A Televisa y TV Azteca les vale en lugar de tener el valor

Tomados de El Universal, Naranjo, Helioflores y La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera.

El poder y cinismo de las televisoras en México no tienen límite. Durante las últimas semanas se ha presenciado de todo, desde las televisoras bondadosas que $ólo pretenden llevar diversión a los hogares hasta su verdadera cara dictatorial al amenazar sin rubor alguno a quienes no piensas como ellos. Los casos emblemáticos son el panista Javier Corral y el priísta Manuel Barlett, a uno lo acusan de deberles casi un millón de pesos por campaña publicitaria en 2004 –a pesar de que el PAN local asume la deuda e insiste en pagarla- y al otro le recuerdan su participación en el fraude electoral de 1998, donde el pelón Carlos Salinas de Gortari se alzó con la Presidencia de la República, desde donde vendió de todo –Telmex, Imevisión (hoy TV Azteca), etc.- para poder robar lo que quiso.

Aquí no se trata de defender a Barlett sobre su participación en la “caída del sistema” y su posterior pago con la gubernatura de Puebla, sino de evidenciar la desmesura y rapacidad del duopolio televisivo. Ambos personajes han solicitado su derecho de réplica, que les ha sido negado por las dos empresas. Aducen que si quieren decir algo que lo digan a sus “reporteros” de banqueta y aguanten las preguntas monotemáticas que les hacen. Sin embargo, ayer mismo la televisora del Ajusco –que “compró” Ricardo Salinas Pliego mediante el dinero y los oficios del hermano incómodo del chorejas Carlos Salinas de Gortari y no cómo pregonan por la “vía legal”- en un editorial recitado por su lector de noticias favorito –Javier Alatorre- afirmó que era lícito su interés y participación en el asunto de la ley Televisa, que lo hacía de forma abierta, no como los antes mencionados que quien sabe a “que oscuros intereses respondieran”.

Nada más que su interés en el caso debe ser llevado a cabo en los tribunales –en este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y no en los espacios televisivos, pues la ley les prohibe a los concesionarios de radio y televisión usarlos para litigar. La razón es más que evidente, ellos pueden usar el tiempo que quieran para hablar sobre sus puntos de vista hasta el grado de difamar, injuriar, mentir y amenazar sin consecuencias. Mientras los demás carecemos de ese mismo medio para mostrar nuestras posturas, eso ante cualquier ley es inequitativo, desigual. Las leyes son para todos por igual, nadie puede aprovechar un bien de la nación –el espectro radioeléctrico- para imponer su voluntad y prevalecer en el negocio.

Por otro lado esta aquello de “oscuros intereses”. Se trata de una estrategia usada constantemente por la derecha fascista del mundo, que consiste en acusar al oponente de lo que la derecha es. De esta forma dicen que atrás de la impugnación a la ley Televisa están “oscuros intereses” para hacer creer al público cautivo que alguien quiere “dañar” a las pobrecitas televisoras. Pero cómo dañarlas, si entre las dos monopolizan la televisión en México, la aérea, la de cable y la satelital. No hay nadie más que ellos. Cobran hasta medio millón de pesos por un comercial de 20 segundos transmitido durante las telenovelas. Imponen leyes –como es el caso de la ley Televisa- y también funcionarios como es el caso de los miembros de la Cofetel, quien se supone que debería regularlos. Primero como senadores impusieron la ley y después fueron puestos en el órgano regulador, todo a modo de las televisoras, así que si se trata de intereses “oscuros”, esos están en las televisoras del Ajusco y Chapultepec.

Se trata de un poder inmenso y depredador. Fueron parte fundamental en el fraude electoral de 2006 y son una fuente de entrega de la soberanía nacional, ya que fomentan valores extranjeros, demeritan los nacionales y mienten constantemente a la ciudadanía, siempre velando por sus intereses por encima de los de los mexicanos, como debería ser ya que a eso esta obligadas legalmente. Se trata pues de una Teletiranía, como en su momento documentó el Canal 6 de Julio.




La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.



http://www.jornada.unam.mx

¿Ombuds... qué?

Octavio Rodríguez Araujo

o estoy seguro de que el mundo esté al revés, pero México sí. Algo que ya debe ser motivo de risa en otros países, especialmente en Suecia, donde se creó la figura del ombudsman, es el papel del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el supuesto defensor del pueblo mexicano. Cualquier jurista (salvo Soberanes) pensará, con lo que ha ocurrido, que en nuestro país existen dos abogados de la nación: el procurador general de la República y el presidente de la CNDH. En esto, hay que reconocerlo, somos muy originales. ¿Estoy exagerando?

