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jueves, abril 30, 2009

Salud: entre expertos e improvisados*



















Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

El 18 de abril aparecieron dos notas significativas en La Jornada. Una decía que en lo que va del año, es decir, en casi 110 días, habían muerto cerca de 19 mil mexicanos por tabaquismo. La segunda nota decía que la influenza estacional ya había ocasionado dos decesos y que se había triplicado el número de casos de esta enfermedad por comparación con el mismo periodo en 2008. La fuente de la primera nota fue la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la de la segunda la Secretaría de Salud (Ssa).

Cinco días después (el 23 de abril) la misma Ssa, por conducto de su subsecretario (Mauricio Hernández Ávila), negó que hubiera una epidemia y que fuera motivo de alarma. Para entonces ya se habían presentado 20 muertes de adultos jóvenes en el país.

Hernández Ávila fue el mismo que en un discurso dijo textualmente: “Hemos logrado botar la cotidina [sic], que es un metabolismo [sic] del tabaco” y más adelante, en el mismo discurso, dijo: “En términos de proteger a la población de ‘No al tabaco’…” cuando evidentemente quiso decir lo contrario (las cursivas son mías). La cotinina, que no cotidina, es un metabolito de la nicotina, no un metabolismo del tabaco. Su discurso puede leerse en www.cij.gob.mx/congreso2009/pdf/confe_1_mauricio_hernandez_avila.pdf

Así las cosas, con tantas imprecisiones supuestamente científicas, difícilmente podremos confiar en los encargados de la salud pública del país. ¿Cuántas de esas casi 19 mil muertes atribuidas al tabaco fueron por esta razón? Se dice fácil, pero 18 mil 839 muertes significan alrededor de 171 diarias, más de las que supuestamente ha cobrado la llamada influenza porcina que se hiciera evidente cinco días después de la noticia de los fallecimientos por tabaquismo. Lo que tenían que hacer las autoridades de salud pública era decir primero cuántos mexicanos fallecieron en esos 110-120 días, luego demostrar que casi 19 mil murieron por fumar y no por otras razones y, finalmente, separar a éstos de los que fallecieron por influenza estacional y demostrar que fue por esta causa y no por influenza porcina.

En cuestiones de salud estamos en pañales, como demuestra el hecho de que tuvieran que enviar al doctor Francis Plummer, en Winnipeg, Canadá, 50 muestras para descifrar, como dice Mike Davis, “el genoma de la cepa” (Sin Permiso, 28/4/09). Dichas muestras fueron enviadas el 22 de abril y los resultados del análisis estuvieron listos el 24. En él se decía que se trataba de un virus nuevo y reconfigurado (El Universal, 25/4/09). Otro ejemplo del atraso de quienes se presentan como especialistas en salud es el del presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promotor de la ley antitabaco en esa ciudad. Me refiero al diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. Parece broma, pero es parte de un drama. Este diputado, abogado de profesión, hizo su carrera política en el sindicato de la Secretaría de Salud, y esto lo convirtió, para los demás diputados que lo llevaron a la presidencia de la comisión señalada, en un experto. Este “experto” declaró que la influenza es una de las 25 enfermedades “provocadas directamente por el consumo del tabaco” (Diario de Debates de la ALDF). Con las prohibiciones al consumo de tabaco, de acuerdo con el diputado, no debieron darse ni la influenza estacional ni la porcina. ¿O se refería a otro tipo de influenza? La aportación médica del diputado es notable, pues el cigarrillo, según él, no sólo produce influenza sino neumonía. A este mismo diputado, presidente de la Comisión de Salud, le debemos innovaciones médicas como la encefalia (sic) en lugar de cefalea, entre otras.
Lamentablemente para el prestigio de los “expertos” citados, la influenza es una realidad y una epidemia que se está generalizando rápidamente porque no fue prevista a tiempo y porque no se tomaron las precauciones adecuadas ni a tiempo. Antiguamente, cuando había una epidemia mortal se cercaban las ciudades. Ahora, cuando aún no se presentaban casos de influenza en Morelos, el gobernador panista (Marco Antonio Adame) no cercó su estado. Desde el viernes 22 de abril Cuernavaca, por poner un ejemplo, se llenó de automóviles con matrículas del Distrito Federal y, luego, al anunciarse que se cerrarían las escuelas, más emigraron a las tierras de Zapata, con el riesgo de propagar la epidemia. No fue sino hasta el 27 de abril que en Morelos se decretó tomar medidas sanitarias y cerrar escuelas, museos, etcétera, pero para entonces el estado había sido invadido por capitalinos que disfrutan de una segunda Semana Santa. Para colmo, un funcionario de salud estatal ha pedido por radio que todo aquel que presente síntomas de gripe (todas las gripes suelen provocar dolor muscular o en las articulaciones, decaimiento, flujo nasal, estornudos y tos) vaya a los hospitales y a consultas médicas, lo cual provocará, ya provocó, filas de pacientes que tal vez no tengan influenza porcina. En una palabra, reina el descontrol o llegan tarde las medidas que debieron tomarse desde hace por lo menos dos semanas. En contraste, la ciudadanía ha tomado sus precauciones y con los recursos a su alcance ha tratado de no contagiar ni de ser contagiada. Hasta se percibe un ambiente de solidaridad que no es común ver cuando no hay catástrofes.

PD: Para no quedarse atrás, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se presentó a una conferencia de prensa el 28 de abril, sin datos a la mano –dijo como justificación– y se hizo bolas con los números en relación con la influenza. ¿Habrá alguien en quién confiar?

*Tomado de la Jornada

miércoles, abril 29, 2009

Influenza, ¿Orwell o Juan Orol?*














Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Debido a las dimensiones internacionales acreditadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las medidas de emergencia adoptadas en México y en Estados Unidos, y por la aparición de la epidemia de temor, pánico y vulnerabilidad extremas, lo ocurrido con la influenza porcina ha adquirido características dignas de 1984, la distopía más famosa del escritor inglés George Orwell.

Sin embargo, el toque mexicano al estilo Juan Orol le ha dado otras características a la epidemia. La actitud de los gobiernos federal, capitalino, mexiquense y de varios estados es digna de una mala película del famoso director de "churros" mexicanos de los años cincuenta.

Pretenden que creamos que, con tapabocas generalizados, cierres de escuelas, reclusión forzosa en los domicilios capitalinos y una ostentosa y grosera intoxicación informativa –donde son prácticamente linchados quienes cuestionen la eficacia de las medidas adoptadas desde hace cuatro días--, se resolverán la crisis de confianza y las dudas que se han generado en torno al manejo de la peor crisis sanitaria en los tiempos modernos.

Estamos ante una crisis de riesgo global y ni las bravatas de Felipe Calderón o las apariciones de Javier Lozano y las contradicciones del doctor José Angel Córdova evitarán las preguntas que no han sido respondidas hasta ahora:

1.- ¿Por qué si desde el 2 de abril las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron el primer caso de influenza porcina en un niño de 4 años de edad en la comunidad veracruzana de Perote, no se tomaron las medidas adecuadas?

2.- ¿Por qué si desde el 13 de abril el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) había advertido del riesgo de un nuevo virus de influenza, distinto al de la influenza aviar, no se realizaron las medidas epidemiológicas necesarias, la investigación en los laboratorios y el aislamiento indicado entre las personas que estuvieron en contacto con esos primeros pacientes?

3.- No sólo eso. El doctor José Angel Córdoba, el mismo jueves 23 de abril, en la mañana, minimizó la información que ya estaba difundiendo el periódico Reforma. En menos de 12 horas, al filo de las 11 de la noche, anunció las primeras medidas de emergencia sin responder a las preguntas básicas: ¿por qué el titular de Salud modificó el mismo día su apreciación? ¿Qué registros exactos existían sobre las personas que ya habían fallecido de esta nueva epidemia?

4.- ¿Por qué las autoridades sanitarias suspendieron las clases en todos los planteles educativos del país y aún se mantiene abierto un foco de infección, como es la fábrica de puercos de Perote, perteneciente a Granjas Carroll, subsidiaria de la empresa norteamericana Smithfield? ¿Acaso esta empresa, cuya contaminación en las aguas y en el medio ambiente de La Gloria, Veracruz, se ha acreditado no es un foco de infección? ¿A quién quieren proteger o a quién quieren engañar con este escándalo medio ambiental? La Cofepris no ha dicho nada sobre este caso documentado ya en varios medios impresos y denunciado desde hace cinco años por el ambientalista Iván Restrepo.

5.- La duda más perniciosa e incómoda de todas: ¿por qué en Estados Unidos ya se detectaron 64 casos y ninguno ha sido mortal? ¿Qué diferencia hay entre el sistema sanitario y de emergencia de nuestro vecino y el nuestro? ¿Por qué se murieron los pacientes mexicanos y los que están investigándose en Costa Rica, Colombia, Brasil y Venezuela no presentan cuadros mortales como en México?

Estamos ante el encubrimiento más escandaloso de un manejo criminal de la información epidemiológica de México que ha tenido repercusiones globales. Esta es la verdadera dimensión orwelliana del caso de la influenza.

El director general de la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Agenor Alvares, lo dijo claro y contundente el pasado 27 de abril:

"Considero que hubo demora y, en casos como éste, la notificación no debe tardarse".

El reproche a México no podía ser más claro. Por supuesto, eso no se escuchó en las horas de transmisión de los noticieros radiofónicos y televisivos que se han dedicado a intoxicar a sus audiencias cautivas.

La dimensión más oroliana de la epidemia es el tratamiento excesivo, indiscriminatorio de los canales de televisión privados y públicos que están haciendo lo que siempre han hecho: infantilizar a las audiencias con recomendaciones incompletas, regaños absurdos y dándole voz a una serie de "voceros oficiales" que insisten en presumir una eficacia que no se vio con anterioridad.

El exceso de "información" evita la auténtica información. Es decir, la saturación mediática ya no distingue entre lo que es presunción, rumor, regaño o medida de emergencia, creando una hipersensibilidad al tema. El estado de ánimo de los capitalinos pasó de la incredulidad al pánico y a la depresión. No será difícil prever que cuando se cuenten con los elementos necesarios de información, el enojo y la ira sociales serán mucho mayores de lo que han previsto las autoridades.

No se puede infantilizar eternamente a las audiencias, mucho menos cuando se juega con su salud y con el estado de ánimo.

Por lo pronto, el impacto económico para el sector restaurantero del Distrito Federal es brutal. La Canaco-Servytur calcula en 777 millones de pesos las pérdidas acumuladas desde el viernes 24 hasta este martes 28 de abril. Y puede rebasar los mil millones de pesos sólo en la capital del país. Las agencias de turismo y las aerolíneas están en el pánico más absoluto. El destino mexicano o "la marca" México está señalada ahora a nivel internacional por un virus que, siendo atendible y curable, se ha convertido en una especie de peste negra.



Email: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

martes, abril 28, 2009

Epidemia de ineptitudes*







Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.



ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 27 de abril (apro).- El lunes 13 de abril, tres días antes de la visita a México de Barak Obama, presidente de Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento del primer caso de influenza en el país y justo cuando el estadunidense desahogaba aquí una breve agenda, incluida una cena en la que saludó de mano a centenares de invitados, las autoridades de salud decretaron la alerta epidemiológica.

Así, pese a todo el poderoso aparato de seguridad de Estados Unidos y del país anfitrión --que incluyó tropas provistas de armas letales, vehículos de guerra, helicópteros y aviones--, la vida de Obama estuvo en riego ante el virus de influenza porcina.

"El equipo de la Unidad Médica de la Casa Blanca en el terreno preguntó a funcionarios mexicanos de salud y al equipo médico de la embajada de Estados Unidos sobre cualquier preocupación sobre enfermedades infecciosas, y fuimos informados que no había ninguna", declaró hoy Robert Gibbs, portavoz presidencial de ese país, luego de ser cuestionado en su rueda de prensa habitual.
Sin embargo, ante las especulaciones de que los estadunidenses –incluido Obama-- están furiosos porque el gobierno de Calderón ocultó información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos, el vocero optó por la diplomacia: "No nos notificaron, pero no tenemos razón para creer que ocultaran información que tenían hasta ese momento."
Pero el dato es relevante no porque la vida de Obama sea más importante que la de cualquier mexicano –bajo ninguna circunstancia debe serlo--, sino porque revela que en esos días se sabía, al más alto nivel, que se cernía una amenaza sobre México y se escamoteó para, luego --ante la gravedad de hechos inocultables--, dar paso a una estrategia que tiene a la mayoría de la población en un estado de zozobra y terror.

No fue sólo la repentina decisión de la noche del jueves, cuando el gobierno de Calderón anunció una serie de medidas para afrontar la epidemia –entre ellas la suspensión de clases en el Distrito Federal y el estado de México, de la que millares de padres de familia se enteraron al llegar a los planteles--, sino los anuncios que le siguieron, entre ellos el cierre de centros de entretenimiento, que prácticamente paralizaron las actividades productivas de ambas entidades, particularmente en el Valle de México.

Pero más aún: La suspensión de clases hasta el 6 de mayo, primero en los estados mencionados y en San Luis Potosí, y luego en todo el territorio nacional, ha generado una sicosis que revela no una estrategia para capitalizar política y electoralmente el terror de la sociedad --a lo que son tan proclives las derechas, como Calderón, y que tampoco habría que descartar--, sino la ineptitud y la insensibilidad que demuestran los erráticos pasos que ha dado el gobierno.

