progressif

sábado, marzo 31, 2012

Desfiladero*



Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.


∙ Jóvenes: votar en defensa propia

Jaime Avilés

Durante un concierto, el sábado pasado, ante decenas de miles de jóvenes asistentes al festival Vive Latino, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, llamó a sus fans a no votar el 1º de julio porque todos los políticos son corruptos”. Ahí mismo, León Larregui, líder de la banda alternativa Zoé, convocó a votar por Andrés Manuel López Obrador. Y las posturas de ambos, aunque contrapuestas, fueron respaldadas con explosivas muestras de júbilo.

¿Todos los políticos son corruptos? No, pero basta con echar un vistazo a algunos de la lista de aspirantes al Senado para estar de acuerdo con Albarrán: para escapar de la cárcel, allí tratarán de refugiarse sujetos protervos, como los cómplices del saqueo de Mexicana de Aviación y la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, ex gobernadores dueños de fortunas “inexplicables”, o los hombres del primer círculo de grupos políticos. ¿Cómo podríamos votar por ellos?

Ellos también pertenecen a los grupos del PRD que llegaron al poder en 2006 con los votos del movimiento de López Obrador y se dedicaron a hacer la política de Calderón, al servicio del PRIAN y de las empresas de Estados Unidos, Canadá y España contra los intereses del pueblo de México.

Fieles a sus compromisos con la ultraderecha nacional e internacional, se negaron a admitir en sus listas de aspirantes al Congreso a una sola de las personas propuestas por López Obrador y tampoco aceptaron ceder a las bases del Movimiento Regeneración Nacional un solo puesto de representantes de casilla en todo el país. El PRD ha pasado a la historia como el primer partido que trata a su candidato a la Presidencia como a su peor enemigo. De allí la vigencia de la consigna que se repite de boca en boca: ¡ni un voto al PRD! Las nuevas boletas electorales así lo permiten.

Ahora bien, ¿no votar para qué? Quienes abogan por el “anulismo” –horrible palabra que evoca la salida del tracto gastrointestinal–, ¿qué proponen? ¿Deslegitimar al régimen? Pero si éste perdió toda legitimidad mediante el fraude de 2006. ¿Contribuir a que todo empeore para que todo mejore? ¿Cómo? ¿Por la vía insurreccional? ¿Bajo qué liderazgo? Por sincera que sea, la pretensión de anular el voto para “castigar al poder con el látigo de nuestro desprecio” (Rodríguez Araujo dixit), es un suicidio. ¿No votar para garantizarle impunidad a Calderón, García Luna, Cecilia Romero, Molinar Horcasitas? No, gracias.

Hay, por desgracia y por cientos de miles, personas a quienes la desmesura del dolor que padecen opera en ellas como anestesia y las priva de toda esperanza. Hay también muchísimas más que, por fortuna estadística, no han sido tocadas por la tragedia y son indiferentes a ésta, mientras apuestan a que su buena suerte perdurará gobierne quien gobierne. Entre estos extremos, que sin duda se tocan, hay 20 millones de jóvenes de 18 años que podrán votar por primera vez pero todavía no saben si cruzarán la boleta a favor de alguien, o no acudirán a las urnas, o anularán su voto para mostrar su rechazo al sistema. También a este grupo pertenecen los que se sienten muertos en vida y con sobradas razones abrazan la causa del escepticismo.

Votar o no votar el 1º de julio es un falso dilema. Hay que hacer las dos cosas. Votar por el único proyecto que ofrece abiertamente poner fin a 30 años de dictadura neoliberal, reactivar la economía, reconstruir el tejido social, devolver a soldados y marinos a sus cuarteles, rescatar el campo, crear 7 millones de empleos, bajar los precios de la electricidad y los combustibles, dejar de exportar petróleo y de importar gasolina, enfrentar al crimen organizado con educación, salud, trabajo, deporte y actividades recreativas.


Pero al mismo tiempo hay que anular o no votar por quienes cobijándose bajo las banderas del proyecto alternativo se apoderaron de las candidaturas al Congreso para bloquear las rutas de acceso al cambio verdadero. ¿Cómo podríamos votar en el DF por los candidatos del PT que palomeó Adolfo Orive? Tras la matanza de Acteal, en 1997, Orive llegó a la Secretaría de Gobernación en 1998 y, dados sus estrechos vínculos con los paramilitares de Paz y Justicia, trabajó como asesor de Francisco Labastida para endurecer la represión contra el EZLN y sacar al obispo Raúl Vera de la diócesis de San Cristóbal.

Habitantes de una ciudad de izquierda por excelencia, los capitalinos, según todos los pronósticos, votarán masivamente por López Obrador y Miguel Ángel Mancera (en este caso por horror a Beatriz Paredes y a la señora Wallace), pero o bien se abstendrán en la elección de delegados, de diputados locales, federales y senadores, o cruzarán su boleta por candidatos de otros partidos, de acuerdo con sus simpatías e intuiciones. Bien saben que no habrá ninguna diferencia entre un delegado nefasto como lo fueron Víctor Hugo Lobo en Gustavo A. Madero e Higinio Chávez en Tlalpan, o Demetrio Sodi en Miguel Hidalgo. En la ciudad de México, el voto de castigo al PRD es la única posibilidad que tenemos para liberarnos del yugo de los bejaranos y los chuchos.

El proceso electoral que se avecina puede marcar el inicio de una nueva etapa en la vida de México o ser la breve antesala de la desintegración del país, en el marco de la peor crisis económica de todos los tiempos. Brasil, Rusia, India y China pretenden crear un banco alternativo al Banco Mundial y disponen del doble de divisas que éste. La sola idea le da soponcio a Wall Street. No en vano, Agustín Carstens, sin pelos en la lengua, exhortó (o más bien ordenó) a Enrique Peña Nieto abrir (léase entregar) Pemex a Estados Unidos apenas llegue a la Presidencia.

Tan sólo por esta razón, nuestras elecciones van a convertirse inevitablemente en un plebiscito que decidirá el futuro de nuestro petróleo. Votar a favor del PRIAN significará regalar Pemex a Washington. Votar a favor de Morena, todo lo contrario. Ante este dilema, ¿los anulistas insistirán en que no votemos? Tenemos por delante mil y una tareas para emprender la reconstrucción del país, pero una de las más urgentes consiste en frenar la desaparición forzada de jóvenes, un sector de la población que según los cálculos más conservadores suma por lo menos 16 mil víctimas en este sexenio. ¿Quién puede atreverse a llamar a los jóvenes a no votar para que este gravísimo peligro siga pendiendo sobre ellos?

Cada vez con más frecuencia aparecen evidencias aquí y allá de nexos entre grupos de narcos, policías, agentes del Ministerio Público, directores de cárceles, soldados, marinos y demás, que integran escuadrones de la muerte. En la ciudad de México es ya un suplicio leer en los andenes del Metro los reportes de las desapariciones de niñas y adolescentes que ocurren día tras día. Por más que la inmensa mayoría de los políticos sean corruptos y deleznabales, por más que la televisión insista en la falsa ventaja irreversible de los candidatos de la derecha, por más indignados y ofendidos que estén, los jóvenes tienen que salir a votar el 1º de julio en defensa propia, y votar en contra de los que se han adueñado de México.

Twitter: @elcante - @MorenasConOnda - @emiajseliva

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, marzo 30, 2012

Indolencia ciudadana*





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


José Gil Olmos

MÉXICO D.F.(apro).- El 28 de marzo del año pasado seis personas fueron ejecutadas en Cuernavaca, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia. A partir de esta matanza comenzó a formarse de manera espontánea el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), cuyo gran logro fue hacer visible a las victimas y sus familias de la guerra contra el narcotráfico.

Un año ha pasado y la violencia sigue a pesar de los esfuerzos ciudadanos porque que cambie la estrategia gubernamental y el ejemplo más claro es que en estos últimos doce meses han muerto más de 12 mil personas en medio de esta guerra que está en la picota del terror

De acuerdo con las cuentas oficiales el número de muertos de esta guerra sobrepasa los 44 mil, pero las cifras periodísticas señalan que hay más de 60 mil y que el año pasado las víctimas fueron 19 mil. Además hay 10 mil desaparecidos y 230 mil mexicanos han abandonado sus hogares en el 2010, según un estudio del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, una institución internacional no gubernamental que monitorea la situación de personas desplazadas en mas de 50 países.

El número de los muertos es de por si preocupante, pero hay algo más que inquieta: el poco peso que ha tenido en la sociedad el movimiento pacífico de miles de víctimas que se han expresado de todas las formas posibles: marchas, caravanas, manifestaciones, encuentros con los representantes de todos los poderes.

Tampoco ha influido en el necesario cambio en la estrategia militar y policiaca del gobierno que sólo ha hecho crecer el poder y curso embravecido de la violencia del crimen organizado.

