Paisano day*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha.

Alejandro Saldívar

∙ ¡Güelcom paisano!

JALPAN, Qro., 30 de diciembre (apro).- No. Aquí no es Estados Unidos. Pero las trocas emplacadas delatan su procedencia: California, Texas, Misouri, Colorado, Minessota, Nebraska, Filadelfia. Los paisanos en Jalpan de la Serra, Querétaro, han hecho con su sueño americano una proeza automotriz.

En diciembre las trocas cruzan la Sierra Gorda para encontrar a sus familias y presumir a los más jóvenes que el progreso está al otro lado del río Bravo. En la carretera, los rines de las trocas son tan anchos como las alas en los sombreros de los paisanos.

Al rumor de los motores, las parvadas de urracas son sanguijuelas que beben la brisa del cielo y de vez en cuando descansan en el kiosco de Jalpan, donde las mujeres se acicalan y extrañan a sus maridos.

Refugio y Jorge se conocieron en un concierto al paso de la cumbia Cusinela. Levantaron el polvo de la pista y se enamoraron. Después tuvieron una hija y Jorge se fue a trabajar a Los Ángeles. Hace dos años que no lo ve y no sabe nada de él; sin embargo, Refugio se las arregla para mantener a la niña.

Refugio tiene seis hermanas, dos de ellas le arreglan el cabello, le acomodan un moño. Las uñas postizas peinan su trenza por encima del pecho. La sombra en sus párpados hace juego con el suéter azul. Refugio tiene miedo de que su hija de cuatro años ya no conozca a su padre, pero ella se pone guapa para subirse a la troca y dar una vuelta.

En la carretera, Jorge maneja una camioneta RAM 1500, donde la neblina se agolpa en el parabrisas. Kilómetros después, detendrá su troca para saludar con un largo abrazo a Refugio. Las nubes se desmoronarán sobre ellos. En Jalpan de la Serra, el cielo es de acuarela…



¡Dólares paisano!

No. Aquí no es Estados Unidos. Pero los dólares son el premio de la tarde. Cada año en Jalpan de la Serra un empresario organiza una fiesta para los que se van “al otro lado”. Ya son 10 años y gracias al Paisano Day pudieron comprar un camión de bomberos y una ambulancia.

Desde 250 hasta mil dólares es el premio a la camioneta mejor equipada. Este año no. “La crisis ha tirado las ventas hasta en un 50 por ciento”, confiesa uno de los organizadores. Según el empresario Luis Trejo, los paisanos son los que mantienen la economía de la región, pero con la crisis, lo importante es estar en familia, dice.

En el escenario, el alcalde de Jalpan ensalza su discurso con el anuncio de una iniciativa de ley para tener una oficina de atención al migrante en Jalpan. La presidencia municipal no tiene censos ni una aproximación a las implicaciones sociales del fenómeno migratorio.

Detrás del escenario, un par de niños pedalean una low ride. Muchachos con lentes de aviador aminoran la velocidad de los discursos con un trago de cerveza y algunas miradas lascivas a las paisanas.



¡Fayuca paisano!

No. Aquí no es Estados Unidos. Pero las tiendas venden productos con etiquetas del “gabacho”: licuadoras, batidoras, planchas, juguetes, aparatos electrónicos.

En Jalpan de la Serra preguntan en inglés lo que debieran en español: “Do you have tortillas?”, “Comon’, vamos ir a comprar con la Chabe”.

En Jalpan de la Serra la acordeona rebota en los muros de adobe, en las varillas encorvadas que son testigo de una casa en obra negra.

Reinaldo Hernández es de los pocos profesionistas en Jalpan, cuenta que cuando él tenía 18 años quería llegar en una trocota y que las muchachas se le acercaran.

—El sueño americano es traer un vehículo nuevo y dólares en la bolsa— narra, mientras se saborea la barbacoa de venado que su papá trajo de “el otro lado”.

Y aunque él quisiera una camioneta, critica a los paisanos que se van y regresan en diciembre.

—Las trocas son como los caracoles, babosos por dentro, pero con un cascaron bien bonito.



¡Mexican crazy!

Francisco viste de negro desde las botas hasta el sombrero. Todo un rey, dice. En la cintura carga una hebilla en forma de pistola. En un retén rumbo a Querétaro los militares lo revisaron de pies a cabeza.

—¿Quién le dio eso?—lo interrogaron refiriéndose a la hebilla.

—Pues yo la compré—les contestó.

—Se la vamos a confiscar—amenazaron.

