Malversación y opacidad*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Daniel Lizárraga


Las relaciones entre la información y Felipe Calderón son pésimas desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo designó presidente electo: a la cabeza del equipo de transición, se despachó con una serie de estudios para mejorar su imagen personal y la de su familia, mandó a una empresa hechiza a sacarle información clave a los diputados federales y, cuando se detectaron esas irregularidades, hizo que la maquinaria burocrática enterrara los documentos que las comprueban.



Como presidente electo, Felipe Calderón y su equipo de colaboradores, encabezado entonces por Juan Camilo Mouriño, malversaron recursos públicos durante el periodo de transición gubernamental de 2006, por lo que fueron obligados a devolver alrededor de 1 millón de pesos para reparar el daño al erario.

La sanción contra Felipe Calderón, cumplida por Hacienda durante el actual gobierno, no se conoció públicamente durante más de dos años, pero la dio a conocer el exauditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en entrevista con este semanario (Proceso 1764).

La auditoría al equipo de transición presidencial surgió luego de una serie de reportajes publicados por la revista durante 2007 y 2008, que documentaron irregularidades en la contratación de empresas para supuestas asesorías políticas y de imagen.

Esos reportajes se retomaron en el libro La corrupción azul, el despilfarro en las transiciones presidenciales, del autor de esta nota, publicado por la editorial Debate, en el cual se detallaron actos de corrupción incluso en el Estado Mayor Presidencial (EMP).

En la mencionada entrevista, González de Aragón reveló que 130 millones de pesos fueron puestos a disposición de Calderón, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su cargo observó manejos irregulares por alrededor de 23% de ese monto. Sin embargo, el fondo de transición ascendió en realidad a 150 millones de pesos, de los cuales 20 millones fueron destinados al EMP.

“Las irregularidades por 30 millones de pesos que les detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Hacienda, que es la que interpreta. Aun así, Nava (César Nava, quien fuera secretario particular de Calderón) tuvo que regresar 1 millón de pesos”, dijo González de Aragón a la reportera Jesusa Cervantes.

El extitular de la ASF no aportó mayores detalles sobre el resultado de esa investigación. No obstante, en los expedientes integrados por Proceso en más de cuatro años de investigación, consta que quienes aprobaron la contratación de servicios irregulares fueron Juan Camilo Mouriño y, sobre todo, el entonces encargado de las finanzas en el equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, ahora convertido, por segunda vez, en jefe de la Oficina de la Presidencia, luego de su fugaz gestión como secretario de Economía.

De acuerdo con esas investigaciones periodísticas, el grueso de las irregularidades en el manejo del fideicomiso para la transición presidencial radicó en los festejos públicos y privados por el triunfo de Calderón una vez que lo dictaminó el Ttribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en gastos de imagen, renta de camionetas blindadas y en la contratación de una empresa fundada al vapor: Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.

En México, el periodo de transición presidencial puede prolongarse más de cuatro meses e implica entregarle al nuevo mandatario 150 millones de pesos provenientes de fondos públicos.

Un sistema de transición similar al mexicano es el de Estados Unidos. Por ejemplo, el equipo de Barack Obama fue de 450 personas y el fondo correspondiente alcanzó 12 millones de dólares. Sin embargo, sólo 5.2 millones provinieron el erario; el resto fueron donativos privados hasta por 5 mil dólares.

Aunque finalmente Felipe Calderón regresó al erario 27 millones 393 mil pesos, tuvo a su disposición el triple de los recursos públicos de Obama, de acuerdo con el tipo de cambio en 2006.



De fiesta



La empresa Make Pro cobró 5 millones 802 mil pesos por organizar el llamado “mitin de agradecimiento” panista en la monumental Plaza México, el 10 de septiembre de 2006. Ese dinero provino del fondo de transición presidencial, depositado en un fideicomiso en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito).

A Make Pro se le entregó un cheque con el pago completo a pesar de que el contrato todavía no era aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos integrantes –en su mayoría funcionarios del gobierno de Vicente Fox– realizaron una reunión extraordinaria en un intento por evitar irregularidades.

Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de la Oficina del presidente electo, se encargó de validar la factura en el contrato 032/2006, adjudicado directamente. En este caso, el equipo de transición buscó a la empresa ubicada en la Ciudad de México y con más de 10 años de experiencia en montar ferias de consumo, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones.

Aquel 10 de septiembre, en la Plaza México, unos cañones dispararon trocitos de papel con los colores patrios. Los panistas instalaron macropantallas. Tres grúas movieron cámaras. Televisa y Televisión Azteca trasmitieron la celebración en directo. Entre los invitados había artistas y deportistas famosos, como se relata en La corrupción azul... El problema es que dicho festejo no formaba parte de los trabajos de enlace con el gobierno saliente.

Otro contrato irregular, en el mismo sentido, fue el 019/2006, firmado con Beatriz Bañuelos, para montar y organizar eventos tanto públicos como privados por hasta 8 millones de pesos.

La ASF analizó, de igual forma, la adquisición de servicios de imagen con empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Para los especialistas del órgano fiscalizador, no había forma de justificar la inclusión en los gastos para el cambio de gobierno de los proyectos de márketing político encargados a compañías como AP Comunicaciones, Pentimento, Centro de Comercio y Publicidad y Representación de Exposiciones Artísticas.

