico” (Con información de Jesusa Cervantes).

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, octubre 25, 2009

Entre la prepotencia y la impotencia*

Tomado de Monosapiens, Hernández y Helguera.


El país empezó a cobrarle facturas a Felipe Calderón: su secretario del Trabajo fue vituperado y humillado en la Cámara de Diputados, mientras el desempleo alcanzaba proporciones no conocidas desde 1995; el golpe de tintes fascistoides que extinguió a Luz y Fuerza exhibe poco a poco la oculta intención de poner un gran negocio en manos privilegiadas; el paquete financiero, negociado por el presidente y su secretario de Hacienda a espaldas de la población, recibió el repudio generalizado y su verdadero alcance quedó en manos de la oposición; el líder de su propio partido, colaborador y amigo suyo actúa como si fuese su enemigo; empresarios y medios de comunicación complacientes le pusieron un alto precio a sus aplausos; el SME, sin duda, le cobrará igualmente caro el sabadazo, y el país al que pretende gobernar desde 2006 sobrevive entre la desesperanza económica y el caos político. Para colmo, dos altos funcionarios del gobierno que lo antecedió, el de Vicente Fox, exponen con desenfado una tesis: la guerra contra el narco que emprendió Calderón era innecesaria, ha sido excesiva y sólo tiene una razón de ser: la de legitimar a un presidente bajo sospecha.



En San Lázaro, la debacle*


CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Dentro del paquete fiscal para 2010, en medio de una galopante crisis, el presidente Calderón quiso aplicar a toda costa su impuesto “contra la pobreza”. Lo que consiguió dista de ser la herramienta recaudatoria de sus sueños y desató el malestar generalizado de trabajadores, empresarios y partidos. Pero debe prepararse para una decepción mayor: el paquete está en manos del PRI, cuyas facciones se lo disputan con clara intención electoral.
Si ya habían quedado con la piel muy sensible por no haber podido modificar en su esencia la propuesta económica del gobierno federal para 2010 –en materia de ingresos y sobre todo en lo que se refiere a los impuestos–, los priistas explotaron con las declaraciones del dirigente nacional del PAN, el diputado César Nava Vázquez.

Al sucesor de Germán Martínez le ganó, como con frecuencia a éste, la impericia, la inmadurez y la falta de oficio político, según acusaron diversos analistas y legisladores de todos los partidos, aun del suyo: el mismo día que en la Cámara de Diputados se aprobaron la Ley de Ingresos y diversos cambios en materia tributaria, Nava responsabilizó a los diputados del PRI de que se aprobara un paquete fiscal “incompleto e insuficiente”.

Dijo: “Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del presidente de la República de crear una contribución antipobreza, se tuvo que recurrir a esta alternativa”. Se refería al aumento del IVA a 16%, más endeudamiento y más dependencia de los recursos petroleros.

Diputados, senadores y dirigentes priistas reaccionaron con virulencia. La emprendieron contra el presidente Felipe Calderón, contra el PAN, y Nava se ganó epítetos nada amables: “chamaco irresponsable”, “oportunista”, “llorón”, “maricón”, “puto”, “perverso”, “cobarde”… entre muchos otros.

Más allá de los calificativos, Nava puso en un brete al gobierno federal, que luego de largas y tensas negociaciones con el PRI había logrado la aprobación de un paquete más o menos “aceptable” para librar las dificultades del próximo año en materia de finanzas públicas.
La tarde del miércoles 21 y toda la mañana del jueves 22 hubo un verdadero revuelo entre diputados y senadores priistas. Expresaron abiertamente su enojo y acusaron al gobierno y al PAN de emplear un doble discurso con el ánimo de endilgarle al PRI el costo político de las alzas impositivas aprobadas.

Pero los senadores fueron más allá: amagaron con modificar por completo lo aprobado por los diputados, para no dejar pasar el alza de los impuestos. El propio coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, cabildeó con el PRD y el PVEM para que juntos echaran abajo el aumento al IVA, los cambios en el esquema de consolidación fiscal, el aumento de dos puntos a la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el nuevo gravamen de 3% a las telecomunicaciones.

Como alternativa, propuso a los senadores perredistas y a los verdes que impulsen juntos un mayor déficit fiscal (más deuda), incrementen el precio de referencia del petróleo y suban de un solo golpe el precio de las gasolinas en 20 centavos por litro.

Ante la inminencia de que los senadores regresen a la Cámara de Diputados el paquete fiscal con sus modificaciones, el gobierno se vio obligado a aplicar un rápido control de daños.

Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont, tuvieron que emitir un posicionamiento oficial en el que, en pocas palabras, reconocen “el profundo espíritu de responsabilidad” y la actitud “patriótica” de los diputados del PRI, pues a pesar de que los acuerdos alcanzados puedan “generar irritación en algunos sectores”, tuvieron la “valentía” de cumplir “con los deberes que exige este país”.

No quedó ahí. El sainete provocado por César Nava fue aprovechado por los senadores priistas, en particular por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para insistir en que se cancelaran las alzas de impuestos aprobadas por los diputados. “Si el señor presidente del PAN dice que el paquete aprobado es incompleto e insuficiente, estamos de acuerdo; lo vamos a cambiar”, dijo Beltrones.

