Negligencia y corrupción características de Pemex

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Es de conocimiento público que la prioridad para Estados Unidos –que consume grandes cantidades de hidrocarburos- es el petróleo. No es nuevo. En las décadas de los 60 y 70 fueron sometidos por los países árabes gracias al embargo del petróleo. A partir de ahí han intentado diversas estrategias que van desde la creación de enormes depósitos subterráneos para paliar eventuales alzas y escasez del energético hasta las guerras para hacerse del hidrocarburo.

Sin embargo, los precios del carburante se han incrementado hasta rebasar los 100 dólares por barril y el gobierno estadunidense está urgido de petróleo abundante y barato. Compañías de Estados Unidos como Exxon-Mobil han disminuido el ritmo de producción y por lo tanto de ganancias debido entre otra cosas a Venezuela, que ha comenzado una fase de protección de sus recursos naturales para aprovechamiento propio.

Los dos factores, necesidad de grandes cantidades de petróleo en un mercado de carestía y la pérdida de dinero de las compañías petroleras estadunidenses son el principal foco de presión para que México privatice su petróleo. Recordemos que el 90 por ciento de las exportaciones mexicanas –no sólo de petróleo- van al mercado de Estados Unidos y que México importa una cantidad similar de ese país. Imaginemos por un momento que Estados Unidos dejara de comprar los productos mexicanos y que por otra parte incrementara el precio o dejara de vendernos sus productos.

Los grandes empresarios mexicanos –es decir los poderes fácticos que gobiernan el país- serían los más afectados, probablemente perderían una buena parte de sus grandes fortunas y con ello el poder político que ahora tienen. En cambio si apoyan la venta de Pemex y de esta manera defienden los intereses de Estados Unidos –en lugar de los intereses de México- no sólo garantizarían seguir vendiendo sus productos a Estados Unidos e importar la chatarra que venden a los mexicanos, sino que además participarían de la tajada del pastel que es la venta de la paraestatal.

Entonces la venta de Pemex y el sector energético va emparejada con los intereses de Estados Unidos y con la presión que éste ejerce sobre el pelele Felipe Calderón Hinojosa y los poderes fácticos, los mismos que apoyaron el golpe de Estado contra la democracia en México.

Si hasta la fecha no han presentado la mentada iniciativa de reforma energética es por la movilización social de la resistencia civil pacífica aglutinada en la Convención Nacional Democrática, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas privadas del PRIAN arrojan cifras como el que la mayoría de los mexicanos se opone a la venta de Pemex y también que un buen número de los que se oponen están dispuestos a ejercer la resistencia civil pacífica para evitarlo.

Los costos políticos para el PRIAN a un año de las elecciones federales donde se renovará la Cámara de Diputados serán enormes. Eso es lo que está frenando el reformón del usurpador Calderón Hinojosa. El PRI no quiere cargar con mayor culpa de la venta de la paraestatal, sólo ofrece los votos necesarios, pero rechaza la autoría del proyecto. El PAN quiere compartir los costos y sus aliados de Nueva Izquierda del PRD están enfrascados en la lucha interna por el control del partido.

Ante ese panorama se manifiesta la incapacidad, negligencia, inexperiencia y corrupción del desgobierno pirata del espurio Calderón Hinojosa. Es tan burda la manera en que se pretende dar a conocer el reformón que hasta los paleros de siempre señalan los errores de estrategia.


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Las mentiras de Calderón

Antonio Jáquez

En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.

La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.

Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:

“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.

Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.

Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.

Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:

“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.

A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”

En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.

El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.

Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.

Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.

Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.

El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.

Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.

Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:

“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.

La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.

Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.