Se acabó la euforia del pelele, bajó estimación de crecimiento

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Poco le duró al pelele Felipe Calderón Hinojosa la euforia y la bravuconería de su antecesor, el corrupto y ladrón Vicente Fox Quesada. El blindaje de la economía y el parche llamado “reforma fiscal”, que “garantizaría” el crecimiento económico de México se fueron por el caño.

Los augurios de que ahora sí estamos por buen camino y que el país saldrá del atraso social y la miseria, terminaron en el bote de la basura, como las promesas de campaña del espurio Calderón Hinojosa. Ni más empleos, ni mejor crecimiento, ni desarrollo.

En el discurso oficial se insistió en que de aprobarse el parche fiscal todo cambiaría para bien, pero como siempre el resultado es adverso. El PRIAN se empeña en vender Pemex a toda costa, porque sabe que es su última oportunidad en el sexenio, el descontento social pasó de protestas locales a marchas nacionales. Ni pensar en que el PRIAN se posicionará en el 2009, ese será el comienzo del fin, pues estimaciones del propio gobierno pirata, dicen que México crecerá sólo 2.8 por ciento en el presente año, además de que se dejarán de generar más de 130 mil empleos.

La crisis económica en Estados Unidos aterrizó de forma abrupta en el discurso oficial, que dio un giro de 180 grados. Ya no hay euforia ni optimismo. Ahora son los malos augurios, las precauciones y los buenos deseos de “encender los motores internos”.Pero si en 7 años no lo han podido hacer ¿cómo esperan lograrlo hoy? Si son los mismos rateros de siempre, tal vez los de hoy sean peores en corrupción, negligencia y estupidez.

En tanto decenas de miles de campesinos y organizaciones sociales marcharán hoy en diversas partes del país para rechazar el TLC, la carestía de la vida, la represión a los movimientos y líderes sociales, y al aumento de los energéticos.

Y con este panorama pretenden vender la industria petrolera y eléctrica. No cabe duda que la camarilla que asaltó el poder en México aglutina la escoria de la sociedad. Si no al tiempo.


En seguida una colaboración tomada del periódico La Jornada.




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Legisladores de antes y de ahora

Octavio Rodríguez Araujo


Los diputados y senadores de hoy parecen más torpes que los de antes. Esto es cierto y no, a la vez. Lo que ocurría en el pasado era que los legisladores no legislaban, y entonces nadie se preocupaba de seguirles la pista de lo que aprobaban, reprobaban o mandaban al congelador. El Ejecutivo era el principal legislador y las cámaras del Congreso de la Unión lo único que hacían, en el mejor de los casos, era corregir la sintaxis y la ortografía, y no siempre. Digamos que estábamos acostumbrados a que las leyes se nos impusieran y lo único que nos quedaba por hacer era buscarles la vuelta si acaso no estábamos de acuerdo. México es uno de esos países donde no se acaba de aprobar una ley y ya se está buscando cómo burlarla, como el sistema de virus y antivirus en las computadoras, pero sin el negocio de las empresas fabricantes de los antivirus.

En el presente, y desde que el Congreso de la Unión dejó de ser monopolio del Revolucionario Institucional, el Ejecutivo sigue enviando proyectos de leyes, pero ahora no se aprueban en automático. Y, a diferencia del pasado, cuando incluso se rechazaban las iniciativas emanadas de los mismos diputados o senadores (por consigna presidencial), en la actualidad los legisladores sí tratan de legislar, sobre todo los de la oposición, quienes suelen hacerlo sin buscar el visto bueno del Presidente del país. Este es un avance notable que no se ha apreciado suficientemente, como también lo es el hecho de que estemos, los ciudadanos, más pendientes de lo que hacen los diputados y los senadores que antes, cuando sólo eran levantadedos. Pero…

El problema es que, al igual que en el pasado, en el presente se aprueban leyes mal hechas, llenas de agujeros, con fisuras legales que provocan controversias y hasta gazapos que se vuelven motivo de burlas cuando son descubiertos. La diferencia es que ahora sí las vemos, las analizan los juristas, las atacan los que no están de acuerdo y las defienden los que sí. Es decir, se discuten entre la opinión pública y no sólo en las cámaras, aunque frecuentemente esas discusiones no sirven de nada porque ahora también tenemos que soportar a diputados y a senadores que no son independientes y que funcionan por consigna. Y aquí también hay otra diferencia: antes el presidente de México daba consigna a los líderes de ambas cámaras, siempre del PRI, y todos los priístas –la absoluta mayoría– aceptaban esa consigna, con muy raras excepciones. Ahora el Presidente del país trata de hacer lo mismo, pero con los diputados de su partido (el PAN) por medio de la intervención del dirigente panista (Germán Martínez), quien ordena a sus diputados respaldar las políticas de Calderón (La Jornada, 29/01/08). La diferencia, no siempre positiva, es que los demás legisladores, también con excepciones, reciben consignas, en este caso de sus partidos (práctica común en muchos países), que anulan en los hechos su independencia, su libre albedrío y su compromiso con los ciudadanos (que debiera estar por encima de su compromiso partidario).

Lo que ha ocurrido con la elección de los consejeros electorales es sintomático. Se supone que el Instituto Federal Electoral, como órgano estatal autónomo, debería estar compuesto por consejeros ciudadanos no comprometidos con ningún partido. Sin embargo, los mismos diputados de todos los partidos, por someterse a éstos, han partidizado (valga la expresión) sus posibles selecciones de los consejeros del IFE. La lógica que han seguido es la siguiente: si un ciudadano, cualquiera, es propuesto por los diputados de una bancada partidaria, automáticamente ese ciudadano se convierte en un simpatizante de ese partido, independientemente de que lo sea. A partir de ahí se dan las negociaciones, los cabildeos y quizá también los convencimientos mediante promesas no siempre éticas. Búsqueda de consensos, le han llamado. El resultado no sólo ha sido la posposición de la elección de los sustitutos de los tramposos que avalaron los fraudes de la elección presidencial de 2006, sino que ya se les hizo bolas el engrudo. Estos diputados se han burlado de sus mismos plazos legales y, peor aún, de sus propios procedimientos para elegir a los consejeros. Les hicieron exámenes, revisaron sus currículos, los entrevistaron y luego los calificaron, y al final “dice mi mamá que siempre no”. ¿Han actuado como personas inteligentes, libres de presiones, que no sean las de los ciudadanos ahí representados? No. Han actuado en función de intereses partidarios y, ¿por qué no decirlo?, hasta han lesionado la imagen pública de varias decenas de personas honorables y especialistas en asuntos electorales, poniendo en entredicho su autonomía por la única razón de que han sido propuestos por los diputados de un partido. ¿Y quién más podría proponerlos, si la mayoría de los diputados actúan como militantes sumisos de los partidos que los llevaron a la Cámara? Círculo vicioso que será difícil romper.
Bueno sería que ahora, cuando los ciudadanos nos interesamos en lo que hacen los legisladores (interés que no existía antes), los diputados y los senadores actuaran como personas sensatas, inteligentes y dignos representantes de la nación y no de sus partidos. Fueron votados, supuestamente, por su identificación con el partido que los propuso como candidatos. Esto está bien, pues brinda a los ciudadanos la posibilidad de escoger, digamos, entre la derecha, la centro-derecha y la centro-izquierda, tres posiciones políticas más o menos diferenciadas. Pero nadie les dio un cheque en blanco para que subordinen la representación de la nación que tienen por la representación de sus partidos. El papel de los partidos es escoger a sus candidatos, no convertirlos en robots controlados como quieren hacer, explícitamente y como en los viejos tiempos, el presidente del PAN y Calderón.

Avalancha de publicidad para negar lo evidente

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

El gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa mantiene una guerra de publicidad en los medios electrónicos de comunicación para desinformar sobre la realidad de la crisis económica nacional –que lleva décadas con los desgobiernos del PRI y PAN- y para desviar la atención de la negligencia y corrupción de su gabinete pirata.

Como parte de su estrategia tenemos los anuncios donde se exhorta a la población a comprar la tortilla en los “supers” pues ahí está más barata y denunciar ante la Profeco los abusos. Pero si éste no es un producto bajo control, de qué sirve denunciar los abusos. En lugar de trabajar y frenar los monopolios del maíz y la masa, el espurio pasa la bolita al ciudadano, para que sea éste quien defienda su poder adquisitivo. ¿Entonces para qué está ahí el pelele?

Otro comercial de Banco de México nos hace responsables de cuidad que los billetes que están en circulación no sea falsos, pues de lo contrario nos veríamos en la necesidad de lavar platos sucios en algún restaurant. ¿No es Banxico en encargado de emitir papel moneda y por consiguiente de garantizar que no sea falso? ¿Entonces para qué les pagamos sueldos millonarios?

Para el campo también hay uno. Una mujer –supuestamente campesina de Chiapas- asegura que muchos campesinos de la región ya cuentan con vehículos, tractores y casas propias. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha hecho maravillas, que los campesinos del sureste ya se comparan con los de Japón y Estados Unidos. Ese fue el colmo de la mentira y el cinismo. Cualquiera que viaje a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Guerrero o Quintana Roo, podrá ver que los campesinos viven en la eterna miseria y que la inmensa mayoría se ven obligados a trabajar de peones en haciendas ganaderas o cafetaleras. O de plano de albañiles, o en el sector servicios, porque no pueden sobrevivir con el producto de sus tierras. Otros tantos emigran a las grandes ciudades o al extranjero.

Y para desmentir lo anterior desde ayer miles de campesinos se dan cita en la ciudad de México para manifestar su repudio al TLC, a las alzas en energía eléctrica, gas y gasolinas y a la carestía de la vida. Se espera que decenas de miles marchen del Angel de la Independencia al Zócalo la tarde de mañana jueves. Pero para el pelele y su camarilla de explotadores y ladrones todo está bien. Su prioridad es vender Pemex, lo demás es secundario. El dinero es el dinero y los negocios familiares no pueden esperar. Aunque ninguno de los cobardes del PRIAN y los de Nueva (Der ) Izquierda del PRD quieren asumir la “legalización” de la venta.




