progressif

sábado, mayo 31, 2008

Desfiladero*



Jaime Avilés

■ Cambio climático o cambio político

■ El Loro Negro y la consulta en el DF


Los humanos existimos hace apenas 40 mil años. Las primeras rocas de nuestro planeta se formaron hace 3 mil 500 millones de años. Nuestra vida, por lo tanto, ha sido brevísima. Pero podríamos desaparecer como especie antes que termine este siglo si no revertimos las condiciones que están determinando el actual cambio climático, una tarea casi imposible, dado el escaso tiempo que nos queda.

A esta deprimente conclusión llegó un amplio grupo de científicos de las más diversas disciplinas, cuyas opiniones pueden ser leída y oídas en La última hora (The 11th hour), un documental de Leonardo di Caprio, que el año pasado fue exhibido en Cannes. He aquí una muy apretada síntesis:

Hasta el siglo XIX la Tierra tuvo una población de cuando mucho mil millones de humanos. Esta se alteró de manera brutal durante el XX, en que pasamos a ser 6 mil millones (ahora somos ya 6 mil 600). Así, en relación con las demás especies, nuestra presencia se sobredimensionó fuera de toda proporción saludable: crecimos como un enorme tumor maligno dentro de la naturaleza.

A partir de la revolución industrial, convertimos el medio ambiente en una mercancía y lo explotamos con la ingenua certeza de que era infinito. Al adoptar al petróleo como base de todas nuestras actividades productivas, iniciamos la destrucción acelerada de la atmósfera, los mares, los ríos, los bosques, los lagos, las selvas, y acabamos con millones de especies, animales y vegetales, de cuya existencia ni siquiera nos enteramos.

Gracias a la petroquímica, fabricamos materiales cada vez más perniciosos para la biodiversidad y nuestro propio organismo. Al suprimir áreas boscosas para generar más carne y cereales, reducimos la humedad de los suelos, fomentamos el avance de los desiertos y agudizamos la fiebre que hoy derrite los glaciares y atiza la furia de las lluvias, de los vientos y de los incendios, mientras la miseria de los más pobres agrava los efectos de los terremotos.

Si la temperatura del planeta sigue subiendo, dentro de 50 años habrá cientos de millones de refugiados ecológicos, que ya no podrán vivir en litorales sepultados por los mares, ni en países donde el calor sea mortal incluso para los hombres y las mujeres más fuertes. Lo más triste es que nadie, agobiados como estamos todos por los problemas de cada día, nadie hace nada para impedir la agonía de nuestra especie.

Y lo más indignante es que, si lo intentáramos, padeceríamos la violencia de los grandes consorcios multinacionales –que viven para acumular dinero a costa de la devastación ecológica–, y de los gobiernos que cuentan con armas de ilimitada potencia para agilizar la extinción de la humanidad con tal de preservar sus áreas de influencia y dominación política.

¿Hay, a pesar de todo, una salida posible? ¿Tenemos todavía derecho a vivir con esperanzas? Los científicos opinan que sí. Según ellos, la solución consiste en sustituir el petróleo por fuentes de energía natural alternativa. La economía global, afirman, podría reactivarse si las fuerzas laborales hoy desempleadas se dedicaran a construir viviendas capaces de funcionar sólo con energía proveniente de la luz del sol y los embates del viento.

Un científico, en particular, recordó que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial en menos de cuatro años, al reconvertir su aparato industrial en una gigantesca fábrica de armamentos. Con una disciplina militar semejante, añadió, ese país podría “liderar” la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, ninguno de los sabios consultados por Di Caprio se animó a decir que la causa más profunda del desastre que amenaza tan gravemente la vida de la humanidad en el corto plazo es el capitalismo. No el petróleo, sino el viejo modelo de acumulación individual basado en la explotación del hombre por el hombre.

El capitalismo como sistema parece haber llegado a sus límites. No por nada estamos a la puerta de una crisis económica mundial sin precedentes, porque la población del planeta es casi 300 por ciento más grande que en 1929, el año del crack en Wall Street. Pero esa crisis económica no viene sola: llega acompañada de una crisis política de igual envergadura, que se expresa en la fragilidad del imperio de Estados Unidos, cuyos pilares se tambalean, mientras China se erige como una fortaleza que aspira a ocupar el sitio que Washington está dejando vacante en el orbe.

En realidad, estamos envueltos en una triple crisis –económica, política y ecológica, con hondas ramificaciones religiosas y culturales–, que pone en duda el limitado enfoque de los científicos. Para éstos, la salvación de nuestra especie se limita a la sustitución del petróleo por energías alternativas, pero eso no es cierto. Se trata, ante todo, de un cambio político, que nos puede ser impuesto desde arriba, mediante la fuerza de las armas, para que millones de parias construyan como hormigas desechables las nuevas casas de los ricos de siempre, o de un cambio, levantado desde abajo, a partir de un nuevo consenso establecido por los pueblos.

Que urge un cambio de sistema político es algo más que evidente en todas partes: para los mexicanos no hay nada más obvio en este momento. Las fuerzas represivas de Calderón se achican ante el poder de fuego del narcotráfico; la supervivencia del gobierno de facto está en duda ante el hecho incierto de que el país cuenta con reservas de grano para sólo nueve meses, pero no sabe cómo enfrentar la crisis alimentaria y el derrumbe financiero de Estados Unidos.

Para impulsar la lucha contra el cambio climático desde abajo hay que avanzar a la conquista del poder político. Eso, hoy por hoy, aquí en México, pasa necesariamente por la defensa de Pemex (aunque suene a paradoja): sólo a nosotros nos corresponde reorganizar la industria petrolera nacional para auspiciar, con esos recursos, el desarrollo de fuentes de energía alternativa, que de lo contrario estarían aún más supeditadas a los caprichos imperiales de Estados Unidos.

Por lo pronto, mientras el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo prepara la consulta popular en todo el país, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, anuncia que ese ejercicio se realizará el domingo 27 de julio en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Hay muchas formas de promover esa consulta, pero Desfiladero insiste en montar el espectáculo de teatro llamado El Loro Negro (disponible en www.eloronegro.blogspot.com), que ya han hecho suyo diversos grupos de la Resistencia Civil Pacífica, según cordiales cartas llegadas al buzón de este espacio que, la semana pasada, por falta del mismo, no mencionó que la obra en cuestión está dedicada especialmente a las adelitas del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, mayo 30, 2008

Gana fuerza consulta ciudadana sobre privatización de Pemex





Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


El siguiente paso en la defensa del petróleo va tomando fuerza. La consulta ciudadana planteada por Andrés Manuel López Obrador es retomada por quienes democráticamente quieren que las decisiones sean tomadas por la gente y no por un grupúsculo de poderes fácticos que se siente dueño del país. En el “debate” sobre la privatización de Pemex llevado a cabo ayer en el Senado de la República, le jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón anunció que él llevaría a cabo un referéndum en la capital del país el próximo 27 de julio y sugirió a los demás gobernadores y al gobierno usurpador que hicieran lo propio.

Hoy adelantó que al menos 15 ciudades y entidades realizarán la consulta. No quiso decir los nombres porque, dijo, esperará a que confirmen su decisión.

De esta manera va teniendo forma la consulta de los electores a nivel nacional, misma que es rechazada desde hace meses por el PAN y buena parte del PRI, PVEM y Panal, aliados del espurio Felipe Calderón Hinojosa y quienes esperan obtener buenos dividendos por su “incondicional” apoyo al plan privatizador.

No son pocas las voces que se levantan en el sentido de consultar a la soberanía nacional –los ciudadanos de México, que son en quienes reside, según la Constitución- sobre una decisión tan importante y que involucra el presente y futuro de los mexicanos y sus familias. Así se avanza más en la batalla por la lucha en contra de la privatización de Pemex.

Como es de dominio público el pelele Calderón Hinojosa y su grupo de pandilleros amenazan a las entidades federativas con no darles ni un centavo del dinero que ha entrado como parte de los excedentes petroleros. Asegura Agustín “Tonina” Carstens que todo se gastó en recomprar las gasolinas. Lo que tramposamente no informa el titular de la Hacienda espuria es que México tiene inversión al 50 por ciento en refinerías estadunidenses, por lo que el precio del combustible le sale más barato y por lo tanto sí hay recursos por los latos precios del petróleo. En concreto es un amago del usurpador Calderón Hinojosa para que los gobernadores presionen a los “legisladores” de sus estados y terminen haciendo lo que mejor saben: levantar el dedo a la orden del patrón. Lo de representantes populares no es más que una vacilada y cinismo sin más.



A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/




Entrampados

cecilia lavalle

México, D.F., 29 de mayo (apro).- Nuestro país está entrampado. Estamos en una trampa de la que, en la lógica actual, no hay manera de salir ganando. El Ejército haciéndose cargo de tareas civiles. ¿Con la lógica del Ejército o con la lógica de civiles?

Desde que el gobierno de Felipe Calderón decidió dar el mando al Ejército mexicano para combatir el narcotráfico, los derechos humanos se han quedado en una especie de limbo.

La lógica del Ejército es la lógica de la guerra. Sin embargo, no se ha declarado formalmente una zona de guerra. No se ha delimitado el territorio de guerra. No se ha avisado a la población que las zonas ocupadas por el Ejército son zonas en guerra y que, por tanto, sus derechos humanos corren graves riesgos.

En vez de eso, se hace de cuenta que se pueden mantener las dos lógicas. La lógica de la guerra y la lógica del respeto a los derechos humanos. La lógica del combate a la delincuencia realizado por militares, pero con reglas para civiles.

Así las cosas, sólo en lo que va de la administración de Felipe Calderón, el Ejército mexicano ha acumulado 634 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la mayoría por abuso indebido de la función pública, por cateos y visitas domiciliares ilegales y, por trato, cruel y degradante.

