Malversación y opacidad*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Daniel Lizárraga


Las relaciones entre la información y Felipe Calderón son pésimas desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo designó presidente electo: a la cabeza del equipo de transición, se despachó con una serie de estudios para mejorar su imagen personal y la de su familia, mandó a una empresa hechiza a sacarle información clave a los diputados federales y, cuando se detectaron esas irregularidades, hizo que la maquinaria burocrática enterrara los documentos que las comprueban.



Como presidente electo, Felipe Calderón y su equipo de colaboradores, encabezado entonces por Juan Camilo Mouriño, malversaron recursos públicos durante el periodo de transición gubernamental de 2006, por lo que fueron obligados a devolver alrededor de 1 millón de pesos para reparar el daño al erario.

La sanción contra Felipe Calderón, cumplida por Hacienda durante el actual gobierno, no se conoció públicamente durante más de dos años, pero la dio a conocer el exauditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en entrevista con este semanario (Proceso 1764).

La auditoría al equipo de transición presidencial surgió luego de una serie de reportajes publicados por la revista durante 2007 y 2008, que documentaron irregularidades en la contratación de empresas para supuestas asesorías políticas y de imagen.

Esos reportajes se retomaron en el libro La corrupción azul, el despilfarro en las transiciones presidenciales, del autor de esta nota, publicado por la editorial Debate, en el cual se detallaron actos de corrupción incluso en el Estado Mayor Presidencial (EMP).

En la mencionada entrevista, González de Aragón reveló que 130 millones de pesos fueron puestos a disposición de Calderón, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su cargo observó manejos irregulares por alrededor de 23% de ese monto. Sin embargo, el fondo de transición ascendió en realidad a 150 millones de pesos, de los cuales 20 millones fueron destinados al EMP.

“Las irregularidades por 30 millones de pesos que les detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Hacienda, que es la que interpreta. Aun así, Nava (César Nava, quien fuera secretario particular de Calderón) tuvo que regresar 1 millón de pesos”, dijo González de Aragón a la reportera Jesusa Cervantes.

El extitular de la ASF no aportó mayores detalles sobre el resultado de esa investigación. No obstante, en los expedientes integrados por Proceso en más de cuatro años de investigación, consta que quienes aprobaron la contratación de servicios irregulares fueron Juan Camilo Mouriño y, sobre todo, el entonces encargado de las finanzas en el equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, ahora convertido, por segunda vez, en jefe de la Oficina de la Presidencia, luego de su fugaz gestión como secretario de Economía.

De acuerdo con esas investigaciones periodísticas, el grueso de las irregularidades en el manejo del fideicomiso para la transición presidencial radicó en los festejos públicos y privados por el triunfo de Calderón una vez que lo dictaminó el Ttribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en gastos de imagen, renta de camionetas blindadas y en la contratación de una empresa fundada al vapor: Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.

En México, el periodo de transición presidencial puede prolongarse más de cuatro meses e implica entregarle al nuevo mandatario 150 millones de pesos provenientes de fondos públicos.

Un sistema de transición similar al mexicano es el de Estados Unidos. Por ejemplo, el equipo de Barack Obama fue de 450 personas y el fondo correspondiente alcanzó 12 millones de dólares. Sin embargo, sólo 5.2 millones provinieron el erario; el resto fueron donativos privados hasta por 5 mil dólares.

Aunque finalmente Felipe Calderón regresó al erario 27 millones 393 mil pesos, tuvo a su disposición el triple de los recursos públicos de Obama, de acuerdo con el tipo de cambio en 2006.



De fiesta



La empresa Make Pro cobró 5 millones 802 mil pesos por organizar el llamado “mitin de agradecimiento” panista en la monumental Plaza México, el 10 de septiembre de 2006. Ese dinero provino del fondo de transición presidencial, depositado en un fideicomiso en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito).

A Make Pro se le entregó un cheque con el pago completo a pesar de que el contrato todavía no era aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos integrantes –en su mayoría funcionarios del gobierno de Vicente Fox– realizaron una reunión extraordinaria en un intento por evitar irregularidades.

Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de la Oficina del presidente electo, se encargó de validar la factura en el contrato 032/2006, adjudicado directamente. En este caso, el equipo de transición buscó a la empresa ubicada en la Ciudad de México y con más de 10 años de experiencia en montar ferias de consumo, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones.

Aquel 10 de septiembre, en la Plaza México, unos cañones dispararon trocitos de papel con los colores patrios. Los panistas instalaron macropantallas. Tres grúas movieron cámaras. Televisa y Televisión Azteca trasmitieron la celebración en directo. Entre los invitados había artistas y deportistas famosos, como se relata en La corrupción azul... El problema es que dicho festejo no formaba parte de los trabajos de enlace con el gobierno saliente.

Otro contrato irregular, en el mismo sentido, fue el 019/2006, firmado con Beatriz Bañuelos, para montar y organizar eventos tanto públicos como privados por hasta 8 millones de pesos.

La ASF analizó, de igual forma, la adquisición de servicios de imagen con empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Para los especialistas del órgano fiscalizador, no había forma de justificar la inclusión en los gastos para el cambio de gobierno de los proyectos de márketing político encargados a compañías como AP Comunicaciones, Pentimento, Centro de Comercio y Publicidad y Representación de Exposiciones Artísticas.