Pero también la febril actividad de Beltrones en buscar alianzas y apoyos para echar abajo lo acordado por los diputados, tiene encolerizada a la bancada priista de esa cámara. Primero, dicen, porque Beltrones pretende hacer creer que los senadores estuvieron al margen de los acuerdos de los diputados con el gobierno federal, cuando ellos y la dirigencia del partido estuvieron presentes en las negociaciones y avalaron los acuerdos finales. “Nos quiere hacer quedar como pendejos”, dijo un diputado priista, y lo recogieron diarios capitalinos.

Y en segundo término, de acuerdo con versiones obtenidas por este semanario entre diputados del PRI, porque Beltrones es el que salió perdiendo con lo aprobado en la cámara, toda vez que desde antes de que iniciaran las discusiones formales del paquete económico, él se había comprometido con grandes empresarios –en congruencia con sus aspiraciones presidenciales– a que no habría nada en ese paquete que los dañara económicamente, o a que la afectación fuera mínima.

Pero como fueron aprobadas las propuestas oficiales de incrementar en dos puntos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (que pasaría de 28% a 30%), el nuevo impuesto a telecomunicaciones y los impuestos especiales a la cerveza, los cigarros y juegos y sorteos –así fueran en tasas menores a las propuestas por el gobierno–, los empresarios se encresparon y le reclamaron a Beltrones.

Aunque el mayor enojo de los empresarios se debió a que sí pasó el cambio en el esquema de consolidación, uno de los regímenes preferenciales del ISR, que ahora obligará sobre todo a los grandes corporativos a pagar los impuestos que estaban acostumbrados a diferir hasta el infinito.

De hecho, el jueves 22 el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión privada con todos sus agremiados, incluido el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que congrega a los empresarios con las mayores fortunas del país, para presentar próximamente un posicionamiento público respecto de las alzas impositivas.

Y ahora, cuentan a Proceso, Beltrones quiere salvar la cara, quedar como héroe y, si no prosperan sus esfuerzos, por lo menos demostrar que lo intentó hasta el final.

Pero la actividad y los cabildeos de Beltrones tienen verdaderamente preocupado al gobierno de Felipe Calderón. Hasta el viernes 23 prosperaba entre senadores del PRI, PRD, PVEM y los demás partidos, salvo el PAN, el acuerdo de echar abajo el aumento de un punto porcentual al IVA.

Para el fin de semana discutirían los argumentos para eliminar el 3% en telecomunicaciones y la retroactividad en el esquema de consolidación, así como para revisar las tarifas del ISR con el fin de que el incremento en la tasa, de 28% a 30%, les pegue a los contribuyentes de más altos ingresos.

Todo ello ha llevado a funcionarios de Hacienda y de Gobernación a una febril actividad de cabildeo con los gobernadores priistas y perredistas, para convencerlos de que los cambios que intentan hacer los senadores serían lesivos para las arcas estatales, toda vez que con lo que proponen aquéllos bajarían sustancialmente los recursos participables.

Sobre los cautivos otra vez

Una revisión de los principales cambios a la propuesta gubernamental que se aprobaron en la Cámara de Diputados puede ayudar a contextualizar el debate sobre los ingresos públicos para el próximo año, que tiene confrontados a los priistas, en el agobio y la desazón al gobierno federal, encolerizados a los empresarios y en el más completo encono a la sociedad.

La propuesta central del gobierno fue la llamada “Contribución para el combate a la pobreza”, un impuesto de 2% generalizado a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas. El gobierno pensaba recaudar por esa vía 71 mil 775 millones de pesos, de los cuales 21 millones serían para los estados y el resto se etiquetaría para programas de combate a la pobreza extrema.

Aunque al final el rechazo fue absoluto, no fueron pocos los gobernadores que al principio se entusiasmaron con la idea. Se interpretó de inmediato como un IVA disfrazado, que en la práctica llevaría la tasa de ese impuesto a 17%. Entre la población privó la incredulidad y la desconfianza hacia el gobierno, pues ese aumento implicaba un ataque directo a los bolsillos.

Los empresarios apoyaron la idea. Entre los partidos distintos del PRI y el PAN ni se discutió: por definición, ante cualquier aumento de impuestos la respuesta fue no. El PAN tenía que defender la propuesta del gobierno. Y el PRI tuvo dificultades para decidir pero finalmente la rechazó, pues en su plataforma electoral –y así lo prometieron abiertamente sus candidatos en las campañas electorales de este año– expresamente rechaza los impuestos a alimentos y medicinas.

La solución fue incrementar el IVA en un punto porcentual, para dejar la tasa general en 16%, y 11% en la frontera. La recaudación por esta vía será muy inferior a la que se esperaba con el 2% al consumo generalizado, pues se estima en poco más de 29 mil millones de pesos, contra los casi 72 mil millones que dejaría la “contribución contra la pobreza”.

Sin embargo, la menor recaudación será compensada con otras fuentes. El gobierno propuso, en su marco macroeconómico para 2010, un precio del petróleo de 53.9 dólares por barril; los diputados le aumentaron 5.1 dólares al precio estimado y lo dejaron en 59 dólares, con lo que se obtendrán 63 mil 243 millones de pesos adicionales.

Otra parte saldrá de un aumento del déficit público, que el gobierno propuso en 0.5% del PIB y los diputados subieron a 0.75%, con lo que el ingreso por endeudamiento pasará de los 60 mil millones de pesos previstos por el gobierno, a 90 mil millones.

