Usurpador en la nube de las mentiras

Tomados de El Chamuco, La Jornada, Hernández, el Fisgón y Helguera y de El Universal, Helioflores.

Mientras el usurpador Felipe Calderón Hinojosa mantiene –como es sus mejores tiempos lo hizo el traidor de Vicente Fox Quesada- una cortina de humo con declaraciones sin sentido, las manifestaciones de diversos sectores de la sociedad le exigen que así como aumentó –de forma considerable- el sueldo de los militares, de esta misma manera y por los mismos motivos se incrementen los salarios generales de la población.

Una cosa queda clara –no es que la tropa no necesite incrementos salariales- que antes de los mentados 100 días el pelele ha caído en las peores contradicciones. Todo lo que ha manejado en los últimos meses es precisamente lo que dijo que no iba a hacer. Populismo le llamó en campaña a las medidas que ha venido tomando desde el 1 de diciembre, fecha en que asaltó Los Pinos con el apoyo del ejército, los magistransas del Trife, Televisa, TV Azteca, Radio Centro, Radio Fórmula y un largo etcétera.

Sin embargo, el clamor popular se deja sentir en las calles y ya sean obreros electricistas, campesinos o ciudadanos, todos se aglutinan para exigir el alto al encarecimiento en el precio de los alimentos, medicinas, gas luz, etc.

El espurio contesta firmando “acuerdos” con los mismos especuladores y acaparadores que debe –por ley- combatir. Tanto el gobierno espurio como los medios de comunicación paleros mantienen la lógica de seguir con el bombardeo de spots y noticias a modo para ver si tarde o temprano, la ciudadanía acepta como verdades las mentiras que vierten cada día.

Declaraciones como las siguientes son una muestra de lo anterior:


“Carstens: el fantasma de una crisis, fuera del radar de México.

La economía está ‘de plano blindada’ contra vaivenes externos, asegura el secretario.

Somos envidia de países emergentes; nos desligamos ya del ciclo estadunidense.

La estabilidad, logro de los gobiernos recientes, manifiesta”.


O estas otras pronunciadas por el pelele hoy mismo miércoles 28 de febrero de 2007.


“¡pase lo que pase, en otras naciones del mundo, México tiene las mejores condiciones para el despegue de este inicio del siglo XXI!”




Y para que quede claro que México ya se desligó de Estados Unidos, el chapelén pidió a su vecino del norte invertir en el país.

"Pienso que sería más útil para poder reducir la migración, construir un kilómetro de carretera en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán o Jalisco, que 10 kilómetros de muro en Arizona, Texas o en cualquier otra parte".

Y que me dicen de esta perla de la “sabiduría” usurpadora:

“Entre las economías emergentes de Asia-Pacífico, alguna de ellas (China) demostró su fragilidad, con lo cual se refuerza la idea de que México es un buen lugar para invertir. Tenemos una economía sólida, en orden, un sistema financiero también en orden, que nos hace una economía fuerte”.

Todos sabemos que los productos chinos están hasta en la sopa, prácticamente todo lo que se consume en México proviene de Asia y con esos hechos el pelele piensa que alguien le creerá que nuestro país aventaja a China. Si ya nos desplazó como segundo exportador a Estados Unidos y día a día perdemos terreno por los monopolios solapados desde el poder. Es cinismo puro o espurio, como se prefiera.


La siguiente es una entrevista al escritor Carlos Montemayor publicada por La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx

''Existe otro México clandestino más peligroso que la guerrilla''

Carlos Montemayor presentará el primer tomo de sus Obras reunidas, en Minería

La destrucción de la verdad de la vida por la brutalidad de las versiones oficiales me marcó para siempre, dice el escritor en entrevista

Rodarán filme inspirado en su novela Las armas del alba

MONICA MATEOS-VEGA


El país vive sobre varias estructuras clandestinas, afirma el escritor Carlos Montemayor (Parral, Chihuahua, 1947), quien añade que si bien los grupos guerrilleros están activos en diversas partes de la República, ''existe otro México clandestino mucho más peligroso, conformado por grupos político-religiosos, como El Yunque, una organización también encubierta, pero con un enorme poder económico".

En entrevista con La Jornada, a propósito de la aparición del primer volumen de sus Obras reunidas, publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), en el cual se incluyen sus novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, el también traductor y poeta añade que en el caso de El Yunque ''podemos hacer equivalencias" con las organizaciones guerrilleras, pues se trata también de células, cuyos integrantes se cambian el nombre civil para tener uno de militancia.

Las organizaciones empresariales, que ven por los intereses y capitales trasnacionales, permanecen también lejos de la visibilidad diáfana.

''Entre estos dos mundos clandestinos, los mexicanos tenemos muy poca oportunidad de saber qué esta pasando más allá de lo que vemos."

Por la unificación de luchas

Carlos Montemayor, colaborador de La Jornada, recuerda que desde los grupos armados chihuahuenses que se dieron a conocer hace 40 años, ''siempre hubo la intención de varios guerrilleros por establecer uniones nacionales de estas luchas. En Guerra en el paraíso (1991) muestro el interés de Lucio Cabañas por lograr un frente común nacional.

''Por otra parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es un ejemplo de esa intención. Creo que surgió como una coordinación de distintas organizaciones, de otra manera no podríamos explicarnos cómo, en su aparente proceso de escisión, cada división tiene como resultado una organización perfectamente estructurada, esto sólo se puede entender si suponemos que partió desde su origen como una especie de frente amplio.

''Hay muchas señales de cómo gran parte de esos movimientos armados siguen desarrollando acciones políticas. Los movimientos armados tienen un núcleo y una intención armada, pero no se agotan en esa expresión, en esa necesidad.

''Fundamentalmente, desarrollan una enorme organización política que les da oxígeno y les permite integrarse en muchos niveles con la sociedad, en los lugares donde ellos tienen bases sociales."

Movilización contra el despojo

Cuando era joven, a Carlos Montemayor le tocó presenciar en su tierra natal ''la fuerza de un movimiento campesino que se extendía por todo el estado y que abarcaba algunas zonas de Durango y Sonora. La mayor parte de los líderes campesinos eran de la sierra, algunos, profesores normalistas rurales que trabajaban muy activamente en la gestión ante las autoridades de la Reforma Agraria.

''A principios de los años 70, algunas compañías privadas iniciaron una serie de despojos de tierras que provocó la reacción inmediata de los campesinos y paulatinamente la conformación de una fuerza organizada. El mayor contingente formó parte de la Unión General Obrero Campesina de México, que en ese momento dirigía Jacinto López.

''Estas movilizaciones en defensa de predios y contra las invasiones fue creando un clima de tensión social muy importante en Chihuahua. Cuando era adolescente, en Parral y en la regiones cercanas a mi ciudad, llegué a conocer el movimiento.

''Cuando me fui a estudiar a la Universidad de Chihuahua, entré en contacto con los cuadros políticos y frentes campesinos que me permitieron conocer más de cerca este proceso social. En esa época, varios amigos míos, muy jóvenes, se radicalizaron y tomaron las armas.

''Ellos constituyeron el primer movimiento guerrillero en México después de la Revolución Cubana.

''Desarrollaron varias acciones que narro en Las armas del alba. La acción armada más notable de ellos ocurrió el 23 de septiembre 1965, en esa mañana, intentaron tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera.

''Desde hacía más de un año yo radicaba en México, por lo que desconocía que ellos habían entrado en la clandestinidad. Cuando me enteré del ataque y vi las fotos de algunos cadáveres de mis compañeros me sacudí, pero sobre todo, me estremeció el tipo de información oficial sobre ellos: los trataron de gavilleros, de delincuentes, de pistoleros, de robavacas.

''Eso fue lo que más me afectó, porque a mí me constaba su honestidad, su limpieza, su integridad, su militancia, su generosidad. Esta impresión de cómo una versión oficial puede destruir tan brutalmente la verdad de la vida humana me marcó para siempre.

''A partir de entonces mi compromiso ha sido contrastar las versiones oficiales con las realidades sociales y humanas. Eso lo he hecho como analista político, como investigador, como historiador y como escritor, de manera que cuando se despertó mi vocación literaria sabía que en algún momento tendría que tomar estos temas, a los que siempre he estado apegado y nunca he perdido de vista."

El subterráneo de la cultura

Carlos Montemayor también informó que este marzo inicia el rodaje de una película basada en Las armas del alba (2003), con guión de Xavier Robles, producida por Jaime Casillas y con locaciones en Chihuahua.

La primera edición de esa obra, recordó, se publicó por entregas en La Jornada, ''un experimento que no se hacía en la prensa mexicana desde los años 40".

Esta narración, añadió el autor, es apenas la primera parte de una tetralogía sobre el asalto al cuartel de Ciudad Madera. Le seguirán La fuga, novela que se encuentra ya en prensa bajo el sello del FCE y que saldrá a la luz en mayo; ''también estoy trabajado en el asalto al cuartel desde la perspectiva sólo femenina; y para otro libro dejaré los episodios de otros movimientos armados chihuahuenses.

''Soy un especialista en las cuestiones clandestinas también por mi formación clásica, latinista y helenista, temas que no le interesan a nadie pero están en el subterráneo de nuestra cultura occidental. Es otra especie de clandestinaje.

''Las cuestiones indígenas son también algo oculto y subestimado, y los movimientos guerrilleros están también en el subterráneo de la conducta social, de manera que puedo decir que tengo una vocación por la clandestinidad, cultural, literaria y social", concluyó.

El libro Obras reunidas de Carlos Montemayor se presenta el próximo sábado a las 13 horas en la ex Capilla del Palacio de Minería (Tacuba 5, Centro Histórico), en el contexto de la versión 28 de la Feria Internacional del Libro que se realiza en ese recinto. Participan Víctor Hugo Rascón Banda, Aline Pettersson y el autor.

Más sobre la mentiras del libelo de Carlos Tello

Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Naranjo y Helioflores.

Las mentiras vertidas por Carlos Tello en su libelo “2 de Julio” han quedado mostradas por las propias personas en las que el “historiador” de pacotilla asegura se apoyó para afirmar que Andrés Manuel López Obrador “aceptó” haber perdido ese 2 de julio de 2006. Desde los primeros días en que el mamotreto salió a la luz y que su autor comenzó la pasarela por los medios de comunicación paleros, las “fuentes” del “escritor” comenzaron a desmentirlo. Tal fue el caso del periodista Federico Arreola –en un encuentro frente a frente donde Tello mintió y reconoció que lo hizo en el programa de Carmen Aristegui transmitido por CNN en español- y por el escritor José maría Pérez Gay, quien en un escrito publicado por el diario La Jornada, expuso la mentira del pseudo investigador. Otro de los que salió a desmentirlo fue Héctor Aguilar Camín, quien negó de forma categórica que se hubiera realzado una cena en su casa donde se habría dicho la palabra “perdí”, alrededor de la cual Tello fabricó su novela de ficción. Antes aseguraba que la misma habría sido pronunciada en el hotel Marquis de Reforma, donde López Obrador y su equipo de campaña siguieron la jornada electoral.

