Para los amigos... impunidad*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Raúl Monge

Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.



El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008.

Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos.

Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada.

Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice:

“Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.”

En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de 1998 a 2005 efectuó movimientos financieros “que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, y mucho menos con sus manifestaciones de pago de impuestos”.

Enumeró algunos:

El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de 2000 a 2005, realizó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos con 40 centavos y retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en las siguientes cuentas también de Bital: 4014055156, 4014055206, 4014055214, 4014083042; en 2008, retiró 100 mil pesos de la cuenta 95050003488 abierta en banca Confía, y de 1998 a 2005 hizo dos depósitos en la cuenta 1626862 de Banamex, uno por 131 mil dólares y el segundo por 884 mil 72 pesos. También retiró 1 millón 45 mil 50 pesos.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin precisar fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., Ricardo José hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil dólares y en la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.



Oídos sordos



La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001.

Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz.

La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200.

En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos.

En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la Profepa: Alejandro José y Antonio José.

Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo.

La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos.

Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar.

Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:

“El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”



Solapamientos



A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia.

Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de 2009 a Irving Barrios Mojica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR.

En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión:

“Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…”

Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.

También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número 110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa.

En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas y morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, y las empresas Industrial Empacadora y Propesca.

El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa.

En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos.

“El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’.

“Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.”

Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”.

Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.

A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.

*Tomado de la revista Proceso.