progressif

viernes, julio 31, 2009

La fascistización*


Tomado de El Universal, Helioflores.



Luis Javier Garrido

Los grupos de poder que se hallan atrás del gobierno panista de facto saben bien desde 2006 que prosiguiendo la aplicación del modelo económico monetarista sólo se agravará la miseria de las mayorías, y por ello han dedicado buena parte de los recursos nacionales a crear un Estado cada vez más autoritario, que en el desastre gubernamental de 2009 ya está adquiriendo rasgos totalitarios y fascistoides.

1. El principal temor de los gobiernos de la derecha en el mundo ha sido históricamente el pueblo y a ello se debe todo este escenario de terror creado por el gobierno espurio de México, que le tiene miedo, y que en vez de asumir sus responsabilidades y buscar políticas económicas y sociales alternativas, y tratar de atender las necesidades de los mexicanos, se ha dedicado a crear un Estado policiaco con el pretexto del crimen organizado –que él mismo está fomentando– y que se sustenta, cada vez más, en medidas de tipo neofranquista.

2. Lo más grave de este proceso de involución por el que atraviesa México es que las fuerzas sociales del país, los intelectuales y los medios, que lo han estado percibiendo, no han tenido la inteligencia ni la fuerza para oponerse a lo que acontece.

3. El primer paso del proceso de fascistización que vive México fue la militarización anticonstitucional del territorio nacional desde principios del sexenio, a cargo de un Ejército cada vez más subordinado al Pentágono, como evidenció ayer jueves 30 en su indigna visita a Washington el general Guillermo Galván (titular de la Sedena), sin que le importe al gobierno panista que los cuadros de elite de las fuerzas armadas mexicanas se fueran pasando a los cárteles del narcotráfico ni que los militares crearan un escenario de más de 14 mil muertes entre 2008 y 2009 y cometieran un sinfín de violaciones a los derechos humanos, para lo que ahora busca darles un estatuto de inmunidad, fortaleciendo el fuero militar en de-safío abierto a la opinión de los expertos y de la comunidad internacional.

4. El segundo paso de esta pendiente autoritaria a la que el PAN está llevando a México ha sido la de modificar la legislación penal de la República en múltiples leyes y momentos, como la contrarreforma penal de 2008, para hacer nulas en los hechos garantías individuales consagradas en la Constitución de 1917, y tornar “legalmente” posibles las detenciones atrabiliarias o las violaciones a los domicilios.

5. En el contexto de esta lógica autoritaria y opuesta a la transparencia, no puede sorprender, por lo mismo, que con el pretexto de la necesidad de una secrecía absoluta de las averiguaciones previas, en la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República se establezca de manera anticonstitucional una prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer los expedientes.

6. La expedición de una “cédula de identidad ciudadana”, como la que se anunció el martes 28, con “las características biométricas” de las personas y sus antecedentes fundamentales, proyecto similar a muchos que han sido desechados en diversos países porque configuran un atentado a los derechos de las personas, a su derecho a la privacía y a su dignidad, constituiría la culminación de ese proyecto de corte cada vez más totalitario de Acción Nacional, que busca controlar a las personas, a los movimientos sociales y a los partidos, y tiene su equivalente en el ámbito de la política.
7. El contexto político-electoral que el PRI y el PAN fueron maquinando desde 1988 fue para dar apariencia de legitimidad a las elecciones, lo que nunca lograron, y el saldo lo demuestra: la organización de los comicios no está en manos de los ciudadanos, como se pretende, sino de la alianza PRI-PAN que controla el Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por Leonardo Valdés, incondicional de Calderón; el subsistema de partidos no representa a los ciudadanos y no hay más partidos políticos que los que decide el IFE cada seis años; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy en manos de una amiga de la esposa de Calderón, puede intervenir en la vida interna de los partidos e imponerles una directiva, como hizo en 2008 al entregar el PRD a Jesús Ortega, incondicional del régimen. Y, como si fuera poco, el fraude electoral no se puede sancionar con la anulación de las elecciones, al haber acotado la Suprema Corte en 2008 las facultades del TEPJF, de manera que en la práctica la anulación de la elección presidencial no es legalmente posible, aunque el fraude sea descomunal.

8. La impunidad sigue siendo rasgo esencial del sistema político y del sistema electoral, pues el titular del Ejecutivo puede utilizar todos los recursos del Estado para violar las libertades electorales de los ciudadanos, como hizo Fox en 2006, y no se le puede sancionar. Y ahora el IFE nos sale con que las televisoras tienen la posibilidad de incumplir las leyes electorales, como hicieron en 2009 al instrumentar una propaganda descarada en sus espacios noticiosos y de diversión, o como Tv Azteca al dejar de transmitir 5 mil 734 promocionales, y nada pasa: las elecciones no se anulan, y a esta última televisora el IFE sólo la multó el 28 de julio con 22 millones, lo que envió un claro mensaje de impunidad: se pueden desacatar las leyes y el fraude se consuma tras una leve multa.

9. La situación por la que atraviesa el pueblo de México es muy difícil y al haber quedado reducidas las instituciones a instancias de simulación, hay que recordar que la única manera de resistir ante las políticas fascistoides del régimen es la de la organización popular, de la misma manera que la única vía para lograr el triunfo electoral es, como antes de 1988, la de vencer de manera contundente, por muy amplio margen, a la maquinaria electoral del régimen, y defender ese triunfo con toda la fuerza del pueblo. Esas ideas permean el mensaje que Andrés Manuel López Obrador, quien sigue tenazmente encabezando la principal fuerza de oposición, enviara el 29 de julio (La Jornada, 30/7/09) y son ya las de millones de mexicanos.

10. La única forma de conmemorar en 2010 el bicentenario de la Revolución de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana es expulsar del poder a quienes desde el PRI y el PAN han generado el desastre actual del país, y establecer un gobierno que responda a la voluntad popular, y nada más. Los monumentos y festejos de corte porfirista salen sobrando en el contexto actual y serían un insulto para todos los mexicanos que saben que su país es cada vez menos libre e independiente, y que las promesas de justicia social que marcaron esos dos movimientos han sido traicionadas desde el poder político por un puñado de grupos oligárquicos.

*Tomado de La Jornada.

jueves, julio 30, 2009

El PAN en su disyuntiva*









Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

Cómo estará de mal el Partido Acción Nacional que, aunque se perfilan otros, por ahora el candidato único para presidirlo es César Nava. Uno de sus compañeros de partido, Gerardo Priego, dijo que se lo van a comer en tamalitos de chipilín, en alusión a su poca experiencia y a su escasa relación, en caso de ser designado, con los dirigentes de otros partidos (La Jornada, 26/7/09) y con los diputados y senadores de su propio instituto político.

Si Nava es el candidato de Calderón, peor para el partido, pues el ocupante de Los Pinos es el principal causante del deterioro del blanquiazul. En este punto no hay dudas. El pretendido presidente del empleo no ha logrado disminuir el desempleo ni mucho menos el número de pobres.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ha puesto en evidencia que los tres tipos de pobreza (alimentaria, de capacidades y de patrimonio) han aumentado de 2006 a 2008, más los resultados que se obtengan del año en curso.

La pobreza alimentaria es caracterizada como aquélla en la que sus víctimas, los más pobres de los pobres, no pueden obtener la ya recortada canasta básica de alimentos, aunque usaran todo el ingreso disponible para ese fin. Esta pobreza subió de 13.8 millones de mexicanos a 18.2 en el periodo considerado, es decir, 4 millones 400 mil mexicanos más en dos años.

La pobreza de capacidades quiere decir que quienes viven en ella no tienen ingresos suficientes para alimentarse y, además, para gastar en salud y educación. El aumento de este segundo nivel de pobres fue del mismo tamaño que el del anterior.

La pobreza de patrimonio, que se supone que es menos grave que las anteriores, ya que en este nivel el ingreso familiar sería insuficiente para adquirir la canasta básica y los bienes y servicios relacionados con salud, vestido, vivienda, transporte y educación, es la característica de casi la mitad de la población del país: 50.5 millones, es decir, 5 millones 900 mil mexicanos más que en 2006.

La equivocada política de Calderón, que sólo tiene ojos y consideraciones para los ricos y para sus allegados, no sólo aumentó en 6 millones el número de pobres, sino que ha acumulado tal cantidad de muertos civiles, policiacos y militares en su absurda guerra contra el crimen organizado (narcotráfico, principalmente), que la gente duda mucho en salir a la calle. La inseguridad en las calles y carreteras ha aumentado incluso en estados donde la gente emigró hace algunos años (Aguascalientes, por ejemplo) por sentirse amenazada en sus lugares de origen. Ahora parece cosa de suerte llegar sano y salvo a casa, siempre y cuando la residencia familiar no esté también en la mira de los enojados hampones, uniformados o civiles (porque hay de los dos tipos).
El modelo económico que ha seguido Calderón, al margen desde hace rato de las tendencias mundiales en decenas de países que han iniciado sus respectivas rectificaciones, tiene también en contra a las cámaras empresariales. El presidente de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales) ha declarado el lunes pasado que dicho modelo ya está agotado. Pero Calderón y su gabinete económico todavía no se percatan de ello. Zedillo regañaba a los economistas que lo criticaban; Calderón ni siquiera parece haberse enterado de lo que dicen los expertos. Al contrario, vaticina un nuevo ánimo nacional gracias al triunfo de la selección nacional de futbol (La Jornada, 28/7/09), como si el logro hubiera sido de México y sus pobladores y no de un grupito de abnegados deportistas; y como si ese éxito también fuera de la economía ante la grave crisis que atraviesa el país desde antes del tsunami estadunidense.

Ante esta situación, mal hará Calderón en creerse uno más de los ex presidentes priístas que podían, a su antojo, poner y quitar al dirigente de su partido. Lo menos que puede hacer, si de verdad quiere salvar al PAN de la declinación revelada en las pasadas elecciones es sugerir (no imponer), si lo encuentra, un candidato que tenga presencia y el respeto de todos los panistas, especialmente de entre los sobrevivientes históricos que le daban principios y respetabilidad propia y ajena. Y, desde luego, también deberá cambiar su política económica y social, poniendo un freno a sus ilusiones de grandeza y poder omnímodo, para devolver al país la estabilidad y el desarrollo que tanto necesita.

Los neopanistas quisieron ganar posiciones de poder y las han logrado, incluso a la malagueña, pero sacrificaron desde 1975 sus principios fundadores y rectores por un pragmatismo ramplón que, a la menor falla (y vaya que han tenido fallas con Fox y ahora con Calderón), se les ha revertido llevándolos a una pendiente tan negativa que gran número de mexicanos prefirió al PRI como alternativa (gracias también a la profunda crisis de las izquierdas mexicanas). Tal vez también deberían pensar en refundarse o rectificar sus posiciones y no caer en la zona de influencia de quienes lo han desprestigiado: Fox y Calderón, en primer lugar.