Política de corre-ve-y-dile, de decisiones e intercambios cupulares, más de uno y una dicen en público lo que se le ocurre para evadir una respuesta puntual sobre este delicado asunto: que “para febrero próximo se esperan los proyectos de reformas laboral y energética de parte de la Presidencia de la República” (Ruth Zavaleta, PRD); que “en los próximos dos meses se presentará la iniciativa para la reforma energética integral” (Francisco Labastida, PRI); que “Pemex no presentará alguna iniciativa en la materia, pues será el Ejecutivo y la Sener quienes lo hagan” (Jesús Reyes Heroles, gobierno federal); que “existe certeza sobre la necesidad de la reforma, pero carecemos de diagnóstico”, pero “la reforma es para este periodo de sesiones (aunque) no tenemos prisa en ese tema, estamos analizando toda la situación (Germán Martínez Cázares, PAN); que sean “los actores políticos, sociales y económicos del país” quienes analicen “cuál es la mejor reforma energética que conviene a la nación” (Felipe Calderón, inquilino de Los Pinos); que “serán los senadores quienes impulsarán la reforma energética” (Emilio Gamboa, PRI); que “no existe metodología para evaluar sector energético” (Héctor Larios, PAN) y que, en fin, lo único cierto es que el único patrimonio que conservan los mexicanos tras cinco sexenios de desmantelamiento del aparato productivo del Estado está en riesgo.


Si “no hay diagnóstico” del sector petrolero, como dicen los panistas, ¿con base en qué sostienen que se requiere capital privado en Pemex y que la paraestatal no puede salir del hoyo por sí misma? Si el proyecto de iniciativa de “reforma energética integral” “se presentará en febrero” (Zavaleta) o “en los próximos dos meses” (Labastida), ¿por qué no se conoce su texto, análisis, argumentación y orientación? Si serán “los actores políticos, sociales y económicos del país” quienes analicen “cuál es la mejor reforma energética que conviene a la nación”, ¿por qué no han sido convocados? Si “nadie pretende cambios constitucionales”, ¿para qué la “reforma”? Y, finalmente, si como dice Germancito Martínez “no tenemos prisa en este tema”, ¿por qué la urgencia de presentar, sin “diagnóstico”, una iniciativa que “no existe”, pero que llegará al Congreso en febrero?

La Jornada, México SA., 30 de enero de 2008.


Como se puede apreciar es un grupo de mafiosos que amparados en leyes a modo, se hace de multimillonarias fortunas, todas al amparo del poder, de la corrupción y de la impunidad que ellos mismos crean.


En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.



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Los enredos energéticos de Creel


jenaro villamil

México, D.F., 29 de enero (apro).- A finales de la semana pasada, a pregunta expresa de los periodistas que acudieron a su conferencia de prensa, el senador panista Santiago Creel dijo que estaría dispuesto a debatir con Andrés Manuel López Obrador sobre la política energética y el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox y exprecandidato presidencial del PAN, se convirtió así en el único coordinador legislativo que respondía directamente al desafío lanzado por López Obrador para debatir los intentos de abrir Pemex a la inversión privada.

La osadía de Creel generó una ola de rumores y malas reacciones en el entorno calderonista.

Paradójicamente, el debate planteado por el político tabasqueño se convirtió en el primer “puente de plata” que el “presidente legítimo” le tendía al mandatario “ilegítimo” para reconocerlo de facto como un interlocutor.

No sólo eso, debatir con el presidente del Senado reventaba la posibilidad de una “huelga legislativa” de los diputados perredistas, eventualidad que por cierto se ventiló como un rumor y no como una propuesta firme.

Sin embargo, finalmente pesaron más las paranoias y los temores ocultos del equipo calderonista que ahora, desde Los Pinos, pretende controlar su partido y las Cámaras a la más vieja usanza priista. ¡Horror! ¿Cómo debatir con el “peligro para México”, con quien cotidianamente es promovido como la “bestia negra” de la política mexicana?

Una vez más cayeron en la verdadera trampa que hábilmente López Obrador tejió: al ‘sobrerreaccionar’ y cerrar cualquier posibilidad de diálogo, lo colocan como un interlocutor válido y confirman la suspicacia sobre los intentos reales de privatizar Pemex.

Creel fue presionado no sólo desde Los Pinos sino en su propio entorno. Un buen número de senadores, coordinados por él, afirmaron en corto que su coordinador había caído en “la trampa” de López Obrador.

El lunes pasado Creel reculó definitivamente con un argumento más que pueril. Descartó debatir con López Obrador porque no pretendía “abrir una puerta mediática”.

“No le abriré espacios mediáticos a nadie que pudiera interferir con procesos internos de otros partidos”, alegó el exsecretario de Gobernación, viejo conocido de López Obrador, con quien contendió por la jefatura de gobierno capitalina en el 2000 y la que casi le gana como resultado del “efecto Fox”.

Creel se enredó en su propio argumento para rechazar el debate. ¿Acaso él o cualquier otro político son guardianes de los “espacios mediáticos” para negarle a cualquiera, del signo que fuera, la posibilidad de debatir?

Pronto se dio cuenta de su error Santiago Creel, y el martes 29 dio una nueva explicación. Negó que le hubiera escurrido al bulto y volvió a abrir la posibilidad de debatir con López Obrador, siempre y cuando éste se espere y se atenga a “las formas del Congreso”.

“Ahí estaré yo esperándolo a debatir, pero con el objetivo de que salga una reforma que permita fortalecer Petróleos Mexicanos y el patrimonio nacional”, afirmó Creel.

En el enredo declarativo está la clave de la reforma energética. Se sabe que un sector muy amplio de la población se movilizará para defender a Pemex –no a sus líderes sindicales corruptos ni a sus directivos que la han convertido en banco de inversión electoral— y a ello se suma el hecho de que esta reforma no se puede concretar sin una deliberación nacional.

Esa es la deliberación nacional que no se puede negar ni cancelar. Al principio lo entendió muy bien Santiago Creel. Ahora, el calderonismo se enreda en su propia paranoia.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Robar a los mexicanos, único objetivo de vender Pemex

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Durante las campañas políticas de 2006 para ocupar el gobierno del Distrito Federal (DF) se dijo que la exorbitante deuda de la capital del país haría inviable cualquier programa de mejoramiento urbano. También se señaló que los programas sociales de apoyos a ancianos, madres, solteras, jubilados, etc., llevarían a la ruina a la administración local. Luego del 5 de diciembre de ese mismo año, se insistió en que la administración del DF debería actualizar sus cobros en agua para solventar el “peligro” de inundaciones que vive la ciudad.

Ahora que se incrementó el predial los del PRIAN –que siempre han dicho que respetan la ley y el Estado de derecho- aseguran que buscarán amparos contra el código financiero, que apenas hace un mes ellos aprobaron sin cambio alguno, pues resulta que los “perjudicados” con el aumento al predial son en su mayoría los ricos de la ciudad, que quieren seguir viviendo gratis en la capital del país.

Vecinos de las colonias El Chamizal, Bosques de las Lomas, y Lomas de Chapultepec, de la delegación Miguel Hidalgo se organizarán y buscarán ampararse contra la medida con el apoyo del PAN. La legisladora panista Kenia López les recriminó: “para que no vuelvan a votar por el PRD”. Como si ellos hubieran votado por ese partido. Se sabe que las dos únicas delegaciones que no son gobernadas por el PRD son precisamente Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En ambas demarcaciones viven los más ricos del país y aún así se niegan a pagar por las grandes residencias que alcanzan valores comerciales de varias decenas de millones de pesos.

Se trata pues de otra oportunidad de observar la verdadera cara del PRIANismo, que sólo busca que la carga impositiva sea para los pobres, como en el caso del gasolinazo, de las pensiones del ISSSTE e IMSS y del nuevo impuesto: el IETU. Aquí como los afectados son los más de 100 millones de mexicanos, el PRIAN no dijo ni pío, mucho menos que apoyaría amparos.

En ese mismo tenor está la anunciada privatización de los energéticos en el país. Luego de 25 años de privatizaciones de empresas estatales durante gobiernos del PRI y PAN (PRIAN) el país está peor y de malas. Los resultados de esa “modernización” que elevaría a México hasta equipararse con las naciones con las que comercia son por decir lo menos desastrosos. Ni más empleo, ni mejores sueldos, ni precios competitivos, ni mayor infraestructura, ni motor de desarrollo.

Las maquiladoras que llegaron pagan sueldos de hambre, el poder adquisitivo de los mexicanos está en sus peores momentos en la historia reciente, el trabajo de millones es catalogado como esclavitud laboral y millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos ante la falta de trabajo y oportunidades de desarrollo. Los servicios de telefonía, luz, gas, transporte, etc., son más caros que antes de las privatizaciones. El dinero de las mismas sirvió para dos cosas, primero para hacer multimillonarios a los políticos (Salinas de Gortari, De la Madrid, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada) que vendieron las empresas públicas, y luego todos tuvimos –y tenemos- que seguir pagan por el rescate bancario, de carreteras, etc.

Así las cosas, dejémonos de cinismo y mentiras descaradas, el robo y saqueo de México lleva décadas. El pelele Felipe Calderón Hinojosa, nada más pretende tomar su tajada del pastel. El tipo no sólo es enano de estatura, sobre todo lo es de miras.



La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.

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Pemex: ¿destino manifiesto?


