Malandrines especuladores del espacio radioeléctrico

Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo y La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha.

Al principio dijeron que la declaración de inconstitucional de varios artículos de la llamada ley Televisa no les afectaba, pues en realidad todo seguía igual. Eso sí hicieron hincapié en el respeto a la libertad de expresión, que según ellos estaría en peligro si se le cambiaba una coma a la mentada ley que fue redactada en las oficinas de Televisa y defendida a capa y espada por el entonces senador del PRI Héctor Osuna y ahora encargado de la Cofetel, organismo encargado de regular a los medios de comunicación electrónicos.

Los testaferros del duopolio televisivo pronto olvidaron sus propias versiones y descalificaciones sobre el daño que les causaría la declaración de ilegalidad de la ley que ellos acuñaron. Ahora vuelven con el mismo cuento de siempre pero recargado. Dicen que los senadores no deben aceptar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia en la materia, pues ningún poder está por encima de otro. Con ello pretenden que la nueva legislación sea una calca de la anterior.

Van más allá. Exigen que los medios públicos se regulen de la misma forma que hasta la fecha, sin vender espacios publicitarios. ¿Qué pasó con las bravatas de Ricardo Salinas Pliego de que cuál dinero público en la TV? Tampoco quieren que las radios comunitarias les hagan ningún tipo de competencia y sigan siendo sólo permisionarios, no concesionarios.

La cereza del pastel es que las concesiones sean vendidas al mejor postor. Dicen que una vez cubiertos los requisitos de capacidad técnica y tecnológica para usufructuar la señal, prevalezca el criterio de quien pague más. Eso fue precisamente el punto medular que declaró la Suprema Corte como inconstitucional. Al parecer no quieren entender que el pastel debe ser repartido entre más competidores. ¿Qué pasó con la libre empresa y el libre mercado? Puros cuentos.

Tampoco defenderán la libertad de expresión, pues para ellos ésta sólo está bien cuando ellos la utilizan y hasta la sobre utilizan a favor de causas personales y negocios privados. Dicen que el Senado debe legislar con mucho cuidado el derecho de réplica porque un abuso de éste pondría en peligro la libertad de expresión. Nadie exigirá un derecho de réplica si no es ofendido primero por los lectores de noticias, fielmente instruidos por sus patrones concesionarios. Es decir quieren seguir diciendo lo que se les pegue la gana sin mayor consecuencia y que el público sea el perdedor de su derecho constitucional. Si no les convienen las nuevas reglas con que dejen la concesión a otros que si la quieran asunto arreglado.

Al final fue verdad que la declaración de inconstitucionalidad de los capítulos medulares de la ley Televisa sí afectó los intereses del duopolio que se revuelca como tlaconete con sal. Se comprueba una vez más que los medios de comunicación mintieron por enésima ocasión.



El siguiente análisis fue tomado del periódico La Jornada.

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Fox, distracción y miseria


Luis Linares Zapata

El pesado camión con materiales de construcción avanza lentamente entre la niebla. Sube la escarpada ruta y se enfrasca con la terca lluvia que oculta los enormes huecos en el pavimento de la carretera. En la bajada, la pendiente coquetea con los abismos y los agotados frenos del vehículo le pueden pasar terrible cuenta, a pesar del esfuerzo del motor para lidiar con el sobrepeso. El destino de su carga, como otras muchas más que por esos parajes se mueven con premura e intensidad por estos gélidos días de montaña aporreada por vientos del Golfo, se usará, sin recato que valga, para comprar el voto de los inminentes electores poblanos.

Los bienes transportados, en este particular caso, fueron después apilados a la intemperie a un costado del auditorio de Huehuetla, una de las muchas cabeceras municipales de la sierra poblana. Se trata, en el malsano recuento final de esta pequeña historia, de asegurar la continuidad de las exclusiones, base de un extendido régimen de privilegios. Completar tan ingrata tarea es, sin miramientos, continuar con la postración de miles de indígenas, sumirlos en la miseria. Mutarlos en seres desvanecidos que habitan esa verde costilla que otea desde lejos al Golfo de México. Lares dejados a la vera de la mínima justicia, la educación, de los servicios públicos o cualquier otro programa productivo de los gobiernos en turno. El desamparo y los sufrimientos serán así destino casi manifiesto.

Con minucioso empeño, los tramposos de siempre acarrearán la grava, levantarán un cerrito de arena, apilarán los ladrillos y pondrán los negros tinacos en tétricas filas a la espera de aquellos futuros usuarios que empeñen su palabra para cambiarlos por votos. Un obsequio del cuestionado góber precioso (Mario Marín) para sus correligionarios de partido (PRI). Pertrechos que con urgencias le solicitan aquellos que pretenden una diputación local o la presidencia de un cabildo cualquiera para librar la cruenta batalla de los pequeños y grandes cubículos de poder.

En esta contienda ningún detalle adicional ha quedado sin ser explorado y cubierto. Por eso se preparó el profesor Alibeth Bonilla, desde que era presidente del tricolor en Caxhuacán, al comparecer, junto con una treintena de familias de la localidad, ante el juez menor de lo civil. Este personaje, ahora candidato a la presidencia municipal (ya la ocupó en una ocasión), cedió parte de un terreno ejidal con una serie de condiciones para los beneficiarios de su altruismo, entre ellas (cláusula 4) la de obligarse a pertenecer, ellos y sus descendientes, al PRI. Si por cualquier causa se desligaran de tal compromiso, perderían todos sus derechos a la donación (cláusula 6). Éste es, qué duda cabe, un documento para la historia del mapachismo que tanto daño hace al proceso democrático de México y un sólido argumento para la continuidad del fraude inveterado desde el cargo público o partidario.

Mientras eso sucede, los lugareños siguen padeciendo las inclemencias del mal tiempo en la sierra poblana. Sus habitantes, acostumbrados por centurias a las penas, contrariedades y los dolores que les impone la naturaleza, persisten y apenas sobreviven a su extrema pobreza. Los niños, con la infame camiseta de raído algodón (parece ser la misma que usan desde el día de su bautizo), resisten con esporádicos temblores corporales el frío que les perfora el aliento y los pulmones.

Toda una región postrada sin remedio aparente debido a la tragedia de los precios del café que se abate sobre una inmensa, bellísima zona del México profundo. Ése que permanece como fantasma de una coreografía que, de repente, entra en escena con típicos trajes multicolores en bailes y fiestas conmemorativas de batallas heroicas. El resultado también de una política agrícola inmisericorde que los abandona a su mala suerte. Sin ayudas, sin salidas, continuarán apelando a sus rituales, a dioses y santos inasibles o a la escasa conmiseración de una conciencia solidaria que les tienda la mano. Abrazados entre sí esperan ya poco de sus autoridades y, por desgracia, mucho de una esquiva divinidad.

Un norte, el número 5 de la temporada, se ha conjurado con la empaquetada humedad de siglos contra las humanidades de totonacas y otras etnias originales de estos casi inaccesibles parajes. Se aparecen, sigilosos y desconfiados, hombres ataviados a la usanza del calzón de manta y mujeres con un blanco tocado de fibra sintética calada. Caminan, descalzos unos y otras con huaraches, en cumplimiento de sus labores cotidianas o emperifolladas para una ocasión especial.

