A Televisa y TV Azteca les vale en lugar de tener el valor

Tomados de El Universal, Naranjo, Helioflores y La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera.

El poder y cinismo de las televisoras en México no tienen límite. Durante las últimas semanas se ha presenciado de todo, desde las televisoras bondadosas que $ólo pretenden llevar diversión a los hogares hasta su verdadera cara dictatorial al amenazar sin rubor alguno a quienes no piensas como ellos. Los casos emblemáticos son el panista Javier Corral y el priísta Manuel Barlett, a uno lo acusan de deberles casi un millón de pesos por campaña publicitaria en 2004 –a pesar de que el PAN local asume la deuda e insiste en pagarla- y al otro le recuerdan su participación en el fraude electoral de 1998, donde el pelón Carlos Salinas de Gortari se alzó con la Presidencia de la República, desde donde vendió de todo –Telmex, Imevisión (hoy TV Azteca), etc.- para poder robar lo que quiso.

Aquí no se trata de defender a Barlett sobre su participación en la “caída del sistema” y su posterior pago con la gubernatura de Puebla, sino de evidenciar la desmesura y rapacidad del duopolio televisivo. Ambos personajes han solicitado su derecho de réplica, que les ha sido negado por las dos empresas. Aducen que si quieren decir algo que lo digan a sus “reporteros” de banqueta y aguanten las preguntas monotemáticas que les hacen. Sin embargo, ayer mismo la televisora del Ajusco –que “compró” Ricardo Salinas Pliego mediante el dinero y los oficios del hermano incómodo del chorejas Carlos Salinas de Gortari y no cómo pregonan por la “vía legal”- en un editorial recitado por su lector de noticias favorito –Javier Alatorre- afirmó que era lícito su interés y participación en el asunto de la ley Televisa, que lo hacía de forma abierta, no como los antes mencionados que quien sabe a “que oscuros intereses respondieran”.

Nada más que su interés en el caso debe ser llevado a cabo en los tribunales –en este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y no en los espacios televisivos, pues la ley les prohibe a los concesionarios de radio y televisión usarlos para litigar. La razón es más que evidente, ellos pueden usar el tiempo que quieran para hablar sobre sus puntos de vista hasta el grado de difamar, injuriar, mentir y amenazar sin consecuencias. Mientras los demás carecemos de ese mismo medio para mostrar nuestras posturas, eso ante cualquier ley es inequitativo, desigual. Las leyes son para todos por igual, nadie puede aprovechar un bien de la nación –el espectro radioeléctrico- para imponer su voluntad y prevalecer en el negocio.

Por otro lado esta aquello de “oscuros intereses”. Se trata de una estrategia usada constantemente por la derecha fascista del mundo, que consiste en acusar al oponente de lo que la derecha es. De esta forma dicen que atrás de la impugnación a la ley Televisa están “oscuros intereses” para hacer creer al público cautivo que alguien quiere “dañar” a las pobrecitas televisoras. Pero cómo dañarlas, si entre las dos monopolizan la televisión en México, la aérea, la de cable y la satelital. No hay nadie más que ellos. Cobran hasta medio millón de pesos por un comercial de 20 segundos transmitido durante las telenovelas. Imponen leyes –como es el caso de la ley Televisa- y también funcionarios como es el caso de los miembros de la Cofetel, quien se supone que debería regularlos. Primero como senadores impusieron la ley y después fueron puestos en el órgano regulador, todo a modo de las televisoras, así que si se trata de intereses “oscuros”, esos están en las televisoras del Ajusco y Chapultepec.

Se trata de un poder inmenso y depredador. Fueron parte fundamental en el fraude electoral de 2006 y son una fuente de entrega de la soberanía nacional, ya que fomentan valores extranjeros, demeritan los nacionales y mienten constantemente a la ciudadanía, siempre velando por sus intereses por encima de los de los mexicanos, como debería ser ya que a eso esta obligadas legalmente. Se trata pues de una Teletiranía, como en su momento documentó el Canal 6 de Julio.




La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.



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¿Ombuds... qué?

Octavio Rodríguez Araujo

o estoy seguro de que el mundo esté al revés, pero México sí. Algo que ya debe ser motivo de risa en otros países, especialmente en Suecia, donde se creó la figura del ombudsman, es el papel del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el supuesto defensor del pueblo mexicano. Cualquier jurista (salvo Soberanes) pensará, con lo que ha ocurrido, que en nuestro país existen dos abogados de la nación: el procurador general de la República y el presidente de la CNDH. En esto, hay que reconocerlo, somos muy originales. ¿Estoy exagerando?

En el caso de Zongolica, José Luis Soberanes y su segunda visitadora general de apellido Pedroza de la Llave usurparon la función del Ministerio Público al dictaminar sobre la muerte de Ernestina Ascensión. En el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el mismo Soberanes presentó una controversia constitucional sobre lo aprobado por los legisladores locales, argumentando que no era un cuestionamiento moral, sino de técnica y consistencias jurídicas. En paralelo, la Procuraduría General de la República hizo lo mismo, con semejantes argumentos, sólo semejantes.

El ombudsman mexicano, como en otros países donde no se confunde Estado con gobierno, debería de ser un funcionario del Estado, no del gobierno. El procurador general es funcionario de gobierno y su papel es investigar ilícitos, dictaminar si hay causa que perseguir y presentarlos al Poder Judicial en sus diversos niveles. Sin embargo, en México los dos son funcionarios del gobierno que, para colmo, es de dudosa legitimidad, en realidad impuesto. José Luis Soberanes, doctor en derecho, debería renunciar a su cargo, aunque sea por dos razones principales: porque se ha puesto al servicio de Calderón Hinojosa y porque ha usurpado funciones que no le corresponden.

¿Qué ha dicho Soberanes, defensor del pueblo y ahora de la constitucionalidad, sobre los retenes militares y policiacos que violan el artículo 16 constitucional? Nada, como si no existieran o como si aceptara, puesto que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que estamos en guerra y que por lo tanto han quedado suspendidas las garantías individuales. Pero el presidente de la CNDH y ministerio público (con minúsculas en este caso) no es el único irresponsable. ¿Qué ha dicho el Congreso de la Unión sobre esos retenes violatorios de la Constitución? Nada. ¿Y el Estado de derecho? ¿Cuál?

Vamos de mal en peor. El comandante general de las fuerzas armadas ha lanzado a éstas en contra de los narcotraficantes. ¿Cuántos han sido detenidos y cuántos policías han muerto sin tener vela en el entierro? ¿Cuántos otros ciudadanos han muerto y morirán en esta guerra absurda contra un enemigo que todos los días hace alarde de su fuerza sin ver realmente menguadas sus filas clandestinas y criminales? ¿Quién ganará, y a qué costo? ¿Y qué ha dicho al respecto nuestro flamante ombudsman? Bueno sería que nos explicara cuáles son nuestros derechos en esta escalada militar de pronósticos imprevisibles y que ya está vulnerando a la Constitución y pervirtiendo el papel del Ejército, por lo menos ante la opinión pública.

El Partido Acción Nacional, o más bien los panistas, son un verdadero peligro para México. Han logrado desprestigiar al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre todo con Mariano Azuela Güitrón), ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y buscándole, encontraríamos a más instituciones. Y así las instituciones servirán de poca cosa y si éstas no sirven, ¿qué diremos de quienes se ostentan como gobierno? Ya el humor popular dice que el Melate ha llegado a más de 400 millones porque el ganador necesita 500 millones y que debe ser pariente de Calderón o de su esposa. Algunos dicen que Hildebrando los necesita para resarcirse de los quebrantos que sufrió el año pasado. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos quitan la esperanza en el Melate o en la Lotería Nacional? Un país sin instituciones creíbles y ejemplares es un país sin gobierno o una dictadura. Y, aunque espurio, todos queremos tener gobierno (de preferencia democrático y realmente representativo), que las instituciones sirvan a la sociedad, que haya a quién recurrir cuando nuestros derechos sean vulnerados y que las leyes se respeten. Para todo esto se creó la figura del ombudsman, para que represente los intereses de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades gubernamentales, para hacer valer las instituciones y para que éstas sirvan al pueblo.

Entre las facultades de la CNDH está la de conocer y seguir de oficio las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. No lo hace, ¿y los y las vocales de la Comisión, algunos muy queridos y respetados amigos, qué dicen, o no tienen la función de decir algo al respecto?

Este es un análisis tomado de la revista Proceso.

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“¿Tu le crees a Soberanes? yo tampoco”

josé gil olmos

México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.

Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.

En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal.

Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.

Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.

Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.

Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.

En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: “¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco”.

¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?

Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: “No tiene porque pagar los muertos del pasado”, dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.

Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.

Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos.

A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes.

De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008.

Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.

