CNDH apoya lo peor de México, al Yunque fascista

Todo fue premeditado y en confabulación, entre el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que debería ser autónoma –así como lo es en el despilfarro en que incurre su titular José Luis Soberanes-, para que ayer presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional contra la ley que permite el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el Distrito Federal.

No es algo que sorprenda de parte del pelele Calderón Hinojosa, su esposa Margarita Zavala ya se había pronunciado en ese sentido, tampoco es nuevo que los empresarios –cercanos al Yunque- como Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, patrocinen este tipo de campañas, que pretenden mantener al país en un atraso cultural y social a fin de poder controlar mejor a los ciudadanos por medio de la telebasura de Televisa y TV Azteca, amén de los programas transmitidos por el oligopolio de las radiodifusoras.

Tampoco es algo novedoso que José Luis Soberanes se ponga de tapete para seguir disfrutando del erario público sin rendir cuentas a nadie. Durante la gestión del traidor e ignorante Vicente Fox Quesada, tuvo desacuerdos con él más de forma que de fondo. Soberanes siguió los consejos de la “maestra” Elba Esther “asesina” Gordillo en el sentido de “vender todo lo que se pueda”. Queda claro que el “autónomo” Soberanes hizo lo propio y después de “limpiar” la cara a los militares en el asunto del asesinato se Ernestina Ascensio Rosario –indígena violada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz- ahora se encargará del trabajo sucio que le ordene el espurio.

Desde aquí nos preguntamos ¿qué ha pasado con las recomendaciones que debió emitir la CNDH, por los múltiples homicidios en todo el país a causa del crimen organizado y los incontables operativos que sólo han traído la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Los narcos siguen paseando como si nada, ya que sus redes financieras, que llegan a las propias cuentas bancarias del usurpador Calderón Hinojosa, siguen intactas.

No más simulación y cortinas de humo. Basta de lucrar con la necesidad de justicia de los mexicanos. Alto al saqueo que funcionarios públicos hacen de los bienes nacionales y nuestros impuestos. No más robos por parte del gobierno federal, sus funcionarios y servidores públicos “autónomos”.


En seguida una nota y una colaboración tomadas del periódico La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx

Promueven PGR y CNDH ante la Corte acciones contra el aborto

La ALDF, sin facultades para legislar en materia de salud; corresponde al Congreso
La justificación del procurador Eduardo Medina Mora, la defensa de la vida

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Con el argumento de que una norma no puede "permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación", la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que en materia de aborto aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Cerca de las siete de la noche, un representante de la PGR acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar la documentación necesaria que permitirá al máximo tribunal analizar la legalidad de las reformas realizadas a diversos artículos de la Ley de Salud y del Código Penal para el Distrito Federal.

La dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora afirmó, mediante un comunicado de prensa, que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia SCJN y, sin excepción alguna, los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole".

Eduardo Medina Mora, en su calidad de titular del Ministerio Público Federal, y con base en las atribuciones que le otorga el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sexto, fracción II de la Ley Orgánica de la PGR, procedió a interponer el recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes emitidas por la ALDF en materia de aborto.

Según la dependencia, en un contexto ajeno a cuestiones políticas y sociales, se analizó el decreto expedido por la ALDF el pasado 26 de abril.

Y así llegó a la conclusión de que son inconstitucionales las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16 bis-6, párrafo tercero y 16 bis-8, último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo tercero transitorio del decreto.

La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad, señaló la PGR, proviene del criterio adoptado por la SCJN en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, "derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales", aprobada en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.

Asimismo, precisó la PGR que en sus argumentos se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del pleno de la SCJN que señala lo discriminatorio que sería disponer que "a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida".

Además, refirió la dependencia, "de acuerdo con lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la SCJN, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.

"Por esta razón, se estima que el decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a los postulados.

"El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal, conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto de su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dejan lugar a dudas en cuanto al contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución".

Y precisó que dicho precepto constitucional refiere que "en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".

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Militarización

Octavio Rodríguez Araujo

El Ejército Mexicano ha gozado de privilegios y de fueros especiales. Es, por decirlo así, intocable. Con Felipe Calderón ha aumentado su participación en asuntos incluso correspondientes a la policía preventiva, como lo demuestran los retenes militares que se han instalado en varios puntos del país. En estos retenes, con el argumento de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, los soldados detienen vehículos en las calles y carreteras, revisan al mínimo detalle su interior y sus pasajeros no se salvan de examen.