Pero, mientras los poblanos se preparan para sus elecciones del día 11 de los corrientes, en la cúspide de las elites un debate por demás “trascendente” tiene lugar. Alentado bajo cuerda desde la misma Presidencia de la República oficial se desarrolla un pleito de medios que, para su propio mal, inició el ranchero rencoroso y abusivo de Vicente Fox. En el fondo se discute y difunden los abusos que desde el poder depositado en el Ejecutivo federal hizo la tristemente pareja de Los Pinos. No sólo salen a relucir los pequeños latrocinios mal disimulados en comodatos y repartos de ranchos escriturados a hermanos e hijos, sino también, ahora se conocen a detalle, los indebidos trafiques de masivas influencias. Tal disputa se va llevando los últimos jirones de la buena voluntad que a Fox le guardaban algunos mexicanos.
El meollo del cambio prometido se convirtió en espuma. Su administración se deshizo en jirones de frivolidades que salían a raudales desde las famosas cabañas. Sólo resta la intrascendente gritería de un ex presidente que pasará a ocupar el lugar que merece, muy a pesar de los enormes recursos de que dispuso y los beneficios concedidos a los poderosos medios electrónicos. La desigual realidad, en cambio, continuará su marcha por un sistema, por un régimen depredador, patrón de una política económica que va consumiendo, sin conmiseración, lo poco que resta de valor en la vapuleada República de los mexicanos.

La mentira como principio y norma

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Desde que el pelele consiguió la candidatura del PAN a la presidencia de la república eligió la mentira como una forma de continuar con el “cambio” ofrecido por el ladrón Vicente Fox Quesada, y como una manera de lograr sus fines: hacerse de la silla presidencial “haiga sido como haiga sido”.

La campaña de miedo fue orquestada por el PRIAN y los poderes fácticos para evitar –a toda costa dijo en su momento la hoy señalada como ladrona: Marta Sahagún- que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia del país. Todos recordamos los anuncios publicitarios que declaraban a candidato del PRD como un peligro para México. Todos los males y más caerían sobre la población si éste llegara al poder.

Hicieron un gigantesco fraude electoral en 2006, convalidado por las “instituciones”, pese a las contundentes pruebas del hecho, como serán exhibidas por el documental “Fraude: México 2006” del cineasta Luis Mandoki a partir del próximo 15 de noviembre, y llenaron las pantallas de televisión y las estaciones de radio de mentiras. Vinieron los aumentos a la tortilla, la leche, la luz, verduras y vegetales, el gasolinazo, etc. Todo fue achacado a factores externos, nunca al proceso postelectoral. El pelele Felipe Calderón Hinojosa se dijo satisfecho de la economía si le aprobaban su parche fiscal.

Ahora que el propio Agustín “Tonina” Carstens reconoce que la recaudación no será la esperada con todo y parche fiscal –y todavía falta el decreto del usurpador Calderón Hinojosa que eximirá del pago de impuesto a sus compinches del fraude y que se hará público en la temporada decembrina- el espurio tiene otra visión. Una mentira más.


“Un México distinto”, seguro, limpio y democrático “el país comienza a cambiar”, se ufano hoy martes 30 de octubre de 2007 ante empresarios. Se dejó atrás el miedo y la zozobra generadas por la etapa postelectoral, aseguró. Ya no son “factores internacionales” los culpables de los indiscriminados aumentos a los productos de primera necesidad.

Pero los hechos desmienten las palabras carentes de algún sustento en la realidad. Hoy hay más pobres que hace un año. También más desempleados. Lo que tienen empleo están mal pagados. El encarecimiento de la vida es muy superior a las maquilladas cifras del Banco de México, cualquiera lo comprueba a diario a la hora de comprar artículos, bienes o servicios. El enojo popular está a la alza y no basta el linchamiento mediático del corrupto Fox Quesada para calmar los ánimos.

En resumidas cuentas el cambio del que se vanagloria el pelele Calderón Hinojosa es para mal. No importa cuanto gaste –de nuestros impuestos, claro- en campañas de publicidad en radio, televisión y prensa escrita, lo hechos, la realidad del país es esa. Pelelandia sólo esta en su cabeza, como Foxilandia en la del traidor Fox Quesada.




El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



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PRD-López Obrador: La ruptura

alvaro delgado

México, D.F., 29 de octubre (apro).- Es sólo cuestión de tiempo, semanas o quizá meses, pero la facción dominante en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Izquierda, podrá proclamar que ya nada tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, el dirigente y candidato que más votos ha dado a la izquierda en toda su historia.

Origen es destino: Nueva Izquierda --que comandan Jesús Ortega y Jesús Zambrano, alias los “Chuchos”-- es el viejo Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que desde su fundación, bajo el patrocinio de Luis Echeverría, fue comparsa del régimen, un patiño del PRI, como lo fueron, también, los partidos Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Rafael Aguilar Talamantes, el fundador del PST, “se convirtió al paso del tiempo en sinónimo de transacción política inescrupulosa, de opositor al gusto de los gobernantes, de dirigente dispuesto --a precio fijo-- al trabajo sucio”, según la descripción que hizo el periodista Oscar Hinojosa en entrevista con ese personaje, publicada en Proceso, en agosto de 1988, cuando reconoció patrocinios oficiales para existir como partido.

“Echeverría dio instrucciones a Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, para que nos proporcionara 30,000 pesos mensuales. Con esa cantidad, más un auxilio financiero que logramos con Fausto Cantú Peña (director entonces de Inmecafé, preso posteriormente bajo cargos de peculado), el PST pudo sostener su actividad durante un largo periodo.”

Aguilar Talamantes, quien como dirigente del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), traicionaría a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, reveló también en la entrevista con Hinojosa apoyos, aunque no monetarios, de José López Portillo:

“Nunca recibimos directamente de Echeverría ningún tipo de ayuda económica o material. Tampoco a través de Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, recibimos apoyo económico. Echeverría dispuso que la ayuda se proporcionara a través de la SEP, porque nos consideraba muchachos de corte estudiantil organizando un partido político. Tampoco recibimos ayuda material de JLP. A él le debemos haber sido leal y haber cumplido su palabra de que la reforma política que le propusimos la echaría a caminar.”

Por eso no hay que extrañarse: Aguilar Talamantes es el mentor de los “Chuchos”, los creadores de Nueva Izquierda, la corriente perredista que, paulatina pero consistentemente, fue escalando posiciones hasta tomar el control del aparato burocrático partidista y, casi como El Yunque en el PAN, secuestrar dirigencias y candidaturas en todos los estados.

Y así como El Yunque, también a Nueva Izquierda no le importa tanto ganar las contiendas constitucionales, sino sólo copar las plurinominales para usufructuar el poder mediante cochupos y transas, entre ellas legitimar ahora, por ejemplo, a Felipe Calderón.

La historia de los “Chuchos” no es, por ello, exitosa ante la base perredista, menos ante la ciudadanía: han hecho siempre victorias de todas sus derrotas. El caso más claro es el de Jesús Ortega: cuantas veces ha aspirado a presidir el PRD, como ahora ante Alejandro Encinas, ha sino derrotado, aunque ha obtenido siempre ganancias que los votos no le han dado.

Los “Chuchos” saben desde hace tiempo que el control de la estructura del PRD, en prácticamente todo el país, no garantiza en automático el triunfo de Ortega, y decidieron no ser ellos los que rompan con sus adversarios internos, los identificados con López Obrador, sino que sean éstos los que decidan --en una acción extrema-- dejarles la franquicia, que es la que les importa para su usufructo de facción.

Por eso la línea de comportamiento de los operadores “Chuchos” --cuyo cerebro no es Ortega, sino Zambrano-- es clara en el Congreso: más que hacer efectiva la fuerza constitucional que el electorado les dio por la fuerza de López Obrador, traducida por ejemplo en iniciativas que hagan distinto y distinguible el proyecto de izquierda con el de la derecha, han actuado como cabús del PRI y recipiendarios de las migajas de Calderón.