—A chinga si es mía—se engalló.

Entre guiños bromistas los militares le dijeron que no se pusiera al tiro porque al general ya le había gustado la “pistolita”. Francisco fajó su camisa negra y dejó ver el ornamento: una hebilla bañada en oro con incrustaciones de diamantes.

Él cruza la frontera porque “allá te alivianas”. Con lo que gana en una semana, su familia come un mes en La Lagunita, Querétaro.

En diciembre siempre cruza la frontera para visitar a sus cuatro hijos; sin embargo, durante tres años Francisco se olvidó de su familia y no enviaba nada, se gastaba todo el dinero en table dance.

—Yo les aventaba los billetes a las viejas, y ningún pinche gringo lo hacía—confiesa mientras le da un sorbo a su cerveza.

—Por eso los gringos me decían mexican crazy.

Y aunque Francisco es ilegal, cada año le paga mil 500 dólares a un pollero para cruzar. Después de 11 años de indocumentado sabe que con la migra no se juega y que el desierto mata y enloquece.

—Un compañero se volvió loco cuando vio a tres muertos seguidos en el desierto y ya no salió de esa—cuenta.

Y agrega:

—Pasé tres meses en la cárcel, me amarraban de las manos y los pies para no golpear a los demás, no te digo, si los gringos también le tienen miedo al mexican crazy…



¡’Amonos paisano!

Aniceto Mayorga tiene 22 años, encima de los labios cuida un bigote tan delgado como su cadena de oro. Trabaja en Florida de jardinero y constructor desde hace 5 años, gana 600 dólares a la semana. Escogió el camino de su papá que desde hace 20 años hace lo mismo que él.

Se fue porque tiene 13 hermanos y en Aguazarca, Querétaro “no veía para donde”, sólo terminó la primaria, pero ya tiene una camioneta Mazda.

Sus ideas son tan polarizadas como solidarias. Dice que los pobres son necesarios para que haya ricos y ayuden a la gente. Dice que si quieres sobrevivir aquí lo puedes hacer solo, pero si quieres ayudar a la gente es mejor irse para “el otro lado”.

Frente al monumento al migrante de La Lagunita las bocinas cantan a Ramón Ayala: “Yo no tengo la culpa de haber nacido pobre…”.

Zenaido Pérez Botello habla con los paisanos en un inglés cavernoso, lleno de oquedades, por las que se cuela el sonsonete de quien finge no hablarlo de origen. Tiene tantas historias como burbujas la cerveza.

En 1970 se fue para los Estados Unidos y no regresó sino hasta 1993. Se presume agricultor, mexicano y “norteño”.

—Todo el tiempo la ilusión de los jóvenes es ir a los Estados Unidos, muchos de ellos regresan como se fueron, sin nada, a mi me fue bien, me gustaría invitarlos a que vayan y triunfen.

—Trabajé en un restaurante, después en una compañía de cortar zacate, construí casas, y luego me regresé pa’ acá con la idea estar tranquilito en mi patria…

*Tomado de la revista Proceso.

La cobardía de El Yunque*

Tomado de La Jornada, Rocha.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Junto a la capilla del panteón Parque Memorial, en Naucalpan, Estado de México, en el lote 211 de la sección 1.1, se encuentra una tumba cuya austera lápida tiene inscrito un nombre y dos fechas: “Ramón Plata Moreno. 20-X-1935 24-XII-79”.

Se trata del sitio donde yacen los restos del fundador de El Yunque, la organización ultraderechista que, desde hace medio siglo, conspira desde la clandestinidad para imponer en México un proyecto autoritario, a través del Partido Acción Nacional (PAN), uno más de sus diversos instrumentos.

La fecha de su muerte inscrita en la lápida indica que la semana pasada, justamente en la Nochebuena de este 2009, se cumplieron tres décadas de que fue asesinado en la casa de sus suegros, en la calla Cienfuegos número 763, colonia Lindavista del Distrito Federal, después de regresar de un exilio en Estados Unidos, a raíz de un atentado a balazos que sufrió cuatro años antes.

El lugar donde está sepultado Plata Moreno no es casual: Está próximo al santuario de Los Remedios, donde, en 1975, hizo concentrarse ahí a centenares de miembros de El Yunque para lanzar, justamente, el “Pacto de Los Remedios”, una ofensiva contra el gobierno de Luis Echeverría, a quien catalogaba como “comunista” y “anticatólico”.

