Mintió Norberto Rivera Carrera; la SCJN alberga prejuicios

En compañía de sus más grandes amigos y colegas, el padre Nicolás Aguilar celebró –en el glamour de la clandestinidad- el arribo de un nuevo niño a su parroquia. El infante fue inmediatamente colmado de bendiciones por el cardenal Norberto Rivera, mientras el padre Marcial Maciel contaba anécdotas ocurridas en la enfermería de las escuelas bajo su dirección. El cardenal Roger Mahony, de Los Angeles, no pudo llegar por tener prohibido abandonar esa jurisdicción, pero mandó sus parabienes.

Tomado de http://www.monerohernandez.com.mx, Helguera y hernández.

El cardenal Norberto Rivera Carrera negó el pasado domingo 18 de febrero conocer alguna notificación para comparecer ante la corte de Los Angeles en Estados Unidos sobre la acusación de proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar. Pero documentos dados a conocer hoy miércoles por la periodista Sanjuana Martínez lo desmienten.

Durante los últimos meses del año pasado Rivera Carrera no se cansó de decir que él no iría, ni respondería ningún cuestionamiento sobre el caso del pederasta, porque desconocía de qué se trataba. Más aún, que ni siquiera sabía quien era Nicolás Aguilar. Su vocero llegó a decir que el purpurado tenía que atender tantos asuntos que le era imposible conocer a detalle la vida de cada uno de los sacerdotes.

Sin embargo, todo lo anterior fue mentira y quien lo señala así es el propio Cardenal Rivera Carrera, pues de su puño y letra contesta lo que aseguró que no haría en un escrito fechado el 12 de febrero, es decir días antes de su declaración del domingo donde dijo no haber sido notificado de una audiencia que se realizaría ayer martes. En un documento de 15 cuartillas y 19 puntos da a conocer los pormenores del viaje de Nicolás Aguilar a Los Angeles y contradice de manera radical la postura del otro prelado inculpado: el obispo de Los Angeles Roger Mahony.

Norberto Rivera Carrera afirma que tuvo conocimiento de que hombres se hospedaban en la iglesia donde oficiaba Aguilar, por lo que presumió que podría ser homosexual. Después el aún sacerdote tuvo problemas con la comunidad y decidió irse a Estados Unidos. El dice, notificó a Roger Mahony que Aguilar iba a Los Angeles por motivos personales y familiares, que según el purpurado era la forma de avisar que era homosexual. Por ello señala que en todo caso la responsabilidad de la conducta de Aguilar es de Mahony, ya que fue él quien le dio empleo en Estados Unidos.

A lo largo del documento Rivera Carrera insiste en negarle al tribunal la jurisdicción para juzgarlo, pues nunca tuvo negocios en California, ni viajó allá para realizar algún tipo de transacción empresarial. Es decir "el hombre de Dios", que en México se arropa en el sacerdocio para ser intocable, como si su condición lo pusiera por encima de las leyes, en Estados Unidos se maneja como una persona que fue de turista, pero nunca de negocios.

La confesión de Rivera Carrera aclara lo que el cardenal insistió en negar:

- Que conoce a Nicolás Aguilar.

- Que lo envió a Los Angeles a sabiendas de que mantenía una conducta impropia para su cargo de sacerdote, según el derecho canónico.

- Que si está al tanto del caso y que se defenderá en los tribunales de EU.

- Que pretende hacer valer su "fuero de sacerdote" y las influencias con el gobierno panista del usurpador Felipe Calderón Hinojosa para evitar ser enjuiciado en EU.

- Que dejó pasar 20 años para solicitar al Vaticano el impedimento para que Nicolás Aguilar siga ofreciendo misa, aún después de saber que tiene una orden de aprehensión desde hace años por el delito de abuso y violación de menores.

Todo lo que dijo desconocer, resultó que siempre sí lo conocía y se acuerda de fechas y lugares a decir de su propia contestación, presentada por su abogado en Estados Unidos, Michael L. Ciprés.