Ahora tocó el turno a Ana Cristina Covarrubias, quien dirige la casa encuestadora Covarrubias y Asociados, encargada de llevar las encuestas de la campaña de López Obrador. Con elementos que le dan el tener varios años haciendo encuestas Covarrubias refuta lo dicho por Tello y aclara que éste no cuenta con información para lo que afirma, es más señala que los conocimientos técnicos que posee son ser “brigadista de las montañas de Nicaragua, marinero en el barco Sonia y jefe de la expedición Yutajé que contactó a los Yanomami del Río Putaco en el Amazonas”.

Sin mayor trámite ni investigación el autor del libro de marras escribió que durante la jornada electoral el personal de Covarrubias y Asociados “en lugar de entrevistar a una de cada tres o cuatro personas, que salen de votar, la gente de campo empieza a entrevistar en hilera –por estar cansada, por tener el tiempo encima, por inexperiencia simple y llana, algo muy común ese día, en que la escasez de encuestadores obligó a las firmas a contratar gente que no era profesional”.

Ante tal falacia Covarrubias le contesta que la empresa que dirige es la única, de las que realizaron ejercicios muestrales ese día, que cuenta con la Certificación Internacional ISO 9001-2000 que avala la calidad de su trabajo.

En su descargo el autor del libelo señala que López Obrador podría haber seguido –esta vez sí, insiste- el camino de las leyes, pero el “desprecio que siempre ha sentido” por las mismas y las instituciones le impidió ver que ahora “podría utilizarlas a su favor”. Menciona que ese era un camino “razonable y legítimo” pues se sentía agraviado por el desafuero –que para Tello no fue consumado, pues dice fue una “maniobra frustrada”-, “había sufrido el activismo del presidente, quien actuó no como estadista, según dictaba la prudencia, sino como jefe de campaña” y “había sido también objeto de una campaña muy agresiva del PAN, que lo llamó un peligro para México”, además de que había sido “combatido por la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial, a pesar de que la publicidad estaba prohibida” por la ley. De todo esto Tello concluye que aunque este camino no le garantizaba el éxito “porque el mismo participó en la guerra sucia” –ahora si la llama por su nombre-, “al menos le daba una salida dentro de la ley”.

Pero lo que el “escritor e investigador” a sueldo omite deliberadamente es –como ha quedado demostrado en varios foros, que los medios electrónicos han ocultado- que los conteos del PREP del IFE y el reconteo de votos del 10 por ciento de los votantes expusieron que sólo mediante un programa de cómputo podría haber tenido el comportamiento estadístico que tuvo el 2 de julio y en días posteriores. Tampoco señala las llamadas telefónicas y el reconocimiento en días posteriores de las mismas de la asesina Elba Esther Gordillo y la estructura del sindicato de maestros –SNTE- en el fraude (todo ese material es de dominio público). El pago de cuotas de poder que ha hecho el usurpador Felipe Calderón Hinojosa a la “maestra” no deja lugar a dudas de su participación en el robo de la elección.

Asimismo, hace a una lado la determinación del Trife, que pese a reconocer los hechos delictivos de los empresarios y del ladrón y traidor de Vicente Fox Quesada, se negó a aplicar una sanción, convalidando la ilegalidad de los resultados. Eso en cualquier país de-mo-crá-ti-co sería más que suficiente, no sólo para anular la elección, sino para meter presos a los delincuentes electorales. Pero en una nación como México dominada por los poderes fácticos –empresarios, medios de comunicación, jueces y políticos corruptos- eso fue imposible. Esos son los hechos, el libelo de Carlos Tello Díaz no es más que basura política.


En seguida el desmentido de Ana Cristina Covarrubias a Carlos Tello publicado en la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Desmentido a Carlos Tello

Ana Cristina Covarrubias*

Este fin de semana leí detenidamente el libro de Carlos Tello y encontré variadas contradicciones y aseveraciones incorrectas de carácter técnico. Pero no me voy a referir más que al inicio de su capítulo de las 9 de la noche, que titula como “El conteo rápido de Ana Cristina”, porque allí descalifica de manera brutal la encuesta de salida que realizamos y dimos a conocer a los medios de comunicación el día de la jornada electoral. No puedo quedarme callada ante un atentado contra el buen nombre de nuestra empresa, que tantos años y esfuerzo nos ha costado construir.

Cuando digo ataque brutal lo digo en el sentido amplio de la palabra, no sólo por el nivel de agresión que exhibe sino también por lo absurdo y desinformado de sus comentarios. Me explico.

El autor afirma contundentemente que la discrepancia entre los resultados de nuestra encuesta de salida y conteo rápido se debe a que “hubo probablemente un sesgo de origen en el diseño de la muestra (de la encuesta de salida) y hubo también, seguramente, un descontrol en el levantamiento de campo”.

¿Con qué autoridad técnica un brigadista de las montañas de Nicaragua, marinero en el barco Sonia y jefe de la expedición Yutajé que contactó a los yanomami del río Putaco en el Amazonas, se atreve a hacer tal pronunciamiento?

Carlos Tello trata de respaldar la afirmación de que “hubo probablemente un sesgo de origen en el diseño de la muestra” con los comentarios de dos de sus entrevistados, que según el autor uno “es de los encuestadores más serios de México” y otro es sencillamente “alguien que sabe”. “El investigador serio” comenta que los partidos valoran más el dato a su favor que la exactitud de la encuesta, a diferencia de los medios (“El investigador serio” no se ve tan serio si en realidad se imagina que así de ingenuos y torpes son los partidos). “El alguien que sabe” suelta en otra entrevista una frase que dice así: Un encuestador, cuando trabaja con un cliente así, también está cuidando su chamba. De esos dos comentarios Tello concluye sin duda que lo que ocurre es que “el encuestador no quiere descontentar al cliente: selecciona sus muestras con un sesgo a su favor”.

A Tello le pregunto: ¿Son esos los argumentos para afirmar que hubo sesgo muestral de origen? ¿Por qué nunca me pidió revisar mi muestra? ¿Cómo es que sin conocerla ya sabe que está sesgada? ¿No se ha dado cuenta de que la muestra empleada por Covarrubias para la encuesta de salida es la misma que se empleó para el conteo rápido? ¿Cómo es que a nuestro conteo rápido se le quitó el sesgo?

A los lectores de Tello les informo que nuestra muestra se puede verificar y está a disposición del IFE como lo marca la normatividad del instituto.

Vamos al segundo argumento de descalificación, el de que “hubo seguramente un descontrol en el levantamiento de campo”. Para sustentar su afirmación, Tello empieza diciendo: “Pero lo que más afectó los resultados de la encuesta de salida fue la magnitud de la muestra de Ana Cristina. Su firma tenía más de novecientas personas en campo el 2 de julio, mismas que realizaron cerca de 39 mil entrevistas en todas las secciones”. (Le aclaro a Tello que no fue en todas las secciones sino sólo en todas las que conformaban nuestra muestra.) El autor continúa señalando: “Para situar las cosas en perspectiva, Parametría hizo 6 mil entrevistas, Ipsos-Bimsa 6 mil 500 y BGC 8 mil”. Cita el autor a otro entrevistado que dice que es “amigo de Ana Cristina”, el cual comenta: Cuando tú pones una muestra de ese tamaño, el ejército que requieres en el campo se puede volver inmanejable... Acrecientas la posibilidad de que se cometan errores. (Le aclaro al “amigo” que en teoría lo que dice puede pasar, pero para evitar que pase existen sistemas de planeación, supervisión y control de operativos de campo.) El autor se desata con sus propias elucubraciones asentando que “en lugar de entrevistar a una de cada tres o cuatro personas, que salen de votar, la gente de campo empieza a entrevistar en hilera –por estar cansada, por tener el tiempo encima, por inexperiencia simple y llana, algo muy común ese día, en que la escasez de encuestadores obligó a las firmas a contratar a gente que no era profesional”. Tello termina su disertación con un contundente diagnóstico: “En todo caso, la idea de privilegiar la magnitud era totalmente equivocada. Importa la calidad, no el tamaño de la muestra –y el tamaño va con frecuencia contra la calidad”.

Aclaro a los lectores de Tello que en un ejercicio muestral importan las dos cosas, la calidad y el tamaño de la muestra. Que del tamaño de la muestra depende la magnitud del error de estimación y, en consecuencia, la precisión de los estimadores resultantes. Que en una contienda muy cerrada, como previmos que sería la del 2 de julio, se busca minimizar el error de estimación y por ello es necesario incrementar el tamaño de la muestra. Nuestra muestra fue de 889 secciones electorales, en las cuales los entrevistadores levantaron 38 mil 618 entrevistas. Si trabajar con una muestra grande es una idea equivocada, le sugiero a Tello que le pregunte al IFE por qué utilizó un tamaño de muestra de 6 mil secciones electorales. Debería Tello instruir a los distinguidos miembros del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido del IFE para que no vuelvan a repetir tal osadía, porque “el tamaño va con frecuencia contra la calidad”.

Para información de los lectores abundo ahora sobre la calidad de nuestro operativo de campo. Covarrubias y Asociados es la única empresa, de todas las que realizaron ejercicios muestrales el 2 de julio, que cuenta con Certificación Internacional ISO 9001-2000. Esto implica que todos nuestros procesos son verificables porque contamos con los documentos que avalan las acciones instrumentadas para la planeación, supervisión y control de nuestro operativo de campo, tales como: contrato con grupo de asesores para reclutamiento de personal de campo, manuales de capacitación de entrevistadores y supervisores, bitácoras de campo, contratos individuales de las más de mil personas que integraron el operativo de campo, registro del simulacro de operación del día anterior a la elección, registro de concordancia sección a sección entre resultados transmitidos para el conteo rápido y resultados publicados por el IFE, la totalidad de las boletas originales y los cuestionarios levantados en la encuesta de salida.

Ya se ha puesto en tela de juicio la confiabilidad periodística de Carlos Tello cuando afirma, sin demostrar sus fuentes de información y en contra del testimonio de los actores de la escena, que Andrés Manuel López Obrador reconoció que perdió la elección. Ahora yo pongo en duda su seriedad por ponerse a hacer diagnósticos técnicos sin conocer nada del tema, basándose en dichos comunes oídos ya cientos de veces por los encuestadores y sin siquiera allegarse de la documentación que pudiera ayudarle a probar sus aseveraciones. ¿Por qué o para qué hace todo esto? ?



