Negligencia y corrupción características de Pemex

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Es de conocimiento público que la prioridad para Estados Unidos –que consume grandes cantidades de hidrocarburos- es el petróleo. No es nuevo. En las décadas de los 60 y 70 fueron sometidos por los países árabes gracias al embargo del petróleo. A partir de ahí han intentado diversas estrategias que van desde la creación de enormes depósitos subterráneos para paliar eventuales alzas y escasez del energético hasta las guerras para hacerse del hidrocarburo.

Sin embargo, los precios del carburante se han incrementado hasta rebasar los 100 dólares por barril y el gobierno estadunidense está urgido de petróleo abundante y barato. Compañías de Estados Unidos como Exxon-Mobil han disminuido el ritmo de producción y por lo tanto de ganancias debido entre otra cosas a Venezuela, que ha comenzado una fase de protección de sus recursos naturales para aprovechamiento propio.

Los dos factores, necesidad de grandes cantidades de petróleo en un mercado de carestía y la pérdida de dinero de las compañías petroleras estadunidenses son el principal foco de presión para que México privatice su petróleo. Recordemos que el 90 por ciento de las exportaciones mexicanas –no sólo de petróleo- van al mercado de Estados Unidos y que México importa una cantidad similar de ese país. Imaginemos por un momento que Estados Unidos dejara de comprar los productos mexicanos y que por otra parte incrementara el precio o dejara de vendernos sus productos.

Los grandes empresarios mexicanos –es decir los poderes fácticos que gobiernan el país- serían los más afectados, probablemente perderían una buena parte de sus grandes fortunas y con ello el poder político que ahora tienen. En cambio si apoyan la venta de Pemex y de esta manera defienden los intereses de Estados Unidos –en lugar de los intereses de México- no sólo garantizarían seguir vendiendo sus productos a Estados Unidos e importar la chatarra que venden a los mexicanos, sino que además participarían de la tajada del pastel que es la venta de la paraestatal.

Entonces la venta de Pemex y el sector energético va emparejada con los intereses de Estados Unidos y con la presión que éste ejerce sobre el pelele Felipe Calderón Hinojosa y los poderes fácticos, los mismos que apoyaron el golpe de Estado contra la democracia en México.

Si hasta la fecha no han presentado la mentada iniciativa de reforma energética es por la movilización social de la resistencia civil pacífica aglutinada en la Convención Nacional Democrática, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas privadas del PRIAN arrojan cifras como el que la mayoría de los mexicanos se opone a la venta de Pemex y también que un buen número de los que se oponen están dispuestos a ejercer la resistencia civil pacífica para evitarlo.

Los costos políticos para el PRIAN a un año de las elecciones federales donde se renovará la Cámara de Diputados serán enormes. Eso es lo que está frenando el reformón del usurpador Calderón Hinojosa. El PRI no quiere cargar con mayor culpa de la venta de la paraestatal, sólo ofrece los votos necesarios, pero rechaza la autoría del proyecto. El PAN quiere compartir los costos y sus aliados de Nueva Izquierda del PRD están enfrascados en la lucha interna por el control del partido.

Ante ese panorama se manifiesta la incapacidad, negligencia, inexperiencia y corrupción del desgobierno pirata del espurio Calderón Hinojosa. Es tan burda la manera en que se pretende dar a conocer el reformón que hasta los paleros de siempre señalan los errores de estrategia.


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Las mentiras de Calderón

Antonio Jáquez

En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.

La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.

Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:

“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.

Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.

Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.

Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:

“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.

A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”

En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.

El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.

Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.

Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.

Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.

El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.

Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.

Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:

“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.

La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.

Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.

Pemex: la reforma ya tronó

Tomado de La Jornada, Hernández.

Naufragio energético*


Jenaro Villamil

El intento del gobierno calderonista para relanzar su propuesta de reforma energética naufragó. De poco valió que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, presentara un diagnóstico sobre el tema, pues los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado, Héctor Larios y Santiago Creel, respectivamente, ni siquiera se pusieron de acuerdo en la estrategia a seguir. Esta situación fue aprovechada por el senador priista Manlio Fabio Beltrones para radicalizar la posición de su partido. “Si ellos (los panistas) traen algún otro planteamiento que por lo menos tenga el olor a cierta privatización, ahí empezarán los problemas”, dijo.

El endurecimiento de la bancada del PRI en el Senado, las movilizaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador y la imposibilidad de aprobar en este período ordinario de sesiones los cambios a 15 leyes secundarias provocaron que en menos de una semana la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se hundiera en la indefinición.

Sin embargo, tras el escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la mofa provocada por el spot sobre el “tesoro escondido” en aguas profundas, el martes 18 el gobierno federal reemprendió la ofensiva para impulsar la reforma energética.

Lejos de presentar una iniciativa formal, las autoridades federales operaron filtraciones para manipular las cifras de las reservas petroleras, lo que provocó incluso que los coordinadores parlamentarios del PAN, Héctor Larios y Santiago Creel, cayeran en contradicciones. Todavía el viernes 28, Presidencia informó que el mandatario tuvo un encuentro con los legisladores panistas, con el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, y con la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, quien presentó “el diagnóstico” de esta dependencia. Fue la tercera reunión desde enero pasado.

Héctor Larios, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, insistió ese día en que “en un máximo de 10 a 15 días” se presentaría la iniciativa, pero su homólogo en el Senado, Santiago Creel, descartó fijar un plazo específico y afirmó: “No creo que nadie en este momento esté en posibilidades de anticipar cuándo vamos a presentar la iniciativa”.

Los mensajes contradictorios también se agudizaron en el PRI. El senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía e interlocutor original de su partido ante el gobierno federal, fue desplazado de las negociaciones. De manera extraoficial se supo que en el seno del PAN trabajan los legisladores Rubén Camarillo, Fernando Elizondo, Juan Bueno Torio y Gustavo Madero para presentar una propuesta de reforma energética.

Hasta ahora, sólo el senador Bueno Torio, director de Pemex Refinación durante el gobierno foxista e involucrado en presuntos casos de corrupción en la paraestatal, ha señalado que la iniciativa incluiría modificaciones a diversas leyes, como la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Orgánica de Pemex, la Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, así como la de Ingresos y la de Derechos sobre los Hidrocarburos.

Así mismo, en diversas entrevistas negó que se buscara la entrada de capital privado a Pemex, pues los cambios que propone van encaminados a reforzar “la autonomía de gestión” de la paraestatal. Sin embargo, informes de la Comisión de Energía indican que la propuesta de Bueno Torio busca abrir las inversiones en los dos sectores en los que tanto él como Juan Camilo Mouriño presuntamente han estado involucrados en contratos privados: refinación y transporte.

Para Graco Ramírez, senador del PRD y secretario de la Comisión de Energía, el proyecto del PAN busca abrir el capital privado extranjero para “la construcción de refinerías que actuarían con un régimen similar a los productores independientes de electricidad”. Según Ramírez, se trata de que empresas refinadoras maquilen el crudo a Pemex para vendérselo a la paraestatal vía gasolinas y otros derivados.

El duro

No obstante, la puntilla la dio el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. En tres declaraciones consecutivas reiteró que su partido no aceptará reformas al 27 constitucional, no aprobará los contratos de riesgo con capital privado; su partido, dijo, sólo aceptará cambios tendientes a reforzar “la autonomía de gestión” y un nuevo régimen fiscal para Pemex.

Considerado el artífice y operador de las reformas más importantes aprobadas en el Senado, Beltrones le reprochó en sus tres conferencias al gobierno de Felipe Calderón la falta de una propuesta formal de iniciativa, la manipulación de las cifras sobre las reservas probadas de petróleo y que gobernara “sin rumbo” y titubeante.

“Lo único escondido es la propuesta del gobierno y del PAN”, afirmó Beltrones el martes 25, en relación con el spot televisivo que difundió la Presidencia de la República para promover la privatización en exploración profunda.

Y advirtió: “Si ellos traen algún otro planteamiento que por lo menos tenga el olor a cierta privatización, ahí empezarán los problemas”.

Un día después, el exgobernador de Sonora acusó al gobierno federal de manipular las cifras sobre las reservas probadas de Petróleos Mexicanos: “Nos parece completamente inadecuado que una discusión que no tiene margen de duda, que gira alrededor de lo que estamos convencidos, que es la necesaria modernización de Pemex, se quiera contaminar con informaciones de este tipo que tratan –mediante el alarmismo– de lograr la urgencia”.

Las alarmas entre los calderonistas se prendieron cuando en dos ocasiones Beltrones calificó de “legítimas, aunque adelantadas”, las movilizaciones realizadas por el excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

El jueves 27, sin aceptar preguntas de los reporteros, el senador priista leyó un comunicado de tres cuartillas para subrayar que su partido mantendrá la vía de la negociación y el diálogo con el gobierno, pero respondió a los críticos internos del PRI al negar que él encabezara la línea “colaboracionista”, y dijo que su actitud no es un “chantaje”.

“Yerran las opiniones que con mala intención insisten en confundir el diálogo y la construcción de acuerdos con el ‘colaboracionismo’ o también con el ‘chantaje’. No quieren ver que sin diálogo y sin acuerdos se propicia el extremismo, la inestabilidad en todos los órdenes o, peor, el autoritarismo”, afirmó Beltrones.

