Mientras unos no dejan de comer, otros no dejan de tomar*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta

Si bien es cierto que el título de esta colaboración para muchos podría significar alguna escena de estas fiestas decembrinas, para otros resume la estrategia adoptada por el gobierno para enfrentar la tremenda crisis que ha llegado a nuestra economía.

Y lo señalo porque, a pesar de todas las declaraciones hechas por Felipe Calderón en torno de su programa económico y financiero, el hecho es que cada día que pasa los indicadores económicos (crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, poder adquisitivo del salario y empleo) revelan un importante deterioro.

Sin embargo, por parte del gobierno no se observa la menor intención de corregir el rumbo y cambiar la “receta económica” aplicada por el doctor Agustín Carstens.

Así, se observa que durante el año que se aproxima las dependencias gubernamentales continuarán gastando nuestros impuestos en conceptos verdaderamente inútiles, como lo muestran ya sus Programas Anuales de Adquisiciones y Arrendamientos (PAAAS-09). Y aunque muchas dependencias del gobierno “han dejado mucho qué desear” en cuanto a los objetivos para los que fueron creadas, persisten en mantener elevados gastos innecesarios.

De hecho, si revisamos algunos conceptos de “gasto” en los que incurrirán los principales organismos que tienen que ver con la supervisión del sistema bancario y financiero, podemos observar el tremendo dispendio de los recursos públicos en conceptos que nada tienen que ver con los objetivos para los que fueron creados.

En el caso del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por ejemplo, se observa que durante el próximo año destinará 7 millones 727 mil pesos para el pago de renta de tres pisos (seis, siete y ocho) para las oficinas de sus funcionarios de alto nivel, en un edificio ubicado en la calle de Hamburgo 213.

En ese mismo sentido, destacan gastos de 10 millones 795 mil pesos para el “arrendamiento de computadoras”; 54 millones 151 mil pesos para “servicios de asesorías externas”; un millón 519 mil pesos por concepto de pago de estacionamiento para los funcionarios de alto nivel; 3 millones de pesos para la difusión de mensajes; 5 millones 237 mil pesos para “servicios de administración”, y más de 2 millones 500 mil pesos para pasajes internacionales.

En materia de gastos médicos mayores para los funcionarios de alto nivel, se estima que el IPAB erogará 55 millones de pesos, en virtud de que el “seguro” de sus funcionarios les otorga una cobertura de hasta 66 salarios mínimos por concepto de honorarios para el médico; 30 por cien to de los honorarios que cobre el anestesista cuando se trate de intervenciones quirúrgicas; así como hasta 35 por ciento de los honorarios de los ayudantes del anestesista, más los honorarios de tres turnos diarios de ocho horas de personal de enfermería, los alimentos y una habitación tipo “suite de hospital”, una cama extra y las consultas del médico.

Pero por si todo esto falla, el seguro de gastos médicos mayores también les otorga una “ayuda funeraria” hasta de 20 mil pesos.

En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observa que destinará 712 mil 670 pesos para la oficina del presidente de ésta, con dulces, extracto de café, refrescos, desayunos, etcétera.

Y para el pago de telefonía celular de los funcionarios de alto nivel destinará un millón 416 mil pesos; al arrendamiento de vehículos terrestres le corresponderán un millón 166 mil pesos; y para servicios de asesoría y gastos médicos se destinarán aproximadamente 60 millones de pesos.

Por su parte, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros destinará, entre otros gastos, 246 mil pesos para la adquisición de galletas, refrescos, café, agua mineral, refrescos de naranja, manzana, etcétera.

Para el arrendamiento de inmuebles se destinarán 24 millones 391 mil pesos; para el arrendamiento de computadoras 14 millones 196 mil pesos, y por concepto de vales de gasolina, mensajería y pasajes internacionales se erogarán más de 3 millones 500 mil pesos.

Por si esto fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proyectado adquirir, entre otras cosas, un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: Aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Pepto Bismol, Buscapina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras, como Lonol.

A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, rayadoras, batidoras, rebanadoras, platos, tazas, vasos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

Figuran también los lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios; refrigeradores de diversas capacidades; hornos de microondas; aire acondicionado y ventiladores.

Todo esto mientras Felipe Calderón se ufana de los “programas de austeridad” que implementa su administración y los “grandes ahorros” que éstos generan.

Lo verdaderamente absurdo es que el gobierno continúe diciendo que no tiene recursos para aplicarlos a la inversión productiva y social cuando, de acuerdo con la propia SHCP, al mes de octubre del año que finaliza las finanzas públicas registraron un superávit de 200 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que los señores del gobierno tienen en sus manos 200 mil millones de pesos que podrían gastar el próximo año en programas de construcción de infraestructura o de apoyo al campo, como los que propuso Andrés Manuel López Obrador cuando, en noviembre, acudió a la Cámara de Diputados a presentar su programa de defensa de la economía popular.

Estos programas generarían empleo, contribuyendo así a la generación de crecimiento económico, a la vez que mitigarían el efecto de la crisis en los bolsillos de los mexicanos. Sin embargo, difícilmente en el gobierno harán caso de las propuestas realizadas por el presidente legítimo, porque al final de cuentas en el gobierno se han dividido en dos equipos: los que no quieren dejar de comer, y los que no quieren dejar de tomar y son la gente y la planta productiva del país quienes pagaran las consecuencias.

*Tomado de La Jornada.