Cortina de humo para ocultar crisis nacional

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Mientras los bancos “decidieron” reducir el crédito al consumo debido a que la cartera vencida en tarjetas de crédito alcanzó el pasado mes de marzo la cifra récord de 14 mil 138.7 millones de pesos, un 111.29 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y cuando las estimaciones de crecimiento son de 2 por ciento, contra una inflación estimada en 4.5 por ciento, el pelele Felipe Calderón Hinojosa insiste en su “guerra” contra el narcotráfico.

Una enorme cortina de humo con la que quiere ocultar, primero sus ilegitimidad, segundo, que se trata nada más de un testaferro de los verdaderos poderes en México, los fácticos, los de los empresarios y jerarcas católicos. Tercero la lucha intestina por el poder dentro del PAN, porque ahí está su presente y futuro inmediato, su capacidad para robar sin cortapisa o el reparto del botín, que de tanto repartir se van acabando las áreas de donde jalar dinero para el cochinito sexenal.

Organismo como las Naciones Unidas, así como los partidos políticos además de organizaciones civiles han exigido la salida del ejército del combate al narco por su incapacidad para hacerlo y por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos, que ha generado en unos cuantos meses. Nada es escuchado en este “país de libertades”, nada tomado en cuenta en su afán de aprovecharse del poder para beneficio de los mismos de siempre, ahora incluida su familia, la legal y la ampliada.

El otro troglodita del norte George W. Bush, impugnado también e ilegítimo como Calderón Hinojosa, recurrió a la guerra –esa si de verdad- para tratar de legitimarse. Ahora, al final de su mandato su popularidad está por los suelos, pero él logró salirse con la suya: aumentar en forma considerable la fortuna de su familia, que mantiene grandes intereses en las empresas creadas en Irak. Endeudó hasta el tope a los estadunidenses en una guerra costosa, que no trajo más que beneficios a unos cuantos, a los mismos de siempre, incluida por su puesto la familia Bush y las de sus amigos en el gobierno.

En este contexto el imitador de tirano declaró ayer ante los comprados gobernadores integrantes de la Conago que:

''Las guerras se ganan con tecnología, con inteligencia, y por ello debemos dotar a nuestras fuerzas de los adelantos tecnológicos y los servicios de inteligencia que esta lucha exige. En particular debemos seguir avanzando en la Plataforma México, que nos permita construir un sistema único de información criminal.

''Con la participación de las fuerzas armadas estamos enfrentando a quienes son enemigos de México y quieren hacer presa del miedo y la zozobra a la sociedad; quieren que les dejemos paso libre en nuestras plazas, calles y ciudades para envenenar a nuestros hijos con las drogas y con la violencia''.

La estrategia es la misma, el fin también lo es. Apoyado en los medios de comunicación que fueron cómplices del fraude electoral contra millones de mexicanos, el espurio Calderón Hinojosa a fuerza de comerciales en radio y televisión –pagados como ustedes saben con nuestros impuestos- continúa con su lucha evitando –como en su momento lo hizo el traidor y ratero Vicente Fox Quesada- afrontar los problemas reales del país.

A saber el desempleo generalizado, que día a día aumenta. El encarecimiento general de los bienes de consumo, mientras la pobreza acumula más miembros. Violencia generalizada ya que las rutas del dinero del narcotráfico son intocables, si quisieran seguirlas llegarían a las cuentas personales de gobernadores –de todos los partidos políticos-, de los presidentes municipales, de secretarios de estado y claro, de la Presidencia de la República. Es por eso que la llamada “guerra” no es más que humo y circo. Una campaña de miedo para retirar derechos civiles, como se hizo en Estados Unidos para combatir a ese enemigo, con el que se comparten las ganancias ilícitas de la venta de drogas a la juventud mexicana. Se trata pues del cinismo de siempre en el que el PRIAN es experto.


El siguiente es un análisis tomado de la revista Proceso.

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La televisión a debate

jenaro villamil

México, D.F., 29 de mayo (apro).- La agenda informativa nacional y latinoamericana está cargada de la pantalla. Al tiempo que en México los ministros de la Suprema Corte de Justicia avanzan con un ánimo meticuloso en el análisis de la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, ayer inició transmisiones en el Canal 28 la Cadena Tres, propiedad del Grupo Empresarial Angeles, de Olegario Vázquez Raña, sin que hasta el momento tenga garantizado el acceso a las señales de televisión por cable y Sky, ambos sectores ampliamente dominados por Televisa.

En paralelo, ante el cierre de la cadena venezolana de televisión RCTV, producto de la recomposición autoritaria del chavismo, los noticiarios de Televisa y TV Azteca, así como no pocos medios afines, pretenden inferir que en México podríamos estar en el mismo escenario si los magistrados deciden echar abajo, en los próximos días, la “nuez” del negocio de la Ley Televisa: el refrendo automático de las concesiones y la posibilidad de que el duopolio pueda quedarse con el espectro sobrante.

Por si la agenda no estuviera cargada, tanto los partidos políticos como las autoridades electorales –IFE y Tribunal Electoral-- inician un intenso debate sobre los alcances del Spotgate; es decir, el fenómeno de despilfarro derivado de una intensa campaña presidencial que se concentró en destinarle a la pantalla comercial más del 70 por ciento del gasto en propaganda y con múltiples pistas que nos hablan de arreglos discrecionales y preferenciales entre algunos candidatos y las televisoras.

Los cuatro temas tienen repercusiones y derivaciones muy importantes que definirán el futuro de la pantalla comercial, no sólo en México, sino en América Latina. En el fondo, lo que está a discusión no es sólo los alcances monopólicos de las empresas televisivas, sino también la posibilidad de que exista una sana competencia, autoridades que realmente regulen el sector, una clase política que abandone su adicción a los spots, así como la existencia de un esquema que, efectivamente, garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ante esta situación es importante hacer las siguientes anotaciones:

1.- La Suprema Corte de Justicia en México dio hoy un paso fundamental en la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, ya que 8 de los 9 ministros (sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano se opuso a la mayoría) decidieron anular diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión que le otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes facultades discrecionales para otorgar permisos de televisión a todas aquellas instituciones educativas y organizaciones no lucrativas que deseen prestar el servicio de radiodifusión.

El trato diferenciado y discriminado entre los permisionarios y los concesionarios quedó de manifiesto en las deliberaciones de los ministros de la Corte. A pesar de que sólo el ministro Juan N. Silva consideró que otras disposiciones de la Ley Televisa le ponen “barreras de entrada” a los permisionarios para tener servicios de telecomunicaciones (los ocho ministros restantes consideraron que eso no era cierto), lo importante es que la Suprema Corte estableció criterios que dan pie a la elaboración de una genuina auténtica Ley de Medios Públicos, que elimine la discrecionalidad, el trato diferenciado y la dependencia de las televisoras públicas hacia el gobierno federal.

2.- Otras “barreras de entrada” y condiciones adversas se pueden observar en el caso de Cadena Tres, la nueva señal televisiva del Grupo Empresarial Angeles (GEA), el consorcio consentido de la exprimera dama Marta Sahagún. Durante el anterior sexenio, Olegario Vázquez Raña, sin ninguna experiencia previa en medios de comunicación, se convirtió en un grupo mediático transexenal: se hizo accionista mayoritario de Grupo Imagen; tiene el control de más de 70 frecuencias de radio; adquirió el periódico Excélsior y también se quedó con el control de la concesión de Canal 28, una señal que durante años estuvo prácticamente “congelada”, ya que el gobierno decidió entregársela a otro empresario sin ningún interés en competir con Televisa y TV Azteca, Raúl Aréchiga.

Televisa y TV Azteca vetaron la posibilidad de que Telemando, en sociedad con Isaac Saba, dueño del Grupo Xtra, se hiciera de una nueva cadena nacional. No vieron con malos ojos la posibilidad de Vázquez Raña, siempre y cuando éste empresario y sus múltiples medios, se ajustaran a la “línea” y a los intereses hegemónicos del duopolio dominante. Por esta razón es muy claro el sesgo editorial de Excélsior a favor de la Ley Televisa.

La condición que le impuso la empresa de Azcárraga Jean a Vázquez Raña es que si litigaba en contra de la Ley Televisa su señal no tendría acceso a Cablevisión y Sky, las dos grandes corporaciones que controlan la televisión restringida y que son propiedad de Televisa. De un plumazo, esta compañía desecha e ignora la recomendación de la Comisión Federal de Competencia para que exista la obligatoriedad del must carrier y del must offer. Estas dos figuras obligan a que todos los canales de televisión abierta se transmitan gratuitamente por las señales de televisión restringida, al mismo tiempo que Televisa no puede vetar ni condicionar a otros grupos de televisión por cable para que no difundan los contenidos de sus cuatro cadenas, en especial, de Canal 2.

En tanto nadie obligue a Televisa a respetar el must carrier y el must offer, la verdadera amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información están de ese lado. Ellos argumentan razones de negocio. Lo que la Comisión Federal de Competencia ha subrayado es que esto distorsiona la sana competencia.