*Tomado de La Jornada.

miércoles, julio 29, 2009

La sanción a TV Azteca*





Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 28 de julio (apro).- La revista Proceso lo adelantó en su edición de esta semana, bajo el título "El burlador del Ajusco" (pp 40-43). El Instituto Federal Electoral (IFE) alistaba una "sanción histórica" a Televisión Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego que abiertamente desafió a la reforma y al árbitro electoral durante este año.

El anteproyecto planteaba una multa por 38 millones contra la televisora del Ajusco, por no haber transmitido mil 892 spots de la autoridad electoral y de los partidos políticos en sus señales de Canal 7 y Canal 13 en los sistemas de televisión restringida, Sky y Cablevisión, ambos propiedad de Televisa, entre el 6 y el 24 de mayo.

Sin embargo, el anteproyecto fue modificado sustancialmente. Resultó que no fueron mil 892, sino un total de 5 mil 734 promocionales los que no fueron difundidos entre el 5 de mayo y el 5 de julio.

Finalmente la sanción se fijó hoy en 21 millones 920 mil pesos, aun así la más alta aplicada hasta ahora contra un medio de comunicación. Además, el IFE ordenó a la televisora la reposición en tiempos comerciales de los tiempos de spots no transmitidos por 2 mil 867 minutos.

La empresa de Salinas Pliego –célebre por sus constantes desafíos a la legalidad bajo una demagogia populista y justiciera– se colocó en franco desafío a la Constitución durante toda la campaña federal, bajo un argumento pueril y tramposo: no es lo mismo Televisión Azteca SA de CV, que TV Azteca SA de CV.

Los abogados de la empresa argumentaron que la sanción debía aplicarse contra TV Azteca SA de CV, en virtud que "es la titular de los derechos de autor sobre la programación que transmite" Televisión Azteca.

En otras palabras, pretendió reducir a un tema de "derechos de autor" lo que a todas luces fue una violación "reiterada y sistemática" a la ley electoral.

La trampa es muy similar a la que aplica Televisa con sus empresas filiales: ellas son las responsables de comercializar y no el consorcio que es el responsable de la concesión entregada por el Estado.

Algo parecido ocurrió en el caso de Editorial Televisa SA de CV, editora de TV y Novelas, que facturó la publicidad del Partido Verde Ecologista y luego fue retransmitida en los canales 2, 5 y 9 de Televisa.

Esta multa considera como de "gravedad especial" la violación "reiterada" que se observó en las señales de Canal 7 y Canal 13 durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de mayo de este año.

La empresa decidió bloquear los anuncios del IFE y de los partidos políticos en la programación de su señal que envía a los sistemas de televisión restringida. Aún queda la pregunta: ¿si bloqueó estas señales, comercializó esos espacios que estaban destinados a los tiempos de Estado?

La burla de TV Azteca es absoluta. Desde antes, el IFE ya la había sancionado en tres ocasiones (24 y 29 de marzo y 20 de abril), imponiéndole una multa de 2 millones de pesos en cada una de las resoluciones.

La televisora del Ajusco pensó que podía ganar su litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A finales de junio, el máximo tribunal en la materia confirmó las sanciones aplicadas a la empresa.

La clara violación a la ley no inhibió a cabilderos y representantes de la empresa que presionaron a consejeros electorales y al secretario general del IFE. Utilizaron los argumentos más pueriles: desde el "linchamiento" mediático hasta una contrademanda.

Por lo visto, no lograron echar abajo del todo el proyecto de sanción, aunque sí sentaron otro precedente muy grave de presiones y chantajes.

En el proyecto de resolución 308-2009 se detalla que el mayor número de spots no retransmitidos o "bloqueados" en las señales de Sky y Cablevisión fueron los del PAN (mil 390 mensajes), seguidos por 917 del PRD, 800 del PRI, 405 del Partido Verde (a pesar que la hija de Ricardo Salinas Pliego fue inscrita en los primeros lugares de una diputación plurinominal), 295 del Panal, 279 del PT, 257 de Convergencia, 232 del PSD y 26 del PFD, un pequeño partido local del Estado de México. En total fueron 5 mil 734 promocionales.

La airada reacción en la pantalla de Televisión Azteca es predecible. La pregunta es si la Secretaría de Gobernación –hasta ahora la responsable de regular los contenidos de los medios electrónicos concesionados– seguirá haciéndose de la vista gorda ante lo que ya constituye un modus operandi de la empresa que fue privatizada en la época de otro Salinas.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, julio 28, 2009

Washington informa… México no actúa*



Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

J. JESúS ESQUIVEL


Durante largos períodos, autoridades estadunidenses proporcionaron al gobierno de Vicente Fox, y ahora al de Felipe Calderón, información de inteligencia amplia y detallada que recabaron en torno a las actividades y puntos de ubicación de 19 líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo. Hoy, esta información sirve de base en Washington para uno de los mayores procesos judiciales emprendidos en contra del narcotráfico internacional. Sin embargo, los dos gobiernos panistas no hicieron nada para detener a esos capos, quienes siguen moviéndose libremente en México.



WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos se lanzó con todo contra Los Zetas mediante procesos judiciales a sus principales líderes, por quienes ofrece millonarias recompensas. Al hacerlo exhibió la ineficacia y la falta de voluntad del gobierno mexicano para desarticular y capturar a los integrantes de este grupo de sicarios que aterroriza a la población de amplias zonas del territorio nacional.

La causa número 08-057 contra 19 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo, abierta el 15 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, evidencia que los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón no hicieron nada concreto para detener a esos criminales, pese a que las autoridades estadunidenses les informaron con detalle sobre las actividades ilícitas que realizan y los lugares donde se ubican al momento de llevarlas a cabo.

La información contenida en la causa “en su momento se compartió con las autoridades de México”, asegura a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia que forma parte del grupo de expertos encargado de recabar datos en torno a los jefes de Los Zetas para integrar los cargos contra los también llamados sicarios del cártel del Golfo.

“A nosotros no nos toca hacer juicios sobre el gobierno de México, el cual consideramos que está haciendo todo lo necesario y lo que puede para desmantelar a los grupos del narcotráfico, como Los Zetas. Aunque debo decir que al gobierno mexicano se le entregó a tiempo, y en su momento, toda la información recabada”, aclara el mismo funcionario, quien optó por el anonimato.

Con base en la causa judicial aprobada por un Gran Jurado ante la corte federal de la capital estadunidense –a cargo de los fiscales Paul M. O’Brien, Patrick H. Hearn y John M. Gillies–, se inició un proceso por delitos relacionados con la producción, tráfico y distribución de drogas contra 19 presuntos integrantes de los círculos de mando de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Los acusados son: Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, Doble X o Dos Equis; Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado; Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta-40 o Cuarenta; Jaime González Durán, El Hummer; Samuel Flores Borrego, Tres o Metro Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, Chicles, y otra persona identificada solamente por el alias Lino.

Las autoridades estadunidenses también van contra Gilberto Barragán Balderas, Tocayo; Juan Reyes Mejía Morales, R-1, Kike o Reyes; Omar Treviño Morales, 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Manito, o Caballero; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Medina Rojas, Chelelo; Aurelio Cano Rojas, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González, Puma o Carlitos; Víctor Hugo López Valdez, Chiri o Chiriquas, y Sigifredo Nájera Talamantes, conocido con los sobrenombres de Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón.
De manera destacada, la causa judicial iniciada en la Corte Federal del Distrito de Columbia identifica a Heriberto Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Jorge Eduardo Costilla Sánchez como el “triunvirato de mando” de Los Zetas.

El Departamento de Justicia señala a los 19 capos como responsables de producir, traficar, importar y distribuir mariguana, cocaína, heroína y drogas sintéticas, así como de lavar dinero procedente del trasiego de narcóticos en territorio estadunidense y mexicano.

“Los acusados son integrantes de las organizaciones de tráfico de narcóticos con sede en México conocidas como el cártel del Golfo y Los Zetas, que juntas operan bajo el nombre de La Compañía”, enfatiza el expediente de 27 páginas, cuya copia tiene Proceso.

Con la excepción de Nájera Talamantes, Lino, López Valdez, Cerda González, Medina Rojas, Lam Liu, Omar Treviño Morales, Rangel Buendía y González Durán, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien entregue información que conduzca al arresto de los otros 10 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Los tentáculos

“Nunca en la historia de la lucha internacional contra el narcotráfico se había lanzado una operación legal como ésta en contra de los principales capos de una organización del crimen organizado de México tan peligrosa como Los Zetas”, asegura el funcionario del Departamento de Justicia.

El documento explica la extensión de poder y dominio territorial de las dos organizaciones criminales, así como los modernos y avanzados métodos tecnológicos que usan para el transporte de drogas, el cobro de derecho de piso en sus plazas y la eliminación de sus enemigos.

“La Compañía controla miles de kilómetros del territorio mexicano a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, dividió sus zonas de influencia en áreas conocidas como “plazas” y asignó cada una de éstas a sus líderes.

Cárdenas Guillén, Costilla y Lazcano “son los encargados de dirigir el transporte de la cocaína y mariguana que le pertenece a La Compañía y que se mueve desde Colombia, Venezuela y Guatemala a varias ciudades y plazas de México. Para el transporte se utilizan barcos, lanchas rápidas, aviones y automóviles”, destaca el expediente judicial.

Una vez en las plazas del cártel del Golfo y de Los Zetas en territorio mexicano, la droga se transporta en automóvil a varios puntos del estado de Texas, agrega la denuncia.
Ahí mismo se describe cómo “los acusados y otros miembros de La Compañía organizan, dirigen y llevan a cabo varios actos de violencia contra los oficiales de la ley del gobierno de México y contra traficantes de droga de grupos rivales, y actúan violentamente para intimidar a cualquier individuo que interfiera o que se perciba como problema potencial para sus actividades de tráfico de cocaína y de mariguana”.

En cuanto a los métodos de comunicación de La Compañía, el Departamento de Justicia sostiene que los acusados utilizan teléfonos Nextel con capacidad de conexión celular y de radio para frecuencia UHF/VHF, mediante los que supervisan los envíos de la droga.
“Mantienen una base de datos muy sofisticada por medio de programas en computadoras portátiles y aparatos de memoria USB, en los cuales almacenan la información concerniente a las cantidades de cocaína y mariguana que importan y exportan, las identidades de los jefes de plaza y su ubicación, la nómina de pagos con los nombres de los funcionarios y agentes de la ley a los que sobornan, y los montos de los ingresos y egresos por la venta y trasiego de las drogas”. Si llegan a comunicarse por teléfono, lo hacen por medio de códigos propios.

Seis páginas de la causa judicial están dedicadas a explicar el rango y responsabilidad de cada uno de los 19 integrantes del círculo de poder y mando del cártel del Golfo y de Los Zetas.