Igual que otros homicidios de miembros de El Yunque --como los de dos jóvenes en el Cerro del Cubilete, en 1975, y el de Jorge Kalfópoulos, jefe en Jalisco, y su hijo Cristos, de 10 años de edad, en 1981--, el asesinato de Plata Moreno es un crimen impune, pese a que prominentes militantes de esta organización han estado y están en posiciones relevantes en la estructura gubernamental federal para que se sancione a los responsables.

Las razones de tal omisión son diversas, entre ellas que el homicidio cometido hace tres décadas legalmente ya prescribió, pero la fundamental es que los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque han evitado, por todos los medios, que haya la más mínima investigación, porque eso implicaría un mayor escrutinio sobre la estructura y los fines de la misma.

Existe, inclusive, una averiguación previa en la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de una denuncia que formuló Lorenzo Lira García, un mando de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que decidió proporcionar vasta información sobre el homicidio de Plata Moreno y otros crímenes, presuntamente cometidos por esa otra organización ultraderechista, muchos de cuyos miembros pertenecen también al PAN.

Sin embargo, las investigaciones no han avanzado por la reiterada oposición de los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque, particularmente el jefe general, Bernardo Ardavín Migoni; el jefe general emérito, José Antonio Quintana, y el jefe nacional operativo, Guillermo Velasco Arzac, quienes han impuesto a la familia de Plata Moreno la ignominiosa orden de quedarse callados ante el crimen.

El silencio sobre las razones, y los autores intelectuales y materiales del asesinato del fundador de El Yunque se justificaba porque, supuestamente, los gobiernos priistas podrían incurrir en manipulación y encubrir a los responsables, pero después de dos gobiernos federales del PAN, con miembros de El Yunque colocados en posiciones clave para el esclarecimiento cabal, no se entiende por qué la obstinación en oponerse a abrir el caso.

Menos aún se entiende el silencio –o quizá esa es la verdadera razón-- cuando ha habido tres presidentes del PAN con formación en El Yunque --Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino y César Nava--, y sus cuadros colman el comité nacional y los estatales.

Mandos de El Yunque murmuran, en voz baja, que el esclarecimiento del asesinato podría desencadenar una cruenta guerra con los Tecos, que todavía disponen de grupos paramilitares fuertemente armados, uno de los cuales supuestamente lo ejecutó, o con los sótanos del priismo que siguen siendo fieles a Fernando Gutiérrez Barrios, a quien también se señala como autor intelectual del crimen.

La razón puede ser otra, como lo presume Eduardo García Suárez, uno de los estrategas más allegados a Plata Moreno en Puebla y quien asegura que miembros de El Yunque traicionaron al fundador y lo “pusieron” para que fuera asesinado en la Nochebuena, en la colonia Lindavista, en 1979.

Como quiera que sea, el silencio de los mandos de El Yunque tiene nombre. Se llama cobardía.

Apuntes

Es también cobarde la conducta de Felipe Calderón: Ya no sólo no sabe cumplir su palabra de que no habría aumentos a los combustibles durante 2009, como se acreditó el sábado de la semana pasada cuando decretó un alza a la gasolina y el número 50 al diesel –lo que definí como una vileza--, sino que ahora, un día después de Navidad, ordenó otra alza a la gasolina Magna. ¿Se puede llamar de otra manera que no sea cobardía la decisión de Calderón? Yo sostengo que no, y eso mismo son los periodistas y medios que se quedan callados.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Caso Beltrán Leyva: antiética de Estado*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y Proceso, Hernández.

Ernesto Villanueva

La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos.

Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana.

Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos.

Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley.

Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.

*Tomado de la revista Proceso.

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Ahí quedó, junto al ataúd de la abuela...


Javier Valdez Cárdenas*

CULIACÁN, SIN.- Su padre hubiera querido sepultarlo junto a su madre. Ella también se lo había rogado: “que nos entierren juntos, en la misma sepultura”. Y él mismo advertiría en una ocasión: “Mi ataúd, junto al de mi madre, allá arriba, en la sierra, en lo alto, en La Palma, municipio de Badiraguato”.

Era conocido como Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, El Botas Blancas, El Jefe de Jefes, aunque su acta de nacimiento también registra el nombre de Marcos.

Llega en su traje de madera grande, lujoso, café, rectangular, al Aeropuerto Internacional de Culiacán, en el vuelo 7466 de Mexicana de Aviación, que arriba a las 18:00 horas del día 19.

Lo reciben algunos parientes, pocos. Y también los militares, muchos, cerca de un centenar, apostados en todos lados, manchando de verde olivo todos los rincones de la terminal aérea.

