progressif

viernes, septiembre 30, 2011

La oferta*





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Luis Javier Garrido

La vida política mexicana es más sórdida de lo que muchos piensan, y al final de un sexenio desastroso marcado por la violencia, la demagogia y el entreguismo del gobierno de facto de Felipe Calderón, las amenazas que se ciernen sobre el país, ante el riesgo que ve la ultraderecha yunquista de perder el poder, se están multiplicando, como se ve ahora en la velada oferta del PRI a Calderón para gobernar juntos en el futuro.

1. La situación caótica de México es cada día más grave en lo social y en lo económico, y a la violencia generada no por los narcos sino por el gobierno calderonista (en particular en los estados gobernados por el PRI y el PRD), se suceden nuevas amenazas, como la iniciativa para instaurar un Estado policiaco o la cancelación del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, y ahora para instaurar por decreto un gobierno de componenda PAN-PRI.

2. El desencuentro del PAN con el PRI, los dos partidos de la derecha, aliados para imponer en 2006 por la vía del fraude a Calderón en la silla presidencial, se está tratando de arreglarlo por medio de una serie de iniciativas de varios priístas, atrás de las cuales se ve la mano de Carlos Salinas de Gortari, y que dejan traslucir una oferta del PRI al PAN para instaurar un gobierno homogéneo de ultraderecha, a fin de seguirle cancelando derechos a los mexicanos.

3. El desencuentro actual entre el gobierno panista y el PRI lo caracterizó mejor que nadie Enrique Peña Nieto al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Milenio Televisión el martes 27, en donde por lo menos en cuatro ocasiones el ex gobernador mexiquense reiteró con simpleza, al más puro estilo salinista, que el gobierno rompió su alianza con el PRI al impulsar a mediados de 2010 las alianzas PAN-PRD, que iban precisamente contra el PRI. El agravio del priísmo con Felipe Calderón no es por lo tanto por hundir a México en un baño de sangre para facilitar el desmantelamiento del Estado nacional, por abdicar de la voluntad soberana de México para hacer viable el control de la seguridad interna por agencias de Washington, por pisotear la Constitución para entregar el petróleo y los recursos estratégicos a las trasnacionales, por forjar un entramado de corrupción sin paralelo entre sus allegados o por hacer nulos los derechos sociales de los mexicanos, medidas que en mayor o menor medida han avalado los priístas. Es por pretender liquidar históricamente al PRI.

4. En otras palabras: lo que Salinas y el PRI reclaman a Calderón no es su traición a México y a la Constitución que protestó guardar, sino su traición al PRI, al lanzarse desbocado en 2010 y 2011 en la vía que definieron en los años 80 los asesores de Ronald Reagan y George Bush e hizo suya la ultraderecha mexicana: la de buscar el exterminio del PRI, por ser el emblema del Estado intervencionista, y terminarlo como una alternativa, lo que ha sido desde entonces el deseo más profundo del fanático ultraderechista y cerril que es Felipe Calderón, por mucho que haya sido el PRI el que en 2005-2006 lo instaló en la silla presidencial y lo cobijó en sus primeros años de supuesto “gobierno”.

5. La alternancia acordada en 1989 se produjo en México en 1997 y en 2000, al montarse la “clase política” sobre las demandas del pueblo que exigía una verdadera y real democratización, y se concretó en acuerdos oscuros, no escritos e impulsados desde Washington, sin el consenso del pueblo, para que el PRI entregara temporal y no definitivamente el gobierno al PAN (todo ello para cerrarle el camino a las fuerzas populares), acuerdos que según los priístas Calderón busca ahora desconocer.
6. La segunda fase de esta oferta está implícita en las declaraciones hechas por Humberto Moreira (presidente del CEN del PRI) el lunes 26, al recordarle a Calderón que con Cordero o con Josefina el PAN tendrá que salir de Los Pinos y está destinado a ser la tercera fuerza política en el Congreso, luego de su fracaso histórico, ya que el verdadero oponente a vencer por los dos partidos de la derecha –el PAN y el PRI– es Andrés Manuel López Obrador, al que Calderón ha buscado en vano disminuir con la manipulación grosera de los medios, terminando por lo visto por creerse sus propias mentiras.

7. La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre las preferencias en el PRD, difundida el miércoles 28 por Milenio Diario, que da 62 por ciento a López Obrador contra 27 por ciento a Ebrard, no hace más que confirmar lo que todo mundo sabe, de ahí la cólera de panistas y chuchos perredistas al evidenciarse que sólo mediante un fraude descomunal podrían imponer a Ebrard como abanderado “de la izquierda” para que fungiera malgré lui como comparsa de la derecha. De ahí la insistencia de Moreira en que las dos fuerzas de la derecha neoliberal entiendan cuál es “la competencia real”.

8. La tercera y última iniciativa que precisa el sentido de la oferta de Carlos Salinas de Gortari al gobierno panista en desastre es la expresada por el senador Manlio Fabio Beltrones, quien en diversas ocasiones en el curso del mes de septiembre ha propuesto que esa “coalición” deba “institucionalizarse”, nada menos que estableciendo en la Constitución General de la República el principio de la alianza forzosa y permanente en una legislatura de dos fuerzas políticas que puedan constituir una mayoría permanente, lo que a su juicio evitaría lo que llama “la ingobernabilidad” y “la balcanización” al configurarse un respaldo mecánico e incondicional al Ejecutivo, lo que de paso evitaría las querellas, como todas las que Calderón ha generado en su torpe afán de establecer un presidencialismo absolutista y centralizador en detrimento del Congreso y de las entidades.

9. La oferta de Beltrones y del PRI busca en todo caso crear las condiciones para que el gobierno panista pudiera tener un fin de sexenio menos conflictivo (con el apoyo del PRI), y de paso se moderara la alienación desbocada de Calderón de seguir tratando de imponer a la malagueña a su delfín en Los Pinos, pero sobre todo se sentaran, a espaldas y contra del pueblo, las bases autoritarias (ya constitucionalizadas) de una supuesta Presidencia del PRI con el respaldo de los factores de poder que sostienen hasta ahora al PAN: los halcones del Pentágono y el sector integrista de la jerarquía católica, obsedidos ambos en mantener a Acción Nacional en Los Pinos.

10. Las amenazas para los derechos de los mexicanos van a ser cada vez mayores a lo largo de la coyuntura electoral (ya que la derecha en el poder cree que muchas de sus iniciativas van a pasar inadvertidas), y por ello el clamor de “¡Ya basta!” debe ir sostenido por una movilización cada vez más importante y por la decisión de las mayorías de impedir que tras el 2012 las minorías oligárquicas sigan disponiendo del país.

*Tomado de La Jornada.

jueves, septiembre 29, 2011

El debate sobre el aborto*





Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

El lunes escuché en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dos ministros sobre el tema del aborto que se discute en relación a su inconstitucionalidad en Baja California y San Luis Potosí. Estos dos ministros son Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. El primero me dio pena ajena por su parcialidad de inspiración religiosa. Todo ministro de la SCJN tiene derecho a profesar la religión que quiera, pero una cosa son sus creencias dogmáticas (vida privada) y otra la imparcialidad jurídica del ejercicio público de su investidura.