Por ejemplo, Costilla Sánchez, Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Cárdenas Guillén están a cargo de coordinar los envíos de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de recibir en México el dinero procedente de la venta de los narcóticos. El Z-40, además, supervisa las plazas en el estado de Veracruz y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Samuel Flores Borrego controla Reynosa y Miguel Alemán, pero además es el encargado de obtener y proveer información sobre las operaciones del gobierno mexicano en contra del cártel del Golfo y Los Zetas.

Lino, el acusado identificado únicamente por su apodo, recibe en Nuevo Laredo el dinero que proviene de Estados Unidos por el tráfico de cocaína y mariguana.

Destaca Gilberto Barragán Balderas como coordinador de las “actividades de la aplicación de la ley” de La Compañía: ejecuciones, secuestros, torturas y desapariciones. Juan Reyes Mejía Morales localiza a proveedores de cocaína en Centro y Sudamérica, y Omar Treviño Morales y Jesús Enrique Rejón Aguilar son los supervisores y encargados de las operaciones en el estado de Coahuila.

Alfonso Lam Liu es jefe de la plaza de Río Bravo, Cano Flores es el responsable de la producción de heroína, y El Puma controla Tampico y también coordina “la aplicación de la ley”.

El Chiriquas es una especie de secretario particular de Lazcano Lazcano y en él recae la responsabilidad de hacer y recibir llamadas de los otros miembros de la organización criminal, mientras que Sigifredo Nájera Talamantes es jefe de plaza en Monterrey, Nuevo León.

“Toda esta información –y más– ha sido compartida con las autoridades de México”, comenta el funcionario del Departamento de Justicia, quien evade comentar por qué el gobierno mexicano no ha detenido a los integrantes del triunvirato de La Compañía si conoce información detallada de sus actividades y puntos de ubicación.

“A nosotros no nos corresponde responder a esa pregunta”, indica el funcionario. Tras una breve pausa, suelta: “¿Sabe usted…? Es una buena pregunta que los mexicanos deben hacer a sus autoridades”, e inmediatamente da por terminada la conversación telefónica con Proceso.

Datos puntuales

De la página 13 a la 27, el expediente judicial contra los 19 narcotraficantes mexicanos, preparado por los fiscales O’Brien, Hearn y Gillies, expone el tipo de información, “confidencial y de inteligencia”, que compartieron las agencias federales estadunidenses con sus contrapartes de México durante la administración de Fox y lo que va del sexenio de Calderón, lo cual, sin embargo, no se ha traducido en el desmantelamiento de las líneas de mando del cártel del Golfo ni de Los Zetas.

El trabajo de infiltración en México de las redes de operación y mando de los dos grupos criminales mexicanos por parte de varias agencias federales estadunidense detalla el tipo de actividades realizadas por La Compañía, específicamente a partir de los últimos meses del sexenio foxista.
“En una conversación telefónica ocurrida el 21 de octubre de 2006 o por esa fecha, Miguel Treviño Morales le dijo a González Durán que los bonos para los jefes de plaza se pagarían ese año de acuerdo con la antigüedad de cada uno. Los jefes de plaza recibieron bonos por un promedio de 10 mil dólares”, señala el expediente.

En otra conversación telefónica interceptada y grabada por las agencias estadunidenses, “González Durán le preguntó a Treviño Morales si tenía algún cargamento de mariguana. Miguel Treviño Morales ofreció 200 mil kilos de mariguana a González Durán y éste le dijo que sólo necesitaba mil kilos”.

Alrededor del 6 de febrero de 2007, dos meses después de que el presidente Felipe Calderón tomara posesión de la Presidencia, y unos días después de lanzar su guerra militarizada contra el narcotráfico, “en una comunicación telefónica Costilla Sánchez y Flores Borrego hablaron del éxito de La Compañía en la recepción de mil 300 kilos de cocaína que fue enviada a Ramírez Treviño en Reynosa, Tamaulipas”.

Ese mismo día, también en una conversación telefónica, “Lino y Flores Borrego hablaron del arribo de 192 kilos de cocaína y de la pérdida de otros 400 kilos de la misma droga”.
El 10 de febrero de 2007, Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la imposición de una cuota semanal de 20 mil dólares por cada persona que transportara mariguana por Reynosa, zona a la cual Flores Borrego le dijo a Costilla Sánchez: es tu plaza”.

Otra de las conversaciones telefónicas entre miembros de Los Zetas y del cártel del Golfo interceptadas por las autoridades estadunidenses y compartidas en su momento con las mexicanas, con fecha del 1 de marzo de 2007, apunta que Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la información de un contacto para la compra de cocaína en Colombia con el propósito de que tuvieran un mejor acceso a múltiples cantidades de cocaína. Costilla Sánchez le dijo a Flores Borrego que, desde 1996, él había trabajado en Chiapas”.

El 26 de marzo de 2007, “Flores Borrego comunicó a Treviño Morales que la tarifa de La Compañía por el transporte de mariguana era de 20 dólares por kilogramo. Morales Treviño ordenó a Flores Borrego que consiguiera algunos camiones para el transporte y le dejó en claro que él tenía el control de la Policía Municipal de todo el estado de Veracruz”.

El contenido de las conversaciones telefónicas transcritas en la causa judicial contra los 19 capos mexicanos abarca varias de las actividades ilícitas de La Compañía, como los arreglos para el envío de cargamentos de mariguana y cocaína de México a Estados Unidos; los planes para formar caravanas de automóviles para mover droga en varios estados del norte de México; la confiscación de cargamentos en México y en Estados Unidos; la captación de dinero en efectivo procedente de la venta de los narcóticos en territorio estadunidense; los cobros entre los narcotraficantes por el transporte y venta de droga en distintas plazas; los pagos a funcionarios y policías mexicanos, y los métodos para esconder la droga en distintos tipos de transporte.

“Mario Ramírez Treviño y Flores Borrego, en una conversación interceptada el 8 de mayo de 2007 o por esa fecha, con un lenguaje codificado, hablaron sobre la aprobación y arreglos para el pago de un soborno por 2 millones de dólares a funcionarios del gobierno de México”, subraya el proceso fincado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
El expediente alude también a la manera tan sencilla como los capos del cártel del Golfo y Los Zetas consiguen la libertad de sus operadores cuando alguno de ellos es detenido transportando droga: simplemente sobornan a las autoridades mexicanas.

En lo que respecta a asesinatos, desaparición de personas o secuestros que realizan Los Zetas, el expediente sólo hace referencia a una conversación telefónica ocurrida el 12 de octubre de 2007, en la cual “Mejía González dijo a Flores Borrego, en un lenguaje codificado, que dijera a todo mundo que los inversionistas en el cargamento de cocaína que había sido recientemente confiscada en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, tenían un plazo de 72 horas para pagar el costo de la droga o de lo contrario serían asesinados”.

La conversación telefónica más reciente y detallada está fechada el 4 de marzo de 2008 y establece que “Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron sobre la distribución de 5 mil kilos de mariguana a cuatro individuos, incluyendo mil kilos para González Durán.
Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron también de que le pedirían a Mejía González y a otra persona su apoyo para almacenar la mariguana”.

Los cargos dos y tres de la demanda que interpuso el Departamento de Justicia contra los 19 capos mexicanos señala que todos los acusados conspiraron para traficar droga a varios puntos de Estados Unidos desde Panamá, Colombia, Centroamérica y México, y para lavar dinero y llevarlo del territorio estadunidense al mexicano.

De ser declarados culpables de los tres delitos que se les imputa en la Corte Federal del Distrito de Columbia, los 19 dirigentes de Los Zetas y del cártel del Golfo podrían recibir sentencias mínimas de 10 años de cárcel o hasta cadena perpetua, sin libertad condicional, por medio de una fianza.

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Z-40, “el más sanguinario”*


J. JESúS ESQUIVEL

WASHINGTON.– Ante la cada vez más evidente presencia en Estados Unidos de operadores del cártel de Los Zetas, el Departamento de Justicia abrió dos causas judiciales –una en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, y otra en la Corte Federal del Distrito Este del estado de Nueva York– en contra del que considera “líder principal” de esa organización criminal por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero “y otras actividades delictivas”.

“El acusado, Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como Z-40, L-40 y Toño, es el líder principal de Los Zetas”, sostiene el proceso abierto en la Corte Federal de Nueva York el pasado 19 julio, y registrado con la clave 2009R01080/OCDETF/NYNYE-613.
Los Zetas “tienen la responsabilidad de garantizar el cruce seguro de cargamentos de narcóticos procedentes de México y destinados a varios puntos de Estados Unidos, y han incurrido en numerosos actos de violencia, como asesinatos, secuestros y torturas”, para cobrar adeudos relacionados con el trasiego de drogas, anota la acusación radicada en la corte neoyorquina, que le imputa 11 cargos a Treviño Morales.

En el proceso abierto el 19 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, Treviño Morales y otros 18 integrantes de Los Zetas o del cártel del Golfo son señalados por el Departamento de Justicia como partícipes de delitos asociados al tráfico de enervantes, lavado de dinero y “otras actividades criminales”.

El expediente de Treviño Morales, a cargo del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Benton J. Campbell, identifica a Los Zetas como una agrupación de sicarios al servicio del cártel del Golfo, pero también como un cártel del narcotráfico independiente, tal y como lo reportó este semanario en su número 1646, del 18 de mayo de 2008.

“Los Zetas son un grupo criminal desalmado que, además de traficar con drogas, se dedica al asesinato, secuestro y tortura de personas tanto en México como en Estados Unidos, aunque en menor escala en nuestro país”, comenta a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.

“Miguel Ángel Treviño Morales es tal vez el criminal más sanguinario y desalmado de México, y por eso se abrió una causa judicial especial contra él en Nueva York. En los estados de Texas y California están en marcha otros procedimientos en su contra”, subraya el funcionario del Departamento de Justicia, quien habló con Proceso bajo la condición del anonimato por tratarse de un caso criminal a nivel federal que está en pleno proceso.
La semana pasada Treviño Morales, Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez y Heriberto Mariano Lazcano Lazcano fueron colocados en la lista de los 20 criminales más buscados por el gobierno estadunidense.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por la cabeza de cada uno de ellos o por datos que lleven a su detención en cualquier parte del mundo. Estos criminales también fueron nombrados como los “narcotraficantes más significativos” por el Departamento del Tesoro.

“Creemos que con estas acciones judiciales lanzadas contra Los Zetas, y en especial contra Morales Treviño, lograremos desmantelar a la cúpula de mando de esta red criminal. El gobierno de Estados Unidos ya tiene lista la solicitud de extradición contra el Z-40 y algunos de sus secuaces en caso de que sean detenidos en México o en cualquier otro país”, revela el funcionario del Departamento de Justicia.

Golpe a las ganancias

La Corte de Nueva York busca que las autoridades estadunidenses confisquen toda propiedad, dinero y bienes que Treviño Morales haya adquirido por medio de sus actividades criminales.

Investigaciones realizadas por la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia calculan en mil millones de dólares las ganancias del Z-40 por el trasiego de drogas destinadas únicamente a la zona que está bajo la jurisdicción de la corte federal neoyorquina.

Al margen de esto, los 11 cargos imputados a Morales Treviño en Nueva York se agrupan por categorías: uno por manejo de una empresa criminal, cinco por conspiración para la distribución internacional de cocaína y cinco más por el uso de armas de fuego. Las “otras actividades criminales” son delitos relacionados con asesinatos y desapariciones de personas, aunque el documento no los detalla.

“El Z-40 ha dejado una estela muy larga de asesinatos en toda la franja norte de Tamaulipas y en varios puntos de la zona de Laredo, Texas, así como en otros estados del país que no puedo mencionar. Si llega a ser detenido, le van a llover los cargos por asesinatos”, advierte el funcionario del Departamento de Justicia.

La primera causa contra Treviño Morales en la corte neoyorquina, por manejo de una empresa criminal, indica que el Z-40 y sus cómplices –a los que no identifica– “con conocimiento de causa y de manera intencional se encargaron de supervisar y orquestar la importación y distribución de más de 150 kilogramos de cocaína que le redituaron ingresos por unos 10 millones de dólares”. Las fechas aproximadas del trasiego serían entre el 1 y 30 de junio de 2006, el 1 y 30 de abril y el 1 y 31 de agosto de 2007.

El segundo cargo contra el Z-40, conspiración para la distribución internacional de cocaína, lo señala como responsable de introducir cinco kilogramos de esta droga a Estados Unidos entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009.

Por “uso de armas de fuego”, la causa número tres indica que, entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009, “el Z-40 y otros portaron armas de fuego de manera intencional durante varias actividades de tráfico de drogas destinadas a la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York”.

Entre el 1 y el 31 de julio de 2005, Morales Treviño y otros sujetos “se encargaron de una operación para exportar a Nueva York cinco kilogramos o más de cocaína”, dice el cargo número cuatro.

El resto de las acusaciones son por delitos idénticos: portación de armas de fuego de manera intencional durante la operación criminal de exportación de cocaína de México a Estados Unidos entre el 1 y 31 de julio de 2005, entre el 1 y 30 de junio de 2006, entre el 1 y 30 de abril de 2007, y entre el 1 y 30 de agosto de 2007.

De ser detenido y extraditado a Estados Unidos, procesado judicialmente y sentenciado culpable en el Distrito Este de Nueva York, el Z-40 podría ser sentenciado a cadena perpetua, sin derecho de apelación ni de libertad condicional, además de recibir una multa de varios cientos de millones de dólares.


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Frente michoacano: la élite y los de abajo*


JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y FRANCISCO CASTELLANOS

En su primera semana, el nuevo despliegue militar en Michoacán sólo tuvo efectos propagandísticos, igual que las bravuconerías del secretario de Gobernación. En un recorrido por varios municipios, este semanario comprobó que las fuerzas federales no han retomado el control del estado. Son notorias

las fallas de coordinación entre el Ejército, la Marina y la Policía Federal y, sobre todo, la diferencia de cómo viven los miembros de cada corporación en “el frente de batalla”. También ahí existen los de arriba y los de abajo...

El despliegue fue espectacular: mil soldados en formación, pertrechados con fusiles y bazucas, en el patio de base de la XXI Zona Militar en Morelia, para enmarcar el reto que horas después lanzó en la Ciudad de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a La Familia michoacana: “Los estamos esperando”.

La madrugada del lunes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó a la prensa de la capital del país a Morelia para que diera cuenta del arribo, esa mañana, de los últimos mil de un total de 2 mil 500 efectivos que envió a Michoacán como respuesta a los ataques de la organización delictiva, que entre el sábado 11 y el miércoles 15 mató a 20 policías federales e hirió a 18.

Pero la exhibición de armas, vehículos artillados y efectivos de Infantería, Artillería y Operaciones Especiales, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos y los sobrevuelos de helicópteros con periodistas en la capital michoacana, se quedaron en actos de propaganda, al menos en la primera semana del operativo reforzado.
En un recorrido de más de mil kilómetros, realizado por Proceso entre el lunes 20 y el viernes 24 por Tierra Caliente y la Costa –zonas bajo control de La Familia– no se encontró ni un retén o convoy militar.

Al día siguiente del escenográfico despliegue militar, Gómez Mont se reunió con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en la Secretaría de Gobernación. Después salió a retar a los narcos:

“En su lógica primaria no estaba enfrentar al Estado, lo están haciendo directamente: señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando, esa es una invitación que les hacemos.”

Y cuatro días después del despliegue, la Sedena admitió la falta de coordinación. El viernes 24, el periódico Reforma informó que los mandos territoriales de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública federal definieron horas antes sus áreas de vigilancia: el Ejército, la sierra, pueblos y ciudades; la Marina, costas y montañas cercanas al mar; y la Policía Federal, zonas urbanas cercanas a las carreteras y autopistas.
Proceso comprobó que sólo en Morelia esas fuerzas realizan vigilancia conjunta, pues cada una llegó a Michoacán con su propia estrategia.

La única que se conoce es precisamente el envío de los 2 mil 500 efectivos para reforzar a los mil que ya estaban en el estado.

Al frente del operativo está la comandancia de la XII Región Militar, con base en Irapuato y que abarca Guanajuato, Michoacán y Querétaro. La encabeza el general de brigada Rafael de Jesús Ballesteros Topete, que en 1968 obtuvo un reconocimiento por sus “actos de guerra” del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Esa estrategia incluye el establecimiento de 25 bases de operación para crear un cinturón de seguridad en Morelia, así como 67 bases de operaciones motorizadas de patrullaje y nueve de operaciones mixtas con la Policía Federal. Sin embargo, después de las imágenes difundidas por la prensa, los michoacanos no han vuelto a ver al Ejército.

En el recorrido por Morelia, Nueva Italia, Cuatro Caminos, Gabriel Zamora, Las Cañas, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, Buena Vista, Apatzingán y Uruapan, este semanario no encontró ni un solo retén del Ejército, sólo filtros de la Policía Federal y un puesto de revisión de la Zona Naval poco antes de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas.

Abusos y rechazo

Un jefe militar explicó a Reforma la situación de los primeros días del operativo: “Nos encontrábamos de frente militares y policías sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina, sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos… Había un despliegue de fuerza, pero sin idea”.
En Apatzingán, base del 47 Batallón de Infantería y municipio de fuerte presencia de La Familia, Proceso comprobó que la Policía Federal guardó sus vehículos en las instalaciones, pero los agentes permanecían parados en la calle.

Más delicado fue el motín de elementos de las secciones 2 y 3 del Décimo Segundo Agrupamiento de la Policía Federal, registrado el martes 21 en Lázaro Cárdenas. Los uniformados se negaron incluso a hacer recorridos y rondines, pues acusan a la SSP, encabezada por Genaro García Luna, de retención de salarios, bajas injustificadas y malos tratos.

En una carta con fotografías enviada a la Redacción de Proceso, los inconformes comunicaron que ese día, después de la formación, se negaron a realizar operativos. Fue su forma de protestar por el trato “indigno” que les da la corporación y, sobre todo, porque la SSP les debe tres meses de sueldo.

Añadieron que mientras ellos se quedan afuera del cuartel de la Policía Federal ametrallado la semana antepasada por La Familia, el Agrupamiento Vigésimo Segundo está resguardado en un hotel, protegido con camiones blindados conocidos como “rinocerontes”.

Dicen que también están en situación vulnerable sus compañeros destacados en Nueva Italia: “Ahí, de cuatro a cinco compañeros apiñados comen y duermen” en casas de campaña.

Por si fuera poco, aseguran, la SSP “está corriendo a todos los elementos de la generación de octubre y noviembre de 2008. Desde (el operativo) de Ciudad Juárez comenzaron las bajas. A la fecha, han sido mil 200 elementos, de los 2 mil 400 de esa generación. Los que escribimos somos los que quedan de esa generación y tenemos temor de que nos corran”.
Explican: “Nos pagan tres meses y nos detienen un mes y medio el pago. Todos somos de fuera y durante ese tiempo no enviamos dinero a nuestras familias. Entramos a la Policía Federal para conseguir un mejor nivel de vida y miren lo que nos hacen; nos corren y luego nadie nos contrata”.

Pero ellos no son los únicos que padecen esas anomalías: “Eso pasa no sólo en los agrupamientos que estamos en Michoacán, sino en todo el país”.

Suponen que las bajas tienen por objeto que ellos no generen antigüedad ni prestaciones: “Cada rato nos realizan exámenes de control de confianza y después de seis meses vamos para afuera. Trabajamos por contrato. En las primeras bajas corrieron a 600 compañeros de los distintos agrupamientos. Luego siguieron otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público (UROP)”.

Ahora, sostienen, “nos salieron con que nuestros expedientes se extraviaron. Con eso, el procedimiento de ingreso se viene abajo”. Encima, “es claro que si nos quejamos, nos llaman para hacernos pruebas de control de confianza y nos dan de baja”.
Y rematan en su carta: “A muchos compañeros los obligan a que se cambien de bando, pues ya están capacitados por el gobierno para el manejo de armas, tácticas y estrategias, trabajos de inteligencia, y al no encontrar trabajo pues (…) se van con los del otro bando”.
Entrevistado el jueves 23, el comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del Agrupamiento Décimo Segundo, acepta que se suspendieron los pagos “por cuestión de cierres fiscales. Ellos (los elementos) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la secretaría”.

Sobre el amotinamiento, advirtió que esa infracción al reglamento de la SSP se castiga con la baja y que “ya viene en camino personal de asuntos internos para investigar los hechos”.
El descontento de los policías federales le da vigencia a la denuncia que en marzo de 2008 hizo a Proceso (edición 1637) el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal– Javier Herrera Valles, sobre la ineficacia del Operativo Conjunto Michoacán por la falta de coordinación entre la SSP y la Sedena.

Sometido a proceso judicial y encarcelado tras esas declaraciones por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, Herrera Valles aseguró entonces que las fuerzas federales fueron enviadas “a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia. Andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos con las órdenes y las contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.

Pero el malestar ya se generalizó. Los dueños de los hoteles ya no quieren tener de huéspedes a los policías federales. En Apatzingán, las propietarias del hotel Posada del Sol decidieron sacarlos luego de que La Familia los atacó ahí el sábado 11.
“No queremos problemas con los huéspedes, por lo que decidimos cerrar dos días el hotel. Además, el gobierno federal no pagó un solo centavo en reparación de daños, pese a que aquí estaban las tropas federales. Por eso dijimos: no señor, ya no los queremos.”

En Lázaro Cárdenas opinan lo mismo. Como dice un hotelero: “Son un imán para la delincuencia organizada, y luego se van y no pagan el daño ocasionado cuando los atacan”.