Si ante la toma de posesión de Calderón sólo procedieron a un hipócrita montaje, porque sabían que no hacer nada era exhibirse de antemano, pronto procedieron a lo que saben hacer: reuniones, a hurtadillas, con funcionarios federales, abyección inclusive hasta en la censura a una de las suyas, Ruth Zavaleta, quien hasta se toma de la mano de Margarita Zavala.

Ahora, a la hipócrita manera del gobierno federal ante la detención del líder oaxaqueño Flavio Sosa --presentado casi como el exterminador de la civilización occidental--, los Chuchos usan la estridencia deleznable de Gerardo Fernández Noroña para abonar a su plan de quedarse con la franquicia perredista y, a tono con los jilgueros de la derecha, negociar un acuerdo con Calderón.

Por eso el operador de los Chuchos en el Senado, Carlos Navarrete, habla ya de establecer un “pacto político y social” con Calderón, y hasta ofreció “la disponibilidad del PRD” para discutirlo, en un alarde de patrimonialismo semejante al de Víctor Hugo Círigo --esposo de Zavaleta, ambos Chuchos-- en la Asamblea Legislativa, cuando advierte que será ésta la que “diseñe” el presupuesto del gobierno local, “pésele a quien le pese”.

Cuauhtémoc Cárdenas se ha inscrito en la misma línea, no sólo de alianza con los Chuchos --quienes oportunistamente llegaron a proponer su jubilación y de lo que ahora él es amnésico--, sino de validar la adulteración de la voluntad popular que él mismo alegó en 1988 y que ahora sólo acredita que se trató de un engaño a quienes por él votaron sin saber que pactaba, a escondidas, con Carlos Salinas.

Así, la vía de colisión está clara: los Chuchos, que han resucitado por conveniencias mutuas a Cárdenas, han emplazado a la ruptura a López Obrador --quien como presidente del PRD desplazó al PAN como segunda fuerza electoral, en 1997, y el año pasado obtuvo la mayor votación de la izquierda en su historia--, pero sobre todo a mexicanos que ingenuamente pensaron que eran de convicciones robustas.

Y en efecto, tal como ocurrió en el proceso para integrar el Congreso Nacional, Nueva Izquierda --la “izquierda moderna”, según la derecha “moderna”-- podrá obtener otro triunfo quedándose con el PRD, pero no será el de la voluntad ciudadana, el único que da legitimidad, sino el puro cascarón.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Siempre la misma historia

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Las viejas practicas priístas de la “cargada” a favor del candidato oficial son repetidas sin mayor vergüenza por el panismo que en un tiempo se dijo enemigo jurado del PRI, señalado por ellos mismos como el causante de todos los males de México.

El traidor y ladrón Vicente Fox Quesada se ufanaba en aquellos días de finales de 2000 de haber sacado al PRI de Los Pinos, poco tiempo después de comprobaría que no sólo mintió, sino que además se apoyó en ellos para realizar sus fechorías.

Conforme el PAN comenzó a tener posiciones de poder en la política nacional sufrió la transformación que lo iguala con sus antiguos rivales. Es más, ahora se puede decir que el panismo supera cualquier expresión corrupta del priísmo.

De las concertacesiones se pasó a la mentira descarada –a mismo estilo del PRI y que fue una de las principales causas de su descrédito entre la ciudadanía-, a la corrupción a ojos vistas, negada hasta el cansancio por su principales miembros. Como si el negarla la borrara de la historia.

Ahora que el pelele Felipe Calderón Hinojosa necesita aunque sea legitimarse en su propio partido –pues ahí es donde cotidianamente le recuerdan su carácter espurio e ilegítimo- utiliza los mismos métodos del PRI. Echar mano de los recursos gubernamentales para comprar los votos a favor de quien estará a sus órdenes encabezando la presidencia de Acción Nacional.

A la luz de estos hechos –no son especulaciones, la información está a la vista y disposición de quien quiera consultarla- declaraciones como la del fallido rival del espurio Calderón Hinojosa, Santiago Creel Miranda son más que elocuentes:



“Porque queremos ver un PAN unido y fortalecido para enfrentar los retos legislativos y que Acción Nacional sea una fuerza política que gane elecciones.

“Ya que tiene un enorme liderazgo y convocará a la unidad partidista”.



Además rechazó que el proceso este diseñado para que gane el candidato del peleleCalderón Hinojosa, Germán Martínez Cásares. Ese mismo que se pasó 9 meses sentado cómodamente en su oficina de la secretaría pirata de la Función Pública, encargada de investigar a la mafiosa ex familia presidencial Fox-Sahagún. Al dejar el cargo expresó su deseo de que su sucesor –su mano derecha- se cumpla con el trabajo que él no realizó. Pocos días después cambió de parecer y dijo que será la historia la encargada de juzgar al transa Fox Quesada.

Entonces nos preguntamos ¿cuál liderazgo? ¿cuál honestidad? Esos son los tiempos actuales de mentiras, corrupción y ladrones amparados en las “instituciones”.


En seguida la segunda parte del reportaje de Blanche Petrich publicado en La Jornada, sobre la postura nacional de encarcelar a luchadores sociales por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionales.

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Criminalizar la protesta social, el pan de cada día

Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno


Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión

Blanche Petrich /II



Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.

Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.

Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.

El fracaso de la política

En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.

En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.

La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.

“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.

A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.

El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.

Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.

Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.

Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.

La magia de los apellidos*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Felipe Cobián, Verónica Espinosa y Miguel Ángel Infante

Una hebra más del enorme tejido de negocios tramado por los hermanos Bribiesca Sahagún y su madre al amparo del poder presidencial tiene por nombre José Felipe Tomé Velázquez. Se trata de un joven hombre de negocios originario de Irapuato, Guanajuato, “dueño” de un complejo residencial de superlujo que se construye desde hace dos años en Puerto Vallarta, Jalisco. Habitantes sobre todo de la primera ciudad no tienen dudas: Tomé Velázquez es “prestanombres” de Marta Sahagún y sus hijos.

PUERTO VALLARTA, JAL.- Es un mediodía de viernes. Un par de jóvenes robustos en traje de baño, hijos de magnates o magnates ellos mismos, conversan despreocupados entre sí, perdida su vista en la bahía. Uno está de pie; el otro, más obeso y quien luce una delgada barba de patilla a patilla, está sentado en un redondo y amplio mueble de mimbre, donde recibe masaje y caricias de una mujer.

Están en la desvanecida orilla de mármol travertino de una alberca que semeja a la playa misma. A sus pies, un espejo de limpísimas aguas azules donde se confunden mar y cielo se retrata y reproduce al infinito en las torres de cristal del lujoso desarrollo Residencial Península, que está a sus espaldas.

Personal de intendencia jura que al menos uno de esos personajes –primeros residentes de alguna de las tres torres, de 26 pisos cada una, del lujoso desarrollo residencial– era hijo de Marta Sahagún. “Uno de ellos viene seguido, a veces cada 15 días y es muy déspota”, asegura una mujer.

En el lobby, de blancos muros, columnas y piso de mármol, contrastan los tapetes hechos a mano con miles de retazos de carnaza bajo exóticas mesas de centro de troncos de árbol cortados a tajo y laqueados en negro. Vigilantes de alfarería –copias de los guerreros de terracota, como aquellos con los que una vez se retrataron Vicente Fox y Marta Sahagún en Xi’an, China, durante su periplo de gira oficial-luna de miel, con previa escala en Mongolia– y algunos enseres y pinturas modernas forman parte del decorado.

El conjunto, presidido por un centro comercial y con salón de apuestas, será realzado por una monumental fuente circular que lanzará el agua a decenas de metros de altura. Posee spa, gimnasio, un amplio y cómodo centro de negocios y club-bar para los residentes.