La propuesta oficial de subir temporalmente la tasa del ISR de 28% a 30% –que bajaría a 29% en 2013 y volvería al actual 28% en 2014– fue aceptada por los diputados, pero fue, junto con el IVA a 16%, la que más irritó a los contribuyentes, personas y empresas. Implica que, para los próximos tres años, los asalariados que ganen más de 6 mil 663 pesos brutos al mes verán incrementada su carga fiscal.

En pesos, por la actualización de tarifas, quiere decir que si una persona gana 8 mil pesos brutos al mes, pagará casi 53 pesos más de impuesto; a quien tenga un salario de 10 mil, le retendrán casi 78 pesos más cada mes; para un salario de 20 mil, el ISR será de 219 pesos más; el que gane 31 mil, pagará 391 pesos más al mes; si gana 40 mil brutos, dejará para el fisco 563.48 pesos mensuales más de lo que venía pagando hasta este año. Y así, durante los años que le restan al actual gobierno.

La queja generalizada fue que otra vez el fisco se recarga sobre los de siempre: los contribuyentes cautivos, asalariados y por honorarios, y las empresas. Los que siempre pagan.
Los empresarios en general también manifestaron su rechazo al aumento en la tasa del ISR, porque –argumentaron– necesariamente eleva sus costos y complica sus planes de inversión. Obviamente amagan con reducir sus plantillas laborales. Aunque como dicho aumento en el ISR es temporal, no hicieron mayor ruido.

Pero quienes sí armaron escándalo fueron los grandes empresarios, porque al aumento de la tasa en ISR deben sumar los cambios en el esquema de consolidación, que les permitía diferir el pago de este impuesto.

Desde que presentó la iniciativa, la Secretaría de Hacienda reconoció que muchas empresas han abusado permanentemente con ese régimen tributario especial que es la consolidación fiscal, pues nunca pagan o pagan muy poco. En 2008 unos 400 grandes grupos empresariales pagaron en promedio 1.7% de sus ingresos por ISR, cuando la tasa general es de 28%.

El gobierno propuso acotar a cinco años la consolidación y que a partir de 2010 pagaran el saldo de los impuestos diferidos bajo este esquema: el próximo año deberán pagar 60% del saldo de los impuestos diferidos desde 2004, y el restante 40% lo aportarán en cuatro parcialidades de 10%. Y así será en lo sucesivo: tendrán que liquidar los impuestos que no pagaron en los cinco años anteriores.

Los diputados aceptaron el acotamiento en la consolidación, pero cambiaron los montos: en 2010 las empresas que consolidan pagarán 40% del saldo acumulado y las siguientes cuatro anualidades serán de 15%.

La aceptación de los cambios en la consolidación fiscal por parte de los diputados es, sin duda, la que tiene más encolerizados a los grandes empresarios. En breve, anunciaron, darán una respuesta unificada de rechazo. Mientras tanto, cabildean al máximo con los senadores para echarla abajo.

Quienes también expresaron un abierto descontento fueron los empresarios de las telecomunicaciones, pues finalmente se le impuso al sector un impuesto especial de 3% –el gobierno proponía que fuera de 4%– a los servicios de televisión por cable, internet y telefonía celular.

En este caso, los diputados aceptaron el argumento oficial de que será la población de mayores recursos la que cargue con el mayor peso de ese gravamen, además de que es un grupo muy reducido de empresas las que prestan esos servicios, por lo que el nuevo impuesto no impactará mayor cosa en sus costos.

Los diputados también aceptaron elevar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en montos menores que los propuestos por el gobierno, para las bebidas alcohólicas, la cerveza, los cigarros y los juegos con apuestas y sorteos.

Pasó sin cambios, además, la propuesta de subir la tasa de 2% a 3% al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de bajar el límite exento, de 25 mil pesos, actual, a 15 mil pesos. El propósito es atacar más decididamente la informalidad, pues los contribuyentes que pagan correctamente sus impuestos podrán acreditar el IDE contra el ISR o bien solicitar la compensación o devolución del mismo.

El miércoles 21, cuando se aprobaron la Ley de Ingresos y las modificaciones en materia de impuestos, todos los sectores empresariales manifestaron su rechazo. Y unánime fue también su crítica al gobierno federal y a los diputados. Los calificaron de “miopes”, “carentes de visión”, “incapaces que sólo pueden hacer parches y no soluciones de fondo”, “temerosos de asumir costos políticos”, entre otros.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, no escondió su enojo: “No se vayan a quejar el próximo año de que no hay inversión, empleos y oportunidades. Ni se vayan a sorprender por la cascada de amparos que habrá”.
Y desde ese mismo día se volcaron hacia los senadores, priistas sobre todo, con la esperanza de que reviertan lo aprobado en la Cámara de Diputados

Esta semana será también de intenso debate y mucho jaloneo. No sólo entre diputados y senadores del PRI, sino también con un gobierno sin capacidad de decisión, con su suerte atrapada en lo que otros dispongan.

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Corrupción que ahoga*


ROSALíA VERGARA

Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.

Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí “se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra”, entre otras muchas irregularidades.

La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil “Energía y Desarrollo” –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra “la dimensión del saqueo patrimonial de CFE” y denuncia la existencia de un “cártel de la electricidad” en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.

También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los “fallos de obras públicas” que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.

La mafia interna

El exdiputado Velasco Oliva asegura que tres de las empresas más beneficiadas por contratos de CFE –Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa– son las mismas que se dispu­tan la concesión para operar la red de mil 100 millones de kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, hasta que Calderón decretó su liquidación.