La epidemia de la influencia porcina es un problema gravísimo, de tal magnitud que más vale que Calderón –y por supuesto las autoridades de todos los niveles involucrados en el cuidado de la población-- actúe y hable con la verdad, incluyendo las consecuencias de carácter económico que padecerá México, en lo inmediato por la inactividad en las diversas ramas productivas, entre ellas el desplome del turismo, y luego las exportaciones.

Salvo la muy superficial declaración de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, de que habrá una afectación por la epidemia, Calderón no ha informado sobre la magnitud del impacto.

El gobierno capitalino que encabeza Marcelo Ebrard, y que tampoco es la representación de la eficacia, dio a conocer que las pérdidas son superiores a los 700 millones de pesos diarios por la contracción del 60% de la actividad productiva.

Y, sobre todo, es preciso que las autoridades atiendan el ánimo de la sociedad, expuesta a una avalancha de información que aturde y confunde. Que paraliza.

La crisis generada por la epidemia ha puesto de manifiesto, también, la enorme debilidad tecnológica de México en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la dependencia de equipos para no depender de laboratorios de países extranjeros para identificar la cepa del virus y que, en este caso, se dejó en manos de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno federal alega que no se dio información a Barak Obama de que ya se conocía al menos un caso del virus de influenza porcina, el que se detectó tres días antes de la visita, debido a que sólo se confirmó la tarde del miércoles 22, fecha que dio Calderón mismo, pero con ello exhibió justamente el desdén por la investigación científica, incluida por supuesto la clínica, que implica inclusive el desabasto de medicamentos y vacunas contra enfermedades como la que se abate en México.

Pero todavía peor: Tal como documenta el semanario Proceso en la edición de esta semana, se sabía que en México se tenía prevista una pandemia de la influenza desde 2001, y aun se creó, en 2006, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza.

"El reloj de la pandemia está corriendo, sólo que no sabemos qué hora marca", sentencia un documento al respecto publicado en el reportaje principal de la revista, que además consigna la elaboración de un Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza.

Sí, pero sobrevino la tragedia.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

lunes, abril 27, 2009

Influenza: El gobierno, con las defensas bajas*








Tomado de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


DANIEL LIZáRRAGA

Felipe Calderón inició su gobierno con ambiciosos planes de salud, pero la epidemia de influenza por virus porcino provocó una reacción oficial errática: primero se trató de minimizar el brote y después se tomaron medidas que cau-saron pánico. Documentos obtenidos por Proceso demuestran que la autoridad sanitaria conocía las altas probabilidades de que acometiera una de las formas más dañinas de influenza. Pero no llegó el virus aviar, sino un mal para el que no hay vacuna: la falta de previsión.

Aún bajo los latigazos de la crisis financiera internacional, en medio de una batalla cada vez más cruenta contra el narcotráfico y con los pleitos electorales encima, se le abrió al gobierno de Felipe Calderón un cuarto frente: brotó en el país la epidemia de influenza por virus porcino, una enfermedad respiratoria contra la que no existe vacuna y la cual ha cobrado ya alrededor de 68 víctimas, según la estadística oficial.

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos –a quien Calderón le confía una parte clave de su estrategia para promover las acciones de su gobierno–, pasó de describir el brote como “casos habituales fuera de temporada” a la admisión de que se trata de una epidemia y, ante la presión general, a anunciar medidas preventivas extraordinarias para evitar que la enfermedad se propague descontroladamente, dada su peculiar virulencia.
Y entonces sí, Calderón convocó al Consejo de Salubridad General que depende de la Presidencia y encabeza el secretario de Salud, con facultades para establecer medidas obligatorias y que abarca a todas las organizaciones, públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, y todas aquellas que estén relacionadas con éste, incluyendo las autoridades administrativas federales, estatales y municipales.

En la rueda de prensa que ofreció en Los Pinos el viernes 24, Córdova Villalobos explicó que el primer caso del tipo de influenza que tiene en alerta al país se registró el lunes 13 y que, después de practicarle los estudios correspondientes al paciente se decretó la alerta epidemiológica el jueves 16.

En este período, la información sobre lo que sucedía en los hospitales de la Ciudad de México se mantuvo bajo resguardo hasta que los laboratorios de Estados Unidos y Canadá detectaran con precisión cuál era esa enfermedad.

El funcionario ha permanecido al lado del presidente Felipe Calderón desde el pasado miércoles 22, cuando laboratorios de Toronto, Canadá, le confirmaron al gobierno de México que se estaba enfrentando una situación inédita en el mundo por la capacidad de acción que mostraba este virus. Se especificó entonces que los especialistas canadienses descubrieron en él componentes genéticos propios de los cerdos.

La noche del jueves 23 se tomaron las primeras medidas de prevención, entre ellas la suspensión de clases en todos los niveles, desde preescolar hasta universitario.

Alrededor de las 9:00 horas del viernes comenzaron a llegar los secretarios de Estado a Los Pinos. El día anterior Calderón, de gira en el Estado de México, recibió la confirmación de que se trataba de influenza por virus porcino, y desde entonces estaba en contacto permanente con el secretario de Salud para medir el avance de la epidemia.

La noche del viernes, en la reunión del Consejo de Salubridad General, el presidente Felipe Calderón dijo estar consciente de la seriedad del brote de influenza por virus porcino, y que ya se habían tomado las medias necesarias para proteger a la población.

“Les aseguro que tanto el gobierno federal a mi cargo, como los gobiernos de las entidades federativas correspondientes, señaladamente el Distrito Federal, así como el Estado de México, estamos realizando todas las acciones pertinentes, llevando a cabo las acciones necesarias para hacerle frente a este problema, cuya naturaleza nos fue informada el día de ayer por la tarde, una vez que las autoridades sanitarias internacionales y los más prestigiados y especializados laboratorios del mundo estuvieron en posibilidad de examinarlo y constatar su naturaleza”, indicó.

A su vez, el secretario de Salud anunció a los medios: “Todas las Unidades de Medicina Familiar del Seguro Social permanecerán abiertas el fin de semana, en horario normal, para atender las solicitudes de consulta”. Añadió que el riesgo será menor en la medida que la gente acuda con su médico en cuanto sienta los primeros síntomas: fiebre superior a los 39 grados, tos seca y dolores musculares.

La prevención, rebasada

Proceso obtuvo copias de documentos oficiales que muestran cómo, a partir de recientes experiencias en otros países, el gobierno federal ya esperaba un posible brote de influenza, pero cuando éste llegó no pudo contenerlo de inmediato.

La preparación consistió en que se consolidara el Grupo Federal de Seguridad para la Salud en 2001, y en 2003 se creó el Grupo de Trabajo de Pandemia de Influenza.

Ya en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, de 2006, el gobierno mexicano puso como ejemplo el caso de Hong Kong, donde en 2002 la influenza causó 299 defunciones y una pérdida de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto.

Con los parámetros de la pandemia de la llamada gripe española en 1918 –se apunta en el estudio, del que Proceso obtuvo una copia–, se ha estimado, mediante un modelo matemático, el impacto que podría tener una pandemia actual en México: en seis meses, resultaría “35 por ciento de la población infectada; 200 mil muertes; 25 millones de consultas y 500 mil hospitalizados”.

“El reloj de la pandemia está corriendo, sólo que no sabemos qué hora marca”, se advierte en el documento. Y pese a que se identifica la gravedad de los riesgos, en ese plan de preparación elaborado por especialistas no se contemplan medidas concretas para el caso de que este virus sufriera mutaciones.

Durante 2006 y 2007 las autoridades sanitarias mexicanas se prepararon para enfrentar la gripe aviar, y para ello elaboraron el Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza. No obstante, este virus mutó y, en esta transformación, México quedó expuesto a una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal, de acuerdo con los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como en ese manual no se contempló el comportamiento del virus porcino, las estadísticas de morbilidad sobre este mal, así como de neumonías y otras enfermedades asociadas a él, sólo se remiten a la gripe aviar.

El Estado mexicano contaba ya con una completa descripción de los síntomas y medicamentos. Incluso definió cuál era el trabajo que debería elaborar cada una de las autoridades del sector salud.

Según el citado manual, “la identificación del virus de la influenza se realiza en México desde el año de 1957. En el año 2000 se llevó a cabo un reforzamiento del sistema, con la incorporación y capacitación de una Red de Laboratorios para el procesamiento y diagnóstico de muestras. En ese mismo año, México se incorporó a la red de notificación mundial de influenza en donde semanalmente se están reportando casos probables, confirmados y los subtipos identificados en el país”.

La posibilidad de que el virus por influenza aviar mutara aparece únicamente como una posibilidad: “(…) La influenza tipo A, además de las aves, puede infectar varias especies animales, entre las que se encuentran los cerdos, los caballos, las focas y las ballenas”.
Esta es la única referencia que existe en este documento oficial de 81 páginas, dedicado por completo a las medidas necesarias para detener una eventual pandemia de influenza aviar. La posibilidad de que éste se transformara en un virus porcino no vuelve a tocarse, ni siquiera a mencionarse.

Medidas extraordinarias

La diferencia entre la influenza aviar y la influenza por virus porcino es importante. Para la primera de ellas existe una vacuna, que se ha venido aplicando en centros de salud en todo el país, sobre todo a los ancianos y los niños, en tanto que para la segunda no hay vacuna y sólo puede combatirse con medicamentos, una vez detectada.

Por eso, en la rueda de prensa del viernes 24, José Ángel Córdova dijo que la OMS recomienda no aplicar la vacuna de la influenza aviar para los casos que conforman este brote de la nueva variedad causada por el virus porcino. Ya el Gobierno del Distrito Federal había anunciado lo mismo.

“Lo mejor es aplicar el antiviral sólo en los casos diagnosticados. Para este germen, que es nuevo, no hay vacuna. Lo que pasa con este virus es que tiene dos componentes, el Brisbane y el euroasiático. La vacuna que aplicamos normalmente sólo podría enfrentar el primero de ellos”, explicó Córdova.

La influenza por virus porcino apareció por primera vez en 1976, en Wisconsin y Fox Dix, Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de ese país controlaron el brote cuando sólo siete personas habían enfermado. Ahora, ha aparecido en México en 1 mil 4 casos en el Distrito Federal, el Estado de México y San Luis Potosí. En esta última entidad se detectaron 46 casos probables, de los cuales sólo se han confirmado plenamente cuatro de ellos, según la Secretaría de Salud federal.

Por lo pronto, el gobierno federal enfrentará la epidemia mediante la aplicación de los antivirales Oseltamivir y Zanamivir. De acuerdo con el secretario de Salud, el abasto de estos medicamentos es de un millón de dosis y se tienen pactadas más compras con los laboratorios que los producen
“Tenemos un millón de dosis y van mil casos. Esperemos que esto no tenga una progresión exponencial, (porque) entonces sí nos vamos a poner a batallar”, expuso Córdova Villalobos en la rueda de prensa.

De igual manera, informó que se instalarían puestos ambulantes para repartir protectores bucales. Así se hizo, al menos en el Distrito Federal, y algunos de ellos han estado a cargo del Ejército.

“Nuevamente hacemos un llamado a la población para evitar eventos multitudinarios y lugares concurridos, especialmente a la población de jóvenes, que es la más vulnerable”, dijo Córdova, y agregó que para contener el brote de influenza por virus porcino será clave la oportuna distribución de medicamentos.

Sin embargo, en las calles de la capital mexicana se siente la tensión. Aparte de la suspensión de clases y de todos los eventos públicos que fueron anunciando las autoridades locales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público extendió el plazo para la Declaración Anual de Personas Físicas hasta el próximo 31 de mayo.

La noche del viernes 24, José Ángel Córdova dijo que aún es temprano para determinar el tiempo que durará la alerta por el brote de influenza de virus porcino en México, pero calculó que en 10 días podría verse cómo evoluciona el comportamiento de la enfermedad.
En entrevista televisiva, Córdova Villalobos reconoció que es muy probable que continúen suspendidas las clases en todos los niveles de escuelas públicas y privadas, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, “porque va a ser difícil que la epidemia vaya a estar contenida” después del fin de semana.

El funcionario agregó: “De cualquier forma, mañana (sábado 25) voy a tener yo una reunión con el secretario (Alonso) Lujambio (de Educación Pública) y mañana por la tarde-noche estaremos en condiciones de anunciarlo, esto también para que las familias se puedan preparar, y yo entiendo muy bien la necesidad de organizar”.

Se justificó: “Hemos hecho lo de la suspensión de las clases –prosiguió Córdova–, hemos sido prudentes, todavía, de que no haya ninguna suspensión laboral, que esto ya tendría implicaciones mayores. En algunos sitios, aquí por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal determinó acertadamente que se suspendieran muchos de los espectáculos, que hay mucha gente que se congrega y, bueno, estas acciones pudieran irse multiplicando”.

Afortunadamente, dijo Córdova, la OMS no ha decretado la cuarentena y el cierre de fronteras para México, por lo que no hay restricciones para el turismo.

Sin embargo, como la epidemia preocupa a la comunidad internacional por la novedad del virus, la OMS enviará a México expertos en epidemiología que apoyen las acciones del gobierno.

Los medicamentos para controlar la influenza por virus porcino se regalarán en los centros de salud. Ante la inexistencia de una vacuna contra esta enfermedad respiratoria, Córdova recomendó que las personas con síntomas de gripe fuerte se acerquen de inmediato a los centros de salud para que sean atendidas, diagnosticadas y recetadas con el medicamento específico.