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En el México "moderno y en el país de leyes", en el que afirman vivimos, éstas son violentadas sistemáticamente por quienes están más obligados a cumplirlas. Se trata ahora de los magistransas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para algunos de ellos los soldados con Sida sí pueden ser dados de baja y no por ello ser objetos de discriminación. Parece ser que a los jueces se les subieron los millones que cobran a la cabeza y salieron a relucir sus prejuicios y su actitud discriminatoria.

Cada quien es libre de pensar lo que se quiera y asumir la posición que desee –mientras no se incurra en la ilegalidad- en el ámbito de lo privado, pero cuando se es un servidor público –que recibe un oneroso e inmoral salario a costa de nuestros abultados impuestos- tiene que manejarse conforme al empleo que tiene. Más si se trata de jueces y mayormente si estos son la "última palabra" en cuanto a temas judiciales en el país.

El caso ahora es sobre la legalidad o no de que militares sea retirados del ejército por ser seropositivos o tener Sida. Lo menos que esperaríamos de quienes tienen la última palabra es un debate de altura, pero eso es lo menos que ofrecieron. Su intercambio de ideas no pasó de ejemplo de kinder.

Para el ministro José Ramón Cossío Díaz la disposición es violatoria de los derechos fundamentales de salud, mientras que para el ex ministro presidente Mariano Azuela Güitrón –ese que dice que un artículo constitucional está hecho con los pies y que también negoció el desafuero de Andrés Manuel López Obrador- no pasa nada y para reafirmar su dicho puso de ejemplo la guardería de ese tribunal, en donde a un niño enfermo se le regresa a su casa hasta que sane y no por ello se viola su derecho a la salud.

El ministro Genaro Góngora Pimentel llegó al extremo de señalar que al retirar al soldado infectado de VIH-Sida se está protegiendo a la población en general de un posible contagio. Es el colmo, mientras en el mundo se lleva a cabo una guerra –esa sí y no la escaramuza contra el narco- para evitar que esa pandemia devastadora cobre más vidas por la discriminación y los prejuicios sociales, raciales y de sexo, los magistransas se hayan quedado en el medievo y acudan a la vieja fórmula del bien común para mandar a la hoguera a las personas que piensan y actúan diferente.

Hoy no es 1981 y se sabe la forma de transmisión del virus, también la ONU se ha expresado al respecto y realiza campañas de información para evitar la discriminación por esta y otras enfermedades. Los ministros deberían acercarse a la Secretaría de Salud para evitar decir absurdos que sólo evidencian sus prejuicios. En nada ayuda al país un cuerpo colegiado tan ignorante y retrógrado. ¿Qué sigue la persecución de comunistas, judíos y musulmanes?



En seguida la nota sobre el tema tomada del diario La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx




Difieren ministros sobre cese por contagio de VIH

La Sedena viola derechos, afirma Cossío Díaz

Azuela Güitrón justifica validez de la ley del ISSFAM

JESUS ARANDA

El criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de que los soldados contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o enfermos de sida deben ser dados de baja por inutilidad, es "injustificable" y viola derechos fundamentales a la salud, a no ser diferenciado y a no ser parte del Ejército, sostuvo el ministro José Ramón Cossío Díaz. En contraparte, Mariano Azuela Güitrón justificó la validez de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (LISSFAM) y puso como ejemplo la guardería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde un niño enfermo es regresado a casa hasta que sane, lo que no viola su derecho a la salud.

Al continuar ayer la discusión sobre los juicios de amparo en que 11 militares infectados de sida impugnan su cese; tres ministros (el propio Cossío, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo) se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley del ISSFAM, aunque se sabe que Olga Sánchez Cordero votaría en este sentido; y cuatro (Genaro Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Azuela y Sergio Valls) se manifestaron por darle la razón a la Sedena, aunque el último ministro inicialmente había planteado conceder el amparo, pero en función de que se violaba el derecho del militar a la libertad de trabajo.
Cuatro ministros no han fijado postura.

