Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.
Carlos Acosta Córdova
El domingo 1 de julio México elegirá a quien ocupará la
residencia presidencial de Los Pinos en el sexenio 2012-2018. Casi 80 millones
de ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger entre los cuatro candidatos
registrados por partidos o coaliciones –uno de ellos, figura decorativa–, en
una jornada electoral con particularidades de las que Proceso se ocupa en esta
edición:
• El árbitro electoral, el IFE, ha mostrado ser un organismo
complaciente, sin dientes, sin garras, sin uñas siquiera para impedir los abusos,
la iniquidad y las violaciones a la ley en el curso de las campañas.
• El partido en el gobierno, el PAN, con una desfalleciente
candidata que no supo poner distancia entre su nebulosa propuesta de campaña y
el lastre que el gobierno de Felipe Calderón significó y las corruptelas de su
propio partido y su líder nacional. La torpeza del propio gobierno federal en
el episodio del supuesto hijo del Chapo Guzmán acabó por enterrar virtualmente
sus aspiraciones.
• El partido que pretende regresar al poder, el PRI, con un
candidato ostensible y documentadamente apoyado por Televisa, ha recurrido al
más viejo estilo de la coacción, la compra de votos, el aparato electorero que
lo caracterizó durante tanto tiempo, para culminar un proyecto de muchos años con
la pantalla de la televisión como centro de su poder de atracción.
• La izquierda, con un candidato que reincide, en un intento
más por convertirse en una tercera opción viable pero con la propia carga de
corrupción y clientelismo de muchos de los organismos que la integran y con el
propósito de, ahora sí, disponer de representantes y observadores en todas las
casillas para, en todo caso, impedir el fraude posible.
• El contexto de la guerra de Calderón contra el crimen
organizado, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, sin éxito
apreciable y con un remate imprevisible: la cacería brutal de generales del
Ejército que participaron en ella por parte de la PGR.
Complacencia es la palabra más suave para describir la
actuación del Instituto Federal Electoral durante el proceso que culminará el
domingo 1 de julio. Prácticamente todos los partidos señalan una u otra de sus
múltiples deficiencias para fundamentar su escepticismo respecto del órgano al
que, optimista él, su presidente ve en cambio como garante de unos comicios sin
contingencias. Su posición contrasta con la percepción de muchos mexicanos, y
de académicos, expertos electorales y observadores extranjeros, de que la
imparcialidad está en duda y que es posible incluso un fraude a escala nacional.
Justo a una semana de la jornada electoral del próximo
domingo 1 de julio, el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha podido reducir
el escepticismo de amplios sectores de la población en el sentido de que puedan
garantizarse elecciones creíbles, justas y equitativas, con certeza en su
legalidad y certidumbre en sus resultados.
Es decir, sigue permeando en millones de mexicanos el
fantasma de la elección presidencial de 2006, de un IFE poco transparente y
eficaz, presionado –doblegado inclusive– por el gobierno federal, los partidos
políticos y los poderes fácticos, en particular por el duopolio televisivo.
No ha tenido, tampoco, capacidad para comunicar de manera
efectiva y contundente a toda la sociedad los cambios que introdujo la reforma
político-electoral de 2007-2008. Según el IFE, con estas modificaciones se hace
difícil, al menos en teoría, una reedición del complejo de irregularidades e
insuficiencias del proceso de 2006, las cuales llevaron a un conflicto
poselectoral que puso en vilo al país.
Más aún, el instituto llega a la recta final del proceso
acusado por el PRI de ser muy permisivo, por lo menos en lo que toca a la
propaganda política y sobre todo a la “guerra sucia” a través de promocionales
de radio y televisión, que han generado encono y división en la sociedad.
Carga también la autoridad electoral con el recurrente
cuestionamiento del PRD –y de los otros dos partidos, PT y Movimiento
Ciudadano, que también impulsan a Andrés Manuel López Obrador– sobre la poca
aplicación del IFE para frenar el derroche de recursos económicos en las
campañas y transparentar su origen, particularmente en el caso del priista
Enrique Peña Nieto.
El PAN le reclama al IFE que no haya establecido, o no la
haya difundido ampliamente, una acción conjunta con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR para reducir al mínimo la presencia
de las viejas prácticas de compra y coacción del voto, para evitar las famosas
“mareas rojas” mediante las cuales grupos de priistas movilizan y/o atemorizan
a grupos de votantes, para que sufraguen en su favor.
En otros frentes, el IFE también es víctima de imputaciones.
Académicos, expertos en materia electoral y organizaciones civiles –que han
realizado un estricto monitoreo del proceso electoral y de la actuación del
IFE– le achacan deficiencias y omisiones. Por ejemplo, que ha sido complaciente
con las principales televisoras del país al permitir por años su abierto respaldo
a Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial del PRI.