No obstante, las reglas de operación del fideicomiso no especificaban qué asesorías estaban prohibidas, como publicó este semanario el 3 de junio de 2007, en su edición 1596. En otros países no se permite el uso del erario para mejorar la imagen personal de los políticos. En Francia, por ejemplo, la candidata presidencial Ségolène Royal se hizo una cirugía dental y se inyectó botox, pero no pagó esas intervenciones con recursos públicos.

Aquí fueron ocho empresas las que, contratadas por el equipo de transición, intentaron mejorar la imagen personal de Calderón, y la presidencial (“institucional”) y la de su familia. En ello se gastaron 12 millones 228 mil 49 pesos (1 millón 164 mil 576 dólares al tipo de cambio de entonces).

Tres firmas se concentraron en idear mejoras para la imagen de Calderón, y una más –De la Riva Información Estratégica– se encargó de su mujer, Margarita Zavala, y de sus tres hijos. La primera cláusula del contrato 017/2006 –por 848 mil pesos– estableció que la empresa le practicaría una auditoría de imagen al presidente electo. Sin embargo, el llamado “proyecto de imágenes” sólo trata a la señora Zavala y sus hijos. Como no se agregó un apéndice para justificar el estudio de imagen a personas distintas de Felipe Calderón (Proceso 1596), los auditores consideraron esto como un “desvío del objetivo del contrato”.

Los especialistas de la ASF también consideraron irregular el contrato 009/ 2006, por la renta de una camioneta blindada a la consultora contable y fiscal K Beta por 1 millón 850 mil pesos.

Por ese motivo, la ASF le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Banjercito aclarar de qué sirvieron tales auditorías de imagen y la fiesta en la monumental Plaza México en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la federación de 2007.



Se esconden detrás de Carstens



En esas mismas observaciones de la cuenta pública de 2006, la ASF responsabilizó al equipo de transición de no haberse ajustado a los criterios de economía, imparcialidad y honradez que debieron prevalecer en su funcionamiento y en la adquisición de productos o servicios.

A esta conclusión llegó el órgano de fiscalización después de revisar contratos como el otorgado a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, propiedad de la panista capitalina Laura Ballesteros Mancilla.

En la asignación ilegal del contrato por 2.9 millones de pesos, resultó involucrado Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y amigo de Felipe Calderón, como reveló Proceso desde el 24 de junio de 2007 (edición 1599).

Mediante la promesa de brindar servicios de información en internet que nunca se concretaron, tres jóvenes –incluida Ballesteros– recabaron entre los nuevos diptuados federales información sobre sus preferencias políticas, grupos de influencia, aspiraciones personales y agenda. La base de datos resultante, junto con las entrevistas grabadas, fue vendida al equipo de transición presidencial, que coordinaba Juan Camilo Mouriño.

Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, siete días antes de firmar el contrato 020/06 y sólo 24 horas antes de entregar su propuesta de trabajo a los amigos de Felipe Calderón, como se narra en el capítulo VIII de La corrupción azul.

Pero en sus revisiones de 22 contratos la ASF no sólo confirmó el contenido de esas investigaciones periodísticas; también puntualizó que el comité técnico del Fideicomiso de Transición autorizó adjudicarle directamente el mencionado contrato a la empresa de Ballesteros en sus sesiones del 20 y 26 de septiembre, cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente.

En las observaciones a la cuenta de 2006, los auditores pidieron a la Secretaría de Hacienda y a Banjercito que procedieran legalmente contra quienes respaldaron pagos inicialmente estimados en 42 millones 281 pesos.

Además, la ASF aseguró que no halló información de que las empresas InterliCorp Consultoría, AP Comunicaciones, Representaciones de Exposiciones de México, Ideograma Consultores y la ya mencionada Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas hubieran entregado los trabajos prometidos.

Al exsecretario de Hacienda y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le tocó responder a las observaciones de la ASF. Al mismo tiempo se convirtió en un dique para los medios de comunicación que pretendieron transparentar el contenido de los estudios que supuestamente encargó el equipo de transición de Felipe Calderón.

Cuando Proceso tramitó la primera solicitud de acceso a la información para conocer esos trabajos –no sólo los contratos– la respuesta fue que éstos no existían.

Funcionarios de Hacienda respondieron que las asesorías de imagen y estudios desaparecieron cuando se incorporaron al paquete económico de 2007 presentado ante la Cámara de Diputados. En respuesta, este semanario presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Mientras el entonces comisionado Juan Pablo Guerrero desahogaba este expediente (el 982/08), la ASF hizo las primeras observaciones sobre los gastos de transición presidencial. En el informe de la revisión de la cuenta pública 2006, los auditores indican que tuvieron acceso a los contratos y estudios que Proceso había requerido, los mismos que Hacienda declaró inexistentes.

Ante esta contradicción, Juan Pablo Guerrero ordenó hacer públicos esos estudios, pero el 19 de junio de 2008 Hacienda informó a Proceso que no cumpliría la resolución del IFAI porque los archivos eran objeto de una auditoría. Carstens fue más allá: reservó los documentos por un año.

El 27 de junio de 2008 Proceso presentó una queja ante el IFAI por el desacato de Hacienda. Dos años y un mes más tarde, en agosto de 2010, el IFAI continúa esperando que el Ejecutivo cumpla la ley acatando esa resolución.

*Tomado de la revista Proceso.