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domingo, octubre 28, 2007

La magia de los apellidos*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Felipe Cobián, Verónica Espinosa y Miguel Ángel Infante

Una hebra más del enorme tejido de negocios tramado por los hermanos Bribiesca Sahagún y su madre al amparo del poder presidencial tiene por nombre José Felipe Tomé Velázquez. Se trata de un joven hombre de negocios originario de Irapuato, Guanajuato, “dueño” de un complejo residencial de superlujo que se construye desde hace dos años en Puerto Vallarta, Jalisco. Habitantes sobre todo de la primera ciudad no tienen dudas: Tomé Velázquez es “prestanombres” de Marta Sahagún y sus hijos.

PUERTO VALLARTA, JAL.- Es un mediodía de viernes. Un par de jóvenes robustos en traje de baño, hijos de magnates o magnates ellos mismos, conversan despreocupados entre sí, perdida su vista en la bahía. Uno está de pie; el otro, más obeso y quien luce una delgada barba de patilla a patilla, está sentado en un redondo y amplio mueble de mimbre, donde recibe masaje y caricias de una mujer.

Están en la desvanecida orilla de mármol travertino de una alberca que semeja a la playa misma. A sus pies, un espejo de limpísimas aguas azules donde se confunden mar y cielo se retrata y reproduce al infinito en las torres de cristal del lujoso desarrollo Residencial Península, que está a sus espaldas.

Personal de intendencia jura que al menos uno de esos personajes –primeros residentes de alguna de las tres torres, de 26 pisos cada una, del lujoso desarrollo residencial– era hijo de Marta Sahagún. “Uno de ellos viene seguido, a veces cada 15 días y es muy déspota”, asegura una mujer.

En el lobby, de blancos muros, columnas y piso de mármol, contrastan los tapetes hechos a mano con miles de retazos de carnaza bajo exóticas mesas de centro de troncos de árbol cortados a tajo y laqueados en negro. Vigilantes de alfarería –copias de los guerreros de terracota, como aquellos con los que una vez se retrataron Vicente Fox y Marta Sahagún en Xi’an, China, durante su periplo de gira oficial-luna de miel, con previa escala en Mongolia– y algunos enseres y pinturas modernas forman parte del decorado.

El conjunto, presidido por un centro comercial y con salón de apuestas, será realzado por una monumental fuente circular que lanzará el agua a decenas de metros de altura. Posee spa, gimnasio, un amplio y cómodo centro de negocios y club-bar para los residentes.

Lo componen tres esbeltas torres de 90 metros de altura –26 pisos– que “combinan una atmósfera de abundancia exótica con el diseño vanguardista y de alta tecnología”, según reza su publicidad. Los cristales templados de 12 milímetros de espesor “son a prueba de huracanes y sismos”, dicen los promotores de ventas.

Cada uno de los edificios, cuya construcción se inició hace dos años, tendrá 94 departamentos –cuatro por piso, en un área total de más de 900 metros cuadrados–, con dos y tres recámaras, cuarto de servicio y dos baños terminados en granito. Tendrán cocina integral con cubiertas también de granito importado y acabados en maderas finas.

La amplitud va de los 187 metros cuadrados a los 287. Sus precios varían de 400 mil a casi 700 mil dólares. En la cima hay, aparte, dos penthouses cuyos precios –todo de contado– superan los 900 mil dólares.

En una caseta de vigilancia, guardias privados impiden el paso a los extraños, salvo los propios condóminos o las personas interesadas en alguno de los pocos departamentos que quedan de un total de los 192 construidos, incluidos cuatro penthouses, y de los 96 que están en proceso en la tercera torre. Los posibles clientes deben ir acompañados de un vendedor de la promotora Lemmus; unos y otros tienen que identificarse plenamente y anotarse en el libro de visitas.

“El prestanombres”

Entre las fuentes consultadas en el entorno de Residencial Península y en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, existe la certeza de que los hermanos Bribiesca y su madre, Marta Sahagún, forman parte del negocio que representa Residencial Península, S.A. de C.V.

El eslabón fundamental que los une al negocio, indican esas fuentes, es José Felipe Tomé Velázquez, un contador público de tan sólo 33 años de edad, de ascendencia libanesa y exitoso empresario del ramo maquilador textil.

Más aún, los informantes consultados señalan a Tomé Velázquez como “el prestanombres de Marta Sahagún”.

El empresario forma parte de una reconocida familia de Irapuato, algunos de cuyos integrantes son también prominentes hombres de negocios y tienen mucha influencia en la vida económica y política de la región.

Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Cuando murió su padre, a mediados de los noventa, se hizo cargo de las empresas que le dejó, junto con pesadas deudas que tuvo que afrontar junto con su madre, Bertha Guillermina Velázquez Verdad, conocida en la alta sociedad irapuatense como La Mema, muy vinculada a trabajos altruistas en la ciudad.

La familia pidió préstamos a los bancos para saldar deudas y salvar sus empresas, entre éstas varias maquiladoras textiles y una fábrica de pantalones de mezclilla de exportación.