También, que no hizo mayor esfuerzo por solicitar a la
Secretaría de Gobernación la cadena nacional para transmitir los debates de los
candidatos presidenciales, hecho que dejó impune la arrogancia de los dueños de
las principales televisoras. O bien, que ha sido laxo frente al evidente
dispendio de recursos y probables rebases de los topes de gastos de campaña de
Peña Nieto, o que ha hecho prácticamente nada para inhibir, controlar o
castigar los miles de casos de compra y coacción de votos, que ya han sido
denunciados.
El papel del árbitro
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita,
está consciente de todas esas imputaciones que se le hacen al instituto.
Rechaza tajantemente unas, discrepa de otras, matiza algunas, justifica otras…
Pero, categórico, asegura que ni el proceso electoral de
este año, la propia votación el 1 de julio, ni el escrutinio de los sufragios
ni el proceso poselectoral serán iguales a la experiencia vivida en los
comicios presidenciales anteriores.
“De ninguna manera se repetirá el 2006. La reforma de
2007-2008 modificó atribuciones en cuatro áreas del sistema electoral que son
fundamentales para evitar que lo que falló en aquel año vuelva a suceder.”
Las enumera: un nuevo modelo de comunicación política, que
evita que particulares y gobiernos puedan incidir en las preferencias
electorales; mayores facultades de fiscalización de los recursos públicos para
el financiamiento de los partidos, el origen de los mismos y su uso por parte
de aquellos; un mayor arbitraje del IFE, para resolver quejas, agravios y hasta
para sancionar a todo tipo de autoridad que pretenda intervenir en el proceso
electoral y, finalmente, un sistema de escrutinio de los votos, que permite por
ley el recuento voto por voto, casilla por casilla, distrito por distrito.
En entrevista con Proceso, Valdés Zurita las explica: El
nuevo modelo de comunicación política está diseñado para darle equidad a la
competencia de los partidos políticos; disminuye el costo de las campañas
electorales; prohíbe a particulares, al gobierno federal y a los gobiernos
estatales, incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Los
partidos tienen acceso gratuito y equitativo a los tiempos del Estado en radio
y televisión.
“Con ello –dice– se evita una zona de conflicto que en 2006
fue de enorme gravedad por la participación de los particulares que podían
comprar promocionales (spots) en radio y televisión. También se evita que los
gobiernos, por esos instrumentos, interfieran en la campaña electoral. Además,
se evita la iniquidad en las contiendas, pues antes los partidos con mayor
capacidad económica tenían ventajas sobre los demás.
“Ahora está perfectamente claro que solamente a través del
tiempo oficial los partidos políticos pueden tener acceso a ese tipo de herramientas
promocionales.”
–Fue virulenta la reacción de las televisoras, que se vieron
despojadas de una extraordinaria fuente de ingresos. Y actuaron en
consecuencia, enfrentándose a la autoridad electoral. Como el caso de Ricardo
Salinas Pliego, de TV Azteca, que se negó a transmitir el primer debate de los
candidatos. ¿Cómo ha vivido las presiones de esos poderes?
–No me he dejado presionar por ningún tipo de poder. Fue
complejo y difícil el arranque: el IFE no tenía la experiencia operativa,
técnica, reglamentaria, para que el modelo se aplicara. Fue una empresa muy
compleja el hacer la normatividad, echar a andar el sistema. Pero hoy podemos
decir con certeza que al final el modelo se aplicó.
“Un dato duro de este proceso, de las campañas, es que no
hemos tenido un solo tropezón en la aplicación del modelo, en la aplicación del
reglamento. Las televisoras, a pesar de que no están a gusto con la reforma,
han aplicado la ley y nosotros hemos vigilado que se aplique.”
Otro cambio relevante en la legislación electoral es el
relativo a los dineros para los partidos políticos y la vigilancia de los
mismos.
Dice el consejero presidente del IFE:
“El legislador ratificó lo que hemos experimentado desde la
reforma electoral de 1991, en el sentido de que los recursos para el
financiamiento de los partidos debe ser preponderante dinero público. Pero
además le dio al IFE mayores facultades de fiscalización: se creó una Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que ahora es
permanente y que tiene autonomía de gestión.
“También se incrementó el número de informes que deben
entregar los partidos políticos. Las herramientas de auditoría crecieron
significativamente: hoy no hay secreto fiscal, bancario, fiduciario. El IFE, a
través de la Unidad de Fiscalización, puede conocer, por ejemplo, las cuentas
bancarias y los movimientos financieros de los partidos, así como su situación
en materia de impuestos.
“Esa parte, en 2006, fue muy compleja, aunque también en
elecciones anteriores, como la del año 2000, en que se suscitaron los casos de
Amigos de Fox y el Pemexgate.
