progressif

lunes, octubre 31, 2011

El enemigo en casa*




Tomados de La Jornada, Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


John M. Ackerman
Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera “guerra” contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.

En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La “apertura” en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los “espejitos” del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.

Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así “justificar” su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.

En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de “centros de fusión de inteligencia” similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).


En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.

Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con “informantes” de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus “contactos”.

Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo “estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional”. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.

No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Twitter: @JohnMAckerman

http://www.johnackerman.blogspot.com

*Tomado de La Jornada.

domingo, octubre 30, 2011

El caso del “Vicentillo”: infiltraciones, complicidades, traiciones*


Tomado de La Jornada, Hernández.


J. Jesús Esquivel

Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del Departamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuelve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexicanos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso.

CHICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Federal de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han gozado de protección en ambos lados de la frontera, los gobiernos de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pronto caerá, vivo o muerto.

En vísperas de una audiencia preparatoria del juicio que se sigue a Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Ismael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cárteles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dispone de tres unidades de tiempo completo para la captura o asesinato de El Chapo.

Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presunta protección que ha recibido el capo, según se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.

En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que lideran El Chapo y El Mayo Zambada, el acusado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.

La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado en el mundo se lograron por medio de los oficios de la Drug Enforcement Administration (DEA) e intermediarios.

“El gobierno (estadunidense) está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro”, declaró el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo.

En la audiencia del jueves 27 en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, los abogados acusaron al gobierno de Estados Unidos de haber traicionado a su cliente, quien fue reclutado por Loya Castro, un informante de la DEA.

El lunes 24, Panzer y sus colegas George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola entregaron a la Corte varios documentos, incluida una “petición de inmunidad” para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó información a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México enemigos del cártel de Sinaloa.

En la audiencia del jueves 27 el acusado no estuvo presente en la audiencia, toda vez que “se encuentra en una prisión federal en la población de Milan, en el estado de Michigan”.

Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transferido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. “Lo supimos apenas el día de la audiencia”. El hijo de El Mayo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que corre peligro de ser asesinado.

Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le imputan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.

En la Corte Federal en Chicago se estableció como atenuante que Loya Castro, presunto asesor legal del cártel de Sinaloa desde finales de los ochenta, fue encausado legalmente por el gobierno de Estados Unidos en los noventa por delitos relacionados con el narcotráfico, pero fue perdonado de los cargos que se le imputaban por ser informante de la DEA. La defensa reclama el mismo trato para su cliente.

Según los documentos radicados en la Corte, Loya Castro “se niega a testificar en el juicio de El Vicentillo como testigo de la defensa”. El pretexto que esgrime es que el gobierno estadunidense lo amenazó con exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en riesgo su seguridad, la de su familia, así como la de El Chapo y El Mayo.

La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien enganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista como testigo:

“Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Estados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos”, indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.

Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicionado por Castanon y altos mandos de la administración antinarcóticos estadunidense.

Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David Herrod, quien actúa en México; Carlos Mitchem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fiscalía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.



Los expedientes



De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes mencionados y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había “aprobado el acuerdo de otorgarle inmunidad” a El Vicentillo a cambio de su trabajo como informante.

En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

Ellos insisten en que en esos encuentros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Mayo, que se iniciará formalmente en febrero de 2012.

El expediente anota que para darle seguimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión para el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.

“Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Corte como testigo”, indica el documento.

Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefónicas, indican que él “sigue en contacto con la DEA de manera regular y le proporciona información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa”.

Los abogados aseguran que entregaron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Castro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propuso un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también desplazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA.

Según el expediente, “Loya Castro estaba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el juicio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa”.

Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que “Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa”.

La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pissetzky, niegan que la DEA haya establecido un acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.

A su vez, el defensor Michaelson replicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que existe en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según el cual el extranjero que coopere con el gobierno “no necesariamente está excluido de inmunidad” por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.

La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.

No obstante la defensa le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, “aun la que esté catalogada como clasificada o top secret”, sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.

“El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya estaba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo para poder capturar a los jefes de la organización”, señala uno de los documentos de la defensa.

Nuevo plazo



Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a “cientos o miles” de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.

Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reuniones del abogado del cártel de Sinaloa con representantes de la agencia antidrogas.

Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vicentillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la traductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fechas para la entrega de información concerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.

Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía aporten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.

El 1 de diciembre el gobierno de Estados Unidos deberá presentar ante la Corte los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuestamente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcionar información adicional al caso.

El 3 de enero de 2012 el Departamento de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.

Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las peticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. “Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada”, expuso el juez a la fiscalía.

Tras escuchar la orden del juez Castillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal:

“Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejemplo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser testigos; y esto ocurrió después de que la defensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted.”

Según la defensa, los hermanos Margarito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo mismo que su padre. Todos tienen un largo historial criminal en el país. “Su padre ha desaparecido y aparecido muchas veces. Lo que dice el fiscal no tiene sustento”, argumentó el abogado Michaelson.

El juez aclaró que el gobierno de Estados Unidos tiene el tiempo suficiente para hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.

En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sala judicial y que, según la defensa, es familiar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser “sobrino” del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estuvo otro adolescente.

De acuerdo con el expediente de Zambada Niebla, en estos momentos “Loya Castro es un informante desactivado de la DEA”, aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que vence el 18 de diciembre de 2011.

El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.

De manera significativa el gobierno de Estados Unidos “ha construido redes de informantes mexicanos que le han permitido infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas del país (México)”, destaca el rotativo.

Y añade que gracias a esos informantes, el gobierno de México ha logrado atrapar o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias estadunidenses “mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de informantes por temor a que por la corrupción se filtre la información a las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas”.

Por su parte, el viernes 28, en un amplio reportaje de primera plana The Washington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Y aun cuando el gobierno de Calderón cuenta con tres grupos especiales dedicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón “es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejército, ha sido muy complaciente con el cártel de Guzmán”.

Respecto al caso de la presunta protección que ofrece Estados Unidos a la organización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos presentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago.

“Él (Zambada Niebla) clama que funcionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos a cambio de información sobre sus rivales”, informa el Post.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, octubre 29, 2011

Desfiladero*


Tomado de La Jornada, El Fisgón.