* La autora es presidenta de la empresa encuestadora Covarrubias y Asociados.

Nuevos datos sobre los bribones Bibriesca

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo, Helioflores u Efrén.

Múltiples complicidades fueron convocadas para que los hijos de la corrupta Marta Sahagún, los bribones Bibriesca, se alzaran con una inmensa fortuna durante el sexenio de su padrastro, el ladrón y traidor Vicente Fox Quesada. Quien mientras se mantuvo en el poder logró que la trasparencia que tanto pregonaba fuera más que opaca, prácticamente nula. Lo poco que llegó a la opinión pública fue por fallas en su sistema de “información”, aprovechadas por reporteros o legisladores, que continuaron hurgando en un entramado que parece no tener fin.

La comisión legislativa que investigó a los bribones hijos de la “presidenta” solicitó de mil maneras al IPAB que informara en qué términos y condiciones fueron vendidos créditos a los ladrones de Los Pinos. Sin embargo, la institución informó de manera parcial y con retraso a los diputados, a fin de que se venciera el tiempo de la legislatura y todo quedara en el olvido.

Es hasta ahora que se tiene conocimiento del llamado “paquete H”, del que en su momento la “institución” no aceptó los requerimientos y ahora se sabe por qué. Y es que los documentos revelan que la “famosa” empresa Construcciones Prácticas, punta de lanza del fraude al erario a través del IPAB, compró créditos por más de 600 millones de pesos en la irrisoria cantidad de poco más de un millón 500 mil pesos. Toda una ganga para los privilegiados rateros de la casa presidencial.

Ante estos hechos el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, sigue sin decir palabra. Nunca en la historia reciente se habían tenido tantos elementos para enviar a prisión a los verdaderos “peces” gordos de la corrupción, sin que hasta la fecha se les abra una mínima investigación. ¿Cuál país de leyes? Más bien es el país de la corrupción e impunidad institucionalizadas. Eso y no otra cosa demuestran los documentos del IPAB. Una red de complicidades y corrupción tejida para que unos vivales robaran a manos llenas con la clara complicidad del corrupto Vicente Fox Quesada.

Otra de las mentadas “instituciones” que dice una cosa y hace otra es el Instituto Federal Electoral (IFE), ya que despedirá a unos mil trabajadores en todo el país para hacer frente al recorte presupuestal de 720 millones de pesos.

Pero para el dirigente de los trabajadores –a los que les fue negada la asociación sindical porque todos son de “confianza”- Germán Manuel León Rodríguez esta medida ahorraría solamente un millón 500 mil pesos, además de que todo es una farsa porque se pretende despedir al personal con mayor antigüedad para sustituirlo con personal a “modo” al cual le pagarán mejor salario.

Por ello dijo empezarán a manifestarse y llegarán hasta el paro laboral para enfrentar lo que calificó de “liquidación masiva”. También señaló que en la misma protestarán por la decisión del Trife –el mismo que ungió al pelele- de negarles el derecho de organizarse en un sindicato a pesar de que el artículo 123 de la Constitución establece ese derecho. Por ello anunció que se interpondrá un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el caso. Claro que sabemos como se la gastan los “instruidos” magistransas de ese cuerpo colegiado.

Por si lo anterior fuera poco el IFE de Carlos Ugalde –o Ufraude como también se le conoce- es campeón en opacidad al rechazar el año pasado la mitad de las solicitudes de información que le presentaron los ciudadanos. Para que no quepa duda un informe de la “institución” dice que ''en términos de porcentajes, 50.12 por ciento del total de peticiones de acceso a la información pública representa una tendencia hacia la apertura por parte del instituto, y en 49.88 por ciento se niega información de modo fundado y motivado''. Cinismo puro, pues.

Por otra parte, Televisa se apresta a ser quien controle casi la totalidad de la televisión por cable en el país –ya lo es de la televisión por satélite con Sky y mantiene una posición del 80 por ciento en la televisión abierta-, sin importar que la Comisión Federal de Competencia (CFC) le impusiera tres condiciones para que le autorice la compra de TVI, la cablera de Monterrey.

La reacción de la empresa de Emilio Azcárraga Jean se asemeja a escena de telenovela. Las condiciones son "muy duras y desproporcionadas para la compra de un porcentaje minoritario", por lo que se estudiará con cuidado "los rígidos condicionamientos impuestos por la CFC, analizará las diversas opciones y así decidirá el curso de la acción a seguir", advirtió.

Todos sabemos que se trata de una farsa y a al final se saldrá con la suya, acuerdo de por medio con su opositor en el negocio Carlos Slim, no nos cabe duda de ello.

Las tortuosas condiciones de la CFC son: ofrecer sus contenidos de televisión abierta a todas las cableras del país sin condiciones, además de que trasmitan por las redes de Cablevisión y TVI todos los contenidos de la televisión abierta. Esto para que no obliguen a los consumidores de diversas partes del país a contratar forzosamente a Sky para ver el inigualable bodrio del “Canal de la estrellas”. Sus directivos tampoco podrán ser miembros del consejo de administración en las empresas de otros concesionarios.


El siguiente es un reportaje tomado de la revista Proceso.

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Televisa: voracidad sin freno

Jenaro Villamil

Con la adquisición de Cable TV y la propuesta de compra de Cablemás, Televisa está cerca de apropiarse de 75% del mercado de televisión por cable en el país. El consorcio supo negociar con la Comisión Federal de Competencia, pues se comprometió a cumplir con las cinco condiciones que le impuso el organismo, entre ellas que rompiera su sociedad con Carlos Slim. Sin embargo, ya se avecina una nueva batalla, esta vez por el control del mercado del triple play (audio, video e internet), donde el dueño del Grupo Carso va por todo.



Tras casi cuatro meses de discusiones, los cinco integrantes de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) le autorizaron a Televisa la compra de la empresa Cable TV, perteneciente a Televisión Internacional (TVI) del Grupo Multimedios, por la cual desembolsó más de 74 millones de dólares.

Además, la empresa de Emilio Azcárraga Jean solicitó el miércoles 21 autorización para adquirir por 258 millones de dólares la cadena Cablemás, la segunda compañía de cable más importante en el país.

Según los datos del propio conglomerado, con estas operaciones, el Grupo Televisa dominará 70% del mercado de la televisión abierta y se convertirá en el principal controlador de la televisión por cable –con más de 75% del mercado– y se quedará con 95% de la televisión satelital, a través de su empresa Sky.

A cambio de obtener la resolución del organismo responsable de combatir las prácticas monopólicas, Televisa aceptó deshacer su sociedad con Carlos Slim, su futuro competidor en el mercado del triple play (audio, video e internet), y también acatar las cinco condicionantes que la Cofeco le impuso en su oficio del 5 de octubre de 2006, del cual Proceso obtuvo una copia.

La autorización de la Cofeco a Telmex para que difunda video por la red telefónica, que abarca 95% del territorio nacional, convirtió al emporio de Slim en competidor directo de Televisa. La empresa de Carlos Slim planea invertir más de mil millones de dólares en adquirir contenidos.

Las cinco condiciones aceptadas por Televisa para adquirir TVI de Francisco González, dueño de Multimedios, son las siguientes:

–Televisa deberá “desincorporar su participación en el servicio de televisión y audio restringido directo al hogar vía satélite que proporciona Sky en la zona geográfica que cubre la concesión de TVI, mediante un mecanismo que garantice la permanencia y viabilidad de Sky como competidor en la zona”. TVI controla el mercado en 22 ciudades de Nuevo León, entre ellas Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, San Pedro Garza, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo, Benito Juárez, Cadereyta y Allende.

–TVI y sus accionistas aceptaron participar directa e indirectamente como socios de la empresa Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), compañía que contrata señales internacionales de las grandes cadenas productoras de programación y suministra estas señales a sus socios y accionistas. Actualmente, PCTV es dirigida por Enrique Yamuni, dueño de Megacable, principal operador de las señales restringidas en Jalisco.

–Televisa deberá ofrecer “de manera no discriminatoria” todas las señales de sus canales de televisión abierta a cualquier concesionario o permisionario del servicio de televisión y audio restringidos en la zona geográfica en que opera TVI. Este candado es conocido como el must offer. Al aceptarlo, Televisa sienta un precedente importante para que otros competidores suyos, como Multivisión (Mvs), en una posible sociedad con Grupo Carso puedan competir transmitiendo las señales de Canal 2 o cualquiera de las otras cuatro que controla el consorcio de Azcárraga Jean.

–En paralelo, Televisa y TVI deberán proporcionar el servicio de transmisión de señales de televisión y audio restringidos de todos los canales de televisión abierta disponibles en la misma zona, cuando sus emisores así lo soliciten. Este candado es conocido como el must carrier y permitirá a otros concesionarios de señales abiertas tener acceso a la televisión por cable controlada por el consorcio de avenida Chapultepec.

–El quinto candado aceptado augura la batalla entre Televisa y Grupo Carso en el mercado del triple play: “Los miembros que integran los Consejos de Administración o cualquier otro órgano de decisión u operación de Grupo Televisa, sus subsidiarias y filiales no podrán incluir a personas o agentes que participen en los consejos de administración o cualquier otro órgano de decisión u operación de empresas que actual o potencialmente puedan ofrecer el servicio de televisión y audio restringidos”.

Proceso confirmó que en las últimas tres reuniones del Consejo de Administración de Televisa –29 de abril de 2005, 28 de abril de 2006 y 21 de diciembre de 2006– ya no aparece Carlos Slim Domit, hijo del magnate del mismo nombre y presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso.

Esta lista fue obtenida a través de la documentación que Grupo Televisa envía a la Bolsa Mexicana de Valores. Los otros empresarios que permanecen en el Consejo de Administración son: Carlos Fernández (Grupo Modelo), Claudio X. González (Kimberly Klark), Roberto Hernández (Banamex-Avantel-Accival, segundo accionista del grupo), Germán Larrea (Grupo México), Fernando Senderos (Grupo Desc), Lorenzo Zambrano (Grupo Cemex), Jorge Luterroth (Grupo Prisa), Alberto Bailleres (Grupo Peñoles), Gilberto Perezalonzo (Casas GEO) y Ricardo Maldonado (dueño de Seveneleven y Super H).



Las apuestas de Televisa



La resolución de Cofeco, organismo dirigido por Eduardo Pérez Motta, se produce en la misma semana que Grupo Televisa anunció que invertirá este año 320 millones de dólares, de los cuales 60 millones serán para expandir el número de sus centros de apuestas, a través de su subsidiaria Apuestas Internacionales S.A., y promover los juegos de lotería en 3 mil 500 terminales en tiendas de autoservicio, según indicó Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de la empresa, en una teleconferencia difundida por la agencia Bloomberg News.