Si tomamos cualquiera de las cifras de victimas encontramos que cada hora muere un mexicano en medio de la batalla que a toda hora tienen entre si las bandas criminales y, también, con el ejército y la policía.

Frente a este panorama en el que predomina el terror, la mayoría de la sociedad mexicana se ha quedado estática y únicamente ha reaccionado cuando algunos de sus miembros son afectados.

Los llamados a la organización y a las acciones de resistencia civil de las víctimas que integran el movimiento de paz no han surtido el efecto que se esperaba, la impavidez social ante la tragedia nacional expresa un costumbrismo preocupante, es como si la mayoría de la sociedad mexicana aceptara la fatalidad del papel de víctima como una cosa natural.

Esta actitud de derrota por parte de la mayoría de la población mexicana es lo que precisamente siguen aprovechando las bandas criminales y las propias autoridades para mantener su propia guerra sin importar las miles de muertes y desapariciones.

Un movimiento de víctimas, como el que encabeza Javier Sicilia o cualquier otro que aparezca en el futuro, poco podrá hacer sino tiene una respuesta favorable permanente de amplios sectores de la sociedad.

La no respuesta social lo único que generara en cualquier movimiento ciudadano es que con el tiempo pierda fuerza y presencia, pero sobre todo hará que sea más frágil y aumentará de manera irreductible el número de víctimas que parece ser es tres veces más de lo que el gobierno mexicano ha dicho.

Ayer el Secretario de Defensa estadounidense, Leon E. Panetta, dijo que “funcionarios mexicanos” habían estimado que el número de vidas perdidas a causa de la guerra contra el narcotráfico había llegado a las 150 mil.

De ser cierta esta cifra, habría que cuestionar no al gobierno por no dar una respuesta sino a la sociedad mexicana si seguirá en la indolencia, esperando que un día llegue un grupo del crimen organizado a llevarse a uno de sus seres queridos en su propia casa.

*Tomado de la revista Proceso.

jueves, marzo 29, 2012

Indolencia ciudadana*






Tomados e La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha u El Universal, Helioflores.


José Gil Olmos

MÉXICO D.F.(apro).- El 28 de marzo del año pasado seis personas fueron ejecutadas en Cuernavaca, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia. A partir de esta matanza comenzó a formarse de manera espontánea el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), cuyo gran logro fue hacer visible a las victimas y sus familias de la guerra contra el narcotráfico.

Un año ha pasado y la violencia sigue a pesar de los esfuerzos ciudadanos porque que cambie la estrategia gubernamental y el ejemplo más claro es que en estos últimos doce meses han muerto más de 12 mil personas en medio de esta guerra que está en la picota del terror

De acuerdo con las cuentas oficiales el número de muertos de esta guerra sobrepasa los 44 mil, pero las cifras periodísticas señalan que hay más de 60 mil y que el año pasado las víctimas fueron 19 mil. Además hay 10 mil desaparecidos y 230 mil mexicanos han abandonado sus hogares en el 2010, según un estudio del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, una institución internacional no gubernamental que monitorea la situación de personas desplazadas en mas de 50 países.

El número de los muertos es de por si preocupante, pero hay algo más que inquieta: el poco peso que ha tenido en la sociedad el movimiento pacífico de miles de víctimas que se han expresado de todas las formas posibles: marchas, caravanas, manifestaciones, encuentros con los representantes de todos los poderes.

Tampoco ha influido en el necesario cambio en la estrategia militar y policiaca del gobierno que sólo ha hecho crecer el poder y curso embravecido de la violencia del crimen organizado.

Si tomamos cualquiera de las cifras de victimas encontramos que cada hora muere un mexicano en medio de la batalla que a toda hora tienen entre si las bandas criminales y, también, con el ejército y la policía.

Frente a este panorama en el que predomina el terror, la mayoría de la sociedad mexicana se ha quedado estática y únicamente ha reaccionado cuando algunos de sus miembros son afectados.

Los llamados a la organización y a las acciones de resistencia civil de las víctimas que integran el movimiento de paz no han surtido el efecto que se esperaba, la impavidez social ante la tragedia nacional expresa un costumbrismo preocupante, es como si la mayoría de la sociedad mexicana aceptara la fatalidad del papel de víctima como una cosa natural.

Esta actitud de derrota por parte de la mayoría de la población mexicana es lo que precisamente siguen aprovechando las bandas criminales y las propias autoridades para mantener su propia guerra sin importar las miles de muertes y desapariciones.

Un movimiento de víctimas, como el que encabeza Javier Sicilia o cualquier otro que aparezca en el futuro, poco podrá hacer sino tiene una respuesta favorable permanente de amplios sectores de la sociedad.

La no respuesta social lo único que generara en cualquier movimiento ciudadano es que con el tiempo pierda fuerza y presencia, pero sobre todo hará que sea más frágil y aumentará de manera irreductible el número de víctimas que parece ser es tres veces más de lo que el gobierno mexicano ha dicho.

Ayer el Secretario de Defensa estadounidense, Leon E. Panetta, dijo que “funcionarios mexicanos” habían estimado que el número de vidas perdidas a causa de la guerra contra el narcotráfico había llegado a las 150 mil.

De ser cierta esta cifra, habría que cuestionar no al gobierno por no dar una respuesta sino a la sociedad mexicana si seguirá en la indolencia, esperando que un día llegue un grupo del crimen organizado a llevarse a uno de sus seres queridos en su propia casa.

*Tomado de la revista Proceso.

miércoles, marzo 28, 2012

Josefina, el “fuego amigo” o cómo sobrevivir sin el PAN*






Tomados de la Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- La guerra de los audioescándalos ha retornado al equipo de Josefina Vázquez Mota. La grabación divulgada desde el viernes 23 de marzo por el portal www.lasillarota.com alcanzó categoría de escándalo hasta el lunes 26, cuando la propia candidata presidencial del PAN evadió escucharlos en el programa de NoticiasMVS, con la mesa de análisis de Carmen Aristegui.

“Me parece gravísimo que estemos en un terreno de lo ilegal. Evidentemente es un delito grabar llamadas y hacerlas públicas”, afirmó Josefina Vázquez Mota.

Perdió en ese momento la posibilidad de frenar una escalada que duró todo el día a través de Twitter con los hashtags #PincheSota y #JosefinaMentirosa que se volvieron temas del momento en esa red social dinámica y maleable. Sucedió algo similar a lo ocurrido con el tema de la UNAM y su tesis de licenciatura. Vázquez Mota tardó varios días en señalar su respeto a la universidad pública más grande del país y prefirió acusar a la “guerra sucia en redes sociales” por haberse filtrado algunos párrafos de su tesis de licenciatura.

Ese mismo lunes 26 y el martes 27 de marzo su equipo de campaña ensayó una respuesta tardía y poco eficaz: su segundo vocero, Javier Lozano, insistió sin aportar elementos de prueba que la grabación y la divulgación son resultado del espionaje del PRI, y su responsable de redes sociales, Agustín Torres, interpuso una demanda de hechos ante la Procuraduría General de la República para que investigue.

“No responsabilizamos a nadie”, afirmó Torres, el interlocutor de Vázquez Mota en esas llamadas, anulando así la propia línea discursiva de Lozano. Si no responsabilizan a nadie, ¿con qué elementos dicen que es responsabilidad del PRI? ¿Quién coordina a los voceros de Vázquez Mota?

No es la primera vez que el audioescándalo rodea a Josefina. El 31 de enero de este año, en el momento culminante de la contienda interna del PAN, El Universal divulgó otras llamadas telefónicas interceptadas a Vázquez Mota, en las se queja de su adversario, Ernesto Cordero. Lo llama “patán”, lo acusa de utilizar formas “rastreras” y presiona a Gustavo Madero, dirigente nacional del blanquiazul.

“Se acabó la ocurrencia de los foros, seguramente habrá un debate dentro de un mes y se acabó”, se escucha decir a Vázquez Mota en ese audio. “Esto se lo dije a (Gustavo) Madero temprano, yo busqué a Madero, el lunes, y le dije: ‘Oiga, Madero, convócanos porque este cuate nada más los está utilizando (los debates panistas) para golpear, de manera rastrera”.

Más adelante, en la misma grabación, Vázquez Mota sentencia: “Dijo (Madero) ‘Sí, voy a convocar’ y no hizo nada. Hoy en la mañana me habló y le dije: ‘Te lo advertí, Madero, y tú estuviste sentado ayer cuando el cuate me agredió, cuando fue un patán”.

La divulgación de ese audio no afectó las preferencias de Vázquez Mota en las internas panistas. Ganó con un margen muy amplio frente a Ernesto Cordero, el presunto “consentido” de Los Pinos.

Ahora la situación es diferente. Vázquez Mota se encuentra en un round de sombras donde más que enemigos externos lo que tiene son adversarios internos y una evidente incapacidad de coordinar el aparato partidista, disuelto entre múltiples disputas por las candidaturas, renuncias y desencantos blanquiazules.