No obstante, las reglas de operación del fideicomiso no especificaban qué asesorías estaban prohibidas, como publicó este semanario el 3 de junio de 2007, en su edición 1596. En otros países no se permite el uso del erario para mejorar la imagen personal de los políticos. En Francia, por ejemplo, la candidata presidencial Ségolène Royal se hizo una cirugía dental y se inyectó botox, pero no pagó esas intervenciones con recursos públicos.

Aquí fueron ocho empresas las que, contratadas por el equipo de transición, intentaron mejorar la imagen personal de Calderón, y la presidencial (“institucional”) y la de su familia. En ello se gastaron 12 millones 228 mil 49 pesos (1 millón 164 mil 576 dólares al tipo de cambio de entonces).

Tres firmas se concentraron en idear mejoras para la imagen de Calderón, y una más –De la Riva Información Estratégica– se encargó de su mujer, Margarita Zavala, y de sus tres hijos. La primera cláusula del contrato 017/2006 –por 848 mil pesos– estableció que la empresa le practicaría una auditoría de imagen al presidente electo. Sin embargo, el llamado “proyecto de imágenes” sólo trata a la señora Zavala y sus hijos. Como no se agregó un apéndice para justificar el estudio de imagen a personas distintas de Felipe Calderón (Proceso 1596), los auditores consideraron esto como un “desvío del objetivo del contrato”.

Los especialistas de la ASF también consideraron irregular el contrato 009/ 2006, por la renta de una camioneta blindada a la consultora contable y fiscal K Beta por 1 millón 850 mil pesos.

Por ese motivo, la ASF le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Banjercito aclarar de qué sirvieron tales auditorías de imagen y la fiesta en la monumental Plaza México en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la federación de 2007.



Se esconden detrás de Carstens



En esas mismas observaciones de la cuenta pública de 2006, la ASF responsabilizó al equipo de transición de no haberse ajustado a los criterios de economía, imparcialidad y honradez que debieron prevalecer en su funcionamiento y en la adquisición de productos o servicios.

A esta conclusión llegó el órgano de fiscalización después de revisar contratos como el otorgado a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, propiedad de la panista capitalina Laura Ballesteros Mancilla.

En la asignación ilegal del contrato por 2.9 millones de pesos, resultó involucrado Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y amigo de Felipe Calderón, como reveló Proceso desde el 24 de junio de 2007 (edición 1599).

Mediante la promesa de brindar servicios de información en internet que nunca se concretaron, tres jóvenes –incluida Ballesteros– recabaron entre los nuevos diptuados federales información sobre sus preferencias políticas, grupos de influencia, aspiraciones personales y agenda. La base de datos resultante, junto con las entrevistas grabadas, fue vendida al equipo de transición presidencial, que coordinaba Juan Camilo Mouriño.

Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, siete días antes de firmar el contrato 020/06 y sólo 24 horas antes de entregar su propuesta de trabajo a los amigos de Felipe Calderón, como se narra en el capítulo VIII de La corrupción azul.

Pero en sus revisiones de 22 contratos la ASF no sólo confirmó el contenido de esas investigaciones periodísticas; también puntualizó que el comité técnico del Fideicomiso de Transición autorizó adjudicarle directamente el mencionado contrato a la empresa de Ballesteros en sus sesiones del 20 y 26 de septiembre, cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente.

En las observaciones a la cuenta de 2006, los auditores pidieron a la Secretaría de Hacienda y a Banjercito que procedieran legalmente contra quienes respaldaron pagos inicialmente estimados en 42 millones 281 pesos.

Además, la ASF aseguró que no halló información de que las empresas InterliCorp Consultoría, AP Comunicaciones, Representaciones de Exposiciones de México, Ideograma Consultores y la ya mencionada Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas hubieran entregado los trabajos prometidos.

Al exsecretario de Hacienda y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le tocó responder a las observaciones de la ASF. Al mismo tiempo se convirtió en un dique para los medios de comunicación que pretendieron transparentar el contenido de los estudios que supuestamente encargó el equipo de transición de Felipe Calderón.

Cuando Proceso tramitó la primera solicitud de acceso a la información para conocer esos trabajos –no sólo los contratos– la respuesta fue que éstos no existían.

Funcionarios de Hacienda respondieron que las asesorías de imagen y estudios desaparecieron cuando se incorporaron al paquete económico de 2007 presentado ante la Cámara de Diputados. En respuesta, este semanario presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Mientras el entonces comisionado Juan Pablo Guerrero desahogaba este expediente (el 982/08), la ASF hizo las primeras observaciones sobre los gastos de transición presidencial. En el informe de la revisión de la cuenta pública 2006, los auditores indican que tuvieron acceso a los contratos y estudios que Proceso había requerido, los mismos que Hacienda declaró inexistentes.

Ante esta contradicción, Juan Pablo Guerrero ordenó hacer públicos esos estudios, pero el 19 de junio de 2008 Hacienda informó a Proceso que no cumpliría la resolución del IFAI porque los archivos eran objeto de una auditoría. Carstens fue más allá: reservó los documentos por un año.

El 27 de junio de 2008 Proceso presentó una queja ante el IFAI por el desacato de Hacienda. Dos años y un mes más tarde, en agosto de 2010, el IFAI continúa esperando que el Ejecutivo cumpla la ley acatando esa resolución.

*Tomado de la revista Proceso.

Para los amigos... impunidad*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Raúl Monge

Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.



El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008.

Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos.

Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada.

Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice:

“Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.”

En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de 1998 a 2005 efectuó movimientos financieros “que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, y mucho menos con sus manifestaciones de pago de impuestos”.

