Los medios y los miedos para 2009*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 30 de diciembre (apro).- El panorama para los medios de comunicación en 2009 no es nada alentador, pero tampoco para el ejercicio de las libertades de prensa y de derecho a la comunicación.

El retroceso en ambas materias, vivido desde esta especie de restauración autoritaria que se registra de 2004 a la fecha, se enfrentará en 2009 a cuatro tendencias principales: a) la crisis financiera y económica; b) el repliegue en materia de reforma electoral; c) la indefinición jurídica que afectará, sobre todo, a los medios electrónicos concesionados; d) los riesgos ante el crimen organizado.

Veamos estas cuatro grandes tendencias:

La crisis financiera y económica.-Inevitable, el proceso de recesión mundial que se agudizará en 2009 afectará en tres áreas fundamentales a los medios de comunicación: la contracción del mercado publicitario (que algunos calculan entre 10 y 15 por ciento); el incremento de las deudas debido al proceso de devaluación y crisis financiera (en especial, de aquellos medios que le apostaron a proyectos de expansión apalancadas en créditos financieros); el incremento de los insumos, en especial, el papel, cuyo precio se incrementó en más de 20 por ciento en los últimos meses de 2008.

Los medios dependientes de grandes corporativos globales -como en el caso de Time Warner y las publicaciones del Grupo Expansión o el de NBC-Telemundo y el español Grupo Prisa--, tendrán un impacto inmediato en el panorama de los medios mexicanos. Por lo pronto, se espera un fuerte recorte de las inversiones de estos grandes conglomerados.
En el caso de Televisa, la principal empresa de comunicaciones del país, 2008 cerró con una contracción del 14 por ciento en sus utilidades netas, en comparación con el mismo periodo de 2007. La contracción del mercado publicitario afectará, sobre todo, a aquellos medios periféricos o impresos. La concentración se agravará en 2009.

Recordemos que, según los estudios recientes de agencias de publicidad, la televisión abierta acapara entre el 57 y 60 por ciento del mercado publicitario; la radio, entre el 8 y 10 por ciento; el internet, el 2 por ciento; la televisión restringida, el 4 a 5 por ciento, y los medios impresos, el 10 por ciento. Sin embargo, mientras en la televisión son sólo dos grandes empresas (Televisa y TV Azteca) que se reparten un pastel de 27 a 30 mil millones de pesos, en el caso de los medios impresos, existen más de 760 empresas, entre periódicos estatales y regionales, nacionales y revistas.

El Repliegue de la Reforma Electoral.-En 2007 el Congreso mexicano aprobó una ambiciosa reforma constitucional en materia electoral para evitar que "el dinero dominara las campañas", pero en 2009, año de contienda federal, este fenómeno volverá a hacerse presente, aun con las prohibiciones expresas para que terceros financien propaganda, para que los partidos inviertan en tiempo-aire o los gobernadores utilicen el erario para su promoción telegénica.

Entraremos al terreno del cinismo mediático-electoral. Las fórmulas para darle la vuelta a las prohibiciones de la legislación electoral están a la vista. La concentración publicitaria en la televisión abierta y el proceso desatado de precampañas para 2012 se agudizará en 2009. Ahí está la millonaria campaña de inversión de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y la mala copia, pero también dispendiosa que está aplicando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, así como otros gobernadores que han encontrado en la pantalla un sustituto de las "bases reales". Los políticos competirán por la canalización de sus figuras, a costa de muchos millones de pesos del erario, maquillados como "programas de espectáculos" o "campañas filantrópicas".

Incertidumbre Jurídica.-El compromiso del Senado de una reforma integral para democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones no se cumplió en 2008. En 2009 esto será prácticamente imposible. La tendencia es a restaurar las partes más polémicas de la Ley Televisa, a través de privilegios a modo para los concesionarios, tal como lo demostraron las dos iniciativas del senador priista Manlio Fabio Beltrones (para dotar de FM a las estaciones de AM y para garantizar el refrendo automático), así como el polémico acuerdo de las combos que el Ejecutivo federal publicó el 15 de septiembre y que ha resultado un auténtico fiasco.

El problema fundamental es que la ausencia de una reforma jurídica agravará la indefinición jurídica que existe en el sector, así como el grosero pleito que protagonizan los entes reguladores (Cofetel vs. SCT, principalmente).
Un dato da la idea de la indefinición jurídica que afecta a todo el sector: en 2008, la SCT sólo pudo refrendar 131 concesiones vencidas y en 2009 se vencerán 101, la mayoría de estaciones de radio. Para 2012, esta cantidad se elevará a 281. Prácticamente el 30 por ciento de la radiodifusión estará en un proceso de vulnerabilidad jurídica. Esto facilita la discrecionalidad y afecta la certidumbre y la libertad de expresión.

Por si fuera poco, los enroques entre Cofetel y SCT no han ayudado a un mejor entendimiento entre ambos entes reguladores. Al contrario, los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones compiten por "capturar" a estos organismos y presionar a favor de sus intereses.

Los Riesgos ante el Crimen Organizado.-El panorama profesional se agravará en 2009, sobre todo, por las amenazas, la autocensura, la corrupción, y los atentados contra periodistas que se han transformado en objetivos fundamentales de los cárteles de la droga y de los propios organismos ministeriales, militares y policiacos que supuestamente están a cargo de combatirlos.

El reciente y brutal recuento que la revista Zócalo y la organización Reporteros sin Fronteras ha realizado sobre la situación de indefensión y de crímenes en contra de los periodistas, sólo confirma la tendencia que se ha agravado desde 2004 a la fecha: la impunidad absoluta para matar a periodistas, silenciar medios, permitir abusos a cambio de mantener el estado de guerra y desinformación que priva en estos momentos. En 2008, asesinaron en México a cuatro periodistas por motivos profesionales. El crimen más reciente, el de Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez, es un mensaje de intimidación para toda la comunidad periodística de esta ciudad fronteriza.

Los organismos gubernamentales encargados de investigar y prevenir los delitos contra periodistas se han transformado en agencias burocráticas para encubrir y favorecer la impunidad. El caso más grave es el elefante blanco en que se ha convertido la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, nombre abreviado de una mascarada que no ha logrado ni siquiera detener a uno solo de los asesinos materiales de periodistas mexicanos.
En 2009 esta tendencia se agravará porque la lucha por el reparto de territorios entre los cárteles se enlazará con la corrupción en las campañas electorales y la impunidad.

jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de La Jornada.

Godoy: otro gobernador fantoche *

Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

áLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- En una decisión que ofende no sólo a los ciudadanos de Michoacán, sino a todos los mexicanos, el gobernador perredista Leonel Godoy Rangel entregó 46 millones de pesos al equipo de futbol Monarcas de Morelia, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, entre cuyos negocios se cuenta también Televisión Azteca.

¿Cuáles son las la razones para regalar tamaña cantidad a un empresario que no lo necesita y cuya cifra representa el doble del presupuesto de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) del estado, la entidad responsable de fomentar las actividades que su nombre describe?

No hay razones, salvo una coartada de Godoy: La entrega de los 46 millones de pesos --que se mantuvo oculta desde febrero de 2008-- obedeció a un "compromiso" de su antecesor, el también perredista Lázaro Cárdenas Batel, con Salinas Pliego.

¿Y no podía Godoy, en tanto gobernador en funciones, cancelar tal "compromiso" por tratarse de una arbitrariedad que lastima el de suyo raquítico presupuesto estatal por el que al iniciar su gestión mendigó, literalmente, a Felipe Calderón?

Pues no, alegó Godoy: "Fue un compromiso que hizo el gobierno anterior, pero nosotros le expresamos al equipo Monarcas que era por única ocasión y que ya no iba a darse más."
Nada más faltaba que le fuera concedida una partida multianual al equipo propiedad de Salinas Pliego, el mismo personaje que usó la concesión de TV Azteca para descalificar las elecciones y exigir la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno del Distrito Federal tras la ejecución, en 1998, del cómico Francisco Stanley, alias "Paco", en uno de lo episodios de manipulación más memorables por su vileza.

Tal conducta de Godoy es perfectamente entendible por su naturaleza de gerente político de los Cárdenas en Michoacán, pero representa una bofetada a quienes, en Michoacán y en México, creían que una gestión de centroizquierda cortaría de tajo privilegios para una minoría corrupta e insaciable como en la que se inscribe Salinas Pliego.

Ya se ve que no: A la protección que Godoy da a los enjuagues del clan Cárdenas -que incluyen tratos ocultos con Calderón y con Carlos Ahumada, como en su momento con Carlos Salinas--, se suma su propia frivolidad, como la remodelación de la casa de gobierno.

A un costo de 4 millones de pesos, las adecuaciones a la casa de gobierno incluyen una alberca techada para su solaz, además de la que ya existía, en una contradicción --habitual en cualquier gobernante fantoche-- con sus propias proclamas de austeridad.


"Nos vamos a apretar el cinturón (va a haber), mucho ahorro y eficientización (sic) del gasto. Son tiempos del vocho (sic), del Bacardí y de la mujer, como se decía en otros tiempos", declaró apenas en noviembre.

Algo le ha aprendido Godoy a su vecino gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, cuya diferencia no es mucha, ni siquiera en la claudicación ante la Iglesia.
Claro, regalar dinero de los contribuyentes a equipos de futbol no es patrimonio de Godoy: En Veracruz, el Congreso con mayoría priista aprobó la propuesta del gobernador Fidel Herrera de donar 58 millones de pesos a equipos de futbol profesional, 34 millones de los cuales serán para los Tiburones Rojos.

En Aguascalientes los gobernadores panistas Felipe González y Luis Armando Reynoso Femat han destinado multimillonarios presupuestos, superiores a los 50 millones de pesos, para equipos de beisbol y futbol, como el Necaxa, propiedad de Televisa.

Otros gobernantes han hecho lo mismo, entre ellos el tránsfuga priista Pablo Salazar con Jaguares de Chiapas, que sigue siendo apoyado por Juan Sabines, así como Manuel Angel Núñez Soto, con el Pachuca, quien siguió el ejemplo de su antecesor, Jesús Murillo Karam, actual secretario general del PRI.
Joyitas de la política.

Apuntes

Muy bien: Como despedida de fin de año, Calderón decretó el aumento número 33 del año a las gasolinas y, como bienvenida del 2009, habrá que comenzar el registro de los que se acumularán a lo largo de un año que será de pesadilla. Si a las urnas acude 30% de la población será la gloria para el decrépito régimen vigente.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Carpetazo con moño navideño*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha.