Acompañado por el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, y en ausencia de Francisco Labastida Ochoa, responsable hasta entonces de la discusión sobre la reforma energética en el Senado, Beltrones sintetizó así la posición priista:

“En la discusión del tema energético, sostenemos que es impostergable abordar la modernización y fortalecimiento de Pemex bajo tres premisas claras y específicas: uno, rechazamos cualquier intento de privatizar Pemex; dos, ninguna reforma al artículo 27 de la Constitución; y tres, nos oponemos a los contratos de riesgo. Defendemos la soberanía energética del país y la autonomía de gestión de Pemex.”

Entre líneas y sin mencionarlo específicamente, Beltrones lanzó también un reproche al gobierno calderonista en torno del caso Mouriño. “El grupo parlamentario del PRI ha actuado, y seguirá actuando, en estricto apego a la ley. No es facultad del Legislativo inculpar o exonerar a nadie… Nuestra tarea es legislar y lo seguiremos haciendo para fortalecer nuestro marco jurídico, combatir el delito y cerrarle el paso a la impunidad”, afirmó.

No obstante, antes de las vacaciones de Semana Santa, el sonorense frenó en el Senado la instalación de una comisión investigadora que determinara si el secretario de Gobernación violó o no la ley al firmar varios contratos con Pemex Refinación como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, al tiempo que era diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía en el sexenio pasado. “No somos ministerio público”, afirmó en aquella ocasión Beltrones.

Las declaraciones del jefe de la bancada priista generaron una reacción espejo en la Cámara de Diputados. Su homólogo Emilio Gamboa Patrón advirtió el miércoles 26 que “jamás permitiremos la posibilidad de incluir los contratos de riesgo ni la participación de capital privado en actividades reservadas al Estado por la Constitución”. Incluso, la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, dio por hecho que la reforma no se aprobaría en este período de sesiones.

En paralelo, los perredistas Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, coordinador y vicecoordinador respectivamente de los senadores del PRD, coincidieron en que la intención de privatizar la paraestatal se “desbarrancó” y “naufragó” ante el deslinde priista.

Monreal interpretó así los últimos acontecimientos: “El PRI se ha desmarcado y los ha desdeñado porque los militantes del PRI, los senadores del PRI, ya valoraron los costos políticos que tendrán previa la elección intermedia de 2009”.

“La actitud de los legisladores del PRI está generando una división interna profunda y prefirieron deslindarse”, afirmó el exgobernador de Zacatecas. Cercano a López Obrador, Monreal convocó a Beltrones a hacer “un frente común contra la privatización”.

El factor Rojas

El endurecimiento de Beltrones se dio en paralelo con la insistencia de otras voces priistas, como la del exdirector de Pemex, Francisco Rojas, y la del exsenador Manuel Bartlett, quienes pugnan por una reforma energética que no pase por modificaciones legales ni signifique la aceptación de contratos de riesgo.

Hasta hace algunos meses, Bartlett representó la voz más crítica al interior del PRI frente a los intentos por privatizar el sector energético. Como senador en la Legislatura anterior, Bartlett dio una batalla jurídica y política contra los contratos de riesgo firmados en el sector eléctrico. El pasado 28 de enero, en un evento de la fundación Colosio, Bartlett advirtió a sus correligionarios que el peligro está en el PRI. “No nos engañemos. Existe un riesgo de que nos convirtamos en el PARM del PAN” en el tema energético.

En ese mismo acto, el primero de una serie organizado por la Fundación Colosio para analizar la reforma energética, el presidente de este organismo, Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años y cercano al gobierno de Carlos Salinas, expresó su oposición frontal a una reforma que privatizara las labores de exploración, explotación, refinación y distribución del petróleo.

El 3 de febrero, Rojas publicó otro análisis donde advirtió que Pemex “sí tiene recursos, pero no lo dejan invertirlos para mantener el equilibrio presupuestal y la carátula financiera”, habló de una “segunda expropiación” de la paraestatal, pero de cara a la Secretaría de Hacienda y el régimen fiscal que le impide reinvertir sus recursos. Rojas insistió que la modernización de Pemex debe ser gradual e incluir un nuevo órgano de gobierno que garantice la autonomía de gestión y financiera de la paraestatal.

La posición de Rojas aglutinó a distintos cuadros y exdirigentes priistas que vieron en él a un polo opositor a la privatización. Las actividades de Rojas contaron con el aval de la lideresa nacional de su partido, Beatriz Paredes, y constituyeron un contrapeso a las posiciones de Labastida y del propio Beltrones.

El miércoles 26, durante la presentación del libro Los instrumentos jurídicos de la política energética, del diputado Carlos Armando Biebrich, Rojas dio a conocer sus “20 acciones para hacer factible la reforma energética”. Y advirtió que casi todas pueden realizarse sin necesidad de cambios legislativos.

En el acto realizado en San Lázaro, Rojas advirtió a los legisladores que el Congreso mexicano no debe convertirse en el “chivo expiatorio” de las ineficiencias, la falta de planeación o los “intereses ocultos” en torno de la reforma energética.

“No se debe caer en la trampa de que todos los cambios que requiere Pemex deben hacerse a través del Legislativo”, sentenció Rojas.

Consultado por Proceso, Rojas recuerda que el gobierno de Vicente Fox responsabilizó a la oposición en el Congreso de la inexistencia de reformas importantes. Y tras señalar que se observa una tendencia similar del gobierno calderonista, consideró que esa actitud es “injusta” porque las reformas urgentes en el área energética son más de índole administrativo que legislativo.

Y enumera las medidas que, considera, deben instrumentarse: despetrolizar las finanzas públicas; absorber la deuda de los Pidiregas; otorgarle autonomía de gestión y financiera a Pemex; restablecer al 100% las reservas probadas; aumentar la capacidad de refinación de barriles por día; determinar el tipo y localización de las nuevas refinerías; priorizar el desarrollo del litoral, las aguas someras y tierra, y no los desarrollos en “aguas profundas”; encontrar soluciones, conforme a derecho internacional, para la explotación de los yacimientos transfronterizos.

“Lo peor que podría pasar es que no realizara la reforma energética. La mayor parte de las acciones son administrativas y tendrán que ser complementadas, en su caso, con las medidas legislativas correspondientes”, insiste Rojas.

La “propuesta” de Lula

Frente al hundimiento de la reforma calderonista, el viernes 28, la prensa nacional difundió una propuesta del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, para que Pemex, “la diosa intocable”, se aliara con Petrobras en la exploración de nuevos campos petroleros.

“¿Por qué no se crea –sin permitir que ninguno diga que estamos privatizando Petróleos Mexicanos– una tercera empresa entre Petrobras y Pemex para hacer exploración de petróleo en campos nuevos?”, recordó Lula que le propuso al presidente Calderón.

Durante un encuentro con empresarios mexicanos y el secretario de Energía, Eduardo Sojo, el mandatario brasileño insistió en que su propuesta busca estar a tono con las nuevas tendencias globales.

Para Francisco Rojas, la propuesta de Lula significa permitir un “contrato de riesgo”, ya que “Petrobras no es necesariamente una empresa paraestatal ni tampoco sería diferente un contrato con ellos o con trasnacionales privadas como Shell”.

Así mismo, recuerda que hace algunos años Lula criticó que detrás de las grandes empresas estatales del petróleo estaban las gigantes trasnacionales. “Ahora nos quiere recetar lo mismo que él criticó”, dice el exdirector de Pemex.

En tanto, la Presidencia de la República difundió, el mismo viernes 28, un escueto boletín para informar que el primer mandatario Felipe Calderón sostuvo una reunión de trabajo con los coordinadores parlamentarios del PAN, Santiago Creel y Héctor Larios, con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y con el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles.


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Insaciable*

Jenaro Villamil

A partir de 1998, la empresa telefónica Unefon ha venido aprovechando las bondades de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Primero se benefició de dos prórrogas que le permitieron diferir el pago de 80% de una contraprestación por un monto de 2 mil 620 millones de pesos. Y ya en el sexenio foxista los abogados de esta compañía propiedad de Ricardo Salinas Pliego litigaron para que el gobierno le devolviera 500 millones de pesos por concepto de intereses cobrados ilegalmente. Pero la empresa quiere más…

El caso de Unefon se convirtió en un auténtico entramado de intereses que involucran a las tres últimas administraciones federales debido a la danza de millones que involucra.

La empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego reclama el pago de 3 mil 57 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a pesar de que en el origen del litigio existe el otorgamiento “indebido y sin facultades para ello” de dos prórrogas en 1998 y 1999, así como el pago de la contraprestación para que Unefon usufructuara 18 títulos de concesión de frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.

El litigio de esta compañía se empata con otro frente polémico abierto en estos días por Televisión Azteca contra las autoridades del Instituto Federal Electoral por la difusión de spots del Frente Amplio Progresista. De acuerdo con la televisora, el anuncio no viola la prohibición establecida en la reforma electoral puesto que “no era de tema electoral, sino que ofrecía una invitación a un acto para discutir un tema de interés de la sociedad, como es el destino de la industria petrolera de nuestro país”.