El estudio transcribe una conversación grabada el 12 de junio pasado entre un asesor de Velasco Oliva con un ingeniero de CFE –en funciones desde hace 25 años–, quien afirma que la corrupción en la paraestatal se recrudeció con Calderón como secretario de Energía. Además, dice sospechar que todos los funcionarios de la paraestatal han creado o se han asociado con empresas, a las cuales adjudican obras, modifican contratos e inflan costos.
Según la fuente anónima, éste sería el caso de Isolux, una empresa filial de Iberdrola.
El documento está plagado de ejemplos de corrupción. Uno ellos es el del ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de Operación de CFE, quien fue destituido del puesto e inhabilitado por 10 años por la extinta Secodam, según el oficio DGAC/GOD-A/135/98 de marzo de 1998, por “conductas irregulares cometidas en el desem­peño de sus funciones”.
Dos años después, el 26 de mayo de 2000, el apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE, Ismael Macías Barrón, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Díaz (entonces Coordinador de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Transmisión) porque presuntamente estuvo al tanto de un préstamo indebido de materiales por 16 millones 208 mil 927 pesos a la empresa Apycsa S.A. de C.V., en un contrato fechado el 22 de diciembre de 1995, y no lo denunció.

El documento cita otro caso: en mayo de 2008, el ingeniero Rubén Loredo, subgerente de división de la CFE en Puebla, presuntamente solicitó y recibió 2 millones 625 mil 87 pesos de la empresa Dobsa Construcciones S.A. de C.V., por adjudicarle el contrato DV000-18/08 por 43 millones 751 mil 465 pesos más IVA para la construcción del Centro de Operación de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en ese estado.

“Al conocer Rubén Loredo que la mejor propuesta económica era la presentada por Dobsa, se abocó a contactar al apoderado legal y plantearle que él era la persona enviada para ofrecerle la ayuda para que la entidad le adjudicara el contrato mencionado, y el costo de la adjudicación del contrato era 6% del monto total, ya que sin esta ayuda era imposible que le otorgara CFE el contrato, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y ser la propuesta más económica de la entidad.”

El administrador de Dobsa, Leonel López Sánchez, narró su experiencia con Loredo en un oficio que envió a Elías Ayub el 19 de marzo de este año, en el que señala que el 5 de diciembre de 2008 Loredo le pidió que se deslindara de una carpeta informativa elaborada por Velasco Oliva relativa a contratos de gas, regasificación y líneas de transmisión que el entonces legislador entregó un día antes a Elías Ayub y al presidente Calderón.

López se queja porque su proyecto fue rescindido y enfrentó una demanda en su contra interpuesta por la Afianzadora Sofimex, por incumplimiento de contrato.

Las ganonas

La construcción de la hidroeléctrica El Cajón llevó cuatro años y costó 800 millones de dólares. Ubicada en el municipio La Yesca, en Nayarit, tiene la capacidad de generar 750 megavatios de electricidad, que representan 2% de la energía eléctrica del país.
El ingeniero que habló con el asesor de Velasco Oliva le pidió investigar esa obra, que Calderón inauguró el 1 de junio de 2007, apenas seis meses después de haber asumido la Presidencia:

–Por ejemplo, El Cajón, que le escarben a El Cajón ahí, en las observaciones –dice el ingeniero.

–¿Pero qué, desviaciones sobre qué? –responde el asesor de Velasco Oliva.

–Sobre pagos exagerados, sin justificación, sin soporte, cuando va a ser inaugurada por el presidente, ahí está todo…

Cuando Calderón inauguró la hidroe­léctrica, reconoció que estuvo pendiente de su desarrollo desde que estaba al frente de Banobras y participó en el esquema “novedoso” de financiamiento, porque “el gobierno mexicano no contaba con 800 millones de dólares que implica la construcción”.

Resaltó que después, como secretario de Energía, vigiló la construcción de la cortina hasta la derivación del río Santiago, mediante túneles. Ese día felicitó al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, al que llamó el “autor intelectual y promotor de la presa”.

Entre las irregularidades señaladas en el estudio La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas destaca la adjudicación directa para el suministro de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, otorgada en 2006 a Repsol Comercializadora de Gas, S.A.

Perú le vendió a Repsol el gas a precio nacional: 6 mil millones de dólares; luego, Repsol le vendió a CFE a precio de Texas, que es el costo más alto para el gas a nivel mundial. “La irregular transacción generó una sobreutilidad estimada en 15 mil millones de dólares”, indica el reporte, y sostiene que “es claro que se puede evitar esta triangulación y ahorrar 15 mil millones de dólares. Hasta el momento (julio pasado), Repsol no ha entregado un pie cúbico de gas”.

El análisis considera que “Repsol se adjudicó una estratosférica y ofensiva utilidad por 15 mil millones de dólares por su actividad de ‘coyote’, causando un daño patrimonial a las dos naciones”.

De acuerdo con el contrato 9100005181, del 6 de junio de 2006, Repsol fue la única empresa que ofertó sus servicios de suministro de gas y se le adjudicó de manera directa. El contrato estipulaba un servicio por 25 años, pero Repsol lo redujo a sólo 20, por lo cual Alfredo Granados Gallardo, subgerente de Adquisiciones de la CFE, modificó la licitación para adecuarla a los requerimientos de la trasnacional. El contrato fue por 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos. Se iniciaría el 28 de octubre de 2006, indica la licitación pública internacional 18164067-009-06.

Con esta triangulación en la compra de gas a las transnacionales se encarece el precio del energético y por ende las tarifas en el suministro eléctrico, impactando directamente en el uso doméstico de gas y electricidad, señala el estudio.