John M. Ackerman

Los organismos electorales del país terminan el año igual de deslegitimados, débiles y parciales que como lo iniciaron. A comienzos de 2008 anhelábamos construir una nueva institucionalidad democrática a partir de la histórica reforma electoral y la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a unas cuantas semanas del inicio de las precampañas de 2009, ahora tenemos ante nosotros un IFE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblegados a los partidos políticos y los poderes fácticos.

Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.

Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.

Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.

El pasado 22 de diciembre, el IFE se deshizo de golpe de 374 quejas en una sola sesión. Desesperados por irse ya de vacaciones, los consejeros dedicaron un promedio de 1.6 minutos por asunto para “analizar” cada querella y no emitieron una sola sanción. Así, de nueva cuenta exculparon a Vicente Fox por su intervención en las elecciones de 2006 y desecharon casi todas las quejas interpuestas contra servidores públicos por personalizar la propaganda institucional en violación al artículo 134 constitucional. El carpetazo fue un gran regalo de navidad con todo y moño para la clase política de parte de la autoridad electoral.

En la misma sesión, los consejeros electorales no se atrevieron a aprobar los necesarios cambios al reglamento de fiscalización que hubieran facilitado el blindaje contra el narcotráfico. También se quedaron en el tintero los nuevos reglamentos para prevenir la utilización de recursos públicos en las campañas, así como para regular el contenido de los mensajes de los candidatos.

Todas estas imperdonables omisiones se justificaron bajo el argumento de que no alcanzaba el tiempo para su análisis. Pero habría que recordarles a nuestros funcionarios electorales que la ley señala sin titubeos que durante el proceso electoral, iniciado desde octubre pasado, absolutamente todos los días y horas son hábiles. Los consejeros, por lo tanto, no tendrían por qué descuidar sus obligaciones constitucionales con tal de irse unos días a la playa.

Por su parte, los magistrados del TEPJF en lugar de irse de vacaciones se quedaron en el Distrito Federal para inaugurar el puente a la impunidad que cuidadosamente han venido construyendo a lo largo del año. Para ponerse a tono con las ofertas de temporada, el pasado 26 de diciembre los magistrados nos ofrecieron su propio “dos por uno” al validar las elecciones municipales de Acapulco, y simultáneamente, perdonarle a Tv Azteca la multa de 5.2 millones de pesos a que se había hecho acreedora por haberse negado a transmitir los mensajes de los partidos políticos.

En el caso de Acapulco, tal como ocurrió con la calificación de la elección presidencial de 2006 y con la resolución de las elecciones internas del PRD, los magistrados mostraron su pasividad al negarse a investigar a fondo y ponderar los alegatos de la parte acusadora. Así, de nuevo negaron la “determinancia” de las irregularidades sin ir más allá de los documentos que se encontraban “en el expediente”. La nueva “causal abstracta de validez”, que ya hemos analizado en estas páginas (La Jornada, 17 de noviembre), va tomando forma.

En el caso de Tv Azteca, a los magistrados simplemente les inundó el espíritu navideño al obsequiar a Ricardo Salinas un jugoso presente de fin de año. “Todos estamos de acuerdo que es una sanción excesiva, toda vez que se va al máximo, siendo que se incumple con esta obligación en una primera ocasión”, explicó la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.

Pero la generosidad confunde a la magistrada, ya que la violación de la televisora fue sistemática y recurrente, no simplemente “una primera ocasión”. Durante los dos meses de incumplimiento, la televisora se negó en por lo menos tres ocasiones a recibir los anuncios. Asimismo, la sanción del IFE no “se va al máximo”, ya que una multa es apenas una de las primeras herramientas al alcance de la autoridad electoral. En caso de reincidencia, el IFE podría ordenar la suspensión del tiempo comercializable e incluso pedir a las autoridades correspondientes la cancelación de la concesión de un medio de comunicación. Una multa es simplemente una de las primeras medidas que la autoridad electoral tiene a su alcance.

Parece que cómo tantas otras veces en la historia de México, el pueblo mexicano de nueva cuenta tendrá que ser el encargado de encontrar una salida a la crisis política, económica y social que caracterizará el próximo año, pues las autoridades electorales y los dirigentes políticos brillan por su ausencia, como esferitas de navidad.

*Tomado de La Jornada.

Mientras unos no dejan de comer, otros no dejan de tomar*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta

Si bien es cierto que el título de esta colaboración para muchos podría significar alguna escena de estas fiestas decembrinas, para otros resume la estrategia adoptada por el gobierno para enfrentar la tremenda crisis que ha llegado a nuestra economía.

Y lo señalo porque, a pesar de todas las declaraciones hechas por Felipe Calderón en torno de su programa económico y financiero, el hecho es que cada día que pasa los indicadores económicos (crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, poder adquisitivo del salario y empleo) revelan un importante deterioro.

Sin embargo, por parte del gobierno no se observa la menor intención de corregir el rumbo y cambiar la “receta económica” aplicada por el doctor Agustín Carstens.

Así, se observa que durante el año que se aproxima las dependencias gubernamentales continuarán gastando nuestros impuestos en conceptos verdaderamente inútiles, como lo muestran ya sus Programas Anuales de Adquisiciones y Arrendamientos (PAAAS-09). Y aunque muchas dependencias del gobierno “han dejado mucho qué desear” en cuanto a los objetivos para los que fueron creadas, persisten en mantener elevados gastos innecesarios.

De hecho, si revisamos algunos conceptos de “gasto” en los que incurrirán los principales organismos que tienen que ver con la supervisión del sistema bancario y financiero, podemos observar el tremendo dispendio de los recursos públicos en conceptos que nada tienen que ver con los objetivos para los que fueron creados.

En el caso del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por ejemplo, se observa que durante el próximo año destinará 7 millones 727 mil pesos para el pago de renta de tres pisos (seis, siete y ocho) para las oficinas de sus funcionarios de alto nivel, en un edificio ubicado en la calle de Hamburgo 213.

En ese mismo sentido, destacan gastos de 10 millones 795 mil pesos para el “arrendamiento de computadoras”; 54 millones 151 mil pesos para “servicios de asesorías externas”; un millón 519 mil pesos por concepto de pago de estacionamiento para los funcionarios de alto nivel; 3 millones de pesos para la difusión de mensajes; 5 millones 237 mil pesos para “servicios de administración”, y más de 2 millones 500 mil pesos para pasajes internacionales.

En materia de gastos médicos mayores para los funcionarios de alto nivel, se estima que el IPAB erogará 55 millones de pesos, en virtud de que el “seguro” de sus funcionarios les otorga una cobertura de hasta 66 salarios mínimos por concepto de honorarios para el médico; 30 por cien to de los honorarios que cobre el anestesista cuando se trate de intervenciones quirúrgicas; así como hasta 35 por ciento de los honorarios de los ayudantes del anestesista, más los honorarios de tres turnos diarios de ocho horas de personal de enfermería, los alimentos y una habitación tipo “suite de hospital”, una cama extra y las consultas del médico.

Pero por si todo esto falla, el seguro de gastos médicos mayores también les otorga una “ayuda funeraria” hasta de 20 mil pesos.

En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observa que destinará 712 mil 670 pesos para la oficina del presidente de ésta, con dulces, extracto de café, refrescos, desayunos, etcétera.

Y para el pago de telefonía celular de los funcionarios de alto nivel destinará un millón 416 mil pesos; al arrendamiento de vehículos terrestres le corresponderán un millón 166 mil pesos; y para servicios de asesoría y gastos médicos se destinarán aproximadamente 60 millones de pesos.

Por su parte, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros destinará, entre otros gastos, 246 mil pesos para la adquisición de galletas, refrescos, café, agua mineral, refrescos de naranja, manzana, etcétera.

Para el arrendamiento de inmuebles se destinarán 24 millones 391 mil pesos; para el arrendamiento de computadoras 14 millones 196 mil pesos, y por concepto de vales de gasolina, mensajería y pasajes internacionales se erogarán más de 3 millones 500 mil pesos.

Por si esto fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proyectado adquirir, entre otras cosas, un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: Aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Pepto Bismol, Buscapina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras, como Lonol.

A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, rayadoras, batidoras, rebanadoras, platos, tazas, vasos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

Figuran también los lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios; refrigeradores de diversas capacidades; hornos de microondas; aire acondicionado y ventiladores.

Todo esto mientras Felipe Calderón se ufana de los “programas de austeridad” que implementa su administración y los “grandes ahorros” que éstos generan.

Lo verdaderamente absurdo es que el gobierno continúe diciendo que no tiene recursos para aplicarlos a la inversión productiva y social cuando, de acuerdo con la propia SHCP, al mes de octubre del año que finaliza las finanzas públicas registraron un superávit de 200 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que los señores del gobierno tienen en sus manos 200 mil millones de pesos que podrían gastar el próximo año en programas de construcción de infraestructura o de apoyo al campo, como los que propuso Andrés Manuel López Obrador cuando, en noviembre, acudió a la Cámara de Diputados a presentar su programa de defensa de la economía popular.

Estos programas generarían empleo, contribuyendo así a la generación de crecimiento económico, a la vez que mitigarían el efecto de la crisis en los bolsillos de los mexicanos. Sin embargo, difícilmente en el gobierno harán caso de las propuestas realizadas por el presidente legítimo, porque al final de cuentas en el gobierno se han dividido en dos equipos: los que no quieren dejar de comer, y los que no quieren dejar de tomar y son la gente y la planta productiva del país quienes pagaran las consecuencias.

*Tomado de La Jornada.

La escisión del PRD*

Tomados de La Jornada, Helguera.

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 24 de diciembre (apro).- Muchas son las señales que apuntan hacia una separación entre el PRD y Andrés Manuel López Obrador, y si esto se concreta existe el riesgo de que la izquierda mexicana sufra un enorme retroceso, pues nada de lo que se había logrado desde 1989, cuando nació el PRD, logrará compensar una fractura tan profunda como la salida del partido de miles de simpatizantes del político tabasqueño.

Hace dos años, en una entrevista, este escenario se le planteó al senador Carlos Navarrete, quien forma parte de la corriente de Jesús Ortega, Nueva Izquierda, que tiene en sus manos la dirigencia nacional del PRD. En ese entonces dijo cosas que hoy vale la pena rescatar.
En principio, el senador de Guanajuato dijo estar consciente de que gracias al movimiento lopezobradorista el PRD, como representante de la izquierda mexicana, había logrado la mayor presencia legislativa de su historia.