El caso Unefon refleja las irregularidades con las que operó la empresa durante 1998 y 1999. De acuerdo con el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto los responsables de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en aquella época, Javier Lozano Alarcón –quien actualmente se desempeña como titular de Trabajo–, como el entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgarle dos prórrogas a Unefon para diferir el pago de 80% de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos.

Considerado como único en la historia de las telecomunicaciones del país, al ser la primera empresa que obtiene dos prórrogas consecutivas sin ser descalificada del otorgamiento de 18 títulos de concesión, el caso Unefon también generó otras irregularidades documentadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados en su análisis de la cuenta pública de 2006.

Además de las dos prórrogas mencionadas, la Cofetel y la SCT condicionaron a Unefon al pago de intereses adicionales, sin tener tampoco facultades para ello y con plena autorización de la Secretaría de Hacienda. Por esta razón, la ASF pidió a la Secretaría de la Función Pública que determine si procede o no fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes resulten responsables.

El litigio se extiende al sexenio foxista e involucra a las autoridades de la SCT, a Pedro Cerisola, quien fuera titular de la dependencia, y al entonces subsecretario Jorge Álvarez Hoth. Durante seis años las autoridades de esa secretaría litigaron contra Unefon el pago irregular de intereses que derivó en una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que le entregaran a la empresa de Salinas Pliego un total de 596 millones 385 mil pesos por concepto de devolución de los intereses cobrados ilegalmente.

El último día de la administración foxista, el 30 de noviembre de 2006, la SCT le pagó a Unefon 550 millones de pesos, quedando pendientes otros 46 millones 385 mil pesos, cantidad que ahora la empresa telefónica le reclama a Luis Téllez, titular de la dependencia en el gobierno calderonista.

En su resolución, la ASF no considera irregularidad alguna en el monto de 550 millones de pesos, pero le reprocha a las autoridades de la SCT que no le reclamaran a Unefon “evidencia del recibo o finiquito” por haber recibido esta cantidad; tampoco declara sobre la ilegalidad o no de la demanda entablada por dicha compañía el 20 de diciembre de 2006 para que el gobierno federal le regresara 3 mil 57 millones de pesos por los intereses y recargos generados durante los cinco años de demora del pago original de 596 millones de pesos.

“Esta situación se encuentra sub-judice y no corresponde a erogaciones del año 2006, por lo que la Auditoría Superior de la Federación revisará, en su oportunidad, la procedencia de la erogación cuando ésta cause ‘estado’ y efectivamente se realice”, anota el informe del organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados.

Al reconocer que la retribución a Unefon debe ser por 596 millones de pesos, la auditoría prácticamente advierte que las actuales autoridades de la SCT deben devolverle a la empresa de Salinas Pliego los 46 millones de pesos restantes.

Esta posición contradice lo expresado por Gonzalo Martínez Pous, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa secretaría, quien el pasado 24 de febrero consideró que este pago es injustificado.

“No es cierto que la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) le deba nada a Unefon, no le debe ningún peso, no estamos en incumplimiento de nada”, afirmó en ese momento Martínez Pous.

Sin embargo, documentos entregados al auditor Arturo González de Aragón y de los cuales Proceso obtuvo una copia revelan que Martínez Pous también jugó un papel clave en el otorgamiento irregular de dos prórrogas a Unefon, cuando fungió como director general adjunto operativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT, en marzo de 1999.

Prórrogas irregulares

El origen de este litigio se localiza en dos prórrogas irregulares otorgadas a Unefon, en octubre de 1998 y en marzo de 1999, autorizadas por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón, y avaladas por Martínez Pous, entonces director general adjunto operativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT, dependencia a cargo de Carlos Ruiz Sacristán.

Ambas fueron solicitadas por Unefon y aprobadas por estos funcionarios en contra incluso de las mismas bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar por 20 años frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil (Proceso 1626). Las bases establecieron que las compañías ganadoras debían pagar cuando menos 20% de la contraprestación, como pago inicial, y posteriormente el 80% restante.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, solicitó a Lozano Alarcón la prórroga de 180 días para pagar el 80% restante. El pleno de la Cofetel, presidido por Lozano, otorgó la primera prórroga el 1 de octubre de ese mismo año, a cambio de que pagara una serie de intereses, como si se tratara de un crédito fiscal.

Sin embargo, la empresa telefónica no alcanzó a cubrir esa primera prórroga y solicitó otra. Así mismo, aceptó que tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones, más 453 millones 681 mil pesos, en un oficio dirigido al entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.

Lozano Alarcón emitió su opinión favorable y otorgó la segunda prórroga a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo inédito en la historia de las telecomunicaciones mexicanas. A ninguna compañía se le han otorgado dos prórrogas simultáneas para pagar la contraprestación de una licitación que ya había ganado.

El acta de notificación correspondiente, con folio 017856, está firmada por Jorge Antonio Miranda, notificador; por Javier Sarro Cortina, a nombre de la empresa, así como Gonzalo Martínez Pous y Alfonso Varela González, quienes aparecen como testigos.

En el documento se estipula que “se resolvió la solicitud formulada por el representante legal de la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., por el que solicitó “un plazo adicional para el pago de 80% de la contraprestación a favor del gobierno federal, derivado de las posturas presentadas por su representada en la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia en el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso inalámbrico, fijo o móvil”.

Sin embargo, el escrito oficial contradice la posición de Martínez Pous, quien considera injustificable el reclamo de Unefon, cuando él mismo participó en el otorgamiento de la segunda prórroga y la fijación de intereses anómalos que le permitieron a la compañía de Salinas Pliego litigar en contra de la SCT.

Proceso buscó a través de la dirección de Comunicación Social de la SCT la versión del propio Martínez Pous sobre su papel en este caso, pero no obtuvo respuesta.

Los privilegios

En su resumen ejecutivo del caso, la Auditoría Superior de la Federación describió así las medidas que favorecieron a la empresa telefónica de Salinas Pliego:

“Se comprobó que la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., ahora Operadora Unefon, S.A. de C.V., resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 mil pesos más IVA por las concesiones, habiendo pagado, conforme a las bases de la licitación, 602 millones 808 mil pesos, correspondientes al 20% de la contraprestación.

“Para el pago del 80% restante, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto, y sin tener facultades para ello, el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por la Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener tampoco facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación.

“Antes del vencimiento de la prórroga concedida para el pago de 80% de la contraprestación, Unefon solicitó directamente a la SCT una segunda prórroga, la cual, nuevamente sin tener facultades, fue autorizada por dicha dependencia, condicionándola también al pago de intereses, y cuyo límite de pago se fijó para el 15 de junio de 1999.

“Debido a que el pago del 80% restante de la contraprestación a que tenía derecho el gobierno federal no se realizó dentro de los noventa días hábiles siguientes al fallo estipulados en las bases de licitación, Unefon se situó en la causal de descalificación, acción que no fue aplicada por la Cofetel, habiéndose en su lugar, autorizado indebidamente dos prórrogas para el pago del 80% restante citado.”

Contradicciones con IFE y FAP

La misma semana que Salinas Pliego anunció la compra de una estación televisiva en Guatemala y la expansión de su agencia financiera y tienda comercial Elektra en Brasil, el Instituto Federal Electoral inició una investigación en contra de TV Azteca para sancionarla por su negativa a cumplir con la transmisión de spots ordenados por esta autoridad y también por difundir otra serie de promocionales no autorizados y atribuidos al Frente Amplio Progresista (FAP).

Al salir en su defensa, el jueves 27, TV Azteca contradijo la versión de los voceros del frente. En un comunicado, la televisora afirmó que fue el FAP quien contrató los spots.

“El FAP no es un partido sino una organización creada para promover objetivos políticos y sociales diversos y, por lo tanto, no es sujeto de la prohibición de la ley para comprar espacios en radio y televisión”, definió TV Azteca.

Sin embargo, el coordinador del frente, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el spot que invitaba a la concentración masiva del martes 25 no fue contratado por la coalición. “No lo contrató. El FAP no es una persona moral, de acuerdo con el Cofipe, y no puede hacer contrataciones ni tiene presupuesto”, reviró Muñoz Ledo.

A su vez, el senador Dante Delgado, coordinador de Convergencia, aseguró que estos anuncios los pagaría él.

TV Azteca logró así desviar también el interés de otro tema polémico que le ha acarreado un enfrentamiento con el Consejo General del IFE: su rechazo a cumplir con la obligación legal de transmitir los promocionales de los partidos políticos que se envían a través del organismo electoral y que son a cuenta de las tiempos disponibles como prerrogativas en radio y televisión.

*Tomados de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

Tomadas de Reporte Indigo número 75.

Jaime Avilés

■ Calderón vendió Pemex en California

■ Se comprometió con gaseras de México y Canadá

■ Despilfarró 19 millones de pesos el 15 de septiembre


Durante una reunión patrocinada por Igasamex –conglomerado de firmas de México y Canadá, que hacen negocios con gas natural y productos petroquímicos–, Felipe Calderón aseguró que “61 por ciento de los mexicanos está en favor de una reforma” que modifique el régimen legal de los hidrocarburos en nuestro país.