Carlos Montemayor


Hace algunos meses comentamos que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a los oleoductos en Quintana Roo, Guanajuato, y otros estados de la República, fue la inesperada reconversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un “patrimonio de todos los mexicanos”. En las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, privatización y endeudamiento para preparar y forzar su desaparición total como empresa pública. Su carácter de fondo revolvente del gobierno federal, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción lo apartan cada vez más del desarrollo industrial y económico del país. En este contexto, no carecían de sentido los primeros comunicados del EPR: Pemex ha dejado de ser un “patrimonio de todos los mexicanos” y se ha convertido en uno de los intereses de grupos trasnacionales; se trata de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados y no “patrimonio de todos”.

El afán de políticos nuevos y viejos por abrir el sector energético a trasnacionales estadunidenses y europeas tiene como eje recurrente afirmar que faltan recursos para dar mantenimiento y modernizar el equipo complejo del sector. En los años anteriores a 1938, las grandes compañías holandesas, británicas y estadunidenses suspendieron el mantenimiento a sus instalaciones petroleras a fin de disuadir a las autoridades mexicanas de una posible expropiación. Con la política económica iniciada hace cuatro sexenios, en cambio, se decidió que los recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de Pemex se fueran reduciendo con el objeto de que la estructura petrolera mexicana llegara a deteriorarse tanto que fuera necesario privatizarla. Antes de 1938 se buscó deteriorar la industria petrolera para que no se nacionalizara. Ahora se buscó su deterioro para privatizarla. Estos procesos históricos de México son asombrosos.

Que la misma estrategia se aplique dos veces en menos de 70 años es sorprendente. Sobre todo porque tanto en el caso de evitar la expropiación como en el de privatizar se piensa que los hidrocarburos son un asunto privado, no público. Están dispuestos hoy los políticos a abrir las puertas de Pemex para que retornen las viejas grandes compañías, o las empresas que descienden de los grandes consorcios petroleros que en la década de los 30 extorsionaron a México. Como decíamos hace algunos años, el pasado no terminó de irse y el futuro no acaba de ser nuevo.

Los funcionarios actuales de Pemex plantean proyectos integrales para exploración, desarrollo, explotación y distribución, de tal manera que la privatización no equivalga al remate de las instalaciones de la industria petrolera mexicana actual, sino que resulte de una nueva industria que cada día, de manera acelerada, torne más inútil a la industria anterior. Es decir, mientras Pemex se extingue, se fomenta una industria paralela.

Esto se ilustra claramente con la apertura de Pemex Exploración y Producción, la principal subsidiaria de “nuestra” paraestatal: concedió a Halliburton en los últimos tres años 65 contratos para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos, que fueron modificados mediante otros 127 contratos. El pasado 21 de enero Halliburton anunció en Texas que firmó con el gobierno mexicano actual un contrato a tres años para perforar y finalizar 58 pozos en la región sur de México. Otras trasnacionales están a la espera de más cambios “modernizadores” en Pemex y en el sector energía para que las ganancias se privaticen y las deudas se tornen deuda pública.

Al inicio de la anterior administración federal, en el Programa Nacional de Energía 2001-2006, se nos informó que era necesaria una inversión de 120 mil millones de dólares en cinco años para que fuera posible “reactivar y modernizar” los sectores eléctrico, del petróleo y del gas natural. Ahora sabemos que en los últimos siete años el ingreso petrolero acumulado a precios de 2007 fue casi de 410 mil millones de dólares, monto que podría rebasar los 500 mil millones de dólares al cierre de 2008, y que representa casi cuatro veces la cifra que se nos dijo que era esencial invertir.

En este contexto, afirmar que es necesaria la privatización del sector energético porque no hay recursos o para aumentar el gasto social es una tremenda mentira. Es un cinismo disponerse a privatizar los cuantiosos ingresos del sector energético y al mismo tiempo subsidiar a los consorcios que lo están privatizando; es absurdo defender una creciente deuda contra el desarrollo social del país. Los políticos viejos y nuevos que se proponen esta privatización como objetivo central del actual gobierno quieren que caigamos en el error de creer que la empresa privada es sinónimo de honestidad y eficiencia. No es así en el caso de Halliburton y Repsol, por ejemplo. Por otro lado, los rescates bancarios, carreteros, aéreos y azucareros han representado una sangría peligrosa para el país y son una demostración incontrastable de la corrupción e ineficiencia de numerosos empresarios y consorcios, a quienes no les interesa asegurar un servicio público, sino aumentar utilidades privadas.

Circo, maroma y teatro para la venta de Pemex y CFE

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La crisis económica mundial es un tema que debaten los gobiernos del llamado mundo desarrollado, es decir, de los países más ricos del orbe. A ninguno le queda duda de que de una u otra forma la desaceleración de la economía estadunidense y su muy probable entrada en recesión les afectará. Sin embargo, para los PRIANistas la prioridad es vender Pemex y la CFE, pues 2008 es el único año que les queda de gracia, porque en 2009 comenzará su debacle al momento en que la ciudadanía les cobre las facturas por la ley del ISSSTE, las “reformas” electoral, fiscal y las que se espera aprueben en los ámbitos laboral y judicial.

Es por eso que festejan y minimizan una crisis que colocará a más mexicanos en el umbral de la extrema pobreza. Según el pelele Felipe Calderón Hinojosa hace falta mucha inversión en la paraestatal, pero él se encarga año tras año de que no se invierta nada de los excedentes petroleros a fin de poder venderla.. La misma suerte corre la CFE y los apagones y periodicazos sobre su ineficiencia están a la orden del día. Todo en un espectáculo previamente acordado –como se informó en día pasados- por el usurpador Calderón Hinojosa, con los dueños medios electrónicos de comunicación y sus lectores de noticias oficiales.

Mientras eso sucede en las últimas dos semanas se han perdido 59 mil empleos y en las últimas seis la cifra alcanzó más de 280 mil plazas, según datos de la propia secretaría del trabajo del gobierno pirata. Su titular, Javier Lozano Alarcón, se encuentra ocupado en una cruzada por salvaguardar los intereses del Grupo Minero México y terminar con la dirigencia –corrupta claro- del sindicato minero, para colocar otra igual de corrupta, pero cercana a los intereses de los empresarios.

A la par está por aprobarse la mal llamada reforma judicial que criminalizará la protesta social y eliminará las garantías individuales y los derechos humanos consagrados en una Constitución que fue escrita y forjada con la sangre de cientos de miles de mexicanos que murieron en los dos últimos siglos. Todo con el objetivo de que el PRIAN pueda vender lo que sea y como sea.


El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.

Abundó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.

“Como pueden darse cuenta –precisó el investigador– ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o (incluso) sin ellas.”

El experto en materia judicial destacó que “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico. Es como El bebé de Rosemary (título en español de una película de Roman Polansky). Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.

Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.

La Jornada, 28 de enero de 2008.


Como puede apreciarse se trata de una legislación a modo para implantar en los hechos una dictadura, eso sí muy arropada por los “intelectuales” de la derecha del duopolio televisivo y justificada como el único camino de lograr la paz social, algo de lo que se vanagloriaba el PRI ¿Con la llegada del PAN se terminó?



El siguiente reportaje fue tomado de la revista Proceso.




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Transparencia en negro

Antonio Jáquez

Característica de la política de los gobiernos del PAN en materia de transparencia es literalmente lo contrario: su opacidad y, por ende, su inutilidad. Ésta queda de manifiesto, sobre todo, en casos en los que está de por medio información clave para conocer el comportamiento ético de funcionarios o entidades públicas. Proceso decidió solicitar, vía la Ley Federal de Transparencia, copias de las declaraciones patrimoniales de algunos expresidentes priistas. La Secretaría de la Función Pública atendió nuestra petición y nos envió las versiones “públicas”: decenas y decenas de hojas cubiertas de negro…

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes priistas –como otros documentos del antiguo régimen– siguen a salvo del escrutinio público gracias a leyes y dependencias con la marca del Partido Acción Nacional, en particular la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Peor aún: esta última, la SFP, cobra por versiones “públicas” de las declaraciones patrimoniales que son, muchas de ellas, fojas tachoneadas de arriba abajo en negro y que, por supuesto, no contienen información alguna, excepto, quizá, para algún decodificador de manchas de ese color.

El 2 de octubre del año pasado, Proceso solicitó a la Unidad de Enlace de la SFP las declaraciones patrimoniales de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, correspondientes a los años en que fungieron como presidentes de la República.

Como suele ocurrir con la mayoría de las dependencias a las que se les requiere información, la respuesta llegó en el plazo límite el 30 de noviembre. De entrada, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Función Pública informa que, “realizada una búsqueda exhaustiva en el Registro de Servidores Públicos… no se localizaron declaraciones patrimoniales presentadas por los CC. Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo”. Luego, afirma que la búsqueda “confirmó la inexistencia” de dichas declaraciones.

En cambio, en el Registro se localizaron las declaraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo, pero en los tres casos, dice la SFP, “no se cuenta con la autorización de la publicación de sus datos patrimoniales”.

No obstante, la dependencia “pone a disposición del solicitante la versión pública de las mismas, las cuales constan en 424 fojas”, pero aclara que se omitirán las partes y secciones de información confidencial, ya que, dice, amenazan la “intimidad” de los exfuncionarios:

“Son datos personales, inherentes a personas físicas identificadas, los cuales, de publicitarse, podrían causarles un daño, al no garantizarles la protección de sus derechos, en caso de transmitirse y/o auto-rizarse el acceso a la información relativa a su intimidad y vida privada.”

Los datos “íntimos” que se omitirán, puntualiza la respuesta, son: Registro Federal de Contribuyentes, CURP, domicilio y teléfono particulares, remuneración anual o mensual neta del declarante por su cargo público, otros ingresos anuales o mensuales, ingreso anual o mensual del cónyuge y/o dependientes económicos, bienes inmuebles del declarante, cónyuge o dependientes económicos (tipo de operación, tipo de bien, ubicación, superficie de terreno y construcción, forma de operación, fecha de operación, valor de operación), bienes muebles del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos (tipo de operación, tipo de bien, forma de operación, fecha de operación, valor de operación).