Lo componen tres esbeltas torres de 90 metros de altura –26 pisos– que “combinan una atmósfera de abundancia exótica con el diseño vanguardista y de alta tecnología”, según reza su publicidad. Los cristales templados de 12 milímetros de espesor “son a prueba de huracanes y sismos”, dicen los promotores de ventas.

Cada uno de los edificios, cuya construcción se inició hace dos años, tendrá 94 departamentos –cuatro por piso, en un área total de más de 900 metros cuadrados–, con dos y tres recámaras, cuarto de servicio y dos baños terminados en granito. Tendrán cocina integral con cubiertas también de granito importado y acabados en maderas finas.

La amplitud va de los 187 metros cuadrados a los 287. Sus precios varían de 400 mil a casi 700 mil dólares. En la cima hay, aparte, dos penthouses cuyos precios –todo de contado– superan los 900 mil dólares.

En una caseta de vigilancia, guardias privados impiden el paso a los extraños, salvo los propios condóminos o las personas interesadas en alguno de los pocos departamentos que quedan de un total de los 192 construidos, incluidos cuatro penthouses, y de los 96 que están en proceso en la tercera torre. Los posibles clientes deben ir acompañados de un vendedor de la promotora Lemmus; unos y otros tienen que identificarse plenamente y anotarse en el libro de visitas.

“El prestanombres”

Entre las fuentes consultadas en el entorno de Residencial Península y en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, existe la certeza de que los hermanos Bribiesca y su madre, Marta Sahagún, forman parte del negocio que representa Residencial Península, S.A. de C.V.

El eslabón fundamental que los une al negocio, indican esas fuentes, es José Felipe Tomé Velázquez, un contador público de tan sólo 33 años de edad, de ascendencia libanesa y exitoso empresario del ramo maquilador textil.

Más aún, los informantes consultados señalan a Tomé Velázquez como “el prestanombres de Marta Sahagún”.

El empresario forma parte de una reconocida familia de Irapuato, algunos de cuyos integrantes son también prominentes hombres de negocios y tienen mucha influencia en la vida económica y política de la región.

Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Cuando murió su padre, a mediados de los noventa, se hizo cargo de las empresas que le dejó, junto con pesadas deudas que tuvo que afrontar junto con su madre, Bertha Guillermina Velázquez Verdad, conocida en la alta sociedad irapuatense como La Mema, muy vinculada a trabajos altruistas en la ciudad.

La familia pidió préstamos a los bancos para saldar deudas y salvar sus empresas, entre éstas varias maquiladoras textiles y una fábrica de pantalones de mezclilla de exportación.

Al parecer fue por medio de La Mema como José Felipe conoció a Vicente Fox cuando éste era gobernador de Guanajuato. Se dice que Fox quedó gratamente impresionado por el empuje del joven empresario, con quien inició una amistad. Este vínculo coincidía con el interés de la administración de Fox por fomentar las maquiladoras, incluso con incentivos económicos. El gobernador incluso lo invitaba con frecuencia a sus giras internacionales como parte de la comitiva empresarial.

En una gira que hizo Fox cuando pidió licencia para separarse de la gubernatura para ser candidato del PAN a la Presidencia, uno de sus eventos tuvo lugar en una de las maquiladoras de los Tomé Velázquez en la comunidad de Malvas, en Irapuato.

Entre personas del círculo del empresario también hay versiones en el sentido de que cuando Fox ganó la Presidencia de la República, le ofreció a José Felipe un cargo en el gabinete, pero éste declinó la invitación. Sin embargo, ambos continuaron su relación de amistad.

La versión que circula en Irapuato –donde ya no reside de fijo, pues ahora vive en Guadalajara– es que su relación de negocios no es con Fox, sino con Marta Sahagún.

Fue más o menos a principios del sexenio foxista cuando Tomé Velázquez fue haciendo a un lado la maquila para incursionar en el negocio inmobiliario.

Todas las facilidades

El desarrollo habitacional de súper lujo en el que presuntamente tienen participación los Bribiesca Sahagún, la madre de éstos y José Felipe Tomé es muy parecido a los que existen en la costa de Miami, Florida. Consta en realidad de cuatro edificios: el centro comercial y las tres torres –la tercera está en construcción y su estilo rompe con la arquitectura típica de Puerto Vallarta.

Su construcción se inició en 2005 con inusitada rapidez y contó con todo tipo de permisos oficiales, que fluyeron sin contratiempos aun cuando eso implicó invadir, así como modificar el cauce y la desembocadura del río Pitillal, sobre todo en su margen derecha. Para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Vallarta, esta celeridad en lo que respecta a trámites y facilidades constituye un hecho insólito.

En ese año, el entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, Gustavo González Villaseñor, apoyado por la mayoría priista en el cabildo, aprobó un nuevo plan de desarrollo urbano que permitió el cambio de uso de suelo en zonas exclusivamente hoteleras para convertirlas en habitacionales.

A raíz de ello, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Óscar Abel Rivero Estrada, presentó en los primeros meses de 2006 una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de los regidores, incluido el alcalde, y del síndico Miguel Ángel Yerena Ruiz. También presentó una solicitud ante el Congreso de Jalisco para que se le fincara un juicio político a todos los funcionarios que participaron en el cambio de uso de suelo, entre ellos Carlos Manzano, titular de Planeación Urbana, el secretario Antonio Lugo y otros funcionarios municipales.

Esa autorización de cambio de uso de suelo también favoreció al constructor Elías Saccal, quien en la margen izquierda (sur) del río Pitillal, en vecindad con las torres de Residencial Península, tiene en proceso de construcción otras tres torres de dimensiones similares a las anteriores, en el desarrollo Grand Venetian.

Sin embargo, fuentes de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostienen que mientras por un lado se ejerce una estricta vigilancia en contra de Grand Venetian en cuanto a permisos de construcción, altura de los edificios, impacto ambiental y respeto de zonas federales, Residencial Península fue dejado en completa libertad para establecerse. “No sabemos por qué goza de tantos privilegios”, dicen.

Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, este semanario solicitó información al ayuntamiento vallartense en lo que atañe a las licencias municipales. Sin embargo, la presidencia municipal no solamente negó estos datos, sino que mantiene un hermetismo sistemático en todo lo referente al desarrollo habitacional.

La empresa Residencial Península, S.A. de C.V., fue constituida con un capital social de tan sólo 100 mil pesos, pero sus inversiones aquí –la compañía anunció también la construcción de un desarrollo similar en Cancún, donde se dice que afectaría un manglar– oscilan entre 100 y 120 millones de dólares. Una de las tres torres del conjunto está totalmente concluida. La segunda está a punto de terminarse y la tercera, que se destinará parcialmente a un exclusivo hotel, lleva casi 20% de avance.

De acuerdo con la escritura pública número 37164, fechada el 7 de enero de 2005, los propietarios de la compañía inmobiliaria son el propio Tomé Velázquez, en su calidad de apoderado general de Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., y el arquitecto Alejandro Báez Meza. El primero con 999 acciones de 100 pesos cada una, y el segundo con una acción de 100 pesos.

El notario público suplente Luis Robles Brambila, adscrito a la Notaría 18 de Guadalajara, elaboró el documento correspondiente.

Según el acta pública, el predio en donde se asienta Residencial Península tiene una superficie de 56 mil 800 metros cuadrados, 30 mil de ellos ganados al mar, según sus antiguos propietarios, quienes posteriormente lo vendieron a sus actuales dueños. Alejandro Báez Meza hizo diversos trámites oficiales ante dependencias como la Semarnat, el ayuntamiento e incluso la Comisión Nacional del Agua, por el hecho de que el terreno colinda con la playa y el río Pitillal.