La favorita

El documento resalta que la empresa Iberdrola es la más beneficiada por la CFE desde 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. Cita que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el incumplimiento, daño patrimonial, incrementos en plazos de ejecución y montos injustificados, entre otras irregularidades, en los contratos y permisos otorgados a la empresa.

Según la ASF, Iberdrola cobró la obra por adelantado, para lo cual la CFE debió contratar un crédito de largo plazo, “incrementando los pasivos de la empresa, violando la Ley General de la Deuda Pública”.

Indica otro caso: la Central de Ciclo Combinado Altamira, obra por 5 mil 601 millones de pesos que comenzó a operar 80 días después del plazo fijado en el contrato con Iberdrola.
El 21 de enero de 2004 Iberdrola recibió uno de los 15 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a empresas privadas para distribuir, transportar y almacenar gas natural, el G/153/TUP/2004. Pero la ASF descubrió incumplimientos al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, pues la concesión no estaba planeada, programada, organizada ni controlada.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2006, la ASF fiscalizó el proyecto de Líneas de Transmisión 807 Durango y detectó la colusión de funcionarios de la CFE para modificar las especificaciones planteadas en la obra original para pagarle a Iberdrola precios adicionales a lo estipulado en el contrato PIF-022/2004.

Iberdrola ejecutó el proyecto entre julio de ese año y enero de 2005. No tenía dictámenes, permiso, licencia, derecho de bancos de materiales ni derechos de vía, según la ASF. En octubre de ese año, Iberdrola pidió una prórroga porque el helicóptero que transportaba materiales tuvo un accidente, pero la Auditoría determinó que fue un permiso ilegal porque los materiales debían ser transportados a cuenta y riesgo de la contratista. Aún más, la CFE debió aplicar una pena de 12 millones de pesos a la empresa española.

Otra beneficiaria de la CFE es la alemana Siemens S.A. de C.V., que fue investigada a nivel internacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos el año pasado y descubrió que pagó sobornos de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en China, Rusia, Argentina, Israel, Venezuela y México. Siemens fue multada con mil 400 millones de dólares.

El 29 de noviembre de 2005, la desa­parecida Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Siemens por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, por tres años y nueve meses, y le impuso una sanción económica de 948 mil 375 pesos por no cumplir con los requisitos de un contrato con el Hospital Juárez de México, en 2002.

Sin embargo, entre recursos jurídicos interpuestos por ésta y otras inhabilitaciones, Siemens obtuvo de la CFE los contratos 700161600, de agosto de 2006, para el proyecto llave en mano con PLC mod. LC 700 (sistema integral para golpeadores y precipitador); PIF-011/2007 para la construcción e instalación de siete bancos capacitadotes en líneas con voltajes de 13.8 y 23 kilovatios en Zacatecas y Aguascalientes; PIF-004/2008, del 6 de febrero de 2008, para la construcción e instalación de dos líneas de transmisión, y PIF-022/2008 para la construcción e instalación de ocho líneas de media tensión en Guerrero, Morelos y Estado de México.

En diciembre de 2008, Siemens firmó con la CFE el contrato 900001394 por 31 millones 308 mil 129 pesos para mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas. El 20 de marzo pasado firmó el contrato PIF-003/2009 “para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de líneas de voltaje en los estados”, señala el contrato en poder de Proceso. El monto es por 30 millones 207 mil 740 pesos.

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En la cuna de Luz y Fuerza*


ROSALíA VERGARA

NUEVA NECAXA, PUE.- Cuna de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), el pueblo de Nueva Necaxa, municipio de Juan Galindo, en la Sierra Norte de Puebla, ve cómo decae su actividad económica desde que, el domingo 11, el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de ese organismo.

Les duele a los electricistas de la localidad, cuya población asciende a 10 mil habitantes, que el gobierno federal “le haya quitado el pan de la boca a sus hijos”, dice el presidente municipal, Luis Gerardo Martínez Gómez.

Así lo perciben también el cronista del municipio, Jorge Álvarez, y el subsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar: cada día los trabajadores tienen menos dinero para alimentar a su familia, vestir a sus hijos y comprarles un juguete, un dulce.

Los mil 100 jubilados y los 570 sindicalistas de esta planta empotrada en la serranía poblana, camino a Poza Rica, Veracruz, en las inmediaciones del río Necaxa, temen que la zona se convierta en un “pueblo fantasma”. La razón: 80% de la población productiva era electricista, el resto vivía de la derrama económica del sector.

Hoy, las instalaciones de esta histórica planta creada en las postrimerías del porfiriato, están custodiadas por militares armados, disfrazados con uniformes nuevos de la Policía Federal.
A su lado, las puertas de acceso a la Base de Operaciones de la planta están tapizadas de cartulinas en las que los sindicalistas de LFC plasmaron sus reclamos por la medida del gobierno calderonista. En los alrededores, algunos pescan en el río truchas, carpas o mojarras para la cena.

Al ver a los reporteros y fotógrafos, los uniformados se esconden. La gente dice que está asustada. Fred, quien laboraba como oficinista en la empresa, cuenta que a las ocho de la noche del sabadazo vio cuando llegaron cinco camionetas con elementos de la PF a las puertas de la planta. “Nunca me imaginé que tomarían LFC”.

