En economía, un sexenio exitoso... para el crimen organizado*
Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.
Carlos Acosta Córdova
Uno de los principales, acaso el más dramático por sus
efectos en la economía –la cual no creció de acuerdo con su potencial ni
produjo un mayor bienestar social–, es que las medidas adoptadas no pudieron
romper con el viejo pacto fiscal, ese por el que los gobiernos cobran poco y
gastan mal –dejando “amplios espacios para la corrupción de quienes ejercen el
gasto y de quienes están bien conectados con el poder”–, es decir, gastaron
mucho más de lo que obtuvieron vía impuestos.
Los gobiernos panistas siguieron la fórmula fácil que
instauraron los priistas desde mediados de los años 70: valerse del petróleo y
sus generosos ingresos para compensar su debilidad recaudatoria.Pero no sólo eso, en el balance bisexenal se observan dos fenómenos igual de graves: aparte de que no se redujo la economía informal, en la que ya se ocupan 30% de los mexicanos con trabajo, la debilidad del Estado y sus instituciones ha permitido una creciente e incontrastable economía criminal: grupos de la delincuencia organizada desafían al Estado y, aun, lo sustituyen en algunos ámbitos, como el cobro de “impuestos”.
Así lo cree el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra
–doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, exdirector general
del CIDE y exembajador de México ante la OCDE–, y lo documenta en su nuevo
libro: Con dinero y sin dinero… Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio
fiscal.
En este texto, ya en librerías desde la semana pasada, bajo
el sello de Random House Mondadori, colección Debate, el autor explica las tres
premisas del pacto fiscal que nos tiene estancados.
La primera, dice, es que se cobra relativamente poco como
proporción de toda la riqueza que se genera en el país. “Esto es así porque el
gobierno cobra mal, tanto por incapacidad administrativa como porque la ley
fiscal tiene tantos huecos y privilegios que el cobro de impuestos es
inequitativo y las posibilidades para evadirlos o darles la vuelta son muy
atractivas y pueden ser autojustificadas en vista de la baja calidad del gasto
público. Incluso entre individuos que reciben el mismo ingreso las tasas
impositivas efectivas pueden ser muy distintas en función del origen de esos
ingresos”.
La segunda premisa, afirma el autor, “es que el gasto
público, generalmente de mala calidad y con muchos desvíos a favor de quienes
lo controlan, siempre es mayor que ese ingreso y muchas veces es acaparado por
grupos con capacidad de presión política o por la burocracia encargada de
ejercer el gasto, ya sea a través de derechos laborales favorables respecto a
los que hay en el mercado laboral privado, por desperdicios provocados por la
desorganización administrativa o por la vía de la corrupción”.
Y justo lo que ha permitido la existencia del binomio
“impuestos bajos-gasto alto” es el caudal de recursos que deja el petróleo. Esa
es la tercera premisa de nuestro pacto fiscal, dice Carlos Elizondo.
Explica: “Los ingresos petroleros generados a lo largo de
décadas se han gastado para cubrir la diferencia entre los impuestos que
efectivamente se recaudan y el gasto público que ejerce el gobierno. No
invertimos esos ingresos en actividades que generarían una mayor riqueza en el
futuro ni los ahorramos, como sería razonable y justo con las generaciones
venideras”.
Nada de eso cambió una vez que el PRI salió de Los Pinos, a
finales del año 2000, afirma. Y lamenta: “En ocasiones las transiciones
democráticas proporcionan la oportunidad para rehacer el pacto fiscal. Cuando
el gobierno ya es resultado del voto popular, se supone que debería gastar los
recursos públicos en beneficio de la sociedad en general, pero en nuestro caso
dicho cambio no se ha dado.
“Peor aún, en el camino se deterioraron otros ámbitos; la
transición debilitó el poder político del presidente, lo que, aunado a la baja
capacidad de muchos de quienes llegaron al poder a partir del año 2000 y a las
débiles instituciones que heredó el priismo en materia de recaudación y gasto,
provocó incluso que crecieran los espacios donde existen pactos fiscales informales
o ilegales.”
Además, advierte Elizondo Mayer-Serra, particularmente en
los últimos seis años se dio paso a una creciente presencia del crimen
organizado, sobre todo en las economías regionales.
Escribe: “En algunas zonas del país la crisis de seguridad
se ha convertido en un conflicto entre el Estado y las mafias criminales por
ver quién le cobra a la sociedad.