José Felipe Tomé declaró ante el notario ser de Irapuato, Guanajuato, soltero y contador público. Dijo que nació el 21 de mayo de 1974 y puso como su domicilio las oficinas administrativas del centro comercial Galerías de Zapopan, ubicadas en el número 150 de la calle Rafael Sanzio, inmueble aportado por Báez Meza, también originario de Irapuato, aunque 10 años mayor que el primero.

Originalmente, la empresa Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., tuvo su sede en la Ciudad de México y formó parte del consorcio constructor Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pero fue vendida cuando empezó a tener problemas económicos. Tomé Velázquez y su familia decidieron adquirirla y trasladaron la sede a Irapuato, por medio de una asamblea ordinaria efectuada el 17 de septiembre de 2001.

En esa misma fecha se protocolizó la renuncia de quienes fungían como integrantes del Consejo de Administración: Bernardo Quintana Isaac, Jorge José Borja Navarrete, José Luis Guerrero Álvarez, Sergio Montaño León, Saturnino Juárez Reynoso, Bernardo Sepúlveda Amor, Luis Fernando Zárate Rocha, Jorge Aguirre Quintana y el secretario y prosecretario, Luis Carlos Romendia Díaz y Quirico Gerardo Seriña Garza, respectivamente. También renunciaron los contadores Joaquín Gómez Álvarez y Arturo García Chávez como comisarios propietario y suplente.

Así mismo, se nombró como comisario al priista José Aben Amar González Herrera, abogado irapuatense que fue secretario de Gobierno y alcalde de Irapuato (escritura 33558), y compraron las acciones Guillermina Velázquez de Tomé, Gustavo Felipe Tomé Velázquez, José Felipe Tomé Velázquez y Juan Carlos Pérez Aceves. En el acto se otorgó poder amplísimo y general a José Felipe Tomé.

En una asamblea extraordinaria, según escritura 3385 del 12 de mayo de 2004, se acordó un aumento del capital social en 50 millones de pesos. En una asamblea extraordinaria (escritura 1957, inscrita el 15 de diciembre de 2005), los nuevos socios acordaron la escisión de la sociedad, sin que ésta se extinguiera, para transmitir parte de los activos, pasivos y capital social a otra denominada Citicapital, S.A. de C.V., “por conveniencia legal y patrimonial”, según se asentó en el registro.

Citicapital fue la constructora de Plaza Galerías en Guadalajara y ahora lo es de Residencial Península.

Según consta en la escritura 1886 del 7 de diciembre de 2005, Administradora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V. –accionista a su vez de Desarrollo Comercial León–, vendió acciones al hermano menor de José Felipe, Gustavo Tomé Velázquez, quien a su vez vendió otras acciones a diferentes compradores. Así mismo, José, María Graciela y Paola del Carmen Tomé Rodríguez, primos de José Felipe y de Gustavo, le donaron acciones a su padre, José Tomé Elías, hermano de Felipe Tomé, fallecido hace 15 años y padre de los Tomé Velázquez.

José Tomé Elías, de 62 años de edad, fue detenido en Irapuato por órdenes del Juzgado Séptimo de lo Penal de Tlalnepantla (Causa 207/2007-1) a principios de octubre y conducido a una prisión del Estado de México, en donde permaneció al menos dos semanas debido a un presunto fraude por 70 mil dólares cometido en agravio de Textiles KN de Oriente, S.A. de C.V., propiedad de su socio Kamel Nacif, quien fue acusado de pederastia por la periodista Lydia Cacho.

En asamblea extraordinaria, según escritura 1879 inscrita el 7 de diciembre de 2005, Guillermina Velázquez viuda de Tomé se retiró de Desarrollo Comercial León y donó sus acciones a sus hijos José Felipe y Gustavo Felipe Tomé, que representan un capital de 60 millones 800 mil pesos. Al mismo tiempo el capital social se incrementó en 10 millones de pesos. José Felipe y Gustavo se quedaron con 3 millones 900 mil acciones cada uno, en tanto que María Graciela y Paola Tomé Rodríguez se quedaron con 333 mil 333 acciones, cada una con un valor de un peso.

En lo que se refiere a la presunta relación de negocios entre Tomé Velázquez y los Bribiesca Sahagún, se les identifica como propietarios del centro comercial Plaza Galerías de Guadalajara (Operadora Galgua, S.A. de C.V.), en sociedad con el michoacano Enrique Ramírez Villalón, dueño de Cinépolis, así como con el español Manuel Ramón Asís Orta, entre otras personas. (Con información de Gloria Reza.)

*Tomado de la revista Proceso.


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Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas**

Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista


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En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta

En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.

Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.

En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.

A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.

Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.

Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.

En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.

En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.

**Tomado del periódico La Jornada.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Omar.

Jaime Avilés
jamastu@gmail.com



Zedillo: crimen de Estado
Se cumplen 10 años de la matanza de Acteal

Hay que juzgarlo junto a sus tres cómplices

Implicados, Chuayffet, Ruiz Ferro y militares

He leído (con tapones en la nariz) la primera parte del texto de Héctor Aguilar Camín sobre la matanza de Acteal (Nexos de octubre), que a partir de una serie de testimonios a modo, recopilados por la PGR, el gobierno de Chiapas y el Ejército, pretende reconstruir el clima político imperante en la zona de los Altos, antes de la mañana del 22 de diciembre de 1997, cuando fueron asesinadas, y en algunos casos descuartizadas a machetazos, 45 personas que oraban en una ermita del municipio de San Pedro Chenalhó.

Aguilar Camín vuelve a utilizar una técnica de montaje documental que Nexos ya había puesto en práctica para mostrar a los combatientes del EZLN como violadores de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas que no participaron en la insurrección de 1994. Esa misma técnica fue la que a su turno empleó el historiador Carlos Tello Díaz en La rebelión de las cañadas, un libelo confeccionado con filtraciones del Cisen, delaciones de un desertor de la comandancia zapatista y datos de otros informantes de la misma estofa.

El explícito, como puede comprobarlo quien hojee Nexos, aspira a demostrar que la matanza de 1997 fue un acto legítimo de defensa propia, al que no tuvieron más remedio que acudir las “víctimas” de los abusos cometidos por los filozapatistas en la región. O a reforzar, con otras palabras, la vieja tesis oficialista, la del conflicto entre dos comunidades “por la disputa de un banco de arena”, según la cual, en el episodio nada tuvo que ver el gobierno de la República.

Aunque todavía no llega tan lejos en lo que se ha publicado hasta ahora, no se necesita una bola de cristal para anticipar que hacia allá se dirige la publicación en pos de su segundo objetivo, el implícito, y que no pretende sino desvirtuar de antemano las exigencias que ya está formulando la sociedad civil para que dentro de dos meses, cuando se cumplan 10 años de la matanza, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet Chemor, el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y el general Mario Renán Castillo, ex jefe de las tropas federales en Chiapas, sean detenidos, juzgados y castigados como notorios responsables de un crimen de Estado que en su momento horrorizó y avergonzó a la humanidad.

Qué bueno que los intelectuales orgánicos del régimen reabran el caso Acteal, porque ello permitirá no sólo revisar de nuevo un asesinato colectivo, concebido, preparado y ejecutado con fines eminentemente estratégicos –para concretar la ocupación militar de los Altos, que nada justificaba hasta ese momento–, sino examinar otra vez, y con mayor perspectiva, la gestión de Zedillo, autor intelectual del Fobaproba, el mayor atraco perpetrado contra el patrimonio de los mexicanos, y arquitecto del puente inconcluso a la “transición”, que en realidad condujo al país a la catástrofe del foxismo.

Acerca de esto reflexionaba, conmovido, el pasado lunes por la mañana, recorriendo las instalaciones del flamante memorial de Tlatelolco que en ese instante inauguraba el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en compañía del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon; de Elena Poniatowska y de algunos protagonistas del movimiento estudiantil de 1968, en la planta baja de la antigua torre de la cancillería, frente a la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió la matanza del 2 de octubre.