3.- Frente a esta situación, resulta por demás alarmista e hipócrita que los comentaristas de TV Azteca y de Televisa pretendan ver similitudes entre lo que está sucediendo en Venezuela con el cierre de RCTV y lo que podía suceder en México.

En primer lugar, es condenable la enorme discrecionalidad de Hugo Chávez para determinar cuáles son las televisoras amigas y cuáles las enemigas. En el fondo, no es el chavismo el principal beneficiado con el cierre de RCTV, sino su competencia, Venevisión, del magnate venezolano Gustavo Cisneros, quien prácticamente se quedará sin competencia para monopolizar el mercado de la televisión comercial en este país.

¿Qué acordaron Chávez y Cisneros a cambio? Esta es la historia que hace falta contar. Tanto el monopolio del poder político como el monopolio del poder mediático son una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información. Cuando ambos se entremezclan ocurre lo que estamos viendo en Venezuela.

Y en México lo que se está proponiendo no es el chavismo mediático, sino la democratización de ambas partes de la ecuación. Está en manos de los ministros de la Suprema Corte, pero también de las audiencias y del Congreso de la Unión que, ahora sí, dicen, avanzará en una reforma electoral para prohibir la intoxicación de spots que vivimos los mexicanos en 2006 y que aún continúa.

jenarovi@yahoo.com.mx

Absurdos reglamentos por encima de la justicia y la ley

Tomados de La Jornada, Rocha, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores, Naranjo y Boligán.

Las leyes y reglamentos hechos a modo para que sea difícil, si no es que imposible, modificar legislaciones previamente escritas para ser inamovibles es cosa común en México. Primero legislan a modo para beneficiar a los poderes fácticos, después reglamentan para que se cree un absurdo legal y por último se eligen a personas a modo. Total un entramado legaloide para decidir “con la ley en la mano”, el rumbo que deba seguir el país en cualquier área, claro todo en contra de la ciudadanía y a favor de una minoría.

En la sesión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenemos un claro ejemplo. Se supone que la misma está diseñada para ser la última instancia en el país en la que se dirimirían los principales conflictos de interés nacional. Su funcionamiento por tanto debería ser impecable y la justicia debería ser impartida sin lugar a dudas.

Nada más que esto es ilusión pura. Desde el sexenio del traidor y ratero Vicente Fox Quesada, quedaron claras las posturas de los ministros Mariano Azuela, Guillermo Ortiz y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, todos ellos con posiciones más que conservadoras cercanas al PRIAN y a la derecha.

Lo sucedido al discutir el artículo tercero transitorio de la ley Televisa, referente al nombramiento escalonado de los comisionados de la Cofetel, que prevé que cuatro de ellos sean nombrados por cuatro años y otros dos por ocho, lo que a juicio de los ex senadores demandantes es un criterio transexenal y anula la posibilidad de que el presidente en turno nombre a los integrantes de ese órgano, demuestra cómo está reglamentado el funcionamiento de la corte para simular la legalidad.

De esta manera, el corrupto Fox Quesada nombró a los primeros seis integrantes del organismo y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa podrá hacerlo nada más con dos.

Los ministros Fernando Franco, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Sergio Valls votaron por declaran inconstitucional el artículo. Pero los votos contrarios a ese criterio de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia evitaron esa posibilidad. ¿La razón? Pues resulta que se necesitan 8 votos de los 11 integrantes de la SCJN para declarar inconstitucional un artículo y da la “casualidad” que dos ministros se ausentaron por diversos motivos. Así que ''una mayoría de seis perdió frente una minoría de tres”, como apuntó ayer mismo Manuel Barlett. De ese tamaño es el absurdo “legal” que se da en el máximo tribunal del país.

Por ello nos preguntamos ¿cuál justicia? ¿A eso es a lo que llaman Estado de derecho y país de leyes? Se trata de una simple y llana simulación para que las cosas queden tal y como estaban previstas. Nada más y nada menos.


El siguiente es un análisis tomado de la revista Proceso.

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Los panistas: Idólatras del poder

alvaro delgado

México, D.F., 28 de mayo (apro).- Hace ya buen tiempo, cuando no se les desvanecía por completo la memoria, los panistas se ufanaban --con un timbre de orgullo hasta cierto punto razonable-- haber sido llamados “místicos del voto” por el presidente priista Adolfo Ruiz Cortines, debido a su lucha junto con otros mexicanos en favor del respeto al sufragio popular.

Pero ese añejo romanticismo ya quedó en el olvido: el ejemplo más fresco de la claudicación del Partido Acción Nacional (PAN) por hacer respetar la voluntad de los ciudadanos en materia electoral es Yucatán.

En efecto, a una semana de su estrepitosa derrota, Xavier Abreu Sierra, excandidato del PAN a gobernador, emitió ayer una acusación que es de suyo relevante no sólo por asegurar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cometió fraude electoral, sino también porque admite --sin rubor-- que tal conducta quedará impune.

En su sorpresiva reaparición, ayer en Tizimín, Abreu acusó al PRI de haber fabricado votos espurios mediante la falsificación de actas y la “compra” de representantes del PAN y de ciudadanos habilitados como funcionarios de casilla, que fueron causas del retraso en el cómputo de los resultados:

“Se retrasó cuanto se quiso el conteo de votos y la expedición de actas en las casillas, lo cual les dio tiempo (a los priistas) para hacer lo necesario para remontar la votación, luego de que compraron a presidentes de casillas y hasta representantes del PAN en las mismas”, acusó Abreu.

Y añadió: “Es un hecho que se compraron credenciales y éstas fueron utilizadas para que votaran personas que suplantaron a sus dueños donde el PRI tenía control de las casillas.”

Más aún, luego de poner en entredicho que “por primera vez en el mundo, siete encuestas de salida que nos daban ventaja se equivocaron --lo cual es increíble--“, ratificó a un grupo de simpatizantes: “Estoy con ustedes para darles mi más profundo agradecimiento, pero al mismo tiempo para decirles que esta elección estuvo manchada, porque el PRI destinó millones y millones de pesos, dinero que, lamentablemente, hizo que algunos de nuestros representantes de casilla fueran comprados.”

Pero los delincuentes electorales priistas pueden estar tranquilos por haber cometido un fraude electoral en Yucatán, porque Abreu Sierra --amigo y aliado de Felipe Calderón-- manda decir que él ni su partido impugnarán la adulteración de la voluntad popular.

La de Abreu es apenas, sin embargo, la más reciente prueba de la claudicación del PAN en la defensa de la voluntad popular, porque abundan los casos en los que ese partido olvidó el principio supremo --en México y en todo el planeta-- de un ciudadano, un voto.

El año pasado, por no enumerar los casos en los que el PAN evidencia desprecio al sufragio popular --en las contiendas internas y constitucionales--, prominentes panistas trataron de contrarrestar la exigencia de un recuento de votos para verificar el cómputo, con el argumento de que en el Distrito Federal los perredistas “se despacharon con la cuchara grande”.

El PAN, que abdicó de defender los votos que a su favor fueron emitidos en el Distrito Federal, se aferró a imponerse en el poder mediante los métodos que solía repugnar, incluyendo la razón de Estado para evitar que, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, los ciudadanos pudieran tener acceso a las boletas electorales.

La conversión del PAN es muy sencilla: los místicos del voto no existen más y se han transformado estrictamente en idólatras del poder.

Esa es la razón, y no otra, la que tiene confrontados a las facciones de Felipe Calderón y de Manuel Espino.

Por más spots de “unidad” que el PAN difunda --como los que veremos en televisión y escucharemos en radio en los siguientes días--, y por más que pronuncien discursos el próximo fin de semana en León, Guanajuato, cuando se celebre la Asamblea Nacional de ese partido, la matriz del asunto es la misma: el control de la franquicia.

Vaya, ahora es hasta bien visto que, desde el poder, se tome el control del PAN: lo que antes era deleznable en el PRI, ahora es una virtud con Calderón.

Apuntes

Lo bueno de todo es que las cosas van tomando su rumbo y exhibiendo tal cual a sus protagonistas, con todo y la simulación que les es consustancial: la Procuraduría General de la República (PGR) presentó, concertadamente con la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que no penalizan el aborto hasta 12 semanas en la Ciudad de México. Obviamente, la orden fue de Calderón, quien juró y perjuró, en campaña, que su mentalidad medieval y subordinada a la Iglesia católica no influiría en las políticas públicas. Igualito que en la violación sexual de la mexicana Ernestina Ascencio, ejemplo de lo que los panistas entienden como “eminente dignidad de la persona humana”.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.



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Los adolescentes e Internet: ¿cazadores o presas?

Marie Leiner*


Una investigación, financiada por El Colegio de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Texas Tech University, en El Paso, empieza a mostrar algunas tendencias de los temas que llegan a los jóvenes fronterizos por medio de Internet. Los resultados del estudio titulado Los adolescentes y la Internet: ¿cazadores o presas? muestran que los jóvenes están expuestos a gran cantidad de información inapropiada para su edad, que les es presentada en forma masiva y sin el consentimiento de ellos mismos o de sus padres.

Los jóvenes asiduos usuarios de Internet, ya sea para hacer trabajos escolares, entretenerse o para comunicarse con personas conocidas o desconocidas, pasan un sinnúmero de horas navegando gracias a los esfuerzos de sus padres. El acceso sin restricciones a todo tipo de información les permite ver gran variedad de páginas.

Existen páginas en Internet, entre muchas otras, en las que los jóvenes pueden aprender a fabricar explosivos, o venenos, participar en juegos de azar, en discusiones en las que se menosprecie y se ataque a ciertos grupos étnicos o se promueva la anorexia, y por supuesto en las que se muestran pornografía y actos de violencia extrema, que incluyen asesinatos y se exhiben cadáveres.

La información que aquí se presenta fue recolectada de un total de mil 45 encuestas que se aplicaron a jóvenes entre 14 y 17 años en escuelas secundarias y preparatorias en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las instituciones donde se realizaron estas encuestas incluyeron 76.6 por ciento estudiantes de escuelas privadas y un total de 23.4 por ciento de públicas. La muestra que se obtuvo incluyó la respuesta de 558 mujeres y 487 hombres.

El acceso a computadora en casa incluyó a 90.4 por ciento de los estudiantes de escuelas privadas y 63.4 por ciento de las públicas. La mayoría de los encuestados acceden a Internet y tienen correo electrónico con una proporción de uso de 86.5 por ciento. Más de la mitad de estos jóvenes (58.2 por ciento) indicó que acceden a la red en más de un sitio, incluyendo su casa y la escuela, la casa de sus amigos y/o cafés Internet.

Los encuestados indicaron pasarse navegando un día, durante el fin de semana: cuatro horas (25.2 por ciento); de tres a cuatro horas (28.1 por ciento), y de una a dos horas (32.2 por ciento). El número de días que acceden a Internet durante la semana varía de entre el uso diario con un porcentaje de 37.3 por ciento; cuatro a seis días; 20.1 por ciento, y dos a tres días, 18.7 por ciento.

Se separó la información que los jóvenes buscan para responder a trabajos escolares de aquella que rastrean como entretenimiento o para información personal, y se encontraron las siguientes preferencias. Los temas más buscados por los jóvenes para esparcimiento incluyeron música, 43.3 por ciento; juegos de video, 16.7 por ciento; deportes, 11.0 por ciento, y automóviles, 6.5 por ciento. Los temas más buscados para satisfacer información personal abarca temas en salud, 41.9 por ciento; dietas y ejercicio, 18 por ciento, y temas relacionados la sexualidad, 12.6 por ciento; el resto incluyó en menor proporción temas varios, como embarazos, abortos, sida, y enfermedades de origen venéreo.

Los temas que con mayor frecuencia se les presentan a los jóvenes sin que ellos los busquen incluyen páginas con ofertas comerciales, 55.5 por ciento; pornografía, 31.6 por ciento; juegos de azar, 20 por ciento, y noticias, 8.1 por ciento. Con la intención de identificar patrones de uso se les preguntó si voluntariamente habían accedido a páginas con pornografía y se encontró que 31.7 por ciento lo había hecho. De los que accedieron a webs de pornografía en el pasado mes, 54.7 por ciento indicó haberlo hecho menos de una vez en el mes anterior; 19.6 por ciento de una a tres veces, y el resto más de tres veces.

Especialmente importante es considerar que sólo 5 por ciento de los jóvenes reportaron haber discutido con sus padres experiencias desagradables en Internet. Y que 38 por ciento de los participantes que reportaron tener computadora en su casa indicaron que ésta se encontraba en su recámara. Algunos de ellos reconocieron patrones de visita a páginas de pornografía.

Atrapados por las redes de la mercadotecnia

La estructura con la que se construyó Internet es la mayor desventaja para controlar el acceso que los jóvenes tienen a información inapropiada para su edad. Cualquier persona puede, sin demasiadas habilidades técnicas o culturales, colocar una página en Internet en alguno de los potentes servidores disponibles; por ejemplo, Google, Yahoo, etcétera. Puede además tener una presencia pasiva esperando a que el usuario llame a su página o puede ser activo, enviando continuamente su material ligado a otros temas que quedaron almacenados en espías en la computadora del usuario y que se conocen como cookies. Por ejemplo, al buscar música en Internet es frecuente que gran cantidad de ventanas con información visual sobre pornografía aparezcan de improviso. Parece ilógico, pero sucede que por el simple hecho de acceder a páginas de venta de música de manera automática se considere que el usuario debe gustar también de la pornografía. El joven al buscar música queda descubierto como un posible cliente de pornografía y tiene pocas posibilidades de dejar de serlo, pues las cookies quedan instaladas en su computadora. Cada vez que navega por Internet, al acceder a una de las páginas que "supuestamente están relacionadas" con el tema, las ventanas con pornografía aparecen de inmediato, convirtiendo al cazador en presa.

En el estudio se observó la constante oferta de productos sin que intervenga la voluntad del usuario. La información para "vender" algo no discrimina edades, nacionalidades o género. Existen investigaciones que muestran adicciones de los jóvenes a las apuestas a partir de la oferta indiscriminada de premios fabulosos que podrían ganarse al acceder a estas páginas "gratuitas". Es interesante considerar que la oferta de información, incluyendo la pornografía, aunque es gratuita en principio, alimenta un viscoso plan de mercadotecnia para forjar a los clientes que pagarán en el futuro.

La curiosidad del adolescente es un proceso natural que debe ser cultivado y fomentado. La búsqueda de temas en salud que se observó indica que los jóvenes tienen curiosidad en temas relacionados con la sexualidad. Sin embargo, en lugar de acceder a páginas que ofrecen información científica, clara y apropiada para su edad, que las hay, el joven recibe una descarga de información sin ninguna regulación. La pornografía en Internet no resulta desconocida para un alto porcentaje de los jóvenes en este estudio y algunos mostraron patrones de uso continuo.

Aunque las ventajas de Internet son innegables y han revolucionado la circulación de información en todos los ámbitos de la sociedad, la falta de restricciones en cuanto a la calidad de la información y a su contenido, definitivamente menoscaba sus ventajas.

* Investigadora de El Colegio de Chihuahua y catedrática en la Universidad de Texas Tech y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Mentiras PRIANistas, métodos del fascismo

Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo y La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha.

La derecha fascista no sólo de México, sino del mundo, utiliza la mentira a diestra y siniestra como método para lograr sus fines hegemónicos. La estrategia de estos grupos –que buscan el poder para hacer más dinero y retardar la caída del sistema globalizador que ha traído la pobreza a miles de millones de personas de todo el orbe, algo nunca visto en toda la historia de la humanidad, tiene su base en el uso intenso de los medios masivos de comunicación. Su método es simple. El cinismo compartido por todos los poderes fácticos.

Se trata de desvirtuar la historia por medio de los medios de comunicación, que repiten una y otra vez lo dicho por estos políticos ignorantes, en su afán de rescribir los hechos. Un ejemplo lo tuvimos con el ratero que ahora quiere que le sigan llamando “presidente”, me refiero claro al traidor Vicente Fox Quesada. Dicho personaje haciendo gala de su evidente y evidenciada falta de cultura afirmó que la frase “deja que ladren los perros, señal que avanzamos”, era de Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Mentira aclarada en su momento, pero que no ha evitado que hasta la fecha otros más despistados que el tal Fox Quesada, la repitan como cosa cierta.

Y es que de eso se trata, de hacer creer al público cautivo de la televisión y la radio que lo dicho por la derecha es simplemente la verdad, sin importar si esto va en contra de hechos irrefutables consignados en los libros de historia o en documentos validados por científicos de todo el mundo. Su apuesta se apoya en la pésima calidad de la educación que se imparte en las escuelas y en la falta de interés de los televidentes y radioescuchas –propiciada por los mismos medios al recetar 24 horas al día su programación basura y repetitiva- a quienes poco interesa saber la verdad de las cosas y se conforman con la “verdad” dicha en los medios de comunicación.

Durante las semanas en que se discutió la aprobación o no de la despenalización del aborto en el Distrito Federal se dieron cifras como aquellas repetidas por el alto clero católico de que cerca del 100 por ciento de la población es católica y que por lo mismo estaba en contra del aborto. Que los legisladores de la mayoría de partidos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cumplían con su trabajo, pues ignoraban a esa mayoría católica que rechazaba dicha ley. Pues bien a pocas semanas de que la legislación entró en vigor se han realizado 230 abortos, de esta cifra el 81 por ciento se declararon católicas. Otro mito es que en el resto del país, también hay un rechazo generalizado a ésta práctica, pero de nuevo la realidad lo desmiente. Según el secretario de Salud de la ciudad de México, Manuel Mondragón, han solicitado el servicio mujeres de estados tan distantes como Coahuila, Nayarit y Jalisco –gobernado por un integrante del Yunque-, además –como es lógico- del estado de México.