“Entonces, el legislador aprendió de esas experiencias y lo
que hizo fue crear un marco normativo que hace que hoy el IFE sea mejor garante
de la legalidad de los recursos que entran a los partidos y de la forma en que
los gastan.”
–Sin embargo, en el tema de la fiscalización persisten dudas
e inconformidades. El proceso fuerte de la fiscalización empieza después de los
comicios, se hace efectivo hasta que los partidos informan de sus gastos e
ingresos, y además no tiene efectos jurídicos: si un candidato, para cualquier
puesto de representación popular, gana la elección con triquiñuelas, dinero
irregular o exceso de gastos, de todas formas asume el cargo.
–Aquí hay dos cosas que debemos tener muy claras, que
podemos o no estar de acuerdo con ellas. Primero: los sujetos obligados,
beneficiarios del financiamiento público y obligados por la fiscalización, son
los partidos políticos, no los candidatos. En otros países sí, como en Canadá;
allá no se fiscaliza el gasto de campaña de los partidos, sino el de los
candidatos. En Estados Unidos igual. Aquí, el legislador decidió que quien
recibe la prerrogativa del financiamiento es el partido, quien está obligado a
la fiscalización.
“Segundo, se decidió un modelo de fiscalización de
auditoría. Esto quiere decir que sólo se puede fiscalizar en periodos que han
sido cerrados, en procesos que han iniciado y concluido y a partir de los
informes con los soportes que presenten los partidos. Hoy los informes de los
partidos deben venir acompañados de las pólizas, cheques, de las facturas, de
los proveedores… de toda la documentación soporte para hacer realmente una
auditoría. Ese modelo de fiscalización por auditoría nos da la posibilidad de
entrar muy a fondo a las cuentas de los partidos, a los gastos e ingresos de
los partidos.
“Además, al auditar la campaña electoral a quien auditamos
es al partido, no al candidato, de tal suerte que si el candidato ganó
legítimamente la votación y rindió protesta, será gobernante o representante.
Pero si el partido para financiar esa campaña obtuvo dinero ilícito o si el
partido excedió los gastos de campaña de ese candidato, el partido será
sancionado enérgicamente por la autoridad electoral.”
Un tercer cambio de envergadura, según Valdés Zurita, es la
parte del arbitraje electoral. “En 2006 –dice –los partidos políticos
presentaron más de 800 quejas, desde los contenidos de la propaganda hasta de
la presunta intervención de quien era el presidente de la República. El IFE,
entonces, resolvió sólo un poco más de 70 de esas 800 quejas.
“Eso quiere decir que los agravios que estaban incluidos en
esas más de 700 quejas no habían sido resueltos en el momento en que se
calificó la elección presidencial. Hoy, la reforma se hizo cargo de eso. Hoy
tenemos un procedimiento especial sancionador. Se han presentado más de mil
quejas en el Consejo General del IFE y en los 300 consejos distritales y
llevamos resueltas más de 800 de esas quejas.
“Más todavía, en 2006 el Consejo General sesionó en 36
ocasiones; en 2012 llevamos sesionadas más de 65 ocasiones, más las que se
acumulen de aquí a que se califique la elección. Ha sido muchísimo el trabajo,
más visible la actuación del instituto, porque hoy podemos analizar y decir si
el presidente de la República está violando las normas electorales, si los
candidatos y los partidos lo hacen.”
–Aun así, es persistente la crítica hacia el IFE y sus
consejeros, en el sentido de que trabajan poco… que la institución adolece de
una pasividad que irrita.
–Unos dicen que hemos sido tibios, pero más bien hemos sido
fríos. La autoridad electoral lo que tiene que hacer es aplicar la ley con
frialdad, con ecuanimidad, con objetividad. El calor en estos tiempos se siente
allá, en las campañas electorales. Ahí necesariamente se debate fuerte, pues
¡están luchando por el poder político en el país!
Finalmente, la cuarta aportación de la nueva legislación
electoral, que dará un fuerte ingrediente de certeza y abonará en la limpieza a
la hora de contar los votos, según el entrevistado, es el referente al conteo
rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo
distrital.
Dice Valdés Zurita:
“Hoy la ley dice que si la diferencia entre el primero y el
segundo lugar es de menos de un punto porcentual y el segundo lugar solicita el
cómputo distrital, nosotros tenemos que abrir cada paquete, tenemos que
recontar cada boleta. El voto por voto, casilla por casilla está normado y en
la ley están establecidos los supuestos a partir de los cuales se tiene que
realizar esa actividad. Por supuesto que es un ingrediente de certeza.
“En 2009 ya aplicamos esta norma, pero ahora la ley dice
algo que no decía en ese año. Si la cantidad de votos nulos es mayor que la
diferencia entre el primero y el segundo lugar, ese paquete hay que abrirlo y
hay que recontar las boletas.
“Y dice más: si todos los votos en esa casilla fueron a
favor de un mismo partido, hay que abrir el paquete y hay que recontar los
votos.”