Al parecer fue por medio de La Mema como José Felipe conoció a Vicente Fox cuando éste era gobernador de Guanajuato. Se dice que Fox quedó gratamente impresionado por el empuje del joven empresario, con quien inició una amistad. Este vínculo coincidía con el interés de la administración de Fox por fomentar las maquiladoras, incluso con incentivos económicos. El gobernador incluso lo invitaba con frecuencia a sus giras internacionales como parte de la comitiva empresarial.

En una gira que hizo Fox cuando pidió licencia para separarse de la gubernatura para ser candidato del PAN a la Presidencia, uno de sus eventos tuvo lugar en una de las maquiladoras de los Tomé Velázquez en la comunidad de Malvas, en Irapuato.

Entre personas del círculo del empresario también hay versiones en el sentido de que cuando Fox ganó la Presidencia de la República, le ofreció a José Felipe un cargo en el gabinete, pero éste declinó la invitación. Sin embargo, ambos continuaron su relación de amistad.

La versión que circula en Irapuato –donde ya no reside de fijo, pues ahora vive en Guadalajara– es que su relación de negocios no es con Fox, sino con Marta Sahagún.

Fue más o menos a principios del sexenio foxista cuando Tomé Velázquez fue haciendo a un lado la maquila para incursionar en el negocio inmobiliario.

Todas las facilidades

El desarrollo habitacional de súper lujo en el que presuntamente tienen participación los Bribiesca Sahagún, la madre de éstos y José Felipe Tomé es muy parecido a los que existen en la costa de Miami, Florida. Consta en realidad de cuatro edificios: el centro comercial y las tres torres –la tercera está en construcción y su estilo rompe con la arquitectura típica de Puerto Vallarta.

Su construcción se inició en 2005 con inusitada rapidez y contó con todo tipo de permisos oficiales, que fluyeron sin contratiempos aun cuando eso implicó invadir, así como modificar el cauce y la desembocadura del río Pitillal, sobre todo en su margen derecha. Para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Vallarta, esta celeridad en lo que respecta a trámites y facilidades constituye un hecho insólito.

En ese año, el entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, Gustavo González Villaseñor, apoyado por la mayoría priista en el cabildo, aprobó un nuevo plan de desarrollo urbano que permitió el cambio de uso de suelo en zonas exclusivamente hoteleras para convertirlas en habitacionales.

A raíz de ello, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Óscar Abel Rivero Estrada, presentó en los primeros meses de 2006 una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de los regidores, incluido el alcalde, y del síndico Miguel Ángel Yerena Ruiz. También presentó una solicitud ante el Congreso de Jalisco para que se le fincara un juicio político a todos los funcionarios que participaron en el cambio de uso de suelo, entre ellos Carlos Manzano, titular de Planeación Urbana, el secretario Antonio Lugo y otros funcionarios municipales.

Esa autorización de cambio de uso de suelo también favoreció al constructor Elías Saccal, quien en la margen izquierda (sur) del río Pitillal, en vecindad con las torres de Residencial Península, tiene en proceso de construcción otras tres torres de dimensiones similares a las anteriores, en el desarrollo Grand Venetian.

Sin embargo, fuentes de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostienen que mientras por un lado se ejerce una estricta vigilancia en contra de Grand Venetian en cuanto a permisos de construcción, altura de los edificios, impacto ambiental y respeto de zonas federales, Residencial Península fue dejado en completa libertad para establecerse. “No sabemos por qué goza de tantos privilegios”, dicen.

Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, este semanario solicitó información al ayuntamiento vallartense en lo que atañe a las licencias municipales. Sin embargo, la presidencia municipal no solamente negó estos datos, sino que mantiene un hermetismo sistemático en todo lo referente al desarrollo habitacional.

La empresa Residencial Península, S.A. de C.V., fue constituida con un capital social de tan sólo 100 mil pesos, pero sus inversiones aquí –la compañía anunció también la construcción de un desarrollo similar en Cancún, donde se dice que afectaría un manglar– oscilan entre 100 y 120 millones de dólares. Una de las tres torres del conjunto está totalmente concluida. La segunda está a punto de terminarse y la tercera, que se destinará parcialmente a un exclusivo hotel, lleva casi 20% de avance.

De acuerdo con la escritura pública número 37164, fechada el 7 de enero de 2005, los propietarios de la compañía inmobiliaria son el propio Tomé Velázquez, en su calidad de apoderado general de Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., y el arquitecto Alejandro Báez Meza. El primero con 999 acciones de 100 pesos cada una, y el segundo con una acción de 100 pesos.

El notario público suplente Luis Robles Brambila, adscrito a la Notaría 18 de Guadalajara, elaboró el documento correspondiente.