También dijo que durante los próximos 10 años, “México requerirá una inversión de 140 mil millones de dólares para desarrollar su energía”, y garantizó que, en materia de petróleo y gas natural, “el potencial de nuestro país es enorme”, y subrayó este adjetivo, “enorme”, antes de advertir que no podía “hablar de muchas cosas (al respecto) porque es un tema muy peligroso en términos políticos y si queremos ir hacia delante hay que hacerlo paso a paso”.

Sus palabras quedaron registradas en un video que grabó el Instituto de las Américas, en una charla que Calderón sostuvo con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow en La Jolla, California, el 10 de noviembre de 2003. (Ustedes pueden consultarlo en YouTube, bajo el nombre de “Encuentros: Davidow and Calderon November 2003”).

¿Qué insinuó el entonces secretario de Energía con eso de “si queremos ir hacia adelante hay que hacerlo paso a paso”? Claro: que tenía que obtener, primero, la candidatura del PAN a las elecciones de 2006 y después llegar a Los Pinos “como haiga sido”. Aquel encuentro con Davidow en realidad fue una entrevista de trabajo, en la que el autodenominado “presidente del empleo” le pidió a Estados Unidos el empleo de presidente de México.

La comparecencia fue auspiciada por la Reinhart Foundation, de San Diego, California, que fomenta “proyectos para México y Guatemala” bajo el lema “ayudando a otros a ayudarse a sí mismos”, y por el consorcio Servicios Integrados de Gas de México (Igasamex, en inglés) que en su página web se anuncia como una empresa establecida en 1996, dueña de “13 gasoductos en México con los cuales sirve a 86 clientes que representan todas las ramas de negocios del país”.

De acuerdo con su propio portal, Igasamex tiene presencia en todo el Golfo de México, desde Altamira, Tamaulipas, hasta Yucatán, pero, ojo, no en Campeche, territorio exclusivo de la familia Mouriño. Socios de Igasamex, y por lo tanto copatrocinadores del encuentro de Calderón con Davidow, fueron asimismo Fergus Thermes, Corporativo San Ángel y Saks Energy.

Fergus Thermes, “empresa mexicana con 60 años de experiencia”, posee una múltiple personalidad que le permite fabricar equipos de refrigeración, importar/exportar petroquímicos, alquilar bodegas en el estado de México y oficinas en la colonia Del Valle y dar toda clase de asesorías, mientras Corporativo San Ángel, con oficinas en la calle de Altavista, DF, lleva “80 años distribuyendo combustóleo, diesel y combustibles marinos”, desde que alguien la fundó en 1927 y, por lo visto, no se enteró de la expropiación petrolera de 1938. Lo misterioso del asunto es que en Internet, ni Fergus Thermes ni Corporativo San Ángel revelan los nombres de sus propietarios, como tampoco hacen los de Sask Energy, que “suministra gas natural a 314 mil clientes a través de 64 mil kilómetros de ductos en Canadá”.

Estos magnates sin rostro impulsaron la precandidatuta de Calderón ante Davidow, un embajador de carrera que estuvo en Chile antes y después del golpe contra Salvador Allende, más tarde en países petroleros de África y por último en México, donde se jubiló a mediados de 2001, antes de asumir, en junio de 2003, la presidencia del Instituto de las Américas, creado por intelectuales de la Universidad de California en San Diego para “promover discusiones y debates sobre políticas públicas en países de la región”.

Aquella noche de noviembre de 2003, Davidow dijo que Calderón estaba sentado en “la silla más caliente del gabinete de Fox” y le pidió su opinión sobre la industria petrolera. El aspirante al empleo, hablando un inglés de campesino pese a que estudió en Harvard, dijo, además de todo lo que ustedes ya han leído, que México “requiere de una reforma fiscal que le permita librar a Pemex de la tremenda carga impositiva que soporta”.

Hoy, esa reforma fiscal, diseñada por Agustín Carstens, es todo un hecho, pero Pemex no se libró de ninguna carga impositiva. Por lo tanto, Calderón propuso una “solución” que se llevó a la práctica y no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué habrían de funcionar entonces las medidas que desea aplicarle a Pemex para cumplir sus compromisos secretos con Igasamex, Saks y las petroleras anglosajonas?

En una sociedad democrática, una reforma como la que pretende la derecha (Manlio Fabio Beltrones incluido, a estas alturas no va a engañar a nadie con sus desplantes y sus alianzas con lo peor del hampa política), tendría que empezar por un debate a fondo, difundido por todos los medios y con la participación de todos los sectores, después de lo cual, como siguiente paso, debería efectuarse un plebiscito nacional, cuyo resultado determinaría, por último, la conducta de los legisladores en las cámaras. Esto, como todos sabemos, no es posible en México. Aquí no sólo no existe la figura del plebiscito sino que tampoco contamos con instituciones electorales confiables.

Aparte de perder el debate antes de iniciarlo, Calderón se quedó sin mano derecha para negociar nada, y al llegar a la ceremonia del 18 de marzo en compañía de Juan Camilo Mouriño y declamar asombrosamente que “quien viola la ley ofende al prócer”, convirtió el homenaje a Benito Juárez, como bien señala Joaquín Romo de Vivar desde Monterrey, “en un homenaje a Maximiliano que ofende a todo el país”.

Pero si la sociedad mexicana está preocupada por Pemex, y más activa que nunca (hay quienes ya no duermen porque se pasan la noche quemando cds para divulgar información contra el anuncio del tesorito), otros fiscalizan a Felipe Calderón y descubren, como Óscar A. García, del portal de la resistencia atsyber, que el 15 de septiembre pasado el gobierno espurio despilfarró 19 millones de pesos en el Zócalo.

De acuerdo con un reporte del IFAI, los gastos del Grito ascendieron a 18 millones 813 mil 743 pesos, que fueron repartidos así: 6 millones 207 mil pesos para “talento artístico” (?); 320 mil pesos para la conductora Mariana Seoane (que estuvo imitando a Gabriela Cuevas), 2 millones 282 mil pesos para la banda El Recodo y 2 millones 800 mil pesos para K-Paz de La Sierra (cuyo vocalista fue asesinado por el narcotráfico tiempo después). ¿Este es el gobierno que merecen los mexicanos?

(Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com)


*Tomado de La Jornada.

Traidores a México insisten en venta de Pemex

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

La venta de Pemex al capital privado –mayoritariamente extranjero- por parte del PRIAN sigue su curso, pese a las declaraciones de los capos priístas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa en el sentido de que se opondrán a la privatización de la paraestatal.

Las bancadas de ambos partidos se reunirán en los próximos días para afinar la estrategia para la venta de Pemex junto a los medios electrónicos, para por una lado evitar toda información del movimiento popular opuesto a la privatización del petróleo, y por el otro continuar con la campaña de mentiras para inducir a la opinión pública a que la venta de la paraestatal es la única salida para México.

La discusión del aún no presentado proyecto de reforma energética es lo de menos. Su estrategia será justo esa, no discutir nada. Sólo incrementar las campañas publicitarias y que las mentiras dichas reiteradamente se impongan en los espacios desinformativos.

Tan es así, que las filtraciones continúan de tal forma que aún antes de que la reforma de marras se presente, la misma sea “digerida” por los medios de comunicación electrónicos, afines al proyecto de vender la patria.

Aprovechando la indefinición de ganador de las elecciones internas del PRD y el circo que los medios electrónicos han hecho del suceso, el oficialista auditor superior de la federación Luis González de Aragón informó el resultado de las auditorías practicadas a los seis años de desgobierno y saqueo del ladrón Vicente Fox Quesada, que arrojan “inconsistencias” –es palabras llanas gastos no comprobados- por casi 800 mil millones de pesos. El mismo monto del excedente por los altos precios registrados por el hidrocarburo.

En pocas palabras se gastaron los excedentes petroleros sin que hasta la fecha se sepa en qué y dónde quedó el dinero que pudo servir para la creación de infraestructura como refinerías y ductos. En casi dos años que se duplicó el precio estimado del barril de crudo mexicano durante el desgobierno del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, tampoco se ha dado información al respecto, pero en cambio se ha filtrado que el mentado proyecto de reforma energética contempla la construcción de refinarías en México para que empresas extranjeras procesen el petróleo mexicano y después se lo vendan a Pemex. Es decir el negocio gordo, en lugar de que el dinero de los excedentes petroleros se inviertan en infraestructura, este es robado por el pelele Calderón Hinojosa y su camarilla y después se vende Pemex, para seguir engordando sus fortunas a costa del bienestar de los mexicanos.

Por eso aseguramos que la estrategia es no presentar la mentada reforma hasta el cuatro para las doce, tampoco discutirla y aprobarla rápido para que nadie se pueda enterar de la forma en que este grupo de mafiosos políticos vende e hipoteca el futuro de México y de los mexicanos. ¡Y todavía se sienten agraviados porque se les llama por su nombre: traidores!


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Tercera cadena... para Televisa

Jenaro Villamil

La anunciada alianza del emporio de Emilio Azcárraga Jean con la cadena estadunidense Telemundo fortalece la posición dominante de Televisa en el mercado mexicano y le abre una opción para competir, en el país vecino, con sus exsocios de Univisión.

Al mismo tiempo, hace inviable ya la alianza de

Telemundo con Isaac Saba para obtener la concesión de una tercera cadena nacional que dispute el merca-do a TV Azteca y Televisa.