El edificio, que pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores y quedó en manos del gobierno capitalino durante el sexenio pasado, fue entregado a la UNAM por Andrés Manuel López Obrador, cuando gobernaba el Distrito Federal, para que allí se erigiera un centro cultural en recuerdo de la lucha de la inteligencia contra el despotismo, así como de la represión que la aplastó, convirtiendo a los estudiantes de aquella generación en modernizadores de la vida pública del país.

Bajo la dirección de Sergio Raúl Arroyo, ex titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que renunció a ese cargo tras oponerse a los intentos de saqueo de Vicente Fox y Marta Sahagún en algunos museos de sitio, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ha reunido un centenar de testimonios audiovisuales de personajes destacados de aquella lucha, analistas políticos y actores colaterales, como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, diseñador de la torre de la cancillería, que se pueden consultar en computadoras dispuestas para tal efecto.

Asimismo, ofrece una cronología del conflicto que estalló a fines de julio de 1968, al suscitarse un pleito entre estudiantes de una preparatoria y una vocacional, y de su vertiginoso desarrollo a lo largo de agosto y septiembre, que cimbró al sistema político en sus cimientos en medio de una represión creciente que sólo podía desembocar en el asesinato de cientos de jóvenes. Ilustrado con espléndidos videos, películas, fotografías, canciones, carteles, periódicos, revistas y volantes de la época; se trata de un elocuente y estremecedor discurso museográfico que estuvo a cargo de un brillante equipo de historiadores conformado por Álvaro Vázquez Mantecón, Alejandro García, Juncia Avilés, Ximena Molina, Cinthia Velázquez y Andrea Navarro.

De acuerdo con la idea original tanto del rector como de sus creadores, este espacio continuará añadiendo elementos a su acervo –en breve será puesta en exhibición la puerta de la escuela de San Ildefonso destruida por un bazucazo del Ejército, por ejemplo– y pronto, sin duda, se transformará en un nuevo escenario de la política y la cultura. Hay que visitarlo y comprobar que ante todo es un lugar sumamente emocionante, que inspirará las luchas de las próximas generaciones, y que renovará el optimismo y la esperanza de quienes hoy combaten por la democracia, la libertad y la justicia desde las filas de la APPO, la Convención Nacional Democrática (CND), Atenco, las comunidades indígenas y tantos frentes de batalla cívica más, y a diario reciben los insultos, el desprecio, el odio y la violencia del régimen golpista, como en su momento lo sufrieron los héroes del 68, cuya dolorosa victoria es desde ya precursora de la nuestra.

Si en la construcción del memorial de Tlatelolco tuvieron un papel decisivo quienes se obstinaron en llevar a juicio a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, ahora, para poner la primera piedra del monumento a las víctimas de Acteal y garantizar que nadie jamás olvide ese crimen de Estado, hay que movilizarse desde ya para encausar penalmente a Zedillo y sus cómplices. Buena ocasión para ello podría ser el próximo domingo 18 de noviembre, en el Zócalo, cuando se celebre la tercera asamblea de la CND, que será encabezada por López Obrador.


*Tomado del diario La Jornada.

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La otra palabra y las tergiversaciones sobre Acteal

R. Aída Hernández Castillo*


A casi 10 años de haberse cometido una de las masacres más sangrientas en la historia reciente de Chiapas, los intentos por rescribir los acontecimientos para negar la responsabilidad gubernamental han causado la indignación de los sobrevivientes y de los familiares de los 45 hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente por grupos paramilitares en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, el 28 de diciembre de 1997.

El artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, el anunciado libro de Eric Hugo Flores y el intercambio de cartas en El Correo Ilustrado de La Jornada, han puesto en el centro del debate viejos argumentos que pretenden presentar la masacre como producto de pugnas intracomunitarias. A pocas semanas de acontecida la masacre, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas visitaron las oficinas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste, en San Cristóbal de las Casas, en aquel entonces bajo mi dirección, para solicitarnos un estudio en el que explicáramos “la manera en que las prácticas culturales de los tzotziles de San Pedro Chenalhó permitían entender los rituales de guerra utilizados en la masacre de Acteal”. La manera en que se planteó la “pregunta de investigación” provocó el rechazo de todos los investigadores de mi centro de trabajo, que se rehusaron a colaborar con un estudio así.

Preocupadas por la manera en que los argumentos culturales podrían ser utilizados para justificar la masacre, o al menos para deslindar a los poderes locales de sus responsabilidades políticas, un grupo interdisciplinario de investigadoras que veníamos laborando en la región nos dimos a la tarea de preparar un trabajo académico de divulgación que permitiera contextualizar la masacre en el marco de procesos políticos y sociales más amplios. El libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal, publicado dentro de la serie Textos Urgentes del CIESAS (1998), a sólo cuatro meses de acontecida la masacre, reconstruye con base en una investigación histórica los vínculos entre los grupos de poder locales y los cacicazgos indígenas y nos permite entender las condiciones sociales que posibilitaron la creación de grupos paramilitares en la región de San Pedro Chenalhó.

La violencia utilizada en la masacre, las armas de alto poder y las botas militares que portaban los perpetradores rompían con las características de los conflictos intracomunitarios descritos por investigadoras como Ana María Garza y Graciela Freyermuth, quienes durante años habían analizado la violencia de género en ese municipio. Sus trabajos en este libro nos muestran que hasta antes de la masacre de Acteal la violencia nunca se había manifestado de manera masiva contra grupos de niños y mujeres, y las mutilaciones corporales habían estado ausentes de los conflictos comunitarios. Los “rituales de guerra” que la Comisión de Derechos Humanos pretendía “contextualizar culturalmente” eran muy similares a los descritos por el antropólogo Ricardo Falla en su obra Masacres de la selva, y apuntan más bien a una cultura de la contrainsurgencia, que tiene sus raíces sobre todo en los centros de adiestramiento de tropas especiales en Centroamérica y Estados Unidos.

Durante ese mismo año un semanario nacional publicó un artículo negando el alto nivel de violencia utilizado en la masacre, la existencia de mutilaciones corporales y el asesinato de mujeres embarazadas, poniendo en tela de juicio las denuncias de los sobrevivientes. La abogada Martha Figueroa, representante legal de las viudas y huérfanos de Acteal, colaboradora de nuestro libro, tuvo acceso a los reportes de las autopsias de los masacrados, que corroboran las historias de terror narradas por los sobrevivientes. La duda, sin embargo, había sido sembrada en la opinión pública, y por lo visto nuestro trabajo no logró contrarrestar a los ideólogos del Estado, que 10 años más tarde regresan a la hipótesis de las “pugnas intracomunitarias” para justificar la impunidad y evitar que se castigue a los verdaderos responsables al más alto nivel estatal y federal.

* Doctora en antropología, investigadora del CIESAS

** Publicado en el periódico La Jornada.

Impunidad garantizada

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Univeresal, Helioflores.

Ante el cúmulo de hechos que implican el robo, la corrupción y el tráfico de influencias, además del enriquecimiento ilícito de la expareja presidencial y sus familiares, el traidor Vicente Fox Quesada se escuda en la impunidad que le otorga el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y quienes por ley están obligados a ejercer e impartir justicia.

Son semanas sin que hasta el momento la presidencia pirata fije su postura al respecto. Y no es que quiera hacerlo, está obligada por ley, pues los delitos de que se le acusa al salvaje de Guanajuato y a su familia se persiguen de oficio, pero si eso no bastara está la denuncia formal del senador perredista Ricardo Monrereal, presentada ante la PGR, misma que duerme el sueño de la complicidad y corrupción.