La ley mencionada se refiere a las armas y explosivos que pueden usar los ciudadanos y bajo qué condiciones. También indica lo que está prohibido en esta materia. Pero no dice que, en su aplicación, los militares puedan violar, impunemente, el artículo 16 de la Constitución vigente que, a la letra, dice: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento (cursivas mías).

En los retenes militares se para, aleatoriamente, a los automovilistas, con el pretexto de que están buscando armas y explosivos. Esto es anticonstitucional. El Ejército está violando la Constitución, y esto no debe permitirse. Vaya, ni siquiera juega el papel de coadyuvante de la autoridad civil, que está ausente de estos operativos. Y, dicho sea de paso, la autoridad civil (la policía) también comete con frecuencia este atropello a la Constitución y a los ciudadanos, y cuando alguien reclama sus derechos recibe amenazas, malos tratos y mayor dilación en las revisiones. La impotencia ciudadana contra la prepotencia militar y policiaca, como si el país estuviera en Estado de sitio.

¿Por qué ocurre esto? Porque pueden hacerlo y nadie los llama a cuentas y, para colmo, porque hay ciudadanos que aplauden las medidas anticonstitucionales porque tienen miedo y piensan, ilusamente, que los policías y los militares son ángeles con uniforme. Estos ciudadanos, principalmente de clase media para arriba, están dispuestos a perder sus garantías individuales consagradas en el Capítulo I de la Constitución con tal de sentirse seguros, según ellos.

Hay un fenómeno curioso y perverso en esto de la seguridad y la vigilancia. En las unidades habitacionales con vigilancia, se revisa a la gente de apariencia humilde que llega a pie, no a quienes llegan en automóvil, y menos si éste es de lujo. En los retenes policiacos se detiene a los vehículos viejos y en malas condiciones, no a los de lujo, aunque no porten placas de circulación. Lo he visto, no me lo han contado. Hay, pues, discriminación, además de que el supuesto, nunca confesado, es que los pobres son, por definición y mientras no demuestren lo contrario, delincuentes, reales o potenciales. Esto es aberrante, pero así ocurre y miles de personas podrían confirmarlo.

Un caso reciente, además del de Oaxaca, y que, como éste, también tuvo repercusiones incluso internacionales, fue el de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, en el municipio Soledad Atzompa en Veracruz. Al margen de un sinnúmero de contradicciones en las notas periodísticas del caso, basadas en inconsistencias de los testigos, que originalmente fueron unos y luego otros más, el hecho es que los testimonios apuntaban, como sospechosos de la agresión a la anciana, a soldados del destacamento militar en la zona. No hay pruebas fehacientes y sólidas de nada, por lo menos que consten en la prensa, pero sí hay una dinámica perversa que puede provocar indignación hasta en un niño mayor de 12 años.

En un principio las autoridades veracruzanas, desde el Ministerio Público de pueblo hasta el gobernador, pasando por la Procuraduría General de Justicia estatal, coincidieron en que la mujer había sido probablemente violada y que había muerto de causas no naturales (el gobernador habló de un crimen que no quedaría impune). Luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el papel de policía ministerial, que no le corresponde, dictaminó que no había sido así. Calderón dijo más o menos lo mismo, y finalmente las autoridades de Veracruz confirmaron que no había delito que perseguir y se repartieron premios quizá hasta en la familia de la occisa. Todo este lío, para evitar una investigación seria, científica y responsable, por un lado, y por otro para salvar la imagen del Ejército Mexicano empañada por la posible culpabilidad de unos soldados. A éstos no se les puede tocar -pareció insinuar Calderón, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- ni con el pétalo de una rosa. Mientras tanto, en la guerra personal de Calderón y sus hombres de verde contra el narcotráfico, muere gente incluso inocente casi todos los días. Esto sí es inseguridad, lo demás es, comparativamente, un cuento para niños.

Lo grave, según veo, es que se está militarizando el país, se le está dando demasiado poder al Ejército y no sólo los privilegios (que han aumentado) y los fueros especiales de los que ha gozado desde hace décadas. ¿Dónde quedó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos?