Normas del PRIAN

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La simulación es otra de las “normas” que siguen los políticos mexicanos –principalmente los PRIANistas- quienes en el discurso aseguran una cosa y en los hechos hacen todo lo opuesto. Hace años cuando el PRI era “dueño y señor de vidas y haciendas” la regla para conocer la verdad sobre las declaraciones era interpretar lo opuesto.

De esta manera si la declaración era en el sentido de que no subiría la gasolina, la realidad es que al día siguiente o en unos días más se incrementaría y de forma considerable. Si iba en el sentido de que no habría una devaluación por la fortaleza de las finanzas públicas, la realidad es que la devaluación estaba en puerta y no había manera de evitarla. Y así por el estilo. Para “justificar” sus acciones los cínicos de ayer –y los de ahora- declaraban que se trataba de “medidas dolorosas, pero necesarias”.

Claro esas medidas nunca afectaban a la clase política ni a los poderes fácticos. Ellos siempre reciben los beneficios y las facturas del saqueo son pagadas por todos los mexicanos. Durante décadas ha sido la misma historia y no es porque sean ineptos e ignorantes –aunque lo son-, sino porque cada descalabro trae aparejada la creación de “nuevos ricos”, grandes fortunas al amparo de la impunidad, del amiguismo, de la corrupción, de la transa.

Esa situación en lugar de cambiar se agrava conforme pasa el tiempo y los PRIANistas siguen en el poder político y económico del país. Pues ahora aunque los saqueos, robos, asesinatos y violaciones a los derechos humanos son documentadas por cientos de Organismos No Gubernamentales, la respuesta de las administraciones en turno es la misma: total impunidad.

Para Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), el sistema judicial que prevalece en México en los últimos años es causa de preocupación, por lo que espera que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa inicie acciones concretas para evitar la sistemática violación de los derechos humanos, la aplicación de la tortura, el uso excesivo –y abusivo- de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos, además de los juicios amañados.

Khan indicó que pese a la alternancia de poderes y de que ambas administraciones panistas han dicho “que la seguridad pública y el apego a la ley es una de sus prioridades; sin embargo, ha optado por emplear a los militares".

Como dije arriba la simulación es la “norma” a seguir, pues la impunidad y violación generalizada de la Constitución es quehacer cotidiano del PRIAN.

Los casos palpables son Oaxaca, Atenco, Pasta de Conchos, los retenes militares a lo largo y ancho del país, con sus continuas violaciones sexuales y asesinatos, etc. Ese es el México de hoy, lo que pasan por televisión Televisa y TV Azteca es Fecalandia.

En seguida un análisis tomado de la revista Proceso sobre el comportamiento de otro ilustre miembro de la derecha panista y del Yunque.

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Jalisco: Sepulcros blanqueados


Álvaro delgado

México, DF, 30 de julio (apro).- Hace una semana, entre el domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de julio, una tromba se abatió sobre el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, cuyas inundaciones --ya habituales cada año-- cobraron siete muertos. Apenas ayer, en otra agresiva tormenta, un niño de 10 años pereció, arrastrado por la furia de las corrientes.

Si a Felipe Calderón, tan obnubilado en su reyerta contra los habitantes de la Ciudad de México --encubierta en una falsa preocupación por su bienestar hidráulico-- no le importó, ni le importa, al gobernador panista Emilio González Márquez tampoco.

La divisa de ambos, al fin ramas del mismo tronco partidista, es clara: Si los muertos no dan réditos económicos o electorales --como los de Pasta de Conchos durante la campaña--, poco valen y se echan al olvido.

La gravedad de la tragedia en el área metropolitana de Guadalajara, por la pérdida de ocho vidas humanas y la destrucción del patrimonio de miles de personas, requería acciones urgentes y decididas por parte de los tres niveles de gobierno --cuyo origen partidista es el mismo--, o al menos de la compasión cristiana de la que tanto se ufana el gobernador y por la que, junto con su gabinete, toma cursos de la Biblia en la Casa Jalisco.

Pero resulta que Calderón envió, hasta el miércoles 25, apenas un “mensaje de solidaridad” a las víctimas y González Márquez aclaró que no habrá siquiera alivio para muchos de quienes perdieron literalmente todo: no hay dinero.

Y no lo hay por una razón muy sencilla: el gobernador le regaló a Televisa 67 millones de pesos del presupuesto estatal para ese acto de lucimiento propagandístico denominado “Espacio 2007”, ya le dio otros 15 millones para edificar un CRIT y comprometió, para el próximo año, otros 30 millones para el mismo fin.

No hay, pues, con qué ayudar a los deudos de los ocho muertos ni a los damnificados por las inundaciones ocasionadas, en buena medida, por la voracidad de fraccionadores que han lastimado seriamente el cauce natural de los ríos y los vasos reguladores de una amplia zona.

Tal anarquía sólo ha arrojado financiamiento para las campañas de políticos como González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Felipe Calderón, o Ernesto Ramírez Godoy, un personaje vinculado a trasmano con los desarrollos inmobiliarios de El Ahogado, en el municipio conurbado de Tlajomulco de Zúñiga.

Pero si las finanzas estatales están flacas por la generosidad de González Márquez para pactar desde ahora con Televisa el impulso de sus ambiciones para ser presidente de México en el 2012 --es en serio--, no menos enclenques son, en realidad, sus valores cristianos de los que tanto alardea.

Se supone que para eso es el curso que, con recursos públicos y en horario hábil, toman González Márquez y miembros de su gabinete --junto con sus esposas--, en la Casa Jalisco. El mismo lo dijo: “Prefiero tener un funcionario público con principios y valores morales que uno con capacidad técnica que no tenga estos principios y estos valores.”

Tal devoción ha sido la constante en este iluminado de Lagos de Moreno, que al iniciar su campaña por la gubernatura proclamó: “Soy católico, por eso no robo, por eso no engaño (...) No soy ladrón, yo no soy narco, yo no soy maricón. De otras cosas podré tener un poquito, pero de eso no.”

El alma impía de González Márquez arrojó, al menos, un acto de virtud: Recorrió una porción de las zonas dañadas por las inundaciones y, luego, se sumó al grueso contingente de la alta burocracia jalisciense para viajar a Río de Janeiro, Brasil, para tomar la estafeta de los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Guadalajara.

Se hizo acompañar de ocho altos funcionarios estatales, ocho de Guadalajara y ocho diputados locales; éstos sí, de todos los partidos. ¿Lo pagaron de su bolsillo? Claro que no, fue con cargo al erario, que no alcanza para auxiliar a los deudos de ocho personas muertas y a otras víctimas de la furia de la naturaleza.

Vale recordar lo que dicen las Sagradas Escrituras, específicamente Mateo 23.27: “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas… sepulcros pintados… aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad!”

Apuntes

El domingo 5 los ciudadanos de Baja California decidirán si votan por más de lo peor: el PAN --no su candidato-- o Jorge Hank, un personaje siniestro que no se entiende sin casi dos décadas de hegemonía de ese partido en el estado. Sólo la corrupción, la impunidad y el envilecimiento de la vida política, que jamás desmontaron los panistas, hacen que triunfe alguien como Hank. Ya les ganó y no basta identificarlo como “un peligro para México” para que lo vuelva a hacer.

Germán Martínez, actual miembro del gabinete de Calderón, declaró al ganar Hank Tijuana, en el 2004: “Es muy grave que un hampón, un asesino vaya a gobernar Tijuana. El PAN tendrá que revisar por qué dejó pasar a un candidato de esa calaña, del tamaño de un asesino como Jorge Hank Rhon.” Un periodista le preguntó: “Finalmente la gente votó por ese hombre asesino. ¿Qué mensaje está dando también la ciudadanía al aceptar como candidato a alguien así? ¿Qué están dando los partidos para que lo acepten?” Y Martínez respondió: “Por eso yo digo que hay que pedir perdón a la ciudadanía de Tijuana.” Pero los panistas no pidieron jamás perdón a los bajacalifornianos. Y ahora lo tendrán que pedir, también, a todo México. Gane o no gane...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Dos caras de la derecha PRIANista

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Los fraudes en contra de la paraestatal mexicana Pemex fueron cosa rutinaria con el PRI y desde hace seis años lo son con el PAN. Las pruebas son tales que hasta el pelele Felipe Calderón Hinojosa ha echado mano de ellos para tratar de aplacar al yunquismo que controla a su partido.

Se habla de mil 700 millones de pesos que fueron defraudados a la paraestatal para engrosar las arcas del gansteril sindicato petrolero, controlado por el caique sindical Carlos Romero Deschapms –impuesto por el corrupto Carlos Salinas de Gortari-, mismo que fue acusado –y luego “perdonado” por el PRIANismo- de desviar mil 500 millones de pesos del sindicato para la campaña presidencial del año 2000 de Francisco Labastida Ochoa del PRI. Impunidad pura con la que el PAN presionó al PRI gran parte del sexenio del ladrón y traidor Vicente Fox Quesada.

El usurpador Calderón Hinojosa se negó hoy a fijar una posición frente a este escándalo que el mismo dio la instrucción de destapar y afirmó: “No quiero hacer ninguna caracterización ni enjuiciamiento previo, no me compete hacerlo. Se trata de un caso en el que, como muchos otros, la Secretaría de la Función Pública está haciendo su tarea, su responsabilidad y en todo caso serán las autoridades correspondientes las que resuelvan”, indicó. Se trata pues de otra de sus mentiras, la secretaría citada responde directamente a él pues forma parte de su “gabinete” pirata.

En cambio si se entromete en cuestiones ajenas a él. La deuda, el agua y todo lo relacionado con la administración del Distrito Federal compete a los ciudadanos del esa entidad y a la administración local. Son varias semanas en que el espurio a presionado a el gobierno local con la foto oficial –como ya lo han hecho los de nueva derecha, la corriente de los “chuchos” en el PRD-, al cuestionar fallas en los sistemas de prevención de desastres. Sin embargo, no se aprueba la reestructuración de la deuda, ni el dinero para los damnificados. Y aquí vale la pena aclarar algo. El dinero del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) es dinero de impuestos de todo el país, no es del pelele. El PRIAN por decada ha negado a los habitantes de la ciudad de México los derechos que les corresponden en la Constitución, pues como ha quedado claro a lo largo de 10 años la mayoría de sus habitante no votan por esas derechas.