Enumeró algunos:

El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de 2000 a 2005, realizó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos con 40 centavos y retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en las siguientes cuentas también de Bital: 4014055156, 4014055206, 4014055214, 4014083042; en 2008, retiró 100 mil pesos de la cuenta 95050003488 abierta en banca Confía, y de 1998 a 2005 hizo dos depósitos en la cuenta 1626862 de Banamex, uno por 131 mil dólares y el segundo por 884 mil 72 pesos. También retiró 1 millón 45 mil 50 pesos.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin precisar fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., Ricardo José hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil dólares y en la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.



Oídos sordos



La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001.

Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz.

La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200.

En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos.

En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la Profepa: Alejandro José y Antonio José.

Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo.

La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos.

Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar.

Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:

“El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”



Solapamientos



A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia.

Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de 2009 a Irving Barrios Mojica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR.

En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión:

“Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…”

Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.

También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número 110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa.

En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas y morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, y las empresas Industrial Empacadora y Propesca.

El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa.

En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos.

“El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’.

“Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.”

Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”.

Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.

A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.

*Tomado de la revista Proceso.

La matanza de Tamaulipas, sólo una muestra*

Tomado de La Jornada, Hernández.

José Gil Olmos

El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos.

Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.

No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.

En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.

Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.

En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.

Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.

En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.

Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.

La industria del secuestro



El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha.

Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.

No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero.

En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año” puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable.

De hecho, en lo que va de este año, el INM tiene contabilizado sólo en Tamaulipas el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país.

Los montos para liberar a migrantes van de mil 500 a 5 mil dólares. “Así –según el documento de la CNDH–, de los 9 mil 758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio de aproximadamente 25 millones de dólares” en seis meses.

Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno.

En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia.

Por esa frontera llegaron a territorio mexicano 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM.

De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte era de mujeres y niñas. De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año, el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992).

El visitador Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula La Bestia, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco.

De acuerdo con la investigación, 9 mil 194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas, 35 por representantes de alguna autoridad y 56 más por delincuentes coludidos con autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador y en 467 casos no fue posible precisar la información sobre los captores.

“De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”, agrega el documento.

Los investigadores también destacan que 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3 mil por bandas de secuestradores, aunque no lograron identificarlas, 427 por supuestos sicarios de Los Zetas y 44 por maras.

Del total de migrantes secuestrados, 6 mil 555 fueron confinados a casas de seguridad donde las condiciones higiénicas eran nulas; 2 mil 448 estuvieron en bodegas; 22 en un campamento;17 en patios; 10 en un hotel y dos en un vehículo.

Los testimonios de los migrantes coinciden en que sus captores ejercían violencia sobre ellos para someterlos. Entre otras agresiones, dicen, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Además, 37 relataron que vieron cuando los secuestradores violaban a mujeres y ejecutaron a varios de sus compañeros secuestrados.

Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la policía federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”.

En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que, en febrero de 2009, una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.

El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice.

La ruta de “La Bestia”



Durante la entrevista con Proceso, Fernando Batista Jiménez insiste en que el desdén de las autoridades y la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes es oprobioso. Y relata que, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno federal adoptar vías concretas para solucionar el problema. La respuesta fue descalificar el informe de la CNDH.

“Es un despropósito. Más que rechazar el informe (el gobierno) debería tomar medidas de solución a esta circunstancia (pero no lo hizo); ahora vemos esta tragedia (en Tamaulipas) que no tiene precedente”, sostiene el quinto visitador.

Batista Jiménez asegura que la CNDH ya inició una investigación sobre los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en el municipio de San Fernando. Dice que peritos y visitadores viajaron a esa región para asegurarse de que las autoridades cumplan con su deber e investiguen a fondo para sancionar a los responsables.

El visitador insiste: “Hemos dicho a las autoridades que tienen la responsabilidad de prevenir el delito y no lo han hecho; que ese tipo de casos no deben quedar en la impunidad; que se castigue a los responsables. Pero hasta ahora ni una ni otra cosa han hecho. (El INM) ni siquiera labor de prevención ha hecho”.

Sólo en marzo de 2007, la institución que dirige Cecilia Romero emitió una circular en la que establece como requisito para reconocer que un migrante ha sido víctima de un abuso que debe exhibir una prueba documental pública que lo acredite como tal. Pero eso supone haber presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial o contar con documental pública expedida por autoridad con facultades suficientes para ello. Y eso es casi imposible.

El motivo: La mayoría de los migrantes vejados opta por no presentar su denuncia; algunos sostienen que los agentes del INM están coludidos con las bandas criminales; otros ni siquiera saben que tienen el derecho de denunciar que fueron secuestrados.

Batista Jiménez sostiene que, a partir de la tragedia de San Fernando, “el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, tiene que poner una solución a esos sucesos cotidianos. Nosotros tenemos noticias diarias de ese tipo de sucesos, pero lamentablemente no vemos acciones concretas”.

Y aun cuando el multihomicidio de los 72 migrantes exhibe al gobierno mexicano en el extranjero, las autoridades no dan una respuesta efectiva en materia de procuración de justicia”, sostiene el visitador de la CNDH.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, condena la negligencia con que el Estado mexicano ha abordado el problema migratorio.

En entrevista con Proceso afirma: “En Chiapas los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran parte de una estrategia contrainsurgente; ahora, los asesinatos, secuestros y ultrajes a los indocumentados centroamericanos son parte de una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Ahora tenemos el colmo de 72 ejecuciones. Esa acción no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”.