De Angoitia también informó que Televisa invertirá 258 millones de dólares en acciones de Alvafig, tenedora de 49% de Cablemás, la segunda compañía operadora de televisión por cable en el país.

El banco de inversiones Bear Stearns indicó que las millonarias inversiones de Televisa en el mercado de televisión restringida y en las apuestas se deben a una paulatina disminución de ganancias en los últimos tres meses de 2006 en el mercado de televisión abierta.

Después de los elevados beneficios por ventas publicitarias en este sector –8.5% más que en 2005, debido al Mundial de Futbol y a la campaña electoral del año pasado–, las ganancias de Televisa disminuyeron 10% en el último trimestre. Sólo incrementaron 17.2% en Sky, la segunda fuente de ingresos de Televisa, que está por debajo de la televisión abierta, con ganancias de 56%. La televisión por cable representa sólo 5% y los directivos de Televisa proyectan duplicarla a través de los servicios de internet en banda ancha.

De acuerdo con Bear Stearns, Televisa planea obtener 198 millones de dólares de ingresos en los juegos de lotería en este año, que representarían 5.1% de las ventas totales del consorcio. Las apuestas desplazarán así a los ingresos en radio –que sólo representan 1.1% en ventas– e, incluso, a la exportación de programación que se estancó en 5.1%, según el reporte del cuarto trimestre de 2006 difundido el miércoles 21 por la empresa televisiva.

Bear Stearns también advirtió que la existencia de una “tercera cadena” de televisión afectaría más a Televisa que a TV Azteca. La compañía de Salinas Pliego incrementó sus ventas netas en 3% en el último trimestre de 2006, pero ha logrado avanzar en el negocio de la telefonía celular a través de Iusacell.

Telmex se prepara para transformarse en una red alterna de televisión restringida a través de su cableado telefónico. La compañía ha emprendido una serie de operaciones por más de 2 mil millones de dólares en los dos últimos años para adquirir contenidos audiovisuales y ofrecerlos a través de internet y de la televisión por cable.



Slim, en la competencia



Informes del corporativo revelan que Telmex entró en negociaciones con la productora HBO y con Disney Channel –desplazada en los canales de Sky y Cablevisión de Televisa–, al tiempo que negocia un acuerdo para arrendar parte de los 180 megahertz de espectro disponible que tiene el Grupo Multivisión, de Joaquín Vargas, para ofrecer servicios de triple play.

Solamente en 2006, Slim invirtió 800 millones de dólares en la compra de Net Servicios de Comunicación, la operadora más grande de Brasil, en la adquisición de tres empresas de televisión por cable en Colombia –TV Cable, Cable del Pacífico y Superview Telecomunicaciones–, que prestan servicios a 2.5 millones de hogares, y en la licitación para operar la frecuencia de 3.5 gigahertz en Argentina, Chile y Brasil, importante para la señal WaiMax, que también difundirá audio, video e internet.

Este año Slim planea adquirir la televisión por cable peruana Boga, el segundo operador después de Telefónica Multimedia, que le presta servicio a 233 mil hogares. En Ecuador adquirió la empresa Ecutel, competidora local de Andinatel, la empresa telefónica gubernamental. Ecutel tiene poco más de 5 mil usuarios y presta servicios de telefonía local, larga distancia, acceso a internet y frecuencias en la banda 3.5 gigahertz.

Por lo pronto, a través de su servicio Prodigy Media, Telmex comenzó a ofrecer desde diciembre pasado películas y contenidos de los canales Fox News, TeleFórmula, TVUNAM y Canal 22.

En paralelo con la batalla que se avecina entre Televisa y Telmex por el mercado de la televisión por cable, la Cofeco ha recibido hasta el momento 15 solicitudes de opinión favorable para operar nuevas estaciones de radio y televisión.

Hasta el martes 6, el organismo había dado su opinión favorable a seis solicitudes:

–Al gobierno de la Ciudad de México, para instalar y operar una estación pública de televisión mediante la figura del permiso. Esta estación “no participará en el mercado de publicidad” de televisión abierta.

–Al gobierno del estado de Hidalgo, para instalar y operar un permiso para una estación de radio en frecuencia modulada en Tepeapulco, Hidalgo. Tampoco venderá publicidad.

–A la Asociación Civil Difusión Cultural Radiogrupo, para crear y operar un sistema de radiodifusión denominado Radio Cultural de Aguascalientes, sin fines de lucro.

–A la estación XHAMO de Tevecolima, Canal 11, para conseguir un permiso que le permita establecer y operar una televisión oficial en Tecomán.

–A la Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria (AMCC), para establecer y operar una estación de radio cultural en Tuxtepec, Oaxaca.

–A la Universidad Juárez del estado de Durango, para establecer y operar una televisión cultural en la capital de esa entidad.

Hasta el momento, la Cofeco no ha dado su opinión favorable a favor de una posible “tercera cadena” o a quienes estén interesados en licitar por concesiones de televisión regionales.

Y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, informó que promoverá las licitaciones hasta que se dé a conocer el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Felipe Calderón.

En defensa del IFE: que se vayan todos*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

John M. Ackerman

Existe un creciente consenso alrededor de la impostergable necesidad de realizar una reforma electoral de largo alcance. Sin embargo, habría que recordar que los principales responsables del desastre político del año 2006 no fueron ni las leyes ni las instituciones, sino las personas encargadas de hacerlas valer y defenderlas. El legislador nunca podrá anticipar todos los escenarios futuros para la aplicación de una ley, y ninguna ley, por más perfecta que parezca, podrá dar respuesta a la totalidad de los desafíos sociales. Son los propios gobernantes quienes deben contar con la visión, sensibilidad y apertura necesarias para que la norma se cumpla, en contextos siempre cambiantes y dinámicos.

Entre 1996 y 2003 los consejeros electorales supieron darle vida a la ley electoral. Los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no le otorgan al IFE capacidad alguna de investigación. Sin embargo, en un esfuerzo proactivo el instituto desplegó una amplia investigación en los casos del Pemexgate y los Amigos de Fox. La ley tampoco faculta a los consejeros a controlar directamente la estructura operativa del instituto. El artículo 82 del Cofipe pretendió mantener a los consejeros apartados de las tareas centrales del instituto, y así permitir que las cosas siguieran funcionando como en los tiempos de la hegemonía del partido de Estado. Pero a partir de la acción decidida de los cinco consejeros nominados por la oposición, el Consejo General logró meterse hasta la cocina, extirpar prácticas de corrupción y despedir funcionarios envueltos en evidentes conflictos de intereses.

En contraste, en 2006 los nuevos consejeros se negaron a esclarecer los resultados electorales. Más allá del debate con respecto a las irregularidades del PREP, el más grave error fue su comportamiento durante el conteo distrital. En lugar de actuar como sus predecesores y auspiciar una interpretación abierta y democrática del artículo 247 del Cofipe, los consejeros atacaron a la coalición Por el Bien de Todos y transmitieron una línea sumamente cerrada hacia los consejeros distritales. Aun el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eventualmente aceptó la existencia de irregularidades generalizadas durante este conteo.

No contentos con ello, los consejeros lanzaron una costosa, dogmática y populista campaña en los medios de comunicación. Se olvidaron de que la mejor defensa del trabajo bien realizado es la transparencia, no la opacidad y la propaganda. En lugar de solicitar que el tribunal interviniera a favor del esclarecimiento de las dudas por medio de un recuento generalizado de la votación, el IFE autónomo pedía a gritos que se cerrara el caso sin mayor investigación.

El broche de oro de esta actitud cerrada y opaca fue su reiterada negativa a la idea de un recuento cívico. Escudándose en legislación antinazi de Alemania y en una franca violación tanto a la Ley Federal de Transparencia como al Cofipe, los consejeros han negado el acceso a las boletas electorales solicitado por varios medios de comunicación. Incluso el Instituto Electoral del Distrito Federal le ha dado una lección de transparencia al IFE, al autorizar sin problema el acceso a sus boletas.

Los consejeros federales actuales han socavado la legitimidad y el prestigio que habían acumulado nuestras instituciones electorales. Antes el IFE era la joya en la corona de la reforma del Estado y algo que presumir al mundo entero. Ahora es un símbolo emblemático de la permanencia de la gestión autoritaria del poder en México.

Ahora los consejeros tienen su última oportunidad para salvar la legitimidad del IFE y rencauzar nuestra democracia. La renuncia colectiva del Consejo General sería un acto patriótico de gran humildad y conciencia, que dejaría la mesa limpia para la siguiente etapa de desarrollo político. Este sacrificio de ninguna manera atentaría contra la institucionalidad o la fortaleza del IFE. Al contrario, sería la mejor manera para empezar a salvar nuestras instituciones de la crisis.

La renuncia tendría que ir de la mano de una reforma electoral. De otra forma, nos arriesgaríamos a repetir la historia del nombramiento de los actuales consejeros en un proceso opaco, politizado y a espaldas de la ciudadanía. Sería fundamental reformar el artículo 74 del Cofipe para establecer un proceso formal de convocatoria, auscultación, dictamen y selección de los consejeros electorales. Actualmente los legisladores no están obligados a seguir procedimiento alguno, lo cual abre la puerta a candidatos y negociaciones sumamente problemáticos.

La democracia mexicana se parece a la metáfora del niño ahogado. Ahora que el daño está hecho, se argumenta que es necesario superar los acontecimientos de 2006 y enfocarnos en la reforma electoral. Si bien nadie puede negar que las leyes deben renovarse, es aún más importante contar primero con un árbitro independiente, transparente y respetado por todos los jugadores en la contienda.

*El artículo fue tomado de La Jornada.

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Ejército, el riesgo de “la normalidad”

Tomados de La Jornada, El Fisgón y EL Universal, Carreño y Omar.

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- Ya es una verdad común que los operativos contra el narcotráfico emprendidos por el gobierno de Felipe Calderón eran inevitables. Menos compartida es la consideración de que conllevan un riesgo por su falta de claridad, sobre todo porque el paso de las semanas ha venido a confirmar no sólo los escasos resultados, sino que los grupos de narcotraficantes empiezan a operar “con normalidad”, incluso en los estados tomados por el Ejército.

Un 40 por ciento del territorio nacional está, oficialmente, bajo el despliegue dominado por los militares, pero hasta ahora tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han evitado precisar la estrategia y acciones del Ejército, más allá de la exhibición mediática y de los objetivos políticos.