En las salidas esperan el personal y una carroza de la empresa Moreh Inhumaciones. Luego del papeleo de rigor, el ataúd es llevado a la carroza, y de ahí al velatorio. Tras la breve fila del cortejo y en los cerca de cinco kilómetros de camino, van los militares en varias unidades, algunas de las cuales son camionetas de modelo reciente.

En la funeraria, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, casi esquina con Álvaro Obregón, se instala otro operativo. Los militares tienen puntos de observación y revisión, retenes, en todos los accesos, pero sobre todo en el principal. Los vehículos que circulan por ahí –al igual que las personas– son detenidos y revisados, aunque su destino no sea el velatorio.

Unidades artilladas, conocidas como Humvee y Hummer, además de camionetas y camiones, asoman por los alrededores. Los militares son altos y jóvenes. El oficial que parece dirigir el operativo dice desconocer todo: no sabe el destino del cadáver, la hora de la misa, el momento en que los relevarán o se llevarán el ataúd. No está informado de nada. Es un tipo alto y accesible, pero de pocas palabras. Luce una escuadra colgando de su muslo derecho, y en ocasiones, después de bajar de la camioneta aparentemente blindada, con doble cabina y antena en la parte superior, empuña una ametralladora MP-5.

“No sé. No sé nada. Estoy como ustedes. No sé: sólo espero órdenes.”



Pocos hombres

Alrededor de las 20:00 horas ya está instalado en el velatorio. Le han dado las salas centrales, las que tienen paredes plegables para ampliarlas si hay más gente, si no caben las coronas o si tienen que oficiar misa. El nombre lo dice todo: Salas Premier.

Hasta ahí llegan los arreglos florales: monumentales, monstruosos, con cientos, miles de flores. Las rosas rojas predominan, pero también hay lirios blancos y otras flores amarillas.

Dos de estos arreglos parecen manos, uno de los cuales es cargado por cerca de 10 hombres. Avanzan rápido sobre el bulevar Zapata para que rinda el esfuerzo. Se gritan: “¡Así, así, abajo, un poco más, empuja, sale de allá”. Y al fin logran meter uno de ellos. El otro no cabe en la sala, donde ya suman cerca de 30 arreglos que parecen imponentes mausoleos policromáticos. En los pasillos hay otra docena. Y afuera varios más.

Muchas de estas ofrendas no tienen nombres en los listones. Algunas, sólo dedicatorias que contienen mensajes religiosos y cariñosos, como aquel que dice que Marcos Beltrán fue siempre “como un padre”, y los que rezan: “Dios te bendiga”, “Botas Cuadra” o “De tu amigo El Parrita”. Tienen un costo cercano a los 40 mil pesos. Pero la mayoría son remitentes discretos sin rostro, nombre ni apellidos.

Las pocas bandas de color negro engrapadas a lo ancho de las coronas han sido retiradas por una mujer. Lo único que se percibe es que hay miedo, un denso ambiente de miradas esquivas, ojos que esculcan, rostros que se agachan, como rezando, y se pierden entre los visitantes. Tantos y tan pocos en las Salas Premier.

A pesar de que hay mucho movimiento, van y vienen coronas, arreglos, empleados de la funeraria y de florerías, los hombres no llegan porque, desde hace mucho, los velorios de supuestos sicarios en Culiacán sólo son visitados por mujeres de siluetas corvas, vestidas de luto, que sufren en sillones negros y acojinados.

La visita de un hombre puede marcar su destino. Invariablemente lo señalan e involucran en actividades del narco. Queda marcado en el reporte de la policía o del Ejército, o en el informe de los capos rivales. Hay casos de jóvenes que fueron “levantados” en pleno funeral y que aparecieron muertos. Todo por haber asistido. Alimento para las listas negras. Expedientes que terminan donde empezaron: los sepelios.



Mujeres sonrojadas

“Parece mentira, pero es cierto: el hecho de que estén aquí los soldados ha generado confianza; por eso ha venido gente; porque están aquí, se corre la voz, y entonces deciden venir… pero son menos, mucho menos de los que querían venir, y más de los que esperábamos”, dice con voz apurada, temblorosa y aparentemente franca, un pariente cercano de Marcos Arturo Beltrán Leyva.

Se ha hecho cargo de todo: acompañar a la hermana del capo al Distrito Federal para identificarlo. Y luego a las hijas y otros familiares, a recibirlo al aeropuerto. Para en seguida permanecer atento en la misa, los arreglos, las escasas visitas, el cementerio, la cripta.

