Investigado por corrupción y abuso de poder*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

JESUSA CERVANTES

La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación investigan al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por dos maniobras financieras que desangraron al erario: la compraventa de Banamex a Citigroup y la colocación del paquete accionario de Repsol que era propiedad de Pemex en la bolsa de Luxemburgo. Pero como Gil fue un funcionario de amplios intereses, un informe del Cisen lo relaciona con la galopante corrupción en las aduanas y la PGR con abuso de poder.

Dos años después de haber dejado la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz es investigado por la Procuraduría General de la República por el delito de "uso indebido de atribuciones y facultades" en el proceso de venta de Banamex a Citigroup en 2001, en el cual se evitó el pago del Impuesto Sobre la Renta por 3 mil 500 millones de dólares.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga posibles pérdidas por "7, 095, 591 miles de pesos" (es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos) por la colocación de las acciones que Petróleos Mexicanos tiene en Repsol (4.5%, con valor de mil 373.7 millones de dólares) en el mercado cambiario de Luxemburgo, operación que Gil Díaz autorizó en 2003 desde la SHCP y como integrante del Consejo de Administración de la paraestatal.

A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la forma en que participó la empresa Global Axis Management, que preside Gonzalo Gil White -hijo de Gil Díaz y de Margarita White-, como proveedor de asesoría para llevar a cabo la operación accionaria en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

La misma comisión de la Cámara de Diputados y la asociación civil Transparencia Nacional, que encabeza el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, indagan la posible "simulación" de venta de acciones en aquella operación financiera con la consecuente pérdida para el erario federal de más de 7 mil millones de pesos o la desaparición de las acciones de Pemex en Repsol.

Uno de los principales responsables de esta colocación de bonos fue Juan José Suárez Coppel, que en 2003 era director corporativo de Finanzas de Pemex, y tan cercano a Gil Díaz que fue su jefe de asesores durante el primer año de su gestión en la Hacienda.

La denuncia

El pasado 24 de octubre los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup.

Los denunciantes argumentaron que Gil incurrió en un conflicto de interés, ya que como exempleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó que la operación se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el pago millonario de impuestos porque en 2001 las operaciones por esta vía estaban exentas de esa obligación.

Apenas el pasado jueves 4 la PGR le dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008 en la Mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

En la extensa denuncia de los diputados federales se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, "exfuncionario de las empresas controladas, filiales o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex, estrechamente ligado a Roberto Hernández (expropietario de Banamex), designado como jefe del Servicio de Administración Tributaria en 2003 (ratificado en ese cargo por Felipe Calderón) y quien omitió realizar cualquier pesquisa o investigación para la recuperación de las contribuciones omitidas", es decir, los 3 mil 500 millones de dólares del impuesto.

Se incluye también a Luis Mancera Arrigunaga, "exdirectivo jurídico de Avantel bajo la dirección de Gil Díaz; exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP en la pasada administración y titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el tiempo en que concluyó el plazo para el ejercicio de facultades de auditoría y comprobación por la omisión de las contribuciones; excolaborador de Zubiría Maqueo. Hoy socio de la firma White & Case que factura millones de dólares a Banamex".

Vicente Corta Fernández aparece en la denuncia como "extitular de Banca y Ahorro de la SHCP; extitular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al momento en que se realizó el prepago del pagaré a Citibank; exasesor de Gil Díaz en Hacienda. Hoy directivo de White & Case, encargado de asuntos de apoyo a diversas autoridades federales vinculadas a asuntos relacionados con Roberto Hernández".
Y finalmente se menciona a Javier Laynez Potisek, "excolaborador de Luis Mancera Arrigunaga y actual procurador fiscal de la Federación, que ha obstaculizado y retardado la promoción de acciones en contra de Gil Díaz".

En la denuncia se incluyeron dos oficios firmados por el exsecretario de Hacienda. El primero de ellos, fechado el 21 de mayo de 2001 y dirigido al entonces presidente de la República, Vicente Fox, el funcionario se excusa de intervenir en el
asunto:

"Es importante señalar que, no obstante que no presto ni he prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción de referencia, y por lo tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés, he estimado que la excusa que someto a su consideración contribuye a la existencia de condiciones convenientes para el estudio, evaluación y resolución de dicho asunto, el cual será cursado ante la Dependencia a mi cargo".

En el segundo oficio, del 30 de octubre del mismo año, Gil Díaz autoriza la venta. En este documento de cinco cuartillas además se da luz verde a la escisión de Banamex en dos sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, "que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank Securities, Inc., y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V., quien a su vez detenta las acciones de Avantel, S.A., y Avantel Servicios Locales, S.A".