"De no haber ocurrido lo que ocurrió en la campaña seguramente tendríamos una bancada mayor en la Cámara de Diputados y de Senadores, sin embargo, tenemos 29 senadores, 129 diputados, más los espacios que le dimos al PT y a Convergencia", dijo entonces Navarrete
Aseguró que esto significaba una enorme responsabilidad, pues este avance de la izquierda mexicana nunca se había visto desde que empezó, con el Partido Mexicano Comunista en 1919, avanzó con el Partido Socialista de México, se transformó en Partido Socialista y terminó siendo el PRD.

En ese entonces, cuando apenas empezaba a funcionar la LX legislatura, Navarrete ensalzó la figura de López Obrador al señalar que no podía ser soslayada la simpatía de millones de ciudadanos que votaron por él.

"En el mundo los líderes encarnan proyectos, no se puede hablar del arribo de la izquierda al gobierno en Francia sin Miterrand; tampoco en Chile sin Salvador Allende ni de los sandinistas en Nicaragua sin mencionar a Augusto Sandino o del Partido del Trabajo en Brasil sin Lula. Los hombres encarnan proyectos de nación y Andrés Manuel encarnó con su olfato, con su experiencia acumulada, primero un liderazgo partidario en 1997 y luego una forma de gobernar en el 2000. Sintetizó la aspiración partidaria, pero también la aspiración popular; 15 millones de votos no son cosa menor y pudimos haber obtenido mucho más de haberse dado una condición diferente en la elección presidencial", sostuvo.
Advirtió que si los legisladores perredistas no tenían apoyo de ese movimiento en las calles, terminarían arrinconados en las cámaras, "siendo tratados como un partido de tercera, sobre la base de que los contrincantes crean que ya estamos en plena normalidad democrática, que ya pasó el susto y que lo que sigue es acomodar las fichas simplemente".

Dijo que el gran reto era vincular ese movimiento popular en las calles, con el trabajo del PRD por las vías institucionales, en las posiciones de gobierno, en las cámaras legislativas y en el gobierno del Distrito Federal.

Pero que si no se lograba esa vinculación, el movimiento social en las calles, como el que encabeza Andrés Manuel, estaría condenado "a un futuro de esterilidad".
El reto para el PRD, insistió, sería representar a 15 millones de mexicanos en el Poder Legislativo y no alejarse del liderazgo de Andrés Manuel.

Bueno, pues a dos años de distancia, ni el PRD ni Andrés Manuel López Obrador lograron fundirse en un solo proyecto, y cada quien está tomando senderos distintos, echando a la borda el histórico avance electoral que tuvo la izquierda en la elección del 2006.

Después de un proceso de elección de la dirigencia nacional tan sucio, del que salio triunfador Jesús Ortega, la simpatía ciudadana por el PRD se ha retirado por completo. Pero lo mismo ha ocurrido con Andrés Manuel López Obrador, pues a las convocatorias de asamblea que ha hecho últimamente ya no responden los miles que lo hicieron hace un par de años.

Es posible que los "chuchos" -como se le conoce a la corriente de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete - alcancen un acuerdo con López Obrador sobre las candidaturas a diputados federales. Pero esto no significará que vayan nuevamente juntos en un solo proyecto. Cada corriente tiene el suyo: el de Ortega-Zambrano-Navarrete es de negociación con el gobierno federal y todos los partidos políticos, mientras que el del tabasqueño es de confrontación.

Y esto, en los hechos, no es más que una escisión de la izquierda partidista, y con ello el regreso a los viejos tiempos en los que cada grupo luchaba por sus propios intereses, sin ninguna representación ciudadana.

*Tomado de la revista Proceso.

Optimismo fantasioso*

Tomado de La Jornada, Rocha.

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación".

Los indicadores del Inegi y de la CEPAL son inapelables y muestran que la recesión económica ya llegó al país. Pero el gobierno mexicano, con el presidente Calderón y Agustín Carstens a la cabeza, insisten en un optimismo infundado, contrario a la realidad: desempleo, freno industrial, cartera crediticia vencida... es decir, muy cerca de la debacle.
La economía se derrumba, el desempleo crece, el consumo se paraliza. Miles de mexicanos se suman cada día a las filas de quienes no pueden pagar sus deudas. Los salarios, indefensos ante una inflación que no deja de subir. Entre los empresarios crece la angustia: sus negocios están en riesgo y reclaman al gobierno acciones urgentes para enfrentar la crisis.

Organismos internacionales advierten: por su dependencia extrema de Estados Unidos, México será el país más dañado. Pero el gobierno federal no cede. "Todavía es prematuro decir que hay recesión en México", dijo el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el jueves 18.

Y el presidente Felipe Calderón, el mismo día: "El mundo vive momentos difíciles en lo económico", pero México sabrá aminorar los impactos de esa situación, pues "hemos hecho la tarea, hemos conducido con responsabilidad las finanzas públicas".

Horas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su más reciente balance de las economías de la región y las expectativas para el futuro inmediato: Con apenas un crecimiento económico de 0.5%, México será el país con el peor desempeño de América Latina en 2009, y ello se traducirá, sin duda, en un incremento importante en el desempleo y la informalidad, y en menores niveles de bienestar para la población de más bajos recursos.

Como ya ocurrió este año, en el que México, según las cifras de la Cepal, tuvo uno de los peores comportamientos: cuando mucho crecerá 1.8%, muy por debajo del 4.6% promedio de las economías de la región, con excepción de Haití, que sólo creció 1.5% en 2008.

Por la cercanía y dependencia tan estrecha con Estados Unidos, México vivirá la peor situación en los próximos meses, hecho que ya se está reflejando en una severa baja en la producción industrial, alertó el organismo. Y, en efecto, apenas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que ésta registró en octubre la caída más pronunciada, de 2.7% anual, como resultado de los descensos observados en los cuatro grandes sectores que componen la actividad industrial. Es la séptima baja consecutiva.
Así, la industria de la minería cayó 5.2% debido a la reducción de 6.5% en la producción petrolera. La construcción bajó 2.9% en octubre; la industria manufactureras disminuyó 2.2%, y el sector de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final descendió 0.2%.

Los analistas señalan que la caída de la producción industrial en octubre, de 2.7%, fue peor que la prevista, de 2.1%. Y coinciden en que el principal ingrediente del continuo descenso en ese rubro ha sido el freno de la industria automotriz.

Analistas de BBVA señalan: "El rápido deterioro de la industria automotriz (tres meses consecutivos con caídas anuales), aunado a la probable afectación de armadoras estadunidenses, hace difícil prever un panorama optimista para esa industria en los primeros meses de 2009. Es previsible que esa industria se vea afectada en mayor medida en los siguientes meses al estar estrechamente vinculada con el ciclo industrial en Estados Unidos y por la coyuntura actual del sector en particular".

Al respecto, el año no cerrará nada bien para la industria automotriz en el país, sobre todo para la parte laboral, pues las principales armadoras -Ford, General Motors y Chrysler- han anunciado ya recortes de personal que perjudicarán a por lo menos mil 700 trabajadores.
Ford, por ejemplo, anunció la liquidación de 600 empleados de su planta de Cuautitlán, Estado de México, con el argumento de la readaptación de infraestructuras y tecnología para fabricar el nuevo Fiesta hasta 2010. Chrysler, en su caso, tendrá 800 plazas menos en su planta de Saltillo y cerca de 175 puestos menos en sus oficinas corporativas. Por su parte, General Motors mantendrá la figura de paros técnicos, para evitar la sobreproducción y enfrentar el desplome de las ventas, tanto las del país, como las de exportación.

En menor proporción, Volkswagen de México anunció que despedirá a 111 trabajadores eventuales, con lo que suman ya 357 los empleados que este año no renovaron contrato en dicha empresa.

Pero los empresarios de la industria automotriz son aún más pesimistas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) espera, al cierre de este mes, una caída en sus ventas de hasta 22% respecto de diciembre de 2007, y prevé que para 2009 apenas se venderán unas 900 mil unidades, lo que significará una disminución de 15% en las ventas.

Y una de las causas de la baja en las ventas de este año, dicen los distribuidores, es la reducción de 10% en el otorgamiento de créditos bancarios entre enero y octubre, que podría seguir bajando en los próximos meses.

El desempleo por venir

El viernes 19, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras: destaca una caída de 1.3% en el valor de la producción de dichas empresas como consecuencia de la disminución de obras (viviendas, escuelas, edificios para la industria, comercio, servicios, hospitales y clínicas, e inmuebles para recreación y esparcimiento) y por la baja en las construcciones relacionadas con la industria del petróleo y la petroquímica.

También el personal ocupado en el conjunto de empresas de la construcción disminuyó 2.6% en octubre pasado.

Y si eso pasa en la industria de la construcción, en el sector manufacturero -ambas, las actividades que más empleo dan- las cosas van de mal en peor. En octubre, los empleos, las remuneraciones y las jornadas laborales en el sector volvieron a bajar, según reportó el viernes 19 el Inegi.

El personal ocupado en la industria manufacturera tuvo una caída anual de 2.8% en noviembre, luego de haber descendido 2% en agosto y 2.6% en octubre. Pero les va peor a los obreros, cuyo número disminuyó 3.2% en octubre y 3.6% en noviembre. El número de empleados bajó 1.2% en octubre y 1% en noviembre.

Pero la pérdida de empleos no es privativa de esos dos sectores. Es en todos y de manera creciente, como informó el propio Inegi el mismo viernes 19: la tasa de desempleo en noviembre fue de 4.47%. Es decir, casi 2 millones 50 mil personas en desempleo abierto. La tasa más alta desde la peor crisis económica del país, que se inició con la megadevaluación del peso en diciembre de 1994 y propició un desplome de más de 6% del Producto Interno Bruto en 1995.

Por ahora el desplome de la economía no llega a esos niveles, pero el desempleo es crítico, pues a esas poco más de 2 millones de personas hay que agregar otras 2.5 millones que reportaron haber trabajado menos de 15 horas al momento en que se les aplicó la encuesta; también, los 3 millones de subocupados y los más de 4 millones que se hallan en alguna de estas condiciones: quienes trabajan y no reciben remuneración, quienes trabajan y ganan menos de un salario mínimo, o quienes ganan hasta dos salarios mínimos (no más de 105 pesos diarios) pero trabajan más de 48 horas semanales.