Aguirre Anguiano es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ha sido fábrica de católicos-fascistas antisemitas, anticomunistas y antimasones, conocidos como tecos (por el grupo llamado Tarea Educativa y Cultural hacia el Orden y la Síntesis). Fue, además, profesor de derecho penal en la Universidad Panamericana (del Opus Dei) y en su intervención se reveló como si fuera católico militante de los grupos pro-vida de México y de otros países. Su argumento es que la vida comienza con la concepción, es decir, cuando una mujer es embarazada por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Según este ministro, un embrión (desde la fecundación hasta el final de la séptima semana) y luego feto, es una persona, por lo que gozará de los derechos humanos consagrados en la Constitución. De aquí que deberá protegérsele como persona. El aborto, para él, es equivalente a homicidio, además de una violación a los derechos humanos. Esta tesis es la misma del Vaticano sobre la vida y está basada en un dogma religioso que nada tiene que ver con la ciencia y que de hecho la niega en esta materia.

El ministro Aguilar Morales no quiso entrar en esta discusión en su extensa intervención. En resumen se refirió a que la supremacía de la ley en México es la de su Constitución general, por lo que las constituciones estatales no pueden restringir los derechos que la general otorga. Propuso, pues, otra forma de analizar si hay consistencia constitucional entre las constituciones de Baja California y San Luis Potosí y la Carta Magna.

Para el caso de Baja California, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esa entidad promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, solicitando la invalidez del precepto. Se refiere al artículo 7 que dice: “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. (Las cursivas son mías.)

Para el caso de San Luis Potosí la acción de inconstitucionalidad fue promovida por los diputados de la 59 Legislatura del Congreso estatal. El texto constitucional de SLP, en su artículo 16, dice: “El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso”. Y en el segundo párrafo matiza: “No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.” (Nótese que en el segundo párrafo le llama producto de la concepción tanto al embrión como al feto. Las cursivas son mías.)
La expresión “producto de la concepción” es importante en este debate, pues la fracción XV del inciso A del artículo 123 señala que el patrón está obligado a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el “producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas”, es decir, de sus trabajadoras. Empero, aunque parece una garantía de protección del producto de la concepción, se refiere al sujeto activo del artículo: la trabajadora que, para sobrellevar su embarazo, puede requerir condiciones especiales que garanticen que, por su actividad, no interrumpa su embarazo sin así desearlo. En otros términos, el patrón no puede impedirle que aborte (legalmente o no), pero sí está obligado a tomar en cuenta la situación de una trabajadora embarazada.

¿Es el producto de la concepción una persona viva o simplemente un organismo vivo, como las células y demás componentes vivos de un ser humano? La discusión está, no en la ciencia, sino entre ésta y los dogmas religiosos. Nuestro primer artículo constitucional habla de personas y de los derechos humanos que éstas tienen. No se refiere a organismos vivos. Una persona, en términos jurídicos, es un ser humano nacido, no un no nacido. Un nacido es el ser vivo que sale del vientre materno y su primer cumpleaños será 365 días después de que nació, y no a los 12 meses de haber sido concebido. Ni siquiera la Iglesia católica bautiza fetos en el vientre de su madre, mucho menos embriones.

Ni la Constitución federal ni los acuerdos internacionales firmados por México hacen del producto en gestación (un embrión o un feto) un individuo dotado de capacidad jurídica. Los nacidos sí tienen derechos; por lo mismo, una mujer no puede subordinar sus derechos fundamentales protegidos constitucionalmente a supuestos derechos de un no nacido, pero sí tiene derechos sobre su embarazo y, si así lo desea, a cuidar que éste se desarrolle en las mejores condiciones posibles, o abortar en caso contrario.

El proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González Salas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, señala que los no nacidos no son aún personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos, sino bienes jurídicamente protegidos, por más que califiquen como pertenecientes a la especie humana. Y añade que “de ningún artículo, aun interpretando de manera integral y sistemática el texto de la Constitución, se podría derivar la conclusión de que en ella se otorga un tratamiento jurídico al producto de la concepción equiparable al individuo, entendido éste como persona jurídica. (Cursivas en el original). Y, por si quedara duda, el ministro Franco señala que “la Constitución reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica (es decir, para el individuo que ha nacido)”.

Formalmente, para quienes aluden a la soberanía de los estados para dictar sus constituciones, vale recordarles que la supremacía de la ley, como bien dijo el ministro Aguilar Morales, sólo puede existir en una: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (las cursivas son deliberadamente mías para enfatizar que ningún estado tiene supremacía sobre el conjunto de los que forman la nación).

*Tomado de La Jornada.

miércoles, septiembre 28, 2011

El “boom” de las tragamonedas: clandestinidad, corrupción, negociazo...*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil

El auge de las máquinas tragamonedas en los casinos genera peligros más allá de la ludopatía. Sin normatividad específica y ante la incapacidad de la autoridad para vigilar esa modalidad de juegos de azar, los gigantes mundiales del ramo se apoderan del enorme mercado que el actual gobierno federal abrió, forzando una interpretación ambigua de la ley. El resultado: un amplio margen para la corrupción, la trasnacionalización del negocio, la opacidad de millonarias operaciones…

Las máquinas tragamonedas han proliferado en todo el país en los últimos cuatro años, al grado que la propia industria calcula que además de las 90 mil “tragaperras” –como les dicen en España– instaladas en los cerca de 300 centros de apuestas que operan con permiso de la Secretaría de Gobernación, existen entre 70 mil y 75 mil más que funcionan de manera clandestina afuera de escuelas, en tiendas de abarrotes, farmacias, kioscos y pequeñas fondas, conocidas todas como “casinos callejeros”.
El nivel de ganancias de cada una de esas máquinas puede ser de entre 5 mil y 10 mil dólares al mes, dependiendo del tipo de juego, de la afluencia de personas a los casinos y de la calidad del slot (nombre en inglés de esos aparatos).
Legisladores y operarios calculan que más de la mitad de las máquinas que operan ilegalmente son de segunda mano y pueden tener un costo que va de 100 mil a 150 mil pesos. Existen fabricantes que las ensamblan en México a menor costo que las importadas y la mayoría se dedica a rentárselas a dueños de establecimientos comerciales sin que exista ninguna regulación federal.
El pasado martes 13, el Gobierno del Distrito Federal anunció que, por medio del Instituto de Infraestructura Física del DF y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), realizará operativos en las inmediaciones de las escuelas para evitar la instalación de esas máquinas.
El secretario de Educación capitalino, Mario Delgado, afirmó que recibieron “muchas llamadas de padres de familia y de maestros denunciando que alrededor de las escuelas en algunas tienditas se instalan maquinitas de azar, que finalmente le quitan a los niños su dinero, que son ilegales y fomentan una actividad que no nos gusta para los niños y niñas de la Ciudad de México”.
Las autoridades de la Secretaría de Gobernación se hacen de la vista gorda a pesar de que la Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, sanciona en su artículo octavo que se efectúen “juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos que no cuenten con la autorización legal”, y en el artículo noveno establece que “ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas, se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”.
El escándalo generado por las irregularidades en la operación de los centros de apuestas y sorteos a raíz del incendio del casino Royale, en Monterrey, ha provocado un nuevo interés por el mercado clandestino de máquinas tragamonedas.
El senador petista Ricardo Monreal afirmó el jueves 8, en la tribuna del Senado, que “según las cifras oficiales existen cerca de 75 mil máquinas tragamonedas en el Valle de México.
“Tan sólo hay 25 mil máquinas en salas de juego de empresas mal autorizadas por la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Las otras 50 mil operan mediante amparos”, afirmó el legislador, quien promovió un punto de acuerdo para solicitarle al gobierno federal que proporcione información detallada sobre los permisos y la situación jurídica de cada uno de los centros de apuestas en el país.
“Mi preocupación va más allá: hay casinos callejeros en muchas partes del Valle de México que son de fabricación china. Mandan las partes y aquí las arman, generando ludopatía de manera alarmante entre la población”, añadió el exgobernador de Zacatecas.
No sólo en los “casinos callejeros” se realizan apuestas en máquinas tragamonedas sin ningún control de la autoridad. En internet se encuentran decenas de sitios para importar, comprar máquinas de segunda mano o apostar en línea. La página www.tragamonedasmexico.com promueve en su sitio la apuesta en línea de la siguiente manera:
“Aquí te ofrecemos una gran variedad de nuevos juegos, los cuales son de CasinoEuro, como por ejemplo, tenemos maquinitas de Aliens y Robots, de espectaculares dragones, piratas, de King Kong y detectives entre otros. Haz clic en una de las maquinitas para jugar de manera gratuita directamente.”
El mismo sitio anunció el pasado 26 de junio el Platinum Play Casino donde promueve “una gran cantidad de tragamonedas”. Y promete: “Si nunca has jugado en Platinum Play ahora puedes aprovechar para jugar 1,500 apuestas gratis sin pagar nada. Nada más tendrás que registrarte y puedes quedarte con las ganancias”. Se enlistaban ocho tragamonedas: Eagle Wings, Gold Factory, Party Island, Power Spin Sonic, Real Play Poker Jacks, Retro Reels Extreme Heat, Riviera Riches y Sterling Silver.
Otros sitios de internet ofrecen slots ensamblados en México o de fabricación china sin las normas de seguridad mínimas, certificación del Servicio de Administración Tributaria ni normas específicas de operación.

“Boom” de “slots” con Calderón

El auge de estas máquinas surgió desde que el gobierno de Felipe Calderón autorizó a la mayoría de los permisionarios de centros de apuestas que instalaran slots sin realizar ninguna modificación al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos ni establecer mecanismos de verificación o normas específicas para esta actividad.
Las autorizaciones y ampliaciones a los permisos ya existentes se basaron en la ambigua redacción del título IV del artículo 98 del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos:
“Los números premiados podrán obtenerse mediante alguna de las siguientes mecánicas de sorteos:
“I. Por tómbola.
“II. Por formación de números.
“III. De acuerdo a la terminación de los números premiados en un sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, o
“IV. Mediante sistemas informáticos que, con su adecuada aplicación, determinen al azar los números premiados.”
El mismo artículo aclara que este último sistema sólo podrá ser utilizado cuando el permisionario “dé a conocer a la Secretaría, junto con la solicitud del permiso correspondiente, el programa informático mediante el cual se determinarán al azar los números ganadores”. En Estados Unidos a este tipo de juego se le conoce como máquinas “clase 3” o slots, mientras que en México sólo están reguladas las máquinas “clase 2”, las del bingo tradicional.
Un estudio de la Asociación Americana de Jugadores, realizado en 2010, afirma que sólo en Estados Unidos hay más de 830 mil máquinas tragamonedas clase 3 que han desplazado al bingo y pasaron de ocupar 40% a 70% del espacio de los casinos que operan actualmente.
Entre 88% y 98% de los jugadores estadunidenses consideran a los slots sus favoritos, ya que “capturan la imaginación” o los remiten a los videojuegos de su infancia. Se calcula que este sector genera ingresos cercanos a 2 mil 100 millones de dólares al año.
A diferencia de México, donde existen menos de 200 verificadores de la Secretaría de Gobernación y muy pocos agentes del SAT vigilando la operación de los slots, en Estados Unidos trabajan 2 mil 250 reguladores de esa industria.
La reciente expansión de las máquinas tragamonedas en América Latina se considera una plaga. Se calcula que en Chile existen más de 150 mil slots en tiendas de abarrotes, carnicerías y todo tipo de comercios minoristas. En Brasil el auge de la importación de máquinas de segunda mano ha generado una creciente protesta social, y en Panamá los operadores de juegos de azar legalmente instalados han presionado a las autoridades por la proliferación de máquinas ilegales.
En México la empresa argentina Yogonet realizó los pasados 4 y 5 de mayo un ciclo de conferencias en el que participaron los principales fabricantes de tragamonedas, como Zitro, WMS, Franco, Novomatic y Gold Club, junto con la trasnacional española Codere, que controla 85% de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), más de 60% del Grupo Caliente y la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos de México, AC.
En la mesa Análisis del mercado de slots en México, moderada por Luis Casamayor, directivo de Codere México, los ponentes afirmaron que en nuestro país aún no se ha saturado esa industria, por lo que ven “posibilidades de crecimiento de entre 40% y 50% anual”, y que actualmente operan de 90 mil a 100 mil máquinas en las “poco más de 300 salas” autorizadas.
Sebastián Salat, del grupo WMS –una de las cinco trasnacionales que controlan el mercado de tragamonedas–, afirmó que el número de slots y salas de juego en el país “responde a la densidad de población y al potencial mexicano”.
Pablo Callieri, de Grown Gaming México, afirmó en la misma conferencia que el país “es un mercado emergente en el juego, en el que hay que fijarse hacia dónde se dirige, alineando inteligentemente los recursos y reglamentaciones”. Y Johnny Ortiz, de Zitro, subrayó que la regulación de las tragamonedas es importante para que el mercado crezca dentro de la legalidad, a un ritmo de “entre 40% y 50% cada año”.
Limbo legal

Fabricantes internacionales y operadores trasnacionales, como el español Codere, han insistido ante la Secretaría de Gobernación para que reglamente la operación de las tragamonedas clase 3 a fin de evitar la proliferación de los slots ilegales y la importación “pirata” desde varios países asiáticos.
Especialistas consultados por Proceso advierten, a condición de mantener el anonimato, que el principal problema es la falta de un control real de las importaciones por parte del SAT. Muchas máquinas tragamonedas pueden ingresar al país como dispositivos electrónicos o videojuegos; no existe fracción arancelaria específica.
Tampoco existen normas de seguridad claras para proteger al usuario de posibles manipulaciones. Un operador puede programar las máquinas para dar sólo 40% o 60% por ciento de premios. Además, hacen falta normas específicas para controlar cada máquina: que su generador de números sea aleatorio, que la tabla de pagos sea pública y se cumpla, que lo sucedido en la máquina se refleje en el sistema de cómputo central de cada casino y que la autoridad establezca un sistema de verificación para evitar la manipulación del software de las tragamonedas.
Estas normas se aplican y se verifican en todo el mundo menos en México. Las tragamonedas funcionan en “un limbo legal” que permite, por ejemplo, que muchos operadores hayan obtenido amparos de los jueces, aduciendo que sus máquinas son “de habilidad y destreza” y no de “sorteo de números”. Los centros de apuesta que operan bajo un amparo de la autoridad tampoco declaran el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ante Hacienda.

Control trasnacional

La proliferación de los slots ha ido de la mano de la creciente trasnacionalización de la industria del juego en México. En menos de dos años, Codere, operador de 55 mil terminales de juego en Europa y América Latina, incrementó su control accionario en Grupo Caliente y en CIE, las más grandes compañías del ramo en México y poseedoras del mayor número de tragamonedas.
El 19 de julio de 2010, Codere informó que llegó a un acuerdo para reestructurar 112 millones de dólares de la deuda de Grupo Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, mediante la adquisición de 67% de 46 permisos de juego de Caliente. A cambio la empresa de Hank adquirió 33% de Promojuegos y Mio Games, sociedades con 12 permisos y propiedad de Codere.
El 16 de agosto de este año, Codere firmó un acuerdo por 151 millones de euros con Grupo CIE para controlar 85.4% del capital de la empresa de Alejandro Soberón. Con este arreglo Codere asumió la deuda de 68 millones de euros de CIE Las Américas, considerada el negocio más importante de la compañía.
Hasta el 31 de mayo de 2011, CIE tenía en operación 53 salas de juego en el país y en el segundo semestre de 2005 inició el Yak Electrónico y otros formatos propios de los slots.
De los cinco fabricantes internacionales más importantes de máquinas de apuestas, tres operan directamente en México: WMS, consorcio estadunidense creado en 1943 y líder en juegos electrónicos, con oficinas en Interlomas; el grupo IGT (Internacional Gambling Technology), también de Estados Unidos; y la australiana Aristocrat, que inauguró en mayo de 2010 sus oficinas en la Ciudad de México.
“México representa un tremendo potencial para Aristocrat, en la medida en que el juego de clase 3 se expande en todo el país”, afirmó Seamus McGill, presidente de la empresa con presencia en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Macao.
Los otros dos consorcios importantes son Bally Technologies Inc., especializada en el diseño, fabricación, operación y distribución de sistemas de juego de azar y apuestas. El origen de esta empresa es Midway Games, creadora de videojuegos famosos, como Pac-Man, Tron, Mortal Kombat y NBA Jam, entre otros.
La quinta compañía más importante es la japonesa Aruze Gaming, que en 1983 estableció su división en Estados Unidos y ha creado videojuegos y slots de claras reminiscencias mexicanas, como Aztec Beauty.
Los slots conocidos como pachinko –un juego que combina videos con pinball– causan furor en Japón, especialmente entre personas de la tercera edad, ya que se pueden acumular puntos intercambiables por dinero u otros premios.
El pachinko ya llegó a México y la correspondiente tragamonedas puede adquirirse en la página www.mundoanuncio.com.mx.El promotor de estas máquinas “legalmente importadas” se anunció así el 4 de abril pasado:
“La máquina está legalmente en el país. No arriesgues tu inversión!!! Satisfacción garantizada al 100 por ciento. Te la puedo mandar a cualquier parte de la República. La máquina tiene tres meses de garantía total contra cualquier desperfecto. Hay que señalar que estas máquinas son retiradas de casinos reales y están diseñadas para funcionar 24 horas al día 7 días a la semana, por lo cual son muy resistentes y no ofrecen problema alguno. Comunícate si tienes alguna duda de ello.”

*Tomado de la revista Proceso.

martes, septiembre 27, 2011

Obscena y cínica sociedad: Televisa-Peña Nieto*





Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesús Cantú


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado 19 de septiembre, la teleaudiencia mexicana presenció la representación más obscena y cínica (hasta el momento) de la sociedad entre Televisa, el principal consorcio televisivo mexicano, y Enrique Peña Nieto, en estos momentos (de acuerdo con las encuestas de preferencia electoral) el más fuerte aspirante a la Presidencia de la República.

En el espacio estelar del noticiario nocturno del canal insignia de Televisa, tras haberlo anunciado en titulares y avances noticiosos, el ya exgobernador del Estado de México, presente en el estudio y en entrevista en vivo, afirmó: “Sí quiero ser presidente; sí aspiro a ser el candidato de mi partido; sí aspiro a participar en la contienda electoral del próximo año y aspiro a ser el presidente de los mexicanos. Así de claro, así de abierto, así de franco”.

El noticiario de Joaquín López Doriga fue la vía que Peña Nieto y sus mercadotecnistas (parte del mismo Grupo Televisa, como ha documentado Proceso) eligieron para confirmar formalmente a los priistas y a los mexicanos lo que ya todo el mundo sabía: las intenciones del personaje de ser presidente de la República. No lo hizo en un mensaje a sus correligionarios, no en una conferencia de prensa, no en una entrevista desde la sede de su partido o, al menos, desde su oficina particular, sino en una entrevista en vivo en el estudio de la televisora.

Más allá de lo poco que dijo en los nueve minutos que la televisora le concedió de pantalla y micrófono, los mensajes implícitos en dicha decisión son claros: él le apuesta a Televisa (no a los medios de comunicación masiva, no a las nuevas tecnologías de la información) para comunicarse con los priistas y los mexicanos, con todo lo que eso implica.

En el ámbito concreto de la relación político-ciudadanía, impone una comunicación unidireccional, es decir, únicamente del político hacia la ciudadanía, sin posibilidades de interlocución y retroalimentación. Y, nuevamente, con el desprecio que dicha postura conlleva hacia las posiciones, argumentos, opiniones y expresiones de sus correligionarios en particular y de los mexicanos en general.

Peña Nieto, a través de sus seguidores, desde hace tiempo ha creado diversas plataformas en internet como parte de su estrategia de posicionamiento; sin embargo, en este caso (que seguramente él considera una decisión importante y trascendente) no optó por esta vía, sino por Televisa, impulsando la concentración y el poder del principal consorcio televisivo de México.

Uno de los pendientes más acuciantes del país es precisamente diseñar e implementar las normas (leyes y reglamentos) que permitan la construcción de un sistema mediático que garantice el acceso a los medios de comunicación masiva a la diversidad existente en la sociedad mexicana, lo cual hoy no sucede por la existencia del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca, que concentran 94% de las frecuencias comerciales del país y aproximadamente el mismo porcentaje de audiencia televisiva), que se convierte en un obstáculo infranqueable para amplios sectores de la sociedad mexicana.

En este caso, Peña Nieto no eligió el duopolio televisivo, sino sólo a Televisa, que por sí sola concentra 57% de las frecuencias comerciales del país. Es decir, se trata de un compromiso con esa concentración.

Desde su postulación como candidato tricolor a la gubernatura del Estado de México, en febrero de 2005, Peña Nieto dirigió sus esfuerzos a construir una imagen ganadora en Televisa. El 3 de julio del 2005 consiguió la mayoría de votos en la elección, y el 15 de septiembre rindió protesta como gobernador. Desde entonces se acrecentó su cercanía con Televisa, y su presencia en los espacios de esa televisora se multiplicó, aunque en los noticiarios de TV Azteca también aparece con frecuencia.

A pesar de que las dos televisoras le brindan un trato preferencial y una presencia prominente en las pantallas, las diferencias en la relación de una y otra televisoras son evidentes: con TV Azteca es fundamentalmente una relación comercial, donde el gran flujo de recursos del erario a la televisora le asegura un tratamiento deferente; y con Televisa, el lunes más que nunca fue evidente que, más allá de la relación comercial, comparten un proyecto: llegar a la Presidencia de la República.

En el año 2002, el Instituto Federal Electoral convocó al VI Certamen de Ensayo Francisco I. Madero, con el tema Democracia y medios de comunicación. Uno de los participantes que obtuvo mención honorífica en dicho certamen, Claudio López-Guerra Fernández, inició su documento con el siguiente párrafo: “Si un candidato tuviera la oportunidad de elegir un recurso, cualquiera, para asegurar el triunfo electoral, no pediría ser el más elocuente ni tener el mejor programa de gobierno ni estar rodeado de la gente mejor preparada ni contar con la mejor estructura partidaria ni ser el más experimentado para el cargo. Así como un militar escogería, antes de la batalla, el arma más poderosa, el candidato seguramente elegiría, en la actualidad, controlar los medios de comunicación: los resultados electorales dependen de la opinión pública, de las preferencias ciudadanas, y los medios –según abundantes estudios, como se verá– tienen hoy un poder sin igual para alterarlas”.

Peña Nieto actuó de acuerdo con dicha sentencia, pero no eligió “controlar a los medios de comunicación”, sino asociarse con el medio de comunicación más influyente en México: Televisa. Él sabe que Televisa ha sido un factor importantísimo para que, en estos momentos, tenga el apoyo de 86.2% de los priistas y alrededor de 48% de las preferencias electorales en una eventual competencia abierta (de acuerdo con la encuesta de agosto de Consulta Mitofsky), y, por ello, apuesta a que el mismo consorcio le permita ganar la elección presidencial del 1 de julio de 2012.

Sin embargo, presumir con tanta obscenidad y cinismo su sociedad puede resultar contraproducente, por las consecuencias negativas que implica.


*Tomado de la revista Proceso.

lunes, septiembre 26, 2011

Desesperación autoritaria*






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


ohn M. Ackerman

El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva. Recordemos que hace seis meses, el 24 de marzo, más de 50 medios de comunicación firmaron un Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia dentro del marco de la mal llamada Iniciativa México. Este pacto propuso “homologar” el trabajo periodístico-propagandístico con el fin de dar una sensación de mayor seguridad a la población, así como de apuntalar la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la clase política entera.
Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.
La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado.
Ante los pocos resultados del “Acuerdo” por parte de los medios nacionales, Calderón busca ahora mover su cortina de humo hacia el norte. La presentación del presidente, el jueves pasado en Nueva York en el programa televisivo The Royal Tour, donde fungió como guía de turistas, no es un esfuerzo genuino para promover la inversión y los viajes a nuestro país, sino un intento más de “blindar” la imagen del presidente ante las críticas cada vez más frecuentes a su gestión. El objetivo básico es apuntalar al eventual candidato del PAN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Pero en las últimas semanas el esfuerzo por controlar el flujo de información ha tomado un giro verdaderamente macabro. Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.
El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.
Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.
Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.
Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática. l

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, septiembre 25, 2011

Veracruz, zona de terror*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Jorge Carrasco Arraizaga y Regina Martínez

Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado-, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.

XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.
La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.
A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.
La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.
Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.
Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.
Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.
Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.
Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).
El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.
Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.

Los reacomodos

Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triunvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.
De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).
La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.
Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y mariguana, junto con otros 18 miembros de esa organización.
La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arrioja, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.
La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.
Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.
El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.

Psicosis

El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.
A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.
La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).
Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.
Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.
Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.
La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.
El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.
El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.
La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.
Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.
Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.
Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.

Cuota roja

Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.
Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.
Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.
Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.
El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coatzacoalcos, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.
En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.
Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.
El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.
“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.
“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”
Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.
La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.
Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana, fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.
Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.
Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.
Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.
Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas.

*Tomado de la revista Proceso.

viernes, septiembre 23, 2011

Highway patrol*





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Luis Javier Garrido

Las elecciones de 2012 están siendo las primeras en la historia política de México en las que las cúpulas del poder, sin ningún recato, están abiertamente solicitando el apoyo de los poderes trasnacionales y del gobierno de Estados Unidos para imponerle un presidente a México.

1. El gobierno estadunidense ha buscado de manera sistemática, aunque no siempre con éxito, influir en las sucesiones mexicanas: en los años del predominio del PRI (1946-1994), tratando de que saliera como candidato el más afín a sus intereses, en 2000 doblegando (sin mucha dificultad) a Zedillo para que entregase la presidencia al PAN, y en 2006 respaldando a Calderón en su empresa de apoderarse ilegalmente de la silla presidencial avalando el fraude y “reconociéndolo” aun antes del fallo judicial, pero nunca antes el titular en turno del Poder Ejecutivo (aun sea de facto) había solicitado su intervención, como ahora parece ser el caso, sobre todo tras el último viaje de éste.

2. El otoño de 2011 está marcado hasta ahora por el fracaso de Felipe Calderón a) para impedir que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato presidencial de una coalición de fuerzas populares y en su lugar se postule a Marcelo Ebrard (jefe de Gobierno capitalino), que es su gallo para fungir como un candidato testimonial de acomodo con el panismo, pero también para que b) el PRI, Salinas y Televisa no postulen a Enrique Peña Nieto (el ex gobernador mexiquense) y lancen en su lugar como candidato a otro comparsa dispuesto a perder: el senador Manlio Fabio Beltrones, todo lo cual es necesario para que pueda él imponer en la silla presidencial a su delfín: Ernesto Cordero, ex titular de Hacienda.

3. La única alternativa que le queda a los panistas calderonianos es por lo mismo la de solicitar el pleno apoyo de la administración Obama para tratar de imponer sus designios mediante una serie de manipulaciones, y eso es al parecer lo que se está fraguando, con un costo enorme para el país.