Según el acta pública, el predio en donde se asienta Residencial Península tiene una superficie de 56 mil 800 metros cuadrados, 30 mil de ellos ganados al mar, según sus antiguos propietarios, quienes posteriormente lo vendieron a sus actuales dueños. Alejandro Báez Meza hizo diversos trámites oficiales ante dependencias como la Semarnat, el ayuntamiento e incluso la Comisión Nacional del Agua, por el hecho de que el terreno colinda con la playa y el río Pitillal.

José Felipe Tomé declaró ante el notario ser de Irapuato, Guanajuato, soltero y contador público. Dijo que nació el 21 de mayo de 1974 y puso como su domicilio las oficinas administrativas del centro comercial Galerías de Zapopan, ubicadas en el número 150 de la calle Rafael Sanzio, inmueble aportado por Báez Meza, también originario de Irapuato, aunque 10 años mayor que el primero.

Originalmente, la empresa Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., tuvo su sede en la Ciudad de México y formó parte del consorcio constructor Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pero fue vendida cuando empezó a tener problemas económicos. Tomé Velázquez y su familia decidieron adquirirla y trasladaron la sede a Irapuato, por medio de una asamblea ordinaria efectuada el 17 de septiembre de 2001.

En esa misma fecha se protocolizó la renuncia de quienes fungían como integrantes del Consejo de Administración: Bernardo Quintana Isaac, Jorge José Borja Navarrete, José Luis Guerrero Álvarez, Sergio Montaño León, Saturnino Juárez Reynoso, Bernardo Sepúlveda Amor, Luis Fernando Zárate Rocha, Jorge Aguirre Quintana y el secretario y prosecretario, Luis Carlos Romendia Díaz y Quirico Gerardo Seriña Garza, respectivamente. También renunciaron los contadores Joaquín Gómez Álvarez y Arturo García Chávez como comisarios propietario y suplente.

Así mismo, se nombró como comisario al priista José Aben Amar González Herrera, abogado irapuatense que fue secretario de Gobierno y alcalde de Irapuato (escritura 33558), y compraron las acciones Guillermina Velázquez de Tomé, Gustavo Felipe Tomé Velázquez, José Felipe Tomé Velázquez y Juan Carlos Pérez Aceves. En el acto se otorgó poder amplísimo y general a José Felipe Tomé.

En una asamblea extraordinaria, según escritura 3385 del 12 de mayo de 2004, se acordó un aumento del capital social en 50 millones de pesos. En una asamblea extraordinaria (escritura 1957, inscrita el 15 de diciembre de 2005), los nuevos socios acordaron la escisión de la sociedad, sin que ésta se extinguiera, para transmitir parte de los activos, pasivos y capital social a otra denominada Citicapital, S.A. de C.V., “por conveniencia legal y patrimonial”, según se asentó en el registro.

Citicapital fue la constructora de Plaza Galerías en Guadalajara y ahora lo es de Residencial Península.

Según consta en la escritura 1886 del 7 de diciembre de 2005, Administradora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V. –accionista a su vez de Desarrollo Comercial León–, vendió acciones al hermano menor de José Felipe, Gustavo Tomé Velázquez, quien a su vez vendió otras acciones a diferentes compradores. Así mismo, José, María Graciela y Paola del Carmen Tomé Rodríguez, primos de José Felipe y de Gustavo, le donaron acciones a su padre, José Tomé Elías, hermano de Felipe Tomé, fallecido hace 15 años y padre de los Tomé Velázquez.

José Tomé Elías, de 62 años de edad, fue detenido en Irapuato por órdenes del Juzgado Séptimo de lo Penal de Tlalnepantla (Causa 207/2007-1) a principios de octubre y conducido a una prisión del Estado de México, en donde permaneció al menos dos semanas debido a un presunto fraude por 70 mil dólares cometido en agravio de Textiles KN de Oriente, S.A. de C.V., propiedad de su socio Kamel Nacif, quien fue acusado de pederastia por la periodista Lydia Cacho.

En asamblea extraordinaria, según escritura 1879 inscrita el 7 de diciembre de 2005, Guillermina Velázquez viuda de Tomé se retiró de Desarrollo Comercial León y donó sus acciones a sus hijos José Felipe y Gustavo Felipe Tomé, que representan un capital de 60 millones 800 mil pesos. Al mismo tiempo el capital social se incrementó en 10 millones de pesos. José Felipe y Gustavo se quedaron con 3 millones 900 mil acciones cada uno, en tanto que María Graciela y Paola Tomé Rodríguez se quedaron con 333 mil 333 acciones, cada una con un valor de un peso.

En lo que se refiere a la presunta relación de negocios entre Tomé Velázquez y los Bribiesca Sahagún, se les identifica como propietarios del centro comercial Plaza Galerías de Guadalajara (Operadora Galgua, S.A. de C.V.), en sociedad con el michoacano Enrique Ramírez Villalón, dueño de Cinépolis, así como con el español Manuel Ramón Asís Orta, entre otras personas. (Con información de Gloria Reza.)

*Tomado de la revista Proceso.


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Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas**




Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista


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En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta

En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.

Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.

En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.

A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.

Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.

Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.

En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.

En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.


**Tomado del periódico La Jornada.

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