Así las cosas, la CNDH sólo ha emitido seis (sí, leyó bien, seis) recomendaciones. Así las cosas, estamos entrampados.

El director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirma que las recomendaciones emitidas por la CNDH generalmente concluyen en pedirles a los militares que se auto-investiguen. Y la jurisdicción militar en México no cuenta con la independencia necesaria para investigar y juzgar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

Total, los derechos humanos de las zonas en guerra, que no se han declarado zonas en guerra, están en el limbo. Y, sin lugar a duda, varios estados de la República son hoy zonas en guerra.

O cómo explicamos el arribo, la semana pasada, de mil 433 elementos del Ejército, con vehículos y aeronaves, a poblaciones de Sinaloa, como antes lo hicieron en otras entidades.

O cómo explicamos que militares hayan ocupado los más altos cargos de Seguridad Pública en Ciudad Juárez y en Sinaloa.

O cómo explicamos el toque de queda que se ha autoimpuesto la población de Ciudad Juárez este sábado. Corrió el rumor que sería el fin de semana más violento y se cerraron discotecas, bares y se cancelaron espectáculos y la corrida de toros.

¿Es o no una guerra? Si la respuesta es sí, ¿qué se está haciendo para proteger y poner a salvo a la población?, pregunto.

En este punto empiezan los silencios o las respuestas enternecedoras de autoridades de la CNDH.

La segunda visitadora general, Susana Pedroza, dijo: “Estamos optimistas, en el sentido de que los militares van a ser más cuidadosos y más respetuosos de la población” (Reforma, mayo 19).

Sí, optimista sí soy. Lo que quiero saber es qué se va a hacer cuando eso no suceda. Silencio. Peor todavía, hay una especie de ambiente censurador en el que al Ejército no se le puede tocar ni con el pétalo de una duda, ¿pues que no están salvando a la patria?

Y el punto no es si están haciendo o no lo que nadie en los últimos años había querido hacer, que es plantarse de frente contra el narcotráfico. El punto es que en el proceso se están cometiendo violaciones a los derechos humanos, y nadie quiere hacerse cargo de ello.

Así que estamos entrampados. Si el Ejército deja de ocuparse del combate al narcotráfico, estamos en un lío. Si continúa ocupándose, seguirán cometiéndose violaciones a los derechos humanos. No tendría que ser así necesariamente. Pero así será. La CNDH es optimista. Y la jurisdicción militar carece de la independencia necesaria.

Por si fuera poco, todo indica que por heroicas que sean las actuaciones de nuestro Ejército, no se va a llegar muy lejos en este combate.

En un artículo de Carmen Aristegui (Reforma, mayo 23), especialistas internacionales afirman que a menos que a la par del ataque a las cúpulas del narcotráfico y a sus brazos armados, se ataquen sus redes financieras y se combata la protección política de la que gozan, vamos por mal camino.

Le digo, estamos entrampados.

Comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

jueves, mayo 29, 2008

Pierden "debate" de nuevo







Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

En el sexto “debate” organizado por la Cámara de Senadores volvió a repetirse la misma historia que ha tenido lugar desde que empezaron los foros, demagogia, histrionismo y repetición de “propuestas” y recriminaciones, todas ellas mediante tarjetitas que les pasaron a los gobernadores y “legisladores” de derecha, los asesores de la Secretaría de Energía. Tal fue el descaro del ir y venir de tarjetas que hizo al senador del PRD –ex miembro del PRI- Arturo Núñez cuestionarlos si no tenían suficiente conocimiento del tema que tenían que estar leyendo las mencionadas tarjetas para poder “opinar” y recriminar a las dos voces disidentes, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Los ataques se centraron en Ebrard Casaubón porque durante sus intervenciones sin ambigüedades afirmó que se trata de privatizar sin sentido, de violar la Constitución cambiando una ley secundaria. Les comunicó que el próximo 27 de julio se hará una consulta a la ciudadanía del Distrito Federal para que externe su opinión sobre Pemex y dijo que de esta manera el Congreso de la Unión tendría mayor información sobre lo que piensa la gente de un tema trascendental para el país. Sin histrionismos ni elevar el volumen o tono de la voz –como si lo hicieron los panistas Manuel Oliva Ramírez y el senador panista Rubén Camarillo Ortega, además del del Verde Arturo Escobar y Vega- propuso que se haga una consulta a nivel nacional y que si el usurpador Felipe Calderón Hinojosa no la hacía, que la llevaran a cabo los gobernadores de todos los estados. Si están tan convencidos de la bondad y constitucionalidad del proyecto ¿por qué no lo hacen?, les argumentó.

Muestra de la ignorancia de los gobernadores fue la participación del de Guanajuato, Manuel Oliva Ramírez –miembro de la organización fascista El Yunke- quien en diversas ocasiones reiteró que Pemex no cuenta con dinero para modernizarse, ni siquiera tiene los 8 mil millones de dólares para construir una sola refinería, insistió. En el clásico lenguaje de los políticos dinosaurios –este lo es del PAN, para que no se diga que sólo el PRI o Nueva Izquierda del PRD los tiene- utilizó todos los lugares comunes posibles, desde la idílica nación unida en las causas justas hasta el futuro promisorio y lleno de luces. Claro todo si se privatiza la paraestatal, ya que a decir del “experiodista” es el único camino.

Fue el senador del PRD Pablo Gómez el encargado de ponerlo en su lugar al señalarle con cifras, apenas entregadas la víspera por el director de Pemex, que por excedentes petroleros habían ingresado al país 11 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Con sorna el legislador –de los pocos que hay en el Congreso- lamentó la ignorancia de Oliva Ramírez sobre todo por su condición de gobernador de una entidad federativa. También aclaró que ese dinero según Hacienda ya se había esfumado así que no habría participación para los estados, aunque le dijo a manera de consuelo que a lo mejor a él si le tocaba por el apoyo irrestricto que hace de la privatización planteada por el pelele Felipe Calderón Hinojosa.

Quien a fungido como golpeador en los seis foros ha sido el senador panista Rubén Camarillo Ortega. Originario de Aguascalientes se da baños de pureza al decir que ésta “soberanía”, los “elegidos por el voto del pueblo” y demás sandeces, cuando él es senador por mayoría. Es decir nadie votó por él. Fue el jefe del PAN de ese entonces, Manuel Espino, quien con su dedo lo colocó en los primeros lugares de las listas plurinominales para asegurarle su hueso en el Congreso. ¿Cuál voto popular?

El francotirador quiso aprovechar que el famoso “debate” perdió la única parte de debate. Al final se realizaba una ronda de preguntas por parte de los “legisladores” y respuestas por parte de los “invitados”. Para no alargar una hora más el tiempo del foro, los “legisladores” tendrían la oportunidad de cuestionar a los invitados, pero no obtendrían respuesta alguna. Los que si entendieron, no hicieron preguntas y aprovecharon el tiempo –como el mentado Camarillo Ortega- para sus ataques, confiando en la impunidad del momento.

No fue así Ebrard Casaubón solicitó la palabra y le fue concedida –el “legislador” de dedo no tuvo que esperar para el reto que segundos antes había lanzado, cual vulgar peleador callejero- en tiempo y forma recibió la respuesta a su perorata de los martes y jueves. Tal vez haría bien la Secretaría de Energía en pasarle a él otro tipo de tarjetitas que cambien su discurso, después de seis repeticiones pierde todo sentido. Digo, el ridículo lo seguirá haciendo, pero al menos con un nuevo libreto.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.










Mentiras petroleras

jenaro villamil

México, D.F., 27 de mayo (apro).- Conforme se desarrolla el debate energético en el Senado, quedan al descubierto no sólo contradicciones, sino mentiras evidentes en torno de la política petrolera.

En los temas sobre los excedentes petroleros, del supuesto agotamiento de nuestras reservas, de las exploraciones en aguas profundas y de los alcances de la reforma energética, las mentiras son flagrantes.

Veamos cada una.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, argumentó en dos eventos diferentes la semana pasada que no se registraron excedentes petroleros en los tres primeros meses del año, a pesar que el precio del barril ha rebasado la barrera de los 110 dólares y que México exportó a un precio de 85.79 dólares, casi 40 dólares más de lo que se programó en la política de ingresos fiscales para este año, de 49 dólares el barril.

Carstens ofreció una explicación estrambótica. El robusto responsable de las finanzas públicas dijo que no hubo excedentes para repartir entre estados, municipios y en Pemex mismo, porque los ingresos se destinaron a pagar la importación de petrolíferos, en especial las gasolinas (40% de lo que México consume, se importa), entre otros gastos.

Incluso, Hacienda llegó a afirmar que lejos de existir excedentes, lo que existe es un déficit de 8 mil 400 millones de pesos.

Un día después de estas aseveraciones, el 23 de mayo Petróleos Mexicanos informó que en el primer cuatrimestre del 2008 ingresaron divisas por exportaciones de petróleo por 15 mil 404 millones de dólares, monto sin precedente, 52% mayor a lo registrado en 2008.

En otras palabras, el problema no es la falta de excedentes sino la voracidad de la Secretaría de Hacienda para consumir esos recursos en decisiones discrecionales y el uso electoral que se planea hacer con estos ingresos, disfrazándolos de combate a la pobreza y de plan emergente para prevenir una hipotética escasez de alimentos básicos.

Si no existieran recursos excedentes, ¿cómo planea el gobierno de Felipe Calderón financiar los apoyos de 2 mil millones de pesos a los productores de maíz y tortillas que anunció el domingo 25 de mayo? ¿De dónde saldrán los recursos para otorgar 120 pesos mensuales a través del Programa de Oportunidades para las familias más pobres?