Tampoco se verán en las versiones “públicas” las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, cónyuge/o dependientes económicos (tipo de inversión, número de cuenta o contrato, ubicación de la inversión, monto o saldo), gravámenes o adeudos del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos (tipo de gravamen o adeudo, número de cuenta o contrato, ubicación del adeudo, fecha del otorgamiento, monto original, saldo insoluto, monto de los pagos, uso o destino); datos del cónyuge y/o dependientes económicos (nombre, edad, sexo, parentesco, domicilio).

La justificación de los datos omitidos se encontró en la Ley Federal de Transparencia, presumida por el gobierno de Vicente Fox como si fuera una maravilla y que, muy en el estilo priista, abre la puerta a información clave y a la vez la protege, considerándola como confidencial cuando se trata de datos personales, pues su difusión requiere del consentimiento del titular de los mismos, “hipótesis que se actualiza en el caso de las declaraciones patrimoniales que nos ocupan”.

Queda claro que las solicitudes de divulgación de declaraciones patrimoniales no pasan las barreras legales de la SFP y del propio Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde se debate mucho pero al final no se abren los candados. En 2006, por ejemplo, se le pidieron a la SFP copias simples de 15 declaraciones patrimoniales de cuatro funcionarios de Pemex, una sola de las cuales era de carácter público. La solicitante impugnó ante el IFAI que se les diera carácter de “confidencial” a 14 declaraciones.

El comisionado ponente del instituto, Alonso Lujambio Irazábal, se regodeó detallando las bases jurídicas de la confidencialidad de los datos patrimoniales:

En principio, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial en marzo de 2002, establece en su artículo 40 que se llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de “público” y en el que se inscribirán, entre otros datos, la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos…

Inmediatamente después, la misma ley coloca un cerrojo: “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

Lujambio, comisionado presidente del IFAI, en su ponencia de 2006 aludió al artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia, el cual dispone que “cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o a documentos que contengan información confidencial y el Comité considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la información correspondiente. El silencio del particular será considerado como una negativa”.

Siguiendo esa línea, Lujambio “estimaba” que la solicitud de consentimiento a la que alude el citado artículo se da por cumplida en el caso de las declaraciones patrimoniales, “al momento en que el servidor público que corresponde especifica si lo otorga o no en el propio documento”.

Y remacha: “Por lo tanto, para este caso concreto en el que se solicita la declaración patrimonial… no procede que este Instituto instruya a la dependencia para que solicite el consentimiento del titular de la información patrimonial, toda vez que tal como se ha señalado, dicho consentimiento es requerido y determinado en el propio formato de la declaración patrimonial.”

O sea, en pocas palabras, ¿para qué pedir lo que ya negaron?


Confidencialidad “de facto”

Lujambio se ocupaba después de otro extraño artículo de la Ley Federal de Transparencia que define como datos personales “la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva, familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad”.

Citaba además los Lineamientos de Protección de Datos Personales, aprobados por unanimidad por el pleno del IFAI en julio de 2005 y publicados en el Diario Oficial el 30 de septiembre del mismo año. En la parte relativa a la transmisión de datos personales, los “lineamientos” se ciñen a otras normas-candado y disponen que esa transmisión se puede realizar cuando “así lo prevea de manera expresa una disposición legal y medie el consentimiento expreso de los titulares”.

El consentimiento para la transmisión de datos “deberá otorgarse por escrito incluyendo la firma autógrafa y la copia de identificación oficial, o bien a través de un medio de autenticación. En su caso, las dependencias y entidades deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia de certificados digitales y/o firmas electrónicas”.

Comedidamente, se dispone que “el servidor público encargado de recabar el consentimiento del titular de los datos… deberá entregar a éste, en forma previa a cada transmisión, la información suficiente acerca de las implicaciones de otorgar, de ser el caso, su consentimiento”.

El comisionado ponente subrayaba –o hacía hincapié, según su decir– en que los datos personales “corresponden a cualquier persona y, sin importar su condición, su función como servidor público o las labores que desempeñe, tiene derecho a conservar la confidencialidad de sus datos personales. Es decir, no se está frente al ámbito público referente al sueldo, las funciones que desempeña o la rendición de cuentas respecto del ejercicio de su encargo, sino que se está frente a aspectos de la vida privada de los servidores públicos como individuos”.

De ahí, pasaba a inferencias extravagantes: “Es decir, el patrimonio es parte del ámbito de la vida personal de cualquier servidor público, como también lo es su vida familiar afectiva, su ideología o sus creencias religiosas. Más aún, en las declaraciones patrimoniales se incluye información sobre el destino que decide dar una persona a sus ingresos, con lo que pueden conocerse sus decisiones personales, cuestión que atañe únicamente a su vida privada. En virtud de lo anterior, el hecho de que una persona se desempeñe en el ámbito laboral como servidor público no implica que renuncie o deba renunciar al derecho que tiene cualquier individuo a la protección de su intimidad.”

En otras palabras: en tanto es una persona, un servidor público tiene derecho a la confidencialidad de sus datos personales. Sus ingresos y bienes son datos personales que forman parte de su intimidad, por lo que son equiparables a sus creencias religiosas, ideas políticas o preferencias sexuales. Conocer los ingresos de un funcionario puede ser la llave de acceso a su vida privada. Por todo lo anterior, sólo deberían conocerse las declaraciones patrimoniales de servidores públicos que no sean personas, sino entidades colectivas o no humanas.

No toda la información que contienen las declaraciones patrimoniales es confidencial, aclara el IFAI en la resolución citada. Se puede tener acceso a información que, por modestia, los servidores públicos suelen mantener en secreto, como sus datos curriculares, sus funciones, reconocimiento con motivo de sus empleos, cargos o comisiones… Para ello, el IFAI dice que “procede” que la dependencia oriente al solicitante a la consulta del Registro de Servidores Públicos, donde encontrará todos esos datos (aparentemente) impersonales.

El propio IFAI no es un modelo de congruencia. Sólo dos de cinco comisionados han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, Alonso Gómez Robledo y Juan Pablo Guerrero Amparán. María Marván Laborde no dio razones para mantener en reserva su declaración. En octubre último, Jacqueline Peschard afirmó que se encontraba protegida debido a que había recibido una herencia. El comisionado presidente, Lujambio, dijo que la ley no lo obligaba a hacer pública su declaración ni –para acabar pronto– a dar explicaciones.

Basura documental

La SFP puso a disposición de Proceso 424 fojas y notificó, el 5 de diciembre, el costo por las copias simples: 212 pesos (50 centavos por foja), más 39.50 pesos por el envío por correo certificado. El legajo llegó el jueves 17 de enero, integrado por 146 fojas negras con un pequeño recuadro en blanco con la leyenda Se elimina todo el documento. Fundamento: Art. 18 de la LFRAIPG. Motivación: Datos confidenciales. 3 fojas con información irrelevante.

Y el resto, 275 fojas, con información tachada en gran parte, aunque en los casos de De la Madrid y Salinas se dejan al descubierto datos sugerentes sobre sus ingresos y gastos. Extrañamente, la SFP remite también declaraciones que no se le solicitaron, igualmente con tachaduras, del tiempo en que De la Madrid, Salinas y Zedillo ocuparon cargos previos a la Presidencia y posteriores (en el caso del primero).

Las declaraciones de Echeverría y López Portillo no fueron localizadas por los sabuesos de la Secretaría de la Función Pública, porque quizá no están en los archivos de esta dependencia, que ni siquiera existía en los sexenios de ambos. Para justificar su bandera de “renovación moral”, De la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en enero de 1983, que en su versión actual es la SFP.

Hasta esa fecha, la declaración patrimonial se presentaba ante la Oficina de Registro de Manifestación de Bienes de la Procuraduría General de la República, que, se supone, debió remitir los expedientes relativos a la nueva dependencia, aunque, más probablemente, los desapareció o los envió a otro limbo burocrático. En cualquier caso, ni la SFP ni el IFAI se tomaron la molestia de averiguar qué pasó y notificarlo.

En su declaración inicial, en diciembre de 1982 y ante la PGR, De la Madrid manifestó tener siete inversiones, de monto y tipo que aparecen tachados, lo mismo que los bienes inmuebles, de los que sólo se puede saber que anotó tres, más tantos de su cónyuge y/o dependientes. En su declaración de 1984 es posible leer, a contraluz, que manifiesta también siete inversiones y/o cuentas bancarias, tres de ellas en Banco Internacional, una en Banco Mexicano Somex, otra en Banco Nacional de México y una más, en Acciones Bursátiles Somex. Anota además una caja de seguridad en el Banco Mexicano Somex.

En la declaración correspondiente a su primer año de gobierno, 1989, Salinas anotó que él y su cónyuge/o dependientes tuvieron ingresos por casi todos los conceptos: sueldos, rentas, intereses, donaciones, herencias, préstamos, venta de bienes inmuebles, venta de bienes muebles y semovientes y venta de valores. Se puede saber también que utilizaron parte de sus recursos en pagos de adeudos, adquisición de bienes inmuebles y muebles, “adquisición y variación neta de cuentas bancarias, ahorro, valores, acciones y otras inversiones” y en un rubro enigmático: “otros gastos de manutención”.

La declaración final de Salinas, relativa a 1994, permite saber que manifestó poseer seis bienes inmuebles, cuya ubicación, costo y fecha de adquisición aparecen tachados. Sucede lo mismo con los 21 bienes inmuebles de su cónyuge/y o dependientes. Según su declaración, Salinas salió de la Presidencia con sólo dos cuentas bancarias…

Zedillo llegó a la Presidencia con apenas cinco cuentas bancarias y/o inversiones, dos adeudos y tres bienes inmuebles, de todo lo cual se tacharon montos y tipos. Las demás declaraciones de su sexenio son poco interesantes y sólo llama la atención que la última fue recibida por el primer contralor panista, Francisco Barrio, impulsor de la ley que, al final, sólo sirvió para reforzar la secrecía sobre los servidores públicos y la impunidad de la corrupción.