Dice que él y otros compañeros sacaron a tres trabajadores que cubrían su turno y metieron las camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En una de ella iba el ingeniero Ricardo Castelán, quien todavía está adentro. “Sus familiares nos han dicho que lo tienen a la fuerza”, comenta Fred.

Cuenta que para las 11 de la noche, cuando los noticiarios comenzaron a informar sobre el operativo, “los policías ya estaban adentro”. Él permaneció ahí toda la noche, en la incertidumbre. Luego se enteró que habían sacado a sus compañeros de las áreas de los turbojets, termoeléctricas e hidroeléctricas.

Domingo Aguilar, quien había tomado protesta como subsecretario del SME el día anterior al sabadazo, relata que se encontraba en el local sindical cuando se enteró de la noticia. Tuvo que refugiarse en la subestación El Salto. Y ahí permaneció hasta que entró la policía a la sala de tableros y lo sacaron.

“Fue un despojo. Me sentí como delincuente”, comenta. Explica que en toda la extensión de la División Necaxa hay 6 mil trabajadores activos y 600 jubilados; sólo en la Sierra Norte de Puebla hay 2 mil 500 trabajadores. Además, ahí viven muchos familiares de electricistas que trabajaban en el Distrito Federal.

“El 95% de los habitantes de las comunidades que conforman el municipio Juan Galindo –Nueva Necaxa, Huauchinango, Jilotepec y Berinstáin– son electricistas. Si dejamos que el presidente Felipe Calderón se salga con la suya este será un pueblo fantasma, porque no hay tierras para sembrar o hacer otra cosa. Es un pueblo electricista”, apunta Aguilar.
Las “familias SME”

Fred es padre soltero. Tiene cuatro hijos de 11, ocho, seis y dos años. Los tres mayores están bajo su custodia. Comenta que no saben lo que está pasado, pues “para ellos estoy de vacaciones”.

Después del decretazo tuvo que mudarse con su papá, jubilado de LFC; tiene tres hermanos que trabajaban en la planta con un sueldo de entre mil y mil 500 pesos quincenales, y una hermana menor que está casada con un electricista.

“Mi papá está muy desmoralizado. Todas las noches esperamos a que los niños se duerman para platicar sobre qué haremos de nuestra vida. A mis hermanos les está ganando la desesperación y quieren aceptar la liquidación”, reconoce.

Él, por su parte, dice que continuará resistiendo hasta donde pueda. Confía en que el SME promueva un amparo y demande ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a quien resulte responsable por su despido injustificado. “No veo que estén liquidando a la empresa. Lo que veo es que están quitándole el alimento a mis hijos. El domingo 25 es cumpleaños de uno de ellos y no sé qué voy a hacer. Lo único cierto es que no aceptaré la liquidación, por amor a la camiseta”, asegura.

El caso de Fred es sólo un ejemplo de la desesperación que sienten las llamadas “Familias SME”. Otro ejemplo es el del subsecretario del Trabajo del sindicato, Román Olvera García. Desde su abuelo, la familia ha sido electricista durante cuatro generaciones. Relata que los primeros Olvera llegaron cuando se comenzó a construir la planta de Necaxa.

Hoy, el centro de Nueva Necaxa está lleno de cartulinas de colores fosforescentes con leyendas y consignas de apoyo al SME: “Aguanta, pueblo, estamos en la lucha”, reza una de ellas.

La señora Rosario, quien vende café todas las mañanas cerca del mercado popular y por las tardes ofrece comida para los trabajadores, se queja porque la liquidación de LFC ha perjudicado a su economía.

“Aunque no tengamos familia SME, la situación nos afecta. Pago renta, soy madre soltera, tengo cuatro hijos que van a la escuela. Todos ellos dependen del negocio y la venta ha estado muy baja”, dice a la reportera.

En la pared de su negocio hay un anuncio con la siguiente leyenda: “Este bimestre no pagues tu recibo de luz. Tu contrato está con LFC, no con CFE.”

Las muestras de apoyo a los electricistas se observan por doquier: “Los comerciantes apoyan al SME”, dice una manta desplegada a lo largo del mercado. Las vendedoras, a su vez, comentan: “Es feo lo que hizo el gobierno”; “El gobierno no quiere pagar, hubieran recortado el salario en lugar de quitarles el empleo”.

Los taxistas, cuyas corridas han disminuido en las últimas dos semanas dicen que su asociación apoya al SME en su lucha. “Las acciones del gobierno repercuten en nuestra economía”, dice una pancarta. El domingo 18 tuvieron una reunión urgente “para la organización de proyectos productivos”, dice uno de los entrevistados. El jueves 15, las mujeres electricistas realizaron un encuentro.

Los sindicalistas se coordinaron con la organización católica Cruz y Fuerza para organizar jornadas de oración dentro en las instalaciones del SME, que se iniciaron el lunes 19 y terminarán el jueves 29. Inauguraron también un comedor popular y entonaron consignas como: “Échale ganas, no te deprimas. Esto pasará y ya tendrás que contarle a tus hijos y nietos ¡Ánimo!”

Solidaridad sindical

En un recorrido por las instalaciones de LFC de Necaxa, Huauchinango, Tepeji y Beristáin se observó a militares vestidos de Policía Federal, con trajes nuevos y armas militares, así como de ingenieros de la CFE. En las calles de esas comunidades también hay federales.
Por el contrario, en las oficinas que utilizan para la liquidación de los empleados sólo se ve a cinco policías con uniformes distintos a los que resguardan las instalaciones. Gustosos, posan para la foto y afirman que son de la Ciudad de México y apenas tienen una semana en Puebla.