“Fuego amigo”, como le llaman en el argot político, puede ser lo que esté sucediendo con Vázquez Mota y la divulgación de sus llamadas telefónicas, de sus contradicciones y de sus dichos y hechos pasados.

Lo difícil de entender es que Vázquez Mota nade a contracorriente de su propio partido o su equipo no sepa cómo responder a esta serie de errores elementales. Lo ocurrido en el Estadio Cruz Azul hace dos semanas, cuando la asistencia acarreada abandonó las instalaciones, fue el foco de alerta más grave. Llamarle “errores de logística” a lo que fue un fraude interno sólo exhibió el talón de Aquiles de la candidata.

El momento crítico de Enrique Peña Nieto ocurrió el 3 de diciembre de 2011 en la Feria Internacional del Libro. Su ignorancia fue exhibida en redes sociales. Algunos intentaron acusar la ola digital contra el candidato priista a una “guerra sucia en redes sociales”. El mismo fraseo de Vázquez Mota hace una semana.

La diferencia entre Peña Nieto y Vázquez Mota es que la estructura del PRI salió al quite para rescatar a su Titanic del hundimiento mediático. Su dirigente nacional Pedro Joaquín Coldwell se convirtió en un pararrayos del candidato presidencial. Y los golpes internos dejaron de ventilarse públicamente. Es lógica política pura: si se hunde Peña Nieto se vienen abajo todas las apuestas de los grupos priistas por retornar a la presidencia en el 2012.

En el caso panista, parece que la apuesta es al revés: insisten en mostrar las debilidades de su candidata. Poco le ha ayudado que Calderón se subiera tempranamente al ring para demostrar que era su jefe de facto en la campaña. Y menos la respuesta tardía de su equipo ante los constantes desafíos.

El bono demoscópico que tenía se esfumó en estos momentos de “veda electoral”. Disminuyó 8 puntos en las preferencias electorales, según GEA-ISA, la misma encuestadora que la levantó hace un mes al colocarla en 29% de las preferencias, a menos de 7 puntos de distancia de Peña Nieto. Ahora aparece, en esa misma encuesta con 21%.

Las campañas formalmente iniciarán el 30 de marzo. Pero las disputas mediáticas ya colocaron a los tres contendientes en su contexto político real. Y Josefina Vázquez Mota intenta sobrevivir sin el apoyo de la estructura de su partido.

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, marzo 27, 2012

García Luna, el espía, a la cárcel*




Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- El más reciente escándalo de espionaje político, detonado en vísperas del inicio de la campaña electoral, tiene todos los elementos para que los autores vayan a la cárcel: El delito es la intervención de comunicaciones privadas y la víctima, Josefina Vázquez Mota, ha identificado como el criminal a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.

Más aún, de acuerdo con la propia Vázquez Mota, García Luna tiene un cómplice en esta conducta delincuencial: Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de la Presidencia de la República, y también, portavoz en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.

Luego de que este mismo lunes 26 presentó la denuncia de hechos Agustín Torres Ibarrola, coordinador de Redes Sociales de la campaña de Vázquez Mota y quien fue grabado en una conversación con ella, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) deben determinar la responsabilidad de ambos funcionarios, si actuaron por su cuenta o si se los ordenó su jefe.

Si Calderón no sabía del espionaje y la difusión que de esa ilícita actividad hacen García Luna y Sota Mirafuentes mediante filtraciones, como acusa Vázquez Mota en la conversación con Torres Ibarrola obtenida ilegalmente, es algo muy grave, pero si lo efectúan con su aval es todavía peor, porque conciente actos delictivos a sabiendas.

Es cierto, no sorprende y en todo caso es un elemento más que explica la impunidad con la que ha actuado García Luna a lo largo del sexenio, como el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala acreditaron la conducta delictuosa de ese funcionario favorito de Calderón.

No extraña, por eso, el silencio de los implicados y el presuroso afán de Javier Lozano, uno de los portavoces del Partido Acción Nacional (PAN), de culpar del espionaje al PRI, partido en el que militó hasta 2006 y cuyas prácticas conoce muy bien, pero sobre todo de encubrir a García Luna, prototipo de la delincuencia desde el poder: “Estoy aquí para defenderlo”.

Y añadió: “Yo sí le tengo respeto y afecto, y consideración a Genaro García Luna, y creo que si el presidente de la República le ha brindado su confianza es porque es un hombre leal a la institución a la que sirve, al país para el que trabaja y al presidente que lo nombró.”

Es sabido que Lozano no actúa por sí solo ni tiene criterio propio y que si defiende a García Luna es porque lo mandó su jefe, sobre todo cuando es Vázquez Mota la que lo acusa, como queda claro en la grabación dada a conocer este lunes por el portal La silla rota, en la charla con Torres Ibarrola –por cierto sobrino de Calderón– al final del último debate con Ernesto Cordero y Santiago Creel.

“Vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer?”, dice Vázquez Mota en una expresión muy reveladora también de su verdadera estatura política, y enseguida le comparte a su colaborador: “Como nos están grabando, mándale un saludo a Alejandra Sota”.

Poco después, la candidata del PAN insiste en que la conversación está siendo grabada –“los dos les mandamos saludos a Alejandra Sota y a Genaro García Luna”–, y enseguida hace imputaciones inequívocas: “Un saludo cariñoso para Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas. ¡Pinche Sota!”.

La acusación, entonces, está hecha y la Constitución, en su artículo 16, establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.”

El Código Penal Federal, en el artículo 177, señala: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.”

De manera que, si hay voluntad, la PGR puede investigar y dar con los responsables que, conforme a lo que dice Vázquez Mota, son García Luna y Sota Mirafuentes, como deben hacerlo los abogados que ella contrató: Germán Martínez y Fernando Gómez Mont.

La otra opción es que la acusadora, candidata presidencial del PAN, quede como una falsaria…

Apuntes

Hace tres semanas, el 5 de marzo, en este espacio se informó de la demanda que el abogado Pedro Leblic, en representación de decenas de padres de familia, presentó ante los tribunales de España contra la organización secreta El Yunque, debido a que viola el artículo 22.5 de la Constitución de ese país, que prohíbe “las asociaciones secretas y de carácter paramilitar”. Pues bien, un juez civil ha decidido admitir la demanda, una decisión inédita que permitirá conocer el nivel de penetración de ese entramado ideológico que opera, también, en otros países. En México, mientras tanto, los juramentados hicieron valla y cantaron loas a Joseph Ratzinger, el Papa que dio la comunión a un sujeto que la historia juzgará por las matanzas que propició…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, marzo 26, 2012

Premia Calderón a un general torturador*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Gloria Leticia Díaz

Su nombre aparece vinculado a casos de tortura y acciones ilegales de las fuerzas castrenses, que se ventilan incluso en instancias internacionales; su prepotencia se ha documentado hasta en videos que circulan por las redes sociales. Aun así Felipe Calderón decidió ascender a Alfonso Duarte al generalato de tres estrellas, incluso fuera de tiempo –el mes pasado en vez de hacerlo en noviembre, como se estila–, tal vez con la intención de convertirlo en candidato a secretario de la Defensa Nacional para el próximo sexenio.



El nombramiento de Alfonso Duarte Múgica como general de división confirma el desprecio de Felipe Calderón por los derechos humanos y coloca a este militar en la lista de aspirantes a suceder a Guillermo Galván Galván al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para el ascenso ordenado por Calderón el 19 de febrero, Día del Ejército, no estorbaron las 25 demandas por tortura contra Duarte Múgica radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJBC) ni las menciones que de él se hacen en la recomendación 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también por tortura, y mucho menos el fallido operativo contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, en junio de 2011, en el que una juez federal concluyó que tropas del Ejército rindieron informes falsos para incriminar al dueño del Grupo Caliente.

Se pasó por alto que como responsable militar de Baja California, Baja California Sur y Sonora fue incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estuvo en San Quintín en 2011 y en Los Cabos en febrero pasado.

Tampoco importó que en septiembre de 2011 se difundiera un video en el que se advierte la prepotencia de Duarte ante funcionarios civiles, cuando “regañó” al secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona.

Versiones recabas por Proceso entre los altos mandos del Ejército indican que Duarte es reconocido como un militar protagónico, de mano dura, tolerante con los violadores de los derechos humanos pero hábil para manejar a su favor a los medios y a los grupos empresariales, sobre todo los que simpatizan con la política de seguridad del gobierno de Calderón.

El 19 de febrero, en un desayuno en las instalaciones de la II Región Militar (que él encabeza), en Mexicali, para celebrar el Día del Ejército, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán felicitó a Duarte por la nueva estrella obtenida, al pasar de general de brigada a general de división. Duarte tiene 57 años y es el más joven de los 26 divisionarios del país.

