Da Trife un paso más para convalidar el fraude

Zócalo 27 de agosto de 2006

Como estaba previsto desde hace varios días -no hay que olvidar las declaraciones de Fox y el PAN toda la semana anterior- en poco más de tres horas, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) decidieron por unanimidad que en la elección presidencial se respetó el principio de un hombre un voto y el sugragio efectivo.


No les importó el cúmulo de evidencias presentadas y de manera leguleya argumentaron que la Coalición por el Bien de Todos no mostró alegatos y pruebas en las que se pudieran basar sus dichos.


Les urgía terminar con la sesión y de manera fast track los proyectos se desahogaron en una sola ponencia presentada por el secretario general de acuerdos. No dieron cifras y "curiosamente" todos, palabras más o menos, dijeron lo mismo.


De poco valió que la sesión fuera televisada en vivo, pues solamente sirvió para leer un script previamente elaborado, para presentar el show con pretenciones de legalidad y pluralidad para el consumo de las masas. Para que la televisión y radio tuvieran los "sesudos" discursos preestablecidos. Si de eso se trata el Canal del Poder Judicial de la Federación, podríamos ahorranos los recursos que de nuestros impuestos se destinan a él. Ya es harto suficiente con las televisoras paleras del poder.


Sobre el detalle de los 375 juicios de inconformidad presentados por los partidos políticos -entre ellos el PAN- en las próximas horas se sabrán sus dictámenes. Estos serán colocados en los estrados, es decir en las paredes del tribunal. Los mismos no merecieron poder ser vistos por el restringido público que pudo seguir la trasnmisión por los sistemas de televisión de paga. Eso sí, se llenaron la boca al decir que estarían de forma íntegra en Internet. Eso también dijeron los consejeros del IFE, que colocarían las actas de los cómputos de las más de 131 mil casillas de todo el país y es hora que seguimos esperando. Total de lo que se trata es de tener "presidente" a la de ya, sin tomar en cuenta lo que dicen defender: la ley.

Foto tomada el domingo 27 de agosto de 2006

A ese tipo de "legalidad" es al que siempre se refieren las cúpulas del poder en México, cuando dicen que se debe respetar el Estado de derecho y las "instituciones" del país. Una interpretación de la ley a la medida de las circunstancias, a modo pues.

Y para muestra aquí una nota tomada de La Jornada de hoy lunes
http://www.jornada.unam.mx


Estalla escándalo laboral en el colegio Green Hills

Maestros y personal administrativo acusan a la institución de obligarlos a firmar renuncias sin recibir indemnización y desconocer su antigüedad

Evade el pago de impuesto, acusan


PATRICIA MUÑOZ RIOS


El colegio Green Hills, renombrado por tener entre su alumnado a hijos de ex presidentes de la República, políticos prominentes, empresarios, directivos del sector financiero y artistas, fue demandado ante tribunales por haber cometido diversas violaciones laborales contra todo su personal académico y administrativo, incumplir con la Ley Federal del Trabajo y cometer fraude contra el Seguro Social para evadir el pago de cuotas, así como al fisco en general.


Las copias de las demandas interpuestas ante las autoridades laborales del país -que fueron entregadas a este periódico por los propios trabajadores- indican que al personal que en su mayoría tenía 12, 15 y hasta 25 años de trabajar en la institución lo obligaron a firmar su renuncia sin ninguna indemnización y desconocieron su antigüedad.


También los obligaron a firmar un nuevo contrato en el que aceptan tener el "salario mínimo" con una outsourcing denominada Soluciones y Estrategias Administrativas Sociedad Anónima (SEA), todo ello con la finalidad de evadir el pago de impuestos al fisco, "ahorrarse" cuotas al Seguro Social e Infonavit, abatir el costo de su nómina y desconocer obligaciones laborales con sus empleados, según detallan las copias de los litigios interpuestos.


El caso involucra a un líder sindical pederasta

La maniobra fue aceptada por su sindicato, denominado Justo Sierra, que forma parte de los cientos de contratos de protección que lidera Ramón Gámez Martínez, el dirigente prófugo de la justicia que es perseguido para que enfrente acusaciones de pederastía.


La institución, que cobra aproximadamente 100 salarios mínimos una colegiatura mensual para primaria, citó en noviembre del año pasado a todo su personal para entregarles copia de la renuncia que debían firmar, así como una copia de su nuevo contrato con SEA -representado legalmente por Víctor Manuel Alvarez Puga- en la que se modificaban sus condiciones laborales y, por supuesto, el salario.


En esta junta, el director administrativo del colegio, Rodrigo Sandino, presentó a los abogados de SEA, conjuntamente con los cuales explicó que todos iban a salir ganando porque no pagarían impuestos o unos muy bajos, ya que serían dados de alta con "salario mínimo" o con una remuneración más baja ante el Seguro Social y ante el Infonavit, lo que "significaría una ganancia para todos". Les prometieron, sin embargo, que "por afuera" les pagarían "compensaciones", las cuales efectivamente están bajo el rubro de "prestaciones", según los nuevos recibos que se les entregan a los trabajadores.


Hubo voces que señalaron que eso era aceptar "un fraude", pero los abogados dijeron que "eso ya está permitido por la ley".

A los que no quisieron firmar los dieron de baja de la nómina y no les pagaron a partir del 30 de noviembre. Alejandra Silva, encargada de recursos humanos, les indicó que no les entregaban su salario porque "estaban en el limbo" y les señaló que si querían que se les pagará tenían que firmar el contrato con SEA. De una nómina de más de 180 personas la mayoría fue presionada a firmar, 46 se negaron a hacerlo y 10 los dejaron en la nómina del Green Hills y empezó la segunda etapa del plan: despedir a los inconformes a pesar de que tuvieran 15 o más años de trabajo, sin argumentos y con una indemnización amañada.


Según señala el testimonio de las denuncias, se empezaron a tomar represalias y hasta el momento van cerca de 30 personas despedidas, de las cuales la mayoría son maestros, por lo que se han presentado decenas de demandas individuales. A 46 personas las tuvieron que regresar a la nómina de Green Hills porque también querían presentar denuncias.


Así la situación laboral del colegio, propiedad de Guadalupe Canales Gámez, ahora sí quedó en el limbo: opera con dos nóminas; ofrece sueldos "por afuera"; se está configurando en su contra el delito de fraude cometido contra el IMSS, ya que al personal lo dieron de baja desde noviembre del año pasado y le volvieron a dar de alta con salarios de uno y dos mínimos; SEA de todas formas les cobra por sus "servicios"; enfrentan diversas demandas ante tribunales; tienen preparados varios despidos y ante la situación el clima de hostigamiento contra los maestros ha generado mayor inconformidad laboral y los abogados del colegio enfrentan decenas de juicios en los tribunales locales.


"¿Esta es una institución educativa de prestigio?", pregunta uno de los académicos afectados.