La secrecía sobre los datos patrimoniales de los funcionarios públicos alienta la corrupción, señala en entrevista el comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero. “No tengo ninguna duda que la transparencia sobre la evolución patrimonial es un elemento que actúa directamente contra la corrupción, ciertamente no la elimina pero sí la inhibe. Los principales actores de la corrupción –no los únicos, por supuesto– somos los funcionarios públicos y, por lo tanto, somos los más obligados a ser transparentes. La divulgación de datos patrimoniales debe ser obligatoria”, sostiene.

En agosto pasado, Guerrero presentó una propuesta para reformar la Ley Federal de Transparencia. En su iniciativa, afirma que “que toda la información relativa a la autoridad gubernamental, los bienes y recursos públicos es de naturaleza pública y los particulares tendrán acceso a la misma”. Propone además que los datos personales se clasifiquen en sensibles y no sensibles; los primeros serían aquellos referidos al estado de salud y las preferencias ideológicas, emocionales y morales, en tanto que los sensibles abarcarían, entre otros datos, la información patrimonial.

Sobre advertencia no hay engaño

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Boligán.

Mario Di Costanzo*


El 23 de agosto de 2007, Andrés Manuel López Obrador advirtió, mediante una carta dirigida a la opinión pública, sobre la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener en nuestra economía.

En dicho documento, entre otras cosas, señaló: “Por desgracia, esta turbulencia ha empezado hoy a manifestarse y el gobierno espurio, en forma totalmente irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente”.

Desafortunadamente para millones de mexicanos, esta advertencia se ha hecho realidad: la economía estadunidense ha entrado en una importante fase de desaceleración que seguramente se convertirá en una profunda recesión económica y tendrá severos efectos para nuestro país.

Sin embargo, mientras en Estados Unidos la Reserva Federal (Fed) ha decidido bajar las tasas de interés para tratar de reactivar la economía y hasta el presidente George W. Bush, quien por cierto no tiene fama de ser inteligente, ha propuesto un agresivo programa de devolución de impuestos, en México, Felipe Calderón se encuentra verdaderamente contento porque, según él, aun con el deterioro económico mundial nuestra economía saldrá fortalecida.

Para ello, el que se hiciera llamar el “presidente del empleo y de la estabilidad”, más recientemente convertido en “almirante”, ha “descubierto” que el programa de construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura, la inyección de recursos al campo y la diversificación de exportaciones, así como el turismo, se convertirán en los motores de la economía que nos permitirán “navegar a contracorriente” y tener durante 2008 el mayor de los éxitos económicos.

Desafortunadamente, los vastos conocimientos sobre “economía marina” mostrados por Calderón distan mucho de la realidad, ya que los programas anunciados serán incapaces de mitigar los efectos de la situación económica estadunidense y mundial.

Así, por ejemplo, convendría reflexionar quién o quiénes adquirirán las miles de viviendas que se construirán con el programa anunciado, ya que uno de los principales efectos de la situación económica que se vive ha sido el tremendo deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que es una consecuencia del crecimiento de los precios y que combinado con las altas tasas de interés, ha originado un disparo de la cartera vencida en créditos hipotecarios, así como la existencia de más de 110 mil juicios de desalojo de vivienda en todo el país, por problemas de pago de sus créditos.

En cuanto a la inyección de recursos al campo, vale recordar que los ya famosos 200 mil millones de pesos destinados al Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC) en el Presupuesto 2008, no serán enteramente para inversión o apoyos, ya que mañosamente este paquete de recursos se integra con presupuestos de diversas dependencias y muchas veces nada tienen que ver con los apoyos a la producción ni a la comercialización: del total de recursos aprobados por los legisladores, menos de 8 por ciento corresponderán a Procampo.

Por su parte, la diversificación de las exportaciones suena como un disparate “marino” por dos motivos: el primero, porque parece absurdo que una vez llegando a la última etapa del Tratado de Libre Comercio –considerado por el propio Calderón como un éxito–, ahora se pretenda diversificar exportaciones en vez de buscar una renegociación del acuerdo para mejorar la relación comercial y requilibrar los resultados.

En segundo lugar, ¿cómo van a diversificar sus exportaciones las empresas en México, si además de salir a vender sus productos a un mundo que comprará menos por la recesión enfrentan un crecimiento en sus costos porque muchas, sobre todo medianas y pequeñas, tendrán una mayor carga fiscal, además de que pagarán más caras la gasolina y la energía eléctrica?

En materia de turismo, las estrategia de navegación planteadas por Calderón deberían tener en cuenta, nuevamente, dos aspectos centrales: 85 por ciento del turismo que visita el país proviene de Estados Unidos (que pronto estará de plano en recesión); y segundo, la Organización Mundial de Turismo advirtió ya que la recesión estadunidense disminuirá los flujos mundiales de viajeros.

En cuanto al programa de desarrollo de infraestructura anunciado, es conveniente señalar que el monto de inversión física aprobado en el Presupuesto 2008 representa apenas 10.5 por ciento del gasto total. Así, por ejemplo, los 10 mil millones de pesos que se invertirán para “reconstrucción de carreteras federales” apenas generarán 32 mil empleos, que representan sólo 12 por ciento de los 253 mil puestos de trabajo que ya se han perdido.

Finalmente, lo único bueno: López Obrador, en esa misma carta, señaló lo que se debe hacer y, entre otras cosas, estableció como líneas de acción el combate a los monopolios, la urgencia de contar con una verdadera reforma fiscal que acabe con los paraísos fiscales, la necesidad de impulsar la inversión en el sector energético, así como la reducción del gasto corriente y el rechazo al Tratado de Libre Comercio.

Por ello, sería muy conveniente para millones de mexicanos que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón lean esa carta. Sobre advertencia, no hay engaño.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo

Hacer negocios, meta del equipo calderonista: Lorenzo Meyer*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Omar.

Son peores que los tecnócratas salinistas, advierte


Andrés Timoteo Morales (Corresponsal)

Jalapa, Ver., 25 de enero. Aunque la nueva camada de funcionarios en el gabinete de Felipe Calderón, encabezados por Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación, tiene parecido con los famosos “tecnócratas del salinismo”, su propósito es otro: “vienen con la consigna de hacer negocio, de obedecer a sus bolsillos y no a teoremas económicos” aseguró el investigador Lorenzo Meyer. Por eso, dijo, México debe “encender focos rojos” en todas las áreas; estos funcionarios “son más peligrosos que los anteriores, porque no llegan al poder con teorías, sino con negocios”. Del secretario de Gobernación opinó que arribó al cargo con la intención de desmantelar y vender lo que en otros sexenios no se pudo.

Lo anterior fue expuesto durante la conferencia magistral La democracia en México, sin raíces grandes y con problemas muy fuertes, presentada en el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana en el contexto del 37 aniversario del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación de Veracruz.

Entrevistado previamente, el politólogo dijo que lejos del dicho folclórico sobre una “segunda ocupación española en México”, con la llegada de Mouriño a Bucareli el peligro se encuentra en su origen y sus intenciones.

“Hay que ponerlo en la naturaleza del personaje, independientemente de que fuera de Tlaxcala o de Madrid, la clase social de la que procede, los negocios de la familia, la experiencia en el mundo político mexicano, ahí están las variables importantes y la peligrosidad.”

Manifestó que su nombramiento anticipa un periodo de autoritarismo y “juego no limpio” desde Gobernación. Si fue una de las personas que dirigieron la campaña de Calderón, que finalmente llegó apenas por un margen muy estrecho (de votos) a la Presidencia, “todos sabemos que se debió a una campaña de miedo, guerra sucia; ahí está la muestra de quién es él, quién es Calderón, quiénes están en el círculo interno”.

Estas prácticas, agregó, evidentemente se darán en los cabildeos y acuerdos para que prosperen las llamadas reformas energética y laboral, y así desmantelar los reductos nacionalistas que quedan en el país.

Afirmó que si bien puede ser válida en parte una comparación del grupo de jóvenes empresarios que llegan al gabinete de Felipe Calderón con los famosos “tecnócratas del salinismo”, la diferencia estriba en la peligrosidad de sus intenciones: los tecnócratas del salinismo eran economistas, y tenían un conjunto de principios muy claros y simples, los propios del neoliberalismo, pero en el caso de Mouriño tienen una relación directa con el mundo de los negocios, del gran dinero, de la gran empresa, algo que “no necesariamente tenían los tecnócratas del pasado”.

Recalcó que los integrantes del equipo calderonista tienen una “práctica más refinada, ellos sí saben lo que son los negocios; Ernesto Zedillo lo tenía en la mente, ellos lo tienen en el bolsillo, que es bastante diferente, tienen intereses personales muy claros, los otros tenían intereses teóricos”.

*Tomado de La Jornada.


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Solá, ahora de México a España


jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- Logrado el objetivo de mantener al PAN en la presidencia de México, la derecha española se apresta a recuperar el poder en su país.

A finales del año pasado, empezó a reorganizarse y envió de regreso a Madrid al catalán Antonio Solá, el principal promotor de la propaganda negra que, en 2006, llevó a Felipe Calderón a la presidencia.

Para la derecha española, ganar las elecciones del 19 de marzo próximo es fundamental en su propósito de levantar banderas en América Latina a través del conservadurismo criollo, en una suerte de colonización política y conquista económica, aunque en ésta también participa activamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En ese objetivo político, Antonio Solá se ha convertido en una pieza importante, luego del trabajo hecho en México, Nicaragua, Argentina, Guatemala y Colombia, aunque no ha sido del todo exitoso.