En el caso de Zongolica, José Luis Soberanes y su segunda visitadora general de apellido Pedroza de la Llave usurparon la función del Ministerio Público al dictaminar sobre la muerte de Ernestina Ascensión. En el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el mismo Soberanes presentó una controversia constitucional sobre lo aprobado por los legisladores locales, argumentando que no era un cuestionamiento moral, sino de técnica y consistencias jurídicas. En paralelo, la Procuraduría General de la República hizo lo mismo, con semejantes argumentos, sólo semejantes.

El ombudsman mexicano, como en otros países donde no se confunde Estado con gobierno, debería de ser un funcionario del Estado, no del gobierno. El procurador general es funcionario de gobierno y su papel es investigar ilícitos, dictaminar si hay causa que perseguir y presentarlos al Poder Judicial en sus diversos niveles. Sin embargo, en México los dos son funcionarios del gobierno que, para colmo, es de dudosa legitimidad, en realidad impuesto. José Luis Soberanes, doctor en derecho, debería renunciar a su cargo, aunque sea por dos razones principales: porque se ha puesto al servicio de Calderón Hinojosa y porque ha usurpado funciones que no le corresponden.

¿Qué ha dicho Soberanes, defensor del pueblo y ahora de la constitucionalidad, sobre los retenes militares y policiacos que violan el artículo 16 constitucional? Nada, como si no existieran o como si aceptara, puesto que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que estamos en guerra y que por lo tanto han quedado suspendidas las garantías individuales. Pero el presidente de la CNDH y ministerio público (con minúsculas en este caso) no es el único irresponsable. ¿Qué ha dicho el Congreso de la Unión sobre esos retenes violatorios de la Constitución? Nada. ¿Y el Estado de derecho? ¿Cuál?

Vamos de mal en peor. El comandante general de las fuerzas armadas ha lanzado a éstas en contra de los narcotraficantes. ¿Cuántos han sido detenidos y cuántos policías han muerto sin tener vela en el entierro? ¿Cuántos otros ciudadanos han muerto y morirán en esta guerra absurda contra un enemigo que todos los días hace alarde de su fuerza sin ver realmente menguadas sus filas clandestinas y criminales? ¿Quién ganará, y a qué costo? ¿Y qué ha dicho al respecto nuestro flamante ombudsman? Bueno sería que nos explicara cuáles son nuestros derechos en esta escalada militar de pronósticos imprevisibles y que ya está vulnerando a la Constitución y pervirtiendo el papel del Ejército, por lo menos ante la opinión pública.

El Partido Acción Nacional, o más bien los panistas, son un verdadero peligro para México. Han logrado desprestigiar al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre todo con Mariano Azuela Güitrón), ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y buscándole, encontraríamos a más instituciones. Y así las instituciones servirán de poca cosa y si éstas no sirven, ¿qué diremos de quienes se ostentan como gobierno? Ya el humor popular dice que el Melate ha llegado a más de 400 millones porque el ganador necesita 500 millones y que debe ser pariente de Calderón o de su esposa. Algunos dicen que Hildebrando los necesita para resarcirse de los quebrantos que sufrió el año pasado. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos quitan la esperanza en el Melate o en la Lotería Nacional? Un país sin instituciones creíbles y ejemplares es un país sin gobierno o una dictadura. Y, aunque espurio, todos queremos tener gobierno (de preferencia democrático y realmente representativo), que las instituciones sirvan a la sociedad, que haya a quién recurrir cuando nuestros derechos sean vulnerados y que las leyes se respeten. Para todo esto se creó la figura del ombudsman, para que represente los intereses de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades gubernamentales, para hacer valer las instituciones y para que éstas sirvan al pueblo.

Entre las facultades de la CNDH está la de conocer y seguir de oficio las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. No lo hace, ¿y los y las vocales de la Comisión, algunos muy queridos y respetados amigos, qué dicen, o no tienen la función de decir algo al respecto?

Este es un análisis tomado de la revista Proceso.

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“¿Tu le crees a Soberanes? yo tampoco”

josé gil olmos

México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.

Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.

En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal.

Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.

Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.

Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.

Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.

En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: “¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco”.

¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?

Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: “No tiene porque pagar los muertos del pasado”, dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.

Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.

Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos.

A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes.

De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008.

Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.