La realidad nunca podrá ser sustituida por las mentirosas “verdades” de un derecha fascista envalentonada por el robo de las elecciones de 2006. Recordemos que en el pasado se ha intentado hacer lo mismo, siempre con el resultado de un fracaso rotundo. Sino al tiempo.


En seguida una colaboración tomada del diario La Jornada.



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A la derecha de la derecha de la...

Hermann Bellinghausen

Cortos nos estamos quedando al hablar de la "derechización" en curso como si sólo fuera parte de un ciclo, un péndulo al que estuviéramos acostumbrados. Lo que está copando los poderes nacionales y planetarios va mucho más allá. La derecha neoliberal, liderada por el gobierno de Washington y el poder financiero, va "por todo", incluida la historia (la memoria), y se permite decir disparates que ya nadie se atrevía, como la reciente puntada del papa Ratzinger en Brasil.

Según reportó Reforma el 14 de mayo, "la religión católica no fue impuesta por los conquistadores españoles a las poblaciones americanas, dijo el papa Benedicto XVI al inaugurar la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida, Brasil. 'El anuncio de Jesús y su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas ni fue una imposición de una cultura extraña', dijo".

Sí, eso dijo. Las respuestas fueron tan contundentes, aunque poco publicitadas por los medios, que allá en Roma el Papa debió retractarse, como diciendo: bueno, sí, llegamos y nos los sonamos, se nos pasó la mano. Pero cayeron en la buchaca de mi Dios. Disculpen las molestias que esa obra ocasionó.

Como recordaba alguien desde el Congreso Nacional Indígena, hay en la casa comunal de San Pedro Atlapulco, estado de México, una pared que dice: "Cuando llegaron los blancos, nos dijeron que cerráramos los ojos para rezar juntos; cuando los abrimos, nosotros teníamos su Biblia y ellos nuestras tierras". La organización indígena Ecuarunari, la más importante de Ecuador (y la mayoría de sus pueblos, católicos), no se guardó de contradecirle su palabra al Papa: "Ya no es la hora de renovadas conquistas en nombre de nada".

Lo grave es que a los nuevos líderes no les importa decir tonterías. Y lo más escalofriante es que sus tonterías devienen realidad. De vanguardia como siempre, Francia ofrece un gran paso del cinismo neoliberal con ese presidente que eligieron, Nicolas Szarkozy. Millones de personas aprueban lo que él señala.

Y dice: "La herencia del mayo de 1968 ha introducido el cinismo en la sociedad y la política. Vean cómo el culto al rey dinero, la ganancia en el corto plazo, la especulación; vean cómo las desviaciones que ha sufrido el capitalismo financiero fueron provocadas por los valores del mayo de 1968". Ajá, Szarkozy acusa a los sesentayocheros de haber ¡desviado y pervertido al capitalismo! Un falaz procedimiento, favorito de los fascistas de todas partes.

El 29 de abril, el candidato de la derecha francesa (que vencería a la postre a la izquierda de derecha que le disputaba el gobierno) cerró su campaña en la Alta Saboya con una sorpresiva aparición en un acto conmemorativo de la Resistencia (celebración más propia de la izquierda, por así decir). Rodeado de una multitud de jóvenes que llegaron con él, Szarkozy, el mano dura, el provocador, el represor, "el comisario"(lo llama Dominique Dhombres en Le Monde), apuntó: "Vean cómo la oposición a todos los reparos éticos contribuyó a debilitar la moral capitalista".

El revisionismo desatado, que en México enarbola con entusiasmo el gobierno calderonista, permitió a Sazarkozy acusar al 68 francés de "imponer el relativismo moral, la idea de que todo se vale, que no hay diferencia entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo feo y lo bello. Nos han hecho creer (los del 68) que no debe existir ninguna jerarquía de valores. Así, dejó de haber valores, y desaparecieron las jerarquías".

A Ratzinger le salió el tiro por la culata. Viajó a Sudamérica a cuidar su clientela y la ofendió. Lo de Szarkozy es más preocupante. Trae un "nuevo" discurso, a la medida de los medios, de la cultura audiovoisual, consumista y descreída que el neoliberalismo prohíja. Y por eso la gente votó por él.

El escritor John Berger vive en la misma Saboya rural desde hace décadas, y fue también a la celebración en Plateau des Glieres, donde se apareció el audaz Szarkozy. Para Berger, el hecho fue "chocante", una provocación. Entrevistado para el influyente programa radiofónico de Daniél Mermet y Antonio Chao, Berger puso las cosas en su lugar: "En el nuevo orden económico mundial vamos a una tiranía que apela a un orden tiránico. Su ideología es la supresión de la historia. Maximaliza la ganancia. El futuro no existe. Ni el pasado. Los medios hablan de una 'consumación'".

Pero, abundó Berger, "la historia se hace de los esfuerzos de la gente anónima que da su vida en solidaridad con las causas que nacen y florecen en los grandes movimientos de la historia. Lo que (los nuevos gobernantes) quieren es cambiar el sentido del destino humano en el planeta. Para ellos, un Van Gogh es una ventana vacía. Pero la historia resulta siempre complicada. No podemos caricaturizarla. El 'nuevo' orden social tiene una visión muy pobre de la expresión del espíritu humano". Y remató: "Szarkozy es un representante de este orden tiránico". Acá podemos agregar que Felipe Calderón es otro más.

La CNDH, "tapadera del poder", afirma el alcalde de Soledad Atzompa *

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Rechaza el edil ir a la instancia para aportar datos sobre la muerte de Ernestina

La indagatoria sigue abierta, dice el enviado del ombudsman en un foro sobre el caso

EMIR OLIVARES ALONSO

El pueblo de Soledad Atzompa "ha sufrido una gran violación" a sus derechos, luego de que la agresión a la anciana Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada y asesinada por militares- ha quedado en la impunidad, aseguró el alcalde de ese municipio, Javier Pérez Pascuala.

Agregó que aunque la familia de la indígena nahua "se haya dejado manipular" para no impugnar la resolución de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el sentido de que la mujer no fue violada ni asesinada, la comunidad de Soledad Atzompa continuará exigiendo justicia y que se aclare el caso, pues en "cualquier momento el Ejército puede regresar a la sierra y cometer más violaciones a nuestras mujeres, lo cual no vamos a permitir".

Durante el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos y autonomía indígena y municipal, se denunció que en Veracruz han ocurrido mil 495 asesinatos de mujeres desde 2000 hasta 2005, de los cuales 70 por ciento no han sido resueltos con sentencia condenatoria, por lo que permanecen impunes ante las instancias nacionales.

En el encuentro -organizado por agrupaciones campesinas y de derechos humanos de Veracruz y varios ayuntamientos de comunidades indígenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó un equipo de monitoreo con cámaras de video, grabaciones y varios colaboradores, colocados en distintos puntos del lugar en el que se efectuó.

Inclusive, Héctor Lecuona, visitador de la CNDH, interrumpió una entrevista que Pérez Pascuala sostenía con reporteros para exhortarlo a acudir a la comisión a entrevistarse con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y aportar elementos para la investigación del caso, que a decir del visitador "aún no está cerrado". "Las puertas de la CNDH están abiertas para que acuda el día que usted lo solicite", le ofreció al edil.

El funcionario hizo la invitación al leer un documento entregado por los visitadores, el cual en el punto número siete señala que solicitarían audiencia tanto con Felipe Calderón como con Soberanes.

No obstante, como el texto fue redactado el 27 de marzo pasado -dato que en un principio se omitió-, el alcalde de Soledad Atzompa respondió que ya no tiene caso acudir a una instancia "tapadera del poder", que ya emitió un dictamen "preocupante" al determinar que Ascensión Rosario falleció de causas naturales. "Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH si ya declaró públicamente cuál hacía sido la causa de la muerte de la compañera Ernestina, según su visión. Somos indígenas, pero entendemos y tenemos la lógica de analizar cualquier engaño que nos quiera hacer alguna institución; entonces, por eso, valorando la petición con todas mis autoridades no quisimos contestarlo porque es absurdo. La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses".

Reforma al sistema de justicia

En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, propuso que para que las violaciones a derechos humanos en las que incurre el Ejército no queden en la impunidad "es urgente" una reforma al sistema de justicia penal para que los presuntos delitos cometidos por militares sean investigados por las autoridades civiles. Y agregó que en el caso de Zongolica la sociedad debe acudir a las instancias internacionales y crear un mecanismo de investigación propia como se hace en Ciudad Juárez, donde especialistas forenses argentinas analizan las causas de las muertes en ese municipio chihuahuense.

Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, no existe razón para que el Ejército esté presente en comunidades indígenas realizando tantas labores como la alfabetización, atención médica y ayuda en desastres naturales, por lo que ironizó: "¡mejor deberíamos canonizarlos!" No puede ser, añadió, que el Ejército tenga tantas funciones, mientras que los profesores y las instituciones de salud, a quienes corresponden esas acciones, no cuentan con los recursos y salarios adecuados para tales fines".

* Tomado del periódico La Jornada.


El siguiente artículo fue tomado de la revista Proceso.

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Validación de la ilegitimidad

Jorge Carrasco Araizaga

En la elección presidencial de 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en múltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los magistrados del tribunal, por ejemplo, violaron artículos que impiden a Felipe Calderón fungir legítimamente como presidente de la República y lo colocan en la situación de ejercicio indebido del servicio público. Tal es, en suma, la conclusión del análisis jurídico que hace el abogado Julio Scherer Ibarra –exasesor de Andrés Manuel López Obrador– en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautoría con Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, está ya en circulación bajo el sello de editorial Grijalbo.

Con su actuación en los comicios presidenciales de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo sentó un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurrió en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calderón “no está legitimado para fungir como presidente de la República”.

Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno de la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad.

La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra la administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido del servicio público.

Tal es la interpretación de los acontecimientos que hace Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jurídico del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, escrito en coautoría con el periodista Jenaro Villamil y que la próxima semana pondrá en circulación la editorial Random House Mondadori bajo el sello de Grijalbo.

A partir de la revisión jurídica del dictamen del 5 de septiembre del año pasado, con el que el TEPJF cerró formalmente el proceso electoral y declaró a Calderón presidente electo, Scherer Ibarra expone las omisiones del tribunal y la actuación permisiva del Instituto Federal Electoral (IFE), concentrado sobre todo en el trabajo de los magistrados que integraban la Sala Superior del TEPJF.

Mediante argucias y trampas, dice, el TEPJF decidió de forma arbitraria y contradictoria validar la pasada elección presidencial a pesar de las múltiples violaciones a la legislación electoral, desestimadas también por el IFE y que derivaron en un proceso electoral dominado por el encono y la desconfianza.

Ni la intromisión del entonces presidente Vicente Fox ni la intervención de elementos ajenos al proceso electoral –empresas, extranjeros y organismos empresariales–, y menos aún la intensa y costosa propaganda negativa en contra de López Obrador fueron suficientes para considerar la invalidez del proceso electoral, a pesar de que el mismo tribunal reconoció esos hechos como ilegales. Tampoco contaron sus propios antecedentes de nulidad de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000 y de Colima en 2003.

Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Scherer Ibarra manifiesta que con la renuncia a sus responsabilidades como jueces, los magistrados convalidaron hechos antijurídicos y sentaron el grave precedente de que para futuros procesos electorales se validen las ilegalidades. Más aún, establecieron que en materia electoral lo importante no son los ilícitos, sino sus efectos, siempre y cuando quien los padezca los pueda probar.

Entre esas ilegalidades destaca la campaña sucia del PAN, del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas y organismos fantasma en contra de quien ahora se considera el presidente legítimo de México.

La manera en que se operó esa guerra la describe Jenaro Villamil en la primera parte del libro (Ver recuadro).

Mediante la revisión de la estrategia mediática de Calderón, Villamil –reportero de Proceso– señala que el candidato del PAN no sólo tuvo el respaldo corporativo, especialmente de Televisa, sino que con el discurso del miedo se logró imponer un “pánico moral” que derivó en odio, ante el eventual triunfo de López Obrador.

En la segunda parte del volumen, que Scherer Ibarra titula Mediático y jurídico: terrorismo en 2006, hay un amplio análisis jurídico de la actuación de las autoridades administrativas (el IFE) y jurisdiccionales (el TEPJF) en la elección que aún mantiene dividida a la sociedad mexicana.



Los delitos del IFE



Después de repasar el conjunto de intervenciones ilegales en el proceso electoral a favor de Calderón, Scherer Ibarra demuestra las omisiones de los consejeros del IFE y lo que considera una renuncia de los magistrados del TEPJF a sus obligaciones jurisdiccionales.

“Ambos organismos no sólo permitieron y cometieron ilegalidades e ilícitos, sino también utilizaron sus atribuciones públicas para convalidar un fraude que contrarió tanto la voluntad de muchísimos votantes como el estado de derecho”, afirma.

El planteamiento central de Scherer Ibarra es que el tribunal emitió un mero “dictamen administrativo electoral”, carente de los elementos para hacer “una legal declaración de validez” de la elección. La consecuencia, advierte, es que ese dictamen no surte efectos constitucionales.

De acuerdo con dicha interpretación, “al no haberse dictado la resolución que nuestra Constitución exige, el licenciado Felipe Calderón, consecuentemente, no está legitimado para fungir como presidente de la República”.

Para Scherer Ibarra, esa invalidez jurídica comienza con las omisiones del instituto que encabeza Luis Carlos Ugalde, que dejó pasar los actos ilegales cometidos por quienes no debían intervenir en el proceso electoral, conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En ese punto, se refiere al financiamiento y al contenido de las campañas: “Si bien el IFE dictó algunas resoluciones, generalmente motivadas por quejas derivadas de agravios, con las que en algunos casos se declaró la ilegalidad incurrida y se ordenó la suspensión del acto irregular, el instituto no cumplió con su obligación esencial, esto es, el equilibrio procesal electoral”.

Lejos del rigor, los consejeros del IFE cometieron irregularidades administrativas por no cumplir con el Cofipe. Peor todavía, de acuerdo con el autor, “facilitaron la perpetración de ilícitos penales y propiciaron un grave desequilibrio en el proceso electoral”.

Dicha conducta permitió que Calderón se beneficiara tanto por los mensajes de descrédito en perjuicio de López Obrador –enviados por terceros simpatizantes del candidato del PAN– como por los excesos de los topes autorizados que implicaban esos mensajes y anuncios publicitarios.

El IFE permitió que se sumaran a la propaganda del PAN quienes tenían limitación legal para ello, como los inversionistas extranjeros o empresas mercantiles. Fue el caso de Jumex, Sabritas, Televisa (por medio de su telenovela La fea más bella y el programa semanal Qué madre tan padre), Dulces la Rosa, Coppel y el consorcio Alsea (integrado entre otras franquicias por Domino’s Pizza, Starbucks Café y Burger King).

Con sus omisiones, los consejeros del Instituto Federal Electoral también facilitaron la intervención del Consejo Coordinador Empresarial –mediante spots e impresos que inducían a votar por Calderón– y de organizaciones de membrete como “Ármate de Valor y Vota”.

Lo mismo de personajes como el Doctor Simi, quien replicó la imagen del candidato de la coalición Por el Bien de Todos como un “peligro social”, o como Demetrio Sodi, quien a pesar de que era candidato del PAN a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal se dedicó a desacreditar el eslogan de la campaña de López Obrador (“Por el bien de todos”).

En el recuento que hace el autor de las abstenciones de los consejeros, destaca la relativa a la intromisión del expresidente de España y consejero de Fox, José María Aznar, así como a la de Antonio José Solá Reche, también español, quien intervino mediante su empresa Desarrollo y Operación de Campañas, S.A. de C.V., contratada por el PAN, para hacerse cargo de la imagen de Calderón, pese a que su estatus migratorio le impedía participar en política interna.

La lectura jurídica de Scherer Ibarra lo lleva a precisar que los funcionarios del IFE cometieron el delito electoral previsto y sancionado en la fracción II del artículo 405 del Código Penal Federal (CPF), según el cual es sujeto de pena de dos a seis años de prisión el funcionario electoral que “se abstenga de cumplir, sin causa justificada, las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral”.

Que el IFE pueda sancionar el exceso en los gastos de campaña una vez pasado el proceso electoral –como ahora empieza a hacerse en relación con los cientos de miles de spots difundidos por los partidos–, no lo exime de responsabilidad por las medidas que debió tomar. Al no adoptar las decisiones legales correspondientes, avaló las irregularidades.

Scherer Ibarra no duda en asentar que los consejeros electorales incurrieron en “conducta delictiva”. Y explica: El IFE “toleró que en los medios masivos de comunicación aparecieran mensajes y/o anuncios publicitarios que, notoriamente, no sólo desacreditaban a López Obrador y beneficiaban la postura del candidato del PAN, sino también claramente implicaban, por un lado, un rebase al tipo de los gastos de campaña y, por otro, el financiamiento tanto de personas morales mercantiles como de asociaciones y/o grupos de los que se desconocen su origen y fuente de sus recursos”.

En el conteo de los votos el autor también encuentra responsabilidad legal del IFE. Apoyado en criterios del propio TEPJF y el Cofipe, señala que el IFE incumplió con las disposiciones que lo obligan “a depurar de oficio las inconsistencias cometidas en las actas, para lo cual es indispensable efectuar un nuevo escrutinio y un nuevo cómputo”.