4. La sucesión de 2012 abre así, por las políticas antinacionales de Calderón, las condiciones para un mayor intervencionismo de Washington. En un debate en vistas a la investidura republicana de 2012, siete de los ocho aspirantes (todos, por cierto, del Tea Party) se manifestaron enérgicamente por concluir el muro entre los dos países (El País, 13 de agosto); la mayoría republicana en la Cámara baja urgió poco después al gobierno de Obama a sustituir la Iniciativa Mérida por un más claro plan de contrainsurgencia, argumentando que los cárteles constituyen “una insurgencia” y las políticas de Washington no atacan seriamente el reto de la seguridad nacional estadunidense (Reforma, 14 de septiembre), y ese mismo día, tras presentar sus cartas credenciales, el nuevo embajador Anthony Wayne se pronunció por una unión de los cuerpos de seguridad de ambos países, como en Afganistán.

5. La pretensión del equipo de Calderón –y de otros grupos económicos y políticos– de que el gobierno de Estados Unidos decida la sucesión en México está destinada al fracaso por varios motivos, y el primero de ellos es porque el pueblo de México no va a permitir una imposición desde el exterior. Los poderes económicos y el gobierno estadunidense pueden influir con presiones y manipulaciones sobre las candidaturas de los partidos y el curso del proceso electoral, sobre todo al tener a los medios bajo su control, pero es muy difícil que logren una imposición por la fuerza. No pudieron hacerlo recientemente en Bolivia, en Brasil o en Perú, no van a poder hacerlo en Argentina, ni el próximo año en Venezuela, como tampoco en México.
6. El segundo motivo del probable fracaso de Calderón ante la administración Obama para que lo ayude a imponer a Cordero en Los Pinos es que para Washington el gobierno panista ha constituido un estrepitoso fracaso aun en función de sus intereses, y en consecuencia el principal argumento calderonista de que el ex secretario de Hacienda va a ser tan entreguista como el michoacano no basta. Las reuniones secretas del Council on Foreign Relations donde se han fraguado y pactado buena parte de las políticas para “integrar la Comunidad Norteamericana”, entregando el control de México a las agencias estadunidenses y aceptando sin restricciones el saqueo de la nación, y en las que los enviados calderonistas se han ido de bruces aceptándolo todo, fueron en su origen promovidas por el priísta salinista Pedro Aspe, y participa en ellas incluso un enviado del neocardenismo, Carlos Heredia, por lo que no son patrimonio panista.

7. La tercera explicación del anunciado fracaso de Calderón en su nueva aventura entreguista viene del cada vez más evidente declive del poder imperial estadunidense, como se ve en Afganistán, donde está yéndose a pique la estrategia en cuya elaboración participó Wayne. El proyecto de hacer de nuestro país “un protectorado”, implícito en la Iniciativa Mérida, está fracasando a su vez al no poder las agencias de Washington controlar el territorio nacional, de ahí su ofuscación ante la realidad del Ejército Mexicano y de los cuerpos de la Marina, a los que han subordinado y que por muy adiestrados por ellos no les satisfacen, por lo que ahora buscan crear “una policía confiable” para sus designios, es decir estadunidense, según lo reiteró también Gil Kerlikowske, su zar antidrogas (La Jornada, 9 de septiembre), lo que resulta inviable históricamente.

8. La intervención patética de Felipe Calderón en Naciones Unidas el miércoles 21, pretendiendo disimular que él es el principal responsable de las cerca de 50 mil víctimas de las políticas de violencia que instauró y está intensificando conforme a las instrucciones de Washington, tratando ahora de culpar a la comunidad internacional y a funcionarios estadunidenses de lo que acontece y de sus propias acciones delictivas (de las que con toda seguridad será acusado el sexenio próximo) y clamando a la vez por una solución global, no le redituará en términos políticos sino negativamente, por el desprestigio que arrastra y del cual no parece estar consciente, ni siquiera cuando se exhibe hablando en un pésimo inglés que causa azoro.

9. El gobierno estadunidense busca imponer este nuevo viraje a sus políticas con la aceptación de lo que queda de la administración de facto de Calderón, y con un mínimo de consenso de las clases dominantes, y así se ha buscado hacer popular entre los niños de la alta burguesía panista este proyecto de crear un cuerpo policiaco en México controlado por Washington. De ahí el recurso a los videojuegos (políticos), el último de los cuales fue lanzado en junio mostrando a un comando estadunidense ingresar en territorio mexicano, con el supuesto aplauso de la población, para aprehender a un poderoso capo.

10. El proceso electoral está siendo, como se ve aun antes de empezar formalmente, un escenario en el que lo que está en juego es el destino mismo de la nación, y el grito de “ya basta” no resulta suficiente para oponerse a las tropelías entreguistas de la burocracia gobernante, por lo que se abre al pueblo mexicano la necesidad de una lucha de resistencia mucho más agresiva si ha de perdurar México como un país libre y soberano.

*Tomado de La Jornada.

jueves, septiembre 22, 2011

Réquiem por la paz*




Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores.


José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Después de siete mil kilómetros recorridos en las caravanas del norte y el sur, bien podría decirse que los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad son privilegiados, porque bajaron a las profundidades del horror y vieron, escucharon y palparon la tragedia que el país sufre, y luego, sanos y salvos, ascendieron para traer un mensaje de esperanza revestido de una exigencia: la paz.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte, hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera sur, el movimiento fue forjando una tarea hasta ahora no realizada: visibilizar a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, es decir ejecutados, desaparecidos, secuestrados, adictos, migrantes vejados y violados…

De todos ellos fue recogiendo sus historias, que si bien ya se conocían individualmente, en conjunto ofrecen un panorama de terror como no se había visto en mucho tiempo en el país.

A su paso, la caravana también fue recuperando del olvido a las víctimas seculares del sistema: campesinos, indígenas, desempleados, perseguidos políticos, rechazados del sistema educativo y los desaparecidos de la guerra sucia, cuyos familiares siguen esperando justicia por parte del Estado.

En los dos recorridos, que abarcaron 17 estados, no hubo una sola plaza donde el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia no recogiera historias de terror, con víctimas no sólo del crimen organizado, sino también de autoridades municipales, estatales y federales, así como de las fuerzas armadas coludidas con las bandas criminales que literalmente controlan zonas enteras del país, incluyendo ciudades importantes como Acapulco, Monterrey, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Jalapa, Cuernavaca, Morelia, Durango, Saltillo, Reynosa, Matamoros, Chilpancingo y otras tantas.

En el inframundo al que bajó la caravana, integrada por cientos de ciudadanos y víctimas de la guerra contra el crimen organizado, pudo verse una orgía de sangre, donde los principales actores son sicarios y asesinos en plena competencia por conquistar la saña más sangrienta, el crimen más espantoso o la tortura más insoportable.

Profesionales del terror, estos personajes, creados en el mismo sistema de impunidad, corrupción e injusticia, son los dueños de las calles, que al caer la noche se vacían, mostrando el miedo y el pánico que se ha apoderado de la sociedad.

Si hacemos un ejercicio de memoria, podremos decir que la caravana del norte reveló en toda su magnitud la tragedia de los desaparecidos –por parte de autoridades locales y federales, así como del crimen organizado–, a varios de los cuales los han vuelto sus esclavos, pues muchos de ellos son ingenieros, arquitectos, médicos, expertos en computación, químicos, ingenieros mecánicos, etc., y les sirven para dar mantenimiento a su cuarteles y a sus laboratorios donde procesan las drogas.