∙ México-EU: ¿New deal con AMLO o marines en Chapultepec?
Jaime Avilés
¿Qué tienen en común el PAN y el Partido Demócrata de Estados Unidos? Ambos saben que son nulas sus posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2012, a menos que den un golpe superespectacular que cimbre al mundo. Obama resultó un fiasco en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar. Para tratar de quedarse cuatro años más en la Casa Blanca se echó a los pies de Israel, de Wall Street y de Hillary (valga la redundancia).
Nada sugiere, sin embargo, que tanta obsecuencia le haya servido de nada. La gente que votó por él lo detesta. Los fascistas del Tea Party lo desprecian y cuentan los meses que faltan para pasarle por encima. Obama, pues, necesita desesperadamente hacer algo en grande. No pudo ganar la guerra en Irak ni en Afganistán, así que mejor sacará a sus tropas de esos desiertos. ¿Para mandarlas a dónde?
A lo largo de esta semana, el New York Times (NYT) y el Washington Post (WP) dedicaron sus principales noticias de primera plana a México. El WP “descubrió” que durante el sexenio de Felipe Calderón se duplicó la producción de mariguana, y la de amapola alcanzó un auge tal que México es ya el segundo exportador mundial de heroína, sólo por debajo de Afganistán. (Recuerden que cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, la amapola fue erradicada casi por completo, pero las cosechas volvieron a normalizarse en cuanto llegaron los marines).
A su vez, el NYT confirmó que todos los órganos de seguridad de Estados Unidos se mueven a su antojo por territorio mexicano, y que han establecido “estaciones” (¿eso significa centros de espionaje y de mando?) en todo el país. Sendos rotativos quieren suponer que la “heroica” decisión tomada por Calderón al declarar la guerra “contra” (jaja) el narco en 2006, obligó a las fuerzas armadas mexicanas a concentrar sus esfuerzos en las ciudades, pero “descuidó” el campo, y por eso los cultivos de mariguana y amapola crecieron exponencialmente.
Los dos influyentes periódicos recalcaron la “amenaza contra la seguridad interna de Estados Unidos que representa la alianza de Los Zetas con los terroristas islámicos”. Y, al respecto, sacaron a relucir el recién desmantelado “complot” entre un iraní-gringo y ese cártel fundado y dirigido por paramilitares, que antes fueron militares y recibieron adiestramiento del Pentágono y de los kaibiles de Guatemala.
En ese contexto reapareció mediáticamente el caso del ciudadano somalí que, según esto, almacenaba explosivos en una casa de la colonia Cuauhtémoc para atentar contra la embajada de Estados Unidos en México. Anteayer, en Washington, al comparecer ante un comité que investiga el operativo Rápido y furioso, Hillary “rectificó”, según ella, “a solicitud” de Calderón, su opinión sobre los cárteles mexicanos: “no son insurgentes, son terroristas”, afirmó, en sintonía con la campaña del NYT y el WP, o sea, de ella misma.
Y ayer, de nuevo, en primera plana, el WP aseguró que Calderón “mandó a la Marina, el Ejército y la Policía Federal a detener vivo o muerto” a El Chapo Guzmán, lo que es más falso que un Rólex chino. Por su parte, desde Veracruz, la propia Marina afirmó que Los Zetas tuvieron que “salir corriendo” de esa entidad (lo que de ser cierto, nada bueno augura para Tabasco y Puebla).
¿Vienen las tropas de Obama a “salvarnos”? Si la decisión ya se tomó, debemos, como dice Galeano, “dormir con un ojo abierto”, porque la violencia se recrudecerá como nunca, para que los televidentes del otro lado de la frontera se horroricen hasta que estén listos para aplaudir el “histórico” anuncio de la operación militar (¿Cómo se llamará: Tormenta en la taquería?) que supuestamente restablecerá el respeto a los derechos humanos de nosotros, luego de bombardearnos y hacernos pinole.
Para que el plan siga su marcha, Calderón tendrá que volver a repetir, una y otra vez, lo que por enésima declaró el jueves: “el Ejército se mantendrá en las calles el tiempo que sea necesario”. Y en entrevista con La Jornada, su mínimo y fiel Ernesto Cordero, que no logra ni quiere disimular su parecido con Mister Bean, baló así: “debemos mantener la estrategia actual contra el narco” .
Según NYT, Cordero, el “gallo” calderónico para 2012 va a la cola de todos los precandidatos del país. Pero si el plan del hombrecito de Los Pinos se lleva a cabo, como lo anticipó Desfiladero hace cuatro sábados, en el proceso interno del PAN ganará la nominación por dedazo, a pesar del berrinche que ya está haciendo desde ahora la señora Vázquez Mota, cuyo apellido materno no casa con la guerra “contra” (jajaja) el narco.
Mientras el destape de Cordero aguarda la hora de la verdad, la gente de Marcelo Ebrard, con el delegado de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, a la cabeza, persiste en su empeño de anular las elecciones internas de dirigentes del PRD, meta que, en caso de ser alcanzada, dejará a ese partido fuera de los comicios presidenciales de 2012, pero no a Ebrard. Porque si éste saca de la cancha al “instituto” creado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, alegará que ya no tendrá caso que compita con Andrés Manuel López Obrador, para que las encuestas determinen cuál de los dos es el mejor posicionado, en un partido que prácticamente habrá dejado de existir.
Y si eso llegara a suceder, lo que no es imposible, sino al contrario, ¿qué hará Ebrard con toda la simpatía que por él siente, y todos los millones de votos que quiere darle, la profesora Elba Esther Gordillo? Obvio: irse al PAN, en lugar de Cordero. En todas partes en donde se hace oír, la cacique chiapaneca repite que podría apoyar a Peña Nieto, pero que anhela irse con Ebrard, su adorado güerito.
México, hay que volver a decirlo, sólo tiene una salida para seguir existiendo como país, y no como protectorado de Estados Unidos: impulsar un modesto pero irreversible proceso revolucionario, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien después de ganar las elecciones, el próximo primero de julio, tiene previsto poner en marcha un programa de emergencia para dar empleo a dos millones de personas en las primeras nueve semanas de su gobierno, y luego a cinco millones más. ¿Aplicando un modelo que inventó quién? ¿Hitler? ¿Mao? ¿Stalin? ¿Kadafi? ¿Sadam Hussein? No. El presidente Franklin D. Roosevelt, al inaugurar el New deal –o nuevo pacto social– en Estados Unidos.
El New deal, dice Wikipedia, “es el programa que Roosevelt desarrolló entre 1933 y 1938 para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929, con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar la economía estadunidense, herida por el desempleo y las quiebras en cadena”.
Por eso, esta columna ha leído atónita la declaración que el excelentísimo señor presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Gutiérrez Candiani, emitió de viva voz el pasado miércoles en Oaxaca: AMLO “debe demostrar que no está contra la iniciativa privada”. ¿Cómo, cómo? ¿No será más bien la iniciativa privada, o más concretamente esa iniciativa privada es –la que forma el pequeño club de los dueños de todo– la que debe demostrar que no está en contra de más de 100 millones de mexicanos hartos de soportar sus abusos? ¿O qué pretendió decir realmente el vocero de esos señoritingos de nariz quirúrgicamente respingada? ¿Que el máximo dirigente opositor del país les jure de rodillas, como lo hizo Enrique Pelo Tieso en Querétaro, que está dispuesto a entregarles Pemex?
jamastu@gmail.com http://twitter.com/@emiajseliva

*Tomado de La Jornada.

viernes, octubre 28, 2011

La ofensiva*



Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.



Luis Javier Garrido
La crisis del sistema financiero global de 2011 la enfrentan los poderes trasnacionales con una nueva ofensiva buscando hacerle pagar a los pueblos el costo del modelo capitalista neoliberal, y en México el gobierno de Felipe Calderón, que se asume como su representante, busca acelerar en este tramo final la imposición de cambios regresivos, valido ahora de la posición que están asumiendo los principales aspirantes a sucederle en Los Pinos.
1. La situación crítica del mundo occidental en este 2011 evidencia que los grandes poderes trasnacionales no tienen otra opción para enfrentar el desastre que crearon que acelerar el desmantelamiento de los estados nacionales y de los derechos de los pueblos, como se está haciendo en Europa, donde lo mismo en Grecia y en Portugal que en España o en Italia, la exigencia del poder es proseguir cancelando los derechos históricos de la gente, y en particular las garantías laborales, el derecho a la jubilación y a la seguridad social, y a la educación pública gratuita, mientras se blindan cada vez más los privilegios de los bancos y de las grandes trasnacionales.
2. Las demandas delirantes y casi cotidianas de Felipe Calderón a la oposición pretendiendo que le aprueben las contrarreformas laboral, energética y en materia de seguridad nacional obedecen a las exigencias de la administración Obama que así le está condicionando su apoyo para 2012.
3. El gobierno panista ha proseguido entregando de tal suerte el control del país a las agencias estadunidenses que operan de manera cada vez más libre, como reconoció el 26 la titular de Relaciones Exteriores, y ofreciendo los recursos estratégicos a las trasnacionales, pero esto, al parecer, ya no le basta para garantizar la permanencia del PAN en Los Pinos, por lo que el escenario electoral se sigue enrareciendo.
4. El proceso por el que atraviesa el país, y que se acelera en estos meses finales del sexenio calderonista, entraña una ofensiva sin precedentes del gobierno de Washington y de las multinacionales con la pretensión de liquidar, antes de julio de 2012, lo que queda del Estado nacional mexicano, a) estableciendo mecanismos de un control firme de las agencias estadunidenses sobre el territorio de México, sus costas y fronteras; b) cancelando el principio de que la nación tiene derechos originarios sobre sus recursos estratégicos; c) haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos, garantizados en nuestra carta constitucional, en materias laboral, de salud, de seguridad social y de educación; para reducir a México a ser d) un simple territorio de ocupación de las multinacionales, como buscan hacer con los países árabes y del norte de África.
5. Los aspirantes a la candidatura presidencial tanto del PAN como del PRI, comprometidos con intereses privados y no con los reclamos y aspiraciones de los mexicanos, parecen inmersos en un escenario de sometimiento cada vez mayor a las exigencias trasnacionales, y aparecen como dispuestos, sin reparo ni principio alguno, a seguir entregando como botín al capital trasnacional los derechos de la nación y de los mexicanos.
6. El aspecto más evidente es la precampaña de Enrique Peña Nieto en pos de la investidura presidencial del PRI, durante la cual ha manifestado sumisión absoluta a las exigencias trasnacionales, tanto para desmantelar a la nación y proseguir con la guerra contra el narco (entregando a Washington el control del territorio nacional), como para modificar la organización democrática del país estableciendo un régimen autoritario, lo cual es contrario al orden constitucional. Algunos analistas estiman que resulta positivo que quien será el abanderado priísta en 2012 dé a conocer qué se propone. En 1988, Salinas engañó a los mexicanos prometiendo en su campaña defender la Constitución y a los mexicanos, y una vez en el cargo, aplicando el modelo neoliberal vendió (se autovendió) la mayor parte de las empresas públicas e inició el proceso de cancelación de los derechos sociales, pero ahora Peña Nieto por lo menos anuncia que se propone hacer lo mismo que pretende el PAN, y ya nadie puede llamarse a engaño.
7. La entrega del petróleo y de los demás recursos estratégicos de México al capital extranjero ha sido la tesis central de los panistas para, según ellos, hacer crecer la economía, y ahora lo es abiertamente también la de los priístas. Tras la exigencia presentada por Jeffrey Davidow, ex embajador estadunidense, el domingo 23 en el foro de empresarios México, cumbre de negocios, efectuado en Querétaro, de que México supere un “tabú” y entregue el control de su petróleo a las multinacionales, Peña Nieto, pasando por alto los principios de los artículos 27 y 28 constitucionales, llamó al día siguiente a los mexicanos a “ser audaces” y abrir a las multinacionales la explotación y refinación del crudo, lo cual, según reseñó La Jornada el martes 25, provocó el aplauso de los empresarios salinistas asistentes al acto organizado por Miguel Alemán Velasco, entre los cuales se hallaban Ricardo Salinas Pliego, Julio A. Millán y Gerardo Gutiérrez. México, había dicho Peña Nieto días atrás al Financial Times del 19 de octubre, ha sido rehén de una ideología que ha retrasado el desarrollo y esto hay que cambiarlo.
8. Y para no ser menos, ante otra pretensión de Washington, regresar a una forma de gobierno más autoritario, similar a la de los años del PRI, Peña Nieto se adhirió a la propuesta de su oponente priísta, el senador Manlio Fabio Beltrones, de establecer coaliciones forzosas en las cámaras legislativas para crear una mayoría artificial, evidentemente de los dos partidos neoliberales –PAN y PRI–, única vía, según él, para que pueda gobernar el próximo presidente. Durante el tercer foro regional organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI con vistas al programa para 2012, Peña Nieto pasó por alto que el régimen presidencial que establece la Constitución de 1917 supone que el Congreso sea un contrapeso y freno del Ejecutivo, y demandó, como Beltrones, un modelo autoritario que establezca por ley un “presidencialismo” en el que el Ejecutivo controle mecánicamente a un Legislativo dócil que le apruebe todas sus pretensiones de cambios constitucionales y legales.
9. La propuesta pretende ignorar así que la responsabilidad central del Presidente de la República es aplicar la ley, y no pretender modificar el orden constitucional cancelando de manera subrepticia derechos a la nación y a los mexicanos para dar gusto al capital multinacional, como hace el gobierno de facto de Calderón con la complicidad en muchos casos de los priístas.
10. El pueblo indignado, que ha clamado en todos los modos su “¡Ya basta!”, parece dispuesto ahora a abordar otras formas de lucha y de resistencia.
*Tomado de La Jornada.