Fue el único ascenso que Calderón ordenó el Día del Ejército en un hecho fuera de lo común, pues las promociones castrenses suelen llevarse a cabo cada 20 de noviembre.

El artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estipula que los grados de coronel, generales brigadier, de grupo, de brigada o de ala y de división son “conferidos por el presidente de la República”.

El cargo tiene que ser ratificado por el Senado o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, según el artículo 38 de esa ley.

El 21 de febrero la Secretaría de Gobernación solicitó que “sea ratificado el grado que actualmente ostenta el C. General de División Diplomado de Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica (6459830)”.

El documento (SEL/UEL/300/090/2012), signado por el subsecretario Rubén Alfonso Fernández Aceves, viene con una copia del acuerdo firmado por Felipe Calderón y el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, y con la hoja de servicios de Duarte. Dos días después el presidente de la mesa directiva del Senado, José González Morfín, turnó el expediente a la Comisión de Defensa Nacional.

Aunque está previsto que la ratificación se dé el jueves 29, en la página de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Duarte Múgica aparece ya como general de división.

“Pues hasta el momento sí, soy el general de división con menor edad. Para mí constituye una gran distinción, un gran honor, el ascenso conferido por el señor presidente de la República a propósito (sic) del general secretario”, declaró Duarte al semanario Zeta (edición 1978, del pasado 27 de febrero).



La Sedena en la mira



Fuentes de la Sedena explicaron que el mensaje enviado por Calderón es claro: con el ascenso pone a Duarte en condiciones de competir por la titularidad de la Sedena, lo que no podría hacer si el nombramiento se le hubiese otorgado en noviembre próximo.

La simpatía de Calderón hacia Duarte no es nueva. Fue nombrado comandante de la II Región Militar el 22 de noviembre de 2010 y era el único general de dos estrellas con esa encomienda, lo que no era bien visto entre los mandos castrenses.

El encargo se le dio después de una gira de Calderón por Tijuana. El 7 de octubre de 2010, ante empresarios, el presidente hizo gala de la supuesta pacificación de la ciudad fronteriza, atribuida a la militarización.

Las palabras de Calderón, incompatibles con la realidad del estado –ese año se registraron 530 ejecuciones–, fueron efusivamente celebradas por los empresarios; Calderón buscó la mirada de Duarte, entonces comandante de la Segunda Zona Militar, y dijo: “Ese aplauso es también para el Ejército, señor general”.

Duarte había asumido la jefatura de zona el 1 de junio de 2008. “Como responsable castrense de Baja California organizó y coordinó esfuerzos interinstitucionales en dos sentidos: combate a las células del crimen organizado en tema de tráfico y secuestro; además de depuración de las fuerzas civiles locales”, publicó Zeta el 2 de enero de 2012, en su número 1970.

Esa “depuración” no fue tersa. Desde 2009 Proceso ha dado seguimiento a los abusos cometidos por militares en Baja California durante la gestión de Alfonso Duarte como comandante de zona y región, así como de quien fue su aliado en la detención masiva de policías en Tijuana, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana y ahora responsable de la seguridad en Ciudad Juárez (números 1701, 1722, 1724, 1737, 1759, 1794, 1800, 1818, 1828, 1834 y 1844).

“El ascenso del general Duarte Múgica confirma por dónde va la política de seguridad del Estado y que los derechos humanos son mero discurso; estamos ante un ascenso cimentado en la tortura de decenas de personas para que se declaren culpables de ser narcotraficantes y se justifique la militarización de la seguridad publica; es un ascenso sentado sobre las amenazas a defensores y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, dice a este semanario Silvia Vázquez, abogada que tuvo que huir de Tijuana tras ser amenazada por defender a las víctimas de los abusos.

En 2009 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) atendieron las denuncias de 42 personas torturadas por militares en instalaciones castrenses: 34 policías municipales de Tijuana, dos agentes ministeriales y seis civiles. Estos casos fueron denunciados por ambas organizaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de noviembre de 2009.

Los siguientes dos años ambas agrupaciones documentaron 10 casos más, entre ellos violaciones sexuales tumultuarias a hombres y mujeres como mecanismo de tortura.

Mientras Duarte estuvo al frente de la Segunda Zona Militar las quejas registradas por esas organizaciones se circunscribían a Tijuana; a partir de que el general se mudó a Mexicali las denuncias por abusos militares se trasladaron a la capital de la entidad y se extendieron a Tecate, San Felipe y Ensenada. Se han registrado incluso ejecuciones extrajudiciales, casos de los que la CNDH tiene conocimiento.

La labor de los defensores se ha visto amenazada. En 2010 Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CCDHN y de la CMDPDH, y Blanca Mesina Nevárez, representante de los expolicías municipales torturados por militares, fueron amenazadas de muerte. Tuvieron que huir de Tijuana.

El hostigamiento vino luego de que promovieron la integración de 25 demandas por tortura en instalaciones militares ante las procuradurías General de la República y estatal de Baja California, contra soldados torturadores así como contra Duarte, Leyzaola y el capitán Gustavo Huerta, quien fuera mano derecha de Leyzaola y actualmente su sucesor en Tijuana.

En febrero de 2012 el secretario técnico de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, quien ha recabado testimonios de abusos en Mexicali, Ensenada, San Felipe y Tecate, fue amenazado por militares, hechos de los que tienen conocimiento la CNDH, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los familiares de las víctimas que han denunciado los abusos también han sido amenazados. Los últimos actos de hostigamiento ocurrieron el pasado 13 de enero cuando militares allanaron las casas de cuatro civiles detenidos en Playas de Rosarito y torturados para que se inculparan como secuestradores.

En 25 casos –ocurridos en marzo de 2009–, 23 policías (entre ellos una mujer) y dos civiles estuvieron arraigados 40 días en la sede del 28 Batallón de Infantería. Los acusaron de colaborar con el narcotraficante Teodoro García Simental y fueron recluidos en el penal de El Rincón, Nayarit, desde mayo de 2009; 13 de los expolicías fueron liberados en agosto de 2010.

Por este tema y el desplazamiento obligado de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, la CNDH emitió la recomendación 87/2011 y confirmó que se utilizaron instalaciones militares para que soldados torturaran a las 25 víctimas –abusaron sexualmente de la mujer policía–, además de que hubo detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación; en cuanto a las defensoras, hubo violaciones a su integridad y seguridad personales, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, libertad de tránsito y residencia.

En la recomendación se menciona que Duarte, como jefe de la Segunda Zona Militar, recibió notificaciones de la PGR por detener a las 25 personas y mantenerlas arraigadas en el 28 Batallón de Infantería.

“A pesar de que la recomendación fue aceptada por la Sedena la impunidad se ha perpetuado”, apunta en entrevista Silvia Vázquez. “Las primeras quejas se presentaron ante la PGR, que las acumuló en una sola y la turnó a la Procuraduría de Justicia Militar, que de inmediato archivó el caso; en cuanto a las 25 denuncias también por tortura pero ante la PGJBC, no hay avances, no han llamado a declarar a Duarte, a Leyzaola ni a Huerta”.



La pifia de Tijuana



Uno de los detenidos por las tropas a cargo de Duarte que se “victimizó”, pero que fue liberado por el Poder Judicial de la Federación, es Jorge Hank Rhon, cuya esposa, María Elvia Amaya, ocupa el lugar número ocho de la lista plurinominal del PRI al Senado.

Por una supuesta denuncia anónima, la madrugada del 4 de junio de 2011 la residencia del exalcalde de Tijuana fue allanada por un piquete de soldados. Él y 10 personas más fueron detenidas y presentadas por los militares con 88 armas de fuego, 78 sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército, así como 9 mil 250 cartuchos útiles.

El escándalo, un mes antes de la elección de gobernador del Estado de México, duró 10 días. Tras una breve estancia en instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y después de ingresarlo al penal del Hongo, en Tecate, la juez noveno de Distrito, Blanca Parra Meza, no encontró elementos para procesar a Hank ni a sus acompañantes.

Se comprobó que la irrupción del Ejército fue ilegal –sin orden de cateo ni flagrancia– y que el parte militar no coincidía con los hechos observados en el video de circuito cerrado del domicilio ni con los testimonios de siete personas presentes en la detención.

Después de la pifia, el 16 de junio la procuradora general Marisela Morales aseguró en entrevista con la conductora de televisión Adela Micha que ella no estaba enterada de que uno de los detenidos era Hank y que la PGR fue incapaz de sostener la versión castrense porque los militares “no grabaron” el operativo.

En la entrevista con los editores de Zeta se le pregunta a Duarte “qué salió mal” en el operativo contra Hank. El alto mando insiste en defender la versión original del Ejército y que su función terminó al poner a disposición de la PGR a los detenidos. Y advierte: “Nosotros continuaremos trabajando ante la flagrancia del delito (…) lo continuaremos haciendo en beneficio de la ciudadanía”.

