Ejército, el riesgo de “la normalidad”

Tomados de La Jornada, El Fisgón y EL Universal, Carreño y Omar.

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- Ya es una verdad común que los operativos contra el narcotráfico emprendidos por el gobierno de Felipe Calderón eran inevitables. Menos compartida es la consideración de que conllevan un riesgo por su falta de claridad, sobre todo porque el paso de las semanas ha venido a confirmar no sólo los escasos resultados, sino que los grupos de narcotraficantes empiezan a operar “con normalidad”, incluso en los estados tomados por el Ejército.

Un 40 por ciento del territorio nacional está, oficialmente, bajo el despliegue dominado por los militares, pero hasta ahora tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han evitado precisar la estrategia y acciones del Ejército, más allá de la exhibición mediática y de los objetivos políticos.

Entre 21 y 25 mil efectivos participan actualmente en los operativos que tienen lugar en ocho estados de la República como parte de la estrategia anunciada por Calderón al inicio de su gobierno, en diciembre del año pasado.

Desde que el 11 de diciembre se inició el Operativo Michoacán, otros seis estados y la ciudad de Tijuana son escenario de los dispositivos en los que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de la Seguridad Pública, a través de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la Procuraduría General de la República, mediante la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Pero el predominio lo tiene el Ejército, como lo demuestra el hecho de que el mando único de cada operativo está en manos de generales.

Además de Michoacán y Tijuana, los operativos tienen lugar en Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y el llamado triángulo dorado que forman parte de los territorios de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

La Sedena no ha dado una cifra precisa sobre el número de efectivos desplazados en esos territorios ni ha explicado si se trata de elementos adicionales a los dedicados a la erradicación y a la interceptación. Hasta antes del desplazamiento en Tijuana, Tamaulipas y Nuevo León, el general Francisco Galván, secretario de la Defensa, informó el 21 de enero que 19 mil 72 efectivos participaban en las operaciones. Luego, se anunció el envío a Tijuana de tres mil soldados, de dos mil a Tamaulipas y medio millar a Nuevo León. En total, de acuerdo con lo dicho por Galván y las versiones de prensa, poco más de 25 mil efectivos están actualmente desplazados.

Lo único que se puede decir, de acuerdo con los datos expuestos por el investigador Sergio Aguayo en un reciente encuentro académico sobre seguridad fronteriza realizado en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, es que esos lugares representan el 22 por ciento de la población y el 39 por ciento del territorio.

Por el número de efectivos dedicados hasta el sexenio pasado en el combate cotidiano al narcotráfico, el actual despliegue del Ejército es prácticamente el mismo en cantidad a lo que se había hecho hasta ahora. Las cifras de la propia Sedena señalan que 30 mil de sus hombres, el 15 por ciento de sus tropas, se dedican cada día al combate al narcotráfico, aunque algunos especialistas estiman que la cifra podría llegar a 40 mil.

Tan sólo el año pasado, de acuerdo con el informe de labores 2005-2006 de la Defensa Nacional, el Ejército concentró 30 mil soldados, oficiales y mandos a esa tarea en todo el país. 18 mil se dedicaron a la erradicación y 12 mil a la interceptación terrestre, aérea y anfibia.

De ser adicionales los militares destacados a los operativos, el Ejército estaría dedicando más 50 mil efectivos al combate al narcotráfico, poco más de una cuarta del total de sus hombres, que a 2005 eran poco más de 190 mil.

Pero aún no se sabe hasta dónde puede llegar la estrategia de Calderón; no sólo en el número de efectivos, sino en la manera de enfrentar a los narcotraficantes en un plan diseñado desde hace casi cuatro décadas por Estados Unidos. El Ejército, también, está cada vez más involucrado en la seguridad interior, puesto que no ha capacitado a las fuerzas civiles para que lo sustituyan. Al menos esa era su tarea cuando el gobierno de Ernesto Zedillo creó, a fines de 1998, la Policía Federal Preventiva (PFP).

En mayor medida que la Marina, el Ejército no sólo ha aumentado su participación en ese cuerpo policial, sino que ahora está convertido en el ariete del gobierno contra del narcotráfico. Calderón no tenía de dónde echar mano, pero no está claro hasta dónde puede llegar dándole a los militares mayores responsabilidades policiales. El riesgo latente es que las Fuerzas Armadas condicionen su participación o que el Estado mexicano fracase al utilizar su última reserva institucional en el combate contra el narcotráfico.

La estrategia de Calderón tiene poco de novedad porque está siguiendo la inercia de militarizar la seguridad pública y la administración de la justicia, iniciadas, respectivamente, por Zedillo y el gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, con las acciones de Calderón está quedando claro que el Estado mexicano está arriesgando su última reserva institucional, las Fuerzas Armadas.

El riesgo empieza a ser notorio. En varios de los estados en donde el Ejército y la Marina están desplegados, los grupos de narcotraficantes continúan con las ejecuciones y ajustes de cuentas, regresando a una condición de “normalidad”, pero ahora con la presencia en las calles de soldados y marinos. (23 de febrero de 2007)

jcarrasco@proceso.com.mx