Con todo

Ante la situación y los enormes peligros potenciales, el gobierno de Felipe Calderón ha utilizado como herramienta de trabajo un documento titulado Lineamientos para la Estrategia Operativa Multisectorial. Dentro de ésta, se han formado diversos grupos.
En el denominado “Salud” participan la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México, la Cruz Roja, las Asociaciones y Colegios Médicos.

En el llamado “Funcionamiento Económico” incluye a la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Banco de México, la Asociación de Bancos de México, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria de la Información, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

En el grupo de servicios básicos trabajan la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Postal Mexicano.

En el de “Seguridad” quedaron la Secretaría de Gobernación (Segob), la Dirección General de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras que en el grupo de “Educación” participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Nacional de Padres de Familia y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por separado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) puso a disposición del gobierno federal el tiempo de Estado que le corresponde en radio y televisión, por un período indefinido, para que la Secretaría de Salud difunda las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria.

El acuerdo, aprobado por unanimidad, indica que si bien la autoridad electoral no interviene en asuntos sanitarios, se encarga de administrar los 48 minutos de televisión y 65 minutos en radio del tiempo del Estado, por lo que de acuerdo con la Constitución el IFE está obligado a aportar ese tiempo en caso de situaciones graves.

Por ello, cuando el gobierno lo decida, podrá hacer uso de estos 113 minutos en los medios electrónicos. El IFE tomó la decisión luego de recibir el viernes 24 una carta del secretario de Salud, en la que le solicita liberar ese tiempo de Estado “para afrontar con prontitud y eficacia la situación, abarcando a la totalidad de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión”.

En el documento aprobado se establece que, durante el período que abarque la alerta, la Secretaría de Gobernación (Segob) informará cada tercer día al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, sobre el tiempo y los días que requiere para continuar con la atención y control de la emergencia.






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Ciudad enferma*


MARCELA TURATI

De la sorpresa al chacoteo, del escepticismo al susto, los capitalinos cambiaron su estado de ánimo y su apariencia de la noche a la mañana, literalmente. Las historias de familiares de pacientes con influenza –o al menos la sospecha– que hacen guardia fuera de hospitales abarrotados trasminan desconfianza, mientras los rumores se esparcen más rápido que el virus, inmunes a la información oficial que agobia al país.

Brenda Guadalupe Oviedo quizá sea una de las pocas personas que pueda decir que estuvo internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el epicentro nacional de la gripe porcina, y venció al virus de la influenza.

Su aislamiento duró 48 horas, en las que estuvo recostada en una camilla, bajo observación médica, entubada por las fosas nasales y a dosis de antivirales.
Cumplía los requisitos para ser considerada una emergencia sanitaria: tos, temperatura, ataques de asma y parentesco con una mujer bajo aislamiento en ese mismo hospital y con diagnóstico de influenza.

Ese par de días los médicos se dieron cuenta que la joven Oviedo “tenía principios” del virus pero inhibió su desarrollo. Ella se dio cuenta de otras cosas.

“Hay unas 13 personas en cuidados intensivos por la influenza. Unos están en urgencias, pasando de ahí están primero los bebés; más allá, tres o cuatro cuartos con letreros que indican que esos son pacientes con sospecha de influenza, y al fondo están mi mamá y otros. En su puerta dice que ellos sí tienen influenza”, dice sin despegar la vista del hospital.


“Influenza”, “epidemia”, “gripe porcina”, “brote”, “emergencia sanitaria”, son los nuevos terminajos que desde el jueves por la noche encabezan las preocupaciones nacionales.
De un minuto a otro, las noticias sobre la red de ciberpederastas y los pleitos de curas contra narcos fueron sustituidas por la información de la epidemia que tiene semiparalizadas a la capital del país y al Estado de México.

Desde la noche del jueves que el Secretario de Salud, José Ángel Córdova, apareció en cadena nacional anunciando la suspensión de clases por la nueva “amenaza respiratoria”, que tenía pinta de gripe aviar, el ánimo de los capitalinos cambió. Y también su apariencia.
Primero, fue el susto (“es señal del Apocalipsis”, escribieron varios en su facebook).
Después, el escepticismo (“esto es fascismo puro, el nuevo chupacabras”, dijeron los más abusados). Más tarde la sorpresa, cuando se informó que era una mutación porcina. Las bromas pronto se abrieron paso (“en buena onda, no besen a sus patos y puercos”, reclamó alguno; “el chilango es inmune, nunca le pasa nada”, presumió otro).

Entre broma y veraz, los cubrebocas pronto se abrieron paso como accesorio de moda y a medio viernes ya se habían agotado en la mayoría de las farmacias de la ciudad.

La foto de la chilanguiza bajo cuarentena anímica pronto dio la vuelta al mundo. También las imágenes de las mamás despistadas llevando a sus hijos a las primarias clausuradas (“por órdenes presidenciales hoy no habrá clases”) y de los hospitales resguardados por policías con cubrebocas.


Desde el miércoles, el INER parece una fortaleza. Los familiares esperan afuera, ya no duermen por las noches en los pasillos. Sólo pocos logran traspasar el embudo policiaco y llegar a la recepción.

Desde que el diario Reforma informó en su primera plana que la influenza tenía un comportamiento atípico, que estaba más contagiosa que nunca y que no se había esfumado con el invierno, en el hospital cambiaron las reglas.

Los policías comenzaron a bloquear accesos y los administradores a reducir a media hora las visitas a los pacientes y de un solo familiar por turno.


“Persona con virus de influenza”, se lee afuera del pequeño cuarto del INER, en el que duerme sedada Paola Osnaya, ama de casa de 23 años, mamá de una niña de siete.
“Está muy grave. No nos dicen ya nada”, dice desde la calle su mamá, Alejandra Alquizira, mientras espera el horario de visita.
Ella está confundida. Dice que su hija entró con neumonía y empeoró en el hospital.
“Cuando entró nos dijeron que tenía neumonía, después pulmonía y que en la prueba de influenza salió negativa, pero días después pusieron un letrero en la puerta que decía ‘persona con virus de influenza’”, dice perturbada.

La mujer argumenta que antes de que le pusieran “los tubos de oxígeno”, a Paola se le veía bien; traía algo de tos pero ya había superado la temperatura.

“En el Seguro Social, donde la habían revisado, nos dijeron que era una neumonía sencilla que se podía tratar en casa, pero como ya le dolían los pulmones la trajimos aquí. Y no sé si aquí agarró otra cosa, porque se empezó a poner mal.”


El primer día de suspensión de clases, todos los noticiarios se enfocan a dar detalles sobre el nuevo y atípico virus. Comienza la especulación al por mayor de si fue traído de Asia o entró por Estados Unidos, si comer carne de puerco y convivir con cerdos es causa de contagio, si el gobierno inventó el anuncio para distraer la atención, o si dejar de dar besos y caricias responde a una estrategia de “la derecha” gobernante.

“Chavos, calmen la hormona. Nada de besarse y compartirse el chicle con la novia”, bromeaba un locutor de radio al mediodía.

A la una de la tarde, una llamada a Radio 13, de una persona que se identifica como médico que trabaja en el INER, y no da su nombre por “temor a las represalias”, señala que la influenza se salió de control por negligencia del hospital.

“Llega un paciente de Tabasco hace unos días diciendo el padecimiento que tenía y lo ingresan a la sala de urgencias, y de ahí se hizo el contagio, no hicieron caso del diagnóstico y tampoco se armó un cerco sanitario (...) falleció a los cuatro días y las otras 12 personas (que estaban en la sala de urgencias) en el transcurso de esos días. Quisieron tapar las cosas y no dijeron la verdad (…) Aquí hay pacientes y hay enfermeras con ese problema, enfermeras que estuvieron en contacto con los pacientes…”
No es el único que cuestiona lo que pasa puertas adentro del INER.


“Desde que empezó el escándalo a los muertos ya no los sacan con carroza, ahora los sacan en ambulancia. Hay por lo menos dos decesos diarios, pero el miércoles hubo siete”, dice a esta reportera uno de los empleados de este hospital, que se esconde para poder hablar sin ser visto.

Este hombre asegura que el INER es un foco de contagio. Que han ocurrido más muertes que las reportadas.

“Ya no quieren admitir más gente porque aquí es foco de infección. Llegaba gente con gripa, con tuberculosis o neumonía y aquí adentro la influenza se les detonó al doble o al triple. Ya tenía 15 días que se había decretado el brote de influenza, se hizo incontrolable, y gente que no estaba tan mal se agravó y falleció.”

No hay forma de confrontar su dicho con el de la Secretaría de Salud, porque aunque Proceso les solicitó en dos ocasiones una entrevista, no respondieron.


“Hemos estado aquí varios días, hemos visto salir muchas ambulancias y carrozas (fúnebres). Nos informaron que aquí han muerto cinco bebés y sabemos que muchos pacientes tienen también influenza. Yo creo que como 10 de los que vi han fallecido.”
Esto lo dice Diana Fuentes, quien hace guardia sentada junto al puesto de periódicos que en portada y al unísono avisan de la suspensión de clases por el nuevo y contagioso virus. Ella está todo el día pendiente de las noticias que pueda tener de su esposo, Ricardo Jarquín.
La mascarilla que lleva para evitar contagios sólo deja ver sus ojos grandes como de musulmana, y una mata de pelo negro, rizo, largo.

Su esposo Ricardo recorrió consultorios médicos durante una semana, antes de ser atendido en el INER: en el Hospital General le diagnosticaron anginas ulceradas, en las farmacias del “Doctor Simi” le vendieron un remedio que no le sirvió y un médico particular le encontró neumonía (“no nos dijo nada de la influenza”) y sugirió que lo ingresaran al INER.

De tan grave que llegó, Ricardo no hizo antesala, fue trasladado directo a urgencias.
“Otras veces le había dado gripa y tos, pero se le quitaba, y esta última vez fue más grave. Empezó con una infección de garganta, tos, gripa, temperatura que se le quitó pero después le dolían las piernas, tenía ganas de volver, no podía respirar, hasta que lo vimos que se puso morado de la boca, las manos y los pies”, dice Diana, resignada.

“Los doctores nos dicen que dentro de lo que cabe se encuentra estable. Parece que la influenza ya cedió, pero tiene otra bacteria que no reconocen.”

Diana piensa mucho en cómo y dónde pudo haberse contagiado su esposo con esa mutación de virus de influenza. No atina. Cree que pudo haberla pescado en cualquier lado, “en el pesero, la calle, saludando a un conocido”. Lo que sí da por cierto es que la depresión que tuvo su esposo al quedar desempleado le hizo reducir sus defensas.


A la señora Mónica González, otra de las mujeres que hace guardia afuera del INER, no le cabe duda que su esposo Alejandro, de 31 años, se contagió del virus arreglando un gallinero que todavía tenía desperdicios y que se le acentuó cuando viajó a Veracruz en Semana Santa, donde pasó tres días sin camisa ingiriendo bebidas muy frías.

“Ya lo trajimos con mucha tos con flemas, con coágulos de sangre, muchísimo dolor, ya no respiraba bien. Los doctores que lo vieron antes nos dijeron que tenía amígdalas, luego que infección estomacal y luego que la infección era en el oído y la garganta, y que el vómito era por la temperatura”, dice la mujer de ojos verdes y rostro oculto tras el cubrebocas.

Al INER llegó con diagnóstico de neumonía y a manera de bienvenida lo entubaron para ayudarlo a respirar. “Sospechoso de Influenza”, dice el letrero que colocaron afuera de su cuarto.

“Los doctores están investigando dónde agarró la enfermedad, están haciendo muchas preguntas: que si convive con gallinas o aves, o vive cerca de basureros o rellenos, o que si tiene vicios”, dice su esposa.

Ella ya fue advertida por los médicos de que su esposo podría empeorar. Ahora mismo su bebé, de menos de dos años, también está en observación porque presenta calentura.

Dice que desde el viernes los ingresos hospitalarios se tranquilizaron, pero un día antes de que el secretario de Salud aceptara que la influenza se convirtió en epidemia “llegaban y llegaban pacientes: más hombres que mujeres, jóvenes, y una niñita de ocho, nueve años”.


Las opiniones expertas están divididas.

Por un lado, infectólogos como José Luis Arredondo García, del Instituto Nacional de Pediatría, aprueban el procedimiento seguido por las autoridades.
“Lo que está haciendo el gobierno federal junto con los del Distrito Federal y Estado de México es correcto, porque lo primero que hay que hacer es soltar una alerta epidemiológica informando que hay un problema y hay que cuidarse; lo segundo es establecer cercos epidemiológicos, identificar y cercar los casos para que no se diseminen, e informar a la población lo que tiene que hacer para evitar el contagio”, opina.

Por otro lado, no faltan quienes cuestionan la actuación del gobierno. Uno de ellos es Joel Herrera, quien fue asesor de la exsecretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Assa Cristina Laurel, y quien culpa al gobierno federal de haber dejado crecer los casos.

“En diciembre no había vacunas para la influenza en la mayor parte de los hospitales, eso lo detectamos. También vimos que desde febrero empezaron a saltar los casos de influenza en el reporte epidemiológico semanal, pero no se cumplieron los protocolos establecidos en el plan nacional que se hizo en 2006, cuando se desarrollo la gripe aviar, para atender una pandemia de influenza. No siguieron el plan establecido y ahora sólo están generando pánico”, critica.


A una cuadra del INER, el cuidacoches Isidro Ahumada García y su compañero de oficio lavan los autos que tienen bajo su cuidado. Se ven curiosos con sus mascarillas antigripales remojando autos.