En su número 1970, Zeta señala como logros del general durante su primer año al frente de la II Región Militar: 3.6 de las 5.9 toneladas de cocaína aseguradas por el Ejército en todo el país; 19.5 de los 26.1 millones de dólares incautados en México, y la quinta parte de las mil 557 toneladas de mariguana decomisadas por las Fuerzas Armadas.

Entre los logros sin duda se enumera el hallazgo en julio de 2011 de un plantío de 120 hectáreas de mariguana en las inmediaciones de San Quintín, que pertenecía a El Chapo Guzmán. La plantación tendría por lo menos cuatro meses de operación.

Pese a que la región donde se localizó el plantío es permanentemente vigilada por el Ejército, ya que en San Quintín está la sede del 67 Batallón de Infantería, en la entrevista con Zeta el general Duarte admitió que El Chapo estuvo ahí: “Se tuvo información por parte de las personas que fueron detenidas (cerca de 60, la mayoría jornaleros) que ahí en el megaplantío estuvo esta persona”.

Días después de que Duarte fuera ascendido a general de división, El Chapo Guzmán volvería a aparecer en sus terrenos, esta vez en Los Cabos, Baja California Sur.

El sábado 3, Cuitláhuac Salinas, titular de la SIEDO, reveló que un día después de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reuniera con cancilleres del G-20 en Los Cabos, Guzmán Loera estuvo ahí.

Con todo, para los bajacalifornianos no cabe duda de quién manda en su estado y la muestra la puso Duarte en septiembre de 2011, cuando apabulló al segundo de a bordo del gobierno de Osuna Millán.

En un video de 39 segundos difundido por los medios de todo el país se observó a Duarte vestido de gala en el brindis del 15 de septiembre. A gritos le ordena al secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, que se acerque donde están él y el gobernador; sin mirar al funcionario, Duarte notifica a Osuna Millán que giró órdenes a los responsables de todas las instalaciones militares para que se niegue el acceso a Cardona.

“Es un borracho, un grosero, irrespetuoso y confianzudo”, dice el general del funcionario, que permanece callado mientras Osuna asume como ciertas las acusaciones.

El 20 de septiembre el funcionario ofreció una conferencia de prensa explicando que la molestia del general fue porque Cardona llegó tarde a la ceremonia en homenaje a los Niños Héroes, que no subió al templete y prefirió retirarse, pero que no iba alcoholizado, como aseguró el militar.

Cardona lamentó la exhibición que se hizo de su persona pero confió que junto con el gobernador Osuna procurarían sus “mejores oficios para que el general baje su intensidad en las molestias”.

“¿Esta vetado para entrar a instalaciones militares?”, soltó un reportero. “Eso dijo el general”, respondió Cardona, lacónico.

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, marzo 25, 2012

La justicia quedó pendiente*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Jorge Carrasco Araizaga

Las presiones de Felipe Calderón en torno al caso Cassez, así como las pontificaciones del mandatario sobre lo que debe hacer un poder independiente como lo es el Judicial, hicieron mella en la Suprema Corte antes de su resolución del miércoles 21. Algunos ministros, en particular el presidente de esta instancia, Juan Silva Meza, están indignados por esas expresiones, en tanto que la ministra Olga Sánchez Cordero prepara un nuevo proyecto encaminado a la concesión del amparo. Entretanto Genaro García Luna, el secretario intocable de Calderón, quedó comprometedoramente exhibido por violar el derecho de la ciudadana francesa al debido proceso.



Las presiones directas de Felipe Calderón resultaron contraproducentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por el momento, el titular del Ejecutivo fracasó en su pretensión de sacar de la Primera Sala el expediente de Florence Cassez y, por otra parte, los ministros de esa instancia exhibieron las violaciones constitucionales atribuidas, sobre todo, a uno de sus funcionarios más cercanos, Genaro García Luna.

De acuerdo con constitucionalistas de dentro y fuera de la Suprema Corte, el ahora secretario de Seguridad Pública quedó expuesto a una investigación penal e incluso a un posible juicio político una vez que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala resolvieron que era procedente el recurso de revisión solicitado por la ciudadana francesa contra la sentencia de 60 años a la que fue condenada por secuestro.

En sesión pública realizada el miércoles 21, esa misma mayoría determinó que se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” de Florence Marie Louise Cassez Crepin cuando fue detenida en diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación (AFI), al mando entonces de García Luna.

Esa mayoría –integrada por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo– se redujo cuando sólo los tres primeros votaron por conceder el amparo a Cassez. Y la mayoría se disolvió cuando los ministros Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero no alcanzaron un consenso respecto a los efectos del recurso, por lo que la Primera Sala tendrá que elaborar un nuevo proyecto.

La encargada es la ministra Sánchez Cordero, quien junto con Zaldívar ha favorecido la liberación absoluta e inmediata de Cassez, mientras que Cossío propone un amparo “para efectos”; es decir, regresar el expediente al Tribunal Unitario que le impuso la pena de 60 años para que emita una nueva sentencia, pero sin considerar una serie de pruebas desacreditadas por el montaje televisivo realizado por la AFI con el apoyo de Televisa y TV Azteca.

Consultadas por Proceso, diversas fuentes de la Suprema Corte consideran que la ministra Sánchez Cordero tendría que conciliar las dos posturas para facilitar la liberación de la ciudadana francesa. De no haber acuerdo a partir del nuevo proyecto, el caso pasaría en automático al pleno de la Suprema Corte, donde de antemano se prefigura una votación en contra del amparo.

Desde que el ministro Zaldívar hizo público su proyecto para la liberación, Calderón desplegó una intensa presión hacia la Corte para que el caso saliera de la Primera Sala por considerarla “demasiado liberal”, según dijeron testigos del cabildeo que realizaron durante dos semanas funcionarios del Ejecutivo federal en la Corte.

Por las oficinas de los ministros de la Primera Sala pasaron funcionarios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas Lizeth Parra, jefa de la Unidad de Información y Análisis de la última dependencia e identificada como la entonces funcionaria de la AFI que convocó a las televisoras para el montaje sobre la detención de Cassez.

Todavía 48 horas antes de que se efectuara la votación, los secretarios de Estado se encargaron de buscar directamente al presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, para insistir en la pretensión de que el caso se discutiera en el pleno de ministros.

El martes 20, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acudió a la sede del Poder Judicial de la Federación para hacer esa petición a Silva Meza. Lo mismo intentó un día antes la titular de la PGR, Marisela Morales. Pero la insistencia de la procuradora para que el máximo representante del Poder Judicial la recibiera ese mismo día frustró el encuentro.

El mismo lunes, Calderón pronunció un discurso que causó irritación en la Corte. En una clara alusión a la esperada votación de la Primera Sala, el jefe del Ejecutivo delineó la manera en que debe actuar el Poder Judicial de la Federación. Acompañado de García Luna por tercera vez en menos de dos semanas en un acto público, dijo en Papantla, Veracruz: “Al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica”.

Justicia “implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado, y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia”, expresó de cara a la interpretación que harían los ministros de la Sala sobre la revisión del amparo de la ciudadana francesa.

En respuesta al proyecto de Zaldívar, que proponía la liberación “absoluta e inmediata” por las violaciones al debido proceso, Calderón prosiguió trazando la línea que según él deben seguir los jueces: “Justicia donde sí, por supuesto, se ponderen las garantías de los procesados, pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia”.

Para rematar, recargó en el Poder Judicial la responsabilidad de la impunidad y la seguridad en el país: “Si no hay justicia, no habrá seguridad”, porque “la impunidad es el estímulo más poderoso… para que el delincuente, que observa que puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”.

El discurso sorprendió en el máximo tribunal porque el propio Silva Meza, en público y en privado, le había pedido a Calderón respeto hacia las decisiones del Poder Judicial, que en forma abierta y reiterada las ha cuestionado desde su posición en Los Pinos.

“Lo que pasa es que cuando (Silva Meza) tocó el tema de justicia en México me encabronó”, escucharon funcionarios del Poder Judicial como respuesta de Calderón ante la petición del presidente de la Corte, según refirieron fuentes judiciales.

El discurso no sólo provocó la respuesta pública de Silva Meza, sino que varios ministros de la Primera Sala reafirmaron su convencimiento de que el asunto Cassez debía quedar en esa instancia.

“Fue un discurso de clara intromisión: el titular de un Poder diciendo lo que debe hacer otro cuando está a horas de tomar sus propias determinaciones. Eso no es propio de un sistema democrático, donde debe prevalecer el equilibrio entre Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para evitar el abuso de poder”, declaró un alto funcionario judicial.