Todos ellos, más casi 12 millones de informales, dan un cuadro más completo y crudo de la realidad del empleo en México que la sola tasa de 4.47% de desempleo abierto.
Y una de las consecuencias de esos problemas con el empleo es el explosivo aumento de la morosidad que se viene registrando entre usuarios de la banca. La semana pasada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cuenta de cómo la gente ya no puede pagar sus deudas con los bancos.

En el caso del crédito al consumo, rubro en el que se incluyen las tarjetas de crédito, la morosidad aumentó de 13 mil 577 millones de pesos en diciembre de 2007, a 41 mil 254 millones en noviembre de este año. El aumento fue de casi 204% en 11 meses. Y el próximo año la situación se agravará por la caída del poder de compra de los salarios.
Apenas el jueves 18, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento general de 4.6% a los salarios mínimos, que entrará en vigor el próximo 1 de enero e implica un aumento promedio diario de 2 pesos con 50 centavos. Ni para un viaje en Metrobús o en micro.

Y aunque oficialmente se diga que el salario mínimo sólo es un concepto "de referencia" para muchas cosas pero no para dimensionar los ingresos de los mexicanos, la realidad es que el grueso de la población trabajadora vive en función del mínimo.

Según los datos más recientes del Inegi, de 43.6 millones de personas que trabajan en el país, 5.1 millones perciben hasta un salario mínimo. Otros 8.7 millones perciben de uno a dos mínimos. Quienes ganan más de dos y hasta tres mínimos son 10.25 millones de personas, y quienes perciben más de tres y hasta cinco mínimos son 7.4 millones de trabajadores.

Eso quiere decir que los más "afortunados", es decir, quienes ganan hasta cinco salarios mínimos, verán aumentar su ingreso diario en 12 pesos con 50 centavos en promedio; en el otro extremo, quienes ganan sólo un salario mínimo se quedarán con un aumento diario promedio de 2 pesos con 50 centavos máximo. Al mes, ¡75 pesos más!
De hecho, el aumento de 4.6% a los mínimos para 2009 ya quedó anulado, pues la inflación esperada para ese año -según la más reciente encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas del sector privado, del país y del extranjero, y de la cual dio a conocer sus resultados el viernes 19- andará en un rango superior a 4.5%.

Esos mismos especialistas estiman -en un hecho inédito en las encuestas de este tipo que hace el banco central- que la economía mexicana no sólo no crecerá, sino que se contraerá 0.11%. Y, peor, que sólo se generarán 81 mil empleos nuevos.

En este contexto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que la caída constante en la actividad industrial es prueba de que se inició ya en México el tránsito a la recesión, que "será la más difícil" que haya vivido el país en las últimas décadas.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de la iniciativa privada del país, dio muestras de nerviosismo: su presidente, Armando Paredes, urgió el jueves 18 al presidente Calderón a convocar, de manera urgente, a todos los sectores para hacer frente a la crisis de una manera más coordinada y eficiente, y proteger la planta productiva y el empleo.

Incrédulos del optimismo gubernamental, los propios senadores iniciarán el 27 de enero una serie de foros en los que se analizarán las medidas más apropiadas para enfrentar la crisis.

Pero parece que esta crisis no la ve aquí el gobierno, con todo y que la realidad muestra cotidianamente lo contrario, y por mucho que haya dicho el presidente Calderón -en Brasil, el martes 16-, que "el mundo está al borde de una recesión generalizada".

*Tomado de la revista Proceso.

Mujeres de Pasta de Conchos*

SARA LOVERA

A Norma Vitela, Elvira Martínez y Rosy Mejía

MEXICO, D.F., 23 de diciembre (apro).- Allá en el norte las cosas están hechas de otra manera. Los hombres se enfrentan al desierto y a grandes dificultades para transformar la naturaleza. No hay lluvias ni selva. Hay que horadar duro, profundo, constante. Las mujeres hacen tortillas de harina, cuidan la prole. Sacan con toda su fuerza la energía necesaria para construir sin agua, sin fe, a veces sin alegría.

Las horas de las mujeres son largas. Los hombres sudan bajo los socavones de las minas. Las mujeres no ven el horizonte. La tierra es gris y la lluvia de carbón lo llega a cegar todo.
La región carbonífera de Coahuila tiene su real riqueza en sus mujeres, que se levantan con el ritmo del turno que su marido tiene en la mina y se acuestan con el pulmón dolorido por las lavadas y las caminadas para ir por lo indispensable, porque ahí no hay transporte.
Es una región agreste, que ha dado a estas mujeres una capacidad inmensa para enfrentar la vida, la muerte. Se contabilizan más de 100 explosiones de minas y muchos muertos en un siglo. Ahí nunca se ha hecho justicia. Hay impunidad sistemática, desde todos los tiempos.
Por ello, me sorprendió que ahora, 34 meses después, o sea más de mil días y noches de angustia, desde la explosión en Pasta de Conchos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera tardía y un poco ridícula, llegue a la conclusión que se sabe por todas partes, que conocen en todo el mundo, y que está profusamente documentada:

Los hechos del 19 de febrero de 2006, en los que murieron 65 mineros, por una explosión resultado de la omisión, el descuido y el crimen industrial, involucran a autoridades, al Ministerio Público, a las autoridades del Trabajo, al gobierno federal cómplice, al gobierno local encubridor y a las y los legisladores que no han podido evitar la explotación a cielo abierto del carbón y consienten un trabajo inhumano, el peor de todos.

La CNDH recibió datos, expedientes incontrovertibles, el autodiagnóstico elaborado por el órgano de control interno de la Secretaría del Trabajo. Al menos tiene la CNDH 10 quejas sustanciadas por el abogado de las viudas de Pasta de Conchos.

Doña Rosario Ibarra, recibió un enorme expediente, de unas 5 mil fojas, que le mandó al presidente de la CNDH.

Y nada, que hasta ahora, resulta, y bueno, tal vez no sea tarde para reconocer con sellos y mantas que la complicidad del gobierno con los multimillonarios empresarios de Industrial Minera México (IMMSA) ha hecho que en este país la vida no valga nada y el sufrimiento menos.

Aquí se destaca algo más allá, algo que dificultosamente se evalúa en este tipo de "luchas" y "demandas": hablo de las personas que van adquiriendo dignidad y se van dando cuenta de sus derechos, sin dogmatismo ni lealtades a ciegas. Este proceso de transformación en la conciencia y en el alma que transforma las vidas de quienes se ponen al frente de su propia vida.

La dignidad es como un dique para quienes pretenden "conducir" las luchas. O siguen humillando sin miramientos, sin capacidad ni generosidad; esos monstruos de un sistema que se deshumaniza por todas partes.

En las luchas, en las construcciones exitosas, y no digo nada nuevo, siempre hay esas alimañas que lo opacan todo con su dogmatismo. En Pasta de Conchos eso no ha podido penetrar, aunque existe, en esa fuerza indómita de un puñado de viudas y familiares, que parecen concentrar todo el dolor de la región, que hoy sangra por todas partes, donde ha desaparecido el río, donde hay maquinarias para explotar ahora el gas natural.

Como si no fuera suficiente el sufrimiento de una y otra generación, todavía hay funcionarios a lo que no le llega por ninguna parte la sensibilización. O a los que quieren salir en la nota periodística, o a los que se montan en el éxito y el talento de otras y otros para medrar en su beneficio, así sea sólo su vanidad.

En la región carbonífera, durante decenios, fue la corrupción y el abuso el signo. Y ahora, se abre una cortinilla de esperanza donde están todos y cada una de las actoras principales: viudas y madres.

Esas son las cosas que para el poder pierden sentido en un tiempo donde todo se hace vacío. Y a pesar de la impunidad, la falta de escucha, la incapacidad de las autoridades, la falta de unión en la pelea, lo que sucede con las mujeres de Pasta de Conchos hay que relatarlo, reiterarlo, sostenerlo, visualizarlo y, sobre todo, apoyarlo sistemáticamente, sin recelo.
Hoy tal vez esa dignidad que hace a las personas no admitir la humillación ni el aplastamiento hablan de que en Pasta de Conchos se haga justicia de la única manera que ellas lo entienden: rescatando los cuerpos de sus queridos esposos, de sus hijos, de sus padres que están en el lecho de la mina.

Y si eso sucede, hay que decir a los cuatro vientos que se debe a estas mujeres de la región carbonífera, que armaron una madeja en un largo proceso que hizo nacer a las nuevas. A Rosy Mejía al pie de la boca mina sin moverse; a Teresa Contreras buscando en las leyes; a Norma Vitela rompiendo todas las reglas de lo que se espera de las mujeres, y a Elvira Martínez, creyente y dignísima cristiana, y a muchas más que han tenido la fortaleza de decir su verdad y sostenerla.

Las noticias de esta semana son dos: la CNDH reaccionó con una recomendación, escuchó que se han tomado todas las medidas: expertos en minas de carbón que dijeron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el rescate de los cuerpos es técnicamente posible y viable; relación con los equipos de trabajo de varios Relatores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes incluso las recibieron en sus oficinas en Ginebra, además de que cada vez más personas y organizaciones se unen a la exigencia.

La otra noticia, en la que no confío para nada, es que habrá una mesa técnica para rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos en 2009. En febrero se cumplirán tres años desde la tragedia. En enero, febrero, marzo y otros meses, los campos de Barroterán, Palau, Nueva Rosita, se llenan de flores y cruces. Se recuerdan todas las tragedias. Hoy la decisión es que en Pasta de Conchos no se haga historia fúnebre, sino de, por primera vez, con algo de justicia.

saralovera@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Candado a la transparencia*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha.

DANIEL LIZáRRAGA

"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación".

Las acciones realizadas por el gobierno de Felipe Calderón para combatir la corrupción, así como los detalles de la Operación Limpieza, encaminada a frenar las infiltraciones del narcotráfico en las dependencias públicas, no podrán ser conocidas por la opinión pública.

Lo anterior es producto de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado el viernes 5 y por la Cámara de Diputados el miércoles 10. En el artículo 16 del nuevo código, por ejemplo, se prohíbe, sin excepción, el acceso a las averiguaciones previas, incluso si éstas ya concluyeron.