El miércoles 21 por la noche, en una asamblea general, el SME Necaxa presentó un plan de acción en defensa de los trabajadores, que entre otras demandas plantea exigir atención a los hijos de las trabajadoras en las áreas de terapia del IMSS. Asimismo, se anunció que los petroleros de Poza Rica apoyarán con víveres a la población. La sección 18 del SNTE de Michoacán entregará 9 mil 960 pesos al SME de Necaxa.

Solidarios también se han mostrado los integrantes de la sección 22 del SNTE de Oaxaca y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como la Organización Nacional del Poder Popular y el Consejo Nacional de los Trabajadores.

Durante la asamblea, un abogado del SME central informó a los necaxistas que la dirigencia sindical luchará por que sean recontratados en el nuevo organismo que cree el gobierno.

El presidente municipal de Juan Galindo, Luis Gerardo Martínez Gómez, aplaudió al abogado y se mostró contento con la propuesta. “De lo contrario –dijo– se acabará el pueblo. La gente comenzará a emigrar en busca de sustento”.

La situación es crítica, al grado de que el gobernador Mario Marín ordenó que se enviaran mil despensas a Necaxa para que el SME las reparta entre sus agremiados.

Un grupo de electricistas roqueros anunciaron que el domingo 26 habrá un concierto en el centro de Huauchinango y se presentarán en Villa Juárez. Esas actividades son parte de las jornadas de resistencia de los trabajadores electricistas de esta región, donde el 25 de junio de 1895 el empresario francés Arnold Vaquier creó la Sociedad de Necaxa.

Desde entonces data la organización necaxista. En 1900, Vaquier intentó aprovechar las corrientes del río Necaxa para generar fluido eléctrico. Su idea no prosperó.

Dos años después, los derechos de la empresa fueron cedidos a Frederick Stara, quien fundó The Mexican Ligth and Power Company Limited con capital canadiense. Así surgió la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. En 1903 logró un contrato para generar energía con el gobierno del general Porfirio Díaz.

La zona hidroeléctrica de Necaxa está compuesta por tres divisiones y comprende obras de captación, conducción y almacenamiento de agua, así como plantas generadoras, zona administrativa y un centro de control de la energía eléctrica.
La de Necaxa fue la primera planta que se creó para impulsar la industria eléctrica. Su objetivo era brindar luz a la Ciudad de México y de ahí a El Oro, creándose la línea de transmisión de energía más grande del mundo, dice el cronista Jorge Álvarez.

Entrevistado en la Casa de Cultura local, señala que esta actividad, novedosa en la región, hizo nacer a un “nuevo obrero”: el electricista. “Y hasta apareció un nuevo lenguaje: watts, voltímetro, presas y vasos, líneas y torres de transmisión, amperes, generación, contenedores, bancos, turbinas, estaciones y subestaciones eléctricas, plantas, casa de máquinas, generadores, cuchillas, malacates…”

El subsecretario general del SME, Domingo Aguilar, lo secunda. Y se queja: “Desde hace 30 años el gobierno no ha invertido en plantas de generación. Necaxa fue creada para operar por 50 años y tiene ya 55 años. Durante todo este tiempo ha venido realizando trabajo extra y las ganancias han sido para los gobiernos en turno”.

Y remata: Con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en Necaxa todos temen que el pueblo y todo lo que nació con él desa­parezcan también.

“Aquí nació Luz y Fuerza y esta puede ser su tumba”, dice.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, octubre 24, 2009

Desfiladero*



Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ Hoy: Gran Asamblea Nacional de Resistencia Popular


Jaime Avilés

Todos quieren pasarse de listos y escurrir el bulto, pensando en 2012, pero lo cierto es que las tres vertientes del salinismo priísta en la Cámara de Diputados –la de Beatriz Paredes, la de Francisco Rojas y la de Enrique Peña Nieto– aprobaron, junto con el PAN y casi sin modificaciones, el paquete económico de Calderón después de negociarlo con Carstens. En círculos zedillistas se habla incluso de un acuerdo previo a la votación del miércoles en la madrugada: el monumental secretario de Hacienda habría concertado una mayor derrama de recursos para los gobernadores del PRI, que redundaría en beneficio de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Esto, agregan los que afirman que saben de qué lado masca la iguana, habría causado gran escozor en Los Pinos. De modo que cuando los organismos patronales y las grandes empresas como Telmex repudiaron la catarata de nuevos impuestos recién adoptada por la aplanadora de San Lázaro, César Nava culpó al PRI de haber votado por una propuesta insuficiente e incompleta, y los priístas aprovecharon el supuesto insulto para fingir que se molestaban, tachar a Nava de irresponsable y dejarlo todo en manos de los senadores de don Beltrone.

¿Qué fue lo que disgustó a los dueños de México? En primer lugar, que los priístas hubiesen rechazado el impuesto de 2 por ciento a todos los productos, incluyendo alimentos y medicinas, y que habría sido pagado obligatoriamente por el conjunto de la población. En la negociación con Carstens, ese 2 por ciento se redujo a la mitad y se convirtió en el punto que se añadió al IVA, para que éste subiera de 15 a 16 por ciento, sin gravar comida ni fármacos.

Pero lo que sobre todo irritó a los patrones y a quienes aún cuentan con un empleo fue el aumento de 28 a 30 por ciento al impuesto sobre la renta (ISR) –es decir, al salario– y las cargas fiscales de 3 por ciento a los servicios de televisión por cable e Internet (por esto último brincaron Televisa y Slim, tras advertir que la medida los haría perder clientela). ¿Qué harán los senadores priístas al respecto?