El presidente de la SCJN le replicó a Calderón la mañana del miércoles 21, a unas horas de que la Primera Sala discutiera el controvertido amparo. Durante la ceremonia del Ducentésimo Sexto aniversario del nacimiento de Benito Juárez, efectuada en el Palacio Nacional, Silva Meza expresó ante Calderón:

“En el Poder Judicial de la Federación (PJF) queremos que imperen los valores y los principios constitucionales. Por ello, jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad.”

Con el mismo tono de respuesta que había utilizado frente al titular del Ejecutivo el 15 de diciembre de 2011, cuando dio su primer informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal –el organismo encargado de la administración y supervisión de los juzgados y tribunales federales–, Silva Meza continuó:

“Lo que busca el PJF es una justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad, y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho; nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos.”

Horas después, una mayoría de cuatro votos a cinco resolvió contundente: en la detención de Florence Cassez se cometieron violaciones constitucionales. Y aunque no era la litis o materia de la discusión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo arremetió contra los responsables del montaje, urdido por los entonces directivos de la AFI, encabezados por García Luna.

“Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje o simulación –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en términos de ley y que, desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas”, expresó.

Aunque no se inclinó por conceder el amparo, Pardo se manifestó por su procedencia; es decir, para que fuera discutido en la Primera Sala debido a “las violaciones que se advierten durante la detención, la averiguación previa y, en su caso, el proceso penal seguido contra la quejosa”.

Con el montaje, dijo, “hay la afectación al derecho fundamental de ser puesto a disposición de una autoridad sin demora por parte de los captores”, como ocurrió cuando la AFI demoró 35 horas para presentar a Florence Cassez ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

De acuerdo con Pardo, en la SIEDO también se violaron el artículo 21 de la Constitución respecto a la actuación del Ministerio Público y el derecho a la asistencia consular, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Aunque aseguró que estas violaciones “no generan (la) corrupción generalizada” del proceso contra Cassez, como destacaba Zaldívar en su proyecto, su voto contribuyó a establecer la existencia de violaciones a los derechos humanos y a garantías constitucionales, como expresó la ministra Sánchez Cordero.

“En eso ya no hay cambios, independientemente de lo que ocurra con Florence Cassez”, considera el constitucionalista Elisur Arteaga. “Dentro del montaje está contenido el delito de abuso de autoridad, por lo que desde que se reconoció su existencia debió abrirse una averiguación previa”, explica.

Los ministros no investigan delitos, pero con su resolución sobre la comisión de violaciones, la autoridad ministerial tiene que actuar, dice.

Más todavía, cualquier particular podría solicitar a la secretaría general de la Cámara de Diputados juicio político contra el secretario de Seguridad Pública en razón de que ya se estableció que violó la Constitución y las leyes, dice el también profesor de la Escuela Libre de Derecho.

Indica que esa posible demanda se puede hacer al amparo del último párrafo del artículo 109 de la Constitución, según el cual “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados”.

Arteaga dice que se tendrían que denunciar los hechos y aportar pruebas a partir de lo que ya dijo la Corte, además de copia del expediente del caso contra Cassez.

Aunque García Luna está próximo a dejar su cargo, dice, la acusación para el juicio político sigue vigente durante un año, por lo que no importa si él está en México o en el extranjero. Además de ese funcionario podrían ser acusados servidores públicos de la SIEDO que violaron los derechos constitucionales de la ciudadana francesa.

Consultadas por este semanario, fuentes de la Corte coincidieron en que desde el momento en que la Primera Sala determinó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos existen condiciones legales para que la PGR inicie una averiguación contra quienes intervinieron en la detención y su puesta a disposición ante la SIEDO.

Pese a ello, el coronel del Ejército con licencia y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, adelantó el viernes 23 que el Ministerio Público no actuará hasta que haya un fallo definitivo de la Corte.

“Tenemos que tomar en cuenta que este caso nace de una investigación exitosa a cargo del Ministerio Público, de la policía investigadora que llega a la detención de una banda de secuestradores, que se logra el rescate del cautiverio de tres secuestrados. Esos son parte de los hechos que tienen que considerarse”, dijo el militar, identificado como “el número dos” en la PGR después de Marisela Morales.

Si bien los ministros de la Primera Sala se pronunciaron en su mayoría sobre la existencia de violaciones contra Cassez, al margen de lo que suceda con ella el subprocurador adelantó que la PGR no hará nada mientras la Corte no resuelva en definitiva:

“En este momento lo que tenemos es una cuestión de intercambio de criterios de ministros que no están plasmados en ninguna resolución; una vez que queden plasmados formalmente, el Ministerio Público tendrá que actuar en consecuencia.”

El nuevo proyecto, en torno al que ya se está trabajando en la oficina de la ministra Sánchez Cordero, tendrá que acercar las posiciones de los ministros Zaldívar y Cossío para conceder el amparo.

En tal caso, la ministra Sánchez Cordero también podría ponderar su pretensión de conceder el amparo “liso y llano”, lo que implicaría la liberación inmediata de la ciudadana francesa, dijeron funcionarios de la Corte.

Durante la sesión pública de la Primera Sala, Sánchez Cordero aclaró que ante la Corte “no se está juzgando sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona, ni sobre la afectación que hayan sufrido quienes fueron víctimas de los delitos que en el asunto se involucran (contrario a lo que manifestó la noche del miércoles la PGR), sino… la incidencia que puede tener la actuación de las autoridades en el respeto de las libertades de los derechos humanos y de las garantías constitucionales del proceso penal”.

Para la ministra, bastó la violación al derecho consular para anular todo el procedimiento contra Florence Cassez y darle la libertad inmediata. En su defensa del debido proceso, Sánchez Cordero ha promovido y apoyado resoluciones que tienen que ver con la liberación de mujeres e indígenas condenados a partir de vicios procesales.

Uno de ellos, en abril de 2010, fue el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, sentenciadas a 21 años de prisión acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la AFI cuando la corporación –dependiente de la PGR– estaba precisamente bajo el mando de García Luna.

Para conseguir el apoyo de Zaldívar o Cossío, Sánchez Cordero deberá convencer a alguno de los dos ministros y sumarse ella misma a esa posición. Cuando su proyecto fue rechazado, Zaldívar dijo que para construir mayorías se debe ceder en los extremos para poder avanzar, pero advirtió que le resultaba imposible modificar su proyecto.

“Zaldívar, en efecto, no podía modificar su posición porque tenía muy poco espacio para ir contra una posición tan categórica como ‘el efecto corruptor’ que planteó en su proyecto. Tendría que construir otro esquema para conceder el amparo. La otra opción es que Cossío haga lo mismo y considere que el caso se debe resolver en la Corte y no el Tribunal Unitario.

“Las posiciones se tienen que conciliar. De no ocurrir, el caso de nuevo se entramparía en la sala y al pasar –por ley– al pleno se resolvería en definitiva por la negativa. Si ello ocurre, a Florence Cassez no le quedaría más que acudir a instancias internacionales, donde con los ojos cerrados ganaría una demanda contra el Estado mexicano por las violaciones a sus garantías”, consideran los funcionarios judiciales.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, marzo 24, 2012

Desfiladero*





Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.



∙ Close up a la misa de Benedicto XVI

Jaime Avilés

Para cubrir la misa de Benedicto XVI, El Canario Temerario, periódico virtual para personas que coexisten en Twitter, contrató una cámara de video situada a 34 mil kilómetros de altura sobre Guanajuato, en la órbita geoestacionaria de la Tierra, donde flotan los satélites que por millares ha puesto la humanidad en ese anillo. La transmisión, brevísima, consistirá en un fade in (acercamiento paulatino) hasta encuadrar en close up (plano muy cerrado) la silla que ocupará Andrés Manuel López Obrador durante la misa de papa presente. Comenzamos…

La primera imagen es la clásica de nuestro planeta, envuelto en nubes, que la cámara atraviesa para mostrarnos la isla de plástico, de 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, en el océano Pacífico norte, amasada con basura inorgánica de América, Asia y Oceanía. En su rápido descenso, ahora nos muestra Medio Oriente, donde Israel y Estados Unidos pretenden atacar a Irán con armas nucleares, mas no lo hacen porque Rusia, China e India se oponen.

Rusia posee los mayores yacimientos de gas natural del mundo. India y China tienen 2 mil 400 millones de habitantes: la tercera parte de la humanidad. Y dependen del petróleo iraní. Por motivos demográficos, económicos y militares, Estados Unidos los teme y respeta. Noam Chomsky (La Jornada, 3 de marzo de 2012) sostiene que el armamento nuclear de Israel constituye la peor amenaza a la paz mundial. Y opina que, para conjurar ese peligro, Irán también debería tener armas atómicas, moción que apoyan Rusia, India y China.