El fragmento resaltado figura así en la denuncia porque esa parte del oficio se ocultó a la opinión pública y a los diputados federales a los que se informó de la venta. Al evidenciar la relación con Avantel, los diputados Juan N. Guerra y Pablo Trejo pretenden demostrar que Gil Díaz sí incurrió en conflicto de interés al haber sido empleado de la telefónica hasta el día que Fox lo designó secretario de Hacienda.

Presiones a Citigroup

En la denuncia de Guerra y Trejo se muestra que la venta de Banamex no debió haberse avalado como una operación en la BMV exenta de impuestos puesto que, según los legisladores, el precio se pactó en Nueva York.

Pero además, en la querella piden indagar la posible presión y otras maniobras de Francisco Gil Díaz a través del IPAB para que Citigroup se volviera inoperante y así obligarlo a adquirir caro Banamex.

El diputado Juan N. Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona explican que, entre mayo y septiembre de 2000, Citigroup le ponía muchas reservas a Banamex, Por ejemplo, quería comprobar si todos los activos del banco eran reales, no permitía sacar activos a espaldas de los accionistas ni conservar a ciertos funcionarios. Entonces ocurrieron tres hechos relevantes.

El primero fue una reunión de Vicente Fox con Roberto Hernández. El segundo, que el IPAB, entonces bajo el mando de Vicente Corta, decidió prepagar el pagaré de Citigroup por 25 mil millones de pesos.

"Todos los pagarés tenían posibilidad de prepago y la pregunta es por qué sólo se hace con Citigroup -dice Reyes Orona. El efecto es devastador para Citigroup, ya que por tratarse de una suma tan elevada de dinero no la podía colocar en las sucursales que tenía, y las tasas por rendimiento eran tan bajas en el país que no podía respaldarla. Esto le generó a Citigroup una pérdida de 1 millón de pesos por día. Con esto Banamex fastidia a su contraparte en la negociación, por lo que lo presionan para que compre y retire algunas de las condiciones que ponía."

El tercer acontecimiento, agrega el diputado Guerra, fue que como el IPAB no contaba con dinero para hacer el prepago del pagaré a Citigroup "se voltea a Banamex y le pide 25 mil millones de pesos, con lo cual le arreglan la vida a este banco porque a partir de ese momento ya tiene un crédito seguro con el IPAB, colocando una cantidad monstruosa de dinero".

Por eso en su denuncia los legisladores piden a la PGR que recabe, "vía consular o diplomática, los informes que permitan conocer el grado de involucramiento de José Francisco Gil Díaz en las reuniones que se hubieran llevado a cabo con los señores Sanford Weill y Charles Prince, funcionarios de Citibank en la ciudad de Nueva York".

En tanto, los legisladores ya solicitaron audiencia con Christopher Cox, titular del organismo de regulación bursátil estadunidense (Securities and Exchange Comisión, SEC), a fin de pedir su colaboración para confirmar la presencia de Gil Díaz en las negociaciones con Prince y Weill, "dado que existen evidencias de corrupción en la operación" y en virtud de que el gobierno de Estados Unidos emitió una circular que autoriza investigar actos de corrupción en el extranjero.

Si se comprueba que la venta y el precio correspondiente se pactaron antes de que se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores, se confirmaría que no debió autorizarse como un movimiento de "cruce protegido" y que por lo tanto se evadió el pago del ISR por 3 mil 500 millones de dólares con la anuencia de Gil Díaz.

Dinero para Gil White

En agosto de 2003 el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Francisco Gil Díaz, autorizó que se colocara en la bolsa de valores de Luxemburgo el 4.5% de acciones de Repsol que le pertenecen. Meses después, el 9 de diciembre, la SHCP autorizó la operación y le asignó el número de identificación 96-2003-F.

El 14 de noviembre de ese mismo año se creó en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux S.A., que a su vez formó un "vehículo financiero" llamado RepCon Lux, S.A., para emitir a través de él un bono intercambiable en acciones de Repsol por un monto de mil 373.738 millones de dólares, con vencimiento al 26 de enero de 2011.

Sin embargo, en febrero de 2008 los tenedores de las acciones podían revender a Pemex las acciones o cobrar dividendos. Hasta el momento se desconoce quién adquirió los bonos y quién fue uno de los colocadores. Tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como Transparencia Nacional tienen, como línea de investigación, que Global Axis Management realizó esta operación.

Esta empresa, que preside Gonzalo Gil White, se formó en 1999 con los 60 millones de dólares que Televisa le pagó a la familia Cañedo White, a la que pertenece la esposa de Gil Díaz, Margarita White Cañedo.