“La mafia le llama derecho de piso, pero es una suerte de
impuesto que no da servicios públicos sino que garantiza no ser violentado. Incluso
también protege contra los recaudadores fiscales, lo que le permite, gracias al
flujo constante de ese ingreso, desafiar al Estado y hasta sustituirlo en
ciertos ámbitos.
“Si en la economía informal hay grupos fuera del Estado que
con apoyo de sus propios agentes construyen un pacto que no pasa por las leyes,
en la economía criminal un grupo de organizaciones pretende desplazar al
Estado.”
En el caso de los criminales, dice, no hay pacto alguno. “Es
una imposición. Las organizaciones delictivas pretenden suplantar al Estado, a
veces con la colaboración de sus agentes, a los que tienen comprados o
amenazados, a veces también apoyando a algún candidato en una elección local,
incluso con algún apoyo social, pero el control de la relación está en el crimen
organizado”.
Con autorización del autor y de la editorial, se reproduce
el siguiente fragmento del capítulo 6:
* * *
A pesar de la alternancia y de que el voto se ha convertido
en el instrumento para llegar al poder político, nuestro pacto fiscal no ha
cambiado. Sigue descansando en una lógica perversa: recaudar poco y gastar mal.
Sigue prevaleciendo la práctica de devorar todos los recursos fiscales
posibles, algo propio de un sistema basado en la opacidad del gobierno y la
desconfianza de los ciudadanos.
La democracia nos dio la oportunidad de enfrentar el
problema de la legitimidad gubernamental y construir un pacto fiscal distinto
basado en un gasto público de mayor calidad, liberado de los amarres
corporativos y de las ineficiencias y corrupciones del pasado. Sin embargo,
como ya vimos, la oportunidad no fue aprovechada por varias razones. En primer
lugar, el presidente Vicente Fox consumió el capital político de la alternancia
en escaramuzas y embates sin que hubiera claridad en sus objetivos. Esto
permitió que prevaleciera la naturaleza del viejo sistema político, el cual
otorga a los actores bien organizados un peso inusualmente alto para una
democracia. En segundo lugar, el hecho de que “el presidente de la alternancia”
nunca tuviera una mayoría en el Congreso, hizo que su incapacidad para
enfrentar a los grupos privilegiados se magnificara: no logró llevar a cabo las
reformas que hubieran generado otra relación entre ciudadano y Estado. En la
elección intermedia de 2003, lejos de ganar más espacios en la Cámara de
Diputados, Vicente Fox los perdió, a pesar de que el lema panista de la campaña
fue “Quítale el freno al cambio”.
Su falta de liderazgo, la ausencia de reformas que
disminuyeran las barreras de entrada para la participación de la sociedad y la
pasividad de ésta permitieron que nuestro viejo pacto fiscal sobreviviera sin
alteraciones. El presidente Calderón tuvo menos margen que su antecesor y
tampoco fue capaz de cambiar nuestro pacto fiscal que, en sentido estricto, se
volvió peor, dado el ingreso petrolero excedente por el aumento en el precio
internacional del crudo, que permitió tener más ingresos sin tener que recaudar
más, y la creciente descentralización de los recursos fiscales federales a las
entidades, las cuales en general gastan con menos rendición de cuentas que el
gobierno federal. Seguimos padeciendo un gobierno caro y de baja calidad, pero
que no nos cuesta tanto como contribuyentes. Como el ingreso del petróleo es un
dinero que no ha salido de nuestro bolsillo, hemos protestado poco por el mal
uso que se ha hecho de él. Nuestra democracia se ha construido sobre la renta
petrolera.
Los gobiernos de la alternancia sí lograron mantener la
estabilidad fiscal en medio de una seria crisis macroeconómica mundial. No es
poca cosa. Los gobiernos no democráticos, que tenían mucho más poder, no
pudieron hacerlo. De 1976 a 1994 hubo regularmente una crisis macroeconómica de
fin de sexenio. Sin embargo, nuestro actual equilibrio depende en buena medida
de la renta petrolera. No es suficiente. Los gobiernos de la alternancia no
lograron construir un nuevo pacto fiscal y perdieron amplios segmentos del
territorio a manos del crimen organizado. Por tanto, no es sorpresa que sólo
25% del electorado votara por la candidata del partido en el poder.
*Tomado de la revista Proceso.
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