Candado a la transparencia*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha.

DANIEL LIZáRRAGA

"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación".

Las acciones realizadas por el gobierno de Felipe Calderón para combatir la corrupción, así como los detalles de la Operación Limpieza, encaminada a frenar las infiltraciones del narcotráfico en las dependencias públicas, no podrán ser conocidas por la opinión pública.

Lo anterior es producto de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado el viernes 5 y por la Cámara de Diputados el miércoles 10. En el artículo 16 del nuevo código, por ejemplo, se prohíbe, sin excepción, el acceso a las averiguaciones previas, incluso si éstas ya concluyeron.

Entre los puntos de la miscelánea penal aprobada por el Congreso de la Unión destaca una disposición para impedir la difusión de información de investigaciones judiciales, así se trate de casos de interés público. La estrategia para efectuar dichos cambios se fraguó desde la Secretaría de Gobernación, cuando Juan Camilo Mouriño aún era el titular de esta dependencia.

Debido a este candado, las investigaciones en las que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solicitaron órdenes de aprehensión ni formularon cargos contra los detenidos se mantendrán bajo reserva. De acuerdo con las disposiciones del código reformado, sólo se tendrá acceso a esos expedientes luego de un período de tres a 12 años.

Estos cambios y restricciones tienen un destinatario: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Desde la fundación de este organismo hace más de cuatro años, sus comisionados establecieron criterios respecto del manejo de las averiguaciones previas; siempre que algún ciudadano solicitó copia de documentos públicos, ordenaban a las autoridades atender la petición.

Las dependencias solían omitir datos personales de los funcionarios -direcciones, teléfonos, preferencias sexuales, religión, números de cuentas bancarias, estado civil, entre otros-, así como la estrategia utilizada por las policías para la investigación, como nombres de testigos, intervenciones telefónicas y otros elementos utilizados en las pesquisas.

Con ello se protegían las dos vertientes: la personal y la correspondiente a la investigación policiaca. Las autoridades, ya fuesen de la PGR o de la SSP, tachaban párrafos o líneas de los expedientes. El resto de la información se podía entregar al solicitante.

Mediante las versiones públicas de las averiguaciones previas fue posible conocer la actuación del Ministerio Público para exonerar al exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. Así pudo el representante social determinar que no había pruebas ni elementos suficientes para ejercer acción penal en contra del exmandatario.

Cuando el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se publique en el Diario Oficial de la Federación, casos como el anterior ya no podrán ser conocidos por la opinión pública.

Doble discurso

De acuerdo con The Trust of Americas, una organización no gubernamental vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto la Ley Federal de Transparencia mexicana como las decisiones tomadas por el pleno del IFAI sirvieron de modelo para diseñar los sistemas de rendición de cuentas en la mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe.

El martes 9, Calderón presentó su plan anticorrupción. En un jardín de la residencia presidencial anunció que el eje principal de este proyecto consistiría en consolidar una política de Estado en materia de información. Ante decenas de funcionarios e invitados especiales, entre los que se encontraba el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, dijo:

"Por una parte, tenemos una legislación de vanguardia en materia de acceso a la información pública. En el caso del gobierno federal, cualquier ciudadano puede preguntar prácticamente lo que quiera; lo puede hacer, incluso de manera anónima. Cada año crecen, hasta llegar a cientos de miles, las preguntas que se hacen al gobierno federal y que obligatoria y puntualmente se responden."

El miércoles 10, un día después de este discurso en que el presidente exaltó la transparencia y la rendición de cuentas, en la Cámara de Diputados se aprobó el primer paquete de la miscelánea penal, que contiene la disposición para impedir que se hagan públicas las averiguaciones previas.

La votación a favor de las reformas orientadas en lo general a frenar la inseguridad pública fue muy clara: 314 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra. Algo similar ocurrió el viernes 5 en el Senado. Los legisladores modificaron en lo general ocho ordenamientos para redefinir las funciones de la policía y ampliar las facultades del Ministerio Público.
Llamó la atención de la prensa el que, con estas reformas, las autoridades podrán tramitar un arraigo domiciliario en sólo 24 horas y sin necesidad de presentar un escrito. Sin embargo, el candado a las averiguaciones previas nunca fue conocido por la opinión pública.

Las nuevas restricciones impedirán conocer por qué los hermanos Bribiesca Sahagún fueron exonerados por la PGR de las acusaciones por un presunto tráfico de influencias formuladas en su contra por una Comisión de la Cámara de Diputados; tampoco se sabrá la manera en que los cárteles del narcotráfico penetraron las estructuras policiacas y pusieron en su nómina a funcionarios de altísimo nivel, tanto de la SSP como de la PGR.