Tanto los diputados de la Comisión de Vigilancia como Transparencia Nacional creen que se simuló una venta de acciones y que en realidad se "vendió" un asiento en el consejo de decisiones de Repsol. La petrolera estaba tan atomizada antes de la colocación de los bonos que ninguno de sus inversionistas tenía más de 20% de las acciones.

El presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, explica: "De comprobarse esta tesis, Hacienda tendría que haber utilizado a un colocador que no dijera nada, y existen indicios de que pudo ser Global Axis Management; de ahí que sea una de las líneas de investigación".

Paralelamente, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que no se sometieron a la consideración del Consejo de Administración de Pemex ni la evaluación del riesgo ni el impacto de los compromisos asumidos.

Tampoco se evaluaron en esa instancia otras alternativas de financiamiento, lo que a decir de la ASF "le está representando a Pemex un costo de oportunidad de 7,095,591 miles de pesos -es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos- debido a la plusvalía estimada del precio de las acciones a febrero de 2008".

La ASF precisa que no se tomó en cuenta el alza en el precio del petróleo en ese tiempo y que influyó directamente en el valor de las acciones de Repsol. La acción que alguien adquirió por 23.4 dólares, en diciembre de 2006 ya valía 34.58 dólares, por lo que de entrada la maniobra implicó una pérdida de 655 millones de dólares para Pemex.

La ventaja para quien compró los bonos en el esquema que utilizó Pemex es que si la acción subía, se pagaba al tenedor del bono, pero si bajaba, la pérdida la asumía la paraestatal. Y en caso de que en febrero de 2008 Pemex decidiera recomprar las acciones, tendría que pagar a quien las poseyera un "costo de oportunidad" por 412 millones 121 mil dólares "o, si considera conveniente, les cederá la posición accionaria como pago".

Reyes Orona considera que el procedimiento es tan evidentemente oneroso para Pemex que debe ser una simulación: "Nadie hace esta operación para perder".

Hasta el momento Pemex no ha informado si Global Axis Management participó en la operación de Luxemburgo y tampoco ha explicado los motivos para aceptar sus condiciones desventajosas. Mucho menos ha revelado quién adquirió los bonos o si se los recompró o le cedió su posición en Repsol.

En cambio, se sabe que el encargado de diseñar la operación fue Juan José Suárez Coppel, entonces director Corporativo de Finanzas de Pemex, quien el 27 de octubre de 2006 dejó en su cargo a su asesor y sobrino en segundo grado Esteban Levín Balcells, que aún se mantiene ahí.

Antes de llegar a Pemex, Suárez Coppel fue asesor de Gil Díaz en la SHCP y hoy, impulsado por su protector, pretende ser consejero independiente de la paraestatal. El pasado 11 de diciembre Suárez Coppel buscó al coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, para que lo postule al consejo de la paraestatal; también cabildea en la Comisión de Energía para que lo propongan antes del próximo domingo 28, cuando vence el plazo para presentar candidaturas.

Perseguidos por Gil Díaz

En un amplio documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se menciona que Francisco Gil Díaz utilizó su cargo en Hacienda para perseguir a sus adversarios y para avalar la corrupción que se apoderó de las 48 aduanas del país.

Entre los abusos cometidos por Gil Díaz el Cisen refiere la persecución contra Julio Scherer Ibarra.

En 2000, poco después de que Julio Scherer García, fundador y presidente del Consejo de Administración de Proceso, hizo dos comentarios críticos sobre el presidente electo Vicente Fox, Gil Díaz inició una desa-seada embestida contra Scherer Ibarra, hijo del periodista. La persecución sumó 14 denuncias penales y duró casi todo el sexenio, pues no fue sino hasta mayo de 2006 cuando la PGR desechó las querellas a falta de pruebas.

En abril de 2001, cuando Scherer Ibarra era director general y miembro del Consejo de Administración del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina, el secretario de Hacienda interpuso demandas contra los directivos del grupo industrial por operaciones realizadas entre 1997 y 2000, relacionadas con el subsidio a las exportaciones de azúcar, una supuesta evasión de impuestos y retención de cuotas del Seguro Social.

A su vez, el 9 de noviembre de 2006, Scherer Ibarra interpuso una denuncia, por abuso de autoridad y omisión de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona. También señaló como responsable inmediato al superior jerárquico de estos funcionarios, Francisco Gil Díaz.

En el expediente del Cisen, de más de 100 páginas, se dice que Gil Díaz ha beneficiado a sus parientes con patentes aduanales y se asoció con ellos para pasar contrabando, además de colocar a su amigo José Guzmán Montalvo como administrador general de aduanas.
"Funcionarios de Hacienda adscritos a aduanas encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo, aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación", dice el documento.

*Tomado de la revista Proceso.