Insiste: “Esos son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado, porque es responsable en la medida en que administra deshonestamente la política migratoria y expone a los indocumentados a la acción criminal. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios internacionales de derechos humanos”.

Ritos de muerte



Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos.

Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz.

Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.

“A mi compañera la mataron porque no tenía quien le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.”

Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua.

Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: Policias municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas. Las entregaron a Los Zetas, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta a Los Zetas. En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron.

Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados. Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta.

De acuerdo con el VI informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con Los Zetas, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”.

El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de Los Zetas tiene una casa detrás de la Estación Migratoria. Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando Los Zetas tienen balines (indocumentados que no tienen forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.

“La idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la empobrecida población transmigrante no pone en riesgo. Esta lógica, que criminaliza a migrantes en situación irregular, genera la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, pues hasta el momento ha impedido regular este fenómeno, el cual, ciertamente, no dejará de ocurrir”, expone el informe.

Para Raúl Vera los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha en contra de la delincuencia.

“Aquí no hay una declaración ni una acción firme del presidente. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen y nosotros padeciendo, y ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país. La muerte de los mexicanos y extranjeros”, afirma. (Con información de Homero Campa, Velia Jaramillo y Arturo Rodríguez)

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ La guerra de Calderón: cine, hot-dogs y narcotráfico

Jaime Avilés

Un boleto para entrar al cine, en el Distrito Federal o en Monterrey, cuesta 61 pesos. Un hot-dog, 40. Un chocolate, 42. Una botella de agua, 20. Para comprar la salchicha, la golosina y la bebida, faltan 100 pesos más. El chiste, bajita la mano, sale en 163 pesos. En el DF, el salario mínimo es de 57.5 pesos al día; en Monterrey, de 54.5. Ni aquí ni allá, un trabajador puede gastar íntegramente lo que gana en tres días tan sólo para ver una película (por lo general estadunidense y mala), atiborrándose de comida chatarra.

Hace dos semanas, en este periódico, el investigador y cineasta Víctor Ugalde reveló que de cada 100 mexicanos, 92 ya no van al cine porque carecen de dinero suficiente para darse tamaño lujo. La desigualdad social es rotunda, pero se siente orgullosa de sí misma y se deleita urdiendo espots, cada uno más idiota que el anterior, contra los que compran películas piratas.

Si la religión, como escribió Marx, es el opio del pueblo, el cine, añadió Cabrera Infante, es el opio de los espectadores (y el opio, abundó, el cine de los ciegos). En México, las películas piratas son el cine de los pobres. Tanto en el Distrito Federal como en Monterrey, tres películas de estreno cuestan en la calle 50 pesos. ¿Quién puede rechazar esta oferta? Nadie desde luego, y por eso el auge de la piratería ha hecho de ésta una de las más pujantes ramas de la economía informal.

En Monterrey, sin embargo, con gran visión estratégica, el narcotráfico fue ganando, calle por calle, los puntos de venta de las películas piratas. Primero, obligando a los que atendían los puestos a pagar “derecho de piso”; después, sustituyéndolos por su propia gente. Esto le proporcionó, al más poderoso de los cárteles que actúa en el área metropolitana de Monterrey, un ejército de al menos 30 mil pandilleros militarmente organizados, que a una sola orden se movilizan con perfecta coordinación.

Si en la época de Emiliano Zapata los pobres de las haciendas de Morelos de repente dejaban de ser campesinos para convertirse en guerrilleros y, a la inversa, cuando llegaba la cosecha, desaparecían como guerrilleros para volver a ser campesinos, en Monterrey sucede algo similar. Los vendedores de películas piratas (y de otras mercaderías, por supuesto), cuando reciben la señal de su jefe cogen la pistola, el tubo o la navaja que tengan a la mano y, atacando en bola, despojan de sus vehículos a choferes de automóviles y autobuses, que en seguida atraviesan y abandonan en los cruceros de las avenidas más importantes.

Cuando Felipe Calderón fue incrustado en Los Pinos, un boleto para entrar al cine, en el Distrito Federal y en Monterrey, costaba 38 pesos. En menos de cuatro años subió a 61. Pero las salas que cobraban cuatro pesos, y que eran mayoritarias en el país, empezaron a desaparecer en el sexenio de Miguel de la Madrid y se extinguieron por completo en el de Zedillo.

Desde hace una década, en México la asistencia al cine pasó a ser privilegio de la clase media alta y de los de más arriba. Pero como durante el zedillato la clase media se empobreció de manera acelerada mientras la distribución de la riqueza se hacía más desigual y absurda, la piratería y la pobreza se fueron juntas a las nubes.

¿Qué defienden, pues, los exhibidores con sus ridículas campañas contra la piratería? No los intereses de los productores y distribuidores de las películas, sino los abusivos precios de la comida chatarra que venden en sus dulcerías. Dentro de un cine, por ejemplo, nos cuesta 20 pesos una botellita de agua que en la calle vale cinco, y 42 un chocolate que afuera se consigue por 10. Parafraseando a Benito Juárez, la victoria de los que luchan de dientes para afuera contra la piratería es moralmente imposible.