Así que los utilizan como rehenes a la hora delas negociaciones en los “oscurito”. Se trata de actos mafiosos del calibre de los que acostumbran Televisa, Radio Centro, TV Azteca, Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Santiago Creel, Emilio Gamboa Patrón, Diego Fernández de Cevallos, Manuel Espino, etc. Esos mismos que se desagarran las vestiduras proclamando “respeto a las leyes y las libertades consagradas en la Constitución”. De ese tamaño es el cinismo y la corrupción en México.


La siguiente nota fue tomada de la revista Proceso.

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Muestra Calderón desdén por los derechos humanos: AI

leonardo boix

Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).

“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.

Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.

Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.

Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.

Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.

“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.

Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.

Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.

Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.

De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.

Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.

Oaxaca, el objetivo

Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.

Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.

Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.

Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.

Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.

Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.

Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.

“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.

En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.

“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.

Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.

“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.

Calderón, como Fox

Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.

Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.

Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.

Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.

Un costoso sainete*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Palomo.

Carlos Acosta Córdoba

En su obsesión por que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard, “reconozca su legitimidad” como presidente de la República, Felipe Calderón ha recurrido a todo tipo de presiones, entre ellas bloquear la reestructuración de su deuda. Pero si bien esta situación ha provocado dolores de cabeza a Ebrard –quien sin embargo se niega a “tomarse la foto” con el mandatario–, especialistas en temas políticos y económicos advierten que las presiones de Calderón podrían afectar las finanzas del país.

s tal el afán de Felipe Calderón por obligar a Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, a que lo reconozca como mandatario legítimo del país, que no tiene empacho para incurrir en excesos de poder presidencial a fin de presionarlo.

El presidente no le autoriza la reestructuración de la deuda, aun cuando esta operación traería consigo importantes ahorros que podrían destinarse a obras de infraestructura que urgen en la capital, y cuya ausencia tanto critica Calderón. Además, la propuesta del gobierno capitalino para refinanciar su deuda sigue los lineamientos de la política de deuda del gobierno federal que busca reducir costos financieros y alargar plazos para el pago de éstas.

Además, Calderón realiza una campaña de medios para acusar al gobierno de la ciudad de no hacer nada ante los problemas ambientales, así como del desabasto de agua y de la insuficiencia del drenaje. Atemoriza a la población al decir que debido a la pasividad del gobierno capitalino habrá terribles inundaciones y hundimientos. Y quiere vestirse de gloria cuando anuncia que su gobierno hará lo que no hace el de Ebrard: invertir 36 mil millones de pesos para proyectos hidráulicos en la capital. Recursos que, por cierto, provendrán del propio gobierno capitalino y del gobierno del Estado de México: para el primero propone un aumento, al triple, de las tarifas que por derechos de agua paga el gobierno de la Ciudad de México a la Comisión Nacional del Agua; al segundo lo urgirá para que pague un adeudo por 12 mil millones de pesos que tiene con la federación por el suministro del líquido.

Así mismo, para atizar las presiones, cuando Marcelo Ebrard dijo que la ciudad estaba lista para administrar el aeropuerto capitalino, Calderón lo ignoró y anunció que el gobierno federal ya tenía el proyecto de construir una terminal aérea de carga en el estado de Hidalgo.

Por lo que concierne a los proyectos de trenes suburbanos, en los que el gobierno capitalino necesita y quiere participar, Calderón desdeña a Ebrard y su gobierno sólo trata con el gobernador priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pese a que las necesidades de infraestructura aumentarán en la Ciudad de México en virtud de que los trenes llegarán aquí con cientos de miles de nuevos usuarios. Como remate, el presidente azuza al panismo de todos los niveles para que se oponga a la construcción de la Torre del Bicentenario que Ebrard quiere edificar.

Calderón presume que quiere colaborar con el gobierno capitalino, “más allá de posiciones políticas”, pero Ebrard dice que no se va con la finta: “Lo único que quiere el licenciado Calderón es que me siente con él para que nos tomen la foto y con ello dejar sentado que lo estamos reconociendo como presidente de la República”.

Trabas

En su empecinamiento porque Ebrard se siente con él y lo reconozca, Calderón ha llevado las cosas al extremo. Politiza cuestiones que son estrictamente técnicas para llevar agua a su molino y dificultar el desempeño del gobierno capitalino. El caso de la deuda es sintomático.

El miércoles 25 tuvo que intervenir la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a que autorice –le corresponde hacerlo por ley, pues la deuda capitalina debe contar con el aval del gobierno federal– la propuesta de refinanciamiento del débito capitalino. Eso, tras dos meses de continuos llamados y envíos de oficios –todos ignorados– del gobierno de Ebrard para que se diera la autorización correspondiente. Ésta es urgente, pues las instituciones financieras, nacionales y extranjeras que participarán en el programa de reestructura dieron de plazo este mes de julio para hacer válidas sus ofertas.

La historia del sainete de la deuda capitalina puede resumirse así. Al poco tiempo de que Ebrard asumió el mando de la ciudad, la nueva administración encontró que la deuda local, pese a ser en términos absolutos la más alta de todas las entidades federativas –44 mil 133 millones de pesos a diciembre de 2006–, se había manejado con eficiencia, pues contaba con las calificaciones más altas por parte de empresas internacionales calificadoras de crédito –como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s–; que en los últimos años venía reduciéndose en términos reales –de 47 mil 309 millones de pesos en 2003 a 43 mil 934 millones estimados para 2007–, que como porcentaje del PIB capitalino apenas representa 2.7% –el porcentaje más bajo de todas las deudas locales–, contra 43.4% que significa la deuda pública nacional, respecto del PIB total del país, y que el servicio de la deuda –pagos de intereses y amortizaciones– no resultaba nada oneroso, pues apenas consume 5% de los ingresos operativos del gobierno local.

La pregunta entonces era, ¿para qué refinanciar si todo está bien? Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del gobierno capitalino, lo ha explicado una y otra vez: el mercado financiero internacional ha cambiado dramáticamente y ofrece nuevas oportunidades. La persistente baja en las tasas de interés en México, en Estados Unidos y en el mundo han propiciado gran liquidez en el mercado internacional de capitales.

“Hay mucho dinero en el mundo buscando proyectos rentables; al acecho están grandes fondos de inversión; fondos internacionales de pensiones, también los famosos hedge funds, los fondos de cobertura que se multiplican de manera impresionante, y que cada vez tienen más aceptación en los mercados bursátiles. Todo ello ofrece nuevas oportunidades”, dice a Proceso.

Además, detalla, los plazos para los pagos de deuda se han venido ampliando espectacularmente: hace apenas unos años hablar de largo plazo era decir 28 días; hace unos tres años los plazos máximos eran de 10 a 15 años; pero ahora se van a 30 y más años. Actualmente, el plazo promedio de los distintos contratos de deuda del gobierno capitalino es de 8.8 años, con el agravante de que, si no se mejora el perfil de pagos, cada año se tendrían que hacer refinanciamientos.

“Entonces, refinanciar de un jalón la mayor parte de la deuda –38 mil millones es la propuesta– nos permitiría generar ahorros de más de mil 500 millones de pesos al año; liberamos esos recursos que estamos destinando al servicio de la deuda y los aprovecharíamos para inversión en infraestructura. La operación que pretendemos realizar es justamente la misma que ha hecho el gobierno federal con la deuda pública del país: reducir costos y alargar plazos; hacerla más cómoda”, dice Delgado.

Con esa idea, el gobierno capitalino contrató los servicios de Protego, la empresa de consultoría financiera de Pedro Aspe Armella –secretario de Hacienda en la administración de Carlos Salinas–, con la que firmó un contrato el 1 de marzo pasado, con vencimiento al 31 de diciembre de este año –por 1 millón de pesos más IVA– para que le hiciera, en principio, un estudio completo sobre la deuda capitalina y desarrollar una estrategia integral de mejoramiento de las condiciones de la misma.

Dicha contratación causó mucho ruido, críticas en los medios, incomodidad en las filas perredistas y hasta molestia en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Cómo contratar al que fue secretario de Hacienda del “innombrable”, exponente distinguido del más puro neoliberalismo económico, aquel tecnócrata insensible –así se dijo en los medios y en las tribunas parlamentarias– quien alguna vez dijo que los grandes problemas nacionales –pobreza, desempleo, salarios miserables y demás– eran “mitos geniales”.

El gobierno de Ebrard no se arredró. Aspe le garantizaba experiencia nacional e internacional en el tema de la deuda, además de que otra decena de gobiernos estatales ya se habían hecho de sus servicios, con buenos resultados. Pero también, hábilmente, Ebrard eligió a Aspe por su cercanía con el actual secretario de Hacienda y por la admiración y respeto que éste siente por aquél. “Pedro Aspe es mi inspiración”, dijo Carstens apenas se incorporó al equipo calderonista de transición.

Además, la elección de Pedro Aspe tenía otro ingrediente que hizo suponer al gobierno capitalino una rápida aceptación de su propuesta de refinanciamiento por parte del gobierno federal. Aspe es egresado y figura emblemática del ITAM, como lo es Agustín Carstens y aun el propio Calderón, quien estudió allí la maestría en Economía; también lo son Luis Téllez, titular de la SCT, y Georgina Kessel, secretaria de Energía, entre otros miembros importantes del gabinete. Pero el propio Mario Delgado, quien fue alumno de Aspe, y buena parte de los principales funcionarios de la Secretaría de Finanzas del GDF que encabeza Delgado provienen de esa institución educativa.

Todo quedaba en familia, pues. El mensaje del gobierno capitalino al elegir a Aspe Armella era claro: No había riesgo de un manejo de la deuda capitalina que fuera contrario a los paradigmas que en esa materia sigue el gobierno federal.