Se le pregunta si es ese el ataúd de 1 millón 200 mil pesos que apareció en los diarios, chapeado en oro; pero él dice que no, que es lujoso y caro, pero no a ese nivel. “Ése vinieron y lo ofrecieron, pero no, ya quedamos en ese, el que traía desde allá, que formaba parte del paquete de traslado y todos los servicios que otorgó la funeraria”.

Cerca de un centenar de mujeres están en misa. Antes de salir, de soltar el ataúd, lloran. Le gritan. Alguien pregunta por qué. Otra dice que lo ama, que siempre será así. La mayoría se sonroja. Los pocos niños se acercan y abrazan la caja.

Dos hombres jóvenes, ni siquiera treintañeros, apenas se asoman, musitan algo y se van, mientras que los del Ejército toman fotos del lugar y un civil fotografía a los periodistas. Un grupo de mujeres, aturdidas por el dolor, pero engalladas, van y piden a los reporteros retirarse. Aunque los comunicadores han permanecido en los pasillos y afuera del edificio, las mujeres dicen “por favor”, y luego, enérgicamente: “Ahorita, es por favor, ahorita… retírense, respeten, déjennos en paz”. Son unas siete. Todas de negro, en bola. Y así se regresan. Compactas.



El cortejo

El cortejo empieza a eso de la una de la tarde. Una carroza sale de pronto, cuando se abre uno de los portones, con una patrulla militar detrás. Es un señuelo, pero nadie cae. A los pocos minutos regresa la unidad del Ejército y permanece casi escondida, en otra esquina, a pocos metros.

En seguida parte una carroza más, y entonces sí abren paso los militares y luego, entreverados en cinco vehículos de lujo de los familiares, avanzan hacia el cementerio Jardines del Humaya, ubicado en la salida sur de la ciudad, un panteón con mausoleos que parecen residencias, castillos, fincas de descanso: con vidrios blindados, aire acondicionado, balcones, salas, sillones, plantas de energía eléctrica, granito, mármol, cantera y ornamentaciones de lujo.

El cortejo avanza por la avenida Obregón, la principal de Culiacán, hasta la Calzada de las Ciudades Hermanas; luego, por la avenida Heroico Colegio Militar, hasta llegar al camposanto.

No hay banda musical ni grupo norteño, narcocorridos, tambora, y poco, muy poco tiempo queda para el reconfortante llanto colectivo. Tampoco tramos a pie, tocando la carroza y el atuendo café de la caja de madera. Todo es rápido, instantáneo. Exequias fast-track y con apenas lapsos para tomar agua y refrescos servidos por los meseros contratados por la familia, para llorar mientras cae lentamente el ataúd en la cripta familiar, dejar acomodados, suavemente, los arreglos florales a los lados, en la cabecera, y partir. Partir ya. Así, a solas, aprisa, sin sus hombres, los hombres. Rodeado de mujeres de negro, altivas, sufridas y tristes.

Su padre quería llevárselo allá, a la sierra. Él mismo, en vida, les pidió que si moría, si lo mataban, lo llevaran a su casa, su tierra, en el panteón de la serranía, donde está su madre, en La Palma.

Pero ellas no quisieron. A la hora de decidir decidieron: se queda aquí, con su familia, junto al ataúd de la abuela, en la cripta de la familia, para tenerlo cerca y llorarlo en Culiacán.

Es decir, en la ciudad que, con cerca de mil 200 asesinatos este año, desde hace tiempo libra una cruenta guerra que ya se ha extendido a casi todo el país.


* Reportero del semanario sinaloense Riodoce y autor del libro, de reciente aparición, Miss Narco, belleza, poder y violencia.

Las lecciones del caso Beltrán Leyva*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Helioflores.

John M. Ackerman

Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria” emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su “objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales.” Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.

Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.

El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en “las zonas marinas mexicanas”, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.

Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una “afectación a la seguridad nacional” que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.

Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de “ajuste estructural”, que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.

Mientras tanto, Calderón presenta como “logros” de su “guerra” cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?

La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: “A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes”. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.

http://www.johnackerman.blogspot.com

*Tomado de La Jornada.

Un avance, junto al continuado desplome*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Antonio Gershenson

Hace unos días, primero, el tribunal colegiado respectivo ratificó la legitimidad del registro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (UNTPP) como sindicato. La Secretaría del Trabajo, a continuación, notificó a la unión el registro y tomó nota del mismo. Es un paso muy importante en una lucha cuyo primer paso, la formación del sindicato, se dio el 18 de marzo de 2008; pero cuyos antecedentes se remontan a movimientos que empezaron hace décadas.