Pero en ninguno de los cónclaves de políticos, policías y soldados, que se efectúan cada vez que un nuevo fracaso los obliga a reunirse para fingir que el tema les preocupa, alguien ha sugerido crear circuitos de exhibición cinematográfica a precios populares y accesibles a todos los públicos, para desalentar la venta de películas piratas, esa floreciente actividad informal que hoy por hoy, en buena parte del país, controlan los cárteles del narcotráfico.
Monterrey y la franja fronteriza del noreste son una de las regiones donde se percibe con mayor claridad la supremacía del narco y la derrota política, económica y militar de lo que aún queda en pie del “gobierno” calderónico. Allí, en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, una banda de traficantes de ilegales asesinó esta semana a 72 migrantes centro y sudamericanos.

En los periódicos del sur de América, la espantosa noticia compite con la tragedia de los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra en el norte de Chile, y con la guerra, ésta sí en serio, que Cristina Fernández ha emprendido contra los dueños de los periódicos Clarín y La Nación, voceros de la ultraderecha agroexportadora, que desde 2008 no ha cejado en su empeño de derrocarla.

Lo que no se dice en los diarios del cono sur –donde el invierno austral todavía es cosa seria– es que esos migrantes ecuatorianos, salvadoreños, hondureños y brasileños asesinados en Tamaulipas también fueron víctimas, en mil maneras, de los agentes del Instituto Nacional de Migración, que dirige Cecilia Romero, panista y yunquista de abolengo, y de los soldados de la Policía Federal, el ejército personal de Genaro García Luna, quienes sin duda los extorsionaron desde que entraron a México por Tapachula, y mientras viajaban hacinados en los vagones de carga del tren de la muerte, hacia la orilla inferior de Texas.

Según la ONU, el tráfico de indocumentados en México genera utilidades por 7 mil millones de dólares anuales. Parte de esa ganancia termina en las cuentas bancarias de los empleados al servicio de Calderón. Esto los convierte, junto con su mini jefe, en cómplices y corresponsables de la matanza de esos 72 migrantes, que ahora, desde la muerte, serán por toda América Latina embajadores de decenas de millones de mexicanos pobres que se encuentran a merced de la sanguinaria corrupción de un “gobierno” que en realidad nunca existió y nadie dirige.

De allí que, día tras día, cobre más fuerza la idea de organizar una gran protesta simbólica, al calor del bicentenario estilo Walt Disney con que planean robarnos tres mil millones de pesos más. Y no parece haber un tema, una fuente de angustia y de conflicto capaz de aglutinar al mayor número posible de inconformes, como la del caos del suministro de luz eléctrica en el centro del país. Los trabajadores del SME convocan a asambleas de usuarios, promoviendo una huelga de pagos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Otros insisten en quemar pública y colectivamente los recibos de esa empresa que no tiene contrato de servicio con nadie en esta región. Otros proponen no salir a las calles, ni celebrar nada el 15 de septiembre. Y otras continúan preparando el festival artístico del 26 de septiembre, dentro del penal de Puentecillas en Guanajuato, por la liberación de las mujeres presas por abortar y en solidaridad con las cuales esta columna sigue recibiendo traducciones de la denuncia de su caso a otros idiomas. (Visiten http://presasporabortar.blogspot.com).

Entre tanto, en Tlalpan, el delegado perredista Higinio Chávez impugnó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que condenó al gobierno capitalino a demoler una gasolinera construida con permisos chuecos en Insurgentes Sur. Lo que parecía caso cerrado se reabre como una herida que supura y huele mal, muy mal...

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El pulso*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

El país se halla inmerso, al cumplirse 200 años del inicio de la Revolución de Independencia y 100 del comienzo de la Revolución Mexicana, en un proceso de descomposición del poder público y de sus instituciones, de amplios sectores de la clase empresarial y de diversos sectores de la misma sociedad, que ha sido inducido y forjado desde la cúspide del Estado y que urge revertir.

1. La tesis de que el desastre actual en el que se halla inmerso México ha sido generado por “el crimen organizado” y agravado por las fuerzas sociales y políticas del país que, según el gobierno panista, no han colaborado con él en su cruzada militar y en la imposición del proyecto neoliberal, nunca fue creíble y ha terminado por derrumbarse estrepitosamente, haciendo aparecer la crítica situación actual en su verdadera dimensión: como una consecuencia de la imposición de las políticas económicas y sociales monetaristas en violación abierta al marco constitucional mexicano, del saqueo de los recursos estratégicos del país por un grupo de políticos y seudo empresarios amafiados y en abierta asociación con intereses trasnacionales, de la utilización de las instituciones de la República en función de intereses facciosos, de la incompetencia e ineptitud absolutas del gobierno surgido del PAN y de la estrategia utilizada en este sexenio de buscar desviar la atención de los mexicanos al generar un escenario de violencia inusitada con su “guerra contra el narco”.

2. La insistencia de Felipe Calderón en seguir utilizando con afanes propagandísticos político-electorales en vistas al 2012 las mismas tesis simplistas en reclamos publicitarios de radio y televisión que rebasan cualquier campaña mediática que se recuerde en el país, como lo hizo también con Joaquín López Dóriga de Televisa el martes 24 y el miércoles 25, han suscitado sin embargo una nueva oleada de refutaciones a sus aseveraciones, que evidencia la gravedad de la crisis en que se halla México, pues vienen no nada más de los diversos sectores de la izquierda sino del PRI y de las propias fuerzas conservadoras, colmados todos por la ineptitud y la mentira del gobierno, a lo que se agregan nuevas informaciones.