Entre 21 y 25 mil efectivos participan actualmente en los operativos que tienen lugar en ocho estados de la República como parte de la estrategia anunciada por Calderón al inicio de su gobierno, en diciembre del año pasado.

Desde que el 11 de diciembre se inició el Operativo Michoacán, otros seis estados y la ciudad de Tijuana son escenario de los dispositivos en los que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de la Seguridad Pública, a través de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la Procuraduría General de la República, mediante la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Pero el predominio lo tiene el Ejército, como lo demuestra el hecho de que el mando único de cada operativo está en manos de generales.

Además de Michoacán y Tijuana, los operativos tienen lugar en Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y el llamado triángulo dorado que forman parte de los territorios de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

La Sedena no ha dado una cifra precisa sobre el número de efectivos desplazados en esos territorios ni ha explicado si se trata de elementos adicionales a los dedicados a la erradicación y a la interceptación. Hasta antes del desplazamiento en Tijuana, Tamaulipas y Nuevo León, el general Francisco Galván, secretario de la Defensa, informó el 21 de enero que 19 mil 72 efectivos participaban en las operaciones. Luego, se anunció el envío a Tijuana de tres mil soldados, de dos mil a Tamaulipas y medio millar a Nuevo León. En total, de acuerdo con lo dicho por Galván y las versiones de prensa, poco más de 25 mil efectivos están actualmente desplazados.

Lo único que se puede decir, de acuerdo con los datos expuestos por el investigador Sergio Aguayo en un reciente encuentro académico sobre seguridad fronteriza realizado en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, es que esos lugares representan el 22 por ciento de la población y el 39 por ciento del territorio.

Por el número de efectivos dedicados hasta el sexenio pasado en el combate cotidiano al narcotráfico, el actual despliegue del Ejército es prácticamente el mismo en cantidad a lo que se había hecho hasta ahora. Las cifras de la propia Sedena señalan que 30 mil de sus hombres, el 15 por ciento de sus tropas, se dedican cada día al combate al narcotráfico, aunque algunos especialistas estiman que la cifra podría llegar a 40 mil.

Tan sólo el año pasado, de acuerdo con el informe de labores 2005-2006 de la Defensa Nacional, el Ejército concentró 30 mil soldados, oficiales y mandos a esa tarea en todo el país. 18 mil se dedicaron a la erradicación y 12 mil a la interceptación terrestre, aérea y anfibia.

De ser adicionales los militares destacados a los operativos, el Ejército estaría dedicando más 50 mil efectivos al combate al narcotráfico, poco más de una cuarta del total de sus hombres, que a 2005 eran poco más de 190 mil.

Pero aún no se sabe hasta dónde puede llegar la estrategia de Calderón; no sólo en el número de efectivos, sino en la manera de enfrentar a los narcotraficantes en un plan diseñado desde hace casi cuatro décadas por Estados Unidos. El Ejército, también, está cada vez más involucrado en la seguridad interior, puesto que no ha capacitado a las fuerzas civiles para que lo sustituyan. Al menos esa era su tarea cuando el gobierno de Ernesto Zedillo creó, a fines de 1998, la Policía Federal Preventiva (PFP).

En mayor medida que la Marina, el Ejército no sólo ha aumentado su participación en ese cuerpo policial, sino que ahora está convertido en el ariete del gobierno contra del narcotráfico. Calderón no tenía de dónde echar mano, pero no está claro hasta dónde puede llegar dándole a los militares mayores responsabilidades policiales. El riesgo latente es que las Fuerzas Armadas condicionen su participación o que el Estado mexicano fracase al utilizar su última reserva institucional en el combate contra el narcotráfico.

La estrategia de Calderón tiene poco de novedad porque está siguiendo la inercia de militarizar la seguridad pública y la administración de la justicia, iniciadas, respectivamente, por Zedillo y el gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, con las acciones de Calderón está quedando claro que el Estado mexicano está arriesgando su última reserva institucional, las Fuerzas Armadas.

El riesgo empieza a ser notorio. En varios de los estados en donde el Ejército y la Marina están desplegados, los grupos de narcotraficantes continúan con las ejecuciones y ajustes de cuentas, regresando a una condición de “normalidad”, pero ahora con la presencia en las calles de soldados y marinos. (23 de febrero de 2007)

jcarrasco@proceso.com.mx

Ya salió el peine sobre Pasta de Conchos

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha.

Un dato revelador sobre la impunidad que priva en el caso de la muerte de 65 mineros en las explosión de la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila lo hace público el diputado José Antonio Almazán, integrante de la Comisión que Investiga el caso. Dicho legislador informó hoy viernes 23 de febrero de 2007, que directivos y socios del Grupo México –dueño de la referida mina- son también asociados honorarios y miembros del consejo de vigilancia de la fraudulenta asociación de Marta Sahagún, Vamos México.

Los nombres de tan “ilustres” personajes son: Valentín Diez Morodo, asociado honorario de la Fundación Vamos México, es presidente del Grupo Nevadi Internacional, empresa perteneciente a Grupo México. Gilberto Perezalonso Cifuentes, miembro del Consejo de Vigilancia de Vamos México, es miembro del Consejo de Administración de Southerm Cooper, empresa del Grupo México en Perú.

También pertenecen a este selecto grupo: Francisco Javier Soni Ocamp, miembro del Consejo de Vigilancia de Vamos México, es socio de Price Water House Coopers, empresa que realiza la auditoría contable del Grupo México.

Es claro pues, porque el ladrón de Vicente Fox Quesada trató de esconder la responsabilidad de su des-gobierno y de los empresarios mineros, ya que ambas partes tenían mucho que perder. De ahí que en el último tramo de su sexenio y en plena época electoral se diera cuenta de la corrupción en el sindicato minero y pretendiera “democratizarlo”, imponiendo a un ex trabajador minero ligado a los empresarios del ramo.

Por otra parte Amérigo Incalcaterra representante de la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que la utilización del ejército en tareas de seguridad interna –como lo está haciendo el usurpador Felipe Calderón Hinojosa- transgrede la ley y aumenta las posibilidades de que se cometan graves violaciones a las garantías individuales.

“En cualquier parte del mundo que nos encontramos, desaconsejamos la utilización de fuerzas militares en tareas de seguridad interna por una simple razón, no tienen el mandato, entonces incurrirían en una violación”, aseguró.

Para el funcionario de la ONU es imprescindible acabar con la impunidad, pues “si no se hace justicia lo que se hace es impunidad y esta beneficia a los violadores de derechos humanos que no ven una acción punitiva y eso les da manga ancha para seguir cometiendo sus barbaridades, una impunidad implica que males tan graves como el narcotráfico parecen más difíciles de controlar, de ahí la necesidad de medidas más extremas”, advirtió.

Sin embargo, para el pelele, el PRIAN y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso no entra en sus planes. Lo que menos les interesa es acabar con la impunidad, pues la cobija a la que tan seguido acuden.

La siguiente es una colaboración tomada de La Jornada.

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El encubrimiento


Luis Javier Garrido


Las denuncias penales contra Vicente Fox Quesada por una serie de delitos oficiales que a todas luces cometió, no están haciendo más que desnudar aún más los rasgos espurios de la administración de Calderón y su sumisión a una serie de poderes de facto.

1. Los dos gobiernos panistas que ha tenido el país en este siglo XXI han reproducido los dos, con singular mimetismo, la mayor parte de los rasgos característicos de los gobiernos de los años del PRI, incluyendo los que más han agraviado a los mexicanos: desde el abuso de poder y el tráfico de influencias hasta el encubrimiento, y esto está siendo evidente en las primeras semanas del gobierno de Calderón.

2. El régimen mexicano ha seguido, sobre todo con el PAN en el poder, hundido en la corrupción y al margen de un estado de derecho, de manera que la clase dominante es en la actualidad más impune que en los años del priísmo, tanto los grandes traficantes de influencias como los políticos panistas, y lo que acontece con Fox en 2007 es un ejemplo.

3. La pregunta que algunos se hacen sobre los motivos de Calderón para encubrir de manera tan obsecuente a Fox, a pesar de que algunos sectores de la derecha le sugieren proceder contra éste a fin de poder asentarse en el gobierno de facto, no son, por lo mismo, difíciles de encontrar.

4. Las evidencias que se han hecho públicas no dejan lugar a dudas de que Vicente Fox, el ex vendedor de coca-colas que llegó a Los Pinos en virtud de los acuerdos PAN-Salinas de 1988, ha sido uno de los delincuentes de Estado más desvergonzados que ha conocido el país, pues prevaliéndose de la impunidad presidencial cometió todo género de delitos contra la nación. Desde que se encaramó en el poder en 2000 utilizando recursos ilícitos del extranjero y de empresas privadas, hasta que en 2006 por un operativo fraudulento de Estado violentó de manera cínica la voluntad electoral de los mexicanos e impuso en la silla presidencial a Calderón, de lo que se sigue jactando, Fox cometió a lo largo de seis años todo género de delitos para enriquecerse sin límites junto con su esposa, sus hijastros, sus amigos y una serie de traficantes de influencias.

5. La denuncia penal que presentó ayer el PRD contra Fox por su responsabilidad criminal en el caso de la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta de Conchos (Coahuila) el 19 de febrero y en el encubrimiento de los empresarios del Grupo México, así como por los delitos de peculado, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, hechos que en su momento trató de disimular al lanzarse a imponer una dirigencia charra al sindicato minero, no está haciendo por lo tanto más que desnudar más al gobierno de facto de Calderón, cuyos integrantes están tropezándose por exonerar a Fox.

6. Los motivos que éstos tienen no son difíciles de encontrar. El encubrimiento de Fox constituye un elemento central para lograr la cohesión de la nueva coalición de fuerzas que gobierna al país, y dentro de la cual los panistas, junto con los tecnócratas priístas, son un componente importante, en especial con vistas a la aspiración de muchos de mantenerse en el gobierno por lo menos un cuarto de siglo más. El gobierno de facto de Calderón, que no es más que un pelele de esos grupos poderosos, no tiene, por lo mismo, más que tomar nota de ello y encubrir a su antecesor.

7. Hay algo más, sin embargo. Al encubrir a Fox, Calderón está al mismo tiempo encubriendo el fraude electoral de 2006, del cual Fox fue uno de los artífices principales. Como en muchos aspectos más de su tarea de facto, el gobernante espurio no puede aplicar la ley: está atado de manos, como se lo recuerda Fox a cada rato.

8. Las prácticas políticas mafiosas de los miembros del PRI, que tanto denunciaron los panistas, no son ya de tal manera privativas de aquéllos. En poco más de seis años, los miembros del PAN se han esforzado en seguir el modelo y ya no sólo están, como ellos, entregando al extranjero los recursos de la nación, y pasando por sobre los derechos de los mexicanos y prevaleciendo por el fraude, o son expertos en tráfico de influencias y peculado, sino que se matan entre sí, y también se encubren.