Fue el propio candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy quien, a fines de 2007, llamó al catalán para tenerlo como su consejero de cabecera en propaganda con miras a las próximas elecciones generales en España.

Surgido del departamento de telegenia del PP, donde se dedicaba a explotar las cualidades de los candidatos de su partido para la televisión, Solá llegó a la política mexicana de la mano del expresidente de gobierno español, José María Aznar.

Según lo dicho por el propio Solá, llegó a México a mediados de los 90, acreditado como corresponsal freelance. Fue cuando contactó con Vicente Fox, Carlos Castillo Peraza y el propio Calderón.

Años después, a fines de esa década, Aznar fue uno de los principales promotores de la candidatura de Fox a la presidencia de México.

Aznar, quien de manera franca se entrometió en las elecciones del 2006 cuando llamó a los mexicanos a votar por Calderón, tuvo precisamente a Mariano Rajoy como uno de sus ministros en sus dos periodos de gobierno, de 1996 a 2004.

Rajoy fue primero ministro de Administraciones Públicas y luego de Educación y Cultura, desde donde Aznar lo llevó a la presidencia del PP y lo propuso como candidato para las elecciones generales de 2004, cuando perdió frente al candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien de nuevo disputa el control gubernamental español.

En la derecha española, Solá ahora está considerado como un propagandista de peso, luego del “milagro” que hizo con Calderón, sobre todo porque hasta ahora en las elecciones ibéricas no hay un claro favorito.

Solá, se dice en la prensa española, “está por encima de todos” y decide directamente con Rajoy, a pesar de que formalmente no forma parte de su estructura electoral. El mismo esquema que aplicó con Calderón.

Apenas el pasado 11 de enero, la revista madrileña Tiempo escribió: En las reuniones con Rajoy “suele participar (un) asesor que no está dentro del organigrama del partido, pero que no se separa de Rajoy ni un minuto en sus viajes o apariciones mediáticas: el barcelonés Antonio Solá, hombre de la casa desde hace años que ganó muchos puntos cuando consiguió que el mexicano Felipe Calderón ganara las últimas elecciones en contra de todos los pronósticos”.

¿Alguna duda sobre el objetivo del PAN y el PP sobre el control político en México y sus respectivos beneficios económicos?

Poco después de ese “prodigio”, que en realidad fue parte de una ofensiva en la que también participaron Fox y la elite empresarial mexicana, Solá dijo, en una entrevista con la revista española Época, en septiembre de 2006, que Calderón ganó en parte porque López Obrador forma parte de la “izquierda incivilizada” mexicana que sólo sabe gritar.

Y confirmó cómo en México las elecciones se ganaron con miedo y con exceso de gasto en favor de Calderón.

A diferencia de España, “en México la legislación es mucho más abierta en materia de publicidad: puedes comprar los minutos de televisión que quieras y no tienes periodos rígidos de campaña electoral”.

Esa libertad, precisamente, y no la libertad de expresión es la que los empresarios están defendiendo al ampararse, junto con un grupo de intelectuales, contra la reforma electoral que impide la compra de propaganda por parte de particulares.

Solá fue el autor de frases como “Felipe Calderón, presidente del empleo” y “Mano firme, pasión por México”; fue quien concibió el anuncio con el que se espantó a la clase media mexicana de que perdería su casa y otros bienes si votaba por López Obrador. Ese anuncio, reconoció, fue definitivo.

Las reservas y rechazo que ha despertado el nombramiento de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación, son por tanto más que sentimientos xenófobos, como acusó recientemente el diario conservador ABC a quienes se han opuesto a esa designación.

El ABC es un diario tan franquista como los “populares” españoles que buscan hacerse del poder en su país tal y como lo hicieron en México, con un discurso del miedo enfocado en la política económica de Rodríguez Zapatero y de su negociación con el grupo terrorista ETA. (25 de enero de 2008)

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de Proceso.

Se impone síndrome Chimoltrufia en el PRIAN

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Durante los seis años que el corrupto y ladrón Vicente Fox Quesada estuvo al frente de Los Pinos, no dejó de insistir en la “fortaleza” económica del país. La realidad es que México creció al peor ritmo en su historia reciente, por debajo del uno por ciento anual en promedio. Nada ha cambiado y el discurso del pelele Felipe Calderón Hinojosa es el mismo, “fortaleza” económica y crecimiento.

Sin embargo, los pronósticos de crecimiento son igual de mínimos en un país que ya no aguanta más sexenios de saqueos por parte del PRIAN, que a la par le han traído el tener un crecimiento de la economía igual al del país más pobre del continente: Haití.

Mientras que otras naciones avanzan a ritmos del 7 y 12 por ciento, México o hace al 2 y 3 por ciento en el mejor de los casos, muy a pesar de “todas la bondades” del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Los índices inflacionarios del Banco de México siempre han estado a la baja en esta simulación de inflación controlada que sólo sirve para pagar menos intereses a los ahorradores –máximo 10 por ciento a plazo fijo-, mientras que el crédito se sitúa entre 32 y más del 200 por ciento anual.

La primera quincena del año no fue la excepción y el Banco de México aseguró que durante la misma los precios subieron un 0.27 por ciento. En comparsa los “analistas” de los bancos –sí los mismos que “justifican” el pago raquítico a ahorradores y los enormes cobros por préstamos- se apresuraron a decirse “sorprendidos” por tan baja inflación en un mes que se esperaba difícil. Nada más que para el ciudadano común la “inflación oficial” le tiene sin cuidado, lo que en realidad le preocupa es que en el mundo real no le alcance el dinero para cubrir sus necesidades.

Para que tengamos una idea de lo que valen nuestras voces en la “democracia mexicana”, el usurpador hizo caso omiso de organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones de juristas que han señalado en forma reiterada la violación constitucional al mantener al ejército en las calles violanentando con total impunidad los derechos consagrados en la Constitución. En respuesta inequívoca, el espurio Calderón Hinojosa publicó un decreto por el cual los militares se mantendrán en las calles hasta 2012.

Sin embargo, en el plano económico las declaraciones sobre la inminente recesión económica en Estados Unidos hicieron recular al “vidente” que asaltó Los Pinos.



“Todo eso, amigas y amigos, nos va a permitir que esa adversidad que viene desde afuera no haga que México tropiece, sino que siga avanzando, quizás a menos velocidad en unos meses, cuando ese problema se resuelva allá, que pasará como muchos ciclos económicos, México tenga una economía que vaya cada vez más fuerte y cada vez más aprisa”.

La Jornada, 25 de enero de 2008.


Vancouver, Canadá, 24 de enero. Estados Unidos está al borde de una recesión y tiene 50 por ciento de probabilidad, o incluso más, de caer en ella, dijo el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan.

“Las probabilidades, definitivamente, han crecido desde el año anterior, cuando consideraba cerca de un tercio (de posibilidades)”, dijo Greenspan ante una audiencia en la ciudad canadiense de Vancouver.

“Creo que estamos en un punto en que nos encontramos en el borde o ya sobre (la recesión)”, y agregó que “la probabilidad de recesión es de 50 por ciento, tal vez más, pero aún no se manifiesta”.

La Jornada 25 de enero de 2008.



Declaraciones que nos recuerdan a las del ladrón y traidor Vicente Fox Quesada, que al estilo de la “Chimoltrufia” aseguraba: “dice una cosa, dice otra”. O en frase célebre del Salvaje de Guanaguato: “Puedo decir lo que quiera, al fin ya no importa. Ya me voy”.


En seguida dos colaboraciones tomadas del periódico La Jornada.



http://www.jornada.unam.mx/




El shock

Luis Javier Garrido


la entrega anticonstitucional que hiciera el gobierno de facto de un nuevo contrato para la perforación de 58 nuevos pozos petroleros a Halliburton, trasnacional de la cual es copropietario el vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y la cual se halla inmersa en múltiples escándalos de corrupción, confirma que la estrategia de la derecha en el poder para imponer el paquete de cambios neoliberales en México va a ir en todos los frentes.

1. En vísperas de la batalla de la primavera de 2008 por el petróleo mexicano, entre las grandes corporaciones trasnacionales que tienen en el gobierno pelele de Felipe Calderón un instrumento dócil y los sectores organizados de mexicanos que defienden los derechos de México a tener una vía propia de desarrollo y a que los recursos nacionales sean para beneficio de los mexicanos y no de unos cuantos intereses extranjeros, el gobierno de facto tiene como tarea fundamental crear las condiciones para que se dé la gran traición contra México, y para esto va a seguir la estrategia de shock que han impuesto en el mundo los ideólogos del neoliberalismo.

2. La estrategia del shock que se está utilizando en México es muy clara y va destinada a debilitar las resistencias de la sociedad ante las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno espurio. En un contexto social deliberadamente planeado, en el que el pueblo de México se halla duramente golpeado por las políticas impuestas desde el poder en este 2008, y que van desde el gasolinazo y la entrada en vigor del capítulo agrario del TLCAN, hasta el clima de violencia generado ex profeso con la supuesta guerra contra el narco, que ni es “guerra” ni va contra “el narco”, sino que es una estrategia que busca amedrentar a la población, se cree que podrán imponerse las medidas que liquidan el proyecto nacional mexicano, y que no se pudieron imponer sino a medias durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox.

3. La violación sistemática del marco constitucional mexicano en este año por el gobierno de facto panista, atentando contra los derechos sociales e individuales, lo mismo buscando terminar con el derecho a la salud y a la seguridad social que con el derecho a la información, como ha acontecido con el caso de Carmen Aristegui, el hostigamiento a la revista Proceso o las amenazas al periodista Hermann Bellinghausen, indican que con tal de cumplir con los compromisos electorales que lo llevaron al poder por la vía del fraude está dispuesto a todo. Y ahí está como evidencia el hecho de que siguen como presos políticos y para vergüenza de México los luchadores sociales Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la APPO, y que prosigue el hostigamiento de las comunidades zapatistas en Chiapas: para “disuadir” cualquier tentativa de protesta social.