Góngora Pimentel hizo una apasionada defensa de la postura de la Sedena en contra de los militares demandantes; dijo que en caso de conceder el amparo se pondría en riesgo a los compañeros de los soldados infectados pero, sobre todo, a la sociedad que en su momento tuviera contacto con ellos por cuestiones de servicio -como sería al brindar auxilio a la población en caso de desastre.

Inclusive señaló que en este escenario se estaría privilegiando el interés particular por encima del interés público, lo que afectaría la "responsabilidad inexcusable del Estado" de garantizar el derecho a la salud de la población.

Un soldado contagiado está sano o no, cuestiona Aguirre Anguiano

Aguirre Anguiano matizó que más que el interés público habría que preguntarse si un soldado contagiado de VIH está sano o no, y, por tanto, si es útil o no a las labores del Ejército. La respuesta del ministro fue que no está sano y que, por tanto, no está apto para el servicio de las armas.

Sin embargo, Mariano Azuela, para terminar su postura en favor de dar de baja a los soldados, concluyó: "Aquí tenemos la experiencia de la guardería. ¿Qué sucede cuando un niño llega enfermo de cualquier cosa? Cuando (los menores) llegan hay un médico que los tiene que checar y si un niño llega enfermo, se le habla a la mamá y se le dice: se lleva al niño, y mientras esté enfermo no entra".

Agregó que con esa medida se está protegiendo el derecho a la salud de los demás niños que van a la guardería, porque el enfermo puede provocar una pandemia, y lo mismo ocurre en colegios y en otros lugares, y eso no significa que se atente contra el derecho de quien está enfermo.

En contraste con este criterio, Gudiño Pelayo sintetizó la postura de los ministros que consideran inconstitucional la baja por contagio de sida: "No comparto el punto de vista del ministro Góngora, no solamente en el cuartel, no solamente respecto de los militares, no solamente respecto de los marinos; sino que también habría que sacar a todos los seropositivos de las escuelas, de los lugares públicos, prohibirles el acceso a los deportes y, en fin, habría que hacer casi, casi una situación que abiertamente afectaría sus derechos humanos".

Subrayó que el solo hecho de que una persona sea detectada como seropositiva no la incapacita para el trabajo, para la reunión social, para seguir haciendo su vida normal, puesto que las únicas vías de transmisión son por medio del contacto sexual, por transfusión (sanguínea) o del contacto con heridas.

Además de justificar su criterio con el informe de la Academia Mexicana de Ciencias que solicitó sobre este tema, el ministro Cossío ilustró a sus compañeros en el sentido de que los ejércitos de Canadá y Bélgica establecieron que es discriminatorio expulsar a soldados contagiados de VIH, y los han reasignado a labores donde estén mejor y para que reciban un tratamiento médico adecuado.

En cuanto a la actividad propiamente militar, comentó que esos ejércitos únicamente restringen a las personas infectadas a pilotear aviones y "realizar trabajos muy particulares", pero no las dan de baja.

La discusión continúa mañana jueves.

Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Helioflores.

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx


Fox-Pasta de Conchos, negligencia criminal

jenaro villamil

México, D.F., 20 de febrero (apro).- "Yo pensaba que Vicente Fox era un delincuente electoral, ahora me doy cuenta que es un vulgar delincuente", confió a Proceso, Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Unos minutos antes, los representantes del Frente Amplio Democrático habían anunciado en el Senado que presentarán una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por la confesión abierta del exmandatario en la que asume su abierta participación en el proceso electoral del 2006 para "desquitarse" de Andrés Manuel López Obrador.

