Pemex: la reforma ya tronó

Tomado de La Jornada, Hernández.

Naufragio energético*


Jenaro Villamil

El intento del gobierno calderonista para relanzar su propuesta de reforma energética naufragó. De poco valió que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, presentara un diagnóstico sobre el tema, pues los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado, Héctor Larios y Santiago Creel, respectivamente, ni siquiera se pusieron de acuerdo en la estrategia a seguir. Esta situación fue aprovechada por el senador priista Manlio Fabio Beltrones para radicalizar la posición de su partido. “Si ellos (los panistas) traen algún otro planteamiento que por lo menos tenga el olor a cierta privatización, ahí empezarán los problemas”, dijo.

El endurecimiento de la bancada del PRI en el Senado, las movilizaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador y la imposibilidad de aprobar en este período ordinario de sesiones los cambios a 15 leyes secundarias provocaron que en menos de una semana la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se hundiera en la indefinición.

Sin embargo, tras el escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la mofa provocada por el spot sobre el “tesoro escondido” en aguas profundas, el martes 18 el gobierno federal reemprendió la ofensiva para impulsar la reforma energética.

Lejos de presentar una iniciativa formal, las autoridades federales operaron filtraciones para manipular las cifras de las reservas petroleras, lo que provocó incluso que los coordinadores parlamentarios del PAN, Héctor Larios y Santiago Creel, cayeran en contradicciones. Todavía el viernes 28, Presidencia informó que el mandatario tuvo un encuentro con los legisladores panistas, con el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, y con la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, quien presentó “el diagnóstico” de esta dependencia. Fue la tercera reunión desde enero pasado.

Héctor Larios, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, insistió ese día en que “en un máximo de 10 a 15 días” se presentaría la iniciativa, pero su homólogo en el Senado, Santiago Creel, descartó fijar un plazo específico y afirmó: “No creo que nadie en este momento esté en posibilidades de anticipar cuándo vamos a presentar la iniciativa”.

Los mensajes contradictorios también se agudizaron en el PRI. El senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía e interlocutor original de su partido ante el gobierno federal, fue desplazado de las negociaciones. De manera extraoficial se supo que en el seno del PAN trabajan los legisladores Rubén Camarillo, Fernando Elizondo, Juan Bueno Torio y Gustavo Madero para presentar una propuesta de reforma energética.

Hasta ahora, sólo el senador Bueno Torio, director de Pemex Refinación durante el gobierno foxista e involucrado en presuntos casos de corrupción en la paraestatal, ha señalado que la iniciativa incluiría modificaciones a diversas leyes, como la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Orgánica de Pemex, la Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, así como la de Ingresos y la de Derechos sobre los Hidrocarburos.

Así mismo, en diversas entrevistas negó que se buscara la entrada de capital privado a Pemex, pues los cambios que propone van encaminados a reforzar “la autonomía de gestión” de la paraestatal. Sin embargo, informes de la Comisión de Energía indican que la propuesta de Bueno Torio busca abrir las inversiones en los dos sectores en los que tanto él como Juan Camilo Mouriño presuntamente han estado involucrados en contratos privados: refinación y transporte.

Para Graco Ramírez, senador del PRD y secretario de la Comisión de Energía, el proyecto del PAN busca abrir el capital privado extranjero para “la construcción de refinerías que actuarían con un régimen similar a los productores independientes de electricidad”. Según Ramírez, se trata de que empresas refinadoras maquilen el crudo a Pemex para vendérselo a la paraestatal vía gasolinas y otros derivados.

El duro

No obstante, la puntilla la dio el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. En tres declaraciones consecutivas reiteró que su partido no aceptará reformas al 27 constitucional, no aprobará los contratos de riesgo con capital privado; su partido, dijo, sólo aceptará cambios tendientes a reforzar “la autonomía de gestión” y un nuevo régimen fiscal para Pemex.