La caravana del sur hizo visibles principalmente a los migrantes de Centro y Sudamérica, que son secuestrados, extorsionados, vejados o igualmente tratados como esclavos por los narcotraficantes en sus tareas de cultivo y producción de drogas, o como vigías o “halcones” y sicarios entrenados a fuerza de tortura y adicciones.

La mayor parte de los desaparecidos, tanto del norte como del sur, son jóvenes e incluso adolescentes que se han convertido en el principal mercado de fuerza de trabajo.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha recibido muchas críticas por su desorganización y el deseo de querer abarcar todos los temas de la agenda nacional, haciendo a un lado su eje principal, las víctimas, pero lo que no puede dejar de reconocerse es que ha sido el único movimiento en atreverse a hacer este recorrido por las zonas más peligrosas del país –sólo faltaría Tamaulipas– para escuchar a las víctimas y aglutinarlas en una sola pieza, lanzando un grito de paz y justicia frente la clase política y gobernante, más entretenida en sus propios intereses.

Javier Sicilia, al frente del movimiento ciudadano, ha dicho en muchas ocasiones que éste es quizá el último movimiento pacífico, la última oportunidad de cambiar la situación del país por la vía pacífica. Y ello porque el grado de descomposición política, el rompimiento profundo del tejido social, el hartazgo popular, la corrupción e inconsciencia de la clase política en general, están cerrando las puertas para las expresiones pacíficas de la ciudadanía, que podría buscar otras alternativas más violentas para demandar una transformación radical y de origen.

El horror que hay en el país, revelado a lo largo de cinco meses de trabajo del movimiento por la paz, muestra que ningún gobernante de cualquier partido –sea Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Josefina Vázquez Mota, etc.– tendrá la capacidad de resolver este grave problema de la violencia, con profundas raíces en las estructuras económicas y políticas.

El crimen organizado ha acumulado tanto poder que es capaz de desafiar a cualquiera que llegue a la presidencia en 2012, y un acuerdo de paz –la famosa pax mafiosa alcanzada en Italia hace una décadas– es casi imposible de alcanzar, ya que a esos grupos no se les puede ofrecer nada que no tengan.

De ahí la importancia de que los señores del poder escuchen a la ciudadanía, hoy por hoy la única que puede enfrentar este desafío, pero de manera organizada y unida.

Por ahora la paz necesita un réquiem, una oración de esperanza ante tanta violencia que sufre la sociedad mexicana. Una oración de esperanza ante la indolencia y complicidad de las autoridades, que bien están coludidas con el crimen organizado o ya forman parte de él.

*Tomado de la revista Proceso.

miércoles, septiembre 21, 2011

Peña Nieto, las trampas de la mercadotecnia*





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- La entrevista televisiva más comentada en estas horas es, sin duda, la del “destape” de Enrique Peña Nieto en el noticiero estelar de Televisa, con Joaquín López Dóriga como conductor. Para el ciudadano común, no enterado de los vericuetos de los debates internos dentro de los partidos, la entrevista simplemente confirmó lo que la mercadotecnia nos ha anunciado durante estos últimos seis años: la construcción de una especie de presidente virtual que ahora decidirá contender para ser presidente legal.

Para los priistas hay un cambio sustancial, no menor, en el discurso. Apenas el pasado 7 de junio, en un evento en el periódico La Crónica, Peña Nieto afirmó claramente que su partido debe apostarle a un “candidato de unidad”, es decir, sin contienda interna.

“Espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo para una candidatura de unidad”, afirmó. “En el partido confluyen diversos intereses y proyectos, pero también hay voluntad para trabajar juntos”, afirmó.

En la entrevista del 19 de septiembre, Peña Nieto asumió públicamente que va a participar en una contienda interna, que el método se definirá a principios de octubre y que él está a favor de aplicar el “método de consulta directa a la ciudadanía”. En otras palabras, que apoya la posibilidad de contender contra el único precandidato en puerta –el senador Manlio Fabio Beltrones-, pero con una elección interna abierta, en donde la popularidad construida a base de mercadotecnia telegénica se debe traducir en votos internos.

Y aquí está la primera trampa que la mercadotecnia excesiva le juega al precandidato Peña Nieto. En primer lugar, asume que competirá en condiciones de amplia ventaja, gracias al bombardeo demoscópico que pretende convencernos de que la candidatura del ex gobernador del Estado de México no sólo es inevitable –dada su amplia ventaja frente a su otro contendiente, según las encuestas que nos bombardean los “medios amigos” de Peña Nieto- sino que el mismo triunfo de él como abanderado del PRI en el 2012 es prácticamente un hecho.

En la misma entrevista, él mismo trata de curarse en salud señalando que las encuestas son “un retrato del momento”, pero no advierte que su principal error está en la ausencia de comunicación política. La maquinaria de spots, de convenios de publicidad, de infomerciales, de entrevistas pagadas, de gasto intensivo en medios masivos e impresos para promocionarse como gobernador y precandidato no son lo mismo que la comunicación política.

Es decir, Peña Nieto aún no ha articulado un mensaje y un proyecto claro, convincentes, para decirle a su electorado (no a los “encuestados” ni a los puntos de rating) por qué quiere ser presidente, cuál es su visión del sistema político, cuál su propuesta para sacar al país de la “tormenta perfecta” que ha vivido en estos últimos años (crisis de seguridad, crisis económica y crisis de expectativas).

La segunda trampa de la mercadotecnia está en la misma entrevista. López Dóriga le insiste y le documenta con imágenes que en torno a Peña Nieto ha revivido una de las expresiones más rancias de la cultura política priista: la cargada.

El ex gobernador del Estado de México señala que el término cargada es una expresión despectiva, que existen “expresiones genuinas de simpatizantes” y que este tipo de “expresiones” es muy difícil de contener.

Peña Nieto confunde una vez más la expresión orquestada de apoyo de los suyos, de sus simpatizantes y de sus empleados en el Estado de México, y la innegable popularidad mediática que ha construido de la mano con Televisa y sus asesores, con la capacidad de convencer a quienes critican su estilo, su exceso de mercadotecnia y su ausencia de propuesta para un país que pretende culminar una transición democrática.

La comunicación política de Peña Nieto le falla. Confunde popularidad con propuesta y no ha logrado articular hechos y discurso que desmienta lo que ya es un lugar común: que su trayectoria política es el resultado de una inversión intensiva y ostentosa de publicidad.

Para Peña Nieto no existe inequidad en esta contienda porque la mercadotecnia parte de una base muy simple: el político es un producto que necesita venderse de manera intensiva; y las reglas de una contienda democrática están subordinadas a las estrategias del branding y de la comercialización.

La mercadotecnia es un complemento de la comunicación política, no al revés. Y Peña Nieto puede caer en el mismo error que llevó a Vicente Fox a confundir la transición con su llegada al poder y con una alternancia incompleta.