Entre los puntos de la miscelánea penal aprobada por el Congreso de la Unión destaca una disposición para impedir la difusión de información de investigaciones judiciales, así se trate de casos de interés público. La estrategia para efectuar dichos cambios se fraguó desde la Secretaría de Gobernación, cuando Juan Camilo Mouriño aún era el titular de esta dependencia.

Debido a este candado, las investigaciones en las que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solicitaron órdenes de aprehensión ni formularon cargos contra los detenidos se mantendrán bajo reserva. De acuerdo con las disposiciones del código reformado, sólo se tendrá acceso a esos expedientes luego de un período de tres a 12 años.

Estos cambios y restricciones tienen un destinatario: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Desde la fundación de este organismo hace más de cuatro años, sus comisionados establecieron criterios respecto del manejo de las averiguaciones previas; siempre que algún ciudadano solicitó copia de documentos públicos, ordenaban a las autoridades atender la petición.

Las dependencias solían omitir datos personales de los funcionarios -direcciones, teléfonos, preferencias sexuales, religión, números de cuentas bancarias, estado civil, entre otros-, así como la estrategia utilizada por las policías para la investigación, como nombres de testigos, intervenciones telefónicas y otros elementos utilizados en las pesquisas.

Con ello se protegían las dos vertientes: la personal y la correspondiente a la investigación policiaca. Las autoridades, ya fuesen de la PGR o de la SSP, tachaban párrafos o líneas de los expedientes. El resto de la información se podía entregar al solicitante.

Mediante las versiones públicas de las averiguaciones previas fue posible conocer la actuación del Ministerio Público para exonerar al exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. Así pudo el representante social determinar que no había pruebas ni elementos suficientes para ejercer acción penal en contra del exmandatario.

Cuando el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se publique en el Diario Oficial de la Federación, casos como el anterior ya no podrán ser conocidos por la opinión pública.

Doble discurso

De acuerdo con The Trust of Americas, una organización no gubernamental vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto la Ley Federal de Transparencia mexicana como las decisiones tomadas por el pleno del IFAI sirvieron de modelo para diseñar los sistemas de rendición de cuentas en la mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe.

El martes 9, Calderón presentó su plan anticorrupción. En un jardín de la residencia presidencial anunció que el eje principal de este proyecto consistiría en consolidar una política de Estado en materia de información. Ante decenas de funcionarios e invitados especiales, entre los que se encontraba el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, dijo:

"Por una parte, tenemos una legislación de vanguardia en materia de acceso a la información pública. En el caso del gobierno federal, cualquier ciudadano puede preguntar prácticamente lo que quiera; lo puede hacer, incluso de manera anónima. Cada año crecen, hasta llegar a cientos de miles, las preguntas que se hacen al gobierno federal y que obligatoria y puntualmente se responden."

El miércoles 10, un día después de este discurso en que el presidente exaltó la transparencia y la rendición de cuentas, en la Cámara de Diputados se aprobó el primer paquete de la miscelánea penal, que contiene la disposición para impedir que se hagan públicas las averiguaciones previas.

La votación a favor de las reformas orientadas en lo general a frenar la inseguridad pública fue muy clara: 314 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra. Algo similar ocurrió el viernes 5 en el Senado. Los legisladores modificaron en lo general ocho ordenamientos para redefinir las funciones de la policía y ampliar las facultades del Ministerio Público.
Llamó la atención de la prensa el que, con estas reformas, las autoridades podrán tramitar un arraigo domiciliario en sólo 24 horas y sin necesidad de presentar un escrito. Sin embargo, el candado a las averiguaciones previas nunca fue conocido por la opinión pública.

Las nuevas restricciones impedirán conocer por qué los hermanos Bribiesca Sahagún fueron exonerados por la PGR de las acusaciones por un presunto tráfico de influencias formuladas en su contra por una Comisión de la Cámara de Diputados; tampoco se sabrá la manera en que los cárteles del narcotráfico penetraron las estructuras policiacas y pusieron en su nómina a funcionarios de altísimo nivel, tanto de la SSP como de la PGR.

Las restricciones a la información que debería ser pública también pueden obstruir las revisiones del pasado reciente. En 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo entregó a Juan García Ábrego, el fundador del cártel del Golfo, a Estados Unidos sin que mediara juicio ni solicitud de extradición. Aún se desconoce si la PGR tiene archivos relacionados con el caso.

El miércoles 17, el IFAI reaccionó a las enmiendas al nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Una semana después de la reforma, Lujambio calificó lo sucedido en el Congreso de la Unión como "un gran retroceso" en materia de rendición de cuentas.
Antes del inicio de la sesión plenaria semanal, acompañado por los otros cuatro comisionados, Lujambio declaró que en la coyuntura por la que atraviesa el país por los altos índices de inseguridad, es imperativo medir los alcances de esta reforma.
"El objetivo, absolutamente pasivo, puede alcanzarse con un equilibrio normativo adecuado entre la posibilidad de transparentar la función a cargo del Ministerio Público y garantizar la eficacia de la acción investigadora que éste realiza en cada caso. El acceso a versiones públicas de averiguaciones previas concluidas es un medio clave para apuntalar la credibilidad y la confianza ciudadana en el Ministerio Público", enfatizó el presidente del IFAI.

Dijo que el instituto ha sido claro en sus resoluciones en el sentido de permitir que continúen bajo reserva las averiguaciones previas que estén en trámite, a fin de fortalecer las investigaciones.

Puntualizó que, en los primeros años de operación de la Ley de Transparencia, la PGR cumplió cabalmente con las resoluciones del IFAI y otorgó acceso a versiones públicas de diversos documentos vinculados con averiguaciones previas.

Sin embargo, a partir de 2007, la PGR sostuvo que tratándose de averiguaciones previas operaba una reserva absoluta sin posibilidad de distinguir el estado en el que se encontraban. A partir de ese momento comenzaron las trabas.

Y añadió: "La PGR promovió acciones jurisdiccionales contra las resoluciones del pleno del IFAI cuando versaban sobre averiguaciones previas, aun cuando la Ley Federal de Transparencia estableció que dichas resoluciones son definitivas e inatacables para las autoridades. Así se generó un incumplimiento sistemático. El IFAI ha denunciado esto ante la Secretaría de la Función Pública y está a la espera de conocer los resultados".

Ante el reclamo del IFAI, los líderes de las bancadas del PAN, del PRI y del PRD cerraron filas. Al final de una rueda de prensa ofrecida en el Senado el jueves 18 por la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que las averiguaciones previas deben conservar la reserva necesaria para culminar con éxito las investigaciones, sin que el proceso penal se preste a especulaciones o difamaciones públicas.

"Existe total y completo convencimiento por parte del Senado de que las averiguaciones previas deben conservar la secrecía necesaria, para que la culminación de éstas ponga sobre la mesa la verdad, se eviten especulaciones y daños a famas públicas en el transcurso de las indagatorias", dijo.

En las estadísticas acerca de las resoluciones del IFAI consta que ninguno de los comisionados -Jacqueline Peschard, María Marván Laborde, Alonso Gómez-Robledo, Juan Pablo Guerrero y el propio Lujambio- ha planteado la posibilidad de abrir una averiguación previa cuando aún está en curso.

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, rechazó los señalamientos de Lujambio respecto de que se fraguó una regresión.

Dijo: "Hay que actuar con mucha responsabilidad para proteger los datos de las acciones que el Estado realice, sobre todo contra delincuentes agrupados en el crimen organizado".
Al igual que en el caso del senador Manlio Fabio, al contrastar estas declaraciones con las estadísticas del IFAI se localizaron inconsistencias. En las versiones públicas ordenadas por el instituto a la PGR se mantiene bajo reserva o resguardo cualquier dato que pueda poner en alerta a la delincuencia organizada sobre la estrategia del gobierno para perseguirlos.
Al respecto, el constitucionalista Miguel Carbonell advirtió que lo hecho por el Congreso de la Unión y el gobierno no sólo es una regresión, como lo apuntó Lujambio, sino que también representa una violación a la Carta Magna.

En una entrevista realizada el viernes 19 en W Radio, señaló que resultó incongruente tomar una decisión de ese tipo cuando esos mismos legisladores reformaron el artículo sexto con el propósito de incluir el acceso a la información como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Carbonell agregó que si se concedieron amparos a los presuntos miembros de la banda de secuestradores llamada La Flor, ya no habrá manera de saber si esto pudo obedecer a un mal trabajo del Ministerio Público.

Hasta el momento, la PGR había tramitado 12 juicios de nulidad contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a fin de no entregar versiones públicas de averiguaciones previas las cuales, casi en su totalidad, fueron requeridas por reporteros. De acuerdo con la dependencia, sólo los involucrados en las investigaciones tienen derecho a conocer los contenidos de los expedientes aun cuando ya estén cerrados.

*Tomado de la revista Proceso.

Fox y Calderón: diatriba de cómplices*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha.

áLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Hijos de la misma entraña, el Partido Acción Nacional (PAN), y afines en ideas e intereses --¿en cuáles chocan?--, Felipe Calderón y Vicente Fox han sido siempre rivales y cómplices, y la diatriba que ahora protagonizan en torno del crimen organizado que cruza sus gobiernos no parece trascender los meros artificios retóricos.

Calderón, quien en buena medida gracias a su antecesor ha asegurado su futuro económico no sólo por la pensión vitalicia que disfrutará, sino por los negocios que le gestiona el abogado Julio Esponda Ugartechea -socio del flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la defensa de criminales de cuello blanco--, reactivó la ofensiva verbal contra Fox en el marco del desbarajuste de la "guerra" contra el narcotráfico.
Sólo en este tema, del que el PAN echará mano para no hundirse en las elecciones del 2009, las acusaciones de Calderón a Fox son directas e inequívocas: Le heredó un "Estado doblegado" por el poder de grupos criminales, debido a que los ignoró y/o pactó con ellos.
"Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", afirmó Calderón en un informe enviado, por escrito, a la Cámara de Diputados, a finales de noviembre.

Un mes después, apenas el viernes 19 de diciembre, añadió: "El haber ignorado o haber pretendido administrar a la delincuencia, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México. Afortunadamente, así como los mexicanos de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, también sabemos que lo que hoy hacemos es una semilla que dará resultados y cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana."

Y añadió: "Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales a las que combatimos sin distingo alguno, que estamos decididos no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado a los enemigos de México y seguros de ello derrotaremos a quienes quieren ver paralizado al gobierno y a la sociedad sembrando el temor, la desesperanza y la corrupción."