Aspe concluyó los primeros trabajos a mediados de mayo. El gobierno capitalino convocó a un proceso de subasta e invitó a todos los bancos nacionales y varias instituciones internacionales a participar en el refinanciamiento de su deuda. Las propuestas fueron recibidas el 29 de mayo. Fueron muchos los que le entraron: además de los cinco bancos “nacionales” más grandes –Banamex, Bancomer, Santander, Banorte y HSBC– presentaron ofertas Deutsche Bank, Dexia y Goldman Sachs, entre otras instituciones internacionales. Y la sorpresa: se recibieron 12 propuestas, todas notariadas, con ofertas que sumaban casi 80 mil millones de pesos, cuando el gobierno sólo quiere refinanciar 38 mil millones.

Perder la dignidad

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, fue informado paso a paso de todo el proceso. Conoció desde el 8 de junio las propuestas de las instituciones y el plan completo del gobierno encabezado por Ebrard para refinanciar la deuda. A partir de esa fecha, fue apremiado a través de varios oficios –del 19 de junio y del 11 y 19 de julio– para que diera su autorización.

Carstens no contestó ninguno. La Comisión Permanente le hizo un exhorto el miércoles pasado –incluido el voto de los legisladores panistas– para que diera su autorización. Pero nada. Al cierre de esta edición, la noche del viernes 27, Hacienda aún no respondía. El martes 31 vence el plazo para aceptar las propuestas de los bancos. Si no hay respuesta, éstos las retirarán.

“Es un absurdo y un contrasentido”, dice Mario Delgado. “No hay razón técnica para no autorizar el refinanciamiento. Vamos en línea con la política de deuda del gobierno federal, de plazos más largos y costo financiero menor. Además, si mejora el perfil de nuestra deuda, también lo hace el de la deuda pública nacional, pues la nuestra, por ley, debe contar con el aval del gobierno federal”.

Agrega: “Hacienda ha tenido todo el tiempo para estudiar la propuesta, pero no responde. Ni siquiera nos han llamado para revisar la documentación y las distintas propuestas. Están politizando el tema de las finanzas públicas. Le están negando al gobierno capitalino la posibilidad de contar con más recursos para infraestructura y mejores servicios a la población. Ellos mismos (el gobierno federal) saben, y así lo han expresado, que hay consenso en las democracias modernas, de que el tema de finanzas públicas debe manejarse profesionalmente, con criterios técnicos. Pero no, prefieren politizar el tema, limitar y frenar nuestro trabajo”.

Públicamente, Marcelo Ebrard ha interpretado la reticencia del gobierno federal a autorizar el refinanciamiento de la deuda como una respuesta de Calderón a su negativa de reunirse con él, a acompañarlo en las giras que por el Distrito Federal y los municipios conurbados ha realizado… a “tomarse la foto”, pues.

Y así lo ha demostrado Calderón: aprovecha cada estancia en estos lugares para criticar y denostar al gobierno capitalino –el actual y los de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas– por no atender los graves problemas de la ciudad, particularmente los del medio ambiente, transporte público e infraestructura hidráulica, y por no cooperar con el gobierno federal.

“Los señalamientos son falsos”, dice Ebrard. “Estamos trabajando con instancias federales en más de 106 acciones que tienen que ver con los intereses de la ciudad”, e insiste en que Calderón sólo quiere la foto y el reconocimiento.

–¿Cuál es el problema de tomarse la foto, si es para bien de la ciudad? –le preguntaron al jefe de gobierno capitalino hace unos días.

–Tendría un costo muy alto. Dejas la dignidad ahí –respondió.

*Tomado de la revista Proceso.

Negocios millonarios*

Tomado de El Universal, Omar.

jorge carrasco araizaga

México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.

Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.

Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.

Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.

Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.

Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.

Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.

Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.

Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).

La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.

De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.

En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.

Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.

Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero elcontrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.

Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.

No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.

De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.

Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de Proceso.

Fascismo del PRIAN acarrea crisis económica

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Los PRIANistas han insistido en el “cuento chino” de que ellos traen estabilidad económica y social, muy a pesar de que una vez tomado el poder las crisis económicas son recurrentes. El ignorante y ladrón Vicente Fox Quesada se jactaba de que se habían acabado las crisis económicas en el país gracias al “gobierno del cambio”, sin reconocer que justo su sexenio fue el de crisis económica permanente, con crecimiento casi nulo durante seis años y un incremento en el desempleo, subempleo y economía informal.

Durante las campañas políticas del año pasado los empresarios y el PRIANismo hicieron del miedo a una crisis económica la principal arma de la guerra sucia de comerciales en contra de Andrés Manuel López Obrador. Afirmaban que si éste llegaba al gobierno federal acarrearía una crisis sin precedentes, donde la gente perdería sus empleos, la economía no crecería y sus hijos vivirían en la miseria por décadas.

Resulta –como es sabido- que el pelele Felipe Calderón Hinojosa fue impuesto en Los Pinos por los poderes fácticos -empresarios, Iglesia católica, televisoras, etc- y los resultados son un desastre para la economía nacional, la pérdida de empleos, la venta de la cartera vencida del Infonavit a empresas privadas con la consecuente pérdida de la vivienda por parte de sus propietarios, el incremento en los productos básicos, etc. Justo lo que decían que no pasaría está pasando.

El por qué es muy sencillo. E el usurpador Calderón Hinojosa, no sólo carece –como se sabía y se denunció el año pasado- de experiencia en la administración pública, sino también el gabinete pirata que lo acompaña está en pañales, no da una. Sumado a esta catástrofe quienes lo impusieron exigen diariamente el pago de sus “servicios”.

No se trata solamente de palabras organismos internacionales –lo dicho por el gabinete pirata no tiene validez, pues se ha comprobado que mienten con gran facilidad- estiman que el crecimiento de la economía mexicana será el presente año de 3.2 por ciento, muy por debajo de estimado para Panamá, que es de 8.5 por ciento. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que Venezuela –calificada por el PRIANismo como “populista y gobernada por un dictador”- crecerá este año 6.8 por ciento, es decir más del doble que la mexicana con todo y su “democracia a flor de piel y sus neoliberalistas”. Durante la campaña electoral de 2006 compararon a López Obrador con el presidente venezolano Hugo Chávez para recalcar que si ganaba Obrador la economía se iría a pique. Pues eso es lo que está ocurriendo y mientras México atraviesa por problemas serios –que son ocultados por las televisoras cómplices del espurio Calderón Hinojosa-, Venezuela continúa creciendo al igual que la mayoría de las economías de América Latina, según la Cepal.

Otro organismo que comparte el mismo pronóstico es el Fondo Monetario Internacional, que bajó de 3.4 por ciento a 3.1 por ciento el crecimiento esperado para México y eso que apenas comenzamos el segundo semestre del año. Habrá que esperar los resultados del parche fiscal del pelele, quien por cierto ya habla de realizar cambios en su propuesta fiscal. “Hoy estamos trabajando intensamente, para mejorar, para corregir la propuesta y atender así importantes y valiosas sugerencias del sector productivo para evitar impactos tanto en la inversión como en el empleo”, afirmó. Lo que no dijo es que esos sectores productivos nada más son los empresarios, los trabajadores y las clases medias tendrán que asumir el costo de su inexperiencia, nepotismo, corrupción e ilegitimidad.

El costo es muy grande si tomamos en cuenta que ningún beneficio traerá a la nación y si en cambio mayor pobreza y desigualdad. Así las cosas todavía hay algunos cretinos que quieren justificar su ignorancia política y carencia de sentido común al afirmar que: “Estaríamos peor con López Obrador”. Los hechos hablan y se explican por sí solos, no hay que darle vuelta.



En seguida un análisis tomado de la revista Proceso, donde se demuestra la forma en que los poderes fácticos suelen “honrar su palabra”.

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Televisa-Creel: Coopelas o cuello

jenaro villamil

México, D.F., 25 de julio (apro).- La máxima de Zhenli Ye Gon, coopelas o cuello en el argot chino-mexicano, es aplicada ahora con precisión de cirujano por los noticieros de Televisa: en los últimos siete días han insistido, con todas las artimañas conocidas –incluyendo sugerencias a su vida privada--, que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, ya no es bien visto en la empresa de Emilio Azcárraga desde que tuvo a bien reconocer lo que todo mundo dijo en su momento: que la Ley Televisa había sido resultado de una “imposición” de la televisora a los candidatos presidenciales.

Creel ya no es el consentido de Televisa. Lo fue durante casi cinco años cuando, al frente de Bucareli, les desapareció el impuesto del 12.5 por ciento de tiempo fiscal y clausuró toda posibilidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Lo fue cuando él se presentó como el “bueno” para suceder a Vicente Fox, cuando las ambiciones de Marta Sahagún cayeron en el fango del nepotismo. Y todavía fue más cuando antes de dejar la Secretaría de Gobernación les concedió 130 permisos para operar yaks y bingos, y les abrió la puerta a un sistema de apuestas por televisión que ahora se difundirán en pantalla abierta.

Desde que Creel ya no es su favorito, los noticieros de Televisa “descubrieron” que Creel, como responsable de la política migratoria y de naturalización, fue omiso, si no es que cómplice en la ruta que condujo al empresario de Shangai a obtener la nacionalidad mexicana. Como prueba contundente, el canal de las estrellas tiene las imágenes de una ceremonia donde Fox le da la carta de nacionalidad a Ye Gon y a mil personas más. Junto a él aparece Santiago Creel.

La campaña contra Creel –como la que antes se armó contra la familia Saba por su sociedad con Telemundo y después contra Javier Corral; y más adelante, quizá hasta contra Carlos Slim-- tiene todos los elementos de una venganza o de un cobro de facturas. El exaliado se volvió su enemigo ahora que el poder de su firma ya no cuenta para obtener privilegios ni permisos.

Sin embargo, el mismo golpe de Televisa puede provocar que la empresa se muerda la cola. Es obvio que no sólo Creel tuvo algo que ver con el caso Ye Gon.

¿Por qué no se aplica la misma inferencia en el caso de Julio Frenk, titular de Salud y, por tanto, responsable máximo de la Cofepris que permitió la importación de seudoefedrina? ¿Por qué Televisa no toca ni con el pétalo de una insinuación a Francisco Gil Díaz, titular de Hacienda y responsable de vigilar el funcionamiento del sistema aduanal?

¿Por qué no aparece ningún reportaje crítico o la imagen del inefable Federico Döring en contra de Eduardo Medina Mora, entonces director del Cisen y responsable, más que Creel, de aportar los elementos de inteligencia y de información privilegiada para saber las presuntas andanzas criminales de Ye Gon antes de obtener la nacionalidad?

Medina Mora, ahora flamante e inspirado procurador de la República, el mismo que “reventó” el escándalo de Ye Gon con un extraño boletín el domingo 1 de julio, que se anticipaba a una nota de la agencia AP que aún no circulaba y demandaba que se aplicara la “justicia” en el caso del chino, es realmente el favorito de Televisa en estos momentos.

Desde hace más de dos años, Proceso documentó la sociedad de Eduardo Medina Mora y de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa en negocios vinculados a la comercialización de los tiempos de pantalla. Gómez lo promovió como amigo y protector de la empresa. Incluso, Medina Mora asistió al famoso encuentro en Valle de Bravo con los candidatos presidenciales, en febrero de 2006, donde los directivos de Televisa demandaron que se aprobara la Ley Televisa.

Medina Mora sí tendrá mucho qué explicar en torno al escándalo Ye Gon, incluyendo el sustento ministerial sobre la sospechosa ruta de los 205 millones de dólares incautados en la casona del empresario, en marzo de este año, y que ahora se ha transformado en “dinero limpio” en el circuito financiero internacional.

Por supuesto, mientras “coopere” Medina Mora –cercano también al banquero Roberto Hernández y a Francisco Gil Díaz, actual accionista y socio de Televisa en el negocio de la telefonía y la convergencia tecnológica-- el canal de las estrellas lo tratará como a un buen aliado… Hasta que haya necesidad de darle cuello. Como ahora lo hacen con Creel.

La venganza contra Creel también encubre dos mensajes: uno para Felipe Calderón, a quien le han demandado que mantenga los privilegios regulatorios que le permitan a Televisa convertir a la pantalla chica en un bingo permanente; y para que se mantenga el “estado de cosas” prevaleciente a nivel legal, aun cuando la Suprema Corte haya decretado la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa.

El mensaje, de nuevo, es muy claro. Televisa no tiene candidatos ni partidos. Ya no es soldado de nadie. Pretende que todos los políticos sean sus soldados. Y a quien se vuelve incomodo para sus intereses no duda en darle cuello mediático.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx.

Los que mandan en México

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Cada día que pasa se demuestra que en México los que mandan son los poderes fácticos que asaltaron Los pinos e impusieron al pelele Felipe Calderón Hinojosa en 2006. Y es que no hay semana en que alguien ligado a ellos –llámese Elba Esther Gordillo, Carlos Slim, Lorenzo Servitje, Roberto Hernández, el PRI, Emilio Azácarraga Jean, Iglesia católica, etc.- exija en vivo y directo algún tipo de trato preferencial en cualquier situación.

Todos quieren la mayor tajada de un pastel que ya no es, pues en menos de un año fue reducido ha migajas. Sin embargo esto no es obstáculo para que los jaloneos se den a diestra y siniestra. Cada uno quiere más de lo prometido y presentan sus facturas una y otra vez, además de amagar con el descrédito público.

Al usurpador Calderón Hinojosa no le queda más remedio que aflojar y ceder ante quienes son los verdaderos mandamases del país. Discursos van y vienen y la mano represora es aplicada contra los que menos tienen y a los que no se ha hecho justicia, esos a los que se pretende seguir exprimiendo con el aumento a las gasolinas en el planificado parche fiscal.

Mientras, los mismos de siempre reclaman la disminución de impuestos que no han pagado, ni pagarán de acuerdo a lo planteado por el espurio en su propuesta de miscelánea fiscal, que no reforma.

Los televisios se quejan de que se imponga un impuesto de 20 por ciento al juego, como si éste fuera de primera necesidad. Aducen que es una "industria" que apenas empieza, cuando todos sabemos que siempre ha existido. Calificado por el Vaticano como un pecado, el alto clero católico ha hecho oídos sordos y ojos ciegos para oponerse a él. No ha corrido la misma suerte la jefatura de gobierno de la ciudad de México, la cual es tomada como caballito de batalla de los santones del Episcopado Mexicano.

El PRIANismo hace su labor al declarar que es peligroso cobrar el CETU (Contribución Empresarial a Tasa Unica) a las empresas pues generaría "incertidumbre legal", pero los trabajadores tendrán que pagar más y nadie de los "representantes populares" del PRIAN ha salido a defenderlos. Es evidente pues quien manda en el país y quien es y será un pelele, no sólo para los empresarios, sino sobre todo para una inmensa mayoría de mexicanos que tendrán que aguantar otros años de la misma medicina de "cambio" para mal.


La siguiente es una nota tomada del periódico La Jornada.



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Monsiváis: Ulises, un déspota impune

Tiene el repudio de la población, sostiene el escritor

DAVID CARRIZALES

Monterrey, NL, 24 de julio. El escritor Carlos Monsiváis lamentó que en Oaxaca se haya permitido que hasta hoy "un déspota actúe como le ha dado la gana y que gobierne, impune, a pesar los asesinatos de 27 personas" y el repudio general.

El ensayista consideró inadmisible que Ulises Ruiz continúe al frente del gobierno oaxaqueño, cuando se ha ganado el repudio de la población y de todos los partidos políticos, y sólo tiene la protección "descarada y fanfarrona del PRI".

Monsiváis fue entrevistado durante la presentación de La ciudad como texto, obra de Jezreel Salazar ganadora del Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes. Advirtió que a pesar de las pruebas sobre los crímenes de Ulises Ruiz no ha pasada nada. Preguntó: "¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cómo se ha permitido la represión? ¿Cómo se ha rentado a grupos de provocadores que, ciertamente diciendo que actúan en nombre de la izquierda, lo que hacen es perjudicarlo todo?", mientras se criminaliza al movimiento responsable que protesta contra los abusos del gobierno.

Lo más inadmisible "es que un señor como Ulises Ruiz, que tiene el repudio de la población, que tiene el repudio de los partidos políticos y que sólo tiene la protección descarada y fanfarrona del PRI, aun así permanezca en el poder. Nosotros, como ciudadanos, no podemos aceptar esto. Yo espero que esta situación nos lleve a soluciones racionales y pacíficas, pues cualquier otra cosa sería empeorar el problema".

Interrogado sobre el ensayo de su crónica urbana, presentado por los autores locales Ximena Peredo y Joaquín Hurtado, dijo estar muy agradecido, "y procuro no envanecerme".

Las ciudades, expuso el creador de Los rituales del caos, las estamos perdiendo, y esto se palpa en la medida en que uno ve cómo la violencia ha ido cortando los espacios a los ciudadanos. "Las ciudades empiezan ya a vivir una vida agonizante, titubeante, de zozobra, y con el crecimiento de la población, del desempleo, de la violencia y de la maldición bíblica y apocalíptica del narco, no se ve cómo se vaya a revertir esta tendencia", sostuvo.

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En seguida un análisis publicado por la revista Proceso.


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La sonrisa de Ulises

josé gil olmos

México, D.F., 24 de julio (apro).- Ulises Ruiz tiene una sonrisa que en Oaxaca no contagia, sino que molesta. Es cínica e impúdica. Luego de 500 detenidos, 23 muertos y decenas de heridos en el conflicto social más largo que ha tenido el país en los últimos años, el gobernador priista sigue sonriendo; pero es tal el rechazo que provoca su actitud que ahora ya le llaman "El carnicero de la Antequera".

Ulises Ruiz tiene una biografía poco envidiable entre los políticos mexicanos: La mayor parte de su obra está en los subterráneos de la política electoral, siempre de la mano de Roberto Madrazo, a quien le ha servido de operador político e incluso de suministrador de recursos. De hecho, es por esto que, se asegura en Oaxaca, está en problemas, porque una gran parte de los recursos del estado los desvió para apoyar la campaña presidencial de Madrazo y también para pagar una parte de la nómina del PRI en el 2005 y 2006.

La especialidad de Ulises Ruiz ha sido el fraude electoral y desde que fue delegado del PRI, entre 1982 y 1989, sirvió de operador en elecciones en las que Madrazo ha sido el responsable, como la de Michoacán, en 1989, cuando se le escatimó la victoria al PRD. Luego, en 1994, Ulises Ruiz le hizo el trabajo directo a Madrazo y le ayudó a ganar la gubernatura de Tabasco.

Es a partir de 1994 cuando su carrera política sube como la espuma: en 1996 lo nombran secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI; luego, diputado federal, de 1997 al 2000. Posteriormente, senador de la República, desde donde salta para ser candidato y gobernador de Oaxaca.

Como legislador nunca brilló, a pesar de haber participado en las comisiones de Recursos Hidráulicos, Justicia, y en la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. No se recuerda que haya hecho ninguna propuesta de reforma significativa. Imposible que lo hiciera, su fuerte siempre fue el fraude electoral.

Su incapacidad como gobernante quedó demostrada inmediatamente desde que llegó a Oaxaca en el 2004. En los dos primeros años, organizaciones de derechos humanos registraron 27 muertos por conflictos agrarios, así como decenas de detenidos.

Formado fuera de Oaxaca, aunque nació en Chalcatongo en 1958, Ulises Ruiz mostró muy pronto su insensibilidad cuando cambio el Zócalo de la capital –símbolo de identificación– y mandó a retirar árboles centenarios. Esta acción irritó a los oaxaqueños y fue parte de los inicios del conflicto que hoy vivimos.

En mayo del 2006 trató de engañar a los maestros en las negociaciones que tradicionalmente se repiten desde hace 20 años. Les prometió un porcentaje de aumento de recursos y al firmar el acuerdo resultó que era menos. Al mismo tiempo mandó a desalojar el Zócalo y ahí empezó a surgir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un movimiento social en el que confluyeron sindicatos, estudiantes, colonos y campesinos de la entidad en contra del gobernador.

A 14 meses de que iniciara el conflicto social, el saldo es el siguiente: 23 personas muertas, cerca de 600 detenciones arbitrarias –en los que 41 personas siguen presas y 200 más están libres bajo fianza aunque sujetas a un proceso penal--, más de 50 casos de tortura, siete ataques a defensores de derechos humanos, e igual número de agresiones a comunicadores, así como dos desaparecidos.

Como nadie, Ulises Ruiz ha reprimido y dividido a la sociedad oaxaqueña. El conflicto ha penetrado en el seno de las familias, en el tejido social y tiene confrontados a los actores sociales. Pero esto poco le importa.

El lunes pasado el gobernador celebró como una victoria personal la celebración de las fiestas populares conocidas como la Guelaguetza, que no es otra cosa que un rito muy oaxaqueño que significa dar lo que uno tiene.

Si nos atenemos al significado de la Guelaguetza, Ulises Ruiz dio lo mejor de sí: un acto de represión previo del cual resultaron 40 detenidos y 50 heridos; anuncios de un fraude en las elecciones a diputados locales el próximo 5 de agosto; y el acarreo de miles de burócratas para llenar el auditorio donde se realizó el festejo. Es decir, un fraude. Todo con una sonrisa burlona. La sonrisa de Ulises.

Tan solo bastaron unos meses para que la corrupción y porquería inundaran al "presidente" pirata

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Las mentiras de las derechas PRIANistas continúan en el caso de mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon. Ahora que por fin lo detuvieron en Estados Unidos, la noticia fue la principal de los espacios des-informativos de la televisión cómplice del fraude electoral de 2006. Los lectores de noticias de Televisa y TV Azteca dieron amplia cobertura –como estaba pactado con los testaferros del usurpador Felipe Calderón Hinojosa- resaltando el hecho de que la PGR había pedido su detención para extraditarlo y juzgarlo por cargos de narcotráfico. Dijeron que México contaba con 60 días para entregar las pruebas de los cargos que se le imputan.

Hoy mismo el pelele Calderón Hinojosa –quien también sufre de incontinencia verbal como el traidor Vicente Fox Quesada- se ufanó de que gracias a su guerra contra el crimen organizado se logró el decomiso de dinero “más grande de la historia de la humanidad”, y agregó que “ayer mismo, a petición de gobierno, ha sido detenido uno de los principales responsables de la introducción y distribución de mentafetaminas en el país”.

Poco le duró el festejo. El Departamento de Estado afirmó este martes 24 de julio de 2007 que Ye Gon fue arrestado a petición de la DEA y no del gobierno mexicano, pues se le acusa de manufacturar e intentar distribuir 500 gramos de metanfetaminas.

Los abogados de Ye Gon solicitaron libertad bajo fianza, pero la jueza federal Deborah Robinson la rechazó al tomar en cuenta que podría escapar del país. De esta manera quedó de nuevo evidenciado que el PRIANismo miente compulsivamente y con descaro sin importar que pocas horas después queden como lo que son: unos embusteros.

Todo el teatro mediático sirve como telón para ocultar lo que realmente está en el fondo del asunto. Primero la complicidad del ladrón Vicente Fox Quesada y ahora del espurio Felipe Calderón Hinojosa, pues Ye Gon no podría haber introducido la cantidad del fármaco de la que es acusado sin la complicidad de los funcionarios federales de la Secretaría de Salud y de Aduanas. Tampoco habría conseguido su nacionalidad de las mandos del salvaje de Guanajuato, sin la complicidad de Gobernación –Santiago Creel Miranda- y de Relaciones Exteriores –Luis Ernesto Derbez-. ¿Cómo podría haber amasado la fortuna que posee sin la protección de la propia PGR –cuyos agentes lo chantajeaban con entregarlo- para actuar con total impunidad?

Ahora entra Estados Unidos en escena y en unos pocos días –ya que hasta el miércoles de la semana pasada el gobierno de ese país afirmaba que no tenía cargos contra Ye Gon- no sólo detiene al escurridizo y corruptor Ye Gon, sino que es quien lo acusa. De esta manera la administración estadunidense tiene prioridad para juzgarlo, antes de iniciar cualquier juicio de extradición. ¿Qué encontró el vecino del norte que lo hizo proceder de esta forma tan rápida? Zhenli Ye Gon, ni sus abogados esperaban esa respuesta. El primero fue detenido cenando tranquilamente la noche de ayer y los segundos esperaban que la audiencia de hoy fuera sobre la extradición de su cliente y no por cargos de narcotráfico.

Estos hechos se suman a toda la turbia historia en la que están envueltos los principales actores políticos del PRIANismo. Desde el pelel Calderón Hinojosa, los Fox, Sahagún hasta los gobernadores priístas Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Fidel Herrera Beltrán. Se trata pues de otro “empresario” como Carlos Ahumada Kurtz –quien por cierto ya puso tierra de por medio y regresó a la Argentina, antes de que lo vuelvan a apresar- que corrompió a la “incorruptible clase política y empresarial mexicana” y ahora amaga –como aquél- con enseñar los videos que incrementarían el lodazal donde pululan las “instituciones” y los “respetuosos defensores de éstas”.

A continuación varios materiales sobre el mismo tema tomados de la revista Proceso.



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El dinero de Ye Gon: La disputa que viene

ricardo ravelo

México, D.F., 23 de julio (apro).- Rogelio de la Garza, abogado del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, afirmó que el dinero de su cliente –205 millones de dólares– no está perdido, como lo anunció la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR), al dar a conocer que la fortuna decomisada en la casa de Las Lomas de Chapultepec había pasado a formar parte de la federación.

--Entonces, ¿cuál es la situación jurídica del dinero?

--El dinero está asegurado, pero todavía tenemos recursos para pelearlo y demostrar que su origen es lícito.

Exabogado de Juan García Abrego y Vicente Carrillo Fuentes, De la Garza sostuvo que la adjudicación del dinero por parte del gobierno es en parte cierta y en parte falsa.

Y es que, tan pronto como la PGR aseguró la fortuna de Ye Gon, en abril pasado, De la Garza se presentó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para acreditarse como abogado del “señor Zhenli” –como le dicen–, mediante diversos escritos firmados por su cliente, quien para esas fechas ya era prófugo de la justicia.

De la Garza contó que, semanas después, la PGR le rebotó la documentación, pues de acuerdo con el criterio del Ministerio Público federal, no era suficiente para acreditarse como defensor de quien, para esas fechas ya era buscado –mediante una ficha roja de Interpol– en todo el mundo.

“Lo que me pidieron en la PGR fue algo absurdo y fuera de lugar. Querían que el señor Zhenli Ye Gon se presentara ante la PGR a rectificar sus firmas y, de esa forma, me ratificaba el nombramiento como su abogado o representante legal. Eso no iba a ocurrir nunca, pues en el momento que apareciera lo iban a detener”, señaló.

Así, ante la imposibilidad de que Ye Gon acudiera para ratificar sus firmas que acreditaban a De la Garza como su abogado, los plazos estipulados por la ley –tres meses en total– vencieron, y la semana pasada la PGR publicó un edicto en el Diario Oficial de la federación, en el que da a conocer que, debido a que nadie –ni Ye Gon ni sus abogados ni su familia--, reclamó como suyo el dinero asegurado en la casa de Las Lomas, éste pasaba a formar parte de la federación.

Sin embargo, aunque en parte la versión gubernamental es reconocida por De la Garza como real, el abogado de Ye Gon adujo que no todo está perdido desde el punto de vista legal, pues aseguró que se “hará valer ante un juez todos los atropellos cometidos por la PGR en contra de su cliente y que, según él, violan sus garantías individuales, pues le obstaculizaron el derecho a una legítima defensa”.

De acuerdo con De la Garza, en los próximos días presentarán un recurso de amparo ante un juez federal, para hacer valer todos los argumentos que la PGR rechazó, como la documentación que lo acreditaba como abogado de Ye Gon y que fue declarada inválida por la PGR.

Sobre De la Garza, en efecto, pesaron las sospechas de que no era el defensor legítimo de Ye Gon. Hace aproximadamente tres semanas, cuando Ye Gon denunció a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, como la persona que lo obligó, mediante amenazas, a guardar al menos 130 millones de dólares, De la Garza mostró a este reportero una fotografía en la que aparece abrazado con Zhenli Ye Gon.

“Mira, esto te dirá si soy o no el abogado del señor Zhenli”, dijo al reportero mientras tomaba un café en el restaurante “Konditori” del sur de la Ciudad de México.

En esa ocasión, De la Garza lucía el mismo saco, corbata y saco que portaba el día de la entrevista con Proceso. Más tarde, diría: “Mi cliente no ha salido de la ciudad de México”. Sin embargo, la PGR ratificó que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon no serán devueltos porque legalmente nadie se presentó a reclamar su propiedad.

Según De la Garza, el dinero tiene un origen lícito, pero “por ahora no puedo adelantar los argumentos que haré valer ante el juez. Demostraremos el origen lícito de esos recursos. Todo esto es parte de una guerra sucia contra mi cliente y que proviene, según me han dicho, de los grandes representantes de los laboratorios asentados en México, pues se sintieron amenazados por el señor Zhenli, al anunciar que construiría el laboratorio más grande de América Latina”.

Por otro lado, la PGR aseguró que Ye Gon era en realidad el principal enlace del cártel de Sinaloa en el suministro de clorhidrato de pseudoefedrina, el precursor químico base para la elaboración de metanfetaminas.

De acuerdo con datos y evidencias obtenidas tanto de la Secretaría de Hacienda como en la Administración General de Aduanas, Ye Gon utilizó toda la red protectora ofrecida por altos funcionarios de ambas dependencias para operar, con toda libertad, la importación de esas mercancías ilícitas.

Ye Gon, según esos mismos datos, operaba por cuatro aduanas estratégicas: los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Una puerta más era la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde sus cargamentos llegaban en vuelos internacionales procedentes de Mongolia.

Demandan al gobierno informar cómo se utilizarán esos recursos

En tanto, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados señaló que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon, así como los 1.5 millones de dólares que se han generado por intereses, deberán ser auditados como recursos públicos.

Gerardo Sosa Castelán, secretario de esa comisión, afirmó que el gobierno federal deberá informar claramente cómo y cuándo se utilizarán esos recursos, aun cuando se haya dicho que serán invertidos en partes iguales en la prevención de adicciones, así como también en apoyo de la PGR en la lucha contra el crimen organizado.

Dijo que lo que se pretende con estas medidas es terminar con la discrecionalidad del gasto público.


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La complicidad...


Daniel Lizárraga

Libre de sospechas, mientras estuvo en México Zhenli Ye Gon logró hacerse pasar como un próspero empresario y un respetable ciudadano. Incluso recibió, en febrero de 2003, su carta de naturalización de manos del presidente Vicente Fox. Y fue precisamente durante el sexenio foxista cuando llegó a la cúspide, hasta que, en marzo pasado agentes de la AFI le incautaron 205 millones de dólares. Entonces comenzó a aflorar la red de protección que le tendieron tanto funcionarios del anterior gobierno como del que hoy encabeza Felipe Calderón.

Durante más de cinco años, Zhenli Ye Gon forjó su emporio pacientemente y sin que las autoridades federales lo molestaran.

Durante ese período (2002-2007), el empresario chino tejió una red de corrupción en la que funcionarios del sector salud del gobierno foxista y de la nueva administración encabezada por Felipe Calderón le brindaron protección para que importara sin problemas alrededor de 80.5 toneladas de seudoefedrina.

La mercancía, procedente de Asia, se introdujo “legalmente”, pues Ye Gon contaba con documentación en regla y permisos otorgados por autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud. Su red de contactos se extendía al sistema aduanal y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los responsables de la Cofepris durante el sexenio foxista, justo en el auge de las importaciones permitidas a Ye Gon, fueron Ernesto Enríquez Rubio –quien dejó el cargo a principios de 2006 para incorporarse a la campaña presidencial de Roberto Madrazo y ahora funge como secretario de Administración del PRI– y su sucesor, el panista Juan Antonio García Villa, ratificado por Felipe Calderón. Fue durante las gestiones de estos funcionarios que el empresario obtuvo los permisos para importar toneladas del precursor químico para la elaboración de drogas sintéticas.

Ye Gon se movió siempre en el sigilo y, hasta antes de desaparecer de la escena pública en marzo pasado, él cultivó amistades –y protección– en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para conseguir licencias de importación en un período de seis días e introducir al país toneladas del precursor químico para fabricar metanfetaminas, según consta en 23 autorizaciones obtenidas por Proceso, algunas mediante la Ley Federal de Transparencia; otras, de una auditoría abierta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El 7 de enero de 2004, por ejemplo, Ye Gon solicitó un permiso para importar 11 mil kilogramos de sulfato de seudoefedrina. Cinco días después obtuvo la autorización IPQ004-2004 para recoger sus contenedores en el AICM.

En 2005, la entrada excesiva de seudoe-fedrina por el AICM llamó la atención de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que de inmediato advirtió al gobierno federal sobre la posibilidad de que bandas internacionales del narcotráfico estuvieran operando en México.

Al año siguiente la JIFE entregó un segundo reporte al procurador general de la República, Rafael Marcelo de la Concha, y, de acuerdo con información obtenida por este reportero, hubo al menos tres encuentros en Los Pinos para discutir las observaciones del organismo internacional.

La representante de México ante el JIFE era María Elena Medina Mora, hermana de Eduardo Medina Mora, quien en aquellos años era director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hoy es titular de la PGR.

En 2006, el JIFE, cuyas recomendaciones son obligatorias para el gobierno federal, estableció un tope máximo de 50 toneladas por año para la importación de seudoefedrina. No obstante, la empresa de Ye Gon, Unimed Pharm Chem México, introdujo al país un promedio de 20 toneladas anuales.



Un negocio pujante



A raíz de la primera alerta de la JIFE, la Cofepris emitió una circular sin fecha en la que explicaba: “La seudoefedrina entra en la composición de diversos medicamentos que se venden sin receta. En fechas recientes ha habido un notable desvío de la seudoefedrina para elaborar drogas, sobre todo pastillas, mejor conocidas como tachas”. Luego impuso una serie de requisitos a fin de controlar el uso de esa sustancia.

Pero Ye Gon seguía introduciendo seudoefedrina al país. Desde 2004 comenzó a triangular con varios laboratorios la importación de este precursor químico en pequeñas cantidades, según consta en dos autorizaciones de la Cofepris obtenidas por Proceso.

Durante el auge de las importaciones de seudoefedrina en México, Ye Gon nunca fue detenido ni investigado. La Cofepris realizó por lo menos tres revisiones a la empresa Unimed Pharm Chem –de las que este reportero también obtuvo copias– en las que no detectó ninguna irregularidad.

Según los reportes de la Cofepris, de 2002 a 2006 la entrada y salida de las toneladas de las sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas provenientes de China estuvieron perfectamente justificadas.

Sin embargo, la pujanza empresarial de Ye Gon se desmadejó en unos cuantos meses. Apenas arrancado el gobierno calderonista agentes de la PGR interceptaron un cargamento ilegal con 19 toneladas de seudoefedrina en un barco atracado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Luego, el 15 de marzo pasado, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) localizaron 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Ye Gon en la Ciudad de México.

Descubierto el entramado de este empresario, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública realizan indagatorias y auditorías para conocer cómo tejió su red Ye Gon.

La semana pasada, el Noticiero de Televisa difundió escenas en las que se observa cuando, el 3 de febrero de 2003, el presidente Vicente Fox entregó personalmente a Ye Gon su carta de naturalización en un evento público organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno federal no ha dado una explicación sobre este hecho. Sólo el excanciller Jorge Castañeda, en entrevistas radiofónicas, declaró que es responsabilidad del gobierno federal investigar a quienes solicitan la nacionalidad mexicana.



Permisos apócrifos



El descubrimiento de que Ye Gon obtenía permisos de importación apócrifos en la Cofepris es apenas la punta de un hilo que permite entrever una compleja red de corrupción al interior de esta dependencia.

Hace tres semanas, mientras personal de la SFP realizaba una auditoría en las oficinas de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), perteneciente a la Cofepris, detectó, al tomar por sorpresa las computadoras de algunos empleados, decenas de autorizaciones falsas. Hasta el vienes 20, el personal de la Función Pública, encabezada por Germán Martínez, uno de los colaboradores más cercanos al presidente Calderón, mantiene bajo custodia las computadoras.

Estos permisos fueron entregados a diversas compañías entre 2003 y 2005, según las primeras revisiones. Proceso obtuvo una copia de estos documentos, y hasta el momento se sabe que al menos seis fueron expedidos a nombre de Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V., cuyo dueño es Ye Gon.

Entre las irregularidades detectadas destacan la omisión de siglas de la Cofepris, así como la falsificación de la firma de la gerente de área de esta Comisión, Laura González.

De acuerdo con las pesquisas oficiales, plasmadas en el memorando interno 480/2005, uno de estos permisos, el I-81167, cuya solicitud data del 18 de abril de 2005 y fue autorizado el 3 de mayo de ese mismo año, en realidad fue entregado a Productos Roche, no a la firma de Ye Gon.

Este permiso apócrifo presuntamente facilitó la entrada ilegal al país de 25 toneladas de naproxen –un desinflamatorio– y de 20 toneladas de enrofloxacina base, sustancia utilizada para combatir infecciones respiratorias y digestivas. Y Ye Gon continuó pidiendo permisos.

El 12 de octubre de 2005, Unimed Pharm envió una carta a Silvia Hernández Rivera, directora general de Medicamentos y Tecnología para la Salud, en la que le solicitaba una “prórroga” para la importación de dihidro estreptomicina, usada en medicamentos contra la diarrea; enrofloxacina, sustancia que es empleada para atacar enfermedades respiratorias en cerdos y aves; naproxen, y penicilina G.



Las alertas de la JIFE



En su informe de 2005, la JIFE incluyó la siguiente advertencia: “La incautación en Bélgica de 300 kilogramos de seudoe-fedrina en una remesa enviada desde la República Democrática del Congo con destino a México corrobora las sospechas de que redes internacionales de traficantes han estado operando en países de África, usándolos para la desviación de efedrina con miras a utilizarla para la fabricación ilícita de anfetamina en México”.

De acuerdo con datos obtenidos por Proceso, en esa época Ye Gon introdujo a México alrededor de 37.5 toneladas de seudoefedrina en siete cargamentos por dos rutas: una directa, con cuatro permisos de importación otorgados a su empresa instalada en el Estado de México desde 2001, y otra triangulada, pues compró el producto químico –en tres ocasiones consecutivas– a las compañías Degort’s Chemical y Laboratorios Liomont.

El grado de involucramiento de estas tres firmas con el empresario chino aún no se determina. Los investigadores de la PGR y los auditores de la SFP desconocen si sólo se trató de una venta o si hay algún delito que perseguir.

Hasta el momento sólo se sabe que Ye Gon utilizó la siguiente estrategia: primero obtuvo varios permisos legales a nombre de su compañía –Proceso tiene copias de nueve de ellos–, luego introdujo la seudoe-fedrina a México, pero a las autoridades reportó que nunca usó tales permisos.

Expertos en seguridad nacional y en trámites aduaneros, consultados por este reportero, aseguran que el empresario chino envió cartas a la Cofepris en las que solicitó la cancelación de las autorizaciones. Sin embargo, ellos aseguran que Ye Gon nunca reportó a las autoridades sobre qué hizo con la mercancía y quiénes eran en realidad sus verdaderos clientes.

En su reporte 2005, la JIFE también advirtió al gobierno del presidente Fox: “El tráfico ha tenido un efecto multiplicador. México ya no es un país de tránsito, sino que también se ha convertido en un país consumidor de drogas como la cannabis, la heroína, los estimulantes de tipo anfetamínico.

“Si se prosigue esa tendencia, podría convertirse en una importante fuente de drogas ilícitas. La Junta reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico, así como contra la corrupción, y lo alienta a seguir aplicando sus políticas al respecto.”