4. La exigencia del capital trasnacional es, como se sabe, muy clara y supone suprimir todos los obstáculos constitucionales y legales para que las corporaciones petroleras puedan apoderarse plenamente del petróleo de México, regresándose a un escenario equiparable al existente antes de 1938, y ante esto el gobierno de facto sigue teniendo la alternativa en la cual han oscilado los tecnócratas neoliberales del PRI y el PAN en todos estos años, que es la de : a) lanzarse a la contrarreforma constitucional de los artículos 27 y 28, lo que no han podido hacer durante dos décadas o b) proseguir con las políticas de simulación y modificar textos legales secundarios y seguir violando de hecho el marco constitucional, como se viene haciendo desde 1988.

5. La entrega anticonstitucional de un nuevo contrato a Halliburton, que en 2006 había sido señalada por contribuir al financiamiento ilegal de la campaña de Felipe Calderón, y que sería por consiguiente un pago, confirma que los republicanos estadunidenses están impulsando en México de manera abierta estas políticas, descritas con precisión por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Paidós, 2008).

6. La modificación de la Constitución mexicana para entregar el petróleo a las corporaciones extranjeras constituiría un gran triunfo para la administración agonizante de George W. Bush, que lograría con facilidad en 2008, a través de Felipe el pelele, lo que en Irak les ha costado a los estadunidenses décadas y miles de soldados muertos: el control de la riqueza petrolera.

7. La tarea inmediata del español Juan Camilo Mouriño, quien ha asumido en violación al marco constitucional la Secretaría de Gobernación, es doble: consolidar los acuerdos del gobierno espurio con los priístas de Carlos Salinas de Gortari en las dos cámaras, que tienen sus ejecutores en el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón (lo que parece no tener mayor problema, pues las resistencias en el interior del PRI son muy reducidas), y enfrentar la inconformidad social, que parece el problema mayor.

8. El pacto PRI-PAN en el Congreso para entregar la industria petrolera no parece tener en el contexto actual más obstáculo que en la posición de algunos legisladores priístas, avalados por un sector entreguista del PRD, que aún sin oponerse al fondo de estas políticas sostiene que hay que seguir teniendo una posición gradualista: evitando los cambios constitucionales y prosiguiendo con el entreguismo de facto.

9. El obstáculo mayor para que pueda culminar esta traición a México se halla, como siempre, en la sociedad, y es ahí donde el gobierno de la derecha tiene el mayor temor, de ahí esa desaforada campaña en los medios, encabezada por Televisa y sus noticieros, que pretende confundir a los mexicanos ante lo que está aconteciendo.

10. Las dimensiones de la protesta social ante la entrega del petróleo mexicano, y en especial las posibles acciones del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, constituyen para los equipos de Los Pinos y de Bucareli una incógnita, y aun y cuando los panistas están dirigidos en sus acciones desde Washington, se hallan ante lo impredecible: de ahí que se estén endureciendo y haciendo más crítico el contexto actual.

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Cobrador

Julián Bruschtein


Donde está la injusticia está el Cobrador imaginario, un impulso que busca el equilibrio desde la inhumanidad onírica de un semidiós. Rubem Fonseca lo desenterró del alma humana con la sagacidad de un clásico griego. ¿Por qué si la injusticia es cruel e irracional no puede anidar en el fondo del alma una fuerza contraria con la misma carga? Cobrador escribe: hambre, frustración, muerte, pobreza... Y busca matar para cobrar alguna de esas deudas. La injusticia y Cobrador tienen meta, objetivos, pero son irracionales, descontrolados. La injusticia no tiene explicación, simplemente es aceptada por costumbre, por la fuerza o por imposición cultural. Cobrador irrumpe, equilibra y revuelve el caos.

En la visión del escritor brasileño, llevada al cine por el director mexicano Paul Leduc, Cobrador no se propone transformar una sociedad plagada de injusticias. Aparece simplemente como un producto de ella que la contrapesa. Los sueños no tienen corrección política, están en una zona espectral de contornos difusos. Cobrador surge de esa zona de donde vienen todos los personajes de la mitología, donde la razón y los sentimientos interactúan de forma absurda pero inquietante, porque incorporan lo negado, lo incorrecto y vergonzoso. Por eso es infantil criticarle a Cobrador que no milite en un partido revolucionario: simplemente actúa, acecha al que le debe, se asume como el Dios Acreedor Supremo en un mundo donde la violencia se multiplica exponencialmente igual que la informática.

Dios no existe, pero está en la cabeza de todos. El acreedor supremo tampoco existe, pero está en la cabeza de todas las víctimas de la injusticia, en el deseo, la impotencia y el dolor. No es un programa político. Es el huracán turbio y furioso de la impotencia con el que se van a dormir los que perdieron su casa o los que ven a sus hijos en la misma miseria en la que se fueron sus vidas, los reprimidos por las dictaduras, los desplazados, los pisoteados o los trabajadores de las minas de oro de Bello Horizonte, como el protagonista de la película. Esa noche cerrarán los ojos y tendrán revancha.

Como el Cíclope o las sirenas de la Ilíada, Rubem Fonseca descubre un animal enroscado en el alma de los hombres. Un fantasma que se esconde detrás de sus rostros, un vector de violencia que los empuja. Lo descubre y le da nombre: Cobrador.

En la película de Leduc, junto a Cobrador aparece una hija de desaparecidos apropiada por represores. Es un agregado de Leduc porque ese personaje no está en el cuento de Fonseca. Se ha criticado al director mexicano por esa heterodoxia o por bajar a un plano tan concreto un relato de ficción casi sobrenatural.

Las fotos de Sebastiao Salgado convirtieron a los mineros de Brasil en un paradigma desaforado. Los cráteres inmensos en la selva, con cientos de hombres embarrados que hurgan la tierra y trepan en filas cargando bultos de piedras por escaleras de palos y sogas, conforman un escenario apocalíptico. La apropiación de hijos durante la dictadura, las Madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos, tienen para los argentinos un significado concreto. Pero en el mundo, la fuerza voltaica de esas historias las incrusta en los miedos universales, en las sombras inasibles del terror inexplicable. Esa potencia las arranca de lo concreto para instalarlas en lo simbólico, como un clásico griego.

Son historias que fuera de Argentina se distancian de lo puramente testimonial y ocupan ese lugar de todos los miedos, todas las injusticias, todas las valentías y todas las locuras de un mundo saturado de violencia. En Argentina, la carga de esas historias es tan concreta que cuando se las toma con un simbolismo más genérico, a veces desconcierta. Pero fuera de Argentina, esa misma fuerza tiende a convertirlas en eso, metáforas dramáticas para situaciones humanas desbordadas.

En Cobrador, el minero brasileño se hermana en su sueño con la argentina hija de desaparecidos. Desde lo testimonial parece puro esquematismo traído de los pelos. Pero desde lo simbólico son torbellinos de energía desbordada, no hay incorrección política porque no hay programa para la acción. Lo cual también es desconcertante para los argentinos ya que siempre ha habido un reclamo no explícito de corrección política para los familiares de desaparecidos, el miedo a la revancha, el rechazo a la justicia por mano propia.

Esos enfoques posibles tan diferentes demuestran que, a pesar de los años, en Argentina todavía es difícil mirar estas historias con distancia, sin el detalle testimonial ni la rigurosa contextualización política. Al mismo tiempo, esas historias han traspasado fronteras, han salido del contexto que las originó y asumieron relatos nuevos, casi míticos, que se insertan en otros imaginarios. El mito y la realidad no son imágenes espejadas, aunque están relacionadas.

El texto fue publicado en el diario argentino Página/12, el pasado 11 de enero (www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/index-2008-01-11.html).

"Justicia" a la mexicana

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Como es sabido la justicia en México no existe, más bien se trata de una suerte de negocios entre jueces y abogados, además de que se encarcela a quien sea bajo consigna. Por ser un peligro para México, dicen. De los 147 pobladores de San Salvador Atenco que fueron detenidos luego del asalto a esa población por parte de la policía federal y local en mayo de 2006 la mayoría –91- han ganado amparos federales. En palabras llanas no se les pudieron comprobar los delitos de ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, secuestro, etc. Todos los cargos, que como machote los gobiernos del PRIAN y algunos del PRD, aplican a los luchadores sociales.

Sin embargo, siguen presos en la cárcel de máxima seguridad federal del Altiplano –antes Almoloya y luego La Palma- los principales líderes de la comunidad, que se opuso a la construcción del aeropuerto. Ese fue su “delito” defender sus tierras ante la arbitrariedad del traidor y corrupto Vicente Fox Quesada, quien pretendía hacer otro de sus millonarios negocios a expensas del erario. Ya habían comprado tierras aledañas a lo que sería el aeropuerto y a los campesinos pretendían pagarles precios de risa por sus propiedades.

Y como de farsas se trata ahora el Consejo Coordinador Empresarial –esos que hicieron el fraude junto al espurio Felipe Calderón Hinojosa- anunció que se sumará al Programa de Apoyo Familiar para reducir el precio de 300 productos de la canasta básica. Claro, junto con las tiendas de autoservicio quieren hacer caravana con sombrero ajeno, pues serán los productores quienes carguen con las rebajas. ¿Pero, no que México tenía blindada su economía, que nada de esto era necesario? ¿Entonces para qué pactos?

Y como el corrupto Fox Quesada, el pelele Calderón Hinojosa no pierde oportunidad para ponerse a la "altura" de Salvaje de Guanajuato. Ayer declaró lo siguiente:

El presidente Felipe Calderón se dijo “tranquilo” ante la incertidumbre que vive la economía estadunidense. “Estamos decididos a convertir los riesgos en oportunidades”, señaló ante miembros de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de Infraestructura, quienes, a su vez, informaron que en los próximos cuatro años prevén invertir, sólo en proyectos inmobiliarios, 25 mil millones de dólares, con lo que se generarán 1.5 millones de empleos directos, indirectos y temporales vinculados a esta industria.