–El PRD no quería el conteo rápido, decía que era suficiente
con el PREP.
–Impugnaron ante el tribunal electoral la metodología. Pero
el tribunal ratificó que tenemos una metodología muy probada. Va a ser una
muestra de 7 mil 559 casillas que representan a todas las entidades, los 300
distritos. Incluso están representadas las zonas urbanas y las no urbanas, de
manera equilibrada, para que sea realmente una fotografía muy precisa de la
voluntad de los ciudadanos.
“Un elemento que le da mucha certeza al conteo rápido es que
los datos que se obtienen son de las actas de los cómputos que se levantan en
cada una de las casillas. No es una encuesta de salida en la que se le pregunta
al ciudadano, sino es un conteo de resultados oficiales que están asentados en
las actas. Además, el conteo rápido sirve para frenar la especulación que
generen las encuestadoras particulares.”
–¿A qué hora se darán a conocer los resultados del conteo
rápido?
–La ley dice que antes de las 12 de la noche del día de la
jornada electoral. Yo estoy pensando establecer como horario para la
transmisión en cadena nacional las 11:45, para que no se apresuren de más los
científicos y hagan su trabajo con la calma necesaria para estimar bien las
tendencias y podamos salir a dar la información.
–¿El sentido del mensaje será sólo dar a conocer las
tendencias o habrá posibilidad de dar ya un ganador?
–No. Como siempre, en estos casos hay que advertir a los
ciudadanos que se trata de una estimación estadística, que son tendencias. Es
más, ni siquiera se da a conocer un porcentaje por cada candidato. Lo que
daremos a conocer es un intervalo, el rango en que se estima que –de acuerdo
con este ejercicio estadístico– pudiera caer la votación final de cada uno de
los cuatro candidatos. Pero vamos a dar a conocer la información de los cuatro
candidatos, sea cual sea. Si los intervalos se cruzan daremos a conocer la
información, y si hay que explicar qué significa eso, lo explicaremos
ampliamente.
Los avances democráticos
En relación con el PREP, el consejero presidente del IFE
asegura que hoy tiene “enormes avances” respecto al de 2006.
“Mejoramos pantallas; ya no hay archivos ocultos, sino que
todas las actas, incluso las que tengan algunas inconsistencias, se van a dar a
conocer. El lunes 2, a las ocho de la noche, vamos a subir al PREP la imagen
digitalizada de todas las actas que se hayan capturado, con el objeto de que
los ciudadanos, los partidos, los medios… puedan confrontar el resultado de las
actas levantadas a mano por los funcionarios de casilla, que ahí estará su
imagen digitalizada con lo que se capturó en el PREP.”
En un documento con los datos y las acciones más relevantes
del proceso electoral, que en breve difundirá el IFE, se desmiente la
participación de la empresa Hildebrando –propiedad de un cuñado de Felipe
Calderón–, que tanta polémica desató en 2006.
Dice el documento Proceso electoral federal 2011-2012:
“Recientemente se ha señalado falsamente que la empresa Hildebrando participa
en el desarrollo del PREP; sin embargo, debe aclararse que Hildebrando no ha
tenido ni tiene relación alguna con los sistemas informáticos del IFE. Este
instituto ha hecho públicos todos los contratos y toda la información
relacionada con este programa. Se reitera que el PREP es desarrollado
directamente por el IFE, supervisado y auditado por un comité de expertos de la
UNAM”.
Finalmente, Valdés Zurita reitera su rechazo a la
posibilidad de un fraude electoral:
–La gran participación de los ciudadanos –que no es de
ahora– es el principal blindaje para que pueda ocurrir un fraude. Hay que ver
los grandes números: tenemos 1 millón de ciudadanos como funcionarios de
casilla, perfectamente capacitados.
“Tenemos 2 millones de ciudadanos que son representantes de
los partidos en las casillas: en 99.9% de las casillas hay tres o más
representantes de los partidos; ellos serán los más celosos vigilantes de la
aplicación estricta de la ley, porque además la conocen y van a representar
allí los intereses de sus partidos.
“Además, tenemos los observadores electorales nacionales,
los visitantes extranjeros, los seis ciudadanos que son consejeros en cada uno
de los consejos distritales, que son mil 800; hay 192 consejeros ciudadanos
locales que están trabajando desde octubre para organizar esta elección.
“Yo diría, por último, que lo que garantiza a México que
esta elección va a ser limpia, libre, apegada a derecho, es que son ciudadanos
quienes tienen en sus manos la organización, la recepción del voto y, al final
del día, el cómputo de la votación y el levantamiento de las actas.
“No hay lugar para fraude alguno. Mucho menos para que se
repita la experiencia de 2006”, concluye Valdés Zurita.
*Tomado de la revista Proceso.