Los consejeros estaban obligados a ello, asegura, porque los resultados de las actas no coincidían, además de que se detectaron “alteraciones que generaban duda fundada sobre el resultado en la elección de la casilla”.

Las omisiones tienen una consecuencia legal, pues la autoridad encargada de vigilar el proceso electoral, de acuerdo con el libro, “propició el desequilibrio de dicho proceso”, en actuación contraria a lo establecido en la Constitución política. Ese dejar de hacer “incidió en el resultado de las elecciones” y colocó a los funcionarios del IFE en la ilegalidad.



Los delitos del TEPJF



En La guerra sucia de 2006 se asevera que, a pesar de todas esas irregularidades e ilegalidades, el TEPJF prefirió buscar la manera de justificarlas mediante razonamientos contradictorios y aparentes e inclusive trampas.

En lugar de cumplir con su función de jueces que pronuncian una sentencia después de agotar todas las pruebas, los magistrados optaron por constituirse en meras autoridades burocráticas que emitieron un dictamen que ellos mismos definieron como “administrativo electoral” para poner fin al proceso.

A partir de la diferenciación entre sentencia y dictamen, Scherer Ibarra subraya que el tribunal incumplió las obligaciones constitucionales que le señala el artículo 89: “Cuando el TEPJF, por sí mismo, opta por emitir un ‘dictamen’ (informe u opinión), no sólo desatiende la obligación constitucional que le asiste para fungir como órgano jurisdiccional en materia electoral, sino también, indebidamente, deja sin solución legal la cuestión planteada”, es decir, lo concerniente a la validez de la elección presidencial.

La falta de resolución –con la que judicialmente se pone fin a un proceso jurídico– “no valida las elecciones y, por ende, no da legitimación a Felipe Calderón para fungir como presidente de la República”. No bastaba que aritméticamente Calderón apareciera con el mayor número de votos. Era necesario que el tribunal, en pleno ejercicio de sus facultades, declarara la validez de las elecciones y a Calderón presidente electo.

Esa omisión, expone Julio Scherer Ibarra, también tiene consecuencias legales. Puesto que no hubo sentencia sobre la validez, existe “la necesidad de nombrar presidente interino” por parte del Congreso de la Unión, ante la ilegalidad del dictamen. No sólo eso, sino que Calderón “comete el delito de ejercicio indebido de un servicio público”, previsto en la fracción I del artículo 214 del CPF.

Plantea que, a su vez, los entonces magistrados electorales incurrieron en el delito contra la administración de justicia, que según la facción VI del artículo 225 del Código Penal Federal consiste en dictar, a sabiendas, una resolución de fondo ilícita, violatoria de algún precepto terminante de la ley.

Lo dictaminado por el tribunal demuestra, de acuerdo con el autor, que para desechar la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos consistente en que los magistrados recabaran diversos medios de prueba sobre las violaciones pasadas por alto por el IFE, éstos se limitaron a examinar los alegatos que existían en el expediente.

Debido a que no en todos los casos puede haber prueba material de un hecho, “como en el caso del contubernio de aquellos que atacaron a López Obrador”, los jueces cuentan con la prueba indiciaria.
“La prueba circunstancial e indiciaria es más que suficiente para llegar a conclusiones verosímiles; sin embargo, para los magistrados no hay prueba suficiente y pasan por alto que la prueba absoluta se da por excepción.”

CNDH apoya lo peor de México, al Yunque fascista

Todo fue premeditado y en confabulación, entre el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que debería ser autónoma –así como lo es en el despilfarro en que incurre su titular José Luis Soberanes-, para que ayer presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional contra la ley que permite el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el Distrito Federal.

No es algo que sorprenda de parte del pelele Calderón Hinojosa, su esposa Margarita Zavala ya se había pronunciado en ese sentido, tampoco es nuevo que los empresarios –cercanos al Yunque- como Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, patrocinen este tipo de campañas, que pretenden mantener al país en un atraso cultural y social a fin de poder controlar mejor a los ciudadanos por medio de la telebasura de Televisa y TV Azteca, amén de los programas transmitidos por el oligopolio de las radiodifusoras.

Tampoco es algo novedoso que José Luis Soberanes se ponga de tapete para seguir disfrutando del erario público sin rendir cuentas a nadie. Durante la gestión del traidor e ignorante Vicente Fox Quesada, tuvo desacuerdos con él más de forma que de fondo. Soberanes siguió los consejos de la “maestra” Elba Esther “asesina” Gordillo en el sentido de “vender todo lo que se pueda”. Queda claro que el “autónomo” Soberanes hizo lo propio y después de “limpiar” la cara a los militares en el asunto del asesinato se Ernestina Ascensio Rosario –indígena violada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz- ahora se encargará del trabajo sucio que le ordene el espurio.

Desde aquí nos preguntamos ¿qué ha pasado con las recomendaciones que debió emitir la CNDH, por los múltiples homicidios en todo el país a causa del crimen organizado y los incontables operativos que sólo han traído la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Los narcos siguen paseando como si nada, ya que sus redes financieras, que llegan a las propias cuentas bancarias del usurpador Calderón Hinojosa, siguen intactas.

No más simulación y cortinas de humo. Basta de lucrar con la necesidad de justicia de los mexicanos. Alto al saqueo que funcionarios públicos hacen de los bienes nacionales y nuestros impuestos. No más robos por parte del gobierno federal, sus funcionarios y servidores públicos “autónomos”.


En seguida una nota y una colaboración tomadas del periódico La Jornada.


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Promueven PGR y CNDH ante la Corte acciones contra el aborto

La ALDF, sin facultades para legislar en materia de salud; corresponde al Congreso
La justificación del procurador Eduardo Medina Mora, la defensa de la vida

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Con el argumento de que una norma no puede "permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación", la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que en materia de aborto aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Cerca de las siete de la noche, un representante de la PGR acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar la documentación necesaria que permitirá al máximo tribunal analizar la legalidad de las reformas realizadas a diversos artículos de la Ley de Salud y del Código Penal para el Distrito Federal.

La dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora afirmó, mediante un comunicado de prensa, que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia SCJN y, sin excepción alguna, los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole".

Eduardo Medina Mora, en su calidad de titular del Ministerio Público Federal, y con base en las atribuciones que le otorga el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sexto, fracción II de la Ley Orgánica de la PGR, procedió a interponer el recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes emitidas por la ALDF en materia de aborto.

Según la dependencia, en un contexto ajeno a cuestiones políticas y sociales, se analizó el decreto expedido por la ALDF el pasado 26 de abril.

Y así llegó a la conclusión de que son inconstitucionales las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16 bis-6, párrafo tercero y 16 bis-8, último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo tercero transitorio del decreto.

La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad, señaló la PGR, proviene del criterio adoptado por la SCJN en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, "derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales", aprobada en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.

Asimismo, precisó la PGR que en sus argumentos se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del pleno de la SCJN que señala lo discriminatorio que sería disponer que "a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida".

Además, refirió la dependencia, "de acuerdo con lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la SCJN, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.

"Por esta razón, se estima que el decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a los postulados.

"El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal, conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto de su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dejan lugar a dudas en cuanto al contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución".

Y precisó que dicho precepto constitucional refiere que "en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".

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Militarización

Octavio Rodríguez Araujo

El Ejército Mexicano ha gozado de privilegios y de fueros especiales. Es, por decirlo así, intocable. Con Felipe Calderón ha aumentado su participación en asuntos incluso correspondientes a la policía preventiva, como lo demuestran los retenes militares que se han instalado en varios puntos del país. En estos retenes, con el argumento de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, los soldados detienen vehículos en las calles y carreteras, revisan al mínimo detalle su interior y sus pasajeros no se salvan de examen.

La ley mencionada se refiere a las armas y explosivos que pueden usar los ciudadanos y bajo qué condiciones. También indica lo que está prohibido en esta materia. Pero no dice que, en su aplicación, los militares puedan violar, impunemente, el artículo 16 de la Constitución vigente que, a la letra, dice: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento (cursivas mías).

En los retenes militares se para, aleatoriamente, a los automovilistas, con el pretexto de que están buscando armas y explosivos. Esto es anticonstitucional. El Ejército está violando la Constitución, y esto no debe permitirse. Vaya, ni siquiera juega el papel de coadyuvante de la autoridad civil, que está ausente de estos operativos. Y, dicho sea de paso, la autoridad civil (la policía) también comete con frecuencia este atropello a la Constitución y a los ciudadanos, y cuando alguien reclama sus derechos recibe amenazas, malos tratos y mayor dilación en las revisiones. La impotencia ciudadana contra la prepotencia militar y policiaca, como si el país estuviera en Estado de sitio.