Inclusive, dijo que la “cautela” con la que actuarán los inversionistas ante la difícil situación económica internacional, beneficiará al país, pues los índices macroeconómicos se encuentran sólidos y estables, con lo cuales los inversionistas nacionales y extranjeros verán a México como un buen destino para invertir.

La Jornada, 24 de enero de 2008.

Ahora no sabemos quien de los dos "ilustres" panistas es "el más sabio".

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Calderonomics o la nanocracia


jenaro villamil

México, D.F., 23 de enero (apo).- Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se acuñó el término tecnocracia para describir a la nueva generación de funcionarios de primer nivel, con un cúmulo de maestrías y doctorados en universidades extranjeras, especialistas en economía pero sin ningún cargo de elección popular previo.

Su sucesor, Carlos Salinas, el tecnócrata por excelencia, negó siempre este término por considerarlo peyorativo, y se inventó a sí mismo el mote de “modernizador”. Ernesto Zedillo llegó al poder con las mismas herramientas que De la Madrid y Salinas: su dogmatismo monetarista y su desdén hacia la política tradicional.

Con Vicente Fox los tecnócratas siguieron controlando los centros neurálgicos de las decisiones económicas, diplomáticas y sociales, en conflictiva relación con los “gerentes” o empresarios que se incorporaron al gobierno sin ninguna experiencia previa en gestión pública.

Francisco Gil Díaz, el maestro de una generación de funcionarios de las finanzas públicas, se mantuvo al frente de la Secretaría de Hacienda durante seis años, extraño privilegio que sólo compartió con Pedro Cerisola, titular de Comunicaciones y Transportes.

El gobierno de Felipe Calderón se ha ido transformando ya no en un gobierno de gerentes o de tecnócratas sino en una nueva generación de funcionarios que se perfilan como la involución de la tecnocracia y de los gerentes: los nanócratas. Es decir, el gobierno de los estudiosos en el control y manipulación de las micropartículas de las áreas públicas, sin visión de Estado ni de elite ni de nación.

El término nanocracia proviene de nanotecnología, palabra común en las ciencias médicas para designar a los especialistas en computación cuántica y motores moleculares.

Los nanócratas en la política no ven la realidad sino como un nano (la mil millonésima parte de un metro) y prefieren venderse no como especialistas en algo sino como artesanos de la operación corta. Del poder del picaporte al picaporte con poder.

Los cambios recientes en el gabinete configuran a esta nueva generación de nanócratas: Juan Camilo Mouriño, nuevo titular de Gobernación; Ernesto Cordero, flamante secretario de Desarrollo Social, y los jóvenes del entorno calderonista: César Nava, jefe de la oficina presidencial; Alejandra Sota Mirafuentes, responsable ahora del discurso presidencial, imagen y análisis político, y Patricia Flores Elizondo, titular de la Coordinación de Administración de Los Pinos.

El problema de esta nueva generación de funcionarios no radica en su juventud sino en la ausencia de un currículum tecnocrático, gerencial o partidista que los acredite para los cargos de alto nivel de responsabilidad.

Se les conoce en función de su cercanía con Calderón, no en razón de sus méritos burocráticos, legislativos o intelectuales. Son nanócratas porque se han vuelto parte del entorno milimétrico de Los Pinos que confunde la realidad del país con las necesidades de control y de liderazgo a corto plazo de la casa presidencial.

El caso más emblemático es el de Juan Camilo Mouriño. Más allá de si es madrileño, gallego o campechano, Mouriño Terrazo encabezará la secretaría responsable de las áreas claves de la política y la seguridad nacionales sin tener una trayectoria mínima para ello.

Su paso por alguna universidad de Tampa, Florida, su papel como diputado y su cercanía a Calderón desde la Secretaría de Energía lo perfilan como un buen colaborador del presidente, no como un ministro del Interior.

Mouriño ni siquiera cuenta con el perfil tradicional de un panista sino de un eficaz gestor de recursos que le sirvió a Calderón para la campaña electoral.

Una especie de Lino Korrodi al que pretenden convertir por golpe de suerte en la reencarnación del mismísimo Fernando Gutiérrez Barrios. Sus promotores, con más lambisconería que realismo, ya lo perfilan como aspirante presidencial para el 2012.

El otro caso es el de Ernesto Cordero. Como Mouriño, al licenciado en Actuaría por el ITAM no lo distingue su conocimiento de la política social y mucho menos del combate a la pobreza, sino su breve trayectoria burocrática a la sombra de Calderón.

Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico cuando el actual presidente era titular de Energía. Luego fue director de Administración Integral de Riesgos en Banobras cuando Calderón estuvo al frente de este organismo, y finalmente se desempeñó como director general de la fundación “Miguel Estrada Iturbide” de la fracción panista en la Cámara de Diputados, durante la época en que Calderón coordinaba la fracción.

La nanocracia tiene ahora la responsabilidad de los dos pilares gubernamentales: política interior y política social.

En los asuntos públicos pueden reproducir los mismos riesgos que la nanotecnología: caer en una alta toxicidad potencial a partir de las nanosustancias que distorsionan las moléculas y el sistema inmunológico. Eso es mucho más riesgoso para la salud política de un país que reclama estadistas y no microprocesadores de las decisiones públicas.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx



La siguiente es una colaboración tomada del periódico La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Cambios y retos

Octavio Rodríguez Araujo


Los cambios en el gabinete de Calderón no son meros ajustes ni facturas pagadas y archivadas. Mouriño, al margen de todo lo que se ha dicho de él, es un operador político, el más importante que tiene Los Pinos para tratar y negociar, no con la oposición, sino con los posibles aliados (el PRI en primer lugar). La Secretaría de Gobernación había sido, por décadas de priísmo, una suerte de vicepresidencia. El último secretario fuerte en Bucareli fue Fernando Gutiérrez Barrios. Después de él desfilaron por el Palacio de Covián personajes menos fuertes, pero no precisamente decorativos: González Blanco, Carpizo, Moctezuma (el más débil de este conjunto), Chuayffet, Labastida (también débil) y Carrasco.

Con el oaxaqueño Carrasco, ahora panista, se acabaron los más o menos poderosos secretarios de Gobernación. Luego vinieron los francamente débiles: Creel, Abascal y Ramírez Acuña, políticos sin poder ni iniciativa, empleados a secas del presidente en turno. Con el cambio Ramírez-Mouriño se intenta recuperar al secretario fuerte, aunque no se podrá regresar al pasado, entre otras cosas porque la política ya no es como antes. Ahora hay demasiadas cámaras y luces encima de las acciones gubernamentales como para que se pueda reinstaurar la política caciquil y temida del pasado.

En el PAN y en Los Pinos El Yunque ha sido desplazado, y siguen los ajustes. El calderonismo se está convirtiendo en una realidad, con Mouriño, con Cordero, con Germán Martínez, todos de su confianza, del círculo interno. El objetivo del calderonismo es garantizarse el poder más allá de este sexenio, y no le será tan fácil. Este año habrá seis elecciones locales y en ellas el PAN no tendrá muchas probabilidades de ganar posiciones importantes, por lo que las baterías apuntarán más a la de diputados en 2009, cuando Calderón-Mouriño tendrán que demostrarle al PRI que las alianzas valen la pena, porque este partido no ha doblado las manos y va por lo mismo, incluida la Presidencia en 2012.

La estrategia que se seguirá no es difícil adivinarla: me apoyas y te apoyo, reparto de poder que sólo se romperá si el PRI verdaderamente se recompone, lo cual se duda, por lo menos en estos momentos. En el tránsito, esa alianza servirá para llevar a cabo las reformas neoliberales que ya conocemos, incluidas las participaciones privadas (extranjeras y nacionales) en petróleo (y derivados) y en electricidad. El prianismo no es un mote, sino una realidad, no sólo porque así lo quisieron e hicieron, exitosamente, Salinas de Gortari y Zedillo (incluso dejando atrás al viejo PRI), sino porque los proyectos económicos realmente importantes para ellos, que no para México, son compartidos. Los negocios también.

La única oposición que el PAN y el PRI podrían tener está en el PRD, siempre y cuando este partido entienda su papel histórico para modificar el rumbo, cada vez más evidente, que están imponiendo los panpristas (otra manera de llamarlos).

En 2006 el PRD fue la segunda fuerza electoral del país, pero no ahora. En las elecciones locales de este año (2008) el sol azteca es y será muy débil en Coahuila y, con las excepciones de Baja California Sur y de Guerrero, en los demás estados tendrá que competir con dificultades con el PRI. Ya no digamos en los comicios locales de 2009: de seis gobiernos estatales en disputa, no tiene posibilidades de ganar siquiera uno; de 12 diputaciones locales sólo tendrá mayoría en el Distrito Federal y quién sabe si en Tabasco, dados los efectos de las inundaciones y la percepción que tengan para entonces los damnificados de su situación y de las ayudas que recibieron.

Si los perredistas todos logran entender, en sus elecciones internas, la importancia del partido y no de la hegemonía de sus corrientes y tribus, puede ser que esté mejor pertrechado para las batallas que tendrá que enfrentar este año y el siguiente, que son claves para 2012, como bien lo ha entendido Calderón (aunque me moleste decirlo). Si sus adversarios, en diferentes partidos, hacen alianzas, más deberían establecerlas los de un mismo partido, en este caso los del PRD. Si no las hacen, si no anteponen lo importante sobre lo ratonil, unos ganarán sobre otros, pero su partido perderá. No es difícil entenderlo, ¿o sí? El PRD no sólo tiene retos enfrente, sino también una responsabilidad histórica: salvar al país de sus depredadores internos y externos. ¿Estará a la altura?