“Pasaron los doctores para decirnos que no salúdemos ni respíremos cerca de nadie”, informa Isidro cuando se le saca plática.

Y no pierde la oportunidad para soltar el chisme: “Han venido muchos enfermos, vienen graves, gravísimos, más de lo normal”.

En la puerta del hospital no se ven los ingresos de emergencia que reportan los cuidacoches. Sólo familiares que hacen guardia, afuera, a la espera.

Este viernes llegan tres ambulancias, pero las regresan con todo y enfermo. No a todos se les permite el acceso. A algunos les dicen que mejor se busquen otro hospital.


Menudo susto decretar la existencia de una epidemia y anunciar que sólo hay 1 millón de vacunas, en una ciudad como la de México, con 20 millones de habitantes.

En las tres farmacias ubicadas enfrente del INER se escucha todo el viernes la misma conversación mecánica ante cada cliente que ingresa.

–¿Tiene cubrebocas?

–No.

El que sigue.

–¿Tiene cubrebocas?

–Ya no.

Harto de confirmar la negativa, un empleado sólo atina a alzar los hombros. Ni tapabocas ni vacunas ni lociones sanitizantes para desinfectarse las manos que tocaron otros cuerpos.
En la ventanilla de informes del INER ocurre lo mismo.

–Vengo por una vacuna, ¿dónde hay? –pregunta una joven vestida de negro, a quien se le trasluce el susto.

–Ya no hay, se acabó, tenían los centros de salud y los laboratorios pero ya no tienen –le dice la recepcionista.



La declaratoria de emergencia hizo que por primera vez después del temblor del 85 se suspendieran clases en la ciudad de México. Le siguieron el cierre en cascada de museos, auditorios, bares, estadios.

(“Vendo boletos baratos Pumas vs. Chivas”, comenzaron a publicitar algunos por internet antes de que se anunciara que el partido se realizará “a puerta cerrada”, sin público y con las cámaras de televisión como únicos testigos.)


El aviso de la declaratoria de emergencia satura los hospitales. Remuerde la conciencia de todos los que se rehusaban a atenderse médicamente. Ese mismo día una doctora particular se sorprende porque recibe llamadas de 70 pacientes solicitándole cita.

Al INER llegan muchas personas que durante la semana ignoraron sus padecimientos respiratorios.

Una de ellas es una abuela arrepentida, que se transportó desde el Ajusco, con su nieto Jezrael en brazos, después de que escuchó las noticias y contó en más de tres los días en los que el bebé llevaba “con temperatura y moquito”.

En cuanto sale de la consulta donde le explican que sólo padece una gripe típica, la abuela abraza a Jezrael, lo estruja, lo besa, aliviada.


“Paciente con influenza”, se lee afuera del pequeño cuarto del INER donde está internada Laura María Leal, una de esas mujeres adultas queridas por todos sus conocidos: fuerte, alegre, activa, colaboradora en la colonia y en el templo.

El sábado 11 fue uno de esos días en los que sus hijos la vieron especialmente activa. Al día siguiente, de pronto, se acostó en el sillón de su sala y ya no volvió a levantarse.
“Le llegó una temperatura horrible, pensábamos que era gripa nada más: tenía escurrimientos nasales, escalofríos, temperatura, se le cerraron los pulmones y un dolor que la tiró en cama”, dice su hijo Gerardo Oviedo, quien mira hacia la puerta del hospital, esperando a que llegue el momento de las visitas.

Cuando la señora Laura María se quedó inmóvil, Gerardo y su hermana Brenda la llevaron al Hospital Rolosa, de Coacalco, Estado de México, donde le pusieron una mascarilla en la nariz como único tratamiento.

“El hospital no se quiso hacer cargo de mi mamá, nos dijeron que nos rentaban el tanque y que nos la lleváramos en el taxi a otro lado donde la atendieran. Así que rentamos una ambulancia y la trajimos aquí”, dice el joven de 19 años.

Ya en el INER, los médicos le diagnosticaron influenza. Dijeron a Gerardo y a Brenda que como su mamá tiene 50 años aguantaría menos que los jóvenes que estaban muriendo por esa enfermedad. Y que era víctima de una contagiosa epidemia.

Pero por ahora parece que la señora Laura María está venciendo a la gripe porcina.
“Ayer que pasé a que me dieran informes la doctora me dijo que va muy bien, y que así como vamos mi mamá va a ser de los pocos casos que se haigan salvado”, dice sonriente Gerardo.

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Preocupación mundial*


HOMERO CAMPA

Ante el brote de influenza porcina en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión urgente del Comité de Emergencia con el propósito de establecer si esta enfermedad y su eventual propagación constituían una amenaza para la salud de la población del planeta.

En esa reunión –programada para el sábado 25 en Ginebra, Suiza–, el comité tenía previsto analizar los informes presentados por la Secretaría de Salud de México, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de un equipo de investigación de la propia OMS que estuvo en México la semana pasada.

En función de ello, la OMS podría elevar el nivel de alerta de pandemia, que hasta el viernes 24 era de 3, en una escala de 1 al 6, y recomendar una serie de medidas: desde emitir advertencias cuando se viaje a México, solicitar apoyo internacional en equipo médico y antivirales, hasta establecer un cerco sanitario al país.

El vocero de la OMS, Gregory Hartl, declaró el viernes 24 que ese organismo requiere mayor información epidemiológica antes de decidir cualquier cambio en la alerta de pandemia. Precisó que los expertos del Comité de Emergencia desean conocer la estructura del genoma del virus A/H1N1–hasta ahora desconocido–, su capacidad de contagio y las medidas e infraestructura existentes en México para controlar su expansión, entre otros aspectos.

“Dado que hay casos asociados con un virus de gripe animal y debido a la expansión geográfica de múltiples brotes comunitarios, así como por lo inusual de los grupos de población afectados, estos sucesos son preocupantes”, señaló la OMS en un comunicado difundido el viernes 24.

Ese mismo día, la organización internacional informó que activó su Centro de Operaciones Estratégicas de Salud, encargado de tomar acciones para controlar problemas graves de salud pública.

Al mismo tiempo, distintos países adoptaron medidas en previsión de que la epidemia de influenza porcina salga de las fronteras de México.

Así, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México activaron el Plan de Contingencia para Norteamérica con el propósito inicial de “intercambiar información y de establecer una coordinación para tomar medidas preventivas que correspondan al caso”, dijo Julio Camarena Villaseñor, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa celebrada el viernes 24.

“No se trata de una alerta internacional”, atajó el funcionario. Y agregó que hasta ese momento el plan no implica restricción alguna de viajes de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá o la prohibición para exportar productos hacia esos países.

Este plan de contingencia forma parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada por los tres países en 2005, el cual establece una serie de planes y programas conjuntos para, entre otros aspectos, prevenir diferentes modalidades de atentados terroristas como, por ejemplo, ataques bacteriológicos.

Richard Besser, director interino del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), declaró el viernes 24 que era demasiado tarde para contener el brote epidémico de la influenza porcina, cuyo primer caso se presentó en México el pasado 18 de marzo: “Hay indicios que sugieren que su contención no es probable”.

Opciones de control

Hasta la semana pasada, se habían presentado ocho casos de esta enfermedad en Estados Unidos. Según Besser, los expertos del CDC analizaron 14 muestras con cepas virales de pacientes mexicanos y en siete de éstas identificaron la influenza porcina. Aseguró que los componentes genéticos de los virus son similares a los encontrados en los pacientes de Estados Unidos. Sin embargo, destacó un hecho: en ese país el efecto de la enfermedad no ha sido letal y en México sí.

El mismo viernes 24, la OMS, el CDC y la Agencia de Salud de Canadá anunciaron que enviarán expertos en epidemiología para determinar tanto la estructura genética del virus como para recomendar acciones que permitan controlar el brote epidémico.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de Francia activó una unidad de crisis con el propósito de seguir la evolución de la “situación sanitaria en México”, según un comunicado emitido por la Dirección General de Salud de ese país.

“Una reunión interministerial tuvo lugar el viernes 24 en París para hacer un balance de la situación y pensar en las medidas que deben implantarse a nivel nacional (en Francia)”, expresó el comunicado. Y añadió que la “unidad de crisis emitirá recomendaciones para los franceses que viven en México y consejos para los que viajen allí”.

Por su parte, mediante un boletín el Ministerio de Salud de Nicaragua declaró la “alerta sanitaria” ante un eventual brote de influenza porcina en su territorio. Lo hizo como “una medida de prevención” después de que la OMS confirmó la aparición de la enfermedad en México y Estados Unidos.

En Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe envió una alerta a funcionarios de puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para “reforzar la vigilancia sanitaria” de mercancías, según informó a la agencia Reuters una fuente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), autoridad en materia de control sanitario de productos y servicios.

De manera similar, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ordenó al personal de puertos, aeropuertos y puntos fronterizos aumentar el control de pasajeros y equipajes de viajes provenientes de México.

Según un comunicado de esa dependencia, personal de inmigración “orientará” a los viajeros que van a México sobre la situación sanitaria de este país. Además, debe aumentar las precauciones ante posibles casos de contagio, incrementar las inspecciones de carga y equipaje, así como reforzar las medidas de limpieza y desinfección de los medios de transporte.

Y el Ministerio de Salud de Chile informó el viernes 24 en un comunicado que “está atento a la evolución del brote de influenza porcina (en México), y cualquier modificación o alerta que surja de la OMS será comunicada de manera oportuna a la opinión pública”.
Y, entre tanto, anunció que la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias reactivó ya un “plan de prevención”.

*Tomados de la revista Proceso.

domingo, abril 26, 2009

Tarifas eléctricas: ¿desorden o fraude?*

Tomado de La Jornada, Hernández.


Antonio Gershenson

Es sabido que pasan cosas fuera de lo que antes sucedía con las tarifas eléctricas. De un cobro, por ejemplo, de 500 pesos bimestrales, el siguiente recibo llega, también por ejemplo, de 3 mil pesos. A veces la diferencia es mayor, y en muchos casos el consumo real de la vivienda en cuestión es mínimo.

Se supone que el salto de la tarifa doméstica “normal” a la “de alto consumo” debería ser al rebasar el consumo de 250 kilovatios hora (Kvh) al mes, o sea 500 bimestrales. Pero no sólo eso. Ese debe ser el consumo promedio de los últimos seis bimestres, o sea del último año.

De modo que al que “reclasificaron”, por usar algún término, ya no regresa tan fácil, porque debe tener menos que ese consumo límite promedio de un año. Como es muy difícil saber qué pasa individualmente, vamos a ver lo que pasa globalmente, primero con el consumo doméstico.

Vamos a ver primero qué pasa con el consumo, o sea cuántos Kvh se consumieron en cada año. En el período de 2002 a 2008, hubo un aumento acumulado en el consumo doméstico nacional, o sea las dos grandes empresas de servicio eléctrico, de 24 por ciento. Pero en el dinero pagado globalmente por toda esta energía, el aumento acumulado en el mismo período fue de 116 por ciento. Desproporcionado, ¿no?

Si hacemos el cálculo, el porcentaje que resulta de estas dos cifras, que nos da el aumento acumulado del costo por Kvh, es de 74 por ciento en esos seis años, de 2002 a 2008. ¿Y qué sucede con las tarifas oficiales?

Las tarifas son muy complicadas. Debemos tomar, en el caso de la tarifa doméstica “normal”, un renglón típico, al fin que se supone que los criterios para aumentar estas tarifas son similares o iguales. Tomamos la tarifa intermedia, de la región central (la que concentra más consumidores), hasta 140 Kvh mensuales y en el mes de diciembre de cada año. Resulta que el aumento acumulado de la tarifa en el mismo período es de 30 por ciento. Esto está, obvio, fuera de proporción con el 74 por ciento de aumento real en el costo del Kvh cobrado.

Veamos qué pasa con la tarifa de alto consumo (TAC) en el mismo período y en las mismas condiciones. Y nos encontramos con un aumento de 78 por ciento. Se supone que la TAC se aplica sólo en casos de consumo muy alto que no son, ni de lejos, la mayoría. Por lo tanto, este porcentaje no puede, por sí mismo, explicar la gran diferencia entre el aumento real, medido, entre el 30 por ciento de aumento de lo que se supone debía cobrarse a la gran mayoría, y el 74 por ciento de aumento de lo que se cobró al conjunto de los usuarios en la realidad.

Hay dos posibilidades que, al mismo tiempo, pueden ser ciertas: una, los usuarios que en realidad cambiaron de categoría por haber aumentado su consumo en forma tal que rebasaron los 500 Kvh bimestrales en promedio anual; pero éstos no podrían ser millones, como para que su tarifa pesara mucho en el total. Por lo mismo habría una segunda posibilidad, en la que hubo una parte que “fueron reclasificados”, digamos, a la brava, con la alteración de su consumo.
¿Y si fue accidental la reclasificación? Pues tendría que ser, si es al azar, parte a favor del consumidor y parte a favor de la empresa eléctrica, o de la Secretaría de Hacienda, que finalmente se queda con el dinero y/o lo maneja. El promedio debería ser muy similar al de las tarifas. Y en la realidad, no tenemos noticia de que haya “errores” a favor del consumidor. Queda, entonces, muy reforzada la posibilidad de que sea una forma de “nivelar el presupuesto”, para usar el término de un funcionario.

Veamos otro caso importante, el del consumo para uso agrícola. Aquí hay falta de transparencia en el manejo de las tarifas. La tarifa 9, la original, ha subido de manera salvaje: de 26 centavos en diciembre de 2002, a 1.22 pesos en el mismo mes de 2008. Es decir, 363 por ciento de aumento. Hay una tarifa 9M, cuando la energía se recibe a un voltaje más alto llamado tensión media, y que no tiene una diferencia muy grande con la 9. Y tarifas muy baratas en comparación, la nocturna a 21 centavos y la diurna a 42 centavos, sólo a solicitud expresa del usuario y hasta un límite que fija la autoridad a su voluntad; después de ese límite entra la tarifa normal.

Con este cuadro, es obvio que, por decirlo dulcemente, la capacidad de gestión del usuario cuenta mucho. Hay que gestionar las tarifas baratas y su rango de aplicación. Y es obvio que los usuarios con mayor capacidad económica tienen también mayor capacidad de gestión con la autoridad. De modo que el subsidio está al revés de lo que debía de ser. Se subsidia más a los de mayor capacidad económica.

El resultado global, nacional, con los mismos criterios usados para las tarifas domésticas, nos muestra los siguientes resultados: aumento acumulado de los seis años del consumo en Kvh, 9 por ciento (esto incluye años en los que el consumo agrícola de plano bajó, por los altos precios y por la difícil situación del campo); aumento acumulado, en el mismo período, del dinero pagado por la electricidad, 77 por ciento; aumento acumulado del costo por Kvh en los mismos seis años, 62 por ciento. ¿Es eso subsidio al campo, apoyo al campo? Por supuesto que no. Es una contribución a la crisis en el campo, y en la proporción que se puede esperar, a la crisis del país. Junto con los aumentos al precio del diesel y al de los fertilizantes, estrangula al campo y a los campesinos. Y el daño humano no sólo es al campesino, sino al habitante de la ciudad que tiene que pagar más por sus alimentos o deteriorar su régimen alimenticio y su salud.

gershen@servidor.unam.mx

*Tomado de La Jornada

sábado, abril 25, 2009

Desfiladero*


Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.
• No es una epidemia

• No es una epidemia

• No es una epidemia


Jaime Avilés


En su conferencia de prensa de ayer a las dos de la tarde, el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, afirmó que el virus de influenza porcina que ha ocasionado al menos 20 muertes en el valle de México se transmite de humano a humano, y no sabemos de ningún caso en que las personas infectadas hayan estado en contacto con cerdos. Por lo cual recomendó que sigamos comiendo productos derivados de esos animales. Pero al mismo tiempo que así hablaba el funcionario calderónico, la agencia alemana de prensa, Dpa, distribuía información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) de Estados Unidos, que entre otras cosas reveló lo siguiente:

En ese país, desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2009 se han confirmado 12 casos de humanos infectados con el virus de influenza porcina; todos, excepto uno, en personas que habían tenido contacto con cerdos. No hay evidencia de transmisión de humano a humano. El CCPE añadió: Cuando una cepa de influenza comienza a infectar a las personas y cuando adquiere la capacidad de transmitirse de una persona a otra puede desatar una pandemia. ¿A quién le creemos?

El virus en cuestión, clasificado como A-H1N1, en las últimas semanas infectó a siete estadunidenses, de los cuales todos ya se curaron. El CCPE sospecha que podría ser el mismo que causó 16 muertes en México y quizá 45 más. Según Córdova Villalobos, los decesos registrados en el valle de México son 60, pero en sólo 20 casos se ha identificado a plenitud el nuevo virus de la influenza porcina. Como salta a la vista, 20 o 60 o incluso 200 víctimas de un virus, en una población de 24 millones de habitantes, no constituyen una epidemia, sino apenas un brote de enfermedad.

Desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, una lectora asidua de esta columna envió una copia del informe restringido sólo para uso de funcionarios de la ONU en México a propósito de la influenza estacional. El documento, que circula desde ayer en la tarde, dice así:

Tomando en cuenta la situación de influenza en el país, la cual está siendo atendida por la Secretaría de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se recomiendan las siguientes medidas: mantenerse alejado de las personas que tengan enfermedad respiratoria. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos y cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en las casas, oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común.

Agrega: En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones, se deberá acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. Luego vienen estas palabras en letras muy negras: En caso de corroborarse la enfermedad, para no contagiar a otros, se recomienda, y en letras normales de nuevo enlista: Visitar al médico para que establezca diagnóstico y tratamiento. Quedarse en casa y mantenerse en reposo hasta que no haya síntomas. Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar. Utilizar cubrebocas. Tirar el pañuelo desechable en una bolsa de plástico. Estornudar sobre el ángulo interno del codo (sic). Una vez transcurridas 24 horas sin ningún síntoma se puede regresar a las labores habituales.

Por último, el informe observa que la vacuna que se aplicó en diciembre de 2008 es la misma que se está aplicando en el presente año y no es necesario revacunarse en este momento. Nota: recomendamos estar atentos a las instrucciones y recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Tremendismo inaceptable

La sobriedad de esa carta dista del tremendismo que Córdova Villalobos, el gobierno (o lo que sea) de Felipe Calderón, y los medios electrónicos a su servicio fomentan desde el jueves por la noche. Para la ONU no hay ninguna epidemia. Sus funcionarios en México no tienen prohibido ir al cine o al teatro o a estadios o a bares y restaurantes. Deben, eso sí, alejarse de personas enfermas de las vías respiratorias, y aislarse de inmediato si ellos mismos padecen alguna afección de este tipo. Ver al médico, aceptar un tratamiento y quedarse en reposo hasta que se alivien. Punto.

Eso sí, de acuerdo con nuestra lectora neoyoquina, están en alerta desde ayer. Su contrato los obliga a contestar el teléfono a cualquier hora de la noche, y a presentarse a su centro de trabajo o donde les indiquen. En el hipotético caso de que mañana hubiese, por decir una cifra, 150 mil personas infectadas que de repente podrían requerir atención médica en clínicas y hospitales, tienen que estar disponibles. Nadie sabe cuál es la difusión actual de la enfermedad. Ese es el gran enigma que pende sobre México, y que el mundo contempla atento. Pero, por fortuna, en muy pocos días quedará despejado.

Todos los virus de la influenza son aeróbicos, es decir, sobreviven en contacto con el aire hasta por 72 horas. Pueden resistir sobre una superficie como la del teléfono, el barandal, las manijas, el interior del coche, etc., y se debilitan o mueren con la luz solar. Pero como penetran en el organismo humano por la boca y por la nariz, no hay que olvidar las recomendaciones de no saludar de mano o de besito, lavarse las manos varias veces al día, no acercarse a los que estornudan o ya de plano tirarse al suelo en posición pecho a tierra si alguien con quien hablamos de repente lo hace (ay, sí).

Debemos estar atentos y ser cuidadosos, pero también tomar en cuenta que los funcionarios de la ONU poseen los seguros de gastos médicos y de vida más caros del mundo, y que sus jefes no los pondrían en riesgo aconsejándoles medidas precautorias inferiores a los mínimos de seguridad, porque si éstas resultaran insuficientes las pérdidas económicas serían desastrosas. Así que, en serio, no permitamos que nadie nos manipule mediante el tremendismo, del que ha hecho uso, de manera irresponsable y sospechosa, el secretario de Salud.

Si el jueves a las cuatro de la tarde –como reveló ayer en su conferencia de prensa–, Córdova Villalobos ya sabía que el virus de la influenza porcina era de una cepa nueva y capaz de ocasionar una epidemia, ¿por qué esperó hasta las 11 de la noche para anunciar la suspensión de clases en todos los planteles del valle de México?

Al cierre de esta edición, desde Washington, un experto de la Organización Mundial de la Salud, entrevistado por Carmen Aristegui aseguró que no existe ningún antiviral que sea eficaz para combatir a la cepa A-H1N1 recién descubierta. Esto desmiente la falacia que Córdova Villalobos dijo en la tarde, en su conferencia de prensa, cuando afirmó que se cuenta con antivirales suficientes y adecuados para hacer frente a la enfermedad: hay un millón de dosis y van mil casos de contagio. Sí, pero ninguna de esas dosis sirve para nada.

Postdata: profesores y estudiantes del Politécnico preparan medidas para exigir la renuncia de Fernando Sariñana a la dirección de Canal 11. La semana próxima, cuando se normalicen las cosas, empezarán a actuar.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, abril 24, 2009

La sumisión*





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


Luis Javier Garrido

¿Existe aún un gobierno nacional en México, o la administración de facto de Felipe Calderón ha cedido ya todas las facultades esenciales del Estado a los poderes trasnacionales con la complicidad de la cúpula del PRI?

1. La crisis financiera y económica hace estragos en el país, pero no puede ocultar que el gobierno ilegítimo, lejos de atender las exigencias de los mexicanos, sigue sumiso a Washington, continuando el desmantelamiento del país y entregando el control del mismo a agentes estadunidenses.

2. La intervención de Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadunidense, el miércoles 22 ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes quedará no como el testimonio de la voluntad de su gobierno de dar una supuesta ayuda técnica a su vecino –como Barack Obama ha pretendido presentar sus políticas injerencistas–, sino como uno de los discursos intervencionistas más denigrantes para nuestro país que se hayan pronunciado en décadas recientes. Para la señora Clinton, tareas sustantivas del Estado mexicano son ya responsabilidad del gobierno de Washington y van a cumplirlas, incluyendo la prerrogativa que informó se están arrogando de “matar mexicanos”, como destacó Televisa en sus informativos del mismo día.

3. La secretaria de Estado Clinton afirmó ante los legisladores que en su viaje a México constató la incapacidad del gobierno de Calderón para enfrentar al crimen organizado, pues “el gobierno, las policías y el ejército están rebasados por los cárteles de las drogas”, por lo que demandó más recursos para esa lucha, asumiendo que el diseño de las políticas contra la delincuencia de México son responsabilidad de Estados Unidos al margen de la legalidad mexicana y que en los hechos la persecución de los delitos cometidos en territorio nacional es asunto suyo. “Tenemos que liberar a México”, dijo, y derrotar, desarmar y capturar a los dirigentes de los cárteles o “matarlos”, enfatizó (El Universal, 23/4/09).

4. La política debe entenderse sobre todo a partir de los hechos y no sólo de las palabras o de las apariencias, como han pretendido hacerlo quienes se han encantado con la presencia de un afroestadunidense en la Casa Blanca, creyendo que este hecho, aunado a la partida de Bush II auguraba políticas radicalmente distintas de Estados Unidos. La noción de “corresponsabilidad” en el discurso del equipo de Obama, que tanto están reiterando, significa para ellos vía libre para el intervencionismo y la obligación de una subordinación absoluta para “los estados” sometidos a su hegemonía, como es cada vez más el caso de México bajo la administración ilegítima de Calderón, que está creándole al país una situación de extrema gravedad en sus relaciones con Washington, lo mismo en pactos y acuerdos que en las prácticas indignas, la que va a ser muy difícil de enfrentar en el futuro a un gobierno democrático.

5. La “corresponsabilidad” no significa para Washington más que sumisión, y el único papel que la administración de Obama parece conferir a Calderón es fungir como su personero en tareas sucias, como la de lograr un cambio de régimen en Cuba, según lo sentenció Carlos Pascual, vicepresidente de la Institución Brookings y futuro embajador, ya en tono de procónsul (22 de abril). En la cumbre de Trinidad y Tobago, Obama preconizó “el diálogo” con Cuba (lo que suscitó una respuesta afirmativa del presidente Raúl Castro), pero muy pronto se precisó que dicho “diálogo” no podría tener más objetivo que el cambio de régimen en la isla, según el diccionario obamita (El País, 19/4/09), lo que determinó el análisis clarísimo de Fidel Castro sobre lo que está aconteciendo.
6. Las resistencias en el interior del gobierno panista para mantener la onerosa “guerra contra el narco”, impuesta por la DEA a Calderón, y que ha hundido en el desprestigio a su gobierno, se han venido abajo en consecuencia, y tras el anuncio de Fernando Gómez Mont (titular de Bucareli) de que las fuerzas armadas mexicanas regresarían a los cuarteles como exigen diversos sectores (17 de abril), Alejandro Rubido, el nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, le rectificó diciendo que los militares seguirán en las calles por lo menos hasta 2012 (22 de abril), lo que hace ver que se plantean mantener el escenario de amedrentamiento de la población para las elecciones presidenciales.

7. La guerra contra el narcotráfico ha fracasado totalmente y éste sigue floreciente en el país porque no se ha tocado la estructura de los políticos coludidos con los cárteles, como afirmaba Raúl Vera, obispo de Saltillo, (El Universal, 23/4/09), ni la estructura financiera, vinculada con los intereses de bancos y corporaciones trasnacionales. Los señalamientos de que el narco penetró las campañas de Fox en 2000 y de Calderón en 2006 cobran así mayor vigencia.

8. La clave de lo anterior está en la naturaleza del poder económico y político que gobierna a México, y, por encima de los intereses en el narco de panistas y priístas, aparece también el papel institucional del PRI. La responsabilidad por el desmantelamiento del Estado mexicano no es sólo del equipo de un mediocre extremista de derecha, sino de quienes lo impusieron y siguen protegiendo. El PRI ha respaldado la “guerra contra el narco” a sabiendas de que es una patraña y de que está sirviendo como puerta de entrada para un intervencionismo sin precedente, porque es la mano de Carlos Salinas de Gortari la que mueve las tres cunas del PRI –la de Beltrones, la de Peña Nieto y la de Beatriz–, como reconocía Proceso 1694, y con tal de salvar sus intereses no duda en sacrificar al país.