Las restricciones a la información que debería ser pública también pueden obstruir las revisiones del pasado reciente. En 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo entregó a Juan García Ábrego, el fundador del cártel del Golfo, a Estados Unidos sin que mediara juicio ni solicitud de extradición. Aún se desconoce si la PGR tiene archivos relacionados con el caso.

El miércoles 17, el IFAI reaccionó a las enmiendas al nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Una semana después de la reforma, Lujambio calificó lo sucedido en el Congreso de la Unión como "un gran retroceso" en materia de rendición de cuentas.
Antes del inicio de la sesión plenaria semanal, acompañado por los otros cuatro comisionados, Lujambio declaró que en la coyuntura por la que atraviesa el país por los altos índices de inseguridad, es imperativo medir los alcances de esta reforma.
"El objetivo, absolutamente pasivo, puede alcanzarse con un equilibrio normativo adecuado entre la posibilidad de transparentar la función a cargo del Ministerio Público y garantizar la eficacia de la acción investigadora que éste realiza en cada caso. El acceso a versiones públicas de averiguaciones previas concluidas es un medio clave para apuntalar la credibilidad y la confianza ciudadana en el Ministerio Público", enfatizó el presidente del IFAI.

Dijo que el instituto ha sido claro en sus resoluciones en el sentido de permitir que continúen bajo reserva las averiguaciones previas que estén en trámite, a fin de fortalecer las investigaciones.

Puntualizó que, en los primeros años de operación de la Ley de Transparencia, la PGR cumplió cabalmente con las resoluciones del IFAI y otorgó acceso a versiones públicas de diversos documentos vinculados con averiguaciones previas.

Sin embargo, a partir de 2007, la PGR sostuvo que tratándose de averiguaciones previas operaba una reserva absoluta sin posibilidad de distinguir el estado en el que se encontraban. A partir de ese momento comenzaron las trabas.

Y añadió: "La PGR promovió acciones jurisdiccionales contra las resoluciones del pleno del IFAI cuando versaban sobre averiguaciones previas, aun cuando la Ley Federal de Transparencia estableció que dichas resoluciones son definitivas e inatacables para las autoridades. Así se generó un incumplimiento sistemático. El IFAI ha denunciado esto ante la Secretaría de la Función Pública y está a la espera de conocer los resultados".

Ante el reclamo del IFAI, los líderes de las bancadas del PAN, del PRI y del PRD cerraron filas. Al final de una rueda de prensa ofrecida en el Senado el jueves 18 por la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que las averiguaciones previas deben conservar la reserva necesaria para culminar con éxito las investigaciones, sin que el proceso penal se preste a especulaciones o difamaciones públicas.

"Existe total y completo convencimiento por parte del Senado de que las averiguaciones previas deben conservar la secrecía necesaria, para que la culminación de éstas ponga sobre la mesa la verdad, se eviten especulaciones y daños a famas públicas en el transcurso de las indagatorias", dijo.

En las estadísticas acerca de las resoluciones del IFAI consta que ninguno de los comisionados -Jacqueline Peschard, María Marván Laborde, Alonso Gómez-Robledo, Juan Pablo Guerrero y el propio Lujambio- ha planteado la posibilidad de abrir una averiguación previa cuando aún está en curso.

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, rechazó los señalamientos de Lujambio respecto de que se fraguó una regresión.

Dijo: "Hay que actuar con mucha responsabilidad para proteger los datos de las acciones que el Estado realice, sobre todo contra delincuentes agrupados en el crimen organizado".
Al igual que en el caso del senador Manlio Fabio, al contrastar estas declaraciones con las estadísticas del IFAI se localizaron inconsistencias. En las versiones públicas ordenadas por el instituto a la PGR se mantiene bajo reserva o resguardo cualquier dato que pueda poner en alerta a la delincuencia organizada sobre la estrategia del gobierno para perseguirlos.
Al respecto, el constitucionalista Miguel Carbonell advirtió que lo hecho por el Congreso de la Unión y el gobierno no sólo es una regresión, como lo apuntó Lujambio, sino que también representa una violación a la Carta Magna.

En una entrevista realizada el viernes 19 en W Radio, señaló que resultó incongruente tomar una decisión de ese tipo cuando esos mismos legisladores reformaron el artículo sexto con el propósito de incluir el acceso a la información como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Carbonell agregó que si se concedieron amparos a los presuntos miembros de la banda de secuestradores llamada La Flor, ya no habrá manera de saber si esto pudo obedecer a un mal trabajo del Ministerio Público.

Hasta el momento, la PGR había tramitado 12 juicios de nulidad contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a fin de no entregar versiones públicas de averiguaciones previas las cuales, casi en su totalidad, fueron requeridas por reporteros. De acuerdo con la dependencia, sólo los involucrados en las investigaciones tienen derecho a conocer los contenidos de los expedientes aun cuando ya estén cerrados.

*Tomado de la revista Proceso.