9. El mensaje que estos grupos están enviando a los mexicanos lo mismo con la manipulación que hacen de los medios que con el encubrimiento de los políticos foxistas y salinistas que han delinquido y siguen delinquiendo contra la nación, es por lo tanto claro: el poder del Estado no está en disputa ni lo va a estar en los próximos años y, aun siendo minoría en el país, esa coalición de extrema derecha, formalmente encabezada por los panistas, utilizando todos los recursos lícitos e ilícitos en 2009 irá por la mayoría absoluta en las dos cámaras y en 2012 no dejará Los Pinos.

10. La imposición de 2006 se gestó desde mucho antes del 2 de julio, por lo que las fuerzas democráticas del país deben entender que la consolidación de esta coalición de intereses mafiosos en el poder debe ser impedida desde ahora.

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.

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Impuestos: “Una manguera llena de agujeros”

carlos acosta córdova

México, D.F., 22 de febrero (apro).- Por las reacciones tan encontradas y encendidas que suscita el tema, hasta divertido es escribir sobre impuestos, sobre la reforma fiscal, no obstante lo grave y serio que es el asunto. Pero no queda uno bien ni con Dios ni con el diablo. Planteaba en la entrega anterior que si, en la visión del gobierno, la reforma fiscal tendría necesariamente que pasar por el IVA a medicinas y alimentos, habría que entrarle a un análisis sereno y sin prejuicios y, sobre todo, exigir una explicación convincente sobre el beneficio de una medida de esa naturaleza.

Así me fue: de “vendido”, “parcial”, “ignorante” e “irresponsable”, no me bajaron en muchos de los múltiples comentarios que me hicieron el favor de enviar los lectores por vía electrónica. Otros tantos correos llegaron con felicitaciones, que agradezco igual que los anteriores, pero en varios también se mostraron sorprendidos por el hecho de que alguien que escribe en Proceso se atreva a decir que no hay que tenerle miedo al IVA a alimentos y medicinas, siempre y cuando, como decía arriba, se logre convencernos de su beneficio y, además, se detallen los mecanismos compensatorios que tendrían que establecerse para resarcir a quienes salgan más lastimados.

Argumentaba que tan sólo el año pasado por los tratamientos diferenciados en la aplicación del IVA –tasa cero, exención, tasa baja en la frontera--, el fisco habría perdido poco más de 187 mil millones de pesos, casi un 2% del PIB. Cada año ocurre lo mismo. Y que tan sólo por eso, más lo poco competitiva que es nuestra tasa de 15%, además del irracional beneficio para los contribuyentes de mayores ingresos, valía la pena serenarnos y entrarle a la discusión nacional del tema.

Algo igual o más grave ocurre con el Impuesto sobre la Renta (ISR). Según la Secretaría de Hacienda, en 2006 habrían dejado de ingresar al fisco –por todos los tratamientos especiales, beneficios múltiples que ya no se justifican, exenciones, deducciones, créditos al salario-- cerca de 296 mil millones de pesos, casi el 3.3% del PIB. Y como en el caso del IVA, ocurre con el ISR lo mismo cada año.

Si a lo que no ingresa por IVA e ISR se le suma lo que campechanamente se evade, lo que profesionalmente se elude y lo que no ingresa por tratamientos preferenciales y dificultades administrativas en otros impuestos y derechos, nos acercamos peligrosa e irracionalmente a la suma de ¡1 billón de pesos! Que no llegan a las arcas públicas.

Entonces, insisto, sólo por eso hay que entrarle ya a la discusión desprejuiciada de la reforma fiscal. A todos nos compete y no podemos mantenernos impasibles. Lo más fácil y lo “más mexicano” es quedarnos con los brazos cruzados y dejar que otros decidan, pues –decía también en la entrega anterior-- es más fácil ser reactivo que propositivo o, en otras palabras, siempre nos resulta más cómodo mentarle la madre al gobierno… pero ex post, como dicen los economistas.

Si en IVA andamos mal, en ISR estamos en la calle. No nos gustan las comparaciones internacionales, pero valen la pena para ubicarnos. Hagámoslo sólo con nuestros socios en el TLC: Mientras en México la recaudación por ISR ronda el 5% del PIB, en Estados Unidos anda por el 22% y en Canadá se acerca al 30% de su Producto Interno Bruto. Sí, ya sé, se me replicará: es absurda la comparación, pues igualmente no se pueden comparar los usos y destinos de los impuestos en México que en esos dos países. Que los servicios públicos de que gozan los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá están a años luz de los que recibimos los mexicanos. Que la corrupción y la connivencia entre los poderes público y privado que hay en México –por donde se esfuma una gran parte del esfuerzo y el trabajo de los contribuyentes mexicanos-- no se dan en la misma magnitud en los otros dos países.

Correcto. Nadie podría estar en desacuerdo. Pero lo cierto es que –más allá estructuras políticas y sociales, de razones culturales y hasta de idiosincrasias-- es urgente una revisión de nuestro sistema impositivo y, en el caso particular del ISR, de acabar con tantas irregularidades, con tantos tratamientos especiales, con tantos beneficios injustificables para empresas y personas físicas con altos ingresos, con tanta ineficiencia en la administración y el cobro del impuesto.

Un amable lector, don Gabriel Rojas, lo dice de una manera simple pero impecable: Yo siempre comparo la situación de nuestro sistema impositivo con una manguera llena de agujeros que no riega bien el jardín porque sale muy poca agua por la punta. Los políticos mexicanos y la mayoría de los analistas hablan de incrementar la cantidad de agua que se le mete a la manguera. Una persona medianamente en sus cabales tendría que ver que antes de meterle más agua, habría que empezar a tapar los agujeros, medida que es a todas luces más beneficiosa. ¿Por qué entonces nadie habla en una forma clara de eso? Se entiende de los políticos, que viven con la boca abierta en las goteras (o hacen sus propios hoyos). ¿Pero por que la sociedad en general, que somos los que pagamos esa visión demente, nos prestamos a semejante juego? Le apuesto a que cualquiera en su jardín, sabría cual es la medida adecuada. Pero llegamos a los temas de interés común y se nos olvida el sentido común y la razón, y vemos que (Enrique) Peña Nieto le regala a Televisa 700 millones de pesos y luego nos ponemos a hablar de incrementar la recaudación para parecernos a Japón y a Alemania, y nos parece muy razonable. ¿Qué nos sucede? Para cualquiera que pague impuestos, tendría que ser ridículamente claro que es inaceptable una solución de incremento recaudatorio que no incluya antes un recorte real y visible del latrocinio. En México vivimos permanentemente con la promesa de que ahora sí va a ser mejor el servicio/producto, como para creer que alguna vez va a ser cierta. Pensar que debemos darle al gobierno un 100% más para que nos devuelvan el 20% o el 30% de eso en malos servicios, es demasiado masoquismo.

Discutir la reforma fiscal, don Gabriel, estimados lectores, es justamente eso: detectar, poner a la vista de todos, y ver cómo pueden cerrarse esos múltiples agujeros; los que existen por insuficiencias en la ley; los que se originan por compromisos políticos y económicos entre el gobierno y los grandes elusores y evasores, que son las grandes empresas; los que dan pie a ese gran deporte nacional, en el que somos medallistas de oro como ninguno, que es la evasión fiscal. Pero discutir la reforma fiscal, en la metáfora de don Gabriel, es también ver cómo aumentamos el ancho de la manguera y cómo incrementamos la presión para que, justamente la cantidad de agua, más abundante, beneficie en serio a todos.

Aquí el gobierno no puede hacerse el occiso. No puede aspirar a que se acepte una reforma fiscal si no reconoce que, más allá de los problemas y los huecos en la ley, de las dificultades en la administración y el cobro de impuestos, de la estructura económica que prohija la informalidad, en el centro del debate están los compromisos, los favores, los privilegios, la relación insana, en fin, entre los poderes público y privado.

En la próxima entrega insistiremos, con más detalle, sobre esos agujeros.

Comentarios: cgacosta@proceso.com.mx

Políticos mexicanos entre dichos y hechos

Tomado de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo y Helioflores.

Dobles caras han sido y seguirán siendo los políticos mexicanos. Mientras por un lado hacen una cosa por el otro dicen los contrario. El senador del PRI Manlio Fabio Beltrones afirmó que la PGR tiene elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio sobre las declaraciones del gobernador priísta Humberto Moreira, quien acusó al ladrón de Vicente Fox Quesadase haberlo presionado para inculpar a inocentes por la tragedia de Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros.

"Insistimos en que se inicie la averiguación previa y que se cite a comparecer a todos los que estén involucrados en la explosión de Pasta de Conchos, pues es inadmisible que el entonces presidente de la República pida a un gobernador que invente culpables", dijo.

Beltrones quien es el coordinador de los senadores priístas aprobó junto con sus senadores y los del PAN a Emilio Goicoechea Luna como embajador de México en Canadá. Goicoechea Luna no fue nombrado por el pelele Felipe Calderón Hinojosa, sino por el traidor Vicente Fox Quesada. Unos días antes de terminar su desastroso sexenio el salvaje de Guanajuato lo designó como pago a la campaña sucia que realizó en contra de Andrés Manuel López Obrador. Goicoechea Luna se desempeñaba como secretario particular del ladrón guanajuatense.

El PRD argumentó que el ex funcionario convocó a los empresarios para crear spots contrarios a López Obrador en clara violación a las leyes electorales vigentes, hecho que fue denunciado ante la Fepade, quien hasta el momento no ha resuelto el caso.

Pese a lo anterior la votación fue 81 a favor (del PRI y PAN), 27 en contra (del PRD) y una abstención.

Una cosa son las palabras y otra son los hechos. En las palabras Beltrones se “pelea” con el PAN y en los hechos lo apoya como ha quedado demostrado aquí.

Si de verdad el PRI quiere que la PGR investigue hay un camino más fácil y es el que en un “país de leyes” debió seguir el gobernador de Coahuila Humberto Moreira, la denuncia ante la autoridad correspondiente. Nada más que esto es lo que menos interesa a panistas y priístas.

Sólo que esta vez no se quedará todo en un pleito en los medios de comunicación. Los perredistas Jesús Ortega y Ricardo Monreal presentaron ante la PGR dos denuncias en contra del bocón de Guanajuato Vicente Fox Quesada por los delitos de fraude electoral el pasado 2 de julio de 2006, ya que confesó haberse “desquitado” de López Obrador al “ganar” su candidato y por presionar al gobernador Humberto Moreira para que inculpara a inocentes por la explosión en lamina Pasta de Conchos en Coahuila. No se espera que la PGR haga gran cosa, pues el traidor de Fox colocó a Eduardo Medina Mora en esa dependencia para que le cuide las espaldas, con el consentimiento del usurpador Felipe Calderón Hinojosa. Esa es la calidad de nuestros políticos mexicanos.

En seguida una colaboración tomada de La Jornada.

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Los zigzags de Nueva Izquierda

Octavio Rodríguez Araujo


Dicen los enterados que la corriente Nueva Izquierda (NI), también conocida como Los Chuchos, es la mayoritaria en el Partido de la Revolución Democrática. Independientemente de que así sea, el hecho es que llevó a cabo un congreso nacional en días pasados. Su intención fue discutir la renovación del partido. Eso está bien, pues los partidos deben renovarse y adecuarse a las circunstancias que se viven en el país, siempre cambiantes aunque no tanto como se quisiera.

El congreso de NI mostró un movimiento zigzagueante, como puede apreciarse leyendo las notas periodísticas a partir del viernes pasado, antecedidas por declaraciones de Jesús Ortega. Este señaló que el papel de AMLO y de Cárdenas al interior del partido no sería el tema principal del congreso, sino cómo avanzar en la institucionalidad del PRD tomando en cuenta que existen liderazgos fuertes.

Sin embargo, al día siguiente, con algo que se quiso presentar como autocrítica, varios conspicuos representantes de NI se lanzaron en contra de López Obrador, con un desliz por demás elocuente, según la nota de Andrea Becerril: que el partido fue derrotado en las elecciones pasadas. Dice la nota: "en la reunión se dijo que haber centrado 'demasiado' el esfuerzo político en el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y los errores de estrategia del propio tabasqueño fueron factores que llevaron a la derrota". (Al fondo se oían los aplausos del autor de libelos Carlos Tello Díaz.)

El senador René Arce Islas fue suficientemente claro en sus críticas a AMLO y que, por lo mismo, no entran en la categoría de autocríticas. López Obrador, para Arce, no supo llegar a los jóvenes, a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios, insultó a los grandes empresarios y descuidó el norte del país. Y en este punto, según la misma nota, el legislador se hizo bolas, porque si López Obrador hubiera reforzado su presencia en los estados norteños se habría logrado expandir el voto a favor del PRD. ¿Quién lo entiende? Según lo dicho, el culpable de que el PRD no obtuviera más votos entre sectores sociales y zonas geográficas fue López Obrador, ¿y cuál era el papel del PRD, entonces? ¿Qué le hubiera pasado al PRD sin un líder carismático que logró para su partido la mayor votación en su historia? Arce es senador por el Distrito Federal, y en esta entidad el candidato a la Presidencia de la coalición Por el Bien de Todos (el que los llevó a la "derrota") obtuvo más votos que los senadores, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional (58 por ciento contra 52 por ciento, respectivamente, y una diferencia, en números absolutos, de más de 300 mil votos).

Finalmente, el "autocrítico" Arce dijo: "No podemos quedarnos en la estrategia de la barricada, en la que se mantiene el enfrentamiento permanente con los adversarios", porque "esa estrategia termina por aislar e incomunicar a sus practicantes". Aparte del uso peyorativo de "barricada", que nunca ha construido el PRD ni sus candidatos, ¿si no se mantiene un enfrentamiento permanente con los adversarios, cuál debe ser la estrategia de un partido supuestamente diferenciado y que compite contra otros también supuestamente diferenciados? ¿Tomarse de la mano o aventarse flores?

El tono de Arce no sería importante si no hubiera sido secundado por otros de los presentes, Agustín Basave y Carlos Navarrete entre ellos. Basave, según la nota señalada, habló de "enojados y esperanzados", lo cual nos lleva a recordar a los enragés de la Revolución Francesa, los enojados, furibundos y rabiosos (como les llamaron) que desde las posiciones más extremistas se oponían no sólo a los jacobinos sino a las libertades porque son una trampa (Jacques Roux). Para Navarrete los enojados son los frustrados "porque nos quedamos a poco más de medio punto de la Presidencia de la República", lo que implícitamente es una aceptación de la "derrota" el 2 de julio (nuevamente se oyeron aplausos de Tello Díaz). Contra los enragés Navarrete apoyó a los "esperanzados", es decir a los que están por acuerdos legislativos y "que se están alejando del PRD". Pero, al igual que Arce, se hizo bolas, ya que los enojados están haciéndoles perder el 35 por ciento logrado en julio pasado. ¿Y quién logró ese 35 por ciento, si no el jefe de los supuestos enragés, atrincherados en supuestas barricadas?

Para completar el cuadro, Acosta Naranjo señaló la importancia de fortalecer el partido, pues si es débil, las corrientes y los líderes carismáticos pueden hacer de él lo que quieran. Teniendo razón, pues un partido debe estar por encima de sus líderes, en el contexto del congreso de NI resultó ser un deslinde más de López Obrador. Tan fue así que Jesús Ortega tuvo que aclarar que "no hay intención alguna de iniciar una cacería de brujas, ni de alcanzar la supremacía en el partido, y menos de deslindarse de López Obrador."

Y Ortega remató con una enmienda política a las "autocríticas" de sus compañeros de corriente en los días anteriores del congreso de NI. Según nota de Enrique Méndez, "consideró que la imagen de confrontación con López Obrador es parte de 'una trampa en la que no vamos a caer, y no vamos a meternos en conflicto. No nos vamos a pelear. Estamos cohesionados alrededor del liderazgo de López Obrador'." Y más adelante añadió: "Andrés Manuel es el líder del gran movimiento de izquierda en el país. Tiene un liderazgo indiscutible. Nueva Izquierda y el partido seguiremos apoyándolo en la lucha contra el gobierno de derecha. Somos oposición con López Obrador y nadie debe confundirse; vamos a ir juntos." En el mismo tenor se expresó Carlos Navarrete, corrigiéndose de lo que antes había dicho.

Menos mal, un zigzagueo de última hora salvó a los "líderes carismáticos" de ser comidos crudos por sus compañeros "esperanzados".

Mintió Norberto Rivera Carrera; la SCJN alberga prejuicios

En compañía de sus más grandes amigos y colegas, el padre Nicolás Aguilar celebró –en el glamour de la clandestinidad- el arribo de un nuevo niño a su parroquia. El infante fue inmediatamente colmado de bendiciones por el cardenal Norberto Rivera, mientras el padre Marcial Maciel contaba anécdotas ocurridas en la enfermería de las escuelas bajo su dirección. El cardenal Roger Mahony, de Los Angeles, no pudo llegar por tener prohibido abandonar esa jurisdicción, pero mandó sus parabienes.

Tomado de http://www.monerohernandez.com.mx, Helguera y hernández.

El cardenal Norberto Rivera Carrera negó el pasado domingo 18 de febrero conocer alguna notificación para comparecer ante la corte de Los Angeles en Estados Unidos sobre la acusación de proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar. Pero documentos dados a conocer hoy miércoles por la periodista Sanjuana Martínez lo desmienten.

Durante los últimos meses del año pasado Rivera Carrera no se cansó de decir que él no iría, ni respondería ningún cuestionamiento sobre el caso del pederasta, porque desconocía de qué se trataba. Más aún, que ni siquiera sabía quien era Nicolás Aguilar. Su vocero llegó a decir que el purpurado tenía que atender tantos asuntos que le era imposible conocer a detalle la vida de cada uno de los sacerdotes.

Sin embargo, todo lo anterior fue mentira y quien lo señala así es el propio Cardenal Rivera Carrera, pues de su puño y letra contesta lo que aseguró que no haría en un escrito fechado el 12 de febrero, es decir días antes de su declaración del domingo donde dijo no haber sido notificado de una audiencia que se realizaría ayer martes. En un documento de 15 cuartillas y 19 puntos da a conocer los pormenores del viaje de Nicolás Aguilar a Los Angeles y contradice de manera radical la postura del otro prelado inculpado: el obispo de Los Angeles Roger Mahony.

Norberto Rivera Carrera afirma que tuvo conocimiento de que hombres se hospedaban en la iglesia donde oficiaba Aguilar, por lo que presumió que podría ser homosexual. Después el aún sacerdote tuvo problemas con la comunidad y decidió irse a Estados Unidos. El dice, notificó a Roger Mahony que Aguilar iba a Los Angeles por motivos personales y familiares, que según el purpurado era la forma de avisar que era homosexual. Por ello señala que en todo caso la responsabilidad de la conducta de Aguilar es de Mahony, ya que fue él quien le dio empleo en Estados Unidos.

A lo largo del documento Rivera Carrera insiste en negarle al tribunal la jurisdicción para juzgarlo, pues nunca tuvo negocios en California, ni viajó allá para realizar algún tipo de transacción empresarial. Es decir "el hombre de Dios", que en México se arropa en el sacerdocio para ser intocable, como si su condición lo pusiera por encima de las leyes, en Estados Unidos se maneja como una persona que fue de turista, pero nunca de negocios.

La confesión de Rivera Carrera aclara lo que el cardenal insistió en negar:

- Que conoce a Nicolás Aguilar.

- Que lo envió a Los Angeles a sabiendas de que mantenía una conducta impropia para su cargo de sacerdote, según el derecho canónico.

- Que si está al tanto del caso y que se defenderá en los tribunales de EU.

- Que pretende hacer valer su "fuero de sacerdote" y las influencias con el gobierno panista del usurpador Felipe Calderón Hinojosa para evitar ser enjuiciado en EU.

- Que dejó pasar 20 años para solicitar al Vaticano el impedimento para que Nicolás Aguilar siga ofreciendo misa, aún después de saber que tiene una orden de aprehensión desde hace años por el delito de abuso y violación de menores.

Todo lo que dijo desconocer, resultó que siempre sí lo conocía y se acuerda de fechas y lugares a decir de su propia contestación, presentada por su abogado en Estados Unidos, Michael L. Ciprés.

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En el México "moderno y en el país de leyes", en el que afirman vivimos, éstas son violentadas sistemáticamente por quienes están más obligados a cumplirlas. Se trata ahora de los magistransas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para algunos de ellos los soldados con Sida sí pueden ser dados de baja y no por ello ser objetos de discriminación. Parece ser que a los jueces se les subieron los millones que cobran a la cabeza y salieron a relucir sus prejuicios y su actitud discriminatoria.

Cada quien es libre de pensar lo que se quiera y asumir la posición que desee –mientras no se incurra en la ilegalidad- en el ámbito de lo privado, pero cuando se es un servidor público –que recibe un oneroso e inmoral salario a costa de nuestros abultados impuestos- tiene que manejarse conforme al empleo que tiene. Más si se trata de jueces y mayormente si estos son la "última palabra" en cuanto a temas judiciales en el país.