Justo en la ceremonia en la que Calderón pronunció estas sentencias, con clara dirección, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, fue más obvio, aunque sin referirse específicamente a Fox, cuando afirmó que al inicio de este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada.

"No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que, de continuar ignorado o solapado, llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional", expuso, en vísperas de que ocho militares fueran asesinados y decapitados en Guerrero.
Aunque es una obviedad decir que, después de tales acusaciones, Calderón está obligado a proceder contra Fox, conviene recodar que entre ambos ha habido siempre una convergencia de intereses que se anteponen a diatribas transitorias.

La más remota puede encontrarse hace casi tres lustros, en 1995, cuando Calderón compartía las furias de Carlos Castillo Peraza por el locuaz Fox de Guanajuato, lo que jamás dio lugar a un distanciamiento mayor, como ocurrió tres años después, en 1998, cuando los hermanó un episodio que condujo al triunfo del 2000: La convalidación del Fobaproa, las deudas de grandes inversionistas privados que los mexicanos seguimos pagando.

A los berrinches del Calderón diputado con el gobierno de Fox, siguió el pleito por el despido de aquél de la Secretaría de Energía y desde ahí, tras una elección fraudulenta cuyos responsables siguen impunes, su lanzamiento como candidato presidencial del PAN, cuyo triunfo en la elección del 2006 no se explica sin la decidida intervención del aparato gubernamental federal y los intereses que sobre él gravitaban.

Cómplices, por tanto, en la retención del poder presidencial, poco puede esperarse de que Calderón traduzca en acciones punibles las acusaciones de complicidad e ineptitud del foxiato, salvo que estén ya integrados los expedientes para proceder contra los responsables en el gobierno anterior.

Aunque remota, es una posibilidad que no puede descartarse de plano por razones de carácter electoral: El operativo con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para detener brevemente a Manuel Bribiesca, el miércoles de la semana pasada, por un asunto hacendario menor, es un calambre para Fox.

Mujer de uno y de otro, Marta Sahagún está actuando, subrepticiamente, en el ámbito partidista, al menos en Nuevo León, para que le sean respetados candidatos afines, sobre lo que aquí se informará con oportunidad...

Apuntes

Aun con dos pesos de aumento al salario mínimo y, al contrario, el alza número 32 a los combustibles, ¡felices fiestas a los lectores! delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Investigado por corrupción y abuso de poder*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

JESUSA CERVANTES

La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación investigan al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por dos maniobras financieras que desangraron al erario: la compraventa de Banamex a Citigroup y la colocación del paquete accionario de Repsol que era propiedad de Pemex en la bolsa de Luxemburgo. Pero como Gil fue un funcionario de amplios intereses, un informe del Cisen lo relaciona con la galopante corrupción en las aduanas y la PGR con abuso de poder.

Dos años después de haber dejado la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz es investigado por la Procuraduría General de la República por el delito de "uso indebido de atribuciones y facultades" en el proceso de venta de Banamex a Citigroup en 2001, en el cual se evitó el pago del Impuesto Sobre la Renta por 3 mil 500 millones de dólares.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga posibles pérdidas por "7, 095, 591 miles de pesos" (es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos) por la colocación de las acciones que Petróleos Mexicanos tiene en Repsol (4.5%, con valor de mil 373.7 millones de dólares) en el mercado cambiario de Luxemburgo, operación que Gil Díaz autorizó en 2003 desde la SHCP y como integrante del Consejo de Administración de la paraestatal.

A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la forma en que participó la empresa Global Axis Management, que preside Gonzalo Gil White -hijo de Gil Díaz y de Margarita White-, como proveedor de asesoría para llevar a cabo la operación accionaria en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

La misma comisión de la Cámara de Diputados y la asociación civil Transparencia Nacional, que encabeza el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, indagan la posible "simulación" de venta de acciones en aquella operación financiera con la consecuente pérdida para el erario federal de más de 7 mil millones de pesos o la desaparición de las acciones de Pemex en Repsol.

Uno de los principales responsables de esta colocación de bonos fue Juan José Suárez Coppel, que en 2003 era director corporativo de Finanzas de Pemex, y tan cercano a Gil Díaz que fue su jefe de asesores durante el primer año de su gestión en la Hacienda.

La denuncia

El pasado 24 de octubre los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup.

Los denunciantes argumentaron que Gil incurrió en un conflicto de interés, ya que como exempleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó que la operación se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el pago millonario de impuestos porque en 2001 las operaciones por esta vía estaban exentas de esa obligación.

Apenas el pasado jueves 4 la PGR le dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008 en la Mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

En la extensa denuncia de los diputados federales se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, "exfuncionario de las empresas controladas, filiales o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex, estrechamente ligado a Roberto Hernández (expropietario de Banamex), designado como jefe del Servicio de Administración Tributaria en 2003 (ratificado en ese cargo por Felipe Calderón) y quien omitió realizar cualquier pesquisa o investigación para la recuperación de las contribuciones omitidas", es decir, los 3 mil 500 millones de dólares del impuesto.

Se incluye también a Luis Mancera Arrigunaga, "exdirectivo jurídico de Avantel bajo la dirección de Gil Díaz; exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP en la pasada administración y titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el tiempo en que concluyó el plazo para el ejercicio de facultades de auditoría y comprobación por la omisión de las contribuciones; excolaborador de Zubiría Maqueo. Hoy socio de la firma White & Case que factura millones de dólares a Banamex".

Vicente Corta Fernández aparece en la denuncia como "extitular de Banca y Ahorro de la SHCP; extitular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al momento en que se realizó el prepago del pagaré a Citibank; exasesor de Gil Díaz en Hacienda. Hoy directivo de White & Case, encargado de asuntos de apoyo a diversas autoridades federales vinculadas a asuntos relacionados con Roberto Hernández".
Y finalmente se menciona a Javier Laynez Potisek, "excolaborador de Luis Mancera Arrigunaga y actual procurador fiscal de la Federación, que ha obstaculizado y retardado la promoción de acciones en contra de Gil Díaz".

En la denuncia se incluyeron dos oficios firmados por el exsecretario de Hacienda. El primero de ellos, fechado el 21 de mayo de 2001 y dirigido al entonces presidente de la República, Vicente Fox, el funcionario se excusa de intervenir en el
asunto:

"Es importante señalar que, no obstante que no presto ni he prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción de referencia, y por lo tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés, he estimado que la excusa que someto a su consideración contribuye a la existencia de condiciones convenientes para el estudio, evaluación y resolución de dicho asunto, el cual será cursado ante la Dependencia a mi cargo".

En el segundo oficio, del 30 de octubre del mismo año, Gil Díaz autoriza la venta. En este documento de cinco cuartillas además se da luz verde a la escisión de Banamex en dos sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, "que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank Securities, Inc., y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V., quien a su vez detenta las acciones de Avantel, S.A., y Avantel Servicios Locales, S.A".

El fragmento resaltado figura así en la denuncia porque esa parte del oficio se ocultó a la opinión pública y a los diputados federales a los que se informó de la venta. Al evidenciar la relación con Avantel, los diputados Juan N. Guerra y Pablo Trejo pretenden demostrar que Gil Díaz sí incurrió en conflicto de interés al haber sido empleado de la telefónica hasta el día que Fox lo designó secretario de Hacienda.

Presiones a Citigroup

En la denuncia de Guerra y Trejo se muestra que la venta de Banamex no debió haberse avalado como una operación en la BMV exenta de impuestos puesto que, según los legisladores, el precio se pactó en Nueva York.

Pero además, en la querella piden indagar la posible presión y otras maniobras de Francisco Gil Díaz a través del IPAB para que Citigroup se volviera inoperante y así obligarlo a adquirir caro Banamex.

El diputado Juan N. Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona explican que, entre mayo y septiembre de 2000, Citigroup le ponía muchas reservas a Banamex, Por ejemplo, quería comprobar si todos los activos del banco eran reales, no permitía sacar activos a espaldas de los accionistas ni conservar a ciertos funcionarios. Entonces ocurrieron tres hechos relevantes.

El primero fue una reunión de Vicente Fox con Roberto Hernández. El segundo, que el IPAB, entonces bajo el mando de Vicente Corta, decidió prepagar el pagaré de Citigroup por 25 mil millones de pesos.

"Todos los pagarés tenían posibilidad de prepago y la pregunta es por qué sólo se hace con Citigroup -dice Reyes Orona. El efecto es devastador para Citigroup, ya que por tratarse de una suma tan elevada de dinero no la podía colocar en las sucursales que tenía, y las tasas por rendimiento eran tan bajas en el país que no podía respaldarla. Esto le generó a Citigroup una pérdida de 1 millón de pesos por día. Con esto Banamex fastidia a su contraparte en la negociación, por lo que lo presionan para que compre y retire algunas de las condiciones que ponía."

El tercer acontecimiento, agrega el diputado Guerra, fue que como el IPAB no contaba con dinero para hacer el prepago del pagaré a Citigroup "se voltea a Banamex y le pide 25 mil millones de pesos, con lo cual le arreglan la vida a este banco porque a partir de ese momento ya tiene un crédito seguro con el IPAB, colocando una cantidad monstruosa de dinero".

Por eso en su denuncia los legisladores piden a la PGR que recabe, "vía consular o diplomática, los informes que permitan conocer el grado de involucramiento de José Francisco Gil Díaz en las reuniones que se hubieran llevado a cabo con los señores Sanford Weill y Charles Prince, funcionarios de Citibank en la ciudad de Nueva York".

En tanto, los legisladores ya solicitaron audiencia con Christopher Cox, titular del organismo de regulación bursátil estadunidense (Securities and Exchange Comisión, SEC), a fin de pedir su colaboración para confirmar la presencia de Gil Díaz en las negociaciones con Prince y Weill, "dado que existen evidencias de corrupción en la operación" y en virtud de que el gobierno de Estados Unidos emitió una circular que autoriza investigar actos de corrupción en el extranjero.

Si se comprueba que la venta y el precio correspondiente se pactaron antes de que se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores, se confirmaría que no debió autorizarse como un movimiento de "cruce protegido" y que por lo tanto se evadió el pago del ISR por 3 mil 500 millones de dólares con la anuencia de Gil Díaz.

Dinero para Gil White

En agosto de 2003 el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Francisco Gil Díaz, autorizó que se colocara en la bolsa de valores de Luxemburgo el 4.5% de acciones de Repsol que le pertenecen. Meses después, el 9 de diciembre, la SHCP autorizó la operación y le asignó el número de identificación 96-2003-F.