Con el abierto beneplácito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el silencio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de los legisladores que discuten una nueva ley de medios electrónicos, Televisa anunció un acuerdo con Telemundo, la segunda compañía televisiva de habla hispana en Estados Unidos, para transmitir desde el primer día de abril próximo 19 horas semanales de programación a través del Canal 9, XEQ, el frustrado “canal cultural” del consorcio que ahora aspira a convertir en su tercera cadena nacional.

En los hechos, el anuncio fortalece la posición casi monopólica de la empresa, que concentra 60% de las concesiones de televisión, 71% de la publicidad televisiva y 80% de los contenidos audiovisuales, al tiempo que clausura la búsqueda de una concesión televisiva propia para Telemundo y su socio mexicano Isaac Saba, empresario que sufrió un feroz linchamiento mediático en las pantallas de Televisa y, en especial, de TV Azteca, en diciembre de 2006, por haberse asociado en la búsqueda de una “tercera cadena”.

La sociedad le permitirá a la compañía de Azcárraga Jean obtener recursos para relanzar el Canal 9, señal que ahora depende de Galavisión y de programación antigua, al tiempo que constituye un desafío para Univisión, el exsocio estadunidense de Televisa, rival de Telemundo. Desde 2006 Univisión y Televisa mantienen un complicado litigio por la vigencia de un contrato de exclusividad hasta 2017. En abril, una Corte de circuito de Los Ángeles deberá definir la vigencia o no de los convenios firmados por ambas televisoras.

El comunicado difundido el 17 de marzo por Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa, y por Jeff Zucker, presidente del conglomerado mediático NBC-Universal, controladora de Telemundo, destaca que Televisa gozará de una “licencia de programación exclusiva” para distribuir los contenidos de Telemundo en “televisión abierta, de paga y plataformas digitales emergentes”.

“Este acuerdo permitirá al Canal 9 de Televisa expandir su audiencia en México, redefiniendo su oferta de contenido al incluir la programación original y de alta calidad de Telemundo” para alcanzar “mayores ventas y rentabilidad en el largo plazo”, dijo De Angoitia.

También se anunció la creación de un nuevo canal de televisión de paga que lanzará Telemundo y se trasmitirá en los sistemas de Sky y de Cablevisión, ambos propiedad de Televisa y a través de los cuales la compañía de Azcárraga Jean controla 96% y 45%, respectivamente, de la televisión satelital y por cable del país.

“Es un buen negocio para Telemundo. Así consiguen la distribución”, declaró el analista financiero Bishop Cheen al periódico El Nuevo Herald. A su vez, Gerardo Copca, analista de la consultoría financiera MetAnálisis, declaró a la agencia Reuters que “entrar a México ha sido muy difícil para Telemundo y para cualquier otra televisora. Creo que el camino que les quedaba era asociarse con Televisa.”

Los detalles financieros de la sociedad y los alcances legales del convenio se desconocen hasta el momento. A pesar de eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se apresuró a emitir un boletín el mismo día en que se dio a conocer la sociedad. La SCT considera que “el acuerdo es positivo y consistente con la política que ha venido impulsando la presente administración a favor de la diversificación y pluralidad de contenidos en beneficio de los televidentes”.

La dependencia, dirigida por Luis Téllez, exintegrante del Consejo de Administración de Cablevisión, afirmó que gracias al acuerdo “las familias mexicanas podrán contar con una gama más extensa de programación al incluirse más de mil horas al año de nuevos contenidos que se distribuirán a través de un canal de televisión abierta, con una cobertura de más de 70% de la población televidente”.

Clausura a la competencia

El sorpresivo anuncio de ambas compañías rompió con la promesa del gobierno de Felipe Calderón de licitar una tercera cadena de televisión abierta que compita con el control que Televisa y TV Azteca ejercen sobre el espectro.

Un estudio elaborado por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes calculó en diciembre de 2006 que existen “entre 175 y 200 frecuencias disponibles” para licitar en televisión abierta. El 80% se encuentran en la banda conocida UHF (la que va de los canales 14 al 69 y utilizan de 300 a 3 mil megahertz) y 20% en la banda VHF (de los canales 1 al 13 y que utilizan de 30 a 300 megahertz).

Una de esas frecuencias está localizada en la Ciudad de México, la plaza de mayor interés comercial y tecnológico, desde la cual se podría conformar una tercera cadena de estaciones televisivas (Proceso 1576).

A pesar de estos datos, el titular de la SCT, Luis Téllez, ha negado una y otra vez la posibilidad de licitar una tercera cadena televisiva. El 15 de diciembre de 2006, en medio de la campaña de Televisa y TV Azteca contra Saba y Telemundo, Téllez afirmó que no había recibido “ninguna solicitud por parte de Telemundo para participar en televisión abierta”.

En conferencia de prensa, el funcionario evadió mencionar cuándo se abriría la licitación en televisión abierta. Ante sus colaboradores más cercanos, el titular de la SCT reconoció que “por ahora” se suspendían los planes para abrir una mayor competencia en medios electrónicos.

La posición de la SCT ha sido contraria a la de la Comisión Federal de Competencia, organismo presidido por Eduardo Pérez Motta, que desde el 28 de noviembre de 2006 le recomendó al gobierno federal “adjudicar a la brevedad posible el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta”.

La CFC recomendó también “homologar regulaciones aplicables a la asignación del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión” y, sobre todo, “asignar el espectro radioeléctrico que se recupera de manera expedita” en las bandas VHF (de los canales 1 al 13) y UHF (del 14 al 69).

El propio organismo antimonopolios acreditó en su opinión que la concentración en materia televisiva es de las más elevadas. Televisa controla 258 de las 455 estaciones de televisión concesionadas, 68.5% de las audiencias (TV Azteca tiene 28.3%); acapara 71% de la publicidad total en televisión y 41.3% de toda la inversión publicitaria en medios electrónicos e impresos. Tiene 95% del control de la televisión satelital, a través de Sky, y puede llegar a tener 60% del control de la televisión por cable, a través de la fusión de Cablevisión con empresas regionales.

La sociedad Telemundo-Saba fue la única que abiertamente solicitó su ingreso al mercado televisivo mexicano desde finales de 2006. General Electric, el consorcio que posee 80% de la compañía NBC-Universal-Telemundo, anunció que le prestaría 5 millones de dólares a Televisora del Valle de México, concesionaria de Canal 40, para enfrentar las deudas financieras de Javier Moreno Valle, a cambio de una sociedad con esta estación. TV Azteca presionó para evitar esta sociedad y la SCT impidió la incursión de Telemundo en Canal 40.

El 11 de mayo de 2006 se formalizó la sociedad entre Telemundo e Isaac Saba al dar a conocer el grupo Palmas 26, con un tope de 49% de inversión extranjera. En septiembre del mismo año, Palmas 26 presentó ante la Cofetel su solicitud para participar en la licitación de una nueva cadena.

En enero de 2007, el presidente y CEO (director ejecutivo) de General Electric, Jeff Immelt, realizó un intenso cabildeo en la Ciudad de México. Se reunió con el presidente Felipe Calderón, con Luis Téllez y con la titular de Energía, Georgina Kessel. El ejecutivo de la poderosa multinacional afirmó que participarían en el mercado televisivo mexicano. “Si es con esta administración, bien; si no, con la próxima o con la siguiente, pero queremos entrar al mercado de la televisión mexicana a largo plazo”, afirmó (Proceso 1576).

Desde finales de 2007 el acercamiento entre Televisa y Telemundo auguraba la actual sociedad. El 24 de octubre, Telemundo anunció que difundiría la novela Amor mío, coproducida con Televisa, en el primer intento de esta compañía por romper el acuerdo firmado hasta 2017 con Univisión.

Frente al dominio de Televisa y TV Azteca, son pocos los empresarios dispuestos a buscar una licitación en la televisión abierta mexicana. El poderoso monopolio de las telecomunicaciones, Telmex, rivalizará con Televisa en el mercado de triple play (audio, video e internet), sobre todo en el terreno de la televisión por cable, pero no posee una concesión propia de televisión abierta.

El otro posible competidor es el primo de Emilio Azcárraga y exsocio de Televisa, Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del grupo Pegaso y de la empresa Caribevisión, inaugurada el 10 de septiembre de 2007 en Miami.

Burillo se asoció con el cubano Carlos Barba, fundador de Telemundo y expresidente de Univisión, así como con el fondo de inversiones Quantek, para formar Caribevisión con un capital de 60 millones de dólares. Burillo tiene 83% de las acciones.

El primo de Azcárraga no ha formalizado su solicitud para ingresar a la competencia mexicana por la tercera cadena. La directora de Programación de Caribevisión, Lilian Tartaglia, adelantó a la revista Expansión que está en tratos con TV Azteca, Antena 3 y Telefé para distribuir contenidos en Estados Unidos, y “está la posibilidad de tener un canal”.

Desafío a Univisión

La expansión más importante para Televisa está en Estados Unidos, en donde la televisión hispana capta 4 mil 320 millones de dólares anuales de publicidad y se espera que en 2010 la audiencia llegue a 48 millones de personas y a 5 mil millones de dólares anuales de publicidad.

