Nueva embestida de la derecha fascista

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Rocha y Helguera y El Universal, Helioflores, Omar y Carreño.

De nueva cuenta los tintes fascistas en el quehacer nacional. Ahora –como casi siempre- de manos del PAN, que con un cierre de pinza pretende revertir las reformas al código penal que despenaliza el aborto en el Distrito Federal. Por un lado amenazan al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, con la orden de que impugne dicha ley o será removido del cargo y por otro el ombudsman nacional José Luis Soberanes instrumenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a unos días de que venza el plazo para hacerlo.

Soberanes argumenta que sólo los legisladores federales pueden modificar leyes en materia de salud y que además México firmó tratados como la Convención de los Derechos del Niño, que entran en contradicción con la citada ley. Se trata pues de una pifia más del PAN que ante los hechos no puede más que dar patadas de ahogado. Primero, porque los legisladores locales, pueden y han legislado sobre el tema desde el año 2000, fecha desde la que están vigentes cuatro causales para el aborto. Segundo, no interfiere con el citado tratado porque otros países que signaron el acuerdo también tienen legislaciones –y más amplias- sobre el aborto.

Recordemos que Soberanes demostró con creces su falta de credibilidad en el caso de la anciana indígena asesinada en la sierra de Zongolica, Veracruz. Hasta la fecha se espera una recomendación –que bajo los reflectores de la televisión amenazó con hacer - sobre la forma desaseada y oscura en que se llevó a cabo la investigación, sin embargo, sólo se le ha ocurrido hacer berrinches, sin más.

Otra más. Después de más de un año de los asesinatos, violaciones, vejaciones, detenciones ilegales, encarcelamiento de inocentes, etc., en Oaxaca, la CND, que preside Soberanes, “descubrió”, que el gober asesino Ulises Ruiz es el culpable. Vamos, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales hace meses que documentaron lo anterior ¿por qué ahora? Se trata nada más de una cortina de humo, de un servidor público que no ha cumplido con su trabajo y en cambio ha abusado de los recursos públicos como ha quedado ampliamente documentado. Despilfarro, opacidad y complicidad son los hechos que describen el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Otros casos? Pues la muerte de 65 mineros, por las peligrosos condiciones en que laboraban en la mina de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. La CND, ha permanecido en silencio. De eso estamos hablando, ese es José Luis Soberanes.

El siguiente es un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

La verdad histórica

cecilia lavalle

México, D.F., 24 de mayo (apro-cimac).- Muchas veces en México “la verdad histórica” se encuentra con un método contundente: sólo hay que saber de qué lado está el poder.

¿Cuánto margen de discusión, de manejo político, de duda, de error puede haber en un caso de violación sexual? En algún país civilizado de algún remoto lugar del planeta la respuesta sería: ninguno. Bastaría con acudir a la ciencia médica.

¡Ah!, pero en México el margen de discusión, manejo político, etcétera, etcétera, es directamente proporcional al poder de los posibles o presuntos implicados.

Ahí está el caso de doña Ernestina Ascencio, indígena de 73 años, que declaró horas antes de morir que militares se le “echaron encima”.

Blanche Petrich, en una serie de excelentes artículos (La Jornada, abril 2, 4, 9, 10) relata que a Ernestina la encontró su hija Marta, a unos 20 metros de un pequeño claro en la sierra, y a tiro de piedra de la base de operaciones del 63 Batallón de Infantería, 26 Zona Militar.

Marta, escribe Blanche, afirma que cuando le preguntó a doña Ernestina qué le había pasado, la viejita le respondió: “Fueron los soldados, m'ija. Se me echaron encima. Mieque, mieque (muchos, muchos). Me amarraron mis pies. Me amarraron mis manos. Duele”.

Y cuando le dicen que personas poderosas ponen en duda su palabra, Marta, llena de azoro, pregunta: “¿Por qué iba yo a echar mentira de lo que me dijo mi mamacita?”

No es a la única que no le creen.

Sigue Blanche: La ginecóloga especialista en delitos sexuales de la procuraduría veracruzana, María Catalina Rodríguez Rosas, dictaminó: “Se observaron equimosis en orla himenial, equimosis en tercio inferior pared posterior de vagina, así como laceraciones en labios mayores en horas 3, 5, 7 y 11, desgarros antiguos en himen anular. Por cuanto hace al examen proctológico, se observaron pliegues radios del ano con excoriaciones dermoepidérmicas, esfínter anal con desgarro reciente con sangrado en capa y sangrado transabundante, probable perforación rectal, lesiones que ponen en peligro la vida, tardando en sanar más de quince días, requiriendo manejo urgente de cirugía general y/o coloproctología”.

El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal; la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634); el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emeterio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.

Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga (La Jornada, abril 2).

Pero luego, y dado que no se habían tomado muestras de semen, se exhumó el cadáver, se practicaron otros estudios y, de pronto, todo cambió.

El primero en señalar públicamente que doña Ernestina había muerto a causa de una “gastritis”, fue el presidente Felipe Calderón. Después, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, precisó que había muerto a causa de una anemia y que no había sido violada.

Finalmente, el pasado 2 de mayo, la cereza en el pastel: la Procuraduría General de Justicia de Veracruz modificó su versión. Ahora dice que no fue violada, ni asesinada y ¡cerró el caso!

Según la nota de Andrés Morales, corresponsal de La Jornada en Veracruz, en conferencia de prensa, sin admitir preguntas de los reporteros, el fiscal especial Juan Alatriste Gómez afirmó que “la muerte (...) no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspecto que queda en un segundo plano y como materia de homologación de criterios”.

El funcionario indicó que los testimonios de familiares y personal médico “no resultaron ser idóneos para acreditar los delitos de referencia, pues sólo son testigos de oídas y no presenciales” (¡¡!!). Y resaltó que las pruebas periciales derivadas de los análisis químicos, genéticos, histopatológicos, criminalísticos y sicológicos se concatenaron para obtener (fanfarrias por favor) “la verdad histórica de los hechos”.

¿Ven qué fácil es encontrar la verdad histórica?