El 14 de noviembre de ese mismo año se creó en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux S.A., que a su vez formó un "vehículo financiero" llamado RepCon Lux, S.A., para emitir a través de él un bono intercambiable en acciones de Repsol por un monto de mil 373.738 millones de dólares, con vencimiento al 26 de enero de 2011.

Sin embargo, en febrero de 2008 los tenedores de las acciones podían revender a Pemex las acciones o cobrar dividendos. Hasta el momento se desconoce quién adquirió los bonos y quién fue uno de los colocadores. Tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como Transparencia Nacional tienen, como línea de investigación, que Global Axis Management realizó esta operación.

Esta empresa, que preside Gonzalo Gil White, se formó en 1999 con los 60 millones de dólares que Televisa le pagó a la familia Cañedo White, a la que pertenece la esposa de Gil Díaz, Margarita White Cañedo.

Tanto los diputados de la Comisión de Vigilancia como Transparencia Nacional creen que se simuló una venta de acciones y que en realidad se "vendió" un asiento en el consejo de decisiones de Repsol. La petrolera estaba tan atomizada antes de la colocación de los bonos que ninguno de sus inversionistas tenía más de 20% de las acciones.

El presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, explica: "De comprobarse esta tesis, Hacienda tendría que haber utilizado a un colocador que no dijera nada, y existen indicios de que pudo ser Global Axis Management; de ahí que sea una de las líneas de investigación".

Paralelamente, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que no se sometieron a la consideración del Consejo de Administración de Pemex ni la evaluación del riesgo ni el impacto de los compromisos asumidos.

Tampoco se evaluaron en esa instancia otras alternativas de financiamiento, lo que a decir de la ASF "le está representando a Pemex un costo de oportunidad de 7,095,591 miles de pesos -es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos- debido a la plusvalía estimada del precio de las acciones a febrero de 2008".

La ASF precisa que no se tomó en cuenta el alza en el precio del petróleo en ese tiempo y que influyó directamente en el valor de las acciones de Repsol. La acción que alguien adquirió por 23.4 dólares, en diciembre de 2006 ya valía 34.58 dólares, por lo que de entrada la maniobra implicó una pérdida de 655 millones de dólares para Pemex.

La ventaja para quien compró los bonos en el esquema que utilizó Pemex es que si la acción subía, se pagaba al tenedor del bono, pero si bajaba, la pérdida la asumía la paraestatal. Y en caso de que en febrero de 2008 Pemex decidiera recomprar las acciones, tendría que pagar a quien las poseyera un "costo de oportunidad" por 412 millones 121 mil dólares "o, si considera conveniente, les cederá la posición accionaria como pago".

Reyes Orona considera que el procedimiento es tan evidentemente oneroso para Pemex que debe ser una simulación: "Nadie hace esta operación para perder".

Hasta el momento Pemex no ha informado si Global Axis Management participó en la operación de Luxemburgo y tampoco ha explicado los motivos para aceptar sus condiciones desventajosas. Mucho menos ha revelado quién adquirió los bonos o si se los recompró o le cedió su posición en Repsol.

En cambio, se sabe que el encargado de diseñar la operación fue Juan José Suárez Coppel, entonces director Corporativo de Finanzas de Pemex, quien el 27 de octubre de 2006 dejó en su cargo a su asesor y sobrino en segundo grado Esteban Levín Balcells, que aún se mantiene ahí.

Antes de llegar a Pemex, Suárez Coppel fue asesor de Gil Díaz en la SHCP y hoy, impulsado por su protector, pretende ser consejero independiente de la paraestatal. El pasado 11 de diciembre Suárez Coppel buscó al coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, para que lo postule al consejo de la paraestatal; también cabildea en la Comisión de Energía para que lo propongan antes del próximo domingo 28, cuando vence el plazo para presentar candidaturas.

Perseguidos por Gil Díaz

En un amplio documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se menciona que Francisco Gil Díaz utilizó su cargo en Hacienda para perseguir a sus adversarios y para avalar la corrupción que se apoderó de las 48 aduanas del país.

Entre los abusos cometidos por Gil Díaz el Cisen refiere la persecución contra Julio Scherer Ibarra.

En 2000, poco después de que Julio Scherer García, fundador y presidente del Consejo de Administración de Proceso, hizo dos comentarios críticos sobre el presidente electo Vicente Fox, Gil Díaz inició una desa-seada embestida contra Scherer Ibarra, hijo del periodista. La persecución sumó 14 denuncias penales y duró casi todo el sexenio, pues no fue sino hasta mayo de 2006 cuando la PGR desechó las querellas a falta de pruebas.

En abril de 2001, cuando Scherer Ibarra era director general y miembro del Consejo de Administración del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina, el secretario de Hacienda interpuso demandas contra los directivos del grupo industrial por operaciones realizadas entre 1997 y 2000, relacionadas con el subsidio a las exportaciones de azúcar, una supuesta evasión de impuestos y retención de cuotas del Seguro Social.

A su vez, el 9 de noviembre de 2006, Scherer Ibarra interpuso una denuncia, por abuso de autoridad y omisión de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona. También señaló como responsable inmediato al superior jerárquico de estos funcionarios, Francisco Gil Díaz.

En el expediente del Cisen, de más de 100 páginas, se dice que Gil Díaz ha beneficiado a sus parientes con patentes aduanales y se asoció con ellos para pasar contrabando, además de colocar a su amigo José Guzmán Montalvo como administrador general de aduanas.
"Funcionarios de Hacienda adscritos a aduanas encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo, aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación", dice el documento.

*Tomado de la revista Proceso.

Tras la impunidad divina*

Tomados de La Jornada, Hernández.

El obispo Onésimo Cepeda nos tiene acostumbrados a los escándalos. Pero el más reciente episodio de este tipo -su intento por cobrar un "préstamo" por 130 millones de dólares que, supuestamente, le hizo a una integrante, ya fallecida, de la familia Azcárraga- lo tiene a la puerta de un tribunal. A menos que, según los abogados que denunciaron al frívolo obispo de Ecatepec por presunto fraude procesal, disponga de influencia divina, que la Iglesia lo proteja o que él mismo utilice sus influencias políticas y empresariales para quedar impune...

Rodrigo Vera

A principios de octubre, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, recibió en sus oficinas de la Catedral Metropolitana a los abogados Xavier Olea Peláez y Arsenio Farell Campa, quienes le preguntaron de dónde había sacado los 130 millones de dólares que, según el obispo, le prestó a la señora Olga Azcárraga Madero.

"Ese dinero salió de los padres pobres de Ecatepec", les contestó el prelado, desdeñoso.
Los abogados no le creyeron. Más aún, le advirtieron al obispo que podrían iniciar un juicio en su contra porque suponían que ese préstamo multimillonario jamás se dio.

"Pues inicien el juicio. ¡Inícienlo!", desafió Onésimo.

Olea y Farell salieron de la reunión sin haber conseguido ningún acuerdo, como pretendían. Y, en efecto, el 15 de octubre denunciaron al prelado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por presunto "fraude procesal", pues, afirman, simuló el cuantioso préstamo con la intención de apoderarse de la valiosa colección pictórica que dejó la ya fallecida señora Azcárraga.

Días después, Olea y Farell intentaron que el Vaticano mediara para atemperar el pleito, por lo que le pidieron una cita al nuncio apostólico en México, Christopher Pierre. Sin embargo, el representante del Papa se negó a recibirlos.

En su despacho, Xavier Olea cuenta decepcionado:

"A principios de octubre, Arsenio Farell y yo fuimos a Ecatepec a hablar con Onésimo Cepeda. Fue un gesto de nuestra parte para no iniciar el juicio. Él nos dijo: '¡Inícienlo!, ¡inícienlo!'. Luego nos explicó: 'Ese dinero es de los padres pobres de Ecatepec. Yo no tengo nada'."

-¿No les dio más detalles?

-¡Nada! Nos dimos cuenta de que el obispo es una persona muy soberbia. Tuvimos que denunciarlo por fraude procesal, pues no creemos que tenga tanto dinero como para hacer un préstamo de 130 millones de dólares. En fin, eso ya tendrá que explicarlo ante el Ministerio Público.

"El obispo asegura que ese préstamo lo hizo en efectivo. De ser así, tuvo que entregar un gran volumen de pacas de billetes de dólares, que no hubiera cabido en este despacho."
El único antecedente similar en México es el del presunto narcotraficante chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, a quien se le encontraron 207 millones de dólares en efectivo, en su mayor parte billetes de 100 dólares que atiborraban muros, armarios y maletas. Fue el mayor decomiso en efectivo en la historia mundial de las operaciones contra el narcotráfico. Los 130 millones de dólares del obispo de Ecatepec equivalen a más de la mitad de lo que tenía Zhenli Ye Gon.

Olea se rasca la barbilla y murmura intrigado:

"Aquí puede haber la existencia de otro delito... pero no me quiero adelantar... no quiero adelantarme."

-¿En qué otro ilícito podría estar metido Onésimo Cepeda?

-En la operación con recursos de procedencia ilícita... lavado de dinero... pudiera ser.
El "cártel de la Iglesia"

La versión del obispo de que prestó los 130 millones de dólares, nada menos que a una integrante de la acaudalada familia Azcárraga, orilló a los abogados a acudir a la nunciatura. Buscaban con ello la intervención del Vaticano en el caso.

Olea relata:

"Yo mismo hablé con el nuncio Christopher Pierre. Por teléfono le solicité una audiencia. Pero me dijo categóricamente que de ninguna manera nos iba a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente aquí hay una mafia que protege a Onésimo: el cártel de la Iglesia."

Según el obispo, él prestó a Olga Azcárraga los 130 millones de dólares el 28 de abril de 2003, como consta en un pagaré firmado en esa fecha. Ahí se señala que el préstamo quedaría sujeto a una tasa de interés de 0.50%, el cual se duplicaría si el crédito no se pagara a tiempo.

Dice textualmente el pagaré:

"Pagaré. Bueno por US$130.000,000.00 dólares.

"Por este pagaré valor recibido, en efectivo, la señora Olga Azcárraga Madero de Robles León, en representación de la empresa Arthinia Internacional, S.A., y, en lo personal, en su carácter de avalista de la misma, promete pagar incondicionalmente a la orden del señor Onésimo Cepeda Silva, en esta plaza, la suma principal de US$130.000,000.00 Dólares (Ciento treinta millones de dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América) el día primero de julio de 2008."