3. La difusión que ha hecho a finales de este mes de agosto el portal Wikileaks de nuevos expedientes de la CIA, que documentan, como ya se sabía, que el gobierno de Estados Unidos auspicia a través de esta agencia la comisión de actos de terrorismo en diversas partes del mundo para generar escenarios de violencia y hacer viables las políticas económicas de Washington y propiciar el mejor control de las multinacionales de los recursos estratégicos del planeta –en una coyuntura en la que Washington ha pretendido que los terroristas son los otros– no ha hecho de entrada más que confirmar que la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, que tantos estragos ha causado al país, le fue impuesta a éste desde el exterior con fines aviesos, para que con la lógica de la guerra preventiva de Bush, México se hundiera en una espiral de violencia.

4. Los objetivos domésticos de la militarización del país, que según se ha discutido en estos años, eran en lo esencial tanto consolidar a un gobernante espurio en Los Pinos como amedrentar a los movimientos sociales para favorecer el desmantelamiento de la nación y propiciar las condiciones para hacer de México un territorio de mano de obra barata, palidecen ante los fines internacionales que se han pretendido con tal militarización y que son cada vez más claros: pues se busca presentar a México como un “Estado fallido” y a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, lo que justificaría desde la perspectiva de las tesis bushianas una intervención directa conforme a los intereses de Washington, como se discute entre otros libros en el reciente del profesor George W. Grayson Mexico, narco-violence and a failed state (Transaction Publishers, Washington, 2009, 276 pp.).
5. El tono de autodefensa que tiene Calderón ante los señalamientos de su fracaso, y las acusaciones hacia el PRI respondidas por los priístas de manera cada vez más contundente, no hacen sin embargo más que evidenciar el desastre en el que se halla el país y la ferocidad con la que los grupos oligárquicos pelean ya desde ahora la silla presidencial, pero no es de la confrontación de los dos corresponsables de lo que acontece de donde saldrá la solución.

6. Las mentiras deliberadas del gobierno panista, ocultando información, tergiversando las cifras y utilizando las estadísticas del Inegi para falsear la realidad, son conocidas de todos, pero no es hasta ahora que los priístas parecen verlas. La andanada contra el gobierno panista la inició esta semana Francisco Labastida señalando con justicia el día 23 en Acapulco que Calderón oculta el colapso económico, y tras subrayar sus políticas deliberadas para llevar a “Pemex a la muerte y al IMSS a la ruina”, lo comparó con un avestruz que no sólo no quiere ver los problemas sino que busca ocultarlos.

7. El problema de México, agregó Francisco Rojas, es “no tener una economía sólida” que “haga que el país progrese”, que “genere los empleos que se requiere” y los resultados de la gestión actual indican que “el crecimiento es inexistente”, afirmaciones que suscitaron la cólera de Los Pinos y una andanada contra el PRI en los medios.

8. Las críticas de los priístas son ciertas, pero llegan a destiempo y carecen de autoridad moral, pues Calderón llegó a Los Pinos gracias a su respaldo institucional al fraude electoral de 2006 y se ha mantenido en el poder por ellos, que no pueden negar ser corresponsables del desastre nacional. Ciertamente, como decía Francisco Rojas el miércoles 25, el PRI le ha brindado un amplio respaldo en las cámaras legislativas y le ha aprobado sus exigencias esenciales, desde más de 25 “instrumentos legislativos” hasta los recursos para la supuesta guerra triplicándosele el presupuesto y, habría que agregar, sus políticas contra los trabajadores y contra la nación, por lo que habría que concluir que los reclamos quejumbrosos de Calderón de un apoyo incondicional son insensatos.

9. El estilo personal de gobernar de Calderón, que va de la indolencia y el desprecio ante los problemas del pueblo al autoritarismo para tratar de imponer las políticas que favorecen a los grupos oligárquicos, es grosero y el país lo repudia, porque requiere, como decía Enrique Peña Nieto en Ixtapan el martes 24 ante los diputados del PRI, de un liderazgo que “cohesione a México en vez de enfrentarlo” y que actúe sin “sesgos clientelistas”, pero no es con un nuevo autoritarismo como el que propone el gobernador mexiquense y con un Ejecutivo respaldado mecánicamente por el Congreso, como el que él sugiere, como van a resolverse los problemas del país harto del autoritarismo blanquiazul y tricolor.

10. México requiere para salir de la gravísima crisis en la que se halla sustentarse en políticas económicas y sociales que sean conformes al marco constitucional, terminar con el apoderamiento que han hecho unos cuantos grupos mafiosos de los recursos estratégicos de la nación, poner un alto a la corrupción que asfixia al país, establecer instituciones políticas y sociales que funcionen en el marco de la ley y en función de los intereses del pueblo pero, previamente, terminar con el escenario de violencia militar generado y consolidado por el gobierno panista en función de sus intereses y que ha sido un gran crimen contra la nación: y para ello requiere de otro gobierno y de otras gentes, y ni el PRI ni el PAN son una alternativa.

*Tomado de La Jornada.

¿En qué pueden creer los que no creen?*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

Todo parece indicar que Felipe Calderón no logra consensos en ningún lado, ni siquiera entre los suyos. Constantemente le corrigen la plana, o se la corrigen entre sí sus propios colaboradores. El resultado es que ya no sabe uno, humilde lector de periódicos, qué es verdad y qué es mentira.