jueves, octubre 27, 2011

¿Continuidad o cambio?*




Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

Carlos Fernández-Vega, como siempre, nos recuerda diariamente cómo está la economía de México, en este caso a partir de los gobiernos neoliberales (véase su columna del 25/10/11 en La Jornada). Establece, con acierto, una línea de continuidad entre Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en relación con las privatizaciones. Esta línea, la misma y sin desviaciones de fondo, se dio con Salinas, Zedillo y Fox. Es nuestra obligación, como mexicanos, no perderla de vista, pues en esto consiste la pugna por la Presidencia de la República hacia 2012. Lo que está en juego es el manejo de la economía del país: en manos privadas para las cuales el Estado sólo está de adorno y para proteger sus intereses; o en manos de la nación y de su pueblo, para las cuales el Estado debe recuperar su papel regulador, distribuir la riqueza y garantizar nuestra soberanía.

Fernández-Vega nos ha recordado, en apretada síntesis, la transferencia de la infraestructura industrial del Estado a la iniciativa privada: “siderúrgicas, cementeras, químicas, petroquímicas, aerolíneas, mineras, aeropuertos, puertos, fertilizantes, textiles, comercializadoras, bancos, aseguradoras, afianzadoras, hoteles, ingenios azucareros, carreteras, inmobiliarias, una gruesa rebanada de la generación eléctrica, gas, constructoras, fábricas de bicicletas y de ropa popular, empresas de alimentos, armadoras automotrices, embotelladoras, astilleros, telefónicas, televisoras, almacenes, instalaciones pesqueras, satélites, ferrocarriles, transbordadores, imprentas, red nacional de fibra óptica, varias áreas del sector petrolero y lo que se quede en el tintero, que no es poco.” Falta Petróleos Mexicanos, la empresa pública más codiciada por empresarios nacionales y extranjeros.

Todos los gobiernos neoliberales la han ofrecido al capital, y Peña Nieto, quien hasta ahora cree que ganará, ya lo dijo: abrir la explotación y refinación a la iniciativa privada, aunque no supo exponer los “cómos”. Éstos, por cierto, no importan, ya se le ocurrirán si lo dejamos gobernar el país.

Si somos rigurosos el servicio de Pemex a la iniciativa privada, incluso trasnacional, ya se ha hecho desde los tiempos de Echeverría si no es que desde antes. Han pasado más de 40 años de subsidios petroleros al capital, en principio por la vía de precios: el control de Pemex se ha dado, por ejemplo, en la petroquímica básica, la que tiene menor valor agregado en el rubro, pero no a la secundaria, la de mayor valor agregado (y más ganancias) y que ha estado en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Lo ha dicho muy bien Guillermo Ortiz Martínez: “el valor agregado del petróleo es menor a 10 por ciento de la economía” (La Jornada, ídem), y esto es así porque desde hace unos 40 años la petroquímica secundaria ha sido dejada a la industria privada y, además, subsidiada por la vía de los precios de los insumos producidos por Pemex en lo que se conoce como petroquímica primaria. (Sólo como recordatorio: la petroquímica primaria procesa los derivados del petróleo y del gas natural, y la petroquímica secundaria es la que transforma productos básicos e intermedios en productos elaborados tales como fibras sintéticas, materias plásticas y elastómeros, fertilizantes, pinturas, solventes, polímeros, como el PVC, detergentes, y muchos productos más conocidos como derivados del petróleo.)
Pero una cosa es el subsidio, que se puede suspender si así lo desea el gobierno, y otra dejar al capital que controle la empresa. Al “pastel” Pemex se le han quitado ya varias rebanadas, unas delgadas y otras gruesas, pero los empresarios lo quieren completo.

Calderón, aunque lo ofreció, como también sus antecesores cercanos, no lo ha logrado; Peña Nieto lo ha vuelto a ofrecer con desplantes, dijo, de audacia. No es audacia, señor Peña, es entrega; la entrega de un bien de la nación considerado estratégico y que genera, según el mismo Ortiz Martínez, 35 por ciento de los ingresos fiscales.

Si estos ingresos dejan de percibirse habrá que obtenerlos de otro lado y no veo a un gobierno de corte neoliberal, sea del PRI, del PAN o del chuchismo del PRD, subiendo progresivamente los impuestos al capital. Hablan de acrecentar la productividad, de generar empleo, de aumentar el consumo interno, etcétera, y todo esto con base en la activación de las inversiones privadas.

Justamente esto es lo que se ha hecho y el resultado ya lo conocemos: mayor desempleo, pérdida del valor adquisitivo del salario, crecimiento económico casi nulo y, ¡sólo faltaba!, mayor enriquecimiento de unos cuantos, cada vez menos, pero cada vez más ricos, tanto que pueden perder miles de millones de dólares y siguen tan campantes.

Que quede claro que no estoy diciendo que las empresas en manos del Estado son mejores, necesariamente, que si estuvieran en manos privadas. Si una empresa estatal se administra como si fuera privada y no al servicio de la población más necesitada, el resultado no cambia. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad como un ejemplo. El mismo Ortiz multicitado ya lo dijo: “el precio del servicio es mucho más alto del que se paga en Estados Unidos”. Y así es, porque el gobierno, expresión concreta del Estado, es el que orienta a las empresas estatales: éstas no se mandan solas. Y el gobierno ha resuelto que los costos del servicio lo paguen los consumidores por igual, sean ricos o sean pobres, en lugar de establecer sus precios verdaderamente diferenciados en favor de los más.

Lo que se requiere es un gobierno con sensibilidad popular que regule al capital y los mercados para beneficio de la nación (de sus riquezas y de su población) y no para quienes ya son privilegiados o lo serán por su cercanía al gobernante.

Generar riqueza, sí, pero también distribuirla, incluso por razones prácticas: entre más capacidad de consumo tengan los mexicanos menos dependerá el país del extranjero. No se necesita ser especialista para saber que la producción sin consumo no reactiva la economía. Hasta los narcotraficantes lo saben.

*Tomado de La Jornada,

miércoles, octubre 26, 2011

Calderón a La Haya*





Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores.


John M. Ackerman

Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros,
quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.

La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.

La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma: 
http://bit.ly/oWhn1y).

La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.

Las noticias que todos los días leemos en los diarios, así como los numerosos informes de la CNDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, demuestran que no nos encontramos ante un simple incremento en la tasa de homicidios dolosos, sino que el pueblo mexicano sufre precisamente un “ataque generalizado y sistemático”. Habría que recordar que todas las víctimas civiles son inocentes, ya que nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia. Asimismo, aunque algunos de los asesinados hubieran tenido antecedentes penales, de ninguna manera merecían ser ultimados, ya que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.