Este mercado es ampliamente controlado por Univisión, la empresa creada por Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, y su socio estadunidense Joe Perencchio. Por el candado legal que impide a un extranjero tener más de 25% de las acciones de una concesión de canal televisivo, los Azcárraga no han podido tener el control de Univisión.

El último intento de Azcárraga Jean fue en 2006, cuando compitió por la compra de Univisión con el magnate Haim Saban. Televisa perdió ante la oferta de 12 mil millones de dólares presentada por Saban y cinco fondos de inversión.

Desde ese momento, la tensión entre Televisa y Univisión se ha agudizado. Desde mayo de 2005, Televisa demandó a su socio por el pago de regalías de transmisión de programas y el uso de “artistas exclusivos” del consorcio mexicano a través de internet. Un año después, al perder la oferta por el control accionario, Televisa demandó a Univisión acusándola de haber roto el acuerdo que obligaba a suministrar la programación exclusiva hasta 2017, y anunció que venderá 11% de las acciones que mantiene en la compañía televisiva.

Televisa se ha quejado de que el único beneficiario de la exclusividad es Univisión, porque tiene acceso a las telenovelas, partidos de futbol y programas cómicos, producidos en México por las señales de Azcárraga Jean, y que le permiten tener más de 60% de la audiencia. A cambio, argumenta Televisa, sus ganancias por la sociedad con Univisión fueron de sólo 138 millones de dólares el año pasado.

Ante la inminencia de una ruptura definitiva con Univisión, Televisa ha buscado un segundo socio para transmitir sus programas en Estados Unidos. El desafío es frontal para aquella cadena, que podría contrademandar, según especialistas del mercado televisivo estadunidense.

Con esta sociedad, Telemundo pretende incrementar su desempeño en rating y publicidad frente a Univisión. En 2007 rebasó el tope de 27% de audiencia. Algunos analistas especulan ya sobre la posibilidad de que Univisión vaya por la revancha en el propio feudo de Televisa: el mercado televisivo mexicano.


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PRD: La tragedia de Sísifo

Álvaro delgado

México, D.F., 27 de marzo (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sus casi dos décadas de existencia, está marcado por el mito de Sísifo: condenado a llevar en sus espaldas una gran roca hasta la cima de una montaña, ésta cae al vacío cuando casi llega a la cumbre y debe repetir esta acción una y otra vez, hasta el infinito.

Es nítida la metáfora de la tragedia: El eterno retorno de lo mismo.

Lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones del 16 de marzo en el PRD es, también, el permanente retorno de la misma conducta de degradación de las cúpulas de un partido político que poco o nada han hecho y menos aún pueden ofrecer en el futuro para impulsar la auténtica democratización del país, sobre todo para darle viabilidad a la necesaria y urgente lucha por la justicia para más de la mitad de los mexicanos instalados en la infamia de la pobreza.

La extrema irresponsabilidad de quienes dirigen y aspiran a dirigir las siglas de ese partido a nivel nacional y en todos los estados --es preciso recordar que se efectuaron elecciones concurrentes en todos las entidades, además para integrar delegados al Congreso Nacional y consejeros nacionales: ¡83 mil candidatos!-- han ofendido a quienes legítimamente, con auténtica convicción, acudieron a emitir su voto y a quienes actuaron cabalmente como funcionarios electorales.

Pero la irresponsabilidad de los dirigentes perredistas ofende, también, a los ciudadanos apartidistas que, aun con todas las dudas que tiene en el PRD, lo veían como contrapeso a las acciones coordinadas de panistas y priistas, en una coyuntura como la actual, cuando está en marcha la apertura de la inversión privada en el mejor negocio que tiene la nación: El petróleo.

Después del espectáculo protagonizado por las facciones en disputa, en un torneo de expresiones belicosas, los votos legítimos parecieran tener el mismo valor que los espurios y, en su conjunto, la elección fue un “lodazal”, según el dictamen de Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD quien, al mismo tiempo que era empleado de Vicente Fox, hacía campaña por Felipe Calderón, militantes ambos del partido que nació para combatir a su padre.

En realidad, salvo personajes, la elección del PRD fue igual a las que se han efectuado desde que este partido se fundó, en 1989, con una variedad de orígenes que, en sí mismo, pudo haber sido una virtud, pero se envileció por una escasa y aun inexistente visión de Estado, a la que se antepusieron --como hasta ahora-- la lógica de facción y el desprecio a la ética y a la normatividad interna.

Protagonista central en la disputa por el control del PRD, a la que sólo le ha faltado conquistar la presidencia formal, Jesús Ortega ha tenido sucesivas incursiones marcadas, siempre, por acusaciones de prácticas de defraudación y alianzas sospechosas fuera del perredismo.

En 1996, ya como líder de Nueva Izquierda, Ortega se lanzó por la presidencia del PRD y perdió ante Andrés Manuel López Obrador, con quien pactó la Secretaría General. También buscó el máximo cargo en la elección de 1999, cuando jugó frente a Amalia García y se anuló la elección por sucia, y después, en el 2002, cuando contendió contra Rosario Robles.

Tras esas elecciones, y luego de feroces cruces de acusaciones, el discurso fue el mismo: Olvidar las irregularidades conforme al reparto de posiciones entre las corrientes internas, las mismas que supuestamente desaparecerían cuando estalló, en 2004, el escándalo del financiamiento del empresario argentino Carlos Ahumada a perredistas como René Bejarano y Lázaro Cárdenas Batel, con el contubernio de Robles, transformada ahora en pontífice de la moralidad de la izquierda.

Ahora los discursos de Ortega y Alejandro Encinas --y de sus respectivas facciones-- son los mismos tras la reproducción de conductas y prácticas deleznables que, en efecto, han sido expuestas en la radio y la televisión con un insólito despliegue, algo que a nadie debe extrañar en el contexto nacional.

Esta elección del PRD ha servido, también, para soslayar un problema que no termina de asumirse en México en toda su dimensión: Las enclenques prácticas democráticas en todos los partidos políticos, aun en los que quieren asumirse como distintos a los tres hegemónicos, y en general en la sociedad mexicana.

En el semanario Proceso se han descrito, a detalle, las acciones de defraudación electoral en el PRI, sobre todo cuando hicieron un intento de darle a las bases la posibilidad de elegir a su candidato presidencial, en 1999 --cuya elección fue un “cochinero”, según la expresión de priistas--, y los panistas han tenido comportamientos análogos, como en el 2005, también en su primera elección abierta, cuando mediante mapacherías se impuso Calderón.

En ambos partidos, pese a las pruebas, las prácticas de defraudación electoral han quedado impunes y esto, como en el PRD, sólo ha estimulado la comisión, ya sistemática, de acciones deleznables.

Vaya, hasta las formaciones noveles se presentan conductas que riñen con la democracia: El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina celebró comicios internos el mismo día que el PRD y en ellos tomaron parte golpeadores, y el Partido Solidaridad, que nació del Movimiento de Participación Solidaria –que falsamente se le hizo llamar “partido humanista”--, recurrió a la compra de conciencias para reunir la membresía requerida en las asambleas que están en trámite de verificación en el Instituto Federal Electoral.

Lo grave de lo que acontece en el PRD es, entonces, no sólo la reproducción del mito de Sísifo, de suyo trágico para una porción amplia de los ciudadanos que decidirán, en todo caso, abstenerse que dar su apoyo a un partido que no se respeta a sí mismo, sino que ya está siendo usado como coartada por los defraudadores electorales de la derecha para descalificar, de antemano, cualquier denuncia en este sentido.

Esto es lo más peligroso en la disputa electoral, ya en curso, para renovar la Cámara de Diputados y seis gubernaturas el próximo año: Podrán cometerse cualquier cantidad de actos de defraudación, como ya ocurrió en elecciones posteriores al 2006, y los reclamos no tendrán ningún efecto, igual que ocurrió con los que hizo el PAN tras cada elección que perdió el año pasado.

¿Y el IFE con su nuevo presidente, Leonardo Valdés? Ya se ve: Tratando de quedar bien con todos, sin rumbo, sin autoridad.

Apuntes

El silencio de Calderón sobre el asesinato de cuatro ciudadanos mexicanos en Ecuador a manos de soldados de Colombia no es sólo una insolencia para el dolor de las familias de los jóvenes, sino la claudicación de una responsabilidad institucional de protección a connacionales que son víctimas de abusos, como los indocumentados en Estados Unidos. Calderón, con su apocada conducta, convalida el aserto --de tufo fascista-- de que los jóvenes se merecían las vejaciones y el asesinato por estar junto a un grupo guerrillero. Es la mentalidad militarista, que todo criminaliza, y que se traduce --también-- en uniformar de soldados y dar armas de juguete a los niños, a prepararlos para matar a sus semejantes.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Mentira mediática mientras reforma es planteada a los empresarios

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La mentada propuesta de reforma energética no llega al Congreso de la Unión, pero sí a diversas empresas extranjeras y a grupos financieros en México, claro todos extranjeros. Y no es casualidad que mientras oficialmente no hay nada escrito –los merolicos de los medios de comunicación que apoyan al gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa, lo subrayan cada cinco minutos- en los círculos empresariales y financieros el proyecto es harto conocido.