9. La mano metida en el narco la han tenido todas las instancias de poder en México y ahora buscan tomar distancias.

10. La derechización que se vive en el país para ocultar la gravedad de la crisis es muy grave y no extraña, por lo mismo, que en una de las cuatro iniciativas de corte franquista llamadas de “anticrimen” enviadas por Calderón al Congreso el pasado 22 de abril, pretenda que se le otorgue la facultad de poder declarar él solo –y al margen del artículo 29– la suspensión de hecho de las garantías constitucionales, olvidándose que ese desprecio a la sociedad es el que conlleva el propio fracaso histórico del proyecto entreguista.

*Tomado de La Jornada.

jueves, abril 23, 2009

Ante la crisis de representación*











Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Hlguera y Rocha y El Universal, Helioflores.



Octavio Rodríguez Araujo

El número de encuestas sobre las próximas elecciones se multiplica, como ha ocurrido desde algunos años conforme se acerca el momento en que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, sean en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Ahora es el turno de la Cámara de Diputados y de otras elecciones locales que coinciden en la misma fecha.

Las encuestas conocidas nos hablan de alta abstención y de cierta inclinación al voto nulo. Ambas expresiones, que ciertamente pueden darse en julio, serían una demostración de que los partidos y sus candidatos han caído en descrédito. Pero también la llamada cámara baja, lo cual no sería una novedad.

Los diputados en México no han gozado de la simpatía de los ciudadanos desde, por lo menos… siempre. Hubo una época, si le creemos a Rudolph de la Garza en un viejo estudio sólo publicado en español parcialmente, en que los diputados cumplían también funciones de gestoría. Pero desde hace unos 40 años con trabajos son identificados en el distrito donde fueron electos, sin duda porque han hecho muy poco por sus electores, si acaso los han tomado en cuenta. Los diputados son, en conjunto, representantes de la nación, pero individualmente se deben, refiriéndome a los de mayoría relativa o uninominales, a quienes los llevaron a la Cámara. Los de representación proporcional o plurinominales, en cambio, se deben a negociaciones en la cúpula de sus partidos para lograr los primeros lugares en las listas que nos presentan en cada elección (tal vez esto explique por qué algunos precandidatos cambian de partido, pues no será lo mismo ocupar el lugar 15 en una lista que el tercero, por ejemplo).

No es exagerado decir que en México, y quizá en muchos otros países, los políticos y la política se han desprestigiado en años recientes, sobre todo a partir de que tanto izquierdas como derechas se corrieron a un conveniente centro donde han terminado por confundirse unos con otros. En el centro político, cuya característica principal es la ausencia de compromiso con una clase social concreta, todos los partidos se parecen y ofrecen más o menos lo mismo. El centro es, de alguna manera, la no definición y ésta, a su vez, la mejor forma de ganar más votos, pues es más incluyente que las propuestas más definidas, más comprometidas, más clasistas. Cualquier partido que quiera de veras ser competitivo en los tiempos actuales tendrá que ubicarse en el centro ideológico y político, es decir, en el poco o nulo compromiso con determinados sectores de la población.

Sin embargo, en lo anterior ocurre una paradoja: un partido de centro (izquierda o derecha) gana más votos que si fuera de izquierda o derecha radicales, pero pierde credibilidad, identificación del elector con él. Es probable que esto explique por qué los líderes han podido posicionarse por encima de los partidos y con más éxito que éstos.

La extensión de la paradoja mencionada tiene un resultado más o menos visible: cada vez menos ciudadanos se identifican con los partidos existentes, con los órganos de representación y con la política. Si A se parece a B y B se parece a C, ¿por qué votar? Y, si además, una vez que están en la Cámara o en el gobierno de un estado o en la presidencia de un municipio no hacen lo que prometieron en campaña ni lo que demanda la gente, menos interés por votar.

El problema es que si pocos votan y muchos se abstienen o anulan su voto en las casillas electorales, no cambian las cosas. Los que voten, sean los que sean, decidirán la composición de la Cámara o el gobierno de un estado o de un municipio. La representación en las democracias se gana con votos, con un voto más que los contrincantes. La legitimidad que otorgan las mayorías no les importa a los representantes o, en otra interpretación, las mayorías son las que ganan aunque sean menos que las mayorías que se abstienen. Así funcionan las reglas democráticas. Y, dicho sea de paso, la democracia no tiene la culpa de la pérdida de credibilidad de los partidos y de sus candidatos. Son éstos los culpables por no ofrecer en el discurso y en sus acciones suficientes atractivos para ganar realmente a las verdaderas mayorías y hacer de la democracia un ejercicio de auténtica participación popular. Bien decía Carlos Vilas que "la democracia representativa está relacionada penosamente con la participación social", peor cuando los partidos poco hacen, si acaso, por incitar responsablemente tal participación de la sociedad. López Obrador lo está intentando arengando al pueblo y trasmitiendo su mensaje en su ya largo recorrido por todo el país, pero los partidos no han hecho lo mismo. ¿Pensarán los dirigentes de los partidos que es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública levantar y formar la conciencia política del pueblo? No lo creo, pero tampoco cumplen esta función, ni como partidos ni como representantes electos. ¡Y luego quieren que voten por ellos!

Lo que ahora está en juego en el ámbito federal no es la Presidencia sino la composición de la Cámara de Diputados. Hagamos todo lo posible por que el PAN, que en las encuestas está mal, pero mejor que el PRD, gane el menor número posible de curules. No será anulando los votos ni quedándose en casa como se podrá castigar al partido blanquiazul. Habrá que participar, aunque sólo sea para disminuir la representación del PAN. Todos los partidos se parecen, pero no son iguales, y esto hace la diferencia. Muchos dirán que no hay a cuál irle. De acuerdo, pero, como en todo arreglo partidario, siempre hay unos que están más a la derecha que otros.

Hay, ciertamente, una crisis de representación, pero no hagamos de ésta una crisis de participación. De nuestra participación dependerá que los derrotados no seamos nosotros.

*Tomado de La Jornada.

miércoles, abril 22, 2009

El Chapocalipsis y los Obispos*













Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El obispo de Durango, Héctor González Martínez, pudo haber obtenido, el viernes 17 de abril, los 30 millones de pesos de recompensa que la PGR ofrece para quienes aporten datos del paradero de narcotraficantes, pero a cambio abrió las compuertas del infierno y generó una airada reacción de las mismas autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y de los propios cárteles.

"Más delante de Guanaceví, por ahí vive El Chapo. Todos lo sabemos, menos la autoridad", afirmó González Martínez en una improvisada y electrizante declaración.

El obispo no sólo rompió, al parecer, un "secreto de confesión" entre un sector de las autoridades y el capo consentido de la revista Forbes. También denunció que la actividad de Joaquín Guzmán Loera provoca una "psicosis casi caótica" en San Bernardo y El Oro, aledaños a Guanaceví, así como en los otros municipios de Durango, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y Tepehuanes. Así mismo, denunció que una banda llamada "la Familia Zacatecana", procedente de Coahuila, ha sembrado el terror en esas zonas.

La respuesta ante la infidencia del obispo fue más preocupante. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza Cristerna, afirmó que si el responsable de la diócesis de Durango tenía pruebas, debía aportarlas a la autoridad, y negó que ellos deban investigar "de oficio".

El silencio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ha sido brutal. Sólo Jorge Carpizo, exprocurador y jurista, afirmó que el obispo debió comparecer ante la PGR y que "esta información no se dice en público, sino que hay que hacerla del conocimiento de la autoridad en privado, porque si no se advierte a la otra persona y entonces resulta una declaración escandalosa sin ningún efecto jurídico".

La respuesta del narcotráfico se produjo este martes. Dos militares, en labores de inteligencia, fueron amordazados y acribillados en la sierra de Tepehuanes, colindantes con el municipio duranguense de Guanaceví. La información que se ha difundido hasta el momento señala que en el cuerpo de ambos se leía el siguiente mensaje: "con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes".

Si es verídico este mensaje, El Chapo está reaccionando y generando una nueva espiral de terror. No es la primera vez que su figura está relacionada con las autoridades eclesiásticas. Al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ni más ni menos, lo acribillaron en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, precisamente porque lo "confundieron" con El Chapo Guzmán, según la versión oficial de la PGR de entonces, por cierto, dirigida por Jorge Carpizo.

Pero, en este sentido, la reacción más preocupante es la de las propias autoridades. El obispo González Martínez optó por "morderse la lengua". "Estoy sordo y mudo", dijo poco antes de su homilía dominical. Los otros integrantes de la Conferencia Episcopal Mexicana han transitado de la solidaridad a la crítica hacia su colega. El obispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien estuvo antes en la diócesis "caliente" de Tijuana, afirmó que los narcos respetan a hombres y mujeres católicos. ¿Será? ¿Acaso los más de 2 mil muertos este año eran agnósticos y ateos?

El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, ha subrayado que el gobierno federal debe brindar seguridad y protección al obispo. Tiene razón en este sentido. Por ahora, el mensaje de El Chapo parece ser muy claro: "bienvenidos al Chapocalipsis".

Email: jenarovi@yahoo.com.mx


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2006-2009: oprobiosa impunidad militar*

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar ante tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.

Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.

En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.

Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.

Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.

Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.

Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.

Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.

El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.

La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.

Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.
Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.
Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.

Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.
Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.

El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.

Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.

Descrédito

De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.

De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.

En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.
Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán, con 75, y Guerrero, con 51.

Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de los dos últimos, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).

Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa, 19; Baja California, 18; Oaxaca y Tamaulipas, 17 cada uno; Tabasco, 14; Distrito Federal, 13; Coahuila, 12, y Veracruz, 10.

Después, Morelos, con siete; Chiapas, seis; Estado de México, Jalisco y Zacatecas, cinco cada uno; Sonora, cuatro; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, tres; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, dos cada uno, y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.

Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.

Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.

Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.

En 2007, se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.

Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.

En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.
De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.

Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.

Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.

En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.

Abusos

El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.

La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.

Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.
Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.
Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.

A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.

El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.

Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.

No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.

Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.

Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).

Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar.
Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.

Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).

La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.

En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.

El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.

A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:

“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.


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Entre Los Zetas y la SIEDO...*

RICARDO RAVELO

Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.

La tarde del 8 de mayo de 2008 la señora Marta Reyes Martínez, quien se dedica al comercio, no quería regresar a su domicilio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin antes pasar, como de costumbre lo hacía, a comprar dólares en la casa de cambio Mi Banquito, donde ya era conocida desde hacía 20 años por Leopoldo Castañeda García, el dueño.

Oriunda del estado de Michoacán, con residencia en Texmelucan, Estado de México, Reyes Martínez había llegado a esa ciudad fronteriza acompañada de su hijo, un niño de 14 años que no habla y se le debe alimentar mediante mamilas.

Poco antes de la siete de la noche, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, la dejó en la casa de cambio, donde después de comprar los dólares –llevaba consigo unos 145 mil pesos– esperaría a las personas provenientes de Laredo, Texas, que le surtían perfumes, zapatos, chamarras y otros artículos que ella vende. Sin embargo, sus proveedores nunca llegaron.

Cuando salió del establecimiento fue secuestrada por agentes de la Policía Ministerial de Nuevo Laredo que –asegura– están coludidos con Los Zetas.

Entrevistada por Proceso el miércoles 15, Reyes Martínez narra la pesadilla que vivió en Nuevo Laredo durante los 15 días que permaneció atada de pies y manos en una casa de seguridad de Los Zetas que, según ella, operan con la protección de la policía y de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Asegura que elementos de esas dependencias le ofrecieron dinero para que se desista de su denuncia y del señalamiento que hizo contra tres miembros de Los Zetas a quienes reconoció como sus plagiarios.

Cuenta que el día de su secuestro sus proveedores se retrasaron y decidió no esperarlos. Cuando se despidió del dueño de la casa de cambio, éste le dijo que aguardara un momento. Y ocurrió algo inusual: le pidió un taxi para que la llevaran a su casa. Después de abordar el vehículo, Castañeda García le dijo al taxista: “Llévate a Martita, por favor, a su casa… Tú ya sabes…”

–¿Sintió miedo en ese momento? –se le pregunta.

–No. Tenía la certeza de que ya iba a mi casa. El taxista me preguntó si podía pasar a recoger a una persona que lo estaba esperando; le dije que sí y me senté a un lado de él.
–¿Qué pasó después?

–Pasamos por la persona y cuando se subió al coche empezó a hablar por radio. Hablaba en clave. Escuché que se refería a una persona o a un lugar, algo así como El Ocho. El vehículo avanzó y cruzamos varias calles. Le pedí al chofer que me dejara en un Oxxo, porque ahí iba yo a comprar la leche para mi hijo.

“Me dijo que no podía bajarme. Yo le pregunté por qué y comenzó a insultarme; me golpeó la cabeza y me jaló el bolso. Pensé que se trataba de un robo, y que eso sería todo.
“Durante el forcejeo llegó una patrulla y pensé que llegaba en mi auxilio, pero no fue así: me entregaron con los policías municipales de Nuevo Laredo. Me bajaron del taxi y me subieron a la patrulla. Uno de los agentes me golpeó y me puso un trapo negro en la cabeza; me despojaron de mi nextel y del dinero que llevaba. Sólo me quedé con un teléfono celular chiquito y planito que había guardado en la bolsa de mi pantalón de mezclilla.

“La patrulla comenzó a avanzar y logré observar que íbamos por el panteón Los Ángeles, entre callejones y brechas; llegamos a un lote baldío, donde había unas rampas de cemento. Ahí me sentaron. Yo seguía con la cara semitapada. Escuché que empezaron a llegar varios vehículos.

“Me ataron de pies y manos y entre varios hombres me aventaron a una camioneta que de inmediato emprendió la marcha. Mientras el vehículo avanzaba escuché que alguien decía ‘vete despacio porque por aquí andan los guachos’. Oí que llegamos a una casa porque se abrió un zaguán. Me levantaron y me dijeron: ‘no se mueva ni grite, porque le disparo’. Me bajaron y me metieron a un cuarto, donde me caí tres veces, hasta que me detuve en una cama o un sofá.

“Me caí porque tropezaba con pies y manos de otras personas que estaban secuestradas y tiradas en el piso. Al acomodarme en el sofá me comenzaron a golpear. Sentí que me jalaron mis arracadas y una esclavita de oro que traía puesta. También me sacaron mis anillos y me quitaron el reloj. Les pregunté por qué me tenían ahí y me respondían que no me podían contestar.”

Ejecución

La señora Reyes no tuvo duda, dice, de que aquella pesadilla era un secuestro. El 18 de mayo –10 días después del plagio perdió la noción del tiempo y “se me borraron las fechas”– sigilosamente sacó su teléfono celular y marcó el número telefónico de un amigo, cuyo nombre “prefiero omitir”, pero al que se refiere con el sobrenombre de Popeye.
Recuerda que en el cuarto donde estaba no había luz. Sólo escuchaba los diálogos y la música de fondo de una película que nunca terminaba. El volumen era muy alto. “Cuando me contestó mi amigo le dije que estaba en peligro, pero tuve que colgar porque una persona que estaba cerca de mí me dijo que no hablara, que eran Los Zetas quienes nos habían secuestrado. Al oír eso lo primero que pensé es que no saldría con vida de ahí, por lo que yo había escuchado de ellos en las noticias”.

En el momento en que la escucharon, uno de los centinelas de Los Zetas entró a la recámara y le preguntó con quien hablaba. Pero Reyes Martínez dice que después de la llamada “rompí mi celular y le dije a la persona que entró al cuarto que mi teléfono no servía”. Se tranquilizaron, recuerda, aunque escuché otra voz que, con tono de enojo, dijo: “Si vuelve a hablar sacas a la vieja para que la tablees”.

Tan pronto el custodio salió de la recámara, uno de los secuestrados, que gemía de dolor debido a que llevaba varios días esposado, “me sugirió que ya no hablara”. “La van a matar, señora”, me dijo.

–¿Qué le daban de comer?

–La mitad de un sándwich y un vaso de agua. Nada más me daban permiso de ir una vez al baño, por eso prefería no comer y beber poco líquido. Un día me interrogaron. Fue terrible. Me quitaron la venda del rostro y sólo me dejaron una playera negra sobre la cabeza, pero se me ocurrió levantar la cara y les ví el rostro a dos o tres de mis secuestradores. Se molestaron mucho y uno de ellos dijo: “Dale un pinche plomazo”. “¿Qué me ve?” –gritaba. “No lo vi, joven”, le dije.

Al verla en crisis, sus captores le preguntaron qué medicamentos tomaba, “porque les dije que yo estaba enferma, que padezco de cirrosis hepática. Me llevaron unas pastillas y comencé a tranquilizarme”.

Ese mismo día, Los Zetas dieron la orden de asesinar a una de las personas secuestradas, al que llamaban, según Reyes Martínez, El Camaleón, pues traía una figura de cocodrilo tatuada en la espalda; tenía como 27 años de edad, y estaba rasurado como militar.
–¿Usted vio cuando lo asesinaron?

–Sí, entre tres zetas lo ahorcaron. Fue espantoso. Yo pensé que me harían lo mismo. Luego arrastraron el cuerpo y ya no supe qué pasó

Mientras Reyes Martínez vivía esa pesadilla, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, llevaba varios días tratando de localizarla. Desesperado, acudió a la casa de cambio para preguntarle a Leopoldo Castañeda si sabía algo, y éste le respondió: “Ya te he dicho que la puse en un taxi, y que no supe más, qué quieres que haga”.

Atenazado por la angustia, López Beltrán –quien acompaña a su esposa durante la entrevista– cuenta que no tuvo más remedio que presentar una denuncia en Nuevo Laredo e informar a las autoridades que su mujer había desaparecido.

Entre el 20 y el 23 de mayo, Reyes Martínez fue liberada. Dice que no recuerda el día preciso porque estaba muy confundida. En horas de la madrugada la subieron a golpes a una camioneta para llevarla a un sitio oscuro en donde la abandonaron.

–¿Cómo fue su liberación? ¿Que le dijeron Los Zetas? ¿Como la trataron?

–Me dejaron en una colonia sin luz. Iba yo descalza. Uno de Los Zetas le decía a otro que ya le parara, que yo ya estaba grande, pero ese hombre me gritaba que si volteaba a verlos me iba a meter un plomazo.

“Yo le dije: ‘No, joven, le juro que no voy a voltear; es más, no voy a decir nada’. Y cuando me aventaron a un zacatal me dijeron que a temprana hora fuera yo a la Ministerial a retirar la denuncia que había puesto mi esposo. Caminé por ese terreno hasta que me encontré a unos señores y me llevaron a mi casa. Eran las siete de la mañana y sólo pensaba en regresar a la Ciudad de México.”

La otra pesadilla

Horas después de haber sido liberada por Los Zetas, un grupo de agentes ministeriales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acudió al domicilio de Marta Reyes. Llevaban órdenes de presentarla para que retirara la denuncia contra Los Zetas, lo cual hizo porque, según afirma, así se lo pidió el comandante Adán Cervantes, policía judicial del estado de Tamaulipas adscrito al área de homicidios.

“Es mejor que retiren esa denuncia y no vuelvan más a Nuevo Laredo”, les dijo Cervantes a Marta y a su esposo. Después giró instrucciones a dos agentes de su confianza –uno de ellos de apellido Camacho– para que los llevaran a su departamento a sacar sus pertenencias (principalmente ropa) y luego los escoltaran hasta el kilómetro 26.
Luego, a bordo de un Chevy de su propiedad, la pareja viajó a la Ciudad de México y, tan pronto como llegaron, se trasladaron a su domicilio, en Texmelucan, Estado de México.
Unas semanas después, el señor López Beltrán, quien es camionero, tuvo que salir a buscar trabajo. Poco antes habían pensado en denunciar su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En los primeros días de junio de 2008, Marta Reyes acudió a las instalaciones de la SIEDO. Dice que fue atendida por Gisela Morales Núñez, agente del Ministerio Público federal.
Ante ella narró todo lo ocurrido y, conforme recordaba detalles de su secuestro, los asentaba en la averiguación previa que se integró en la SIEDO. Morales Núñez no le proporcionó el número del expediente e incluso le recomendó que no contratara abogado porque ella sería su defensora.

La averiguación previa, según pudo confirmar Proceso, es la PGR/SIEDO/UEIS/198/2008, por el delito de secuestro.

Reyes Martínez comenta que nunca olvidó los rostros de Los Zetas que vio en la casa de seguridad donde la tuvieron secuestrada. Recuerda que el 15 de agosto de 2008, cuando veía la televisión, se sorprendió al ver un corte informativo que anunciaba la captura de varios integrantes del cártel del Golfo y de Los Zetas, todos ellos operadores de Heriberto Lazcano, El Lazca, en el Distrito Federal y en Tamaulipas.

“Cuando vi a esas personas, de inmediato las reconocí. Sus rostros nunca se me olvidaron, y acudí de inmediato a la SIEDO a declarar que algunos de los detenidos eran los mismos que me habían secuestrado.

El 16 de agosto la PGR dio a conocer la captura de varios miembros de Los Zetas, entre ellos, Alfredo Rangel Buendía, El L-46, quien controlaba las plazas del Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca. También fueron capturados varios miembros de su célula: Norberto Estévez, Alberto Velásquez, Francisco Cárdenas, Eduardo Villanueva, José Ramírez y Eduardo Gabriel Heder.

El agente del Ministerio Público Federal Braulio Robles Zúñiga citó a Reyes Martínez para que acudiera a reconocer a los detenidos. “Me puse muy mal cuando los vi, porque reconocí a tres de ellos: a Alfredo Rangel, Alberto Velásquez y a otro Zeta que habían detenido antes y que se apellida Bravo. Lo recuerdo porque es un hombre gordo que me golpeó”.

Para mantenerse en comunicación con la agente del MP Morales Núñez, Reyes Martínez adquirió un teléfono celular: “Sólo anoté el número en una libreta y pensé que si me llamaban sería la licenciada Morales o agentes de la SIEDO”.

Sin embargo, asegura que un día recibió llamada de una persona, que se identificó como “el licenciado Martínez, de la SIEDO”. Era sábado y me dijo que estaba acompañado de Julio Sánchez Iturbe, agente de la Policía Judicial del Distrito Federal adscrito a las oficinas ubicadas en la calle de Niños Héroes, a quien Reyes Martínez dice conocer de tiempo atrás.
El tal licenciado Martínez le pasó el teléfono a Sánchez Iturbe y éste le pidió a Marta que se vieran cuanto antes. “Yo dudé porque en la SIEDO no trabajan los sábados. Me citaron en el Wings del aeropuerto. Yo acudí con mis hijos. Mi hija se sentó en una mesa, a cierta distancia de donde estábamos, y filmó la charla con el teléfono celular.

“En el encuentro, la persona que se identificó como el licenciado Martínez, de la SIEDO, me ofreció 300 mil pesos a cambio de que no incriminara al zeta Alberto Velázquez Núñez, de quien me dijo era “como el hijo de Igor Labastida”, agente de la PFP asesinado el 26 de junio de 2008 por sus presuntas ligas con el narcotráfico.

–¿Usted confirmó que la persona que le ofreció el dinero era funcionario de la SIEDO? –se le pregunta.

–El lunes siguiente acudí a esa dependencia y denuncié todo ante la licenciada Gisela Morales. Dentro de las instalaciones vi al sujeto que me ofreció el dinero y en cuando se percató de que yo estaba en las oficinas se perdió. Yo le dije a la ministerio público que esa era la persona que me quiso sobornar; ella lo negó y dijo: “No, él no puede ser, está usted mal, señora”.

–¿Y qué pasó después?

–Le entregué el video para que viera a la persona que me citó para ofrecerme el dinero. Pedí que citaran al comandante Julio Sánchez Iturbe para que declarara sobre el ofrecimiento que me hizo ese licenciado, pero desde entonces ella (Gisela Morales) no ha citado a nadie. Mi expediente está guardado y mi caso parece que ya lo sepultaron, pues ya ni las llamadas me toma. Cuando no está de vacaciones me dicen que está ocupada, y así me han traído desde el año pasado.

El martes 14, un día antes de la entrevista con Proceso, Marta Reyes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que narra su secuestro y acusa a los funcionarios de la SIEDO “por su falta de probidad, honestidad y seriedad, pues no es posible que la información confidencial que yo proporcioné haya sido revelada por las autoridades” de la PGR.

–¿Perdió la confianza en la SIEDO?

–Totalmente. Me siento desprotegida. Sé que me puede pasar algo porque esas personas (Los Zetas) están libres. Me han robado mi tranquilidad y sólo puedo tener un poco de sosiego cuando me encierro en mi casa, con las luces apagadas, para que nadie sepa que yo estoy ahí.Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.

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Y la tierra se los tragó...*


Al pie de la Sierra Tarahumara, entre Buenaventura, Madera y Namiquipa, narcotraficantes controlan la vida de un puñado de poblados donde hace un mes desaparecieron cuatro guardias rurales y un teniente del Ejército. La búsqueda se inició con cinco días de retraso porque ninguna dependencia quería recibir la denuncia. Hoy se sabe que a esa zona de Chihuahua no entra nadie sin el consentimiento de los sicarios.

"Vamos a llegar a Cuauhtémoc”, avisó por teléfono Édgar René Terrazas Villasana a su esposa casi a medianoche, camino al cuartel de Ciudad Madera. Viajaba junto con sus compañeros guardias rurales, adscritos al Ejército, acompañados por un teniente. Iban a registrar sus armas.

La voz de Terrazas se escuchaba relajada, sin novedades. La llamada del 17 de marzo fue el último contacto que se tuvo con el grupo de cinco hombres que salió de Juárez en una aparatosa camioneta Dodge Ram blanca de las llamadas “nalgonas”, de combustible diesel y cuatro llantas traseras.

Desde entonces la tierra se los tragó. Por más recorridos por tierra o aire que se han organizado para localizarlos no ha vuelto a saberse del paradero de Terrazas y de sus compañeros Pedro García Ruiz, Raúl Adrián Rodríguez, el abogado Carlos Eduardo Ramos y del teniente del Ejército Antonio Hernández, que les serviría de salvoconducto.
Su búsqueda comenzó hasta el día 22, pero sólo gracias a la presión de los familiares para que los localizaran.

“Desde los días 17 al 22, el Ejército no los buscó, no hizo operativos para localizarlos. Entre el 22 y el 23 empezaron a rastrearlos con tibieza y le pasaron el paquete a la Procuraduría de Justicia del Estado”, dijo a Proceso el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Gustavo de la Rosa.