Esto no pasaba antes, digamos hace 30 años, más o menos. Al gobierno no le creíamos nada, ni los censos de población, mucho menos el padrón electoral o las cifras de la inflación o del desempleo. Pero les creíamos a los movimientos sociales y a los grupos ciudadanos incluso en épocas de catástrofes. Ahora tenemos que cruzar información para más o menos darnos una idea de por dónde va la bolita y si apoyamos o no a un cierto grupo o movimiento social. El descrédito cabalga entre todos los mexicanos y ya ni la Iglesia convence con sus argumentos y gritos desaforados de algunos obispos bocones; al contrario, cada vez pierde más creyentes.

La pregunta del coloquio organizado por la UNAM Valores para la sociedad contemporánea, llevado a cabo en Tlatelolco, es altamente significativa y una invitación a la reflexión: “¿En qué pueden creer los que no creen?” Mi apreciada Juliana González lo dijo muy bien: “Se requiere, de manera literal, actualizar el valor de los propios valores y la manera de valorarlos”, y esto, planteado sobre los valores, es igual para la información y el análisis, incluso político. En el mismo día y en el mismo diario (La Jornada) se lee que la señora Elba Esther Gordillo ha convocado a defender la educación laica en las aulas, en tanto que hace siete años ayudó al financiamiento de la Guía para padres de la fundación Vamos México para inculcar en los niños mexicanos los valores de Marta Sahagún y de su militancia en Regnum Christi (organización católica de los controvertidos legionarios de Cristo para hacer apostolado con base en los valores de la Iglesia). ¿A cuál Elba Esther le creemos, a la de 2003 o a la de 2010? En mi opinión, a ninguna, y lo que digo sobre ella lo diría por casi todo mundo; casi, porque hay excepciones.

La pregunta del coloquio también podría haber sido: ¿por qué no creen los que antes sí creían? Y la respuesta, que puede ser muy amplia y profunda en conceptos filosóficos y de otras disciplinas, puede resumirse en que no creemos, si acaso antes creíamos, porque se nos miente en todos lados y porque deliberadamente se nos da información ayuna de solidez y de fuentes confiables.

Las instituciones financieras, tanto internacionales como nacionales, tanto privadas como públicas, nos dicen que la economía está mejorando y cuando salimos de compras para alimentarnos, vestirnos o entretenernos, nos encontramos que semana a semana los productos suben de precio, que las gasolinas también y que, para colmo, ahora no sólo importamos gasolinas sino también petróleo. Nos quitan Luz y Fuerza y automáticamente los recibos de luz de la CFE nos llegan por mucho más del doble de lo que gastábamos en el servicio el año pasado. La educación que brinda el Estado es constitucionalmente gratuita, pero no lo es, ni en la primaria, ni en la secundaria y bachillerato, ni en los estudios superiores (salvo en la UNAM). Se nos ofrecen datos sobre los jóvenes llamados ninis y el rector de la UNAM, con información más precisa y también oficial, nos advierte que la cifra de un cuarto de millón de jóvenes sin empleo y sin escuela es en realidad de más de 7 millones. Como yo salgo a la calle y veo una gran cantidad de jóvenes sin empleo y sin escuela, porque además les pregunto, le creo más a mi amigo José Narro que al gobierno de la República. Unos “especialistas” dan datos sobre mortalidad atribuida a la obesidad o al tabaco, y otros igualmente “especialistas” nos dan diferentes cifras. Para unos los muertos por la ilegal guerra de Calderón son tantos y para otros varios miles más, y así por el estilo en rubros de todo tipo.
De los partidos políticos ya ni vale la pena decir algo, están en el fondo de la credibilidad, y junto con ellos los diputados y los senadores. Lo mejor en la televisión son las películas, y a veces ni éstas. Las noticias sirven para ver a colores las tragedias de aquí y de allá, pero a los locutores hay que sacarles la raíz cuadrada de lo que dicen.

Cientos de miles de mexicanos, tal vez millones, quisieran vivir en otro país, pero en la frontera norte sólo los adinerados se van al otro lado sin el riesgo de que la xenofobia (que no es exclusiva de Arizona) les haga el feo. Los pobres se encuentran con una valla cada vez más alta y vigilada y en su propio país no encuentran trabajo, son ninis sin esperanza y cuando tienen trabajo los empresarios se declaran insolventes y venden a la sagrada familia y socios sus empresas, como Mexicana, y exprimen la paciencia y la vida de sobrecargos y pilotos sin que nadie los defienda pues los sindicatos tampoco son creíbles, si alguna vez lo fueron.

En Cuernavaca el gobierno priísta nos ha dejado sin servicios de recolección de basura; y menciono esto porque alguna vez llamé a votar por Martínez Garrigós y me equivoqué. Me equivoqué porque les creí a algunos amigos que me dijeron que era un joven eficiente. Eficiente era la empresa que recogía la basura, pero le quitaron la concesión dando argumentos que, por supuesto, no creemos.

“¿En qué pueden creer los que no creen?” En nada. Y esto no me regocija; al contrario: me preocupa y me entristece, pues nos dice lo mal que estamos.

*Tomado de La Jornada.

Berrinche del obispo y silencio de la Segob*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Marta Lamas


MÉXICO, D.F., 24 de agosto.- ¿Qué significa que personas que poseen un alto capital cultural por sus cargos eclesiásticos violen la ley y recurran al insulto antes que a la controversia razonada? Mi hipótesis es que están totalmente condicionados por dos características negativas de la institución a la que representan: arrogancia e ignorancia.