La mentira sobre los excedentes quiere abonar en el diagnóstico catastrofista de que Pemex no cuenta con recursos para emprender la modernización en las áreas de refinería, transporte, ductos y exploración de aguas profundas y que debe ser la iniciativa privada la que emprenda estas labores.

La otra mentira, ampliamente difundida en los medios, es que México sólo cuenta con reservas probadas de petróleo para los próximos nueve años.

Se consignó en el diagnóstico de la Secretaría de Energía y lo reafirmó Calderón la semana pasada. Sin embargo, la propia titular de Energía, Georgina Kessel, y los informes de Petróleos Mexicanos, han afirmado que disponemos de cien mil millones de barriles de recursos y reservas que alcanzan para 61 años, al ritmo de la explotación actual.

Esta mentira está relacionada con el tema de las aguas profundas, “nuestro tesoro escondido” en el fondo del mar, como rezaron los fallidos e idílicos spots de Pemex.

La Secretaría de Energía y las iniciativas de Calderón señalan que es necesario llegar a aguas profundas porque ahí existen reservas por 54 mil millones de barriles de petróleo equivalentes. Lo que nunca han dicho que la factibilidad de esta explotación comercial es de cero por ciento. Es decir, nada garantiza que con invertir en aguas profundas se obtendrán los recursos petroleros pronosticados.

Un documento elaborado por la Fundación Colosio revela que el verdadero interés en aguas profundas no radica en los 54 mil millones de barriles posibles. Son 10 mil millones de barriles que se encuentran en el llamado “Cinturón plegado perdido”, cerca de la costa de Tamaulipas. Las petroleras estadunidense están interesadas en esta franja.

Las restricciones ecológicas impuestas en Estados Unidos no les permiten extraer el crudo en Alaska y otras zonas. La costa de Tamaulipas, fronteriza con Texas –para mayor abundamiento, estado gobernado por la elite petrolera de la familia Bush-- les concretaría esta posibilidad.

Las verdaderas reservas probadas y factibles de ser explotadas no están en aguas profundas sino en aguas someras. En el sureste se calculan 18 mil millones de barriles, y en la Cuenca de Burgos existen 3 mil millones de barriles, con una factibilidad entre 50 y 95%, según los datos de la propia Secretaría de Energía.

La última mentira es que las iniciativas de Calderón conforman una reforma energética. No es así. Constituyen una limitada y sesgada reforma petrolera. Ignoran una política integral para conseguir fuentes alternas de energía y, en lugar de disminuir, crean más burocracia, con la instauración de la Comisión del Petróleo.

Tampoco se modifican las redes de corrupción que vinculan a una elite sindical y menosprecia el apoyo a institutos, como el Mexicano del Petróleo (IMP), en donde están los mejores ingenieros en la materia.

Esta carencia de una reforma energética integral la subrayó el premio Nobel de Química, Mario Molina, durante la quinta sesión del debate en el Senado. La frase de Molina, experto en el tema del cambio climático, fue exacta: “La atmósfera se nos agotará antes que el petróleo”.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx


++++++++

Reprobado

josé gil olmos

México, D.F., 28 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en el banquillo de los acusados por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No hay una sola que le dé su aprobación. Al contrario, critican su falta de política en la materia y su desinterés porque se aplique la justicia, principalmente contra los militares que han incurrido en abusos contra la ciudadanía en su función de persecutores de la delincuencia organizada.

La comparación que se está haciendo del gobierno de Calderón no es nada agradable, pues se asemeja a las peores administraciones que tuvo el PRI, en las cuales la constante era la tortura, la violación a las garantías individuales, casos de desapariciones forzadas, la persecución por cuestiones políticas y la esquizofrenia de defender los derechos humanos en los foros internacionales, mientras que a nivel nacional es todo lo contrario.

A principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos puso el dedo en la llaga al criticar la utilización de tropas militares para la persecución de los narcotraficantes. Louis Arbour, titular de ésta representación de las Naciones Unidas, consideró “inapropiado” darle esta función policiaca al Ejército y alertó del peligro para la población civil de abusos de los militares.

La muerte de civiles en los retenes militares de Sinaloa y Tamaulipas, así como los casos de violaciones a mujeres en Michoacán por soldados en un operativo contra el narcotráfico, dieron la razón a los representantes de la ONU.

Pero, en lugar de corregir, el gobierno de Calderón y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, criticaron y presionaron para que Amerigo Incalcaterra, representante en México de dicha oficina de las Naciones Unidas, saliera del país.

Este hecho, jamás desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, deja un antecedente muy preocupante para el gobierno mexicano, pues confirma la insensibilidad y la intolerancia de Calderón para con el tema de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe Anual 2008 recriminó al gobierno de Calderón su indolencia para detener la práctica de la tortura, la corrupción, la impunidad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México y, aún más, el regreso de delitos considerados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, como es el caso de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La respuesta del gobierno calderonista ahora fue descalificar las observaciones de la agrupación internacional, con sede en Londres. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño dijo que en México no hay “desaparecidos políticos” y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora puso en duda la veracidad de las observaciones hechas por Amnistía Internacional.

Human Rights Watch también ha hecho observaciones muy críticas sobre la situación de los derechos humanos en México, pero sobre todo a la actuación limitada y “decepcionante” de la CNDH que no ha ejercido todo su peso ni sus facultades para mejorar las condiciones.

Los juicios que a nivel internacional se han hecho a Felipe Calderón en materia de derechos humanos, no se habían formulado a los últimos presidentes.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) advierten que esta deficiencia del gobierno federal se debe a la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos y la polarización social que provocó en su campaña electoral, en que utilizó la llamada “guerra sucia” de spots

Explican que, ante esta deficiencia, Calderón echó mano del Ejército para ganar legitimidad y, al mismo tiempo, combatir el narcotráfico. Pero que ante los nulos resultados obtenidos ha salido contraproducente el ejercicio de la fuerza militar, porque ni ha conseguido el reconocimiento social, ni tampoco ha logrado abatir al crimen organizado.

De ahí una de las causas de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en el país. Pero también está la ausencia de una política clara en la materia y el desinterés por aplicar la justicia en los casos en que soldados y policías han cometido graves faltas contra la población.

Por la actitud que ha mostrado el gobierno calderonista ante las críticas de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, es previsible que no veamos cambios en las políticas oficiales ni en la forma en que las autoridades vienen desempeñándose.

La intolerancia y la soberbia del gobierno de Calderón quedarán así demostradas. Mientras tanto, no se descarta que se sigan presentando casos de impunidad, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de parte de policías, soldados y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

miércoles, mayo 28, 2008

Fracaso tras fracaso, mentira tras mentira






Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Durante la campaña electoral del año 2000 el corrupto Vicente Fox Quesada vendió la idea del cambio como única salida para dejar atrás los problemas de pobreza, desempleo y violencia. Aseguró a quien quiso escucharlo que si ganaba las elecciones presidenciales la economía crecería 7 por ciento anual y México se colocaría entre los mejores países del mundo para vivir. El saldo de sus mentiras fue: mayor desempleo y migración, principalmente a Estados Unidos; empobrecimiento generalizado de la población, se considera que más de la mitad de la población padece pobreza o extrema pobreza; privatización de playas y litorales; privatización de hasta el 30 por ciento e la producción de electricidad. Además, están documentados los fraudes realizados por el y su familia en contra del erario, del Fobaproa -hoy IPAB- y de Pemex, donde goza de contratos millonarios. Después de 8 años nada de lo que prometió el conocido ladrón Fox Quesada se cumplió.

Hoy con igual cinismo el pelele Felipe Calderón promete que si se cumplen todas sus condiciones al final del sexenio de la usurpación se crecería a un 6 por ciento. De la misma manera ha reiterado que si se privatiza el petróleo los beneficios se verán dentro de muchos años, y ese es precisamente el mayor “argumento” de los PRIANistas. Es decir que de hacerle caso al espurio Calderón Hinojosa, dentro de muchos años podríamos reclamarle el incumplimiento de sus promesas. Claro no hace falta esperar tanto.

Sus fracasos se acumulan debido a la ignorancia, prepotencia y negligencia que le son características. El desempleo campea en el país y los trabajos que hay son malos y mal pagados, sin prestación social alguna y en condiciones de esclavitud laboral. La violencia se generalizó en todo México gracias a la ineficacia y torpeza con la que los “cuerpos de seguridad” y el ejército han enfrentado al crimen organizado, que ha infiltrado todos los cuerpos policiacos y a los militares. Prueba de ello es la matanza ocurrida ayer en Sinaloa, pese al mega operativo militar que cuenta con la presencia de miles de efectivos. El incremento en el costo de la vida se debe no sólo a la especulación alimentaria internacional, sino al desmantelamiento del campo desde hace décadas y a los especuladores locales (léase Bimbo y Maseca, entre otros), todo con la complacencia del usurpador Calderón Hinojosa, ya sea como dirigente del PAN, diputado de ese partido, funcionario del desgobierno del traidor Fox Quesada, o como usurpador de la presidencia de la república ha solapado y hasta apoyado esa política.

En los 18 meses que van de la presidencia espuria el pelele Calderón Hinojosa no cuenta con ningún acierto, menos con algún triunfo o beneficio que justifique los millonarios salarios, prestaciones y prebendas que se embolsa de nuestros impuestos. Por eso cada vez es más claro que su único fin al robarse la presidencia del país es saquear a la nación, apoyado por sus patrones y cómplices: los poderes fácticos. Ellos se reparten el país ante los atónitos ojos de quienes no vemos televisión la ingenuidad de los que todavía esperan que papá gobierno los saque del atolladero. La realidad está colocando a cada uno en su lugar.