Acreditada la existencia del delito, la pregunta obligada es quiénes serían los responsables. Calderón supone que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especula que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.

El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales. Como ya hemos escrito en estas mismas páginas (www.proceso.com.mx/?p=262673), al justificar la violencia como resultado de un supuesto combate entre cárteles, Calderón promueve activamente una estrategia de “limpieza social”. De manera que el surgimiento de grupos paramilitares como los “matazetas” no es una mera coincidencia, sino el resultado directo de la estrategia actual. Además, la patente inacción e inefectividad de la PGR genera una situación de impunidad generalizada que propicia mayor violencia. Esto desde luego se reproduce en los estados, donde gobernadores como Javier Duarte conducen una estrategia similar.

Los numerosos y sistemáticos ataques directos en contra de la población por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente documentados. WikiLeaks reveló recientemente que en 2007 se creó una unidad especial del Ejército Mexicano bajo el comando directo de Calderón, hecho que, de ser comprobado, elevaría aún más la responsabilidad directa del presidente. Finalmente, sería irresponsable descartar la posibilidad de que Calderón esté aliado con uno u otro cártel de la droga, tal y como han sugerido estudios conducidos por destacados medios de comunicación y expertos internacionales.

Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenes de lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.

Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información “conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.

Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.

El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la inminente denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos. l

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

*Tomado de la revista Proceo.

martes, octubre 25, 2011

El PAN y su “cochinero”*




Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- La reactivada antropofagia perredista, que ratifica la agonía de ese proyecto, ha dado a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) la coartada para el dedazo en la mayoría de las candidaturas legislativas para el próximo año, que está bajo el control de Felipe Calderón, pero implica también la réplica de los principales factores de su derrota de 2009.

En efecto, además de los gastos que implican las campañas internas para un partido que está en quiebra, derivado justamente de 2009, la razón principal del PAN que preside Gustavo Madero para designar candidatos desde la cúpula es que las contiendas, aun sin ser abiertas a no militantes, representan un riesgo de confrontación y, por tanto, de división.

Esto debido a que en el PAN se han afianzado en todos los estados de la República facciones internas –hordas, como las tribus del PRD– que controlan la estructura y el padrón, sobre todo en los estados donde es gobierno –Guanajuato y Jalisco son ejemplos–, por lo que los procesos internos están decididos de antemano a partir de prácticas clientelares y fraudulentas.

Sin embargo, no es mejor el remedio que la enfermedad si se toma en cuenta que los dedazos fueron un factor clave en la derrota de 2009, según la Comisión de Reflexión y Análisis del PAN, que en su informe sobre la debacle de 2009 afirmó que “se dieron injerencias indebidas de nuestros gobiernos para definir la selección de candidatos”.

Según el documento, que el reportero publicó en Proceso en julio de este año, entre la militancia se generó “desánimo y molestia por el proceso de selección de candidatos”, porque hubo “imposición de candidatos plurinominales de fuera del entorno estatal”, “en algunos casos el PAN no postuló a los más aptos para el cargo” y “el CEN designó en algunos casos a buenos candidatos, pero el partido no los acompañó”.

Pero además, según el informe, “la designación de candidatos fue tardía y no consensuada”, “no se definió un perfil mínimo de candidatos, no se formalizaron compromisos a cumplir por los candidatos ni se les proporcionó capacitación”, “el PAN se olvidó de identificar a ciudadanos distinguidos para postularlos como candidatos” y “se descartaron líderes internos en pos de atraer priistas”.

Ahora la dirigencia que encabeza Madero –a quien ya se le llama “Madedo”–, previa propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, ha decidido que 141 de los 300 candidatos a diputados uninominales serán designados por “dedazo” del CEN, mientras otros 143 serán electos por votación de la militancia y apenas en 16 podrá participar la ciudadanía.

El dedazo se lleva también a la designación de los candidatos a diputados plurinominales en 21 estados y en sólo 11 habrá elección de militantes, mientras que en 24 entidades los senadores serán también por designación.

Este número de dedazos contraviene las recomendaciones de la Comisión de Reflexión y Análisis, presidida por José Luis Coindreau, en el sentido de que éstos “deben ser por excepción”, pero falta ver si se cumple con “justificarse la causa” y “consultarse con los liderazgos formales e informales de la circunscripción respecto de la bondad de la propuesta en cuestión, y se ha de cumplir con el perfil ya señalado”.

Pero el dedazo tiene su lógica: Calderón busca seguir manteniendo el control del PAN en el Congreso para cuidarse las espaldas y, no hay que perder de vista, edificar desde ahora la candidatura presidencial de Margarita Zavala, su mustia mujer que ha sido más eficaz –no menos ambiciosa– que Marta Sahagún.

Con independencia de quién sea el candidato presidencial –y todo apunta a que será Josefina Vázquez Mota–, el gran perdedor es, también con las designaciones, Santiago Creel, a quien sólo le quedan los alardes.

Así, vistos lo conflictos en el PAN y en el PRD, del que nos ocuparemos la próxima semana, el PRI da la apariencia de demócrata.

Apuntes

Quién sabe qué nuevo contubernio ha hecho con Calderón, pero el PRI en el Senado perfila su aval a Héctor Villarreal para dirigir Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Luego de que la semana pasada aquí se probó que Villarreal no cumple con los principios rectores de la ley de Notimex, único medio público que la tiene, por su añeja militancia panista y de ser incondicional de Calderón desde hace al menos tres lustros, ahora un grupo de prominente juristas de la UNAM, como UAM, ITAM, El Colegio de México, así como periodistas como Virgilio Caballero, Humberto Musacchio y José Luis Vázquez, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, enviaron una carta al presidente del Senado, el panista José González Morfín, para que no se avale a ese personaje. “No es un asunto personal, sino de idoneidad, pertinencia y oportunidad. Por esa misma razón consideramos que no reúne las cualidades necesarias para garantizar la independencia editorial a que se refiere el artículo 16 de la ya referida ley”, exponen en la carta los juristas Jorge Carpizo, Diego Valadez y Ernesto Villanueva. “Creemos que Notimex debe ser fortalecida como agencia de noticias del Estado, no ya del gobierno mexicano como lo fue hace algunos años. Tenemos la convicción de que ese proceso de fortalecimiento institucional pasa por dejar fuera de las cuotas de partidos, y de negociaciones al margen de los mejores intereses del país, la forma en que se concreta el nombramiento de su Dirección General. Ese riesgo se hace más evidente ahora, de cara a las elecciones federales y locales que tendrán lugar el año próximo. Creemos que se debe anteponer el interés de la comunidad sobre cualquier sospecha, prejuicio o percepción que pudiera hacer pensar que Notimex ha regresado a sus orígenes de medio al servicio del gobierno federal.”

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, octubre 24, 2011

Operativos conjuntos: invasión federal disfrazada*




Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores.


Patricia Dávila

Pese a la nula o limitada eficacia de operativos conjuntos anteriores, el gobierno de Felipe Calderón anuncia tres más, esta vez en Guerrero, Veracruz y la Comarca Lagunera. Analistas consultados por Proceso los consideran reactivos y de corto plazo, mientras que para los gobernadores de las entidades involucradas son prácticamente el único recurso a su alcance para contener, así sea momentáneamente, a los cárteles del narcotráfico.

Los tres nuevos operativos implementados por el gobierno de Felipe Calderón en las últimas dos semanas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada –Veracruz Seguro, Guerrero Seguro y Laguna Segura– pusieron en la mesa de debates la efectividad de los siete anteriores.
Para analistas y gobernadores, el resultado es que elevaron el nivel de violencia o, en el mejor de los casos, se recuperó la “tranquilidad” que se tenía antes del despliegue de las fuerzas federales.
En Guerrero se trata del tercer operativo conjunto de estos años: el primero se echó a andar en junio de 2005 como parte de la estrategia México Seguro, del expresidente Vicente Fox; en 2008 hubo un segundo, ordenado ya por Calderón. Pese a ellos, la delincuencia creció a tal grado que ahora el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en entrevista con Proceso, acepta que no tiene otra opción que dejar el mando al gobierno federal mediante Guerrero Seguro.
En cuanto al gobernador veracruzano, Javier Duarte, quien se negó a dar entrevista a este semanario, ha recibido críticas del presidente Calderón por atribuir los muertos de su entidad a los cárteles, y de plano carece de estadísticas sobre la delincuencia en su entidad.
En enero de 2007, el gobierno inició en Durango el Operativo Sierra Madre. El resultado fue tan gris que ni siquiera quedó registrado en la memoria del actual gobernador Jorge Herrera Caldera; no obstante, ahora tanto él como el mandatario de Coahuila le apuestan a Laguna Segura.
“A raíz de la muerte del señor Arturo Beltrán Leyva y de la detención de La Barbie –comenta Herrera Caldera– proliferaron muchos minicárteles que se disputan el control de la plaza, particularmente de Acapulco. Hay quienes hablan de 17 grupos. Eso se reflejó en un incremento en los problemas de violencia. Hay que reconocer que buena parte de esos delitos se generan fundamentalmente en las colonias populares y son producto de la lucha por el narcomenudeo.”