Son muchos los problemas que quedan por resolver. Numerosos despedidos por ingresar a la unión o trabajar en ella. Ahora hay una nueva ola de despidos, que se anuncia llegarán en un plazo relativamente corto a unos 10 mil en Pemex. Éstos, junto con los 40 y tantos mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), despedidos de hecho el 10 de octubre pasado, no sólo muestran una forma de represión, sino que contribuyen a la crisis y al desempleo. Cada despedido deja de comprar lo que antes podía. Al igual que los otros despedidos, reduce su consumo al mínimo y contribuye a la reducción del mercado interno.

Por cierto, el registro a la unión es un precedente para el SME. Aunque el problema es diferente, ambos dependen, por lo menos en algunos aspectos, de la misma autoridad, e impulsan la organización independiente y la democracia sindical. Además, el despido es su enemigo común.

En estas páginas se publicaron declaraciones sobre la crisis y el desempleo, del presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios. Menciona que en este año de crisis se cerraron 500 mil pequeñas y medianas empresas. Una parte de las empresas cerradas “se trasladaron al sector informal”, o sea que ya no tienen que pagar impuestos, ni seguro social, ni Infonavit. Dice que estos y otros gastos fijos, como electricidad, teléfono y renta del local, ya no permitieron la subsistencia de estas empresas. Agregamos que después del primero de enero, con aumentos al IVA y otros impuestos, más los nuevos aumentos de precios, el número de empresas en esa situación aumentará.
El costo también, dijo, ha sido la pérdida de un millón y medio de empleos. Y, como dijimos, el desempleado reduce su consumo al mínimo, y esto profundiza más la crisis. Los 50 y tantos mil de Pemex y la “extinguida” Luz y Fuerza del Centro cuentan más que un número similar de los otros desempleados. Esto, porque incluyen en ambos casos a técnicos y profesionistas, cuyo ingreso era mayor que el promedio y cuyo poder de compra, también.

El discurso oficial podrá seguir, como hace un año, diciendo que ahora sí nos estamos recuperando. No les preocupan los millones de desempleados, ni, consecuentemente, las bajas ventas. Incluso ellos causaron directamente, o están causando, el desempleo de más de 50 mil, sólo en el sector energético.

Por si fuera poco lo anterior, suben de precio la gasolina común (la de lujo no subió) y el diesel, necesario no sólo para el transporte terrestre sino para el bombeo agrícola, para los tractores y maquinaria similar, para el comercio marítimo y demás. Por lo mismo, todo esto sube más los precios de los productos para los que estos medios son necesarios, o sea casi todos los bienes y servicios.

Ese aumento de precios, que ya lo estamos viviendo pero que con las medidas mencionadas se va a ir más arriba, es otra medida que favorece a la crisis. El aumento del IVA al 16 por ciento y otras alzas fiscales, también. El dinero alcanza menos. Las ventas disminuyen todavía más.

El primero de enero entran en vigor los aumentos que se acordaron en la Cámara de Diputados, como el del IVA. Eso, más la “cuesta de enero” posterior a los gastos de fin de año, agrava a partir de ese día toda la situación descrita.

gershen@servidor.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Narcoterror*

Tomado de Monero Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

MEXICO, D.F., 24 de diciembre (apro).- La ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de infantes de la Marina-Armada de México, abrió la puerta al infierno.

El punto del no retorno que significó hace tres años la decisión de Felipe Calderón de atacar al narcotráfico con más violencia alcanzó, inevitablemente, a personas ajenas a la guerra declarada por necesidad política del recién llegado a la presidencia de la República.

A pesar de lo costoso en recursos y, sobre todo, en vidas de esa medida, los resultados todavía pueden ser peores.

El asesinato de los familiares del tercer maestre de las Fuerzas Especiales de la Armada, Melquisedet Angulo Córdova, quien había muerto en el operativo en el que fue abatido El jefe de jefes, fue más que un macabro precedente: fue el inicio de una etapa de terror.

El objetivo de la represalia ocurrida en Paraíso, Tabasco, el pasado martes 22, no fue una simple venganza. De lo que se trata es infundir temor entre los familiares de los integrantes de las fuerzas federales que son enviados a los operativos contra el narcotráfico.