A continuación materiales tomados de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/





Las fallas del ejecutivo

Jorge Carrasco Araizaga

En su “¡Ya basta!”, el presidente Calderón acusó a los jueces de liberar a muchos de los delincuentes que el Poder Ejecutivo –PGR, SSP y Sedena– pone en sus manos. Pero destacados integrantes del Poder Judicial aportan cifras y datos muy distintos. Muestran, por ejemplo, que en la reciente puesta en libertad de 10 presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix los factores determinantes fueron la negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones y las deficiencias del Ministerio Público Federal al integrar las averiguaciones...

La negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones abrió la puerta a la confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial por la liberación de un grupo de presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix, en un caso de impunidad donde todos se señalan pero nadie se responsabiliza.

El pasado 23 de febrero, militares adscritos a la II Zona Militar detuvieron a 18 personas en el ejido Mariano Matamoros, zona de la periferia del este de Tijuana que es controlada por una de las facciones del cártel de los hermanos Arellano Félix al mando de Teodoro García Simental, conocido como El Teo o El Tres Letras.

Pero 48 horas después cinco de los detenidos fueron exculpados por el Ministerio Público Federal, a cargo de la PGR, por no haber sido detenidos en “flagrancia delictiva”. A los otros 13 los consignó fincándoles los cargos de posesión de cocaína con fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y portación de arma de fuego sin licencia.

Además, los vinculó con tres homicidios, incluido uno de un agente del Ministerio Público Federal, pero lo hizo apoyado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Poco después, el 1 de marzo, los 13 detenidos quedaron en libertad por resolución del juez sexto de Distrito en Baja California, Sergio Darío Maldonado Soto. El juzgador aseguró que el Ministerio Público “no aportó datos incriminatorios” en ninguno de los cargos, y que no debió vincular los homicidios con la ley mencionada, por tratarse de casos del fuero común.

Entre los liberados estaba Luis Romero Fierro o Mauricio Eduardo Nieto Navarro, El Sombrero o Don Luis, considerado líder de una célula del cártel en esa parte de la ciudad y en la vecina Tecate, además de que, según la prensa local, figura en las listas de los más buscados por el FBI.

También se le menciona en los procesos que se siguen en el mismo juzgado por aquellos homicidios, así como en las investigaciones de un narcotúnel descubierto en Tecate el 3 de diciembre de 2007.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reaprehendió de inmediato a ocho de los liberados –incluido El Sombrero– en el momento en que abandonaban la prisión, pero dejó que otros cinco gozaran de la libertad decretada por el juez.

Después de una semana, sólo ocho de los 18 detenidos quedaron bajo proceso penal a pesar de que el Ejército presentó a todos como integrantes de una célula del cártel de los Arellano Félix, la de El Teo, quien mantiene una sangrienta disputa con Fernando o Francisco Sánchez Arellano, El Fer o El Ingeniero, por el liderazgo de la organización.

Hasta ahora, el único que ha explicado la liberación de algunos de los implicados es el instructor de la causa penal, el juez Maldonado Soto. El funcionario no sólo asegura que el Ministerio Público Federal, a través de la delegación de la PGR en Tijuana, no le ofreció suficientes elementos para ordenar la prisión, sino que el Ejército –como responsable de la detención– se negó a confirmar los cargos.

En un hecho poco común en el Poder Judicial, el juez Maldonado tuvo que explicar públicamente su resolución luego de que la PGR anunció la apelación de su fallo ante un Tribunal Unitario y se ventiló que habrá acciones legales contra los secretarios del juzgado bajo el cargo de evasión de reos.

El juez no actuó por cuenta propia para responder a la PGR. Tuvo el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal. El organismo encargado de la administración y vigilancia de los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todo el país dejó al criterio del juzgador la decisión de responder de manera pública a los amagos del Ministerio Público Federal.

El Consejo de la Judicatura es presidido por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde causaron sorpresa y molestia los reclamos hechos el 12 de mayo pasado por Felipe Calderón en contra del Poder Judicial y otros actores sociales y políticos a los que endilgó responsabilidad por el avance del narcotráfico.

En su malogrado “¡Ya basta!”, el presidente Calderón arremetió contra el Poder Judicial: “Esta tarea es un llamado para los jueces y para el Poder Judicial que tiene también que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo –la PGR, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública– pone en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”.

Lo ocurrido en Tijuana pone en entredicho el discurso presidencial por lo que hace a la actuación de la delegación de la PGR y del propio Ejército, aunque el Poder Judicial optó por no responder a la imputación de Calderón, sobre todo porque las cifras de la Suprema Corte desacreditan lo dicho por el habitante de Los Pinos.

Ortiz Mayagoitia así se lo hizo ver al mismo Calderón en diciembre pasado, cuando el primero dio su primer informe como presidente de la Corte. En un discurso que leyó ante el presidente, aseguró que durante 2007, en el caso de delitos penales federales, cuatro de cada cinco sentencias dictadas por jueces y magistrados fueron condenatorias; es decir que, según la Suprema Corte, son muy pocos los casos en que un acusado por la PGR de un delito federal es liberado por los tribunales.

Por lo que se refiere a las apelaciones tramitadas por la PGR en contra de decisiones de jueces federales, en ocho de cada 10 la justicia federal confirmó la sentencia recurrida.

Y a pesar de que a principios del año pasado el propio Calderón pasó por encima del Poder Judicial al autorizar la extradición de 15 narcotraficantes requeridos por Estados Unidos –lo que provocó el malestar de los jueces encargados de la instrucción de esos casos (Proceso 1579)–, Ortiz Mayagoitia le señaló a su ahora reclamante que en 2007 el Poder Judicial tramitó 96 procedimientos de extradición –en su mayoría de personas que requirió Estados Unidos– autorizados por el gobierno de Calderón.

Inclusive las cifras de la administración federal, tomadas del primer informe de gobierno de Calderón, indican que la tendencia desde el año 2000 es que nueve de cada 10 acusados por delincuencia organizada son condenados desde la primera instancia por un juez federal.

Más todavía, de acuerdo con el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el primer año de la administración calderonista disminuyeron 4.4% las consignaciones del Ministerio Público Federal, en tanto que “el porcentaje de sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos fue de 35.2, equivalente a 2.3 puntos porcentuales mayor que lo alcanzado en 2006”.

A pesar de que esas cifras echan abajo el reclamo presidencial, la liberación de los presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix en Tijuana aún está lejos de resolverse, pues el Ministerio Público reclamó ante un tribunal unitario la decisión del juez, quien a su vez asegura que la detención no ocurrió como lo reportó el Ejército.

Las otras versiones

La aprehensión de las personas mencionadas estuvo a cargo de elementos de la II Zona Militar, bajo la jurisdicción del comandante de la II Región Militar, el general Sergio Aponte Polito, quien en abril pasado causó una crisis política entre los aliados de Calderón al acusar a las autoridades civiles municipales, estatales y federales de proteger a narcotraficantes en el estado (Proceso 1644).

En un operativo que según el Ejército fue resultado de una denuncia anónima, 18 personas fueron capturadas en la calle Benito Juárez del ejido Mariano Matamoros, en posesión de 12 armas de fuego –entre ellas varias de alto calibre, como rifles R15 y ametralladoras Uzi–, 392 gramos de crystal, 74 gramos de cocaína y dinero.

Los detenidos fueron presentados por el Ejército en el cuartel Morelos, asiento de la Zona Militar, donde se aseguró que el operativo fue resultado de una denuncia anónima y como parte del programa “Nosotros Sí Vamos”, puesto en marcha por el general Aponte Polito.

A diferencia de otras acciones reportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de los operativos contra el narcotráfico, ésta no fue consignada por la Sedena en la Ciudad de México.

Después de ser presentados ante la prensa en las instalaciones militares, las personas capturadas fueron trasladadas a la delegación de la PGR en Tijuana, donde el Ministerio Público Federal dejó en libertad a cinco. Las otras 13 quedaron a disposición del juez en el penal de La Mesa.

Pero Maldonado Soto aseguró no haber encontrado elementos para procesarlas por delitos de delincuencia organizada, por lo que el 1 de marzo ordenó su libertad. En el caso de las drogas, según la resolución del juez, no se comprobó que fueran para venta, y en el de las armas, tampoco se acreditó que pertenecieran a los detenidos.

Cuando salían del penal, agentes de la SIEDO detuvieron a ocho de ellos y dejaron libres a cinco. Los primeros fueron trasladados y arraigados en la Ciudad de México. La SIEDO no informó quiénes fueron los liberados.

El caso está lleno de acusaciones entre la PGR y la justicia federal, así como de inconsistencias sobre la manera como se produjo la captura. Según el Ejército, fue a las cuatro de la mañana del 23 de febrero en cuatro vehículos y en la vía pública. Pero los acusados declararon al Ministerio Público que se les detuvo un día antes en un inmueble dedicado a la pelea de gallos, pero que no tenían armas.

De acuerdo con el semanario Zeta, de Tijuana, los 18 detenidos iban a arreglar una deuda por droga con una pelea de gallos en un inmueble del ejido. Entre los capturados estaba un joven que llevaba mil 356 dólares y portaba un rosario dorado con dije de Cristo y un reloj Cartier. Según la misma versión, El Teo ofreció medio millón de dólares para la libertad de dos de los detenidos, y ninguno era El Sombrero.

La negativa del Ejército

A la liberación de cinco personas dispuesta por el Ministerio Público el 25 de febrero siguió la decisión del juez de liberar a los 13 restantes. La resolución levantó ámpula y Maldonado Soto tuvo que salir a explicar su sentencia. Lo hizo en una entrevista con el semanario Zeta.

El juez habló avalado por el Consejo de la Judicatura Federal, que “después de aprobar una nota de prensa elaborada en el juzgado de Distrito, dejó en el juzgador la decisión de salir a los medios”, aseguró personal del juzgado a Proceso.