“Ya pasó un mes y no sabemos nada. Para mí que no están buscándolos como debieran. Teníamos la esperanza de que los buscaran porque iba con ellos un militar activo, que por medio de él se movilizara el Ejército, pero no nos dicen nada”, dijo la familiar de uno de los desaparecidos, quienes no percibían sueldo en el Ejército y hacían trabajo voluntario.
Ella no quiso decir su nombre. “Nosotras también tenemos miedo”, justificó.

En su desesperación, por su cuenta, el visitador y los familiares de los guardias rurales comenzaron a recopilar datos del posible destino de los desaparecidos y se adentraron en una zona del estado que es considerada territorio de sicarios.

“Es probable que (a los desaparecidos) los hayan detenido entre Ignacio Zaragoza y Madera, en Gómez Farías, en esa zona que es una especie de triángulo que está perdida por el poder, donde están instalados los sicarios”, dijo De la Rosa.

Según sus deducciones, aunque el guardia Terrazas llamó a su mujer para decirle que iban a pernoctar en Cuauhtémoc, considera que este dato es imposible: estaban a cuatro horas de esa ciudad que ni siquiera queda de camino entre Juárez y Madera. Piensa que posiblemente Terrazas se referiría a que, una vez terminada la comisión, seguiría a Cuauhtémoc a dormir, o que la mujer se confundió de lugar.

El visitador basado en Juárez dice que la Procuraduría informó a los familiares que la llamada se hizo desde Flores Magón y que un denunciante anónimo dijo haber visto más tarde la camioneta que transitaba sobre un cerro empinado localizado cerca de Gómez Farías.

De ser cierta la hipótesis de De la Rosa, los militares se perdieron en el triángulo serrano que forman los poblados de Buenaventura-Zaragoza, Gómez Farías-Madera y Namiquipa, ubicado a los pies de la Sierra Tarahumara, donde los narcotraficantes controlan los caminos, detienen a los desconocidos, piden identificaciones y deciden quién accede.
Desaparecieron en medio del racimo de pueblos a los que se impone toque de queda por las noches y desde donde se cuelan rumores de actos de barbarie imposibles de confirmar.
“En el gobierno han dicho que esa zona sólo la podrían ocupar si hicieran un operativo por helicópteros, porque por tierra no pueden entrar”, confió a Proceso un político local.
Las pocas noticias que traspasan la barrera de silencio, impuesta por los capos locales, dan cuenta del dominio de la delincuencia y la impunidad.

En febrero, por ejemplo, un comando de encapuchados armados, a bordo de una pick up, tomó por sorpresa a los 300 asistentes a una carrera de caballos en el poblado El Terreno, municipio de Namiquipa. Durante cerca de media hora se enfrascaron en una balacera en la que oficialmente cinco hombres murieron, tres de ellos policías, aunque los habitantes aseguran que hubo más muertos y entre siete y 20 personas levantadas, y que por varios días los criminales controlaron las salidas del pueblo.

Según una nota publicada por El Diario el martes 7, decenas de familias de comunidades rurales de los municipios Madera y Gómez Farías huyeron de la región porque un grupo criminal quemó viviendas y autos y ejecutó personas. Sólo del pueblo de Nicolás Bravo los narcos se llevaron a 20 personas de las que no volvió a saberse. Supuestamente fue un acto de venganza contra el pueblo porque alguien pidió ayuda al Ejército.

Ese triángulo serrano –donde desaparecieron los cuatro rurales y el teniente, y con ellos las huellas de su paradero– es corazón de una zona que tiene desembocaduras en lugares como Villa Ahumada y Ciudad Cuauhtémoc, donde los relatos de terror son más públicos y no se transmiten entre cuchicheos.

“Desde que nos enteramos fuimos a buscarlos a Villa Ahumada, a Benito Juárez, a Flores Magón, a Zaragoza, a Madera… a todos los pueblitos que están de camino, y ahí nos dimos cuenta de que en las comandancias de la ranchería no tenían reporte de los desaparecidos, ni había publicidad con fotos de ellos en los postes. De regreso fuimos hasta Cuauhtémoc y ahí sí estaban enterados, pero tenían mal el reporte de la camioneta en la que viajaban, y dicen que encontraron la moqueta (el rifle) de uno, pero no nos dejaron verlo”, dijo la mujer que pidió el anonimato.

Ella y el resto de familiares no sabe a ciencia cierta qué recorrido hicieron sus familiares. “No sabemos por dónde estaban ni en qué camino iban, no sabemos si estaban llegando a Cuauhtémoc o les faltaba media hora o tres horas. Nada”, indicó.

Bitácora del desamparo

Las actas proporcionadas por los familiares, las notas periodísticas, un oficio de la CEDH al presidente de la República y la entrevista que Proceso hizo al visitador dan cuenta de la lentitud burocrática para organizar el operativo de búsqueda.

Martes 17 de marzo: A las 23:30, Yadira Almanza recibió la llamada de su esposo. Él dijo que llegarían a Cuauhtémoc, pero el visitador sostiene que llamó de Flores Magón. Es el último contacto que se tiene con ellos.

Más tarde, una persona que días después se comunicaría a la Procuraduría estatal habría visto pasar la camioneta blanca en la subida empinada que conduce a la Sierra Tarahumara, conocida como Las Emes, cerca de Ignacio Zaragoza. Les faltaba una veintena de kilómetros para llegar a Flores Magón.

Jueves 19: Don Santiago, un oficial de la Dirección General de Fuerzas Rurales –el cuerpo de guardias ejidales que auxilia a la Sedena–, se presentó de mañana en la casa de la señora Magdalena Alanís, esposa de Raúl Rodríguez, y le informó que el grupo no llegó a su destino y que no podía empezar a buscarlos si no presentaban una denuncia penal por desaparición.

Ella y la señora Leticia Medrano, esposa de Pedro García Ruiz, fueron esa tarde a la Procuraduría de Justicia del Estado, pero no les aceptaron su denuncia porque sus maridos son “militares”.
Esa noche, el señor Carlos Ramos, padre del abogado Carlos Eduardo Ramos, se comunicó a la CEDH para denunciar la desaparición de su hijo.

Los esperaban en su destino a las 23:45 horas del martes 17, pero no se reportaron. “Tampoco llegaron al día siguiente, miércoles 18, y tampoco el jueves 19”, les informó.
Viernes 20: Los familiares peregrinaron entre la Comandancia de la V Zona y el 20° Regimiento, donde les aconsejaron presentar la queja ante la Subprocuraduría de la Zona Norte, donde otra vez los canalizaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de militares.

Por la tarde, la CEDH gestionó ante la PGR que recibiera la denuncia, y presentó la queja y la petición de búsqueda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 20° Batallón, la Procuraduría estatal y la propia PGR.

En el acta se lee: “(Las esposas) quieren aclarar que la razón del viaje a Madera y el acompañamiento del teniente era porque llevaban armas que deberían registrar en la comandancia de Madera, ya que habían tenido una reunión estatal (…) con el general acantonado en Madera, y éste les indicó que deberían registrar sus armas”.
En la delegación de la PGR, las esposas se encontraron al encargado de Justicia Militar, mayor Jorge Arce Vega, quien les dijo que carecía de información del caso.
Domingo 22: Comenzó la búsqueda del grupo.

En su carta al presidente, De la Rosa se queja de la tardanza y la considera imperdonable porque los desaparecidos “iban en cumplimiento de una comisión oficial y el teniente Antonio Hernández es un militar en activo y los cuatro guardias rurales pertenecen a la Dirección General de Defensas Rurales y al Ejército Mexicano, como se acreditó ante nosotros con oficio 14358, Exp. XIV/109.3-1 CC, y credenciales firmadas por el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar”.
Los familiares, a su vez, recorren la zona en avioneta y por tierra.

Jueves 26: Los diarios locales registran “una fuerte movilización terrestre y aérea” en el municipio de Namiquipa.

Los operativos del Ejército en la zona se convirtieron en mala noticia para los pobladores de estos lugares, que comenzaron a huir por miedo a los enfrentamientos armados. La presencia militar fue vista como una patada al avispero.

Desde temprana hora la presencia militar sorprendió a los habitantes de distintos poblados; uno de ellos relató que vio en El Terrero a dos helicópteros volando a baja altura y posteriormente pasaron ocho vehículos repletos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según versiones de testigos, en cada helicóptero, sin contar a los pilotos, iban de tres a cuatro hombres fuertemente armados, por lo que existió el temor de que se fuera dar un enfrentamiento entre los militares y alguna banda de delincuentes. (El Heraldo de Chihuahua, nota publicada al día siguiente.)

Se informó que en el Campo Menonita número 10, en Cuauhtémoc, se encontró un vehículo Avalanch color arena, con una escopeta en su interior, que podría ser de los militares, pero después se aclaró que los guardias rurales viajaban sólo en la Dodge blanca.
Los diarios dan cuenta de que los militares encontraron en la zona varios vehículos estacionados “como si estuvieran acampando” y dentro de ellos había 26 armas entre ametralladoras, cuernos de chivo, rifles, escopetas y accesorios, como silenciadores, miras telescópicas, camuflaje militar, chalecos antibalas, máscara antigás, pasamontañas y granadas.

Viernes 27: En la carta al Ejecutivo, el visitador reprocha que hasta ese día “no han sido localizados ni se les informa a los familiares si acaso están detenidos por el Ejército o por alguna dependencia policiaca”.

Sábado 28: Comienzan a circular rumores infundados sobre su posible paradero.
Los cinco cuerpos que fueron localizados este viernes en el municipio de Meoqui podrían ser los cinco elementos castrenses que desaparecieron desde el 17 de marzo. Esta información no se ha confirmado aún, sin embargo los cuerpos que fueron encontrados tenían el corte de pelo de tipo militar, por lo que se presume que podrían ser los cuerpos de los desaparecidos. (Tiempo, 28 de marzo. La información no fue confirmada.)

El territorio del narco

Los familiares de los guardias rurales hicieron varios recorridos, pueblo por pueblo, con fotos de ellos en mano, para indagar su paradero.

En esas imágenes se ve a los cuatro hombres vestidos con su uniforme azul, su par de insignias de rifles cruzados en las solapas, en un desayuno que hizo el agrupamiento. Sobre la mesa, adornada con flores artificiales, está el yogurt para beber y la fruta que les sirvieron.

En el salón hay un pódium para discursos, una bandera nacional y un estandarte rojo de plástico en el que se lee: “Heroico Cuerpo Militar-Por el honor de México”. Dos de los guardias miran fijamente a la cámara, serios, formales; los otros dos esbozan una sonrisa.
Las familias serranas a las que consultaron no aportaron ningún dato y los policías ejidales que encontraron en su camino les dijeron que no habían sido avisados del hecho por parte del gobierno. Por eso deducen que las autoridades no los buscaron.

“Nosotros íbamos a enviar gente de la Comisión, pero de la Procuraduría estatal me advirtieron que no lo hiciéramos porque no podían garantizar su seguridad, debido a que pasando de Cuauhtémoc a Casas Grandes, y sobre todo en la zona de Namiquipa, la situación está muy difícil, está perdido”, dijo el visitador en la entrevista.

Por su parte, un familiar de uno de los guardias rurales expresó que los militares lee informaron la semana pasada que el Ministerio Público Militar ya atrajo las investigaciones “y que van a buscarlos hasta encontrarlos”.

Quizá el caso de los militares desaparecidos haya servido para destapar el peligro que se vive en el triángulo serrano, localizado rumbo a Sonora, y del que poco se hablaba.
“Fui a Gómez Farías al velorio de un conocido y me sorprendió que no había nadie en las calles, pensé que estarían en el velorio pero estaba vacío. Cuando me acerqué al ataúd, la viuda del muerto me dijo en voz baja que me fuera, que nos estaban vigilando, que era peligroso, que los narcos no dejaban salir a nadie a la calle y hasta al padre lo tenían encerrado”, confió una mujer a este semanario.

Lo mismo contó el dueño de un autobús turístico que antes viajaba de Cuauhtémoc a Nuevo Casas Grandes; tuvo que cambiar la ruta porque desde el atardecer la carretera por Flores Magón “es intransitable”.

Hasta un funcionario local que se dedicaba a supervisar programas de gobierno dijo que desertó de su cargo luego de que un desconocido le advirtió que su presencia no era grata en ese lugar.

Consultado por Proceso, el diputado local Víctor Quintana dijo que en esos municipios hay varias familias que décadas atrás migraron a Estados Unidos y se hicieron adictas a la cocaína; de regreso a México, y con el desplome del campo, se dedicaron a su tráfico.
“Hay rumores muy alarmantes: la gente de por esa zona dice que hay trocas a lo largo de la carretera y desde que pasa un auto desconocido los narcos se comunican; te detienen, te interrogan, te regresan y te vigilan desde los cerros. Nomás se puede entrar de día”, informó un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El visitador De la Rosa dice que no ha recibido quejas formales por estos sucesos conocidos por muchos, mas no denunciados.

Lo único que tiene son rumores de gente que no está dispuesta a confirmarlos. “Me han comentado que está controlado totalmente por los sicarios y que la Procuraduría, la policía preventiva y el Centro de Inteligencia Policial entran únicamente en avioneta y se van de inmediato. Al parecer, la única presencia fuerte (gubernamental) es el cuartel militar de Madera, pero sólo dentro del cuartel. No hay actividades normales, ni los políticos van”.
Leyendas o no, lo cierto es que el teniente y los guardias rurales continúan desaparecidos posiblemente en algún lugar de este Triángulo de las Bermudas chihuahuense, a donde algunos entran y no siempre salen.

*Tomados de la revista Proceso.