Se prefiere el desgaste de la imagen del bravucón ratero al ejercicio de la ley y el respeto al Estado de derecho. En la historia reciente de México nunca se había visto tamaño cinismo a ojos vistas y con innumerables pruebas documentales, testimoniales, videográficas y de los implicados, sin que se aplique la ley.

¿Qué se puede esperar del pelele Calderón Hinojosa si fue impuesto ahí precisamente para cuidar esa impunidad? ¿Dónde están las voces de los empresarios y lectores de noticias que se desgañitaban diciendo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, además de un violador del Estado de derecho? ¿Por qué no exigen que la exfamilia presidencial y todos sus amigos den con sus huesos en la cárcel, como lo pedían a gritos para López Obrador?

Un mismo país, dos proyectos distintos de nación y los mismos ladrones y corruptos de siempre.


A continuación una nota tomada del diario El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/155364.html

Cabañas de Fox fueron amuebladas con lujos

Resultados de auditoría consignan compras de enseres de altos precios


Alberto Aguirre M.
El Universal
Viernes 26 de octubre de 2007
politica@eluniversal.com.mx



Sin restricciones financieras o administrativas al confort presidencial, desapareció la distancia entre los almacenes de superlujo de Polanco y las cabañas de Los Pinos en el sexenio pasado.

Desde 2001, la residencia presidencial contó con estéreo lifestyle de la marca Bosé; por él se pagaron 3 mil 304 dólares (36 mil 350 pesos, al tipo de cambio vigente en 2000), de acuerdo con datos de las auditorías.

El centro de música consta en la factura que DTA Group dio a Myo, empresa subcontratada por el arquitecto Humberto Artigas del Olmo para equipar cabañas remodeladas para el Presidente de México y su familia.

Artigas es cercano a José Fox, quien lo introdujo al círculo de Los Pinos para remodelaer las cabañas.

En tanto, la tienda especializada ubicada a 700 metros de Los Pinos, cobró 11 mil 923 dólares por 10 bienes, entre ellos tres televisiones de plasma.

No fue la única tienda de lujo visitada por los proveedores de Los Pinos. De Kadensa, almacén en la calle de Alejandro Dumas, surtió dos sillones color beige, en 18 mil 810 pesos, y Corporación Horizonte, de Moliere, vendió un tapete en 7 mil pesos.

Nada se escatimó para que el ex Presidente de México tuviera mobiliario de lujo en Los Pinos. Decorada por Artigas del Olmo, la residencia tuvo un comedor de 10 sillas que costó 129 mil 950 pesos y la alcoba presidencial estuvo coronada por una cama de 63 mil 250 pesos.

El desglose de los artículos aparece en el informe de la auditoría especial a las obras de remodelación en Los Pinos. EL UNIVERSAL obtuvo una copia de ella.

Datos oficiales

En el expediente están los contratos 267-00 y 268-00, que se adjudicaron directamente a Myo y sumaron 4 millones 684 mil 896 pesos, el presupuesto original de la empresa del 20 de diciembre de 2000 y dos listas de los artículos entregados por proveedor, con sus respectivos costos.

Los decoradores de Los Pinos montaron un gimnasio con una caminadora de 11 mil 547 pesos y una bicicleta de 10 mil 350 pesos.

El constructor hizo que el gobierno federal pagara 199 mil 911 pesos por una cortinas electrificadas y operadas por control remoto y 98 mil 270 pesos por un refrigerador. Consiguió una mesa de mármol en 36 mil 800 y un mueble para televisión en 24 mil 887 pesos.

El equipo administrativo de Fox calculó 5 millones de pesos para 475 artículos destinados a las dos cabañas de la casa presidencial. Pero el proveedor rebasó su estimación: entregó mil 159 accesorios; de ellos, 966 no habían sido requeridos, detalla la documentación.

En la casa presidencial ordenaron una caja de puros con las iniciales grabadas del político guanajuatense; el gobierno federal pagó por ella 3 mil 850 pesos; cubrieron 103 mil 200 pesos por cuatro sillones; 61 mil pesos por unas cabeceras de piel; 63 mil 250 por una cama; 125 mil pesos por un comedor, con sus 12 sillas incluidas; 63 mil 250 por un baúl para la cama, con todo y elevador... Hasta le dieron una cava con vinos de mesa y botellas de ron, brandy, tequila y whisky.

Lo que no apareció en las listas es la toalla importada de 4 mil pesos originalmente presupuestada y que dio origen al llamado Toallagate.

“Las adquisiciones se efectuaron en forma directa, con justificación poco sólida; se otorgó financiamiento al proveedor, al autorizar un anticipo que no cumplía con los requisitos normativos aplicables, (algo) inusual en este tipo de adquisiciones; se incumplió con el contrato, al recibir y pagar artículos no contemplados”, remarca la auditoría.

Retrato de familia

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo y Helioflores.

El cinismo de los empresarios que se creen dueños del país no tiene límites. Son como el traidor y ladrón de Vicente Fox Quesada, capaces de mentir y creer sus propias mentiras. También pretenden que los demás las creamos y para ello utilizan todo su poder económico, político y de los medios de comunicación.

Unos de los casos emblemáticos es el de Ricardo Salinas Pliego, el mueblero mediocre que sirvió de prestanombres a la familia Salinas de Gortari para hacerse de la concesión –que no de la propiedad de la señal, del espacio radioeléctrico- de Imevisión, hoy TV Azteca. Este oscuro empresario resultó beneficiado por el zedillismo, que encarceló al hermano incómodo (Raúl Salinas de Gortari) del pelón Carlos Salinas de Gortari y con ello evitó que el clan ejerciera su dominio sobre esa cadena de televisión vendida a un precio de ganga a un personaje que ni idea tenía –ni tiene- del negocio.

Después de 15 años TV Azteca, sigue manteniendo la misma teleaudiencia a la par que perdió la oportunidad histórica de llenar el hueco dejado por el desencanto del público ante lectores de noticias tan nefastos como Jacobo Zabludovski. Lo único que ha mejorado es su cadena de muebles, pues se anuncia a toda hora en los dos canales que posee. El banco que le otorgó el corrupto Fox Quesada, sirve para esquilmar a los más pobres, al igual que la cadena de tiendas de muebles y artículos para el hogar. En la telefonía no avanza y si en cambio hace negocios sucios para tapar sus pésima visión como empresario. En pocas palabras se trata e un personaje mediocre con una gran concesión que ha sido el motor de su gran fortuna, sin ella no sería más que otro mediano empresario que nadie pelaría.

Entrevistado por Mauricio González Lara el empresario de marras dice perlas como las siguientes:

“Por ejemplo, ahora está de moda decir que la televisora es un bien público…

“¡A toda madre! ¿Cómo bien público? ¿Y dónde está el dinero público? Están muy mal, son unos mentirosos y ladrones, nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses. Así que la empresa no es un bien público, es de sus accionistas.

“Muchos no están en esa sintonía, muchos políticos creen que la riqueza nomás existe y que su chamba es repartirla. Se les olvida que hay que producirla, que no es fácil; se les olvida que los empresarios necesitan de incentivo, apoyo y apapacho. Ellos piensan que ahí van a estar trabajando como esclavos, y no es así. Y ahí es donde ves la gran diferencia entre los climas de inversión en distintos países. Así que yo no creo que aquí el gobierno tenga totalmente claro eso.

“Los empresarios sí, pero no nos preguntan, simplemente suben los impuestos, aumentan las regulaciones y nos desanima la clase política. Y bueno, unos aguantamos más que otros.