El caso ahora es sobre la legalidad o no de que militares sea retirados del ejército por ser seropositivos o tener Sida. Lo menos que esperaríamos de quienes tienen la última palabra es un debate de altura, pero eso es lo menos que ofrecieron. Su intercambio de ideas no pasó de ejemplo de kinder.

Para el ministro José Ramón Cossío Díaz la disposición es violatoria de los derechos fundamentales de salud, mientras que para el ex ministro presidente Mariano Azuela Güitrón –ese que dice que un artículo constitucional está hecho con los pies y que también negoció el desafuero de Andrés Manuel López Obrador- no pasa nada y para reafirmar su dicho puso de ejemplo la guardería de ese tribunal, en donde a un niño enfermo se le regresa a su casa hasta que sane y no por ello se viola su derecho a la salud.

El ministro Genaro Góngora Pimentel llegó al extremo de señalar que al retirar al soldado infectado de VIH-Sida se está protegiendo a la población en general de un posible contagio. Es el colmo, mientras en el mundo se lleva a cabo una guerra –esa sí y no la escaramuza contra el narco- para evitar que esa pandemia devastadora cobre más vidas por la discriminación y los prejuicios sociales, raciales y de sexo, los magistransas se hayan quedado en el medievo y acudan a la vieja fórmula del bien común para mandar a la hoguera a las personas que piensan y actúan diferente.

Hoy no es 1981 y se sabe la forma de transmisión del virus, también la ONU se ha expresado al respecto y realiza campañas de información para evitar la discriminación por esta y otras enfermedades. Los ministros deberían acercarse a la Secretaría de Salud para evitar decir absurdos que sólo evidencian sus prejuicios. En nada ayuda al país un cuerpo colegiado tan ignorante y retrógrado. ¿Qué sigue la persecución de comunistas, judíos y musulmanes?



En seguida la nota sobre el tema tomada del diario La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx




Difieren ministros sobre cese por contagio de VIH

La Sedena viola derechos, afirma Cossío Díaz

Azuela Güitrón justifica validez de la ley del ISSFAM

JESUS ARANDA

El criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de que los soldados contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o enfermos de sida deben ser dados de baja por inutilidad, es "injustificable" y viola derechos fundamentales a la salud, a no ser diferenciado y a no ser parte del Ejército, sostuvo el ministro José Ramón Cossío Díaz. En contraparte, Mariano Azuela Güitrón justificó la validez de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (LISSFAM) y puso como ejemplo la guardería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde un niño enfermo es regresado a casa hasta que sane, lo que no viola su derecho a la salud.

Al continuar ayer la discusión sobre los juicios de amparo en que 11 militares infectados de sida impugnan su cese; tres ministros (el propio Cossío, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo) se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley del ISSFAM, aunque se sabe que Olga Sánchez Cordero votaría en este sentido; y cuatro (Genaro Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Azuela y Sergio Valls) se manifestaron por darle la razón a la Sedena, aunque el último ministro inicialmente había planteado conceder el amparo, pero en función de que se violaba el derecho del militar a la libertad de trabajo.
Cuatro ministros no han fijado postura.

Góngora Pimentel hizo una apasionada defensa de la postura de la Sedena en contra de los militares demandantes; dijo que en caso de conceder el amparo se pondría en riesgo a los compañeros de los soldados infectados pero, sobre todo, a la sociedad que en su momento tuviera contacto con ellos por cuestiones de servicio -como sería al brindar auxilio a la población en caso de desastre.

Inclusive señaló que en este escenario se estaría privilegiando el interés particular por encima del interés público, lo que afectaría la "responsabilidad inexcusable del Estado" de garantizar el derecho a la salud de la población.

Un soldado contagiado está sano o no, cuestiona Aguirre Anguiano

Aguirre Anguiano matizó que más que el interés público habría que preguntarse si un soldado contagiado de VIH está sano o no, y, por tanto, si es útil o no a las labores del Ejército. La respuesta del ministro fue que no está sano y que, por tanto, no está apto para el servicio de las armas.

Sin embargo, Mariano Azuela, para terminar su postura en favor de dar de baja a los soldados, concluyó: "Aquí tenemos la experiencia de la guardería. ¿Qué sucede cuando un niño llega enfermo de cualquier cosa? Cuando (los menores) llegan hay un médico que los tiene que checar y si un niño llega enfermo, se le habla a la mamá y se le dice: se lleva al niño, y mientras esté enfermo no entra".

Agregó que con esa medida se está protegiendo el derecho a la salud de los demás niños que van a la guardería, porque el enfermo puede provocar una pandemia, y lo mismo ocurre en colegios y en otros lugares, y eso no significa que se atente contra el derecho de quien está enfermo.

En contraste con este criterio, Gudiño Pelayo sintetizó la postura de los ministros que consideran inconstitucional la baja por contagio de sida: "No comparto el punto de vista del ministro Góngora, no solamente en el cuartel, no solamente respecto de los militares, no solamente respecto de los marinos; sino que también habría que sacar a todos los seropositivos de las escuelas, de los lugares públicos, prohibirles el acceso a los deportes y, en fin, habría que hacer casi, casi una situación que abiertamente afectaría sus derechos humanos".

Subrayó que el solo hecho de que una persona sea detectada como seropositiva no la incapacita para el trabajo, para la reunión social, para seguir haciendo su vida normal, puesto que las únicas vías de transmisión son por medio del contacto sexual, por transfusión (sanguínea) o del contacto con heridas.

Además de justificar su criterio con el informe de la Academia Mexicana de Ciencias que solicitó sobre este tema, el ministro Cossío ilustró a sus compañeros en el sentido de que los ejércitos de Canadá y Bélgica establecieron que es discriminatorio expulsar a soldados contagiados de VIH, y los han reasignado a labores donde estén mejor y para que reciban un tratamiento médico adecuado.

En cuanto a la actividad propiamente militar, comentó que esos ejércitos únicamente restringen a las personas infectadas a pilotear aviones y "realizar trabajos muy particulares", pero no las dan de baja.

La discusión continúa mañana jueves.

Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Helioflores.

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx


Fox-Pasta de Conchos, negligencia criminal

jenaro villamil

México, D.F., 20 de febrero (apro).- "Yo pensaba que Vicente Fox era un delincuente electoral, ahora me doy cuenta que es un vulgar delincuente", confió a Proceso, Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Unos minutos antes, los representantes del Frente Amplio Democrático habían anunciado en el Senado que presentarán una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por la confesión abierta del exmandatario en la que asume su abierta participación en el proceso electoral del 2006 para "desquitarse" de Andrés Manuel López Obrador.

Dos días antes, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, declaró con todas sus letras que el expresidente lo presionó para responsabilizar a "inocentes" de los terribles sucesos ocurridos hace un año exactamente en la mina Pasta de Conchos. Por lo menos, la negligencia criminal de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la propia empresa, perteneciente al Grupo Minero México, de Germán Larrea, provocó la muerte de 65 trabajadores.
Ahora, las declaraciones de Moreira, más las dos denuncias que tanto el PRI como el PRD plantean aprobar en el Congreso para que la PGR investigue al expresidente Vicente Fox perfilan un auténtico escándalo político transexenal.

Las cosas no están fáciles para el exmandatario, pero mucho menos para su sucesor Felipe Calderón y menos para Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, que también formó parte del gabinete anterior como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el caso de Pasta de Conchos no ha sido sólo el gobernador Moreira el que ha encabezado las denuncias. El obispo Raúl Vera ha demostrado una valentía inusual entre los jerarcas actuales de la Iglesia católica denunciando la actuación de la empresa minera, y las omisiones y complicidades de las autoridades federales.

Algunos legisladores del PAN han tratado de responder al nuevo escándalo acusando a Moreira de querer "medrar" con la tragedia de los familiares y reorientar la atención hacia Napoleón Gómez Urrutia, el desacreditado líder sindical de los mineros que, si bien tiene fama de corrupto, por lo menos no ha podido ser responsabilizado directamente de los sucesos en Pasta de Conchos.

El exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, advirtió que si Moreira no aprueba sus dichos puede ser sujeto a juicio político. Su excontrincante en la gubernatura de Coahuila y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, también acusó de mentiroso a Moreira y le reprochó que no hubiera denunciado antes.

Sin embargo, la airada reacción de los panistas y el sospechoso silencio de la PGR no podrán evitar que los dichos y los hechos de Vicente Fox se transformen en el peor pasivo político para la actual administración de Felipe Calderón.

El caso de Pasta de Conchos se trata de la peor tragedia ocurrida en los últimos 25 años en México en el ámbito laboral y amenaza con convertirse en un boomerang político-judicial.
La propia Procuraduría estatal ha definido el caso como "homicidio culposo" y señaló 4 líneas de investigación que tienden a responsabilizar tanto al Grupo México como las autoridades de la Secretaría del Trabajo:

--La falta de ventilación en la mina que permitió la acumulación de gas que se desprende en la explotación del carbón.

--La falta de polvo inerte. Contra la norma internacional, sólo 47 por ciento de los tramos de avance de la mina estaba polveado.

--La ausencia de metanómetros, aparatos que permiten detectar la concentración de gas metano en el aire.

--Las omisiones, negligencias, falta de atención y responsabilidad de la Secretaría del Trabajo que no cumplió con su deber jurídico de realizar inspecciones y tomar las medidas necesarias.

A estos hechos que conforman el delito de homicidio culposo, se le suma el cada vez más acreditado conflicto de intereses que involucra a los propietarios de Minera México con el gobierno de Vicente Fox.

Una amplia investigación realizada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo vinculado a la Compañía de Jesús, acreditó que los sucesos en la mina de Coahuila fueron la culminación de un sexenio donde se sumaron violaciones a los derechos humanos laborales contra diferentes grupos mineros, tanto en Pasta de Conchos como en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mina sonorense de La Caridad, en Nacozari.

Por si fuera poco, el Cereal acreditó que directivos del Grupo México, de Germán Larrea, fueron, al mismo tiempo, comisarios de la Fundación Vamos México, presidida por la otra mitad de la expareja presidencial foxista, Marta Sahagún. No sólo eso. Larrea también tiene un asiento en el Consejo de Administración de Televisa, empresa que le dio una cobertura más que favorable a los intereses de la empresa durante la tragedia de hace un año.

¿Qué responderá Fox a estas acusaciones? ¿Tendremos que esperar a que el expresidente, en su próxima participación como speaker en Washington nos diga con todo cinismo que él sí se "desquitó" también de los mineros muertos?
Email: jenarovi@yahoo.com.mx