Considerado el artífice y operador de las reformas más importantes aprobadas en el Senado, Beltrones le reprochó en sus tres conferencias al gobierno de Felipe Calderón la falta de una propuesta formal de iniciativa, la manipulación de las cifras sobre las reservas probadas de petróleo y que gobernara “sin rumbo” y titubeante.

“Lo único escondido es la propuesta del gobierno y del PAN”, afirmó Beltrones el martes 25, en relación con el spot televisivo que difundió la Presidencia de la República para promover la privatización en exploración profunda.

Y advirtió: “Si ellos traen algún otro planteamiento que por lo menos tenga el olor a cierta privatización, ahí empezarán los problemas”.

Un día después, el exgobernador de Sonora acusó al gobierno federal de manipular las cifras sobre las reservas probadas de Petróleos Mexicanos: “Nos parece completamente inadecuado que una discusión que no tiene margen de duda, que gira alrededor de lo que estamos convencidos, que es la necesaria modernización de Pemex, se quiera contaminar con informaciones de este tipo que tratan –mediante el alarmismo– de lograr la urgencia”.

Las alarmas entre los calderonistas se prendieron cuando en dos ocasiones Beltrones calificó de “legítimas, aunque adelantadas”, las movilizaciones realizadas por el excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

El jueves 27, sin aceptar preguntas de los reporteros, el senador priista leyó un comunicado de tres cuartillas para subrayar que su partido mantendrá la vía de la negociación y el diálogo con el gobierno, pero respondió a los críticos internos del PRI al negar que él encabezara la línea “colaboracionista”, y dijo que su actitud no es un “chantaje”.

“Yerran las opiniones que con mala intención insisten en confundir el diálogo y la construcción de acuerdos con el ‘colaboracionismo’ o también con el ‘chantaje’. No quieren ver que sin diálogo y sin acuerdos se propicia el extremismo, la inestabilidad en todos los órdenes o, peor, el autoritarismo”, afirmó Beltrones.

Acompañado por el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, y en ausencia de Francisco Labastida Ochoa, responsable hasta entonces de la discusión sobre la reforma energética en el Senado, Beltrones sintetizó así la posición priista:

“En la discusión del tema energético, sostenemos que es impostergable abordar la modernización y fortalecimiento de Pemex bajo tres premisas claras y específicas: uno, rechazamos cualquier intento de privatizar Pemex; dos, ninguna reforma al artículo 27 de la Constitución; y tres, nos oponemos a los contratos de riesgo. Defendemos la soberanía energética del país y la autonomía de gestión de Pemex.”

Entre líneas y sin mencionarlo específicamente, Beltrones lanzó también un reproche al gobierno calderonista en torno del caso Mouriño. “El grupo parlamentario del PRI ha actuado, y seguirá actuando, en estricto apego a la ley. No es facultad del Legislativo inculpar o exonerar a nadie… Nuestra tarea es legislar y lo seguiremos haciendo para fortalecer nuestro marco jurídico, combatir el delito y cerrarle el paso a la impunidad”, afirmó.

No obstante, antes de las vacaciones de Semana Santa, el sonorense frenó en el Senado la instalación de una comisión investigadora que determinara si el secretario de Gobernación violó o no la ley al firmar varios contratos con Pemex Refinación como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, al tiempo que era diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía en el sexenio pasado. “No somos ministerio público”, afirmó en aquella ocasión Beltrones.

Las declaraciones del jefe de la bancada priista generaron una reacción espejo en la Cámara de Diputados. Su homólogo Emilio Gamboa Patrón advirtió el miércoles 26 que “jamás permitiremos la posibilidad de incluir los contratos de riesgo ni la participación de capital privado en actividades reservadas al Estado por la Constitución”. Incluso, la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, dio por hecho que la reforma no se aprobaría en este período de sesiones.

En paralelo, los perredistas Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, coordinador y vicecoordinador respectivamente de los senadores del PRD, coincidieron en que la intención de privatizar la paraestatal se “desbarrancó” y “naufragó” ante el deslinde priista.