*Tomados de la revista Proceso.

lunes, julio 27, 2009

IFE: transparente hipocresía*


Tomado de La Jornada, Hernández.



John M. Ackerman

Una vez más los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) revelan su habilidad para moldear la ley a su antojo. Contra viento y marea, los máximos árbitros en materia electoral conservan de manera terca e ilegal su negativa para el acceso ciudadano a las boletas de 2006. Sin embargo, de manera hipócrita, hoy circula entre los consejeros un proyecto de acuerdo que les permitiría abrir los paquetes electorales utilizados en la elección de 2009.

El texto de esta nueva resolución evidencia un doble estándar, ya que contradice de manera radical las razones que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían ofrecido para negar el acceso a las boletas de 2006. Los expertos que serán convocados por el IFE para participar en el ejercicio de 2009 deberían ser muy cuidadosos y evitar ser utilizados en este falso ejercicio de transparencia, dado que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Antes de abrir cualquier paquete de la elección de este año, primero habría que dejar de violar la ley y ofrecer a toda la ciudadanía la documentación de 2006.

El pasado 3 de junio, el Comité de Información del IFE ratificó, una vez más, su negativa al acceso ciudadano a las boletas de 2006, al rechazar la solicitud de José Rodríguez Toral, de Zapopan, Jalisco. El argumento principal que se esgrime en la resolución del comité dirigido por el C. Ricardo Becerra, alguien vinculado a la transparencia de forma más circunstancial que sustancial, es exactamente el mismo que el TEPJF ya había ensayado hace dos años: la supuesta “inaccesibilidad” de los paquetes electorales.

Hoy, sin embargo, súbitamente las boletas ya no son tan “inaccesibles”, dado que el proyecto de acuerdo que se encuentra circulando entre los consejeros propone “la realización de un estudio muestral de los paquetes electorales [de 2009] a efecto de conocer información diversa sobre la votación de los electores”. La supuesta “inaccesibilidad” ha resultado ser únicamente una artimaña para “cerrar” de manera prematura el expediente de 2006.

Ahora bien, la resolución del Comité de Transparencia sobre los documentos de 2006 señala claramente que la supuesta prohibición de acceso no solamente aplica a los ciudadanos en general, sino también a los funcionarios del mismo instituto. “[El] camino por el cual transitan los votos se ve arropado bajo una garantía de inviolabilidad permanente y oponible frente a cualquiera, inclusive al propio instituto”. El Comité de Transparencia también cita una tesis del TEPJF que señala que el IFE “carece de facultades para ordenar estudios sobre documentación contenida en los paquetes electorales, diversos de los legalmente permitidos” (tesis S3EL 046/98). Sencillamente no existen argumentos jurídicos válidos para fundamentar el doble estándar que el IFE aplica a los casos de las boletas de 2006 y de 2009.
El proyecto de acuerdo sobre las boletas de 2009 también contradice otro argumento central del tribunal electoral, retomado recientemente por el Comité de Transparencia del IFE. Los magistrados electorales habían sostenido que el acceso a las boletas no era necesario porque las actas supuestamente contienen toda la “información” relevante. Sin embargo, en el acuerdo propuesto para 2009 los consejeros electorales confiesan abiertamente que este argumento es falaz. Señalan que el acceso a las boletas permitiría al IFE conocer información nueva como, por ejemplo, “la forma en la que los electores emitieron su voto, la forma específica en la que votaron por las coaliciones y, en su caso, la proporción en la que fue utilizada la opción del llamado voto en blanco”.

Ha llegado la hora de tomar en serio el compromiso gubernamental con la transparencia en materia electoral. La obligación de informar y permitir el acceso a los ciudadanos no se puede tratar como un calcetín que se quita y se pone de acuerdo con el paso que marque el tiempo político o con los intereses en juego. La coherencia e integridad de los consejeros electorales se encuentran en juego.

Sería particularmente importante dar seguimiento a la actuación del consejero Francisco Guerrero. Como integrante del nuevo Órgano Garante en materia de transparencia del IFE tendrá que decidir antes del próximo 19 de agosto en torno al recurso de revisión que ha impuesto Rodríguez Toral sobre las boletas de 2006. Asimismo, como integrante del Consejo General, Guerrero tendrá que votar respecto a la apertura de los paquetes de 2009. En el recurso de revisión de Rodríguez Toral también estará a prueba la independencia del “experto externo” que forma parte del Órgano Garante, Oscar Rodríguez Olvera.

Abrir la documentación electoral de 2009 sin también permitir el acceso a las boletas de 2006 no sería más que una tomadura de pelo que los ciudadanos deberían denunciar con todas sus letras. Asimismo, no estaría por demás que todos los ciudadanos todavía interesados en esclarecer y en estudiar los resultados de 2006, sometieran desde hoy mismo nuevas solicitudes de acceso a las boletas. Al IFE le debe quedar claro que el expediente de 2006 sigue abierto y que la transparencia de la jornada electoral de 2006 sigue siendo una demanda ciudadana vigente.

http://johnackerman.blogspot.com/


*Tomado de La Jornada.

domingo, julio 26, 2009

Operativos, propaganda armada


Tomado de La Jornada. Hernández.


JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 24 de julio (apro).- La fórmula del despliegue militar está agotada. Después de dos años y medio del envío masivo de tropas federales, como mera reacción a la violencia de los cárteles del narcotráfico, no hay pruebas palpables de que el Estado mexicano haya recuperado el terreno perdido.

Por el contrario, quienes han demostrado una evolución son los grupos de la delincuencia organizada. Hace casi un año que traspasaron una barrera importante al atacar a la población civil que celebraba la noche del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán.

La PGR atribuyó la acción a Los Zetas, el brazo armado del cartel del Golfo.

Meses después, entre diciembre de 2008 y enero de este año, sicarios del mismo grupo torturaron, decapitaron y acuchillaron a una veintena de militares en Nuevo León, Guerrero y Quintana Roo, incluido un general en retiro, en abierto desafío al Ejército y a su comandante en jefe, el presidente de la República.

A principios de año, sicarios rompieron otra barrera importante: dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey. Aun cuando no haya sido dirigido por alguna organización, sino resultado de alguna acción individual descontrolada, el hecho representó que están desapareciendo los límites.

La delincuencia organizada también elevó el nivel de los enfrentamientos, como el ocurrido a principios de junio en Playa Caleta, en Acapulco, entre miembros del clan Beltrán Leyva y el Ejército, y con la Policía Federal, en las afueras del puerto. Fue una acción que los vecinos que padecieron la refriega vivieron como una auténtica batalla.

En esa escalada, no sería extraña una agresión mayor, incluido contra algún alto funcionario o un gobernador. Además de las autoridades de seguridad, los gobernadores también pueden estar en la mira.

Ya hay un antecedente con el ataque, en febrero pasado, a la escolta del gobernador José Reyes Baeza, de Chihuahua, asiento del cártel de los Carrillo Fuentes, que está en abierta disputa con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

En Michoacán, el gobernador Leonel Godoy ha extremado sus medidas de seguridad ante la confrontación con La Familia, que ha demostrado una gran capacidad de penetración en distintos niveles de gobierno.

Chihuahua y Michoacán han sido, precisamente, los dos estados donde el gobierno de Felipe Calderón ha ordenado aparatosos despliegues policiaco-militares que le han servido para la propaganda, pero no para controlar a los grupos delictivos.

A Ciudad Juárez, en mayo del año pasado, envió una fuerza federal superior a los 10 mil elementos, de los cuales más de ocho mil eran del Ejército. Después de un año, esa fuerza se retiró con más pena que gloria, en medio de acusaciones de violaciones a los derechos humanos y sin haber acabado con la extrema violencia de los narcotraficantes, ocurrida incluso en las barbas de la fuerza federal.

La semana pasada, Calderón envío a Michoacán una fuerza de 5 mil 500 elementos, más de la mitad de ellos militares. Muchos, incluso, como varios agrupamientos de la Policía Federal, llegaron de Ciudad de Juárez.

A sabiendas de que esa estrategia no llega a ningún lado más que al desgaste institucional, Calderón ni puede dar marcha atrás ni tiene más opción que usarlos como propaganda de guerra.

La agresión gubernamental es retórica, como lo exhibió el martes 21 el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando retó a La Familia Michoacana: "Los estamos esperando".

Muy lejos está la ofensiva contra las estructuras de protección política y de ganancia económica del narcotráfico.

No sólo en Michoacán, en cualquier entidad del país Calderón tiene espacio para actuar si es que en verdad decide combatir a los cárteles, más allá de sacar en montón, sin coordinación y aún enfrentadas entre sí, las fuerzas del gobierno federal.

jcarrasco@proceso.com.mx


*Tomado de la revista Proceso.

viernes, julio 24, 2009

El fracaso*


Tomados de La Jornada, Helguera y El Universal, Helioflores.


Luis Javier Garrido

El fracaso histórico del gobierno panista de Felipe Calderón ha traído como consecuencia que desde todos los ámbitos se haga una evaluación del actual desastre nacional y, sobre todo, que se analicen las gravísimas derivaciones que entrañaría para México permitir que en los próximos tres años un grupo de ineptos e improvisados cuadros de la ultraderecha mexicana sigan jugando con los destinos del país.

1. La República no tiene ahora para sobrevivir más alternativa que a) exigir al gobierno de facto calderonista que tome en cuenta los resultados de las elecciones y que se vaya, lo que muy difícilmente va a hacer, o b) la de acotarlo con todos los recursos constitucionales y de hecho de los que disponen los mexicanos, para impedirle que siga depredando al país, dilapidando los recursos nacionales y entregando riquezas estratégicas al exterior.

2. En un régimen parlamentario, como el que tiene la mayoría de los países europeos, el problema de un gobierno repudiado tras unas elecciones legislativas de manera tan contundente como acaba de serlo el de Calderón, se soluciona con una práctica institucional muy simple: el jefe de gobierno desaprobado renuncia y se va a su casa, y la mayoría legislativa nombra a uno nuevo que pueda tener la confianza de las mayorías: sin mayores aspavientos. Aquí, sin embargo, Calderón y los representante de los grupúsculos de extrema derecha que con él se apoderaron ilegalmente del poder en 2006, se están aferrando a éste, y a pesar del discurso meloso y poco creíble con el que ahora se dirigen a las otras fuerzas políticas hablando de diálogo y de concertaciones para hacer viable, según ellos, lo que resta del desastroso sexenio, pretenden seguir imponiendo al país por la fuerza las mismas políticas antinacionales y antipopulares que son su obsesión, y que han enriquecido sin límites a unos cuantos grupos, pero empobrecido a las mayorías.

3. Las políticas monetaristas que la nueva clase política fue imponiendo al país desde 1982, y que son las que hay que revertir, supusieron ir en contra del marco constitucional mexicano, ignorando los derechos originarios de la nación sobre sus recursos estratégicos, y haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos en aras de un nuevo modelo económico, el que fueron aplicando sumisos los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox, burlando a la Constitución, y en el que la toma de decisiones se fue desplazando del Estado nacional a las corporaciones trasnacionales y a los centros de poder financiero de Washington, y ahora con el PAN incluso a las agencias del gobierno estadunidense.