En días pasados las filtraciones del espurio Calderón Hinojosa al periódico El Universal ofrecieron el panorama de las empresas extranjeras a las que se les ofrece el “tesoro de aguas profundas”, con estimaciones de cuánto ganarán por “ayudar” al sufrido México a rescatar su “tesoro” escondido en la profundidades del mar. También de cuánto obtendrán por refinar ese preciado “tesoro”.

El estadunidense Citigroup que controla a Banamex también cuenta con la privilegiada información –que ni en pueblo de México ni los legisladores, al menos de forma oficial, tienen- donde se afirma que las empresas extranjeras están invitadas a refinar el petróleo mexicano y hacerse de jugosas ganancias. Para los estadunidenses los obstáculos no los representa Andrés Manuel López Obrador y la resistencia civil pacífica aglutinada en la Convención Nacional Democrática, sino en el PRI. Por su oposición –al menos de careta- de no aprobar el capital privado en esta área, sí en exploración y extracción pero no en refinación. Sus negocios han de tener.

Las declaraciones del panista Santiago Creel –ex secretario de Gobernación del traidor y corrupto Vicente Fox Quesada- en el sentido de que conseguirán los votos necesarios para aprobar la venta de Pemex, son elocuentes. No necesitan de nadie más que del PRI.

Los datos ofrecidos por Banamex echan por tierra a los jilgueros del oportunismo mediático, quienes durante meses han repetido la misma tonada impuesta desde el gobierno usurpador: No se privatizará el petróleo, López Obrador está loco, es un demagogo y mentiroso.

Poco tiempo les queda, pero a medida que se acerca la fecha fatal, la reforma de marras va saliendo a la luz, no por los cauces constitucionales, no por las vías legales, no por las vías institucionales, sino a través de los grandes emporios financieros y los poderes fácticos.

La estrategia del desgobierno pirata es la misma utilizada por el vulgar ladrón llamado Vicente Fox Quesada, repetir la mentira hasta el cansancio. No pasó su sexenio como el del cambio, no pasó el fraude del pelele Calderón Hinojosa y no pasará la privatización de Pemex.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/

Las grandes petroleras al acecho

J. Jesús Esquivel

Nunca como ahora las trasnacionales petroleras habían coincidido con tanta exactitud con los gobiernos estadunidense y mexicano en sus esfuerzos para lograr la total apertura de Pemex al capital extranjero. Gigantes energéticos como Exxon Mobil –la compañía más importante de Estados Unidos en su tipo–, Transocean Inc, BPLC, Royal Dutch Shell PLC, Chevron/Texaco, Devon y Anadarko Petroleum, entre las de mayor peso, anunciaron ya que cuentan con miles de millones de dólares para desarrollar proyectos de exploración y explotación de yacimientos petroleros en aguas profundas de numerosos países, incluido México, que tras 70 años de haber decretado la nacionalización de la industria petrolera, se halla a unos cuantos pasos de perder su soberanía en materia de explotación y usufructo del energético.

WASHINGTON.- “Pemex requiere urgentemente de capital privado (nacional o extranjero) para modernizar y fortalecer su capacidad de producción, exploración, explotación y exportación”, dice el reporte titulado La industria petrolera: Fusiones, cambios estructurales y el combate a los monopolios, de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

El informe de 303 páginas, donde fácilmente se reconocen las posiciones del gobierno mexicano actual sobre la necesidad de abrir más ampliamente Petróleos Mexicanos, fue presentado desde agosto de 2004 por el Departamento de Economía de la FTC, dependencia que se encarga de vigilar toda clase de transacciones de las empresas estadunidenses en su país y en el extranjero.

En el documento se aborda el tema desde un punto de vista casi empresarial, con interés de invertir en México:

“Desde la década de los noventa las únicas industrias petroleras que han tenido éxito son las que permitieron la privatización y no limitaron este ingrediente esencial a las actividades de exploración y producción de petróleo crudo… Las que siguen aferradas al nacionalismo están enfrentado una caída notable en su capacidad de producción energética y una contracción en sus reservas petroleras”, destaca el informe de la FTC en los capítulos sobre privatización que hacen referencia a la paraestatal mexicana.

Otra investigación, realizada por el Consejo Estratégico de Energía Global de la misma FTC –Las actuales implicaciones de la situación energética en el mundo para los proveedores de energía de Estados Unidos, publicado el 12 de abril de 2007–, apunta que las empresas petroleras de México, Venezuela y varias naciones del Medio Oriente, que tienden a privilegiar políticas nacionalistas por encima de las necesidades de inversión, “corren el riesgo de convertirse en obstáculos” para las investigaciones y el desarrollo de mejores proyectos de producción y aprovechamiento de energéticos.

El reporte incluye una advertencia para industrias “nacionalistas” como Pemex: “Hay que tomar en cuenta un hecho inminente que depara el futuro. La demanda de energía en China eliminará el superávit que ahora existe en la capacidad mundial de la industria de la refinación de petróleo. Los países o industrias que no se modernicen sufrirán las costosas consecuencias por no haberse actualizado para enfrentar esta perspectiva global.”

Un cuadro estadístico, que acompaña al reporte del Departamento de Economía de la FTC, muestra el deterioro de las reservas petroleras de México entre 1990 y 2002:

“En 1990 Pemex contaba con una reserva petrolera de 51 mil 298 millones de barriles, o sea 5.1% de la reserva mundial. En 1995 la reserva mexicana bajó a 48 mil 796 millones de barriles, o 4.8% de la reserva mundial; en 2000 se desplomó a 28 mil 260 millones de barriles, o 2.7% de la reservas globales, y en 2002 las reservas petroleras de Pemex fueron de 17 mil 196 millones de barriles de crudo, que equivalían a 1.4% de la reserva del planeta.”

Las dos investigaciones sobre las alternativas que tiene Pemex para no quedarse atorada en la problemática petrolera mundial, que la FTC facilitó a Proceso, coinciden con las advertencias indirectas que han lanzado empresas petroleras estadunidenses para que el gobierno de Felipe Calderón las tome en cuenta en sus planes de “hacer acompañar” a Pemex de capital privado y extranjero, como dijo el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, en el 70 aniversario de la expropiación petrolera.

Por mencionar un caso, Exxon Mobil, la empresa energética más importante de Estados Unidos, anunció a principios de este mes que invertirá 125 mil millones de dólares para la exploración de mantos petroleros y de gas natural “en países políticamente estables y que no se oponen a la privatización de su sector o sectores energéticos”.

Los “países políticamente estables” que menciona Exxon Mobil en los planes que publica en su página de internet son Alemania, Nueva Zelanda y Groenlandia.

Sed de petróleo

La nueva modalidad que las empresas petroleras o energéticas de Estados Unidos y de Europa promueven a todo vapor para enfrentar la acelerada caída en la producción petrolera mundial es la extracción de petróleo y gas natural en aguas profundas.

Este tipo de producción implica el uso de tecnología y equipo que, a decir del gobierno mexicano, una empresa como Pemex no podría costear sin la participación de capital privado nacional o extranjero. El tema forma parte del debate sobre la reforma energética que la administración de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional impulsan actualmente en el Congreso de la Unión.

Esta posibilidad de apertura a la inversión extranjera atrajo la atención de empresas como Transocean Inc., compañía estadunidense fundada en 1919 en Louisiana, que ya extrae petróleo de aguas profundas en el Golfo de México y en las costas cercanas a Nueva Orleáns.

Con 140 unidades móviles de perforación, ocho equipos de exploración y perforación de alta mar, la grúa más grande del mundo (equipada con 68 unidades de perforación) y una flota de 68 naves perforadoras con equipo semisumergible, Transocean es la mayor empresa de perforación marina en el mundo y afirma que cuenta con la tecnología necesaria para perforar mantos petrolíferos en aguas profundas de México, Mauritania y Malasia.

Tiene sus oficinas centrales en Houston, Texas, emplea a 20 mil personas en varios países y cuenta con clientes en Canadá, Brasil, Gran Bretaña, Noruega, Arabia Saudita, India y Australia, además de otros países de Asia y África.

Frente a las posibilidades de “acompañamiento” o “asociación” anunciadas por la dirección de Pemex para eventualmente abrir la exploración y explotación de recursos petroleros en aguas profundas, Transocean informa en su página de internet que cuenta con equipo y tecnología de perforación en aguas profundas con un alcance de 3.2 kilómetros, es decir, el que requiere México para esa modalidad de extracción.

A raíz de la promoción que está haciendo Transocean, y luego de que Exxon Mobil diera a conocer el monto de su presupuesto para inversiones en “países políticamente estables”, otras trasnacionales, como BPLC, Royal Dutch Shell PLC, Chevron/Texaco, Devon y Anadarko Petroleum, anunciaron que también cuentan con miles de millones de dólares para desarrollar proyectos de exploración y explotación de yacimientos petroleros en aguas profundas.

De hecho varias de estas empresas, como Devon y Anadarko Petroleum, ya perforan mantos petrolíferos en aguas de Brasil, Nigeria y Angola, y al igual que Transocean ambas trasnacionales aseguran tener la capacidad económica y tecnológica para explorar en las costas del sur de China, India, Paquistán, Mauritania, Egipto, Malasia y México.

Además, Exxon Mobil y Transocean, entre otras empresas estadunidenses, trabajan actualmente en la extracción de petróleo en aguas profundas de África Occidental.