Guerra guerrerense

Ángel Aguirre Rivero dice que la actividad descontrolada que mantienen los cárteles lo impulsó a solicitar la intervención del gobierno federal y surgió Guerrero Seguro.
Al preguntarle cuáles grupos se pelean el estado, aclara que esa información está más al alcance de las autoridades federales, pero indica que “a través de mensajes plasmados en narcocartulinas o mantas dejadas en sitios públicos se han evidenciado algunos minicárteles, como el que se autodenomina Cida (Cártel Independiente de Acapulco), La Barredora, El Comando del Diablo y grupos afines a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel del Pacífico”.
Explica que pidió la intervención de las fuerzas federales porque hace seis meses, cuando asumió la gubernatura, midió la capacidad del gobierno estatal para enfrentar a la delincuencia organizada y encontró que sólo cuenta con mil 100 efectivos estatales para cubrir los 81 municipios, además de haber detectado que la corporación está gravemente infiltrada por el narco.
–¿A las policías municipales también las permeó el narco?
–Los 81 municipios tienen 6 mil efectivos. Sería una ingenuidad no pensar que hay policías municipales que están seriamente dañadas. De acuerdo con la radiografía que tengo, le puedo mencionar a Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y muchos otros municipios. Por eso, a la depuración de la policía añadimos un factor adicional, como la revisión de los recursos que se envían a través de los fondos de apoyo municipal, porque muchas veces ese recurso es empleado en adquirir vehículos que nada tienen que ver con la seguridad pública. Incluso, en los pueblos pequeños, los policías se convierten en los guardaespaldas del alcalde cuando éste anda en sus francachelas.
Entrevistado el pasado jueves 13 en la Fundación Miguel Alemán, en la Ciudad de México, poco después de su comparecencia en la Cámara de Diputados para gestionar su presupuesto de egresos para 2012, Aguirre Rivero se enteró de que el monto para su entidad es menor que en 2011. Está molesto:
“Yo les decía a los legisladores que me da gusto que vayan las fuerzas federales a mi estado a reforzar la seguridad, pero también les hacía una observación porque pretenden disminuirnos 3 mil millones de pesos. Les dije que si estamos viviendo problemas de violencia, entonces, sin presupuesto, estamos hablando de no descartar la posibilidad de que se manifieste algún grupo guerrillero. Aquí nacieron el EPR y el ERPI, ¡imagínese!
“No es porque a los guerrerenses nos guste el conflicto, les dije, no olviden que es un asunto que va ligado a la miseria y, junto con Chiapas y Oaxaca, somos de los estados más pobres.”
–¿Qué detonaría esta situación?
–Siempre he dicho que la violencia está muy ligada a la pobreza, a la ignorancia, a la falta de oportunidades. No sólo tiene que ver con policías y ladrones; es un asunto estructural que tenemos que acabar de raíz, es cuestión educativa, por eso hoy estoy alfabetizando a 50 mil guerrerenses en un año y les entregué uniformes escolares gratuitos a todos los niños de primaria.
Aclara: “Los cárteles no sólo se han ensañado con los maestros en las escuelas; es una situación que vivimos todos: los taxistas, pequeños empresarios, padres de familia… A los pequeños comerciantes pretenden cobrarles el famoso derecho de piso. Reconozco el valor y la iniciativa de los maestros, pero lamentablemente es una situación en la que todos estamos inmersos. Es un asunto de percepción, de temor, de pánico, por parte de la ciudadanía; pero en el caso de los que han perdido la vida, yo podría decir que casi todos han tenido alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada”.
Al asumir la gubernatura, Aguirre Rivero elevó el salario de los policías de 4 mil a 9 mil pesos mensuales y lanzó una convocatoria para contratar a 500 más. Asimismo, se garantizaron becas para sus hijos, se les entregaron uniformes escolares, se incrementó el seguro de vida y se duplicará en caso de perecer en un operativo. De manera paralela inició un proceso de depuración y de control de confianza. En Acapulco se construyen 2 mil viviendas y una parte será para personal policiaco, empezaron a funcionar cámaras de vigilancia, se realizan obras de infraestructura y se gestiona que la CFE y el IMSS den facilidades de pago a los comerciantes y los empresarios.
–Las acciones que me comenta recuerdan a Todos Somos Juárez. ¿Se tomó este operativo como modelo?
–No. No hemos llegado al nivel de Ciudad Juárez. Acapulco aún es controlable. Estoy convencido de que en diciembre vamos a tener lleno el puerto. Tomamos todas las providencias, tanto en la zona turística como en colonias populares. Incluso blindamos la Autopista del Sol.
–Algunos analistas aseguran que la entrada de tropas a los estados significa que los gobernadores están perdiendo el control.
–No es el caso de Guerrero. La delincuencia organizada es un asunto al que tenemos que entrarle los tres gobiernos, incluso el Poder Judicial. En Guerrero, sobre todo en Acapulco, tenemos 100 bandas juveniles que, de acuerdo con información que me han proporcionado, cada vez se parecen más a la banda centroamericana Mara Salvatrucha. Tenemos que erradicarlas.
Los efectivos del Ejército en el estado no son escasos: seis batallones de 500 soldados cada uno. Para Guerrero Seguro se ordenó reforzarlos con mil efectivos más, así como 300 marinos, mil 200 policías federales y 50 agentes de la PGR que capacitarán a un grupo estatal de policías antisecuestros.
Triángulo vicioso

La noche del miércoles 19, en la Secretaría de Gobernación (Segob), el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera, con el interino de Coahuila, Jorge Torres López, y el electo, Rubén Ignacio Moreira Valdés –que entrará en funciones en mes y medio–, firmaron el acuerdo para la Operación Coordinada Laguna Segura.
En entrevista telefónica, el primero expone la problemática de la zona:
“La Laguna de Durango y Coahuila es una de las zonas de desarrollo industrial y económico más importantes del norte del país. Ahí se dan de manera muy repetida delitos del fuero común, como robo de automóviles y a casas habitación, pero sobre todo la ciudadanía sufre de secuestros, una de las agresiones que más duele y lacera a nuestra sociedad.”
El operativo se desarrollará en los municipios duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo, así como en Torreón y Matamoros, en la entidad vecina. Explica Herrera Caldera:
“Sucede que se cometen actos ilícitos en Torreón y, en una persecución por parte de la policía estatal o municipal, los delincuentes cruzan el puente del río Nazas, que divide a los dos estados, y entran a Gómez Palacio. Entonces la persecución se detiene porque ya es otra jurisdicción y los fugitivos logran escapar. Al constituir el mando único prácticamente se quitan esas barreras y eso da agilidad para perseguir los delitos y tener acciones más efectivas.”
Señala que hace seis meses los tres órdenes de gobierno realizaron con éxito un operativo semejante, en el cual el Ejército tomó el mando único. Ahora, considera que Laguna Segura será determinante porque limpiará la zona metropolitana que comparten las dos entidades.
De acuerdo con los mapas delictivos de la Segob, hasta enero de este año la Laguna era una zona controlada por Los Zetas, pero a partir de mayo de este año ese cártel se ha replegado ante el cártel de Sinaloa (Proceso 1791 y 1817).
En Laguna Segura participarán 600 policías de Gómez Palacio y Lerdo, además de 780 de Torreón y Matamoros. La corporación estatal aportará 50. En el operativo anterior, las fuerzas federales destacadas en la zona se reforzaron con 200 agentes y 300 militares. Igual que en Guerrero, se anuncia que el operativo armado se complementará con medidas enfocadas a reconstruir el tejido social.
El 7 de enero de 2007, el presidente Calderón ordenó el operativo Sierra Madre, que abarcó el llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, dominado por el cártel de Sinaloa y que comprende partes de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Pero Herrera Caldera no tiene datos al respecto: “En ese Triángulo no hay ningún operativo especial, son acciones permanentes del Ejército. Actualmente, en el estado de Durango sólo tenemos el de La Laguna”.
En cambio, el mandatario tiene localizado otro foco rojo: “Con el apoyo del gobierno federal iniciaremos un operativo en la frontera de Durango y Zacatecas, porque en la carretera que conecta a los dos estados son frecuentes el robo de vehículos y los secuestros. Transitarla se ha convertido en un alto riesgo.”
Señala que a través de la Conago solicitó que se incremente el fondo de seguridad de las entidades: “Actualmente son 7 mil millones de pesos y este recurso no está indexado al recurso federal participable. Si podemos indexar 1% de este recurso, nos daría un monto en el fondo de 18 mil 500 millones de pesos. Esto es importante porque, siendo la seguridad una de las prioridades de los estados, necesitamos recursos para capacitar y equipar a nuestros policías, sobre todo después de aplicarles los exámenes de confianza”.
Ineficacia