Monreal interpretó así los últimos acontecimientos: “El PRI se ha desmarcado y los ha desdeñado porque los militantes del PRI, los senadores del PRI, ya valoraron los costos políticos que tendrán previa la elección intermedia de 2009”.

“La actitud de los legisladores del PRI está generando una división interna profunda y prefirieron deslindarse”, afirmó el exgobernador de Zacatecas. Cercano a López Obrador, Monreal convocó a Beltrones a hacer “un frente común contra la privatización”.

El factor Rojas

El endurecimiento de Beltrones se dio en paralelo con la insistencia de otras voces priistas, como la del exdirector de Pemex, Francisco Rojas, y la del exsenador Manuel Bartlett, quienes pugnan por una reforma energética que no pase por modificaciones legales ni signifique la aceptación de contratos de riesgo.

Hasta hace algunos meses, Bartlett representó la voz más crítica al interior del PRI frente a los intentos por privatizar el sector energético. Como senador en la Legislatura anterior, Bartlett dio una batalla jurídica y política contra los contratos de riesgo firmados en el sector eléctrico. El pasado 28 de enero, en un evento de la fundación Colosio, Bartlett advirtió a sus correligionarios que el peligro está en el PRI. “No nos engañemos. Existe un riesgo de que nos convirtamos en el PARM del PAN” en el tema energético.

En ese mismo acto, el primero de una serie organizado por la Fundación Colosio para analizar la reforma energética, el presidente de este organismo, Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años y cercano al gobierno de Carlos Salinas, expresó su oposición frontal a una reforma que privatizara las labores de exploración, explotación, refinación y distribución del petróleo.

El 3 de febrero, Rojas publicó otro análisis donde advirtió que Pemex “sí tiene recursos, pero no lo dejan invertirlos para mantener el equilibrio presupuestal y la carátula financiera”, habló de una “segunda expropiación” de la paraestatal, pero de cara a la Secretaría de Hacienda y el régimen fiscal que le impide reinvertir sus recursos. Rojas insistió que la modernización de Pemex debe ser gradual e incluir un nuevo órgano de gobierno que garantice la autonomía de gestión y financiera de la paraestatal.

La posición de Rojas aglutinó a distintos cuadros y exdirigentes priistas que vieron en él a un polo opositor a la privatización. Las actividades de Rojas contaron con el aval de la lideresa nacional de su partido, Beatriz Paredes, y constituyeron un contrapeso a las posiciones de Labastida y del propio Beltrones.

El miércoles 26, durante la presentación del libro Los instrumentos jurídicos de la política energética, del diputado Carlos Armando Biebrich, Rojas dio a conocer sus “20 acciones para hacer factible la reforma energética”. Y advirtió que casi todas pueden realizarse sin necesidad de cambios legislativos.

En el acto realizado en San Lázaro, Rojas advirtió a los legisladores que el Congreso mexicano no debe convertirse en el “chivo expiatorio” de las ineficiencias, la falta de planeación o los “intereses ocultos” en torno de la reforma energética.

“No se debe caer en la trampa de que todos los cambios que requiere Pemex deben hacerse a través del Legislativo”, sentenció Rojas.

Consultado por Proceso, Rojas recuerda que el gobierno de Vicente Fox responsabilizó a la oposición en el Congreso de la inexistencia de reformas importantes. Y tras señalar que se observa una tendencia similar del gobierno calderonista, consideró que esa actitud es “injusta” porque las reformas urgentes en el área energética son más de índole administrativo que legislativo.

Y enumera las medidas que, considera, deben instrumentarse: despetrolizar las finanzas públicas; absorber la deuda de los Pidiregas; otorgarle autonomía de gestión y financiera a Pemex; restablecer al 100% las reservas probadas; aumentar la capacidad de refinación de barriles por día; determinar el tipo y localización de las nuevas refinerías; priorizar el desarrollo del litoral, las aguas someras y tierra, y no los desarrollos en “aguas profundas”; encontrar soluciones, conforme a derecho internacional, para la explotación de los yacimientos transfronterizos.