“Mira, el agua es un bien público. Dios da el agua, pero no la entuba. El agua hay que llevarla a la comunidad, y eso cuesta. Efectivamente, el espectro radioeléctrico es un bien público. Yo soy concesionario de un espectro, pero soy propietario de los edificios, de las cámaras, de las casa de producción, de las editoras. Eso no es parte del bien público. ¿Me entiendes? Es curioso, porque a los políticos les encanta decir eso (que es un bien público), pero no quieren estar en el 22, ni en el 11, ni en el 34, quieren estar en el canal 2 y en el canal 13 a las nueve de la noche, ¡en mi telenovela! Somos concesionarios del espectro, el cual está regulado por reglas claras que seguimos y respetamos, pero eso no les da derecho a los políticos sobre los contenidos y la infraestructura.

“Nosotros tratamos de ser una televisión incluyente y nuestro pueblo es lo que es. Estoy muy orgulloso de La Academia. Ya llevamos cinco generaciones y es un programa muy exitoso. Me parece que el tema es impecable: la lucha de unos jóvenes por ser excelentes y sobresalir. Es el mejor ejemplo de movilidad social, ¿qué más que eso? La Academia nos ha dado muchas satisfacciones y también mucho dinero. Ojalá podamos inventar más de esos.

“No necesariamente. Hay muchas audiencias que no son valoradas por los patrocinadores. Nosotros teníamos un programa llamado Ciudad Desnuda, que era muy visto y que denunciaba la criminalidad en las colonias populares. Ese programa no se pudo vender, porque a los patrocinadores les daba escozor. Es muy curioso, porque en Estados Unidos no hay ningún escozor; no importa qué clase de porquería hagas, si tiene audiencia, te la compran. Aquí todavía hay discriminación por parte del empresariado en ese sentido”.

El Estado de derecho, las leyes, la propia Constitución tienen sin cuidado a quien, hace 15 años hacía largas antesalas para que fuera recibido por los que ahora denosta en un de ejercicio de ignorancia, soberbia e ilegalidad. Pero sus declaraciones –al igual que al otro ignorante, el salvaje e Guanajuato- nos dan una oportunidad inmejorable de conocerlo, pues sus palabras lo dibujan de cuerpo entero.



A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.



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Plan México


josé gil olmos

México, D.F., 24 de octubre (apro).- “El Chapo” se ha convertido en un mito. Entra y sale de restaurantes como cualquier ciudadano. Salvo que cuando llega, a todos los comensales les recogen los celulares y, al final, comen gratis, a manera de una disculpa de uno de los principales narcotraficantes del país.

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” por su baja estatura, no hace mucho estuvo en un restaurante de Piedras Negras. Dicen que antes de que llegara, un grupo de escoltas entró en formación diamante, la cual sólo usan los militares. El lugar fue de inmediato cerrado y a todos los comensales les pidieron sus teléfonos celulares. Después entró “El Chapo” en medio de la hilera de guardias y tomó una mesa.

Cuando alguien quería ir al baño, uno de los escoltas lo acompañaba, así que muchos decidieron abstenerse las tres horas en que estuvo el jefe del cartel de Sinaloa.

Afuera del lugar lo guardaba otro grupo de guardias y otros más que formaron varios círculos de seguridad en las calles aledañas. De esa manera detectaban a cualquier grupo policiaco o militar en varios kilómetros alrededor.

Al final de la cena, como si fuera maestro de ceremonias, en un tono educado, el propio Joaquín ofreció una disculpa a los comensales. Les dijo que lamentaba mucho los inconvenientes, pero que las medidas eran también para su seguridad. Les pidió que hasta después de tres horas de su salida, usaran su teléfono y que sus números los tenían registrados.

Para finalizar su discurso, les dijo que no se preocuparan de sus gastos; que sus cuentas serían cubiertas por él, y que si querían quedarse un rato más, su consumo también sería cubierto.

Como esta anécdota hay muchas en el norte del país. “El Chapo” anda suelto haciendo sus negocios por varios estados sin que las autoridades federales apliquen alguna estrategia para detenerlo. Es evidente que las propias autoridades cierran los ojos o se voltean hacia otras partes para no percatarse de lo que hace el sinaloense. Lo mismo que hicieron cuando se salio del penal de alta seguridad supuestamente debajo de un carrito de comida.

Hoy que el gobierno de Felipe Calderón festeja de antemano que George W. Bush ha solicitado al Congreso norteamericano una partida especial de mil 400 millones de dólares para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico en los próximos tres años, las anécdotas de las andanzas de “El Chapo” y otros capos del narco en México nos ubican en que la naturaleza del problema no está en falta de inversión para la compra de equipo, programas de computo, aviones e infraestructura, sino en la corrupción de las autoridades mexicanas y estadunidenses.

La llamada Iniciativa de Mérida según la cual existe un acuerdo entre Calderón y Bush a fin de que el gobierno mexicano reciba más recursos del Congreso norteamericano en su lucha contra el narcotráfico, tendrá muy pocos efectos si antes no se combate el consumo interno y la corrupción que existe en el sistema financiero internacional y en los gobiernos de ambos países.

Sólo para citar un ejemplo de la corrupción habría que recordar que, de acuerdo con las propias cifras del gobierno estadunidense, el 70 por ciento de la mariguana que consumen los norteamericanos es cultivada en los parques nacionales de ese país.

Resulta que los narcos gringos han desarrollado una técnica de cultivo en las copas de los árboles basada en la hidroponía, de tal manera que las plantas de mariguana crecen en las alturas y no se detectan tan fácilmente ni por tierra ni por aire. Según cifras suministradas a la cadena de noticias inglesa BBC por el Departamento de Justicia de California, los cultivos erradicados sólo en ese estado en 2006 alcanzaban un valor comercial de 6 millones 700 mil dólares. Y las estimaciones de las autoridades forestales de ese país es que el cultivo de la planta se extendería por todo el oeste hasta llegar a Canadá.

Las ganancias multimillonarias que genera la venta de cocaína y otras drogas duras en el mercado estadunidense, es enorme, si se toma en cuenta que hay 35 millones de personas que anualmente consumen 285 toneladas de cocaína.

A nivel mundial se estima que las ganancias son de 600 mil millones de dólares, de los cuales el 40 por ciento por lo menos se queda en el sistema financiero norteamericano. Mientras, en México los jefes de los carteles se distribuyen una ganancia estimada en 23 mil millones de dólares. Estos datos son los que manejan los propios organismos internacionales, como la ONU, así como los gobiernos de Estados Unidos y México.

Todos los días son miles las acciones financieras y bancarias las que realizan los narcotraficantes en el mundo y todas ellas son solapadas por las propias instituciones y también por algunos altos funcionarios de los gobiernos respectivos.

Es por eso la insistencia de que no basta que se compre equipo de combate y espionaje para luchar contra los narcotraficantes, sino voltear los ojos hacia el sistema financiero internacional donde se lavan las millonarias ganancias de los carteles, con la ayuda de las propias autoridades gubernamentales y financieras.

Además, hasta el momento se desconoce el contenido del Plan México y ni el gobierno de Calderón ni el de Bush han ofrecido detalles de los programas que contempla.

Pero ni éste plan ni el de Colombia tienen un apartado especial para atacar el sistema financiero, y dudo mucho que se vaya a implementar. De ahí que el riesgo para cualquier plan de este tipo que se vaya implementar en cualquier país con la vigilancia de Washington, es que se quede como los fuegos artificiales, que alumbran por unos segundos y después se mueren en la oscuridad.

Así mismo, hay que tomar en cuenta que el apoyo solicitado por Bush para México está incluido en el paquete solicitado para mantener la guerra en Irak y, de entrada, ya fue rechazado por algunos congresistas. Así que el famoso Plan México o Iniciativa Mérida podría morir antes de empezar, lo que pondría a prueba la política de Calderón en el combate contra el narcotráfico.