Los investigadores José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, y Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), señalan que una gran debilidad de los operativos Guerrero Seguro, Veracruz Seguro y Laguna segura es que son reactivos, igual que los de antes.
Piñeyro explica: “Se habla de que en el puerto de Veracruz, debido a la baja turística, se va a capacitar a los trabajadores que están en ese sector. Qué bueno que habrá acciones de trabajo, pero el problema es que para qué se les capacita, si no van a encontrar empleo o va a ser temporal y precario”.
–¿Se justifica este desplazamiento de las tropas federales, tomando en cuenta que en Ciudad Juárez el nuevo operativo fracasó, igual que los anteriores?
–Ahí se pensó que el operativo podía servir como referente para otras ciudades y estados; se gastaron miles de millones de pesos y los resultados no son para nada satisfactorios. Se mantiene el índice delictivo y, en cuanto las tropas federales se retiran, los narcos regresan. Hay una situación socioeconómica bastante caótica, destrozada.
Señala que la delincuencia organizada seguirá dominando estas plazas a pesar de la presencia federal: “Es probable que provisionalmente se logre reducir los índices de violencia y delictivos, pero lo que no es nada claro es que se mantengan bajos. Una vez que se retiren las fuerzas federales o que el crimen organizado se reorganice, está garantizado que se va a registrar un índice mayor de violencia. Además, es seguro que en donde estén Los Zetas habrá más violencia y también más víctimas civiles”.
A su vez, Arturo Arango señala que un operativo más no tiene caso, pero acota que algo tiene que hacerse. El problema, dice, es que el Estado siempre actúa de manera reactiva. “Como país –afirma– tenemos un serio problema: que nuestro personal no está profesionalizado en áreas de inteligencia ni en cuestiones preventivas, y siempre reaccionamos, cuando somos quienes deberíamos estar marcando la agenda como sociedad y como gobierno.
“Hace muchos años sabíamos que Veracruz, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas están ocupados por Los Zetas, y que incluso tenían un sistema de comunicación mejor que el que pudiera tener el gobierno. Sin embargo, nunca se les enfrentó porque actuamos bajo un esquema político y dejamos que la delincuencia penetrara altas esferas del gobierno. Mientras había control sectorial, ese control tan raro, por decirlo de la mejor manera, que tenía el exgobernador Fidel Herrera sobre Veracruz, no pasaba nada y no hacíamos nada.”
Acerca de la eficacia de los anteriores operativos, Arango es claro: “Por ejemplo, en Tijuana o Ciudad Juárez no había control territorial por parte del gobierno, pero sí lo tenían los cárteles. Ahora hay cierta paz, pero hay que analizar si es porque el Estado ganó control o porque de nuevo se llegó a la entelequia que había antes de iniciar la guerra”.
Los tres nuevos operativos se suman a los de Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Frontera Sur (Istmo), Michoacán, Culiacán-Navolato (Sinaloa), Sierra Madre (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y Noroeste (Nuevo León y Tamaulipas), todos emprendidos por Felipe Calderón.

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, octubre 23, 2011

“El Chapo”, manjar electoral*



Tomado de La Jornada, Hernández.
Ricardo Ravelo y Patricia Dávila

Las presiones políticas internas que actualmente experimentan los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama condujeron a sus gobiernos al diseño de una estrategia para detener a El Chapo Guzmán o pactar con él una entrega negociada. De acuerdo con fuentes de inteligencia y un par de acreditados expertos consultados por Proceso, la pronta aprehensión del líder del cártel de Sinaloa se ha convertido en un apetecible manjar político-mediático para los dos mandatarios, en cuyos países habrá comicios el próximo año.

Una serie de hechos, reportes de inteligencia y análisis de expertos coinciden en que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos tienen entre sus planes prioritarios la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, pues los presidentes de ambos países apetecen ese manjar político-mediático que tendría dividendos electorales en 2012.
La captura del capo, uno de los más poderosos del mundo, se convirtió en un tema de “emergencia electoral” para los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, quien busca la reelección, mientras que aquél desea que su partido mantenga el poder, afirma el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia.
Ambos mandatarios, según Buscaglia, cargan con fuertes sospechas de brindarle protección a El Chapo Guzmán y a los “brazos operativos de Sinaloa”.
–¿Por qué existen tantas presiones políticas sobre los dos presidentes respecto de la figura de este narcotraficante? –se le pregunta al también profesor de la Universidad de Stanford.
–Obama enfrenta las presiones de los republicanos. Si bien el problema en Estados Unidos es económico, la figura de El Chapo perturba a Obama porque sobre su gobierno pesan fuertes sospechas de brindarle apoyo. Pesa mucho el caso Rápido y furioso y las armas que llegaron a las manos de Guzmán Loera; también pesa y mucho el cuestionamiento de que en Estados Unidos los capos mexicanos no son molestados.
“Este escenario hace posible que Obama esté empeñado en la captura de Guzmán Loera por cualquier vía: ya por una captura directa o mediante una entrega negociada, que no está descartada. Estados Unidos siempre juega dos cartas y así lo hizo con el jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, de suerte que para Felipe Calderón el caso de la reelección de Obama le mete muchísima presión y casi lo obliga a tomar medidas contra Sinaloa, pues la presión internacional ya es fuerte y será peor conforme pasen los meses y se acerquen las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos.”
En opinión del estudioso del fenómeno de la delincuencia organizada, cuando llegan momentos políticos tan sensibles como los que enfrentan Obama y Calderón, El Chapo deja de ser un caso de seguridad nacional y se convierte en un tema de campaña electoral. “Para Obama, El Chapo es el Osama Bin Laden no en el sentido de perturbación psicosocial, sino por la necesidad de asegurar la reelección y dar muestras de autolimpieza en su gobierno, lo que han puesto en duda los republicanos”.
Y ante esta emergencia, explica, no se descarta que el gobierno de Estados Unidos ya busque a Guzmán para detenerlo o negociar su entrega ofreciéndole no tocar sus bienes y proteger su vida y la de su familia.

Variantes con un mismo objetivo

Con dominio en buena parte de América Latina y presencia en 48 países, el cártel de Sinaloa es la organización criminal más boyante en el continente y su afianzamiento se logró en 10 años, los mismos que lleva el PAN en el poder. Según Buscaglia, actualmente el gobierno de Estados Unidos considera a El Chapo Guzmán un delincuente tan peligroso para el mundo como lo fue Osama Bin Laden y eso explica que Washington ofrezca 5 millones de dólares por su cabeza.
Con base en la información que Buscaglia dice tener y en distintas fuentes consultadas en Estados Unidos, el investigador insiste en que el gobierno de Estados Unidos echó a andar su estrategia para localizar a El Chapo Guzmán, objetivo para el cual, dice, no se descarta que ya estén trabajando decenas de agentes de la CIA, el Pentágono y la DEA.
El equipo estaría trabajando con un plan que, según el consultor de la ONU, es propio de la justicia estadunidense: no golpear la estructura financiera del cártel de Sinaloa, ofrecerle a El Chapo garantías para poner a salvo sus capitales. Buscaglia dice que es de llamar la atención que el gobierno de Calderón combata a los grupos criminales que le estorban al de Sinaloa en sus planes de expansión.
El supuesto plan de Washington coincide con el reporte que emitió a principios de este año la consultora estadunidense Stratfor; ésta asegura que los gobiernos de México y Estados Unidos persiguen la consolidación del cártel de Sinaloa en el territorio mexicano.
Buscaglia añade: “El cártel de Sinaloa es más que El Chapo, más que El Mayo Zambada y más que El Azul Esparragoza. La caída de Guzmán Loera no significa nada para el grupo criminal, pero sería mucho para el gobierno de Felipe Calderón de cara a las elecciones presidenciales de 2012. El presidente está desesperado porque el país se le despedaza entre muertos y balaceras.
“Apoyando la estrategia de Obama, Calderón busca un poco de oxígeno político para su partido en 2012 y es claro que no tiene en lo inmediato otra estrategia más que seguir el camino de Vladimir Putin, quien como presidente de Rusia se sentó a negociar con los delincuentes y así prohijó un Estado mafioso.”
–¿En qué beneficia a México seguir la estrategia de Rusia?
–Consolidar a un solo cártel, en este caso el de Sinaloa, según los asesores de Calderón, equivale a bajar los niveles de violencia. Seguramente lo logren, pero sería pan de hoy y hambre de mañana pues México se consolidaría también como un Estado mafioso donde los intereses de un solo cártel se mantienen a salvo.
Entre tanto, es un hecho que los estadunidenses operan con el apoyo del gobierno mexicano y están infiltrados en enclaves de inteligencia, empresas y en grupos de élite del Ejército y de la Policía Federal, en tanto que otros más están dispersos en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Sonora y el Distrito Federal, donde se mueve el líder del cártel de Sinaloa.