“Lo peor que podría pasar es que no realizara la reforma energética. La mayor parte de las acciones son administrativas y tendrán que ser complementadas, en su caso, con las medidas legislativas correspondientes”, insiste Rojas.

La “propuesta” de Lula

Frente al hundimiento de la reforma calderonista, el viernes 28, la prensa nacional difundió una propuesta del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, para que Pemex, “la diosa intocable”, se aliara con Petrobras en la exploración de nuevos campos petroleros.

“¿Por qué no se crea –sin permitir que ninguno diga que estamos privatizando Petróleos Mexicanos– una tercera empresa entre Petrobras y Pemex para hacer exploración de petróleo en campos nuevos?”, recordó Lula que le propuso al presidente Calderón.

Durante un encuentro con empresarios mexicanos y el secretario de Energía, Eduardo Sojo, el mandatario brasileño insistió en que su propuesta busca estar a tono con las nuevas tendencias globales.

Para Francisco Rojas, la propuesta de Lula significa permitir un “contrato de riesgo”, ya que “Petrobras no es necesariamente una empresa paraestatal ni tampoco sería diferente un contrato con ellos o con trasnacionales privadas como Shell”.

Así mismo, recuerda que hace algunos años Lula criticó que detrás de las grandes empresas estatales del petróleo estaban las gigantes trasnacionales. “Ahora nos quiere recetar lo mismo que él criticó”, dice el exdirector de Pemex.

En tanto, la Presidencia de la República difundió, el mismo viernes 28, un escueto boletín para informar que el primer mandatario Felipe Calderón sostuvo una reunión de trabajo con los coordinadores parlamentarios del PAN, Santiago Creel y Héctor Larios, con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y con el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles.


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Insaciable*

Jenaro Villamil

A partir de 1998, la empresa telefónica Unefon ha venido aprovechando las bondades de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Primero se benefició de dos prórrogas que le permitieron diferir el pago de 80% de una contraprestación por un monto de 2 mil 620 millones de pesos. Y ya en el sexenio foxista los abogados de esta compañía propiedad de Ricardo Salinas Pliego litigaron para que el gobierno le devolviera 500 millones de pesos por concepto de intereses cobrados ilegalmente. Pero la empresa quiere más…

El caso de Unefon se convirtió en un auténtico entramado de intereses que involucran a las tres últimas administraciones federales debido a la danza de millones que involucra.

La empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego reclama el pago de 3 mil 57 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a pesar de que en el origen del litigio existe el otorgamiento “indebido y sin facultades para ello” de dos prórrogas en 1998 y 1999, así como el pago de la contraprestación para que Unefon usufructuara 18 títulos de concesión de frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.

El litigio de esta compañía se empata con otro frente polémico abierto en estos días por Televisión Azteca contra las autoridades del Instituto Federal Electoral por la difusión de spots del Frente Amplio Progresista. De acuerdo con la televisora, el anuncio no viola la prohibición establecida en la reforma electoral puesto que “no era de tema electoral, sino que ofrecía una invitación a un acto para discutir un tema de interés de la sociedad, como es el destino de la industria petrolera de nuestro país”.

El caso Unefon refleja las irregularidades con las que operó la empresa durante 1998 y 1999. De acuerdo con el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto los responsables de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en aquella época, Javier Lozano Alarcón –quien actualmente se desempeña como titular de Trabajo–, como el entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgarle dos prórrogas a Unefon para diferir el pago de 80% de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos.

Considerado como único en la historia de las telecomunicaciones del país, al ser la primera empresa que obtiene dos prórrogas consecutivas sin ser descalificada del otorgamiento de 18 títulos de concesión, el caso Unefon también generó otras irregularidades documentadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados en su análisis de la cuenta pública de 2006.

Además de las dos prórrogas mencionadas, la Cofetel y la SCT condicionaron a Unefon al pago de intereses adicionales, sin tener tampoco facultades para ello y con plena autorización de la Secretaría de Hacienda. Por esta razón, la ASF pidió a la Secretaría de la Función Pública que determine si procede o no fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes resulten responsables.

El litigio se extiende al sexenio foxista e involucra a las autoridades de la SCT, a Pedro Cerisola, quien fuera titular de la dependencia, y al entonces subsecretario Jorge Álvarez Hoth. Durante seis años las autoridades de esa secretaría litigaron contra Unefon el pago irregular de intereses que derivó en una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que le entregaran a la empresa de Salinas Pliego un total de 596 millones 385 mil pesos por concepto de devolución de los intereses cobrados ilegalmente.

El último día de la administración foxista, el 30 de noviembre de 2006, la SCT le pagó a Unefon 550 millones de pesos, quedando pendientes otros 46 millones 385 mil pesos, cantidad que ahora la empresa telefónica le reclama a Luis Téllez, titular de la dependencia en el gobierno calderonista.

En su resolución, la ASF no considera irregularidad alguna en el monto de 550 millones de pesos, pero le reprocha a las autoridades de la SCT que no le reclamaran a Unefon “evidencia del recibo o finiquito” por haber recibido esta cantidad; tampoco declara sobre la ilegalidad o no de la demanda entablada por dicha compañía el 20 de diciembre de 2006 para que el gobierno federal le regresara 3 mil 57 millones de pesos por los intereses y recargos generados durante los cinco años de demora del pago original de 596 millones de pesos.

“Esta situación se encuentra sub-judice y no corresponde a erogaciones del año 2006, por lo que la Auditoría Superior de la Federación revisará, en su oportunidad, la procedencia de la erogación cuando ésta cause ‘estado’ y efectivamente se realice”, anota el informe del organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados.

Al reconocer que la retribución a Unefon debe ser por 596 millones de pesos, la auditoría prácticamente advierte que las actuales autoridades de la SCT deben devolverle a la empresa de Salinas Pliego los 46 millones de pesos restantes.

Esta posición contradice lo expresado por Gonzalo Martínez Pous, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa secretaría, quien el pasado 24 de febrero consideró que este pago es injustificado.

“No es cierto que la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) le deba nada a Unefon, no le debe ningún peso, no estamos en incumplimiento de nada”, afirmó en ese momento Martínez Pous.

Sin embargo, documentos entregados al auditor Arturo González de Aragón y de los cuales Proceso obtuvo una copia revelan que Martínez Pous también jugó un papel clave en el otorgamiento irregular de dos prórrogas a Unefon, cuando fungió como director general adjunto operativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT, en marzo de 1999.

Prórrogas irregulares

El origen de este litigio se localiza en dos prórrogas irregulares otorgadas a Unefon, en octubre de 1998 y en marzo de 1999, autorizadas por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón, y avaladas por Martínez Pous, entonces director general adjunto operativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT, dependencia a cargo de Carlos Ruiz Sacristán.

Ambas fueron solicitadas por Unefon y aprobadas por estos funcionarios en contra incluso de las mismas bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar por 20 años frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil (Proceso 1626). Las bases establecieron que las compañías ganadoras debían pagar cuando menos 20% de la contraprestación, como pago inicial, y posteriormente el 80% restante.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, solicitó a Lozano Alarcón la prórroga de 180 días para pagar el 80% restante. El pleno de la Cofetel, presidido por Lozano, otorgó la primera prórroga el 1 de octubre de ese mismo año, a cambio de que pagara una serie de intereses, como si se tratara de un crédito fiscal.

Sin embargo, la empresa telefónica no alcanzó a cubrir esa primera prórroga y solicitó otra. Así mismo, aceptó que tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones, más 453 millones 681 mil pesos, en un oficio dirigido al entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.

Lozano Alarcón emitió su opinión favorable y otorgó la segunda prórroga a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo inédito en la historia de las telecomunicaciones mexicanas. A ninguna compañía se le han otorgado dos prórrogas simultáneas para pagar la contraprestación de una licitación que ya había ganado.

El acta de notificación correspondiente, con folio 017856, está firmada por Jorge Antonio Miranda, notificador; por Javier Sarro Cortina, a nombre de la empresa, así como Gonzalo Martínez Pous y Alfonso Varela González, quienes aparecen como testigos.

En el documento se estipula que “se resolvió la solicitud formulada por el representante legal de la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., por el que solicitó “un plazo adicional para el pago de 80% de la contraprestación a favor del gobierno federal, derivado de las posturas presentadas por su representada en la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia en el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso inalámbrico, fijo o móvil”.

Sin embargo, el escrito oficial contradice la posición de Martínez Pous, quien considera injustificable el reclamo de Unefon, cuando él mismo participó en el otorgamiento de la segunda prórroga y la fijación de intereses anómalos que le permitieron a la compañía de Salinas Pliego litigar en contra de la SCT.

Proceso buscó a través de la dirección de Comunicación Social de la SCT la versión del propio Martínez Pous sobre su papel en este caso, pero no obtuvo respuesta.

Los privilegios

En su resumen ejecutivo del caso, la Auditoría Superior de la Federación describió así las medidas que favorecieron a la empresa telefónica de Salinas Pliego:

“Se comprobó que la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., ahora Operadora Unefon, S.A. de C.V., resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 mil pesos más IVA por las concesiones, habiendo pagado, conforme a las bases de la licitación, 602 millones 808 mil pesos, correspondientes al 20% de la contraprestación.

“Para el pago del 80% restante, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto, y sin tener facultades para ello, el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por la Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener tampoco facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación.

“Antes del vencimiento de la prórroga concedida para el pago de 80% de la contraprestación, Unefon solicitó directamente a la SCT una segunda prórroga, la cual, nuevamente sin tener facultades, fue autorizada por dicha dependencia, condicionándola también al pago de intereses, y cuyo límite de pago se fijó para el 15 de junio de 1999.

“Debido a que el pago del 80% restante de la contraprestación a que tenía derecho el gobierno federal no se realizó dentro de los noventa días hábiles siguientes al fallo estipulados en las bases de licitación, Unefon se situó en la causal de descalificación, acción que no fue aplicada por la Cofetel, habiéndose en su lugar, autorizado indebidamente dos prórrogas para el pago del 80% restante citado.”

Contradicciones con IFE y FAP

La misma semana que Salinas Pliego anunció la compra de una estación televisiva en Guatemala y la expansión de su agencia financiera y tienda comercial Elektra en Brasil, el Instituto Federal Electoral inició una investigación en contra de TV Azteca para sancionarla por su negativa a cumplir con la transmisión de spots ordenados por esta autoridad y también por difundir otra serie de promocionales no autorizados y atribuidos al Frente Amplio Progresista (FAP).

Al salir en su defensa, el jueves 27, TV Azteca contradijo la versión de los voceros del frente. En un comunicado, la televisora afirmó que fue el FAP quien contrató los spots.

“El FAP no es un partido sino una organización creada para promover objetivos políticos y sociales diversos y, por lo tanto, no es sujeto de la prohibición de la ley para comprar espacios en radio y televisión”, definió TV Azteca.

Sin embargo, el coordinador del frente, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el spot que invitaba a la concentración masiva del martes 25 no fue contratado por la coalición. “No lo contrató. El FAP no es una persona moral, de acuerdo con el Cofipe, y no puede hacer contrataciones ni tiene presupuesto”, reviró Muñoz Ledo.

A su vez, el senador Dante Delgado, coordinador de Convergencia, aseguró que estos anuncios los pagaría él.

TV Azteca logró así desviar también el interés de otro tema polémico que le ha acarreado un enfrentamiento con el Consejo General del IFE: su rechazo a cumplir con la obligación legal de transmitir los promocionales de los partidos políticos que se envían a través del organismo electoral y que son a cuenta de las tiempos disponibles como prerrogativas en radio y televisión.

*Tomados de la revista Proceso.