Es una escalada en la que el ritmo y el nivel de violencia lo definen los cárteles del narcotráfico, no el gobierno, que sólo reacciona. Y cuando lo hace de manera efectiva de acuerdo con su propósito, como en Cuernavaca el pasado día 16, se coloca en el mismo nivel de aquello que combate.

Las fotografías de lo que hicieron con los restos de Beltrán Leyva semejan actos como los que cometen los sicarios.

Si el gobierno federal actúa bajo la ley del talión será el primer perdedor. No sería extraño entonces el asesinato de uno de sus representantes o de algún otro miembro del Estado mexicano. Pero no serían las únicas víctimas.

Hay otro gran perdedor: la sociedad, que desde hace tiempo ya comenzó a pagar una creciente cuota de víctimas.

El 15 de septiembre de 2008, en plena celebración del “Día de la Independencia” en Morelia, Michoacán, marcó el hito: ataques terroristas con grandas a la población civil por parte del narcotráfico, con un saldo de nueve muertos y más de 100 heridos.

El gobierno federal adjudica los atentados a Los Zetas, el grupo de origen militar al que también le atribuye el asesinato de los familiares del infante de Marina.

La acción de Los Zetas –que según la versión oficial fue concertada con el grupo de Los Beltrán Leyva– indica el nivel de información oficial que tienen en su poder los grupos del narcotráfico.

Los datos personales del infante de Marina se supone que sólo estaban en poder de La Armada.

La propia acción de la Armada en Cuernavaca, en la que quedó marginado el Ejército, también tiene que ver con la infiltración. La revista Proceso ha informado sobre la alegada protección que le daban a Beltrán Leyva militares adscritos de la 24 Zona Militar, que tiene su sede en Morelos.

Si en verdad se trata de una guerra, como lleva tres años pregonando, Calderón tendría que explicar por qué la Armada estuvo a cargo del operativo efectuado a unos metros de la 24 Zona Militar.

Callarse, como lo ha hecho hasta ahora, hará de él un protector más que lo único que quiere es mantener el sangriento espectáculo en que sumió al país, haciendo de la violencia un capital político.

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Narcoterror*

Tomado de Proceso, Naranjo.

Jorge Carrasco Araizaga

MEXICO, D.F., 24 de diciembre (apro).- La ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de infantes de la Marina-Armada de México, abrió la puerta al infierno.

El punto del no retorno que significó hace tres años la decisión de Felipe Calderón de atacar al narcotráfico con más violencia alcanzó, inevitablemente, a personas ajenas a la guerra declarada por necesidad política del recién llegado a la presidencia de la República.

A pesar de lo costoso en recursos y, sobre todo, en vidas de esa medida, los resultados todavía pueden ser peores.

El asesinato de los familiares del tercer maestre de las Fuerzas Especiales de la Armada, Melquisedet Angulo Córdova, quien había muerto en el operativo en el que fue abatido El jefe de jefes, fue más que un macabro precedente: fue el inicio de una etapa de terror.

El objetivo de la represalia ocurrida en Paraíso, Tabasco, el pasado martes 22, no fue una simple venganza. De lo que se trata es infundir temor entre los familiares de los integrantes de las fuerzas federales que son enviados a los operativos contra el narcotráfico.

Es una escalada en la que el ritmo y el nivel de violencia lo definen los cárteles del narcotráfico, no el gobierno, que sólo reacciona. Y cuando lo hace de manera efectiva de acuerdo con su propósito, como en Cuernavaca el pasado día 16, se coloca en el mismo nivel de aquello que combate.

Las fotografías de lo que hicieron con los restos de Beltrán Leyva semejan actos como los que cometen los sicarios.

Si el gobierno federal actúa bajo la ley del talión será el primer perdedor. No sería extraño entonces el asesinato de uno de sus representantes o de algún otro miembro del Estado mexicano. Pero no serían las únicas víctimas.

Hay otro gran perdedor: la sociedad, que desde hace tiempo ya comenzó a pagar una creciente cuota de víctimas.

El 15 de septiembre de 2008, en plena celebración del “Día de la Independencia” en Morelia, Michoacán, marcó el hito: ataques terroristas con grandas a la población civil por parte del narcotráfico, con un saldo de nueve muertos y más de 100 heridos.

El gobierno federal adjudica los atentados a Los Zetas, el grupo de origen militar al que también le atribuye el asesinato de los familiares del infante de Marina.

La acción de Los Zetas –que según la versión oficial fue concertada con el grupo de Los Beltrán Leyva– indica el nivel de información oficial que tienen en su poder los grupos del narcotráfico.