El 8 de enero de 2004, Ye Gon tramitó un permiso para importar 10 mil kilogramos de clorhidrato de efedrina. La autorización para recoger el cargamento la obtuvo ese mismo día, según consta en la licencia número IPQ-006-2004.

En julio de ese mismo año, Ye Gon compró otros 6 mil 175 kilogramos de seudoefedrina a los Laboratorios Liomont, firma a la que originalmente se concedió el permiso de importación, de acuerdo con la documentación manejada por la Cofepris.

En el informe de la JIFE citado, que recoge datos de 2004, el organismo reportó que “la seudoefedrina se desviaba anteriormente, sobre todo a granel, para utilizarla en la fabricación de metanfetaminas. Sin embargo, para esa fabricación se utiliza actualmente seudoefedrina obtenida de preparados farmacéuticos (tabletas) triturados.

“La mayoría de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas descubiertos y desmantelados en México estaban en la zona septentrional del país, cerca de la frontera con Estados Unidos.”

Para el año siguiente, en su reporte correspondiente a 2006, la JIFE fue aún más precisa sobre lo que estaba pasando en México: “Al cerrarse con efectividad la ruta hacia Canadá, los traficantes parecen haber vuelto a utilizar una anterior, a saber, la de México. Existe cierta inquietud por el hecho de que la seudoefedrina, como materia prima y preparado, ha vuelto a desviarse de los canales lícitos de comercio y distribución en México para utilizarse en forma ilícita de metanfetaminas”.



Operación Prisma



La Junta exhortó a los gobiernos a hacer las previsiones de sus necesidades sobre estimulantes anfetamínicos legales y a comunicar esos datos ante los coordinadores de la JIFE. Para México, por ejemplo, se estableció un tope de 50 mil toneladas hasta 2005.

Sin embargo, en el marco del Proyecto Prisma, puntualiza el informe 2006 de la JIFE, una operación policiaca conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, permitió descubrir varios intentos de desviación de efedra, una planta de la que se extraen la efedrina y la seudoefedrina, no sujeta a fiscalización internacional.

En total se intentaron desviar 933 toneladas de esa sustancia procedente de China a empresas alemanas, mexicanas, de los países bajos y suecas. Las medidas de prevención internacionales impidieron que se realizaran las 15 remesas a partir de que México prohibió por completo la importación de efedra.

Por su parte, Ye Gon modificó su estrategia. Dejó de tramitar permisos directos ante la Cofepris a nombre de su empresa y comenzó a comprar seudoefedrina a otras compañías acreditadas legalmente en el país, así como a conseguir permisos apócrifos.

Un ejemplo del nuevo modus operandi de Ye Gon ante la Cofepris es la autorización otorgada a la firma Novo Nordisk México, S.A. de C.V. Sin embargo, en una nota informativa interna dirigida a Cristina Viruega Aranda, coordinadora general jurídica y consultiva de la Comisión, se explica que ese permiso de importación –el I-47666-2006– tiene irregularidades.

En realidad, según la nota, este permiso fue otorgado a la empresa Alpharma; además, contiene firmas falsificadas y no se incluye ni el nombre del responsable ni la clave del dictaminador. La gerencia de Insumos para la Salud tampoco tenía noticia del producto, a pesar de que se trataba de medicamentos relacionados con su área.

En enero pasado, a los encargados de realizar una auditoría de rutina en la Cofepris les llamaron la atención las importaciones que implicaban a un empresario chino nacionalizado mexicano durante el sexenio foxista. Iniciaron la recopilación de documentos y, cuando estalló el escándalo sobre los 205 millones de dólares encontrados en la residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec el pasado 15 de marzo, las autoridades sanitarias solicitarón su detención.

La orden provino de María Eugenia Galván Antillón, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, quien recientemente fue cambiada a un cargo similar en la Comisión Federal de Competencia, según versiones obtenidas por este reportero en la Secretaría de Salud.

Pero cuando Ye Gon habló, a principios de este mes, sobre el supuesto financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Felipe Calderón, se activaron las pesquisas en su contra por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública.

Cuando Proceso solicitó una entrevista con el responsable de esta instancia, Germán Martínez, su oficina de prensa respondió que no hablarían sobre el asunto.

En los documentos relativos a la indagatoria sobre Ye Gon hay indicios sobre la forma en que éste operó, libre y sin obstáculos, durante el período 2002-2007. Falta ahora que el gobierno encabezado por Felipe Calderón vaya al fondo de las cosas.


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El encubrimiento


Jesusa Cervantes

La compleja regulación aduanal hace impensable que Zhenli Ye Gon introdujera ilegalmente seudoefedrina a México sin que las autoridades se percataran de ello. Las omisiones y la sospechosa demora en la actuación de funcionarios se evidencian incluso en un documento del Servicio de Administración Tributaria que parece diseñado para exculpar a José Guzmán Montalvo, lo mismo que a los funcionarios que trabajaron con él y que permanecen en el sector.

Desde el sexenio de Vicente Fox y durante el actual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda ha estado al tanto de todos los movimientos del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, pero hasta marzo último, cuando estalló el escándalo, las autoridades nada hicieron para que la Secretaría de Salud cancelara los permisos que le otorgó para importar sustancias químicas.

Documentos en poder de Proceso muestran que actualmente el SAT intenta defender al extitular de la Administración General de Aduanas (AGA), José Guzmán Montalvo. Sin embargo, incluso en esa información se encuentran indicios de la tardía reacción gubernamental y de cómo Guzmán Montalvo –funcionario cercano al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– estaba perfectamente enterado de las maniobras de Ye Gon.

En su afán de librarse de sospechas, el 30 de abril de 2007 el SAT emitió, mediante la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, un informe que detalla cómo detectó la documentación falsa que utilizó Ye Gon para importar 63 toneladas de diversos precursores químicos.

Este documento de 16 cuartillas es el resultado de una investigación ordenada por el actual administrador aduanero, Juan José Bravo Moisés, sobre un cargamento de la empresa de Ye Gon que entró al país el 9 de mayo de 2005, fecha en que José Guzmán Montalvo aún estaba al frente de Aduanas.

En los documentos con que cuenta este semanario –tanto el citado del 30 de abril como otros dos del 19 de junio del presente año–, la AGA se exime a sí misma de cualquier error, pues afirma que la parte del proceso de importación que le corresponde es correcto. La falla, por lo tanto, habría sido responsabilidad de la Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el 29 de noviembre de 2005 la Cofepris alertó a la AGA de Guzmán Montalvo sobre la posibilidad de que el permiso de importación 1-81167-2005 utilizado por la empresa de Ye Gon fuera falso (Proceso 1602). Al respecto, la referida investigación de la AGA muestra que el empresario de origen chino solicitó dicho permiso de importación a la Cofepris mediante el oficio 5330030381167, con fecha del 18 de abril de ese año, y que el documento se otorgó presuntamente el 3 de mayo siguiente. En todo caso, la mercancía ingresó el 9 de mayo.

Según el reporte recibido por la AGA, pasaron seis meses antes de que la Cofepris diera el aviso. En el oficio de esta última dependencia se destaca que la advertencia se hace “a fin de que se tomen las precauciones necesarias”, pero el embarque de productos químicos ya estaba en México.

Para colmo, Guzmán Montalvo hizo caso omiso de la advertencia y no fue sino hasta siete meses después del aviso, el 21 de junio de 2006, cuando remitió el caso a la Unidad de Control de Gestión de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Todavía más: el documento con los resultados de la investigación de la Administración Central de Contabilidad y Glosa establece que, siguiendo la investigación del SAT, del cual dependía, la AGA le envió a la Cofepris el oficio 326-SAT-IV-4-69345, con carácter de “reservado” y fechado el 21 de noviembre de 2006, para que “informara a esta autoridad si el permiso de importación número 1-81167-2005, presentado al momento del despacho de las mercancías… fue expedido por la referida dependencia”.

Además, tras un análisis de diversas leyes mexicanas, se establece que “corresponde a la Comisión de Autorización Sanitaria” expedir esos permisos.

Esta comisión, que depende de la Cofepris, respondió (en el oficio 06330060 063948, del 13 de diciembre de 2004, firmado por el doctor Miguel G. Lombera González) que los permisos “no fueron expedidos por esta comisión federal dado que no existen antecedentes que amparen la emisión de dichos documentos como ‘permiso de importación’ para la empresa Unimed Pharm Chem México, S.A, de C.V.”, que es la empresa de Zhenli Ye Gon. La Comisión de Autorización Sanitaria también le aclara a la AGA que ya se presentó la denuncia correspondiente al permiso en cuestión.

Con estos documentos de la Cofepris, la Administración General de Aduanas, ya encabezada por Juan José Bravo Moisés, determinó que efectivamente la autorización era falsa.



Graves omisiones



Para que una mercancía extranjera entre a México debe contar con el permiso de importación que emite la Cofepris, pero también con los pedimentos que asigna la Administración General de Aduanas. Mediante un pedimento, la empresa solicita a Aduanas que se permita el ingreso de sus importaciones.

Por eso extraña que las autoridades aduanales se eximan de toda responsabilidad en las importaciones ilegales de Ye Gon, puesto que la AGA autorizó los dos pedimentos relacionados con el permiso falso.

En el propio documento referido, del pasado 30 de abril, la AGA aclara que para cualquier operación de comercio exterior “es necesario que se presente un pedimento en forma oficial aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Lo que no dice es que para la entrega o asignación de un pedimiento, Aduanas tiene la obligación de verificar la legalidad del permiso de la Cofepris. En este caso, José Guzmán Montalvo asignó los pedimentos sin mayor verificación, pero eso no aparece en la investigación del SAT.

Aduanas incluso menciona el número de los pedimentos que autorizó: “El permiso de importación número 1-81167-2005 de fecha 3 de mayo de 2005, documento anexo a los ‘pedimentos’ 05 16 3465-5001062 y 05 06 3465-5001979, se obtuvo de manera irregular y el mismo no cumplió con la normatividad aplicable para su legal expedición”.