Maldonado se presentó acompañado de los cinco secretarios del juzgado, pues todos participaron en la integración del expediente debido a la cantidad de declaraciones y a los tiempos legales para emitir el fallo.

El juzgador defendió su decisión con un señalamiento directo al Ministerio Público Federal por integrar mal la averiguación previa: “Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención hacia acá, señalando que nosotros somos responsables de algo que no hicieron bien ellos”.

Según el juez, el Ministerio Público Federal consignó por delincuencia organizada con una hipótesis relativa a la comisión de homicidio, “pero legalmente el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no considera el homicidio como delincuencia organizada; no está en la lista y no podemos configurarlo”.

Más aún, de acuerdo con lo informado a Proceso en el Juzgado Sexto de Distrito de Tijuana, la defensa de uno de los indiciados solicitó que el Ejército ratificara sus acusaciones, pero éste se negó con un argumento burocrático: que la solicitud se debía hacer con 10 días de anticipación a la Sedena, en el DF, además de que varios de los participantes en la detención ya habían salido de esa jurisdicción militar.

En el encuentro con el semanario tijuanense, uno de los secretarios del juzgado, Luis Garza, aseguró que el Ejército también pudo haberse equivocado: “El hecho de que sean autoridades no les da la calidad de testigos irrefutables; no quiere decir que lo que narren sea la verdad a pie juntillas, sino que deberá analizarse todo el expediente y ver su veracidad o mendacidad. Ellos en la actualidad ya no pueden tomar confesiones”.

Al final, la sentencia del juez hizo eco de los argumentos de los detenidos y no de los del Ejército y la PGR, aunque el juzgador considera que la SIEDO podría allegarse los elementos sobre la probable responsabilidad de los ocho arraigados, no los que aportó el Ministerio Público en Tijuana.

El magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el DF, Miguel Ángel Aguilar López, asegura en entrevista que la mayoría de este tipo de casos se debe a una mala consignación del Ministerio Público.

“El juez normalmente dice que el Ministerio Público no integra bien sus averiguaciones previas, pero no puede suplir esa deficiencia. La Constitución, las leyes secundarias, la doctrina y la jurisprudencia se lo prohíben. Sin embargo, añade, los jueces dejan el expediente a disposición del Ministerio Público para que siga investigando.”

Exagente del Ministerio Público Federal, el magistrado asegura que si los jueces corrigieran esas deficiencias, “entraríamos en un estado de control social en donde las garantías, entre ellas la de presunción de inocencia, se verían restringidas o limitadas en aras de castigar”.

Considera que los Ministerios Públicos son más vulnerables que los jueces y magistrados a las presiones de la delincuencia organizada para maniatarlos. “Socialmente así se ha evidenciado. Además de que nosotros somos vigilados permanentemente, sin soslayar que algunos jueces han muerto por cuestiones de delincuencia organizada, aunque aun eso no se ha determinado del todo”, acota.

Refiere que como juez, magistrado de apelación y magistrado de amparo ha conocido asuntos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, y ha juzgado y procesado a numerosas personas por delitos contra la salud. Pero también ha fallado en contra del Ministerio Público a pesar de los intereses especiales que éste pueda tener.

Uno de esos casos fue el conocido como “Casa Blanca”, una investigación de lavado de dinero en México instigada por el gobierno de Estados Unidos. “Cuando vi el expediente y me tocó ser ponente en el Tribunal Colegiado, pude advertir que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para acreditar exactamente los delitos imputados.

“Los argumentos se desvanecieron y, pese a que el caso representaba una problemática para algunos, determiné en conciencia conceder el amparo a los procesados. Entre otras razones, porque en México sólo puede investigar el Ministerio Público, y aquí hubo investigaciones de policías que no tienen facultades ni competencias en territorio mexicano. Además de que los otros supuestos delincuentes eran agentes encubiertos.

“Era un asunto preestablecido en el que estaban acotadas las circunstancias para la acusación. Además, a los acusados no se les podía fincar el delito de lavado de dinero porque éste tendría que haber sido de origen ilícito, y en el caso se trataba de dinero lícito del Tesoro estadunidense.”

Para el magistrado, el caso demuestra que, no obstante la gravedad de las acusaciones, muchas veces el Ministerio Público no acredita la acusación. “Pero en todo caso –dice– no se trata de ver quién es el culpable. Y si se va a hacer, tenemos que declararnos todos culpables”.


++++++++



Transparencia ciudadana

John M. Ackerman

La actual Ley Federal de Transparencia no fue una dádiva del gobierno, sino una conquista ciudadana ganada a pulso. Su aprobación en 2002 se debió al activismo y arrojo de un conjunto de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que empujaron nuestro derecho a saber hasta las últimas consecuencias. En aquel momento, las propuestas de los funcionarios de Vicente Fox incluían una serie de reformas mañosas que hubieran vaciado de sentido la nueva legislación. Si no hubiera sido por los integrantes del Grupo Oaxaca, actualmente tendríamos una ley totalmente disfuncional.

Hoy, ante el mandato constitucional de reformar la ley antes del próximo 21 de julio, la voz ciudadana empieza a articularse para defender el terreno ganado y proponer nuevas vías para consolidar nuestro derecho a la información. El gobierno ya se ha pronunciado al respecto. Hace un par de meses, desde el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cuatro comisionados más cercanos a la administración de Felipe Calderón hicieron llegar un documento a la Cámara de Diputados que implicaría un franco retroceso en la materia.

En contraste, en días recientes, en el marco de un importante seminario internacional organizado por Fundar y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se impulsó la creación de un frente a favor de una reforma auténticamente garantista y ciudadana. Allí se dieron cita expertos internacionales, periodistas, académicos y miembros de organizaciones sociales para construir una nueva agenda en la materia. Daniel Lizárraga, de Proceso, y Cecilia García, de Excélsior, hicieron un enérgico llamado para mejorar el cumplimiento de la ley, así como para evitar las supuestas “inexistencias” de documentos públicos. Los organizadores del encuentro, Irma Eréndira Sandoval, Miguel Pulido y Jorge Romero, hicieron votos por que los legisladores cuiden los detalles a la hora de distinguir entre información pública e información privada, ya que muchas veces el gobierno busca esconder documentos con el argumento de que supuestamente contienen “datos personales”.

En esta materia el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, nos ha recordado que la propuesta de sus homólogos podría implicar “el fin de la historia”, ya que impondría una confidencialidad absurda y generalizada sobre cualquier dato personal contenido en documentos gubernamentales históricos, incluyendo nombres, fotografías, actas, etcétera. Con la propuesta de la mayoría de los comisionados también podríamos perder nuestro derecho a conocer los nombres y las firmas de los representantes legales de los contratistas del Estado. Pemex, por ejemplo, podría borrar todos los datos de Juan Camilo Mouriño en los contratos con Ivancar. En este caso, sin duda se volvería mucho más difícil utilizar la Ley de Transparencia para combatir la corrupción y el tráfico de influencias.

Habría que distinguir, abunda el comisionado Guerrero, entre los datos personales que tienen que ver con la intimidad de la persona, como son su condición médica, preferencias sexuales o actividades recreativas, y aquellos otros datos que tienen una relación directa con su trabajo gubernamental, como su formación académica, sus declaraciones patrimoniales o su agenda de trabajo. Los primeros deben mantenerse en la confidencialidad, pero los segundos tienen que ser públicos. Desafortunadamente, los otros comisionados han decidido hacer caso omiso a esta importante recomendación e impulsan una reforma a la ley que hundiría las actividades de los servidores públicos en una nube de opacidad.

Llama la atención que el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, quien había confirmado su asistencia al evento referido, sorpresivamente canceló su participación la noche anterior alegando problemas de agenda. Esta decisión demuestra su evidente desprecio por las iniciativas ciudadanas y un abierto rechazo al debate. También revela la debilidad de la propuesta de reforma de Lujambio y sus homólogos, ya que resulta que ni siquiera los mismos autores de la propuesta están dispuestos a defenderla públicamente.

Por fortuna, existe ya una gran diversidad de académicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil organizada dedicados a la redacción de una propuesta alternativa para reformar la actual Ley Federal de Transparencia. Este nuevo Grupo Oaxaca procurará fungir como un contrapeso de las propuestas gubernamentales y buscará incidir en el debate parlamentario desde una perspectiva ciudadana. El grupo está en plena formación y se encuentra abierto a todos los conocedores de la materia que deseen participar.

Entre las propuestas que se manejan en este espacio alternativo se incluyen, por ejemplo, modificar radicalmente la forma de nombramiento de los comisionados del IFAI para que ya no sean designaciones directas de la Presidencia de la República; fortalecer las capacidades de seguimiento y sanción de los organismos garantes; ampliar la utilización de la ley por la sociedad civil en acciones de contraloría social; expandir la cantidad de información que los servidores públicos tendrán que “documentar” en el ejercicio de sus funciones, y defender la figura de la “positiva ficta”.

Existen dos caras de la transparencia: una que sirve al gobierno para legitimarse al dar la imagen de ser “limpio” y “honesto”, y otra que sirve a la ciudadanía como una poderosa herramienta para fiscalizar al gobierno y combatir la corrupción. Si las próximas reformas a la Ley de Transparencia no se dirigen en un sentido ciudadano, todos los esfuerzos realizados el año pasado para reformar el artículo 6º constitucional no pasarán de ser un titánico desperdicio de tiempo, recursos y esperanzas.

martes, mayo 27, 2008

Se acumula crisis en México; también las mentiras del pelele






Tomados de La Jornada, Rocha, El Fisgón y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Cuando la crisis de alimentos en México se desborda el pelele Felipe Calderón Hinojosa saca su as de la manga: nada. Y es que las supuestas acciones de apoyo a la economía familiar no son tales. La libre importación de productos agrícolas se lleva a cabo desde el primer minuto del presente año de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. La Sedeso aumentará 120 pesos mensuales la migajas mensuales a los pobres entre los pobres de México y los alardes de no permitir acaparadores y especulación es cinismo puro.

Y es que los principales acaparadores y especuladores de alimentos en el país son los mismos que impusieron al usurpador Calderón Hinojosa en Los Pinos. Ya hicieron su primera faena sin mayor repercusión ni castigo a unos meses de que el espurio llegara a la casa presidencial. En ese entonces el contumaz mentiroso de Los Pinos aseguró lo mismo que hoy, pero el precio de la tortilla nunca bajó y el del pan tampoco.

Es decir ya fuimos partícipes de la misma función, de las mismas mentiras y de los mismos anuncios publicitarios, la realidad es que estamos en peor situación cada día. Desde que el corrupto Vicente Fox Quesada llegó al poder en 2000 prometió que se tendría soberanía y autosuficiencia alimentaria. Para ello destinó miles de millones de pesos que se fueron a las arcas y campos de sus amigos y familiares. Hoy el ex secretario de agricultura de su nefasto sexenio, Javier Usabiaga, sigue siendo un gran exportador de alimentos. Las quebradas empresas del traidor Fox Quesada –mismas que el ayudó a quebrar- ahora son boyantes exportadoras de brócoli o aguacate, entre otras cosas. Quienes recibieron los beneficios fueron ellos, al igual que el ahora gobernador de Sonora, Eduardo Bours,–acusado de tener ligas con el narcotráfico- y sus empresas avícolas.

En palabras llanas quienes serán beneficiados por el “plan” del pelele Calderón Hinojosa, son los mismos acaparadores y especuladores de siempre. Mientras la ciudadanía seguirá pagando el abuso y saqueo de México y sus habitantes.

Es sabido que México depende casi al 100 por ciento de la importación de granos y diversos alimentos, también que la banca o sistema de pagos es casi completamente extranjero. También dependemos del extranjero en materia de combustibles, pese a ser uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.

La principal dependencia en todos estos rubros es precisamente de Estados Unidos a quien beneficiará la privatización del petróleo. A pesar de todos estos hechos todavía dicen que los llamados a defender la soberanía son transnochados, ilusorios, que la defensa del país, el nacionalismo, está pasado de moda. Pero ningún país de la OCDE –las naciones más ricas del mundo- a la que pertenece México, tienen tal dependencia del extranjero para subsistir.

Ninguna nación podrá ser libre y soberana mientras siga entregando las áreas prioritarias como la salud –todas la medicinas se producen bajo licencia extranjera-, la alimentación, el sistema financiero, playas, litorales y el sector energético. En los hechos México es cada día menos de los mexicanos y más de los extranjeros. ¿Una banalidad hablar de soberanía y nacionalismo? o un mero acto de sobrevivencia.


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.









Derechos humanos: otro retroceso

alvaro delgado

México, D.F., 26 de mayo (apro).- Así como han quedado exhibidas las mentiras del gobierno de Felipe Calderón en materia de empleo, justamente el puntal de su oferta de campaña y de sus transitorias proclamas triunfalistas --que ya dieron paso a su temperamento cada vez más irascible--, otro tema fundamental que observa un acelerado retroceso en el México actual es el de los derechos humanos, que ya ni siquiera forman parte del discurso oficial.

Se ha hecho pública ya la despedida de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no en razón de su voluntad de cambiar de domicilio, sino por presiones del gobierno de Calderón, irritado por señalamientos certeros, como los que publica en el semanario Proceso en la edición de esta semana.

Por encima del discurso, dice Amerigo, prevalece el déficit y aun la regresión en materia de derechos humanos, como la violación sistemática de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública y, añade, situaciones de abierta represión como Oaxaca, Atenco y la mina de Pasta de Conchos.

El diplomático italiano de la ONU --quien salió del país el viernes 23 de mayo, después de casi tres años de someter a escrutinio al Estado en el tema de los derechos humanos-- sólo describió lo que otros organismos nacionales e internacionales han documentado ampliamente, como lo hizo por ejemplo Human Rights Watch (HRW), en febrero, y como seguramente lo hará, esta misma semana, Amnistía Internacional en su informe internacional y sobre México.

HRW hizo montar en cólera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes, porque describió lo que es evidente: Su incompetencia, a pesar de contar con el más grande presupuesto en América Latina y de los más grandes del planeta.

“Cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido decepcionante”, dijo el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación del informe, que acredita que ese organismo constitucional autónomo es “pasivo” se “autolimita” y se aboca sólo a “describir el statu quo”.

Y en efecto, son numerosos los casos en los que la CNDH, que es el último eslabón en la cadena de defensa de los derechos humanos, emite recomendaciones que, al final, no sirven para nada, si acaso para exhibir la nula voluntad política de autoridades de todos los niveles en temas fundamentales.

Hay cuatro casos que son sintomáticos de la acción de la CNDH, en el mundo de violaciones sistemáticas a lo largo del territorio mexicano y todas tienen que ver con autoridades del Partido Acción nacional (PAN): La primera tiene que ver con el asesinato de la señora Ernestina Ascensión Rosario, la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió de una anemia mal cuidada, según dictaminó Calderón y encontró en Soberanes el cómplice para encubrir a soldados que, conforme a testimonios, acometieron sexualmente contra ella y le dieron muerte.

Otro caso fue el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, asesinado a tiros, en noviembre de 2004, en la capital de Querétaro, presuntamente por Federico Ruiz Lomelín, un junior de la familia concesionaria de la Coca Cola, defendido –debajo del agua-- por Diego Fernández de Cevallos. La CNDH emitió una recomendación por la ineptitud para investigar el caso, pero el asunto sigue en la impunidad.

Hay otros dos casos que tienen que ver con la libertad de expresión, sobre los que la CNDH emitió sendas recomendaciones, y el saldo es el mismo: nada.

En efecto, el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, presionó a una estación de radio para despedir al periodista Rodolfo Franco Ramírez, y su colega de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva, acometió contra los directores de los periódicos A.M., de León, y Arnoldo Cuellar, de Correo, de la capital.

Recientemente, y así lo informó con oportunidad el semanario Proceso, se registró un hecho ominoso que ratifica la involución de los derechos humanos en México, que se extiende a todos los ámbitos: Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, identificó como “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Encolerizado, este prócer del panismo por sus supuestas habilidades jurídicas y parlamentarias, nada menos que subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, lanzó la amenaza contra la mexicana frente a los miembros de una misión internacional de observación que, el 21 de abril, se entrevistaron con él justamente para saber los avances sobre agresiones a profesionales que ejercen la libertad de expresión en México.

Castro, quien como consejero jurídico de Vicente Fox diseñó el alegato jurídico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y después retomó la diputación para exponerlo directamente –y luego volvió a la alta burocracia--, sólo actúa como lo hacen otros miembros de la clase política nacional: en la lógica de impunidad.

Seguramente ahora que Amnistía Internacional emita su informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas las que cometen soldados y cuerpos policiacos en esta simulación sexenal que es el combate a una parte del narcotráfico, habrá de expresarse la irritación de un gobierno de derecha que, en efecto, tiene como doctrina la hipocresía.

Apuntes

Otra mafia que solapa Calderón: Tal como lo documentó el reportero Daniel Lizárraga, en el semanario Proceso, parte de los 150 millones de pesos que gastó el equipo de transición (130 Calderón y 20 para el Estado Mayor Presidencial) se destinaron a pagar una empresa, Consultores en Diseño Político-Legislativo, que realizó un supuesto estudio sobre los diputados y senadores de oposición. La apoderada legal de la compañía que se fundó sólo para recibir ese contrato de parte del responsable administrativo del equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, se llama Laura Ballesteros Mancilla, militante panista y allegada a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón. Ahora El Universal publicó ayer copia del contrato que firmó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que encabeza Guillermo Valdés Castellanos --consejero de Calderón desde que era presidente del PAN--, con esa misma mujer para espiar a legisladores de oposición, ahora por un millón de pesos. Pero, en realidad, se trata del mismo trabajo por el que cobró tres millones de pesos al equipo de transición. ¿Por qué le compra el Cisen el mismo material que ya había sido pagado por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia? Muy sencillo: porque se trata de pagos de facturas en la campaña. ¿Y de quién es, realmente, el negocio? Nada menos que de Arne Ruthen Hagg, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño… Calderón hizo uso, otra vez, de la cadena nacional para anunciar reparto de dinero, como los 120 pesos en efectivo que se reglará a la gente más pobre de México. ¿Y dónde están los severos críticos del populismo? Pues sí, cobrando lo suyo.

delgado@proceso.com.mx

lunes, mayo 26, 2008

Atole con el dedo en cadena nacional por cortesía de poderes fácticos






Tomados de Proceso, Monosapiens, La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Por la noche de este lunes 26 de mayo el pelele Felipe Calderón Hinojosa dirigirá su enésimo discurso a la nación para repetir las mismas mentiras que ha dicho en los últimos años. Sí, desde que era diputado del PAN y que aseguró que no apoyaría el Fobaropa, ni la impunidad. Al final apoyó y apoya al Fobaproa hoy IPAB –recordemos que le cambiaron el nombre para ver si se nos olvida el atraco en el que participaron, él como líder del panismo, y el ex beneficiado con el Pemexgate y ahora senador privatizador Francisco Labastida Ochoa- a la impunidad de todos los expresidentes vivos incluyendo a los célebres corruptos Carlos Salinas de Gortari y el transa Vicente Fox Quesada.