El Vaticano no cree en la autonomía de los ciudadanos y, por lo tanto, no respeta las decisiones políticas y judiciales que se apartan de sus dogmas. Además, el catolicismo prohíbe y condena el comportamiento sexual y reproductivo que escapa a sus reglas, y no es casualidad que este ámbito de la existencia sea donde la autonomía personal cobra más sentido. La soberanía sobre el propio cuerpo es, a fin de cuentas, el principio de la libertad.

Pero para la religión católica la libertad no consiste en que cada quien tenga la posibilidad de discernir lo que le parezca correcto o bueno y luego actuar en consecuencia (usando entre otras cosas su cuerpo), sino que la libertad se reduce a elegir entre las opciones que el Papa en turno declara como buenas o correctas. Por eso un puñado de curas misóginos, que supuestamente no tienen vida sexual ni reproductiva (¡han hecho voto de castidad!), se arrogan el deber de suplantarnos en la toma de decisiones cruciales como son el matrimonio y la formación de una familia. ¡Híjole!

La Iglesia tiene autoridad moral para guiar las decisiones de quienes voluntariamente se reconocen en sus dogmas. Pero no para intervenir en asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía: México es un Estado laico y no toda la ciudadanía es católica. Además de padecer su constante prédica, muchos ciudadanos nos sentimos agraviados porque los recientes desplantes eclesiásticos son una ilegalidad y ofenden a la instancia mayor de justicia de la nación, así como a quien hemos elegido para que nos gobierne en la Ciudad de México. Una cosa es que, bajo la garantía de “libertad de creencias”, se permita a la Iglesia ejercer su ministerio, y otra muy distinta tolerar los berrinches ofensivos, antidemocráticos e ilegales de la jerarquía católica.

Al principio mencioné dos características negativas de esta institución: arrogancia e ignorancia. Carlos Pereda (en su libro La razón arrogante) señala que la arrogancia es un mecanismo para defender jerarquías que se consideran indiscutibles. Como expresión del pensamiento cerrado, como desprecio por la razón de los otros, la arrogancia conduce al prejuicio. “Por eso en la arrogancia se conforma uno de los dispositivos más eficaces de inmunización en contra de las reales o posibles interpelaciones del otro. Porque la o el arrogante se consideran demasiado por encima de quienes lo cuestionan para vacilar y ponerse a discutir, a dar razones, a ofrecer argumentos”. Así, la persona arrogante se autoafirma al discriminar lo que no entiende o desconoce. Creo que eso sucedió a estos emisarios del Vaticano: sin argumentos y ciegos de arrogancia, perdieron los estribos.

La Iglesia católica, que pretende ser maestra de moral y trata de difundir sus creencias en la esfera pública, no puede ponerse al margen de las reglas democráticas, especialmente de la más básica para la convivencia: respetar al adversario. En México miles de personas que viven su religiosidad como fe íntima discrepan de las conductas de muchos funcionarios eclesiásticos y se asquean ante el envilecimiento de algunos. La religión no debe confundirse con los fundamentalismos de derecha, ni con el arcaísmo de sus dogmas, ni con la perversión sexual o las bravuconadas de algunos de sus representantes.

Los ciudadanos Sandoval Íñiguez y Valdemar ejemplifican la intolerancia católica, que se funda en una manera de concebir la libertad humana y que es incompatible con aquella que se establece en democracia. Y la pregunta que debemos hacernos es si resulta sensato para una sociedad democrática tolerar a los intolerantes. Poner un límite a las barbaridades humanas de la Iglesia católica no es impedir que la gente que comparte sus dogmas se reúna libremente a celebrar sus creencias.

No debemos engañarnos: El debate de estos días (y el que vendrá en los que siguen) no es entre quienes defienden el derecho de lesbianas y homosexuales a casarse y formar una familia, y quienes están en contra de ello. Es entre quienes están convencidos de poseer la Verdad e intentan imponerla al conjunto de la población, y quienes, en cambio, creen que todos los seres humanos tenemos la capacidad de discernir qué tipo de vida queremos llevar. En otras palabras, lo que saca de quicio a Sandoval, Valdemar y sus correligionarios es que el Estado reconozca a los ciudadanos autonomía para tomar sus decisiones. Por eso lo que ahora está en disputa es el lugar de la Iglesia católica en el espacio público.

Pero el punto crucial es otro: ¿Va el gobierno a frenar a los funcionarios católicos que intervienen mañosamente en la vida política del país? ¿Cómo va a responder Gobernación a estas ilegales intervenciones de representantes de otro Estado, que incluso tiene representación diplomática en nuestro país? ¿Se los ignorará o se los llamará a cuentas mediante la ley? Hasta el momento en que entregué este artículo, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación seguía callada.

*Tomado de la revista Proceso.

Peor que la Ley Televisa...*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Jenaro Villamil


En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.



Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.

El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.

El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.

Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.

El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.

Un pacto Televisa-Calderón



El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de 2012”.

Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.

Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.

La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).

Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.

“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.

–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.

–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.

Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.

“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.

Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.

Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.

“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.



El Acuerdo de Convergencia



Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.

“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.

Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.

Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.

Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.

El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.

Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.

Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.

Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.

“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.

–¿Es peor que la Ley Televisa?

–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.


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Más alimento para el monstruo*


Purificación Carpinteyro


MÉXICO, D.F., 23 de agosto.- De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.

Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.

Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.

Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.

Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.

Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.

Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.

Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.

Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.

Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.

No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.

Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.

Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.

Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.

Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.

Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.

Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.

*Tomados de la revista Proceso.