En el documento se indica que este monto "causará intereses ordinarios" sobre saldos insolutos "a la tasa del .50%" mensual hasta su vencimiento, y agrega que de "no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, dará lugar a que se paguen intereses moratorios sobre la suma principal vencida y no pagada a una tasa mensual de 1% (uno por ciento) por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ellos se originen".

La firma de "Olga A. de Roblesleón" aparece al pie del pagaré.

Al reverso del documento se hace constar que, el 23 de junio de 2008, Onésimo Cepeda endosa el pagaré "en propiedad" a Jaime Matute Labrador. Y aparece la firma del obispo.
A su vez, Matute Labrador, ya con el pagaré en sus manos, inició, el pasado 9 de septiembre, un juicio ejecutivo mercantil mediante el que intenta adueñarse de los bienes que pertenecieron a la señora Azcárraga, para cobrarse la multimillonaria deuda que el obispo le transfirió.

¿De dónde sacó Onésimo Cepeda los 130 millones de dólares? ¿De las arcas de la Iglesia, como él señala? ¿Son acaso recursos ilícitos? ¿Cómo fue que después hizo esa transferencia a favor de Matute Labrador? ¿A cambio de qué? ¿Le vendió o le donó el dominio del pagaré? ¿O todo es un fraude montado por el obispo y Matute? ¿Fue un préstamo simulado? Son éstas algunas incógnitas que deberán despejarse en los tribunales.

Lo cierto es que Olga Azcárraga, fallecida en noviembre de 2003, poco después del supuesto préstamo, tenía una valiosísima colección pictórica cuyos derechos de posesión ahora son de Arthinia Internacional, empresa en la que ella fungía como presidenta y directora. Matute Labrador fue por un tiempo director de la compañía, cargo del que se le destituyó en enero de 2003.

La señora Olga era hermana de Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, que abarca Radio Fórmula y Tele Fórmula. Y fue tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Su esposo era Ernesto Robles León, director de la empresa Bacardí durante muchos años.

La rica dama adquirió obras de los más cotizados pintores extranjeros: Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka...

Tampoco faltan en su colección cuadros de renombrados pintores mexicanos, que pueden considerarse patrimonio nacional: Naturaleza, de Diego Rivera; Tunas, de Frida Kahlo; Mujer caminando, del oaxaqueño Rufino Tamayo; El baile, de Francisco Goitia... y cuadros de Leonora Carrington y José Clemente Orozco, entre otros.

Hoy Matute intenta apoderarse de esta colección, valiéndose del pagaré del obispo, quien fue confesor de la devota señora.

Abogado de Arthinia Internacional, a nombre de la cual demandó a Matute y al obispo, Xavier Olea comenta: "Hay muchísima obra cara. En total, son 42 piezas".

-¿Valdrán los 130 millones de dólares?

-¡Calcúlele! Tan sólo un Modigliani se valuó en 25 millones de libras esterlinas. Aparte están los Dalís, los Orozcos, los Tamayos...

-¿El dinero del supuesto préstamo ingresó a alguna cuenta de la señora Olga?
-Ese dinero jamás entró a las arcas personales de Olga Azcárraga, y menos a las arcas de Arthinia Internacional, una empresa que se constituyó en Panamá en 1976 y cuyo único activo son los cuadros. Es decir, Arthinia nunca ha hecho una transacción mercantil de ningún tipo.

Maquinaciones

Para el abogado, lo más probable es que el obispo y Matute hayan planeado meticulosamente el "fraude", para lo cual, dice, pudieron haber abusado de la confianza que les tenía la señora Olga, quien les firmaba documentos en blanco.

Explica:

"Olga Azcárraga era una señora mayor de edad entregada a la Iglesia. Solía hacer aportaciones monetarias para las escuelas y las iglesias. El obispo Onésimo Cepeda era su amigo y confesor, lo mismo que el cardenal Norberto Rivera. Acostumbraba doña Olga firmarle documentos en blanco al obispo y a Jaime Matute, quien era su sobrino político.
"De acuerdo con pruebas periciales en grafoscopia y documentoscopia, comprobamos que, en efecto, la firma que aparece en el pagaré es de la señora Olga. Pero es muy anterior al mecanografiado del documento. De manera que fue una hoja que ella firmó en blanco y luego se llenó.

"Seguramente, Matute llena el pagaré y se lo lleva a Onésimo para que se lo endose en propiedad. La pregunta es: ¿cuánto le dio Matute al obispo para que le endosara el documento?, pues tuvo que haber una contraprestación. Pero finalmente la conducta de ambos es delictiva, y está tipificada como punible en el Código Penal para el Distrito Federal."

-¿Hay entonces una relación muy estrecha entre Matute y Onésimo?

-Hay una estrecha amistad entre ellos. Puedo afirmar que son muy amigos. Tal vez Matute era el conducto de doña Olga para entregarle ciertas dádivas y limosnas al obispo.
En la denuncia presentada ante la procuraduría capitalina se afirma que "jamás existió la entrega del dinero que supuestamente entregó en efectivo... don Onésimo Cepeda Silva", por lo que existe un "fraude procesal", puesto que en el "pagaré" se señala algo que "en realidad no aconteció".
De 35 páginas, la denuncia se apoya en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual estipula: "Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico... o altere elementos de prueba... si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude".

Agrega la denuncia que también hay "delito de falsificación", ya que "el documento basal de la acción directa fue evidentemente alterado".

Además señala que Onésimo Cepeda -por ser un ministro de la Iglesia- está "impedido legalmente" para celebrar actos mercantiles con "fines de lucro", de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Y transcribe textualmente los artículos de dicha ley -5, 8, 9 y 12- relativos a esa prohibición. El 8 dice claramente que "las asociaciones religiosas deberán... abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos".

Con el membrete de Olea & Olea Abogados, la denuncia fue presentada por Raúl Fernández Arche Cano, actual apoderado legal de Arthinia Internacional, quien "estima la procedencia de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables".

El abogado Olea da una fumada a su cigarrillo y comenta:

"Actualmente se está integrando la averiguación previa. En calidad de indiciados, Matute y Onésimo serán llamados a declarar. Todavía no sabemos quiénes son los abogados del obispo. Pero éste ya anda diciendo que su amigo Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, será quien le pague a sus abogados.

"Esperemos que Onésimo no logre escapar nuevamente de la ley debido a sus relaciones de alto nivel. Sabemos, por ejemplo, que es amigo del procurador general de la República, y que lleva muy buena relación con los mochos de la Secretaría de Gobernación. El mismo cardenal Norberto Rivera, con una llamada telefónica, puede abogar por él. En fin, se pueden conjugar una serie de presiones políticas. Ya veremos si este gobierno de católicos puede sancionar a un obispo."

Olea hace mención de anteriores denuncias y quejas contra Onésimo Cepeda de las que ha salido librado. Por ejemplo, en las campañas presidenciales de 2000, al polémico obispo se le acusó de realizar proselitismo político a favor del candidato priista Francisco Labastida. Del entonces candidato panista, Vicente Fox, Onésimo decía que lo único que le faltaba para ser burro eran las orejas.

La inconformidad llegó a tal grado que un grupo de integrantes del PAN viajó entonces a Roma para quejarse de él ante la Sagrada Congregación de los Obispos, donde ya se tenía un voluminoso expediente del prelado, quien luego se congració con Fox y su esposa Marta Sahagún, pues Fox fue el candidato ganador.

En las campañas presidenciales para la elección de 2006, nuevamente Onésimo levantó polémica, pues descalificó al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los otros dos fuertes aspirantes -Felipe Calderón y Roberto Madrazo- sí eran "candidatos de altura". Además, el obispo calificó como una "estupidez" algunas observaciones de López Obrador sobre el Instituto Federal Electoral.

En respuesta a las declaraciones del prelado, el entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Cota Montaño, lo tachó de "reaccionario" y "mercader de la religión y la política". Después, el PRD denunció al obispo por su injerencia en política, y éste a su vez presentó una demanda civil contra ese partido por las críticas que le hizo Cota Montaño.

Por esas fechas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, manifestó que la denuncia contra el obispo no prosperaría, pues "son sólo voladitas que se echan ahí para hacerse propaganda", y agregó que Onésimo seguiría su "ministerio episcopal, comiendo, bebiendo, jugando y hablando, por supuesto".

Y así fue: a Onésimo no se le sancionó. En cambio -apenas el pasado 19 de noviembre-, un tribunal condenó judicialmente al PRD a pagarle 100 mil pesos al obispo para resarcirle el "daño moral" que le ocasionaron las críticas de Cota Montaño.

Onésimo Cepeda fue corredor de bolsa con su amigo Carlos Slim. También fue torero, cantante de un grupo musical, golfista y tenista, comulgó con la corriente eclesiástica de la Teología de la Liberación, de la que luego renegó, y actualmente se mueve entre las élites políticas y empresariales del país. Está metido en el negocio taurino, pues es fanático de la fiesta brava. Es común verlo en las plazas de toros, con su puro y su boina española.

En una ocasión, se le preguntó cuál era su máxima meta. Y respondió: "Quiero ser santo".
Comenta Xavier Olea:

"Es cierto que, hace años, Onésimo fue socio de Carlos Slim. Es cierto que tiene amistades encumbradas y poderosas. Pero aún así no creo que haya podido juntar 130 millones de dólares en efectivo para realizar un préstamo."

-¿Y acudirá usted a otras instancias eclesiásticas para denunciar a Onésimo?

-¡Para qué! No tiene ningún caso. Ya vimos la negativa que nos dio el nuncio Christopher Pierre. La Iglesia le da impunidad a Onésimo. Pero él también es un civil, de acuerdo a nuestra Constitución. De manera que ya veremos si un juez ordena su aprehensión. Por lo pronto, estamos en la etapa de la averiguación previa... Esto apenas empieza.

Hace poco más de un mes, la PGJDF le envió un citatorio al obispo para que se presentara a declarar, en calidad de "indiciado", el 13 de noviembre ante el Ministerio Público. Pero Onésimo no se presentó. "El obispo tiene su segundo citatorio para este 22 de diciembre. Esperamos que ahora sí se presente para que diga de dónde sacó los 130 millones de dólares", dice el abogado Olea.
*Tomado de la revista Proceso.