Peor que la Ley Televisa...*
Jenaro Villamil
En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.
Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.
El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.
El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.
Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.
El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.
Un pacto Televisa-Calderón
El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de 2012”.
Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.
Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.
La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).
Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.
“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.
–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.
–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.
Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.
“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.
Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.
Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.
“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.
El Acuerdo de Convergencia
Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.
“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.
Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.
Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.
Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.
El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.
Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.
Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.
Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.
“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.
–¿Es peor que la Ley Televisa?
–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.
++++++++++++
Más alimento para el monstruo*
Purificación Carpinteyro
MÉXICO, D.F., 23 de agosto.- De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.
En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.
Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.
El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.
El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.
Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.
El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.
Un pacto Televisa-Calderón
El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de 2012”.
Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.
Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.
La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).
Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.
“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.
–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.
–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.
Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.
“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.
Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.
Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.
“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.
El Acuerdo de Convergencia
Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.
“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.
Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.
Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.
Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.
El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.
Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.
Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.
Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.
“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.
–¿Es peor que la Ley Televisa?
–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.
++++++++++++
Más alimento para el monstruo*
Purificación Carpinteyro
MÉXICO, D.F., 23 de agosto.- De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.
*Tomados de la revista Proceso.
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