Pero el mundo sigue girando y ahora el ojo electrónico de El Canario Temerario enfoca a la Unión Europea, azotada por la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. La cámara registra las protestas callejeras en las capitales del Grupo Pegi (Portugal, España, Grecia e Italia), donde las conquistas sociales logradas por los trabajadores durante el ciclo de la especulación financiera desaparecen bajo las nuevas leyes laborales, como las que se empeñan en imponer en México el PRI, Felipe Calderón y Javier Lozano, el vocero del crimen empanizado, y Josefina Vázquez Mota.

La pérdida del poder adquisitivo de Europa debilita a las empresas exportadoras de Estados Unidos, imperio que hoy por hoy depende más que nunca de los enormes mercados de China y de India, obligados por la crisis a reducir sus compras y sus ventas del exterior. Así que neutralizado diplomáticamente por los gigantes asiáticos en Medio Oriente, incapaz de recuperar el crecimiento económico debido a la estrechez y apuros que afligen a sus clientes, la potencia que encabeza Barack Obama observa con enorme preocupación el proceso electoral que se desarrolla en México.

Estados Unidos sabe que su disputa con China por el liderazgo mundial se aproxima a zonas de conflicto ineludibles, de modo que trabaja con ahínco para superar sus enormes desventajas. China se extiende sobre una superficie de 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados y cuenta con más de mil 350 millones de habitantes. Nuestro vecino del norte ocupa 9 millones 166 mil kilómetros cuadrados, pero su población apenas sobrepasa 300 millones de personas.

El gran novelista sueco Henning Mankell no descarta que en un futuro no lejano alrededor de 400 millones de chinos podrían establecerse con fines “pacíficos” para trabajar en fábricas y brindar ayuda humanitaria en los territorios de África que han sido despoblados por distintas plagas. Estados Unidos tiembla, porque esta especie de “bipartición” de su principal adversario le resultaría insuperable.

De modo que, según los datos que envía a esta página la cámara de El Canario Temerario, el desmantelamiento del Estado nacional mexicano, la destrucción de nuestra economía productiva, el desgarramiento de nuestro tejido social y la desarticulación de nuestro territorio, dominado hoy por distintos grupos armados –unos visten uniformes oficiales, otros no, pero todos reciben pertrechos, municiones y recursos financieros de Washington–, no persiguen otra finalidad que convertir a México en una extensión de Estados Unidos, en la lógica de la confrontación a mediano plazo con China.


¿Cómo explicar, de otro modo, que la Casa Blanca exprese su “admiración” por figuras políticas irrelevantes e ineficientes en grado superlativo como Felipe Calderón, Enrique Peña o Josefina Vázquez? La posibilidad real de que esa casta de muñecos manejables a control remoto sea remplazada por el liderazgo, el equipo, el proyecto y el movimiento de masas de Andrés Manuel López Obrador preocupa de verdad a Hillary Clinton y a su elegante mayordomo.

En el cronograma de los preparativos para la confrontación con China, un sexenio bajo la batuta de López Obrador puede significar una pérdida de tiempo muy grave para Estados Unidos; significaría aplazar seis años no sólo la fase final de la destrucción de México como nación soberana, sino también la instalación de bases susceptibles de contener, a lo largo de nuestras costas, armas disuasivas para los chinos, eventualidad que no debemos descartar ni mucho menos.

Pero en su descenso incontenible hacia Guanajuato, la cámara de El Canario Temerario enfoca al fin el sitio donde se celebrará la misa de papa presente y empieza a identificar rostros conocidos, cuyos nombres, sin embargo, no recuerda. Por allí pululan personajes que eran muy jóvenes el 26 de agosto de 1978, cuando en Roma el obispo Albino Luciani se convirtió en Juan Pablo I, al ser elegido como papa número 263 y adoptar los nombres de sus antecesores, Juan XXIII y Paulo VI.

Empeñado en terminar con las operaciones clandestinas que la banca vaticana hacía para lavar fondos de la mafia, Luciani ordenó una inmediata investigación y en su primera alocución pública dijo que “la explotación del hombre por el hombre es un pecado que clama venganza a los ojos de Dios”. Como la mafia y el FMI no estaban listos para tolerar un papa de izquierda, el 28 de septiembre de 1978, un mes después de sentarse en el trono de San Pedro, Juan Pablo I amaneció muerto.

Lo sucedió el joven y carismático obispo de Cracovia, Karol Wojtyla, anticomunista furibundo que bajo el nombre de Juan Pablo II contribuyó a la disolución del bloque soviético y dio un formidable impulso al neoliberalismo, pero no impidió que la Iglesia perdiera millones de fieles debido a la impunidad que les brindó a legiones de curas pederastas, entre los cuales descolló y gozó de especiales privilegios quien luego fue reclasificado como un “verdadero monstruo”: el michoacano Marcial Maciel.

A Juan Pablo II lo sucedió su “alma gemela”, Joseph Aloisius Ratzinger, ex soldado del ejército nazi, al que sirvió en Hungría en 1944, quien al ser coronado en 2006 heredó los estragos de esta doble crisis: una masiva disminución de católicos y una drástica reducción de limosnas. En pos de recursos financieros frescos, que pactará en Guanajuato, y dispuesto a dar a cambio de ellos apoyo político a la oligarquía mexicana, que carece de candidatos para conservar el poder, Benedicto XVI se dispone a oficiar la misa y la cámara de El Canario Temerario enfoca la silla donde… ¡no está sentado López Obrador! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¡Esa imagen la repetirán las televisoras hasta el 30 de junio a media noche! ¡AMLO desairó al papa! ¡AMLO desairó al papa! Pero, momento, momento, ¿qué pasa? ¡Esa es la silla de Quadri! Andrés Manuel ya llegó, ya está ahí, sigue en la carrera por la Presidencia.

Twitter: @elcante @nanzumu @emiajseliva

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, marzo 23, 2012

El trabajo sucio de García Luna*






Tomados de La Jornada, Helguera, el Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.

Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.

Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del DF, Arturo El Negro Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.

Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priista– las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.

Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Público. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.

Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.

Durante la pasado administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.

El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del exfutbolista argentino Rubén Omar Romano.

El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.

En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.

Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.

Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”. Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.

García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.

Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.

El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.

Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comando García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

jueves, marzo 22, 2012

Detrás de la cumbre de Singapur*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, el Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

El domingo pasado leímos una nota en La Jornada cuya cabeza decía: “En Singapur, cumbre civil y de académicos contra el tabaco”. Fueron convocados académicos y profesionales de la salud que buscan erradicar el tabaquismo. Obviamente fueron convocados también los grupos antitabaco que navegan como organizaciones de la sociedad civil y que son furiosos cruzados en contra del tabaco a como dé lugar.

El presidente del congreso, Philip Eng (ex presidente del Comité Nacional para Dejar de Fumar de Singapur), señaló que se debe “fortalecer la colaboración para impulsar y empoderar a las poblaciones, con información científica y confiable, respecto de los daños que el humo del cigarro causa a la salud”, es decir fortalecer a los grupos militantes contra el tabaco que no hacen investigación científica ni confiable sino que sólo repiten como loros las burradas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Vale decir que P. Eng, de 102 artículos publicados, sólo ha escrito dos sobre el tabaco, uno sobre el tamaño de las células de cáncer de pulmón en fumadores y otro sobre la correlación entre el humo de tabaco y su posible incidencia en cáncer de pulmón en mujeres chinas (las cursivas son mías).

Lo paradójico del caso es que habrá (hay, pues el congreso empezó el martes) talleres de discusión. ¿De discusión de qué, si todos son antitabaco y no han invitado a nadie que difiera de sus puntos de vista? Lo que van a discutir será cómo erradicar el tabaco, y no los supuestos o reales daños que éste causa. Este es el punto que nadie está dispuesto a discutir, ni en México ni en ningún otro país; mucho menos en la OMS, la nueva internacional del antitabaquismo o, si se prefiere, más de moda: el nuevo Vaticano de los sacerdotes antitabaco.

El simple hecho de cómo está organizado el congreso y con qué tipo de participantes es una negación absoluta de lo que debiera ser una reunión científica. En la ciencia se discute sin prejuicios en busca de la verdad y no para comprobar a fuerzas una hipótesis, bien o mal planteada. Esto no ocurrirá, y las resoluciones ya las podemos imaginar.

Lo primero que tendrían que hacer es discutir si la metodología usada para detectar los problemas que produce el tabaco es la correcta. Se basan, todos, en correlaciones estadísticas que no buscan relaciones de causalidad y dicen idioteces como la que aparece en un costado de la cajetilla de cigarros que estoy fumando en este momento: “En México una de cada dos personas con infarto cardiaco fumaban”. ¿Qué quiere decir esto? Nada, salvo que está mal redactado. Pero siguiendo la mismísima lógica y la mala redacción igual podrían decir: “una de cada dos personas con infarto cardiaco no fumaban”. Así dicho, cada quien escogerá cómo tener un infarto: fumando o sin fumar; al gusto del cliente.