La producción actual con este método de explotación de mantos petrolíferos es de 2 millones de barriles de crudo diarios, y según las trasnacionales existe la posibilidad de alcanzar 10 millones de barriles al día para el año 2015.

Calculan también que abrir un pozo petrolero de aguas profundas le costará a México de 50 a 100 millones de dólares.

Interés crucial

El reporte elaborado por el Departamento de Economía de la FTC destaca un hecho que el gobierno de Felipe Calderón debe considerar en sus planes de inyectar capital privado en Pemex: “La mitad de los 274 mil 200 barriles de petróleo refinado que Pemex produce al año, se debe a la asociación de 50-50 que tiene con Shell”.

Además, ejemplifica lo que un país puede lograr si permite la participación de capital privado en el sector energético:

“La asociación entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo (con sus filiales) da como resultado una refinación anual de mil millones 158 mil 533 barriles de petróleo y reditúa ganancias calculadas en unos 49 mil 900 millones de dólares”, indica el reporte La industria petrolera; fusiones, cambios estructurales y el combate a los monopolios.

El mismo documento hace hincapié en otro problema al que se enfrenta la paraestatal mexicana dentro de su limitada apertura a la inversión extranjera:

“Por tener el control de 50% de la refinación de petróleo mexicano, los intereses de Shell en Pemex le permiten controlar el precio y tomar las decisiones de la producción del petróleo ya refinado. Pemex, además, no es dueña de ningún otro activo de refinación en Estados Unidos y por ello no tiene ningún papel significativo en la venta de la producción del petróleo refinado mexicano.”

Con base en datos de Pemex sobre su capacidad de producción (que en 2004 era de 3.4 millones de barriles diarios y actualmente es de 2.8 millones), las trasnacionales prevén que si la paraestatal no se moderniza y abre las puertas al capital privado para diversificar sus métodos de exploración y explotación de crudo, para 2015 México dejará de exportar energéticos y se convertirá en importador neto.

Al respecto, el reporte del Departamento de Economía de la FTC señala que “con una privatización extensa, muchas entidades paraestales podrían ser más exitosas, abriendo sin límites sus fronteras a todo tipo de actividades relacionadas con el aprovechamiento de sus recursos petroleros”.

El documento del Consejo Estratégico en Energía Global de esta misma dependencia, ya mencionado, llega a conclusiones más políticas: resalta que si países petroleros que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo –como es el caso de México– permitieran un mayor acceso al capital privado, “resurgirían como proveedores de petróleo seguro” para los intereses energéticos estadunidenses.

“La neoglobalización requiere de una nueva arquitectura petrolera y existe un número importante de esfuerzos multilaterales que se llevan a cabo con este propósito”, enfatiza el informe de 20 páginas del Consejo Estratégico de la FTC.

Los dos reportes de la FTC subrayan que si Pemex se abre al capital extranjero ofrecerá a Estados Unidos la posibilidad de atenuar su dependencia de las importaciones petroleras del Medio Oriente.

“Las respuestas de los mercados parecen por ahora ser la mejor opción, porque los programas que se han realizado para lograr una independencia energética (de Estados Unidos) lo único que han dado como resultado es un gasto de 50 mil millones de dólares durante los últimos 10 años”, dice el reporte elaborado por el Consejo Estratégico en Energía Global de la FTC.

Esos miles de millones desperdiciados son los que han gastado el gobierno y el Congreso de Estados Unidos para impulsar legislaciones que no se han aprobado o aplicado, instalar laboratorios y centros de investigación energética, y desarrollar programas de discusión y análisis sobre el impuesto energético y la búsqueda de fuentes alternas de energía sin la participación del sector privado.

“La energía es el asunto de mayor importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos y su importancia supera cualquier interés político bipartidista. (…) Es prioridad nacional seguir apoyando los esfuerzos de inversión de las empresas privadas del país en proyectos petroleros y de gas natural en el extranjero. Hay países donde este objetivo debe ser crucial; México, Rusia y Venezuela son apenas un ejemplo de esta necesidad”, consigna el reporte del Consejo Estratégico.




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Los cochineros

josé gil olmos

México, D.F., 26 de marzo (apro).- La crisis del PRD sólo ha venido a confirmar que el sistema de partidos en México es el que vive una profunda y severa crisis, porque ni el PAN ni el PRI han demostrado ser tan diferentes en sus procesos electorales internos ni en sus programas de participación ciudadana.

Hoy que las críticas se han concentrado con justa razón en el PRD, manifestando que no tiene calidad para criticar al gobierno de Felipe Calderón ni al IFE por su papel en las pasadas elecciones, habría que recordar que en el PAN también se observaron acciones igualmente criticadas en el PRI como fue la imposición del presidente del partido.

Un cochinero no oculta a otro cochinero. Menos cuando los panistas y sus articulistas afines se quieren utilizar en la crítica al PRD para ocultar una actuación inmoral y sin ética como la de Juan Camilo Mouriño con los contratos de Pemex.

En los últimos meses, los tres principales partidos han pasado por sus respectivos procesos de selección interna en medio de serios cuestionamientos sobre la calidad de los mecanismos de elección de sus dirigentes que, cada uno de ellos, presume como el mejor ejemplo de las prácticas democráticas.

La más reciente elección, la del PRD, ha mostrado como este partido no solamente ha fracasado en su intento de superar los resabios del autoritarismo caudillista y las eternas peleas de las tribus de izquierda.

También ha demostrado su incapacidad para no incurrir en los mismos vicios que tantas veces denunciaron y cuestionaron del viejo régimen priista: compra e inducción del voto, acarreo, ratón loco, carrusel, robo de urnas, votos falsificados, etc.

Al lo largo de la competencia de sus cinco candidatos, el PRD dio muestras de lo mal que están internamente, pues desde entonces hubo denuncias sobre las irregularidades que cometían los aspirantes más fuertes: Jesús Ortega y Alejandro Encinas.

Los nuevos intelectuales orgánicos, los que defienden ciegamente al gobierno calderonista y a su partido el PAN– igual que lo hacían otros intelectuales en tiempos del PRI--, no desaprovecharon la oportunidad y sacaron a relucir todos sus juicios para cuestionar la calidad ética y moral de los perredistas y, de paso también, la de Andrés Manuel López Obrador.

No hay forma de defender la elección interna del PRD y quien lo intente hacer cometería un grave error, pues no existe ningún elemento rescatable de todo el proceso de competencia.

Pero lo que no hay que olvidar es que lo que ahora vemos en el PRD también lo hemos presenciado en el PAN y en el PRI. No ha habido transparencia en los métodos de selección interna y las imposiciones de los intereses de grupo están claramente por encima de los intereses de sus militantes y simpatizantes.

En el caso del PAN fue evidente que se repitió el esquema del “partido del presidente” como era común verlo en los mejores tiempos del PRI. La elección de Germán Martínez fue la que ordenó desde Los Pinos Felipe Calderón, y antes de que se llevara a cabo la votación ya se había presionado a los delegados y consejeros para que su apoyo fuera a favor de “el candidato del presidente”.

No hubo quien enfrentara la candidatura del exsecretario de la Función Pública, pues se utilizó toda la maquinaria del gobierno para aplastar a los otros aspirantes. En tiempos del PRI como gobierno se decía que se había hecho valer “todo el aparato del Estado” a favor de un solo candidato. Ahora, en tiempos del PAN simplemente se quiere hacer ver esto como algo natural.

Con esta acción, el PAN se convirtió en lo que tanto cuestionó con el PRI, en el partido del gobierno y del presidente, pues no tiene vida propia, ya que todo su quehacer se ha centrado en defender las iniciativas de Felipe Calderón y a su equipo, principalmente al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

El PRI, por su parte, no ha cambiado un ápice sus antiguas formas de vida interna. Mantiene vivas las prácticas de negociación en las cúpulas del partido, muy lejanas de la decisión de sus militantes.

La dirección de Beatriz Paredes es la que le conviene, por el momento, a los grupos encabezados por los gobernadores y los coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, quienes se han convertido en los principales polos de poder desde las cámaras de Diputados y Senadores.

Pero cuando llegue el momento, cuando se tenga que elegir la nueva dirección, veremos seguramente los enfrentamientos de los grupos que pelearán la candidatura presidencial (Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y algún otro gobernador) usando las prácticas más tradicionales en el PRI.

La crisis en el PRD es, de esta manera, un reflejo fiel de los graves problemas por los que atraviesa el sistema de partidos en México. No es privativa del perredismo esta severa situación de desequilibrios internos, ni el uso de prácticas ilegales como las que tanto se han criticado ahora por parte de algunos intelectuales al servicio del gobierno calderonista.

Lo cierto es que ni uno solo de los institutos políticos satisface las necesidades de representación y de actividad política que pide la ciudadanía. Todos carecen de sistemas confiables de elección interna y todos tienen deudas políticas y de democracia pendientes que saldar.

Exigir que mejoren estos mecanismos de representación y de vida interna es lo que menos se puede pedir en estos tiempos de crisis. Es lo que menos puede exigirse, sobre todo si se toma en cuenta que, según datos del IFE, en los últimos 11 años el gasto público asignado a los partidos ha sido de más de 20 mil millones de pesos.