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, septiembre 20, 2011

Peña Nieto y Cordero, tal para cual*





Tomados de La Jornada, Hernández y Roch y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado


MEXICO, D.F. (apro).- Por sus afectos a personajes de mala reputación, que podrían acompañarlo a gobernar de llegar a la Presidencia de México, el priista Enrique Peña Nieto y el panista Ernesto Cordero comparten el apotegma según el cual a los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y a las ratas se les ratifica.
Cordero, el anodino prospecto de Felipe Calderón para sucederlo, ha dado recientemente dos muestras públicas de esa proclividad a la impunidad y ambas ocurrieron el 15 de septiembre, la noche del Grito de Independencia, que en su caso es antónimo.
La primera ocurrió en una entrevista radiofónica con Salvador Camarena, de W Radio, cuando Cordero colmó de elogios a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, y se comprometió a mantenerlo en su hipotético gabinete –“sería un honor”–, como se sabe que le ordenó Calderón.
“Es un buen mexicano y un muy buen servidor público que ha combatido valientemente a la delincuencia organizada en México”, definió Cordero. “Para mí sería un honor que él formara parte de mi quipo de trabajo.”
La segunda defensa pública de la impunidad la hizo en Palacio Nacional, previa a la ceremonia del Grito, cuando defendió al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, involucrado en los escándalos de corrupción de su hermano Jonás y de su secretario de Desarrollo Humano, Miguel Angel García.
“Ya dejen en paz al pobre Larrazabal”, clamó el secretario de Desarrollo Social y de Hacienda en el sexenio que ha creado más de 12 millones de pobres, cuyo operador de su búsqueda de la candidatura presidencial en el norte del país es justamente ese funcionario de origen oaxaqueño.
En los hechos, más que en declaraciones, Cordero es consistente en acoger en su equipo a personajes sobre los que hay fundadas sospechas de enriquecimiento ilícito. Dos ejemplos nítidos: El expriista Miguel Angel Yunes, cuya gestión en el ISSSTE sigue sin ser esclarecida, y el diputado federal panista César Nava, quien comenzó a ostentar una súbita riqueza luego de ser abogado general de Pemex.
En el caso de Peña Nieto, el elenco de políticos impresentables, sobre todo por razones de corrupción, es vasto. Y la aclamación que recibió su tío el exgobernador Arturo Montiel en la toma de posesión de Eruviel Avila es justamente la ruidosa manifestación del cinismo.
El equipo de Peña Nieto en el Estado de México –del que Eruviel ratificó al procurador y a tres secretarios– y el que se propone integrar para buscar la Presidencia de México, que él y sus amanuenses de los medios quieren hacer creer que es ya inevitable, se nutre del priismo más primitivo del país, como en su momento lo hizo también su tutor político, Carlos Salinas, padre de la plutocracia que pastorea al PAN y al PRI.
El propio Humberto Moreira, designado presidente del PRI por indicación de Peña Nieto, no ha sido capaz de explicar el repentino enriquecimiento de dos de sus colaboradores desde que era gobernador de Coahuila, a cuya entidad endeudó espectacularmente, en algunos casos mediante maniobras presuntamente delincuenciales.
Aun sin cargo formal, que lo tendrá en el PRI en el área electoral, el exgobernador Ulises Ramírez, que robó del erario de Oaxaca hasta la náusea, forma parte del equipo de Peña Nieto, junto con su mentor Roberto Madrazo, lo mismo que Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz.
En medio de la bufalada, van a seguir apareciendo los rostros de la corrupción y la impunidad en el entorno de Peña Nieto, como la cacique magisterial Elba Esther Gordillo y exgobernadores de la talla de Mario Marín, Ismael Hernández, Tomás Yarrignton y, claro, Miguel Osorio Chong, el operador estrella.
¿A poco el robo que hizo el policía Michelle Delgadillo Salas del reloj del poeta Efraín Bartolomé en el salvaje operativo en viviendas capitalinas fue un hecho aislado? No, en el Estado de México la corrupción es estructural y propiciada desde la cúspide.

Apuntes

Josefina Vázquez Mota tiene, también, sus malas compañías, empezando por Germán Martínez y Jorge Manzanera, quienes dejaron derrotado y quebrado al PAN. Apenas este domingo la aspirante presidencial presentó a Alejandro Vázquez Cuevas como su gran operador electoral, alguien con muy mala reputación. Lo mismo su hermano Alfonso, quien fue exhibido en un video recibiendo fajos de billetes que le dio Héctor Gordillo, director de Egresos del ayuntamiento de Xalapa para comprar su votos como regidor. Y Calderón lo premió nombrándolo delegado de la Secretaría del Trabajo en Veracruz.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx Twiter: @alvaro_delgado

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, septiembre 19, 2011

Tribunal subordinado*




Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha.


John M. Ackerman

La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral (IFE) en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros. En lugar de hacer frente común con el IFE para defender de manera conjunta la institucionalidad democrática, los magistrados han tomado el lado de los poderes fácticos. La verdadera perdedora, como siempre, es la ciudadanía.

La sentencia dictada por el TEPJF el pasado 14 de septiembre anula las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobadas por el IFE el 27 de junio, que reducían los plazos para la transmisión de los espots de los partidos políticos de cinco a tres días. Estas reformas se hicieron con el fin de facilitar un debate público más dinámico y robusto entre los diversos partidos y candidatos durante las campañas electorales de 2012.

Las modificaciones se justifican plenamente por la necesidad de adecuar el reglamento a las exigencias de una campaña presidencial que presenta una coyuntura radicalmente diferente a la de una elección intermedia, como la de 2009, que únicamente renovó la Cámara de Diputados a escala federal. Los cambios también encuentran respaldo en el artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, así como en el artículo 41 de la Carta Magna, que señala que el IFE es la “autoridad única” para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral.

Pero en lugar de privilegiar los derechos de los ciudadanos, los magistrados del TEPJF prefieren defender los privilegios de los potentados. Anulan las modificaciones del IFE porque supuestamente la autoridad no hizo las consultas necesarias a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ni ofreció suficientes argumentos técnicos para justificar la modificación de los plazos. Sin embargo, a la CIRT no le exigen ningún argumento técnico que demuestre la supuesta imposibilidad de cumplir con el nuevo procedimiento. Tampoco toman en cuenta que la cámara empresarial dejó pasar 11 meses de debate sobre la nueva reglamentación sin haber emitido opinión formal alguna.

En su sentencia, el TEPJF coloca absolutamente toda la carga de la prueba en manos del IFE e impone una serie de criterios tendenciosos que deberían regir la nueva consulta que tendrían que realizar los consejeros electorales. Por ejemplo, exige que el IFE base cualquier modificación, no en las necesidades futuras, sino en la experiencia pasada con la transmisión de los espots electorales. También mandata que la justificación sea estrictamente “técnica” y no “dogmática”. Es decir, se deben privilegiar los argumentos de las radiodifusoras y televisoras sobre la “factibilidad” de los plazos por encima de consideraciones más amplias sobre la calidad de la democracia o la vigencia de nuestras garantías ciudadanas.

*Tomado de La Jornada.