Como sus antecesores el usurpador Calderón Hinojosa dirá en cadena nacional las mentiras de que defenderá –ya no es el peso- a la comida de los mexicanos como un perro, que traerá la independencia alimentaria, que bajarán los precios y mientras, al puro estilo priísta, –que él llama populismo- "congelara" los precios de la tortilla y leche expendidos por Liconsa, además de las gasolinas, la electricidad y el gas.



Las tales medidas no son nuevas, se repiten sexenio tras sexenio, por el neoliberal vendepatrias en turno. Las centrales campesinas las calificaron ya de demagogia pura, insuficientes y electoreras. No hay que olvidar que cuando subió el precio de la tortilla a uno meses de que el espurio ocupó Los Pinos, él y sus bandoleros dijeron que no había nada que hacer, que "el mercado" se ajustaría y el precio bajaría. Nunca bajó. Pero como el próximo año hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados, además de gubernaturas y legislaturas locales, los ambiciosos de siempre vienen a dar atole con el dedo.



El fracaso del desgobierno del pelele Calderón Hinojosa se aprecia en todos los rubros, desde su "guerra" contra el narcotráfico, que deja intocables las estructuras financieras de los mafiosos, permitiéndoles seguir operando con total impunidad, pasando por el alto desempleo y los bajos salarios y terminando en el alto costo de los alimentos y la baja generalizada en el nivel de vida. La filosofía de estos PRIANistas es la mentira, el cinismo y la opulencia.



A manera de muestra va un botón.



El coordinador de los diputados del PAN Héctor Larios aseguró que no ve ningún problema en que el usurpador ordene espiar al Congreso por medio de una empresa privada cuya directora, Laura Iraís Ballesteros, es amiga cercana de Mariana Gómez del Campo, la dirigente del PAN en el Distrito Federal, quien es sobrina del espurio Calderón Hinojosa.



Lo que el cínico panista ve es "una decisión del gobierno de tener una más fuerte interacción del Congreso para conocerlo mejor y eso me parece positivo". Y agregó: "no es espionaje, es contratar los servicios de una empresa, para tener información del Congreso".



Sobre los comentarios de desaprobación de diputados de oposición se limitó a decir que la oposición siempre buscará criticar al gobierno. Sin embargo esa postura está muy lejana a las críticas que realiza cotidianamente en contra de gobiernos como el del Distrito Federal, ahí no se trata sólo de críticas sino de argumentos de peso que forzosamente deben tomarse en cuenta.. Dos caras, doble moral, doble corrupción. Esos son el PAN y el PRI: el PRIAN.





El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.












Ambición por las gasolinas



Jenaro Villamil



El propósito de los impulsores de la reforma energética es abrir el mercado de las gasolinas a las trasnacionales. Exsubdirector comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú afirma lo anterior y aclara: eso nadie lo ha dicho porque no han analizado el contenido del artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Una visión similar es la del exdirector de Pemex Francisco Rojas, quien aborda el caso en un artículo próximo a publicarse y cuya copia entregó a Proceso.



La posibilidad de que empresas trasnacionales como Shell o Exxon tengan sus propias gasolineras en todo el país no es tan lejana.



Las cinco iniciativas de Felipe Calderón en materia energética no sólo permitirán la inversión privada en refinación, transporte y almacenamiento de ductos, sino también la apertura total en el mercado de gasolinas y la privatización de un mercado interno de derivados de petróleo con un valor que oscila entre 75 mil y 80 mil millones de dólares.



"Si la reforma es aprobada, prepárense los mexicanos a pagar 11 pesos el litro de gasolina en lugar de 7 pesos y a ver estaciones de Exxon frente al Ángel de la Independencia", afirma a Proceso el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exsubdirector comercial de Pemex.



Jiménez Espriú llegó a esta conclusión después de un minucioso análisis de la redacción propuesta para el artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, iniciativa que ha sido considerada "abiertamente anticonstitucional" por los principales juristas que han participado en los cuatro foros de debate sobre la reforma energética organizados en el Senado.



El texto de este artículo –que Jiménez Espriú lee ante este reportero– señala que "los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos".



En paralelo, advierte, el artículo 14 de la misma iniciativa establece que los precios de las gasolinas estarán sujetos a regulación de precios, "salvo que existan condiciones de competencia efectiva, y los artículos 2 y 3 propuestos en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le dan a ésta la competencia de fijar los precios de venta de las gasolinas para Pemex".



Y prosigue: "Resumiendo, lo que la iniciativa dispone es que los particulares puedan almacenar, transportar y distribuir gasolinas y que mientras no haya condiciones de competencia efectiva Pemex no puede vender por debajo de los precios que fije la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



"¿Cómo se pueden lograr condiciones de competencia efectiva, si no es mediante la participación de particulares vendiendo gasolinas en competencia con Pemex?", se pregunta Jiménez Espriú; "¿Cuál es el objeto que un regulador le fije los precios de venta de las gasolinas a Pemex si no es el de asegurar que Pemex no venda abajo del mercado haciéndole competencia desleal a los particulares que compitan con él en la venta de gasolinas?



"Queda claro en la iniciativa que uno de sus efectos o propósitos es abrir el mercado de las gasolinas, y eso no se le ha dicho a la gente."



Hasta ahora, en los cuatro debates realizados en el Senado ninguno de los defensores de las cinco iniciativas originales enviadas por Felipe Calderón han mencionado este punto; tampoco lo han hecho los críticos más importantes, que han participado por parte del Frente Amplio Progresista.
Para Jiménez Espriú, "está tan enterrado y oscuro" este efecto en las iniciativas, que es difícil percatarse de ello, a menos que uno conozca la industria.



Protagonista en los noventa de las negociaciones para que Pemex tuviera 2.5% de las acciones de Repsol, cuando esta empresa española aún era mayoritariamente estatal, y artífice del contrato de Deer Park "que no es un contrato de maquila" como insiste el gobierno federal, Jiménez Espriú recuerda un episodio sobre la importancia del mercado de las gasolinas:
Dice: "Cuando fui subdirector comercial implementamos lo de las franquicias de las gasolinas. En una reunión en Los Pinos en la que estuvimos el presidente Carlos Salinas, José María Córdoba, Pedro Aspe, Francisco Rojas y yo, se discutió que en lugar de las franquicias se privatizaran las gasolineras.



"La frase común es que estaban tan mal las gasolineras de Pemex que ‘no se podía entrar ni a los baños’. Yo me opuse. Pedro Aspe sugirió que vinieran los privados. Argumentamos. Salinas nos dijo ‘párenle’. ‘El primer día que aparezca una gasolinera abanderada por Shell se cae el gobierno’, nos dijo."



En el sureste del país tan sólo el Grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es propietaria de 37 franquicias de gasolineras y aspira a abrir otras 14 en otras entidades del país, de acuerdo con la propia información del Corporativo GES.



Gasolinas y gas



La tesis de Jiménez Espriú coincide también con el escenario que prevé Francisco Rojas, exdirector de Pemex, quien participará este martes 27 en el quinto foro de debate, junto con Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM; Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas; Mario Molina, Premio Nobel de Química, y otros cuatro ponentes.
En su documento La reforma energética factible, elaborado para la Fundación Luis Donaldo Colosio, Rojas advierte que los promotores de una nueva ley reglamentaria para el artículo 27 constitucional señalan que esta reforma no basta.



En su análisis sobre las iniciativas presentadas por Calderón, del cual Proceso obtuvo una copia, advierte Rojas: Ellos "recomiendan la modificación de otras disposiciones que permitan la construcción de refinerías, se elimine el control de precios en las gasolinas y otros derivados, se permita la libre importación y exportación, en su caso, de los refinados, y se autoricen gasolineras extranjeras para que compitan con Pemex en un ambiente de libre mercado".
Así mismo, advierte que los cambios incluidos en el artículo 4 de la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 contravienen "la integralidad de la industria petrolera nacional" y "ceden el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera".



También indica que se permitirá que las empresas privadas "interconecten la explotación y elaboración del gas natural, eliminando la restricción para conectarse de los pozos a las plantas", según el artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y permitirá que "las empresas privadas transporten, almacenen y distribuyan el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, sin la obligación de venderle los excedentes a Pemex", de acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa presidencial de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.



En este punto, Jiménez Espriú coincide con Rojas: el gobierno de Calderón pretende liberalizar el mercado de las gasolinas como antes se hizo con el gas natural.



Afirma Jiménez Espriú: "Todos sabemos que en el caso del gas natural, aunque los particulares no puedan procesarlo en México, sí pueden importarlo, transportarlo y distribuirlo en competencia con Pemex y que la Comisión Reguladora de Energía ya implementó la regulación forzando a Pemex a no vender por debajo de los precios internacionales del gas. La reforma pone a las gasolinas exactamente en la misma situación que el gas natural".



Contratos de riesgo y "empresas espejo"



En el segundo foro de debate, el jueves 15, Jiménez Espriú cosechó el mayor número de aplausos después de su ponencia en la que concluyó que el gobierno de Calderón "nos engañó antes con la amenaza y nos quiere engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo".



Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien participó en el cuarto foro, la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional es "absolutamente anticonstitucional", específicamente el artículo 6 de dicha iniciativa "es un verdadero caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27 de la Constitución".



Es en este artículo donde se permiten los llamados "contratos de desempeño" o "contratos de incentivos" que para todos los críticos, incluyendo al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro; a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial del PRD, y al exprocurador general Sergio García Ramírez, constituyen "contratos de riesgo", prohibidos en la Constitución.



La redacción del texto del artículo 6 señala expresamente: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad".



Para los constitucionalistas que han participado en los debates del Senado esta redacción claramente constituye un contrato de riesgo. Jiménez Espriú advierte que esta condición está más clara en los artículos 45 y 46 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que "disfraza los contratos de riesgo" e inclusive permiten la adjudicación directa en los casos que las contrataciones tengan el propósito "de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios".



"Imagínese, si se disfraza de ‘innovación tecnológica’ un contrato de exploración en aguas profundas, se podrá adjudicar de manera directa", advierte Jiménez Espriú.



La discrecionalidad es más clara en el caso del artículo 46 de la misma iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que ordena: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo de proyectos exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genera ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo".



Para Jiménez Espriú, quien firmó "miles de contratos" como sudirector comercial de Pemex, no hay duda de que las últimas frases de este artículo constituyen un "contrato de riesgo".
Por su parte, Francisco Rojas advierte que también la redacción de los artículos 3 y 7 de la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex podría dar lugar a las llamadas "empresas espejo", que "podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, adelantándose, además, a la ‘balcanización’ de actividades estratégicas reservadas al Estado".



De acuerdo con Rojas, la creación de las llamadas "empresas espejo" sería una manera alterna de permitir contratos privados si se evitan los "contratos de maquila" que se proponen en materia de refinación.



El tema de las "empresas espejo" ha interesado a varios gobernadores priistas, como el veracruzano Fidel Herrera, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Ambos participarán en el foro del jueves 29, junto con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el gobernador michoacano, Leonel Godoy, y los gobernadores panistas de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Morelos, Marco Antonio Adame.



Las derrotas



Hasta ahora, en el Senado se han realizado cuatro foros de debate, en los que los defensores de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no han sido capaces de argumentar a favor de la constitucionalidad de las reformas. Al intentar defenderlas, se han entrampado; incluso han llegado a reconocer que es posible que la ley reglamentaria del artículo 27 modifique las prohibiciones constitucionales y que el término "explotación" no abarca a todas las fases de la industria petrolera, por lo que está permitida la inversión privada.



Empezaron mal los defensores. El martes 13 de mayo el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, abandonó la sesión después de sostener un breve debate con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general que expropió el petróleo en 1938, advirtió que existe una "visión falaz, pretendidamente catastrofista, desde el diagnóstico de Calderón".



Cárdenas abrió la línea de crítica que continuó en el debate sobre el análisis jurídico. Advirtió que la apertura a la inversión privada en refinerías, transporte y almacenamiento significa que "no se proponen reformar la Constitución, sino que alientan a violarla" a través de una ley reglamentaria.



El exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, insistió en que se trata de avanzar en la "privatización parcial" de la industria petrolera, que constituye una "operación hormiga" para minar a Pemex. Dos días después, Porfirio Muñoz Ledo destacó que más que operación hormiga, las iniciativas de Calderón representan una "operación roedora, ratonera".



"Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política", sentenció Muñoz Ledo.



Los argumentos defensores han sido endebles. El dirigente panista, Germán Martínez; el escritor Héctor Aguilar Camín, y el investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desacreditaron a los opositores como "teólogos del petróleo", presas de la "mitología nacionalista", e insistieron que hay que superar los "tabúes constitucionales", pero no respondieron a críticas puntuales sobre el contenido de las iniciativas expresadas por David Ibarra, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdova.



Las dos primeras sesiones, del 13 y 15 de mayo, permitieron que los integrantes del equipo de López Obrador –Claudia Sheinbaum y José Agustín Ortiz Pinchetti– perfilaran las líneas principales de la propuesta del FAP.



En la tercera sesión del debate, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro, apoyó la propuesta lopezobradorista de una consulta popular antes de que se voten las iniciativas.



En la última sesión, a pesar de que existían cuatro firmes defensores –Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan–, la nota la dieron los priistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, rechazó las presiones del presidente Felipe Calderón, expresadas el martes 20, mientras que el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, afirmó: "Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad".



Desde la primera sesión, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió que su partido, clave para la aprobación de las iniciativas, "no aceptará la privatización abierta o encubierta de las refinerías... No apoyaremos cambio alguno para compartir la renta petrolera".

domingo, mayo 25, 2008

El debate constitucional*


Arnaldo Córdova

En los recientes foros sobre la constitucionalidad de las iniciativas petroleras hubo, puede decirse, un poco de todo. Pero quedó claro que desde el principio se dio una polarización entre quienes defienden la constitucionalidad de tales iniciativas y quienes acusan su inconstitucionalidad (o, más a menudo, su anticonstitucionalidad). Eso era inevitable, pues de eso se trataba. Pero fue un debate rico en materias (y también en ocurrencias).

En mi caso particular, aunque reconozco que en todas las notas periodísticas se reseñó en general lo que dije, también se puso el acento en mis malos modos de discutir (a Arturo Cano, de La Jornada, le parecí un “maestro regañón de sus alumnos”). Quiero pedir disculpas desde aquí a quien se haya sentido ofendido; pero entiendo que no íbamos a una fiesta ni a tomar el té.

Una línea permanente de la discusión se dio en torno a la interpretación de la Constitución. Me llamó la atención el que casi todos los defensores de la reforma fueran juristas de la Escuela Libre de Derecho, del ITAM, del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Y me llamó la atención, no tanto por lo que dijeron, que fue uniforme, sino por el tipo de cultura jurídica que mostraron tener. Todos ellos son jóvenes y muestran el mismo sello.

Sustentan convicciones de moda en el mundo de las ciencias jurídicas, que tienden a desacralizar el derecho; el derecho para ellos son sólo palabras y la ley es totalmente manipulable (se le puede usar como se quiera y para cualquier fin). El fin del derecho para ellos no es juridicizar las relaciones sociales, como dicen los juristas italianos, sino ponerlo al servicio de los intereses privados, manipularlo, manejarlo como se hace con cualquier herramienta. Así, el derecho acaba perdiendo su valor normativo para quedar en simples fórmulas retóricas.

Para ellos la interpretación de la Constitución es cosa sencilla: se trata de un conglomerado de palabras y basta ver qué dice cada una de ellas. No me explico cómo es que sólo creen en las palabras cuando nos dicen que la Carta Magna no es clara. Si el artículo 28, al hablar del sector estratégico del petróleo, no habla de la industria petrolera, quiere decir que ésta no es estratégica; si el 27 habla sólo del producto que corresponde a la nación, para ellos explotación quiere decir únicamente el usufructo de ese producto. Fue inútil que se les explicara que explotación es el proceso productivo y comercializador en su totalidad. Se salieron siempre por la tangente: cada quien interpreta las palabras como las entiende.

Miguel Carbonell, del IIJ, quiso sacarse de la manga un as, siguiendo el razonamiento de un joven jurista del CIDE: el Congreso sí puede interpretar la Constitución, al citar el inciso F del artículo 72, que no establece, por cierto, facultades del Congreso, sino el proceso mismo de elaboración de las leyes. Dice el citado inciso: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. Donde está la sociedad, está el derecho, decían los antiguos; hoy podríamos decir, donde está el derecho está su interpretación.

No me quedó claro si hicieron alusión a la opinión que sostuve, en polémica con Arturo Zaldívar, de que el único intérprete de la Constitución que autoriza nuestra Constitución es la Suprema Corte. Simplemente mezclaron los muchos conceptos que posee la palabra interpretación. Sólo que no entendieron que no se trata de saber qué dicen las palabras, sino de algo muy importante y que es la tarea de los jueces: decir el derecho. Esa expresión, en el caso de la Constitución, significa que la Corte es la que establece el sentido que debe prevalecer de lo que dice la Constitución. Por supuesto que en la vida real todo mundo “interpreta” (incluidos los legisladores), hasta para subirse a un autobús urbano, pero no se trata de eso.

Interpretar una ley por lo que dicen sus palabras, en filosofía del derecho (materia que yo impartí en la Universidad Michoacana) le llamamos “nominalismo”. Ya en otro artículo sostuve que en la interpretación de la ley hay que hacer varias tareas: analizar sus términos, por supuesto; interpretar el conjunto del ordenamiento y, por último, ligar esa interpretación a la vida de la sociedad. Eso requiere no instrumentalizar el derecho, convirtiéndolo en simple herramienta, sino tener claro que el derecho regula la realidad social y le da cauce. Todos los grandes filósofos del derecho han dicho que, al interpretar el derecho, hay que interpretar la vida social y ver si el derecho se ajusta a ella.

La caprichosa interpretación nominalista del derecho les permite a los defensores de la reforma no sólo deformar la función normativa del derecho, sino sus mismos conceptos teóricos. Un profesor del ITAM llegó a decir que los opositores a las reformas sustituyen la interpretación teleológica (saber los fines del derecho) por una interpretación “teológica” (la que, por supuesto, existe y consiste en interpretar textos sagrados o actitudes religiosas) que, según él, es “prender veladoras a las refinerías”. Como le dije a Arturo Zaldívar, para mí, cualquier juez en México, incluso un juez de paz, debería estar facultado para interpretar la Constitución, como en Estados Unidos, pero la llamada “Fórmula Otero” lo impide.

¿Por qué quieren negar que la Corte tenga la facultad de interpretación? Porque piensan que la interpretación es sólo asunto de palabras y, en ese caso, todos podemos interpretar la Constitución. No aceptan, como le dije también a Zaldívar, que la Constitución no es una ley, sino un pacto político hecho de instituciones. La Carta Magna no norma ni regula, instituye, y cada artículo suyo es una institución, a partir de la cual se deben hacer las leyes. ¿Por qué? Porque instrumentalizan la Constitución hasta convertirla en meras palabras. No se qué haya querido decir Miguel Carbonell cuando afirmó que los opositores querían “azuzar la Constitución como si fuera un fetiche”. Para eso sí que se requeriría de un colosal esfuerzo de interpretación y, probablemente, ningún juez estaría en grado de saberlo. Como se puede ver, la interpretación no es cuestión de palabras, sino de sentidos, de significados.


*Tomado de La Jornada.