Son tan brutos los de las asociaciones antitabaco y los que les hacen caso en el gobierno que ni siquiera piensan en lo que están diciendo. Pero estos “académicos” de la lucha contra el tabaco no son científicos, son loros repetidores de lo que mal leyeron los burócratas “científicos” de la OMS. Donde decía “el consumo de tabaco puede producir, por ejemplo, cáncer o un infarto cardiaco”, ellos escribieron “produce”, y no es lo mismo, pues para esto tendrían que demostrarlo. ¿Cómo creen que lo están demostrando? Muy sencillo: se administró humo de tabaco a 100 ratas, por ejemplo, y tres murieron. ¿Y por qué no murieron igual las otras 97? Esta pregunta no se la hacen, pues el objetivo del estudio fue demostrar que el humo de tabaco mata.


Volviendo al congreso de Singapur, por parte de México asistirá, según la nota del lunes, la joven economista Belén Sáenz de Miera, del Instituto Nacional de Salud Pública y satélite del senador panista Ernesto Saro en su cruzada personal de subir impuestos al tabaco para desincentivar su consumo. Los conocimientos de esta muchacha, adquiridos en el CIDE y en la Universidad de York, se han volcado desde hace seis años en estudios econométricos para calcular la relación de los impuestos al tabaco y al consumo, que es una de las obsesiones del tal Saro. Éste, por cierto, es presidente de la Comisión de Salud del Senado, y nadie sabe por qué, pues es ingeniero químico administrador, egresado del Tecnológico de Monterrey. Fue director general de Química y Farmacia SA de CV (QuiFa), de Ramos Arizpe, Coahuila, municipio del que ha sido alcalde un par de veces. QuiFa es una filial desde 1997 de Perrigo Company, trasnacional que en 2010 obtuvo ganancias por más de 2 mil 600 millones de dólares y que vende ni más ni menos, entre varios productos, chicles y pastillas con nicotina para dejar de fumar (sólo su chicle de sabor canela ha vendido 40 millones de dólares anuales en Estados Unidos).

Ernesto Saro representa, en México, el típico caso de las farmacéuticas contra las tabacaleras, razón por la cual no sólo está en contra del tabaco, sino que si aumenta el contrabando de cigarrillos, como aumentó en 2011 (del 2 al 15 por ciento en un año, Reforma, 20/3/12), el senador le echa la culpa a las empresas del tabaco y no al incremento del impuesto que él promovió desde la Comisión de Salud que encabeza. La pifia de Saro es que el aumento del impuesto de siete pesos por cajetilla de cigarros hizo que se recaudaran 12 mil millones de pesos menos de los que habían calculado y el consumo de tabaco no disminuyó como esperaban. Buena parte de los consumidores se abasteció del contrabando (200 millones de cajetillas), por lo que no se pagaron los impuestos esperados. Como su estrategia fiscal no le dio resultado, él y los fanáticos antitabaco quieren prohibir que se fume casi en todos lados, y que los mal llamados pictogramas en las cajetillas aumenten de tamaño y, por supuesto, que se incremente todavía más el impuesto al tabaco. La idea es simple: inducir que la gente deje de fumar, para que los fumadores, “dependientes de la nicotina”, consuman ésta por la vía de parches y chicles ¡con nicotina!, que producen y comercializan las poderosas farmacéuticas. Una cosa por otra.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

miércoles, marzo 21, 2012

Calderón-Cassez, supremo ¡corte!*







Tomados de la Jornada, Hernández, Helguera, El fisgón y Rocha y El Universal, helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- La escalada de presiones políticas y mediáticas del gobierno de Felipe Calderón sobre la Suprema Corte de Justicia llegó a su máximo nivel, a unas horas de que los cinco ministros de la Primera Sala Penal determinen si aprueban el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien propuso la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez como resultado de las irregularidades procesales en su contra.

La presión ya no se circunscribió a la presunta candidata panista a jefa de gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en vocera de las víctimas y defensora de Genaro García Luna. Miranda de Wallace, con apoyo de medios afines, organizó un road show para exigirles a los ministros que no liberen a Florence Cassez. En la segunda parte del reality judicial también participó el subprocurador Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la SIEDO. El funcionario tuvo la puntada de justificar las irregularidades de la detención de Florence Cassez por el tráfico de ese día: “hay que analizar el tránsito ese día, la disposición de vías, cuestiones que son tan particulares”.

Ahora la presión la encabeza el primer mandatario Felipe Calderón. Acompañado de su socio y funcionario estelar, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (director de la AFI durante la “recreación indebida” de la detención de Cassez e Israel Vallarta), Calderón se lanzó en un discurso agresivo, admonitorio para reclamarle al Poder Judicial que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”.

El discurso de Calderón no ha tenido buena recepción en las redes sociales y en varios medios impresos. “Intromisión indebida”, tituló el periódico La Jornada en su editorial de hoy. Varios usuarios de Twitter recordaron la protección de Calderón a García Luna y se extrañaron porque nunca actuó con la misma vehemencia en otros casos como el de la guardería ABC o el Casino Royale.

El episodio de este 21 de marzo revive lo ocurrido en febrero de 2011, cuando el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, le negó el amparo a la ciudadana francesa. En esa ocasión, los tres magistrados integrantes del Séptimo Tribunal, tenían una votación dividida. Acabaron votando unánimemente para negarle el amparo a Cassez. El magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, hermano de la ministra Margarita, y de Alejandro, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezó la negativa de amparo.

Las presiones contra los tres magistrados no trascendieron en los medios mexicanos, salvo en la televisión francesa que en aquella ocasión se adelantó y anunció que Cassez podía salir liberada con una votación de 3 a 2. El resultado final de 3 votos en contra de la liberación de la ciudadana francesa. Varios magistrados confiaron, en privado, que las principales presiones provinieron del poder mediático y del poder político, especialmente, de Felipe Calderón.

Ahora no se trata de una presión tras bambalinas. Es abierta, frente a las cámaras de televisión nacionales y extranjeras y sin pudor por el elemental respeto a la autonomía del Poder Judicial y a la división de poderes.
No son pocos los intereses que se entrelazan en esta coalición que actúan en lo que podemos llamar el “Supremo Corte” del reality judicial que inició en diciembre de 2005 en torno al caso de Cassez.

Sólo por enumerar alguno de esos intereses:

-La revista Proceso documentó en su reciente edición (número 1846) que uno de los personajes claves en la trama es el exagente del Mossad y empresario Eduardo Margolis Sobol. Margolis tuvo como socio al hermano de Florence, Sebastian Cassez, en la empresa Radiancy, al mismo tiempo que mantenía una estrecha relación con la SIEDO y con la AFI por su papel como presunto intermediario para resolver secuestros en la comunidad judía de México y para montar empresas de seguridad.

Margolis no sólo es un empresario próspero, amigo de Genaro García Luna y de Isabel Miranda de Wallace. También es accionista de la empresa CV Directo, dedicada a la venta de “productos milagro” en la pantalla televisiva. Cualquiera que sintonice los canales de Televisa puede observar que CV Directo es uno de los principales clientes de la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

-La CNDH ha tenido una posición más cercana a la de Miranda de Wallace, en claro contraste con la comisión capitalina de derechos humanos (CDHDF). La posición de la CNDH no es casual. El suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht, padre de Sharon Fastlicht, es integrante del Consejo Ciudadano de la CNDH. Fastlicht, perteneciente a la comunidad judía mexicana, también participó en el consejo ciudadano de la PGR.

-En el reality judicial también interviene el interés personal del presidente francés Nicolás Sarkozy, en plena campaña de reelección. Desde su anticlimática visita a México, Sarkozy dejó en claro que el caso de Florence lo tomaría como una cruzada personal.

Esta situación condujo a una inevitable confrontación personal con Felipe Calderón. Paradójicamente, ambos mandatarios son muy similares: presionan, representan a una derecha populista y toman los asuntos de Estado como si fueran cruzadas personales.

-Los medios franceses, en especial, France2, y los periódicos y revistas han desentrañado contradicciones y evidentes fraudes ministeriales en el proceso contra Florence Cassez.

Por ejemplo, hace un año en el programa Envoyé Spécial, conducido por Fraincoise Joly y Guilaine Chenu, exhibió a Ezequiel Elizalde, exiliado en Texas, como un testigo protegido de la policía que miente para simular una condición de “detective” y estudiante de “criminalista”.

-Los cabos sueltos del caso son múltiples. Y la otra cara del reality judicial también comienza a ventilarse en algunos reportajes. El periódico Reforma publicó este martes 20 de marzo que Ezequiel Elizalde declaró ante la PGR que su suegra y su cuñado estuvieron implicados en su secuestro.

“La propia víctima declaró ministerialmente que uno de sus tíos, de nombre Fernando Flores Bonilla, es integrante de la AFI, la corporación que indagó su plagio”, advierte el reportaje firmado por Abel Barajas.

*Tomado de la revista Proceso.