4. A este proyecto se agrega lo que sería ahora un punto clave del programa central de las mafias seudoempresariales salinistas y de la ultraderecha ideológica que por el momento arropan a Calderón –las que pretenden haberse apoderado del poder político por varias décadas para usufructuar en su beneficio los recursos de la nación–, y que consiste en lo esencial en utilizar ilegalmente a las fuerzas armadas mexicanas en una supuesta cruzada contra “el crimen organizado”, para crear un escenario de terror destinado a amedrentar y someter a la población y a los movimientos sociales, a fin de crear las condiciones para acelerar el desmantelamiento del Estado nacional.
5. Estas políticas del capital trasnacional y de los grupos que le sirven en cada país como punta de lanza son las que ahora mismo están tratando de echar abajo, entre otros, a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Fernando Lugo en Paraguay, o de Hugo Chávez en Venezuela, los cuales reivindican los derechos de esas naciones a sus recursos estratégicos; defendiendo el carácter prioritario de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indios; y anteponiendo la soberanía de los estados nacionales a las pretensiones de las corporaciones multinacionales: exactamente lo contrario de lo que buscan Calderón y los pirrurris panistas.

6. El problema de lo que está aconteciendo en México durante el gobierno actual no puede reducirse, por consiguiente, a la por otra parte notoria y evidente ineptitud y perversidad de los gobernantes actuales, y a la utilización perversa que están haciendo de los recursos públicos –desviándolos de sus objetivos constitucionales para utilizarlos de manera patrimonial–, lo que llevaría a una insuficiencia de las políticas sociales del gobierno, según señala como punto central la evaluación hecha por la UNAM y el CIDE que reprueba a Calderón, y de la que ayer dio cuenta La Jornada.

7. El problema de México no es nada más de “insuficiencia” de las acciones gubernamentales, sino de políticas públicas equivocadas y perversas, que en vez de buscar el bienestar y la felicidad de los mexicanos están destruyendo a la nación en aras de satisfacer la voracidad de las grandes corporaciones y tratar infructuosamente de consolidar a nivel global un proyecto que es repudiado en todo el orbe.

8. La única vía que tiene México para salir adelante es la opuesta a la que buscan Calderón y los panistas yunquistas que lo acompañan y es la de establecer un régimen de respeto a la legalidad constitucional y que impulse las reformas necesarias para hacer viable una vida democrática en el país y ello supone acotar ya, desde ahora, al hampa panista.

9. La otra vía, y que es la que la extrema derecha en el poder se ha empeñado en abrir a los mexicanos, al violentar y desmantelar la legalidad constitucional, cancelar los derechos sociales e individuales de las mayorías y hacer inviables los procesos electorales y el principio de la representación política, es la de la insurrección popular, que a unos meses de cumplirse los 200 años del comienzo de la Independencia y 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, está cobrando nuevos significados para muchos sectores en el país.

10. Los tiempos que vienen van a ser determinantes en lo que va a ser el México del siglo XXI, pero lo que es cierto es que la mayoría de los mexicanos no quieren que siga siendo este país saqueado por unos cuantos grupos y que millones de mexicanos sobrevivan sin derechos reales en la explotación y la marginación, modelo que el gobierno espurio del PAN se empeña en seguir consolidando.

*Tomado de La Jornada.

jueves, julio 23, 2009

Pobreza, otra guerra perdida*







Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.



JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- Desde que andaba en campaña, Felipe Calderón abanderó el tema del empleo y el combate a la inseguridad como sus dos metas principales, y, al llegar a Los Pinos, trató de legitimarse declarándole la guerra al crimen organizado, olvidando su primera prioridad.

No ha pasado ni la mitad de su sexenio, y ha incumplido en ambas tareas, pues no sólo ha perdido la guerra contra las bandas criminales, sino también contra la pobreza y el desempleo, que se han incrementado de manera preocupante en un país permanentemente en crisis.

En el combate al crimen organizado, Calderón no sólo ha perdido la batalla contra las bandas dedicadas al narcotráfico; también lo ha hecho contra las que extorsionan, secuestran, trafican con humanos y las que lavan el dinero que produce esta industria.

Además de eso, la adicción entre los mexicanos se ha elevado en 78% en los últimos ocho años, con el agravante de que no se ha cuidado el aspecto de la atención, dado que no existe una estructura que trate a 361 mil adictos que en su último reporte registró el Consejo Nacional contra las Adicciones.

La inseguridad en México ha crecido tanto, que varios grupos de empresarios, inversionistas y grandes comerciantes de distintos estados del país han optado por contratar sus propios guardias de seguridad –los comandos blancos–, milicias privadas que pueden generar graves peligros para el resto de la ciudadanía.

Y, por si fuera poco, otra de las guerras perdidas del gobierno de Felipe Calderón ha sido el combate a la pobreza.

En días pasados, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Cordero, reconoció que en los dos primeros años de gobierno calderonista había aumentado la pobreza de patrimonio, así como de capacidades y alimentaria entre las familias mexicanas.

Casi inmediatamente después de que pasaron las elecciones, Cordero (a quien se menciona como uno de los favoritos de Calderón para la candidatura presidencial de 2012) dijo que de 2006 a 2008 aumentó en cinco puntos porcentuales la pobreza de patrimonio y alimentaria.

Ello quiere decir que más de 6 millones de mexicanos se sumaron a los 50 millones que ya se tenían contabilizados como pobres, de acuerdo con la medición que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).

Según el organismo descentralizado, en esos dos años el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria subió de 13.8 a 18.2%, y la de patrimonio de 42.6 a 47.4%.

Al precisar esos datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el número de hogares mexicanos que hace dos años sobrevivían con apenas 6 mil pesos al mes, disminuyó en 1.6%, mientras que aquellos que ganan 2 mil pesos mensuales bajaron sus ingresos en 8%. Y los pobres se hicieron más pobres, pues el mismo INEGI señala que no hubo variaciones de ingreso en las otras capas económicas.

El fracaso de la política social, de combate a la pobreza, del gobierno calderonista se ve más claro si tomamos en cuenta un dato que resulta paradójico, pues los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron en el mismo periodo de 24 mil a 50 mil millones de pesos; en tanto que el gasto social programado en estos dos años también aumentó de 80 mil millones a 208 mil millones de pesos.

Según especialistas en la materia, estos datos demuestran que el gobierno de Calderón no ha sabido gastar el dinero en los programas sociales, debido a que no están bien enfocados, y en lugar de abatir la pobreza la ha multiplicado.

Sin embargo, en un eufemismo ridículo, el titular de la Sedesol calificó de "baches" los índices de pobreza, pues aseguró que la tendencia histórica en este rubro es a la baja. Además, defendió la aplicación de los programas sociales y adelantó que harán un análisis para determinar cuáles de los 19 programas continuarán o se les harán los ajustes necesarios para focalizar y mejorar su atención, decisión que, por cierto, ya fue criticada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ajeno al sentir social, sobre todo de zonas rurales y urbanas del país donde ya hay desesperación, Cordero justificó los bajos índices alimentarios por la misma crisis mundial que encareció los precios de los alimentos, como el arroz, huevo y aceite, en más de 25%, 12% y 40%, respectivamente.

En cuanto a salud, las cosas no pintan mejor. México cuenta con 4 mil 203 hospitales, de los cuales mi 121 son públicos y 3 mil 082 privados. En promedio, el sector público tiene 0.74 camas por cada mil habitantes, cifra inferior a la sugerida por la Organización Mundial de la Salud, que es de una cama por cada mil habitantes.

Y más: El acceso a servicios de salud aún no alcanza a toda la población, y pagar por servicios privados resulta imposible para la mayoría. En cuanto a la cantidad de personal capacitado disponible en ese sector, México tiene 1.85 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio internacional deseable, que es de tres médicos.

En educación, como ya se sabe, somos un país de reprobados, de acuerdo con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y en el colmo de este rubro, Calderón signó una alianza con Elba Esther Gordillo, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los últimos 20 años, quien para muchos es la imagen de la corrupción política nacional.

Y existen otros indicadores que nos reflejan el enorme atraso del país, pero son batallas perdidas porque al respecto Felipe Calderón ha hecho poco o nada, ya que su principal preocupación sigue siendo legitimarse en el poder, usando al Ejército en su lucha contra el narcotráfico.

*Tomado de la revista Proceso.

miércoles, julio 22, 2009

La alianza PVEM, televisoras y Atlacomulco*







Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.



JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F,, 21 de julio (apro).- Esa anomalía política llamada el Partido Verde Ecologista de México fue nuevamente objeto de la polémica en el seno del Instituto Federal Electoral, organismo donde los niños del tucán también tienen a su servicio a un consejero.

El debate de este martes se centró por una nueva sanción de 1 millón 206 mil 38 pesos para este organismo y una cantidad exactamente igual para Editorial Televisa, empresa que publica TV y Novelas, así como 425 mil 248 pesos para Televimex, la concentradora de los canales 2, 5 y 9 donde se transmitieron, del 12 al 15 de junio, otra serie de spots disfrazados de promocionales a la revista dedicada al espectáculo.

Estas sanciones se suman a los 4 millones que antes definió el IFE contra el PVEM y una cantidad similar para Editorial Televisa, así como 5 millones para Televimex por los promocionales transmitidos del 3 al 11 de junio donde apareció el actor Raúl Araiza promoviendo la pena de muerte y otra serie de consignas que inventó el partido de la familia González Torres para ganar rating y votos.

En el caso de la nueva sanción, es muy claro que disminuyó sustancialmente el monto de la multa a Televimex, es decir, a los canales pertenecientes a Televisa. Algo similar puede suceder el próximo jueves si las intensas presiones que han ejercido personeros de TV Azteca en contra de consejeros del IFE logran que disminuya uno de los proyectos de sanción más importantes que se preparan en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego por violar reiteradamente durante 28 días la normatividad electoral.

En ambos casos, el PVEM juega un papel central como una filial ya no sólo del PRI sino, sobre todo, de las dos grandes empresas televisivas.

En el seno del Consejo General, el representante de éste partido, Jesús Sesma, quien también se presenta como vocero de los verdes, fue antes representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios que es dominado por las televisoras.

Y para documentar más su actuación como cabildero de las televisoras, el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Torres, después de sostener un encuentro de fin de semana con Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, demandó a sus "socios" legislativos que le entreguen la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados.

Para cerrar la pinza de los acuerdos de mutuo beneficio y protección entre el PVEM, el PRI y las televisoras, ayer fue designado como coordinador de la bancada de los 22 diputados "verdes" de la LXI Legislatura Juan José Guerra Abud, un personaje vinculado al exsecretario de Finanzas del estado de México, Luis Videgaray.

Videgaray es uno de los Golden Boys que ascendieron al control político y financiero del estado de México de la mano de Arturo Montiel y que juega un papel fundamental en las redes de protección de Enrique Peña Nieto, el verdadero candidato presidencial de la pantalla.

Guerra Abud también fue secretario de Desarrollo Económico cuando César Camacho fue gobernador del estado de México y en 1999 se sumó a la campaña de Arturo Montiel. En 2007, Guerra Abud fue invitado a participar en el Consejo Mexiquense de Infraestructura, el organismo creado por Peña Nieto para darle un papel fundamental como árbitro de los grandes negocios en la entidad a su tío y exgobernador, Alfredo del Mazo González.

De esta manera, el próximo coordinador de la bancada del PVEM será la pinza perfecta para afianzar los negocios entre el Grupo Atlacomulco –la dinastía que controla la vida política, económica y social del estado de México-, su gobernador Enrique Peña Nieto y las televisoras que se han beneficiado con multimillonarios contratos de promoción personal.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, julio 21, 2009

Clientelas infieles y voto duro*





Tomados de La Jornada, Hernández y de El Universal, Helioflores y Naranjo.


LOURDES MORALES CANALES

MÉXICO, D.F., 20 de julio (apro).- En la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se presentaron, hace unos días, resúmenes muy breves sobre los principales hallazgos que hicieron las 26 organizaciones que observaron las elecciones del pasado 5 de julio, con el auspicio del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral.



Dicho fondo fue creado por el gobierno mexicano en 1994, año en el que por primera vez se reconoció jurídicamente la figura del observador electoral, con la idea y la urgente necesidad, después de 1988, de darle mayor legitimidad, credibilidad y participación ciudadana a la elección.



Desde entonces hasta ahora, cada que hay elecciones federales, este fondo se somete a concurso y es administrado por el PNUD bajo la supervisión de un Comité Técnico de Evaluación autónomo.



Para la elección del pasado domingo 5 se destinó un monto de 21 millones 837 mil 758 pesos para proyectos de observación electoral. Y en varios de los informes, que implicaron el seguimiento de todas las etapas del proceso electoral en estados con y sin elecciones coincidentes, fue constante la mención sobre prácticas de acarreo, violación de la secrecía del voto, manipulación, compra y coacción del voto por parte de diversas fuerzas políticas, pero en particular PRI-PVEM, PAN y PRD.



La distribución de la participación electoral en el país muestra, en primer lugar, el efecto "de arrastre" en siete de los 11 estados con elecciones coincidentes, ya que a pesar del previsible abstencionismo, Campeche, Colima, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí aumentaron de dos a cinco puntos porcentuales su participación electoral con respecto a 2003.



En segundo lugar, se trata de la geografía del voto nulo, ya que tal y como se había previsto, este fenómeno se presentó de manera más importante en entidades con fuerte concentración urbana y acceso diverso a medios de comunicación.



Las variaciones más importantes con respecto a 2003 se presentaron en el Distrito Federal (10.8%), Aguascalientes (7.8%), San Luis Potosí (7.5%), Tlaxcala (6.5%) y Jalisco (5.3%), mientras que en el resto del país la variación con respecto a 2003 fue de apenas un punto porcentual.



Finalmente, el fenómeno Estado de México fue determinante en la distribución de la participación, ya que a diferencia del año mencionado, esta entidad, que concentra el padrón electoral más importante del país (10 millones 056 mil 818 electores), tuvo elecciones locales en la misma fecha que las federales. ¿Qué hay detrás de esta participación?



Los informes de observación muestran la forma en la que los partidos políticos destinan recursos que provienen del erario para la compra del voto. Sin embargo, mientras se reprueban las acciones de los partidos, pocos se centran en la existencia de una cultura política enraizada en los votantes, producto de la relación con las instituciones, la cual no sólo hace que estas prácticas continúen y proliferen, sino que además modifican de raíz el sentido del voto. Es decir, se toma el punto de vista del patrón y casi no se analiza el punto de vista del cliente.



México no es exclusivo de este tipo de prácticas y tampoco se puede decir que sólo suceden en democracias poco consolidadas. Sin embargo, las formas de articulación con los partidos políticos y con el poder sí tienen que ver con los niveles de desarrollo institucional, educativo y político.



Por ejemplo, en Filipinas el vínculo del utang na loob (deuda de agradecimiento) ha sido señalada como una práctica cultural mediante la cual los votantes de zonas poco favorecidas se sienten en deuda con aquéllos candidatos, pero sobre todo con los líderes locales que logran intermediar obras y servicios en beneficio de la comunidad.



De igual forma, en Benin el pluralismo partidista ha hecho de la elección un momento de negociación en donde, bajo la promesa del voto mayoritario, líderes locales negocian todo aquello que el presupuesto y la maltrecha descentralización africana no logra cubrir para los habitantes.



En México, lo que ha generado el clientelismo es un encarecimiento acelerado del costo del voto y una desvinculación de los ciudadanos con los asuntos públicos. Es cada vez más escaso el valor que se le da al voto como vía de elección de representantes, pero sobre todo como único mecanismo que contamos para sancionar o premiar de manera directa el desempeño de las administraciones.



En contraparte, nos encontramos frente a un escenario en donde, entre más competencia, más oferta y, por lo tanto, más costo y pragmatismo electoral. Esto explica la falta de quejas y denuncias presentadas ante los consejos locales electorales durante la elección 2009: de 755 quejas, sólo nueve están vinculadas a actos de compra, coacción del voto y utilización de programas sociales.



Partidos políticos, empresarios, sindicatos y ciudadanos en general se vuelven cómplices y parte de una misma cultura en donde los recursos se gastan inútilmente en una corta y costosa transacción.



Por otro lado, también estamos frente a un cambio repentino de conformación en las zonas anteriormente caracterizadas como de "voto duro" (o voto claramente definido por una fuerza política).



Sólo para tener una referencia: en 2006, de los 300 distritos electorales, 201 eran de "voto duro", es decir, tuvieron márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar, en elección para diputados, superiores al 10%, mientras que en 2009 esta cifra se redujo a sólo 170 distritos.



En estos, además, el voto mayoritario fue por un partido diferente al que se votó en 2006. Los casos de Iztapalapa en el Distrito Federal; Poza Rica en Veracruz; Cuautitlán y Huixquilucan en el Estado de México; Cuernavaca en Morelos, y Pachuca en Hidalgo, nos hacen pensar que la noción de voto duro ya no es estable.



Las clientelas políticas son cada vez más infieles y cada vez más utilitaristas y caras para todos: La mercantilización de la elección hace de ésta un ritual que se aleja cada vez más de los ideales democráticos. Sin duda, eso explica los gobiernos y representantes que tenemos.

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, julio 20, 2009

Hacia otra catástrofe*








Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.


ÁLVARO DELGADO

Destacados militantes lo advierten: En el PAN está en riesgo de repetirse la historia del dedazo presidencial que hace año y medio llevó a la dirigencia de ese partido a Germán Martínez, a quien se endosa la debacle panista del 5 de julio. Pese al enorme vacío creado a su alrededor por sus correligionarios, César Nava se considera el ungido… Al respecto, el diputado Gerardo Priego vaticina: Si hay una nueva equivocación, se le estaría dando “el tiro de gracia al PAN en 2012”.

El sábado 11, un día después de una cena en el domicilio particular de Germán Martínez, que se convirtió en un conciliábulo con Felipe Calderón del que salió muy sonriente, César Nava se reunió, en Tlalnepantla, con consejeros del Estado de México, donde el Partido Acción Nacional (PAN) se derrumbó en las elecciones del 5 de julio.

Ante los consejeros de la entidad donde se impuso desde el CEN y la dirigencia estatal prácticamente a todos los candidatos a alcaldes y diputados –federales y locales–, Nava se ostentó ya como el ungido, tres días antes de emitirse la convocatoria oficial para suceder a Martínez en la presidencia del PAN: “Vengo a solicitarles su voto, porque es el deseo del presidente Calderón”.

Pero al contrario de lo que sucedió con Martínez hace año y medio, cuando Calderón lo designó candidato oficial a presidir el PAN –cargo al que renunció por la peor debacle en su historia–, el sello de la imposición no augura la victoria de Nava, quien también tiene el estigma de aspirante único.

Como lo anunciarán formalmente el lunes 20, cuatro días antes de que se cierre el registro de aspirantes a presidir el PAN, Ricardo García Cervantes y Humberto Aguilar Coronado, senadores, y el diputado electo Javier Corral no se inscribirán, para evidenciar la imposición presidencial, que se busca descarrilar.

Está en marcha un plan para que Nava no alcance las dos terceras partes de los votos de los 370 miembros del Consejo Nacional, unos 244, para que, conforme a los estatutos, se convoque a otra sesión de ese órgano electivo en el que haya condiciones de equidad para competir y de libertad para emitir el sufragio.

“Al acreditarse que Nava es el candidato oficial, ha hecho que muchos consejeros y personajes relevantes del partido rechacen tener un presidente que fue ungido desde el gobierno, y si esto es así se abre la posibilidad de que no tengamos presidente el 8 de agosto”, advierte Manuel Espino, expresidente del PAN, quien precisa: “Si Nava no logra 66% de los votos de los consejeros, tendrá que emitirse otra convocatoria, abrirse otro proceso.”

–¿Sería un fracaso de Calderón?

–Sería una lección para el presidente. Y sería lamentable que ocurriera así, pero es necesario.

Pero si aún así Nava es impuesto, afirma, no tendría autoridad: “Si acaso Nava llega a ser presidente, no estoy seguro de que vaya a ser reconocido como jefe del partido. Será el que firme las actas, los documentos oficiales y tendrá la representatividad legal, pero va a ser muy difícil que sea reconocido como el jefe del partido”.

–¿Un burócrata?

–Digamos que sería como un funcionario del gobierno al frente del partido.

Ernesto Ruffo quiere

Pero más allá de ese plan, la nueva consigna de Calderón, que con Martínez se tradujo en una aplastante votación en el Consejo Nacional –con sólo 11 abstenciones de 341 consejeros asistentes y con un porcentaje de 96.77% de los votos–, no perfila un éxito para Nava, quien ni siquiera obtuvo la firma de Luis H. Álvarez para avalar su candidatura, pese a que la víspera lo acompañó en la presentación del libro Diálogo entre generaciones, que ambos compilaron.

Antes de iniciar el acto, en la librería Casa Lamm, donde se dispusieron sillas para más de 200 personas, aunque no fueron ocupadas las de los gobernadores, por su ausencia, y senadores –salvo Ramón Muñoz y Eduardo Nava, tío de César–, Álvarez evitó pronunciarse sobre el proceso interno del partido que presidió.

–¿Usted apoya a Nava? –le preguntó el reportero.

–No es el momento y el lugar para abordar ese tema.

–¿Lo va a designar Calderón?

–Ustedes conocen al partido.

–Por eso se lo pregunto.

Ya no dijo nada Álvarez, en cuyo domicilio se celebró, el martes, una cena entre varios panistas que encabeza Corral para ponderar una candidatura alterna a la de Nava. Al día siguiente, el miércoles, el anfitrión en sus oficinas de Polanco fue Santiago Creel, quien promueve al senador Aguilar Coronado.

A este cónclave asistieron, además de Espino y García Cervantes, Eugenio Elorduy y Alejandro González Alcocer, exgobernadores de Baja California, y Héctor Larios, coordinador de los diputados federales, quien, por su expectativa de ser en el futuro el prospecto oficial, decidió desistir, el jueves, de participar por estar los “dados cargados” a favor de Nava.

Esa sería, también, la razón por la que tampoco accedieron a darle a Nava su firma Blanca Magrassi de Álvarez ni María Elena Álvarez de Vicencio, las dos figuras femeninas más respetadas del PAN –ambas cercanas a Calderón–, pero tampoco se pronunciaron a su favor muchos miembros de El Yunque, como el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y Cecilia Romero Castillo.

La razón: Nava está en proceso de divorcio de María Covadonga Baños Ardavín, con quien procreó tres hijos, hija de Emilio Baños Urquijo, esposo en segundas nupcias de Cecilia Romero, para quienes –como todos los militantes de esa secta– es inaceptable romper el sacramento del matrimonio.

El subprocurador Juan de Dios Castro, el embajador de México en España, Jorge Zermeño, y el añoso panista michoacano Luis Mejía son las tres únicas figuras que avalaron su registro, que se sumaron a las de Beatriz Zavala, senadora y efímera secretaria de Estado; el senador Jorge Ocejo, identificado como jerarca de El Yunque, así como Enrique Cambranis y Fernando Torres, presidentes del PAN en Veracruz y Guanajuato.

Los otros avales de Nava son Armando Salinas Torre, allegado a Diego Fernández de Cevallos; Gabriela Ruiz del Rincón, senadora felipista, así como Mariela Pérez de Tejada y Gustavo Parra, ambos candidatos derrotados en el Estado de México y que serán diputados plurinominales local y federal.

El arranque de la campaña de Nava, el viernes 17, en Aguascalientes, también resultó desastroso: De los 12 consejeros nacionales del estado sólo asistieron tres, uno de ellos el presidente estatal, Arturo González, quien está obligado institucionalmente a presidir el acto. Los otros dos fueron José Luis Novales, allegado a Calderón y aspirante a la gubernatura, y Jesús Martínez, coordinador panista en el Congreso local.
Ni siquiera estuvo presente la diputada federal electa Lourdes Reynoso Femat, hermana del gobernador, Luis Armando Reynoso, pese a que fue designada por el CEN presidido por Martínez.

En este contexto de debilidad de Nava, ha surgido el nombre de Ernesto Ruffo Appel, quien conquistó, hace exactamente dos décadas, la gubernatura de Baja California, la primera del PAN.

La propuesta de Ruffo la hizo el actual mandatario de esa entidad, José Guadalupe Osuna Millán, y desde Los Pinos, a través de Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, ya se le promueve. La única condición que puso el exgobernador es que sea de “candidatura de consenso”, lo que implicaría la renuncia de Nava.

Apéndice de Calderón

Aunque Nava prometió, en su ceremonia de registro, que no sería “apéndice” del gobierno, su subordinación a Calderón está documentada: Cuando se perfilaba el fin de la gestión de Espino, acató la orden de no contender contra Martínez, hace año y medio, según reconoció en una charla con el reportero reproducida en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo 2007).

–¿Cuándo comienzas tu campaña a la presidencia de tu partido? –le pregunté, a finales de julio del 2007.

–Eso tendrá que decidirlo el presidente.

–¿Cómo?

–Sí. Hay que esperar lo que decida el presidente.

–¿Te das cuenta de lo que dices?

Nava no captaba.

–Subordinas tu decisión a la voluntad de un solo hombre.

–Bueno, formo parte de un equipo.

–¿Pero quieres ser presidente del PAN?

–Lo decidirá el presidente –ratificó.

Ahora Nava es el candidato oficial en medio de la crisis del PAN derivada del derrumbe electoral del 5 de julio, que ha generado una convulsión interna en todo el país, al punto de que militantes de algunos estados como Guerrero y el Estado de México han considerado tomar permanentemente las instalaciones de ese partido en la Ciudad de México, como ocurre en la sede de Jalisco.

Justo el día en que se registró Nava como aspirante a suceder a Martínez, el jueves 16, se produjo una manifestación de panistas del Estado de México, como ya lo habían hecho en abril, en protesta contra las designaciones de candidatos. Inclusive estuvieron en huelga de hambre, durante nueve días, los panistas Alejandro Díaz Barriga y María de los Ángeles Flores Mata, de San Mateo Atenco.

Las reuniones y pronunciamientos entre panistas se han multiplicado no sólo para analizar quién es el sucesor de Martínez –quien logró neutralizar las críticas de su fracaso con su renuncia–, sino la reestructuración que requiere el PAN, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional.

Pero, salvo los senadores Aguilar Coronado y García Cervantes, nadie presentó su renuncia en la sesión del lunes 13, convocada para acordar los términos de la convocatoria al Consejo Nacional para elegir, el sábado 8 de agosto, al sucesor de Martínez, que durará en el cargo hasta diciembre de 2010.
Uno de los panistas que quiso contender contra Martínez y que desistió por la iniquidad de esa coyuntura, el diputado Gerardo Priego, lamenta que ahora quiera hacerse lo mismo con Nava.

“Si se vuelven a equivocar los consejeros en que esto parezca un acarreo antidemocrático le estaríamos dando el tiro de gracia al PAN en 2012”, dice y afirma que la militancia está molesta sobre todo porque las derrotas fueron producto de las designaciones.

“El 5 de julio fue producto de muchos errores anidados en muchos años, pero lo más fuerte fue que 80% de las candidaturas fueron designaciones. Esa es la aportación de Germán. Él entró al CEN de la misma manera y sólo logró brazos caídos.”

Y añade: “Si vuelven a repetir el método, así como ya nos llevaron al acantilado una vez, nos llevarán otra vez. La única manera es hacer una presidencia de conciliación, plural hacia fuera y de unidad hacia dentro. Pero para eso se necesitan tamaños políticos”.
–¿Nava no los tiene?

–Con Nava no pasa nada.

Inclusive, dice, hay consejeros que dicen que anularán su voto: “Desafortunadamente los panistas, que cuestionaron el voto nulo, ahora enfrentarán esa realidad. Ojalá que pueda haber vergüenza y conciencia de los consejeros y no el maiceo que sólo se veía en el PRI”.
En medio de la crisis, el domingo 10, el senador Santiago Creel emitió un documento, denominado Volver a los orígenes, en el que califica a la del 5 de julio como la peor derrota política de su historia, debido a que toleró la corrupción y el corporativismo del viejo régimen al que debía derrotar.

Otro militante que emitió otro documento fue Corral, el martes 12, después de la reunión del CEN, cuya convocatoria, reprobó, es muy irresponsable por evadir la corresponsabilidad del partido y el gobierno en la debacle. “En la autocomplacencia está el germen de todos los colapsos del poder”, sentenció.

“Haiga sido como haiga sido”

Espino, a su vez, emitió otro documento denominado Volver a empezar, en el que da por hecho que Calderón impondrá al sucesor de Martínez y, en entrevista, la mañana del viernes, asegura que hay enojo en la militancia por la unción de Nava. “No está siendo bien vista la jugada del presidente”.

–Pero Nava es, ya, el candidato oficial.

–Hay una filosofía de moda en el PAN: El “haiga sido como haiga sido”. Y bajo ese nuevo razonamiento Nava es el candidato oficial para dirigir al partido. Si en el pasado hubo o no hubo desencuentros, cualesquiera que hubiesen sido, él es el candidato oficial, ungido por el presidente Calderón.

Aclara que no tiene nada contra Nava y que él le llegó a decir que podría ser presidente del PAN. “Pero, obviamente, no así. Ser candidato oficial en el PAN, desatar una cargada desde Los Pinos a favor de Nava, no es lo que necesita en este momento el PAN para su pronta recuperación”.

Precisa: “No se trata sólo de llenar el hueco de presidente del partido, sino de tener un líder reconocido, que verdaderamente inspire respeto y confianza. Pero siempre estará en duda si lo que está planteando el presidente del partido es de su iniciativa o es la tarea que le mandaron hacer desde Los Pinos”.

Y enseguida expone que “hay posibilidades de evitar” que Nava sea presidente del partido. “¡Necesita 66% de los votos del Consejo Nacional!”.

–Pero Calderón controla 70%.

–No. Eso es lo que dice el equipo del presidente, y a eso le apuestan, como ellos mismos lo han dicho. Creen que van a poder hacer lo que hicieron para imponer a Germán. Porque en aquella ocasión ni duda cabe que hubo consejeros que, a cambio de un puesto, se alinearon, otros por temor a perder el puesto que ya tenían se alinearon.

“Creo que hoy, después de los resultados desastrosos del 5 de julio, después de haber constatado la actitud del dirigente nacional en los últimos meses, habrá consejeros que digan que sí van a apoyar a César, pero que a la hora de emitir el voto pueden no hacerlo, apoyar a otro o anularlo. Eso se puede y hay que alentarlo.”

Por ello, plantea “una campaña” que mueva a la reflexión de los consejeros: “Estoy seguro de que muchos de ellos, racionalmente, están convencidos de que es un error lo que hace el presidente. Hay muchísimos que están convencidos de que Nava no es el dirigente que hace falta en este momento”.

Según Espino, “si Nava no logra el 66%, sería hasta penoso que se vuelva a registrar” en un nuevo proceso, y Corral, García Cervantes y Aguilar “tendrían posibilidad real de ganar uno de ellos la presidencia del partido, ya sin César”.

Subraya: “Y esa es la apuesta de los panistas, que queremos un partido leal al gobierno, pero no incondicional. Los que estamos en esta actitud, que no es anti Felipe, que no es antigobierno, queremos una relación de respeto y de acuerdo. Vamos a tratar de que no tenga 66% de los votos César Nava”.

Calderón, dice, debe ocuparse más en el gobierno que en el partido: “Me da la impresión de que el presidente piensa que si él no está marcándole el rumbo al partido, éste se va a perder. No: Ya se está perdiendo el partido y se está perdiendo el gobierno por ese empecinamiento de estar al frente del partido, siendo el presidente de todos los mexicanos”.
Consciente de que sus opiniones enfurecen a quienes forman parte de la facción de Calderón, y a pregunta expresa, Espino dice que también ha escuchado que quieren expulsarlo del PAN. Y, a su estilo, reta: “Que me sepulten bien o les apesto el pueblo”.

*Tomado de la revista Proceso.