Dos días antes, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, declaró con todas sus letras que el expresidente lo presionó para responsabilizar a "inocentes" de los terribles sucesos ocurridos hace un año exactamente en la mina Pasta de Conchos. Por lo menos, la negligencia criminal de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la propia empresa, perteneciente al Grupo Minero México, de Germán Larrea, provocó la muerte de 65 trabajadores.
Ahora, las declaraciones de Moreira, más las dos denuncias que tanto el PRI como el PRD plantean aprobar en el Congreso para que la PGR investigue al expresidente Vicente Fox perfilan un auténtico escándalo político transexenal.

Las cosas no están fáciles para el exmandatario, pero mucho menos para su sucesor Felipe Calderón y menos para Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, que también formó parte del gabinete anterior como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el caso de Pasta de Conchos no ha sido sólo el gobernador Moreira el que ha encabezado las denuncias. El obispo Raúl Vera ha demostrado una valentía inusual entre los jerarcas actuales de la Iglesia católica denunciando la actuación de la empresa minera, y las omisiones y complicidades de las autoridades federales.

Algunos legisladores del PAN han tratado de responder al nuevo escándalo acusando a Moreira de querer "medrar" con la tragedia de los familiares y reorientar la atención hacia Napoleón Gómez Urrutia, el desacreditado líder sindical de los mineros que, si bien tiene fama de corrupto, por lo menos no ha podido ser responsabilizado directamente de los sucesos en Pasta de Conchos.

El exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, advirtió que si Moreira no aprueba sus dichos puede ser sujeto a juicio político. Su excontrincante en la gubernatura de Coahuila y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, también acusó de mentiroso a Moreira y le reprochó que no hubiera denunciado antes.

Sin embargo, la airada reacción de los panistas y el sospechoso silencio de la PGR no podrán evitar que los dichos y los hechos de Vicente Fox se transformen en el peor pasivo político para la actual administración de Felipe Calderón.

El caso de Pasta de Conchos se trata de la peor tragedia ocurrida en los últimos 25 años en México en el ámbito laboral y amenaza con convertirse en un boomerang político-judicial.
La propia Procuraduría estatal ha definido el caso como "homicidio culposo" y señaló 4 líneas de investigación que tienden a responsabilizar tanto al Grupo México como las autoridades de la Secretaría del Trabajo:

--La falta de ventilación en la mina que permitió la acumulación de gas que se desprende en la explotación del carbón.

--La falta de polvo inerte. Contra la norma internacional, sólo 47 por ciento de los tramos de avance de la mina estaba polveado.

--La ausencia de metanómetros, aparatos que permiten detectar la concentración de gas metano en el aire.

--Las omisiones, negligencias, falta de atención y responsabilidad de la Secretaría del Trabajo que no cumplió con su deber jurídico de realizar inspecciones y tomar las medidas necesarias.

A estos hechos que conforman el delito de homicidio culposo, se le suma el cada vez más acreditado conflicto de intereses que involucra a los propietarios de Minera México con el gobierno de Vicente Fox.

Una amplia investigación realizada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo vinculado a la Compañía de Jesús, acreditó que los sucesos en la mina de Coahuila fueron la culminación de un sexenio donde se sumaron violaciones a los derechos humanos laborales contra diferentes grupos mineros, tanto en Pasta de Conchos como en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mina sonorense de La Caridad, en Nacozari.

Por si fuera poco, el Cereal acreditó que directivos del Grupo México, de Germán Larrea, fueron, al mismo tiempo, comisarios de la Fundación Vamos México, presidida por la otra mitad de la expareja presidencial foxista, Marta Sahagún. No sólo eso. Larrea también tiene un asiento en el Consejo de Administración de Televisa, empresa que le dio una cobertura más que favorable a los intereses de la empresa durante la tragedia de hace un año.

¿Qué responderá Fox a estas acusaciones? ¿Tendremos que esperar a que el expresidente, en su próxima participación como speaker en Washington nos diga con todo cinismo que él sí se "desquitó" también de los mineros muertos?
Email: jenarovi@yahoo.com.mx