El paquete económico de Calderón es catastrófico por donde se le vea: reducirá aun más el poder adquisitivo del salario, disminuirá el consumo, obligará a que las tiendas vendan menos y las fábricas produzcan menos, por todas estas razones se perderán más empleos, se agudizará el estancamiento económico y arreciará la desesperación social. Los únicos objetivos que persigue esta deleznable estrategia son conservar los salarios faraónicos de la alta burocracia y los injustificables privilegios de los grandes consorcios que no pagan impuestos. A cambio, con el Ejército y la policía en las calles, Calderón no aspira sino a mantenerse en el poder para seguir saqueando las riquezas públicas.

¿Cómo van los senadores priístas a diseñar un programa fiscal alternativo? ¿Acatarán los deseos de los dueños de México echando abajo el aumento al IVA, dejando el ISR en 28 por ciento, eliminando los gravámenes a televisión por cable e Internet, y restaurando, en cambio, el impuesto de 2 por ciento contra la pobreza? Quién sabe. Con el monto de lo recaudado por este concepto, Calderón esperaba financiar programas como Oportunidades y Procampo, para manipular con ellos la compra de votos en 2012. ¿Don Beltrone lo complacerá con tamaño obsequio?

La pregunta de fondo es cómo va Calderón a cubrir el gasto corriente de su gobierno (o lo que sea) sin aumentar impuestos, desaparecer secretarías de Estado, quitarle recursos a las universidades, succionar los fondos del Seguro Social, apostar en el casino de la Bolsa con los ahorros de los jubilados, etcétera. No lo sabe y no es capaz de imaginar siquiera una solución distinta; sus prejuicios políticos y sus limitaciones intelectuales le impiden ver más allá de Carstens, que es otro bueno para nada.

Sin embargo, la respuesta a esa pregunta sí existe y está en los dos anteproyectos de ley que redactaron los legisladores del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Uno plantea la reducción en 50 por ciento de los salarios y prestaciones de la alta burocracia, de directores generales para arriba, hasta llegar a los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la aplicación de esa medida, Hacienda ahorraría 200 mil millones de pesos en 2010.
El otro anteproyecto, en caso de convertirse en ley, obligaría a las grandes empresas a pagar, por lo menos, 300 mil millones de pesos en impuestos, una parte mínima de lo que adeudan al fisco desde los tiempos de Fox. Con esos 500 mil millones de pesos legítimamente recuperados, se taparía el boquete de Carstens y sobraría para impulsar actividades productivas que de veras reanimen la economía del país. ¿Van los senadores del PRI a tomar en cuenta ambas propuestas? Desde luego que no.

Pasado mañana, a las 5 de la tarde frente al Senado, habrá un mitin masivo, presidido por López Obrador, y acompañado por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en que el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular exigirá a los legisladores de la cámara alta que modifiquen radicalmente el bodrio aprobado en San Lázaro por los diputados salinistas del PRI y del PAN.

Hoy, desde las 10 horas, en la sede del SME (Insurgentes centro y Antonio Caso), se llevará a cabo una Gran Asamblea Nacional de Resistencia Popular a la que están citados representantes de trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, transportistas y colonos; periodistas honestos, científicos, artistas e intelectuales; del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética y del movimiento obradorista, para comenzar a discutir el carácter de la huelga nacional que diversos sectores sociales están dispuestos a emprender con tal de lograr la abolición del decreto que extinguió ilegalmente Luz y Fuerza del Centro.

De esa convergencia bien puede surgir un pliego petitorio más amplio, que se oponga al proyecto fiscal del PRI y del PAN y, por lo que toca a los estudiantes, que rechace los recortes presupuestales (calculados en 800 millones de pesos) a las instituciones de educación superior. No deja de ser asombroso que, hasta el momento, el único universitario que está haciendo activismo en todos los foros públicos contra el plan de Calderón sea el rector de la UNAM, don José Narro Robles. ¿Qué estarán esperando los jóvenes para salir a defender la viabilidad de sus centros de estudios, o en otras palabras, la calidad de su capacitación profesional y la posibilidad de transformar a México mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico?

Pésimo ajedrecista, con sus diezmadas piezas acorraladas en el tablero, más débil que nunca, Calderón ha cometido el gravísimo error estratégico de poner en marcha una triple ofensiva: contra el sindicato más antiguo y combativo del país, contra las universidades públicas y contra los últimos vestigios de una clase media a punto de hundirse, y reunirse con el grueso de la población en el abismo de la pobreza. Pero él también tiene un pie en el abismo y sólo cuenta con el apoyo de los levantacejas y de los uniformados (entre éstos, los futbolistas que irán a Sudáfrica). De modo que si todos los sectores que se sienten agraviados por su absurdo plan económico se unifican, la viabilidad de su gobierno (o lo que sea) muy pronto estará en duda.

Desde Montevideo, por su parte, Eduardo Galeano y Helena Vilagra enviaron al buzón de esta columna fotos de una imponente manifestación en el centro de aquella ciudad y país, en donde mañana domingo se efectuará un plebiscito para determinar si ha llegado la hora de acabar con la impunidad de los asesinos que martirizaron al pueblo uruguayo durante la dictadura de los años 70-80. ¡Hermanos queridísimos: que gane el sí!

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.