En la página 13 del propio texto del pasado 30 de abril se indica que “esta autoridad (la AGA) mantiene la confidencialidad de la información relacionada al ejercicio de las facultades para confirmar la falsedad de los permisos de importación supuestamente emitidos por la Cofepris de la Secretaría de Salud, no siendo óbice manifestar que la información estará a disposición de la autoridad judicial cuando así lo requiera”.

Con base en su investigación, la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA determinó multar a la empresa de Zhenli Ye Gon con 70% del valor de la mercancía ilegalmente introducida, es decir, 1 millón 50 mil 371 pesos con 70 centavos.

Pero en otro documento del 19 de junio pasado le dice al empresario que puede aportar pruebas de que no falsificó el permiso de importación, y se detalla que “en este caso existe la imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, en virtud de que dichas mercancías fueron en su momento desaduanadas y se introdujeron a territorio nacional, desconociendo la ubicación y destino de las mismas”.

Luego se agrega que cuando la mercancía ya entró al país, se impone otra multa, esta vez por el valor total de los precursores químicos. Así se le hizo saber a Ye Gon apenas la semana pasada (el miércoles 11) y “por estrados”, es decir, en un aviso colocado en las instalaciones de la dependencia ante la imposibilidad de localizarlo.



Sólo enroque



Quien ordenó la investigación que sustenta el documento fechado el pasado 30 de abril es Juan José Bravo Moisés, el actual administrador general de Aduanas.

El 1 de diciembre, el presidente Felipe Calderón había propuesto, ante el Senado de la República, a Luis Roberto Patrón Arregui para ese cargo, pero el PRI y el PRD impugnaron el nombramiento debido al parentesco político de Patrón con la familia Coppel, que apoyó con dinero y proselitismo la campaña presidencial de Calderón.

Entonces, el 19 de diciembre Calderón propuso para encabezar la Administración General de Aduanas a Juan José Bravo Moisés, quien tiene carrera dentro del SAT, donde se desempeñó como administrador general de Innovación y Calidad en el sexenio foxista.

A cambio, Calderón envió a Patrón Arregui precisamente a la Administración General de Innovación y Calidad del SAT. La experiencia de Patrón Arregui en el sector comenzó en 2003, en la aduana de Guadalajara, y después se hizo cargo de la de Manzanillo.

Por cierto, el pasado 24 de abril en la aduana de Manzanillo se le notificó en estrados a Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V. (en vez de hacerlo a su apoderado legal) que desde el 14 de marzo de 2007 –un día antes de que se “descubrieran” los más de 205 millones de pesos en la residencia de Zhenli Ye Gon– tenía un plazo de 15 días para llevarse 22.5 toneladas de “material médico” que “llegó a este puerto el 14 de diciembre de 2006” y fue consignado a su favor mediante el “conocimiento marítimo número CNCS002340”. Este último documento es expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así mismo, se le informa a la firma del empresario de origen chino que dicha mercancía “causó abandono tácito a favor del fisco federal”. No se aclara qué “material médico” ingresó en el contenedor ECMU435614.

Este comunicado dirigido a la empresa de Zhenli Ye Gon no está firmado por el administrador de la aduana, que según el portal en internet de la AGA es Héctor Armando Mejía Arce, sino por un jefe de departamento. Antes de ascender a administrador, Mejía Arce era subadministrador de Operación Aduanera ahí mismo.

Como se puede observar, el presidente Calderón mantuvo en la Administración General de Aduanas a gente que trabajó con José Guzmán Montalvo, pieza clave de Zhenli Ye Gon y quien ignoró las advertencias sobre irregularidades en los embarques del ahora prófugo empresario.

Al salir Guzmán Montalvo, Calderón hizo un enroque de sus mismas piezas y ahora, mediante documentos como el referido del 30 de abril, trata de exculpar al exjefe de Aduanas.

En total, Ye Gon obtuvo legalmente 13 permisos de la Cofepris para introducir diversos precursores químicos a México desde Hong Kong, pero canceló nueve de ellos. Según la Cofepris, con los otros cuatro introdujo 45 toneladas de seudoefedrina (Proceso 1601), según datos obtenidos por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Sobre esos cuatro permisos de introducción de seudoefedrina también supo un panista de bajo perfil, que debió certificarlos.

De acuerdo con la Cofepris, los cargamentos que salen de un país deben ser “certificados por el cónsul del país exportador”. Es decir, fue el cónsul de México en Hong Kong durante el foxismo quien debió certificar que Zhenli Ye Gon sólo importara las 45 toneladas de seudoefedrina que amparan los permisos y no más.

El cónsul en cuestión fue Mario Leal Campos, que llegó a Hong Kong en 2002, después de haber sido presidente municipal y diputado federal. Es un viejo conocido de Vicente Fox, junto al que fue diputado federal en la LIV Legislatura (1988-1991).


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Los desatinos de Calderón


Rafael Segovia

Aprovechando la presencia de un jefe de gobierno extranjero, el señor Rodríguez Zapatero, el presidente Calderón se refirió –con retraso– a un hecho del que se hablaba y escribía pero sobre el cual el gobierno mantenía un silencio inquietante. Nadie creía en las declaraciones del dueño de los 205 millones de dólares, pero tampoco nadie salió satisfecho de las declaraciones del presidente. Utilizar una expresión impropia de un jefe de Estado –“es un cuento chino”– para despachar el problema, dejó sin contestar lo que inquietaba a la opinión pública.

El presidente no pudo elegir peor ocasión. Hablar de un tema nacional y policiaco durante una visita de Estado, era una torpeza. No es la primera ni será la última de Calderón, pero dejarle toda la responsabilidad al señor Javier Lozano no sólo no era elegante, sino que, desde un punto de vista político, era un error o, peor aún, una prueba de ignorancia. El secretario del Trabajo, por servir en un sistema presidencial, es eso, un secretario, no un ministro. Su autonomía es reducida; depende en todo y para todo del jefe del Estado, que es también el jefe del gobierno. Cuando se ve involucrado, con o sin razón, en un caso como el de la seudoefedrina, el presidente debe intervenir en el asunto. A él le toca explicar qué pasó realmente, que no fueron sólo las fabulaciones de Zhenli; decir públicamente por qué los millones de dólares salieron del Banco del Ejército para ser enviados a Estados Unidos, por qué se tardó en solicitar la detención del autor de las mentiras, por qué mientras daba sus simplistas explicaciones la policía raptaba a una mujer y se quedaba con 6 millones del narcotráfico, por qué todo huele mal en este asunto. Y, lo peor de todo, la gran mayoría de la población cree que la imagen del presidente saldrá dañada de este asunto.

Puede ser que a él le tengan sin cuidado las preocupaciones de la población, aunque no debería olvidar la estrechez de las cifras de su elección ni la fuerza de quienes no votaron por él y siguen estando contra él pese a cuanto digan en Los Pinos. La columna del debe sigue superando con creces a la del haber.

La sensación dominante es la del hastío, que es una transformación del temor introducida por la duración. El optimismo que en alguna época no tan lejana dominaba la vida mexicana, donde la crítica estaba presente, con una ferocidad implacable pero vital, ha desaparecido. Se esperaba que hubiera mejoría, incluso entre los más desheredados, las llamadas víctimas de la miseria, que son quienes ahora no esperan nada. Se saben víctimas de mentiras de campaña, de promesas que eran falsas en el momento de formularlas. Se ha llegado a ese convencimiento.

¿Cómo se puede salir de ese mundo? Sin pecar en este caso de optimismo, sólo la política puede ayudar a generar no un nuevo espíritu colectivo, sino una esperanza creada por la confianza en un cambio donde lo prometido tenga una posibilidad de verse. Cuando se pretende salir con la ayuda del cuento de la unidad, el ridículo espera a la vuelta de la esquina. No entra en la normalidad política que el presidente de la República pida al jefe de Gobierno del Distrito Federal que le salude y se saquen una foto juntos. El rechazo desdeñoso de éste es la auténtica foto de la situación actual: el presidente no tiene de qué agarrarse.

Por si esto no bastara, los bufetes estadunidenses siguen amenazando con ayuda de medias verdades, amenazas veladas y otros apoyos de leguleyos en verdad dañinos, a los cuales sólo se oponen los gritos lamentables de vírgenes ultrajadas de los panistas.

La presencia del presidente español Rodríguez Zapatero no ha venido a mejorar la situación mexicana. La boyante economía de España, su crecimiento acelerado, haber salido del estado de postración en que vivió durante décadas por culpa y deseo del franquismo, la plena libertad política, son –o al menos deberían ser– motivo de recelo. Para México es una lección desafortunada, que llega en horas sombrías; para España es un momento en que no debe relucir demasiado porque de este lado del mar hay actos que se pueden reprochar.

El llamar de manera desesperada a la inversión extranjera puede convertirse en un lastre intolerable. España fue favorecida por inversiones extranjeras de la Europa occidental que tenían una finalidad egoísta, pero a la par noble: la construcción de Europa. No es el caso de las inversiones en México, pues de acuerdo con lo que se escribe y defiende en España –con raras excepciones–, no tienen más finalidad que el beneficio de los inversores. Crean empleo, es cierto, pero el mínimo posible. La compra de los bancos condujo a la calle a parte de los empleados: algún banco español en apuros compensó su mala situación peninsular con sus beneficios mexicanos. No se puede culpar a los inversionistas españoles de la compraventa de los bancos, de manera exclusiva. Se puede pedir ahora a los señores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que salgan de su madriguera y saluden, antes de que emprendan una operación parecida con los energéticos.

Mientras gobierne una derecha abierta o disimulada, estamos entre las ofertas del mercado internacional. Las reglas, nos dicen, son esas. Empieza por decirlo el señor Calderón Hinojosa: la piedad y la generosidad no existen cuando de inversiones –y compras– se trata. El petróleo, a 77 dólares, es una mercancía tentadora. En la fila de compradores están todos. En la de vendedores pocos, pero con pocas o ninguna defensa. Irak, Irán, México, con el agua al cuello, son los candidatos ideales para la venta del petróleo ya en proceso de explotación, pero también del que está aún bajo el suelo sin que sus dueños lo sepan. Aunque sus compradores futuros están enterados. De eso podemos estar seguros.