El factor político

A su vez, en entrevista con la reportera Patricia Dávila, el integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM Raúl Benítez coincide en que sería de interés electoral una eventual captura de El Chapo Guzmán.
–¿Se ha privilegiado a El Chapo?
–Eso se dice, no me consta… ¡Qué tal si lo capturan en enero o febrero, de acuerdo con un calendario más político! Se dice que ya está desahuciado, que está transmitiendo muchos de sus poderes a El Mayo Zambada: El Chapo sabe que está rodeado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que los aviones no tripulados están volando por toda la sierra de Durango, Chihuahua y Sinaloa; sabe que no puede salir del Triángulo Dorado. La última información que se le filtró a la prensa fue hace seis meses, cuando estuvo en Veracruz dos días.
Explica las implicaciones de una eventual detención del jefe sinaloense del narcotráfico: “Incluso se habla de que de acuerdo con un calendario político-electoral pudieran capturarlo o matarlo en enero o febrero de 2012. Pareciera que si se da un golpe mediático de esta naturaleza podría cambiar la imagen de la guerra contra los cárteles y parecería que el gobierno va ganándola.
“De esta manera beneficiará a algún candidato oficial en la contienda de 2012. Mantener la Presidencia no gravita al 100% en su captura, pero sí es uno de los factores para ganarla. Capturar a El Chapo no es una broma, es muy difícil, se dice que tiene un sistema de defensa fortificado con misiles antiaéreos, que si lo cercan helicópteros militares se los va a bajar y que la Fuerza Aérea no se atreve a eso, si fuera el caso.”
–¿Que sería necesario para detenerlo si la Fuerza Aérea no se atreve?
–Tendrían que aplicar una estrategia de fuerzas combinadas o algo así… he escuchado cuatro o cinco planes. Como está metido en la sierra, hasta un comando estadunidense puede entrar y sacarlo, pero sin que lo vean los mexicanos.
“Si es un trabajo por tierra, tiene que ser el Ejército el que entre, pero el traslado de El Chapo de un poblado a otro tiene que ser un operativo combinado de fuerzas de mar, tierra y aire. También se dice que hay seis bloques de búsqueda de El Chapo, como los que había con Pablo Escobar en Colombia: uno lo encabeza la Marina, dos el Ejército y dos la Policía Federal. Es lo que se dice.
“En una nota publicada en enero de 2010 por The Economist se afirma que el jefe del cártel de Sinaloa se refugia en un territorio serrano de unos 60 mil kilómetros cuadrados y que para capturarlo se necesitarían unos 100 mil soldados.”

Hechos e indicios confirmatorios

Proceso confirmó con varias fuentes que una pieza clave para el objetivo mexicano-estadunidense en relación con El Chapo es Anthony Wayne, embajador en México y proclive a las negociaciones, característica que mostró en los más duros conflictos que trató a su paso por Afganistán.
Por lo demás, la supuesta protección desde Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales operadores no es un señalamiento nuevo. Apenas en mayo de este año Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada –principal aliado de Guzmán Loera–, reveló en aquel país que en 1998 se inició un plan de negociación con la DEA para brindarle protección al cártel de Sinaloa a cambio de que aportara información sobre otras organizaciones delictivas mexicanas.
Zambada Niebla fue capturado en el Distrito Federal y arraigado por lavado de dinero y tráfico de drogas. Luego fue extraditado a petición del gobierno estadunidense. En mayo de este año, en una declaración rendida ante una corte federal en Illinois, dijo que la DEA selló un “pacto de inmunidad” con el cártel de Sinaloa.
En su testimonio El Vicentillo expuso que el enlace entre la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fue el narcotraficante Humberto Loya, quien –dijo Zambada Niebla– fue asesor y confidente de El Mayo y de El Chapo.
“Zambada Niebla fue parte de ese arreglo entre el gobierno de Estados Unidos a través de sus oficiales de la DEA, y el cártel de Sinaloa a través de Loya. El acusado proporcionó información que Loya transmitió al gobierno (de Estados Unidos)”, se asienta en uno de los documentos presentados ante la corte federal por la defensa de Zambada Niebla.
A El Vicentillo se le acusa en Estados Unidos de conspiración y tráfico de drogas. Trabajaba para el cártel de Sinaloa, organización de la que su padre es socio. La PGR averiguó que operaba en el aeropuerto de la Ciudad de México con la protección de agentes federales, funcionarios de la SIEDO y agentes de la Interpol.
Con base en el llamado “pacto de inmunidad”, Zambada Niebla afirma en otro de sus testimonios que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgarlo y debe ponerlo en libertad porque ese pacto lo ampara “gracias a la valiosa información” que ofreció.
Mientras la DEA empezó a proteger al cártel de Sinaloa a partir de 2004 –según Zambada Niebla–, en México se comenzó a golpear a las organizaciones rivales de los sinaloenses.
Vicente Fox emprendió la lucha contra el narcotráfico con el programa México Seguro, que asestó duros golpes a los cárteles de Tijuana y del Golfo; pero 50 días después de que el guanajuatense tomó posesión de la Presidencia, El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco. Y durante el sexenio foxista el cártel de Sinaloa expandió sus tentáculos en buena parte del territorio nacional.
Al arrancar el sexenio de Calderón, El Chapo Guzmán extendió sus redes hacia Centro y Sudamérica, y hay ejemplos de la impunidad que ha cobijado al capo sinaloense y a sus familiares: En mayo de este año, durante cateos en una zona residencial de Culiacán, Sinaloa –muchos de ellos señalados como refugios de El Chapo– fue detenida Griselda López Pérez, exesposa de Guzmán Loera y quien dijo llamarse Karla Pérez Rojo. Pero horas después fue dejada en libertad.
Desde 2009 Guzmán Loera comenzó a ser visto como el gran jefe del cártel de Sinaloa dispuesto a dominar el tráfico de drogas en Latinoamérica. Ese año Bruce Bagley, presidente de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, habló así de él: “El Chapo es claramente un psicópata dispuesto a involucrarse en elevados niveles de violencia, pero también es muy hábil para manejar esas turbulentas aguas”.
A principios de este año la consultora estadunidense Stratfor Inteligencia Global colocó a El Chapo Guzmán como “el amo y señor” del narcotráfico en América Latina, y en un estudio sobre el crecimiento del cártel de Sinaloa expuso que el narcotraficante sinaloense consolidaría su organización criminal durante 2011.
“En el transcurso de 2011 estaremos viendo signos de que la Federación de Sinaloa y sus nuevos amigos podrían convertirse en la entidad del crimen organizado dominante en México”, dice Stratfor. “La nueva federación, encabezada por el cártel de Sinaloa, es una alianza entre grupos criminales que tienen como enemigo común a Los Zetas, pero cada uno de sus miembros sigue operando sus respectivas rutas.”
Stratfor establece también que en el cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, “acusan a la organización de Joaquín Guzmán Loera de recibir favores del gobierno”.
Y añade: “La Federación de Sinaloa ha extendido e incrementado su influencia de Tijuana hasta algunas partes de Río Grande, en Texas, y tiene los mayores recursos a su disposición, lo que la convierte en el cártel más capaz de las organizaciones criminales de México y en la más idónea para encabezar una alianza que pueda consolidar el poder en regiones volátiles y convertirlas en estables”.
No es todo: En marzo de este año, un cable difundido por WikiLeaks reveló que en 2009 el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez envió a Washington un informe detallado sobre la narcoviolencia, según el cual existe la visión de que el Ejército Mexicano “está cómodo” con dejar que los cárteles de Sinaloa y de Juárez se debiliten mutuamente.
El cable fue enviado el 23 de enero de 2009 por el entonces cónsul Raymond McGrath y está catalogado como “sensible”.