¿Por qué ocurre esto? Porque pueden hacerlo y nadie los llama a cuentas y, para colmo, porque hay ciudadanos que aplauden las medidas anticonstitucionales porque tienen miedo y piensan, ilusamente, que los policías y los militares son ángeles con uniforme. Estos ciudadanos, principalmente de clase media para arriba, están dispuestos a perder sus garantías individuales consagradas en el Capítulo I de la Constitución con tal de sentirse seguros, según ellos.

Hay un fenómeno curioso y perverso en esto de la seguridad y la vigilancia. En las unidades habitacionales con vigilancia, se revisa a la gente de apariencia humilde que llega a pie, no a quienes llegan en automóvil, y menos si éste es de lujo. En los retenes policiacos se detiene a los vehículos viejos y en malas condiciones, no a los de lujo, aunque no porten placas de circulación. Lo he visto, no me lo han contado. Hay, pues, discriminación, además de que el supuesto, nunca confesado, es que los pobres son, por definición y mientras no demuestren lo contrario, delincuentes, reales o potenciales. Esto es aberrante, pero así ocurre y miles de personas podrían confirmarlo.

Un caso reciente, además del de Oaxaca, y que, como éste, también tuvo repercusiones incluso internacionales, fue el de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, en el municipio Soledad Atzompa en Veracruz. Al margen de un sinnúmero de contradicciones en las notas periodísticas del caso, basadas en inconsistencias de los testigos, que originalmente fueron unos y luego otros más, el hecho es que los testimonios apuntaban, como sospechosos de la agresión a la anciana, a soldados del destacamento militar en la zona. No hay pruebas fehacientes y sólidas de nada, por lo menos que consten en la prensa, pero sí hay una dinámica perversa que puede provocar indignación hasta en un niño mayor de 12 años.

En un principio las autoridades veracruzanas, desde el Ministerio Público de pueblo hasta el gobernador, pasando por la Procuraduría General de Justicia estatal, coincidieron en que la mujer había sido probablemente violada y que había muerto de causas no naturales (el gobernador habló de un crimen que no quedaría impune). Luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el papel de policía ministerial, que no le corresponde, dictaminó que no había sido así. Calderón dijo más o menos lo mismo, y finalmente las autoridades de Veracruz confirmaron que no había delito que perseguir y se repartieron premios quizá hasta en la familia de la occisa. Todo este lío, para evitar una investigación seria, científica y responsable, por un lado, y por otro para salvar la imagen del Ejército Mexicano empañada por la posible culpabilidad de unos soldados. A éstos no se les puede tocar -pareció insinuar Calderón, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- ni con el pétalo de una rosa. Mientras tanto, en la guerra personal de Calderón y sus hombres de verde contra el narcotráfico, muere gente incluso inocente casi todos los días. Esto sí es inseguridad, lo demás es, comparativamente, un cuento para niños.

Lo grave, según veo, es que se está militarizando el país, se le está dando demasiado poder al Ejército y no sólo los privilegios (que han aumentado) y los fueros especiales de los que ha gozado desde hace décadas. ¿Dónde quedó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos?

Nueva embestida de la derecha fascista

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Rocha y Helguera y El Universal, Helioflores, Omar y Carreño.

De nueva cuenta los tintes fascistas en el quehacer nacional. Ahora –como casi siempre- de manos del PAN, que con un cierre de pinza pretende revertir las reformas al código penal que despenaliza el aborto en el Distrito Federal. Por un lado amenazan al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, con la orden de que impugne dicha ley o será removido del cargo y por otro el ombudsman nacional José Luis Soberanes instrumenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a unos días de que venza el plazo para hacerlo.

Soberanes argumenta que sólo los legisladores federales pueden modificar leyes en materia de salud y que además México firmó tratados como la Convención de los Derechos del Niño, que entran en contradicción con la citada ley. Se trata pues de una pifia más del PAN que ante los hechos no puede más que dar patadas de ahogado. Primero, porque los legisladores locales, pueden y han legislado sobre el tema desde el año 2000, fecha desde la que están vigentes cuatro causales para el aborto. Segundo, no interfiere con el citado tratado porque otros países que signaron el acuerdo también tienen legislaciones –y más amplias- sobre el aborto.

Recordemos que Soberanes demostró con creces su falta de credibilidad en el caso de la anciana indígena asesinada en la sierra de Zongolica, Veracruz. Hasta la fecha se espera una recomendación –que bajo los reflectores de la televisión amenazó con hacer - sobre la forma desaseada y oscura en que se llevó a cabo la investigación, sin embargo, sólo se le ha ocurrido hacer berrinches, sin más.

Otra más. Después de más de un año de los asesinatos, violaciones, vejaciones, detenciones ilegales, encarcelamiento de inocentes, etc., en Oaxaca, la CND, que preside Soberanes, “descubrió”, que el gober asesino Ulises Ruiz es el culpable. Vamos, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales hace meses que documentaron lo anterior ¿por qué ahora? Se trata nada más de una cortina de humo, de un servidor público que no ha cumplido con su trabajo y en cambio ha abusado de los recursos públicos como ha quedado ampliamente documentado. Despilfarro, opacidad y complicidad son los hechos que describen el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Otros casos? Pues la muerte de 65 mineros, por las peligrosos condiciones en que laboraban en la mina de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. La CND, ha permanecido en silencio. De eso estamos hablando, ese es José Luis Soberanes.

El siguiente es un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

La verdad histórica

cecilia lavalle

México, D.F., 24 de mayo (apro-cimac).- Muchas veces en México “la verdad histórica” se encuentra con un método contundente: sólo hay que saber de qué lado está el poder.

¿Cuánto margen de discusión, de manejo político, de duda, de error puede haber en un caso de violación sexual? En algún país civilizado de algún remoto lugar del planeta la respuesta sería: ninguno. Bastaría con acudir a la ciencia médica.

¡Ah!, pero en México el margen de discusión, manejo político, etcétera, etcétera, es directamente proporcional al poder de los posibles o presuntos implicados.

Ahí está el caso de doña Ernestina Ascencio, indígena de 73 años, que declaró horas antes de morir que militares se le “echaron encima”.

Blanche Petrich, en una serie de excelentes artículos (La Jornada, abril 2, 4, 9, 10) relata que a Ernestina la encontró su hija Marta, a unos 20 metros de un pequeño claro en la sierra, y a tiro de piedra de la base de operaciones del 63 Batallón de Infantería, 26 Zona Militar.

Marta, escribe Blanche, afirma que cuando le preguntó a doña Ernestina qué le había pasado, la viejita le respondió: “Fueron los soldados, m'ija. Se me echaron encima. Mieque, mieque (muchos, muchos). Me amarraron mis pies. Me amarraron mis manos. Duele”.

Y cuando le dicen que personas poderosas ponen en duda su palabra, Marta, llena de azoro, pregunta: “¿Por qué iba yo a echar mentira de lo que me dijo mi mamacita?”

No es a la única que no le creen.

Sigue Blanche: La ginecóloga especialista en delitos sexuales de la procuraduría veracruzana, María Catalina Rodríguez Rosas, dictaminó: “Se observaron equimosis en orla himenial, equimosis en tercio inferior pared posterior de vagina, así como laceraciones en labios mayores en horas 3, 5, 7 y 11, desgarros antiguos en himen anular. Por cuanto hace al examen proctológico, se observaron pliegues radios del ano con excoriaciones dermoepidérmicas, esfínter anal con desgarro reciente con sangrado en capa y sangrado transabundante, probable perforación rectal, lesiones que ponen en peligro la vida, tardando en sanar más de quince días, requiriendo manejo urgente de cirugía general y/o coloproctología”.

El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal; la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634); el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emeterio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.

Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga (La Jornada, abril 2).

Pero luego, y dado que no se habían tomado muestras de semen, se exhumó el cadáver, se practicaron otros estudios y, de pronto, todo cambió.

El primero en señalar públicamente que doña Ernestina había muerto a causa de una “gastritis”, fue el presidente Felipe Calderón. Después, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, precisó que había muerto a causa de una anemia y que no había sido violada.

Finalmente, el pasado 2 de mayo, la cereza en el pastel: la Procuraduría General de Justicia de Veracruz modificó su versión. Ahora dice que no fue violada, ni asesinada y ¡cerró el caso!

Según la nota de Andrés Morales, corresponsal de La Jornada en Veracruz, en conferencia de prensa, sin admitir preguntas de los reporteros, el fiscal especial Juan Alatriste Gómez afirmó que “la muerte (...) no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspecto que queda en un segundo plano y como materia de homologación de criterios”.

El funcionario indicó que los testimonios de familiares y personal médico “no resultaron ser idóneos para acreditar los delitos de referencia, pues sólo son testigos de oídas y no presenciales” (¡¡!!). Y resaltó que las pruebas periciales derivadas de los análisis químicos, genéticos, histopatológicos, criminalísticos y sicológicos se concatenaron para obtener (fanfarrias por favor) “la verdad histórica de los hechos”.

¿Ven qué fácil es encontrar la verdad histórica?