La entrevista con el “Times”

El tema de El Chapo y la necesidad de capturarlo fueron abordados por Felipe Calderón en una entrevista cuya versión resumida fue publicada por The New York Times el domingo 16; la transcripción completa en español se difundió un día después en su sitio de internet.
Calderón afirmó que el jefe del cártel de Sinaloa vive en territorio estadunidense. A la pregunta de cómo la esposa de Guzmán (Emma Coronel, quien el pasado 15 de agosto parió mellizas en el hospital Antelope Valley de Lancaster, California) pudo viajar a territorio estadunidense sin ser perseguida y regresar a México, Calderón respondió:
“Eso habría que preguntárselo a las autoridades aduanales norteamericanas. Porque la aduana que tiene que cruzar para ir a Los Ángeles es la de Estados Unidos, no la de México. Y si El Chapo estuvo en Los Ángeles yo me pregunto: los americanos, por qué no lo atraparon. (…) Si la señora hubiera dado a luz en el hospital Ángeles… pues otra cosa sería.”
En la entrevista Calderón afirmó categóricamente que El Chapo Guzmán no está en territorio mexicano. Y añadió: “Aquí lo sorprendente es que él o su esposa están tan tranquilos en Estados Unidos, lo cual me lleva a preguntarme: ¿cuántas familias o cuántos capos mexicanos estarán más tranquilos en el lado norte de la frontera que en el lado sur? ¿Qué lleva a El Chapo Guzmán a tener a su familia en Estados Unidos?”.
Luego reconoció que El Chapo Guzmán como Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas, entre otros, “es gente que está muy protegida y gente que tiene redes de cobertura muy complejas. En el caso concreto de El Chapo sospechamos que tiene un área de influencia, que es la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, que le permite una gran movilidad y que cualquier operativo que hacemos para capturarlo, él tiene manera de detectarlo a decenas de kilómetros de distancia, a horas de distancia”.
–¿Lo quiere vivo o muerto? –le preguntó The New York Times; Calderón respondió: “Yo no le deseo la muerte a nadie…”.

*Tomado de la revista Proceso.

sábado, octubre 22, 2011

Desfiladero*



Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.


∙ ABC, Tabasco, AMLO y los indignados

Jaime Avilés

Ya transcurrieron 28 meses y 17 días desde el 5 de junio de 2009, cuando un incendio mató a 49 bebés en la guardería ABC de Hermosillo. El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 372 votos a favor y cero en contra, una ley que fija normas de observancia universal obligatoria para todas las estancias infantiles, públicas y privadas, de nuestro país. Pero Felipe Calderón se niega a publicarla.

Creada por el senador nayarita Francisco Javier Castellón (PRD), quien trabajó codo a codo con los padres de los bebitos muertos, y que para redactarla se inspiró en lo mejor de las regulaciones que en esta materia existen en el ámbito mundial, la Ley General de Prestación del Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil también fue aprobada, unánimemente, por el Senado de la República. Pero Felipe Calderón se niega a publicarla.

Uno de los aspectos más notables de la llamada Ley 5 de Junio es que exige el levantamiento inmediato de un registro nacional de guarderías, para que éstas sean supervisadas por autoridades federales, estatales y municipales, de modo que aquellas que no cumplan con los requisitos básicos de seguridad e higiene sean clausuradas, temporal o definitivamente. ¿Es por eso que Felipe Calderón se niega a publicarla?

Julio César Márquez, padre de uno de los bebitos muertos, viajó esta semana al DF, a presentar el libro que escribió junto con su esposa, para denunciar las humillaciones que han recibido de Calderón y Margarita Zavala, prima de una de las dueñas de la guardería ABC. Al participar en la Feria del Libro Alterna, que organizan Paloma Saiz y Paco Ignacio Taibo II, Julio César reveló que su esposa –víctima de graves trastornos a consecuencia de la tragedia– ha sufrido 17 sesiones de descargas eléctricas en hospitales del IMSS de Guadalajara, un tratamiento tan brutal como abusivo, que de nada le sirvió, pues médicos del Instituto Nacional de Siquiatría descubrieron que le estaban dando fármacos inadecuados.

Pero Julio César Márquez vino también a entrevistarse con el senador José González Morfín (PAN), quien como presidente de la cámara de origen de la Ley 5 de Junio, tiene la facultad, y la obligación, de publicarla a partir del próximo lunes 24 de octubre, día en que de acuerdo con la reciente reforma a los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución, Calderón perderá la oportunidad de mandarla imprimir en el Diario Oficial de la Federación, así como la semana pasada agotó el plazo que tenía para vetarla.

Una combativa coalición de tuiteros, que respalda al Movimiento 5 de Junio por la Justicia, llama a todas las personas que aún viven horrorizadas por el recuerdo de aquel incendio –y al mismo tiempo indignadas por la abierta complicidad de Calderón y Margarita con los empresarios que tenían a los bebés de la ABC en un muladar junto a una bodega de papel, que fue rápido pasto de las llamas–, a presionar al senador González Morfín para que publique la ley o publique la ley. O, en su defecto, publique la ley. No tiene de otra.

¿Y Tabasco?

En Tabasco, mientras tanto, llueve y llueve. Y llueve y llueve. Y llueve y llueve. Y llueve y llueve, como si el cielo no supiera hacer nada más. Si mojarse a cada rato desespera al visitante que luego se seca y se cambia en el hotel, qué significará esta monserga para cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños que sufren día y noche los embates del chubasco perpetuo. El agua ayuda a olvidar los 85 millones de pesos (mdp) que el secretario de Salud estatal, Luis Felipe Graham, tomó del Seguro Popular en 2009, y que –lo prueban documentos oficiales en poder de Desfiladero– los acaba de “devolver” al fisco, quitándole, oh, qué listo, 85 mdp al Seguro Popular de 2011.

Pero mientras el desbordamiento anual de los 49 ríos que pasan por Tabasco le brinda un pretexto magnífico a Andrés Granier para volver a pedir más y más recursos que irán a parar quién sabe a dónde –a la mejor, incluso, a manos de los damnificados–, en el ámbito de los únicos partidos que pisan fuerte en aquellas anegadas tierras (PRI y PRD), ya empezó la carrera hacia el domingo primero de julio, cuando por primera vez en muchos años los tabasqueños elegirán presidente de la República y gobernador(a) al mismo tiempo.
Para David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien hace cuatro décadas creó la administración pública de Quintana Roo como primer gobernador de ese territorio virgen, que gracias a sus esfuerzos pioneros se transformó en un nuevo estado unido mexicano, sólo hay tres políticos que van a disputarse la gubernatura en 2012: Humberto Mayans (PRI), Arturo Núñez (PRD) y Rosalinda López Hernández (PRD).

Sin embargo, en el Sanborns de Villahermosa, donde los politólogos de siempre escudriñan los enigmas del futuro, se dice que Mayans no llegará a ninguna parte, porque “está peleado hasta con su sombra”; que Núñez no recibirá el apoyo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) porque en 1998 votó a favor del Fobaproa, en 2008 aprobó la contrarreforma petrolera de Calderón y ahora acaba de reiterar su cercanía con los chuchos al firmar el manifiesto aliancista contra López Obrador.

Además, Núñez tiene 64 años de edad, en un estado donde 70 de cada 100 personas inscritas en el padrón andan entre 18 y 49, factor, agregan los sabelotodo, que favorece a Rosalinda López Hernández, una proactiva muchacha de 46, que nunca fue priísta, es una de las senadoras que mayor número de iniciativas creó (más de 200) en este sexenio y podría unificar a las mujeres de todas las fuerzas del estado para impulsar en Tabasco el proyecto de Morena. A su reciente informe de labores parlamentarias invitó a Marcelo Ebrard, pero el jeque de gobierno la desairó para irse de luna de miel a Kuwait.

PRD = RIP

Que una empresa de Carlos Navarrete hizo (y manipuló a su gusto) los 3 millones y pico de credenciales que los militantes del PRD usarán mañana en su elección interna. Que el “domicilio oficial” de la empresa que imprimió las boletas, proporcionado por Jesús Zambrano, en realidad corresponde a una casa abandonada. Que está en su apogeo el reparto de despensas entre las tribus que pelean por los cargos directivos. Que, en suma, el PRD, cadáver político en avanzado estado de putrefacción, estelarizará este domingo su última guerra de estiércol, y terminará de nuevo, a las puertas del tribunal federal electoral, presentando carretadas de quejas y acusaciones de todos contra todos.

Así, mientras el PRD finalmente agoniza en vísperas de su clamorosa derrota en Michoacán, Morena se fortalece y extiende por todo México y Estados Unidos. En una acción espectacularmente sincronizada, el martes de esta semana, sus representantes en cada una de las 32 juntas locales del IFE (o sea, en el DF y en los 31 estados de la República) leyeron el mismo mensaje al mismo tiempo: “si las autoridades no garantizan los derechos democráticos de los ciudadanos, deben ser los ciudadanos mismos quienes, de manera organizada, garanticen que los votos valgan sin importar por quién se vote”.

Entre tanto, luego de visitar Monterrey, Washington y Madrid, Andrés Manuel López Obrador se volvió de pronto el ídolo de los levantacejas que lo calumniaron sin tregua ni escrúpulos desde 2004. Ahora dicen que es el nuevo Lula y pronto quizá descubrirán que el plantón de 2006 sirvió de modelo a los indignados de Egipto, Grecia, España y Wall Street. Aguas, porque detrás de esta sospechosa cargada mediática asoman las orejas de Salinas: quieren quitarle reflectores a Beltrones, que empieza a crecer más de lo que desearía Peña Nieto. Así que nadie se vaya con la finta.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.