Los datos personales del infante de Marina se supone que sólo estaban en poder de La Armada.

La propia acción de la Armada en Cuernavaca, en la que quedó marginado el Ejército, también tiene que ver con la infiltración. La revista Proceso ha informado sobre la alegada protección que le daban a Beltrán Leyva militares adscritos de la 24 Zona Militar, que tiene su sede en Morelos.

Si en verdad se trata de una guerra, como lleva tres años pregonando, Calderón tendría que explicar por qué la Armada estuvo a cargo del operativo efectuado a unos metros de la 24 Zona Militar.

Callarse, como lo ha hecho hasta ahora, hará de él un protector más que lo único que quiere es mantener el sangriento espectáculo en que sumió al país, haciendo de la violencia un capital político.

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

¿Y el estado de derecho?*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

El secretario de Gobernación declaró el viernes pasado que la Marina-Armada de México se enfrentó a “presuntos delincuentes del llamado cártel del Pacífico” (las primeras cursivas son mías). En el párrafo siguiente de su declaración, registrada por este diario el sábado 19 de diciembre, dijo que “resultaron muertos siete integrantes del cártel del Pacífico”. ¿Antes eran presuntos y luego integrantes del cártel del Pacífico? Si eran presuntos, ¿quién giró las órdenes de cateo? ¿Hubo órdenes de aprehensión o simplemente la orden de “mátenlos en caliente”? Gómez Mont señaló también que las operaciones de los últimos días en Cuernavaca realizadas por la Marina son resultado de tres años de labores de inteligencia; sin embargo, la misma noche de los sucesos el vocero de la Secretaría de Marina dijo, ante los medios, que la narcoposada del viernes 11 de diciembre fue en “Limones” (sic) en Tepoztlán (sic) en lugar de decir Los Limoneros, en Ahuatepec, Cuernavaca. ¿Así funcionan los órganos de inteligencia de la Marina? ¿Qué otras imprecisiones habrá a pesar de tres años de labores de inteligencia? El vocero dijo también que habían muerto civiles no identificados, y varios periódicos ya habían señalado que la señora Patricia Terroba de Pintado, quien salía de su casa en la madrugada para atender una emergencia familiar, fue asesinada de un balazo. Se presume, por el lugar de su domicilio y los agujeros en su carro, que las balas tuvieron su origen en las filas de los marinos y no de los narcotraficantes pachangueros. ¿Ya se investigó este asesinato, o simplemente se trata de un “lástima Margarito, la señora estaba en el lugar y el momento equivocados”? ¿Su esposo y sus hijos se conformarán con eso? ¿A quién recurren para demandar justicia y contra quién?

¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?

Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de “inteligencia”, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.

Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se “preservó el secreto y evitó la filtración de información”, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó “su guerra” depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?

La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: “Psicosis en Morelos” y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).

Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.

PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.

*Tomado de La Jornada.

El otro revés...*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Gloria Leticia Díaz

El caso Radilla, sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pone coto a los abusos cometidos por el Ejército en la “guerra” de Felipe Calderón. Ahora, el Estado mexicano está obligado a remitir a jueces civiles los casos de desapariciones forzadas y las denuncias por violación de los derechos humanos que se encuentran en la jurisdicción militar.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) puso un alto a la defensa irrestricta de la administración de Felipe Calderón al fuero militar para investigar y juzgar abusos graves cometidos por el Ejército Mexicano desde la guerra sucia y hasta la actualidad.

Como parte de la sentencia del 15 de diciembre por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, mientras estaba en manos de militares, el tribunal interamericano ordenó reformas legislativas que restringen el fuero militar a delitos relacionados con la disciplina castrense, y al Código Penal Federal en casos de desaparición forzada, así como retirar la reserva que mantenía el Estado mexicano al artículo IX de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, con la que se pretendía eludir la responsabilidad de militares acusados en esos casos.

La resolución de la Corte Interamericana coincide con múltiples denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por los abusos cometidos por miembros del Ejército Mexicano a partir de que Calderón les ordenó hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico.

“Si Felipe Calderón tiene voluntad para acatar la sentencia, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tendría que ordenar a los jueces militares que en este momento llevan casos por violaciones a los derechos humanos que declinen su competencia y los remitan a los jueces civiles”, emplaza Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), que junto con la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem) litigaron el caso Radilla en el sistema interamericano.

En este año, como producto de la lucha contra el narcotráfico, por lo menos siete casos de abusos militares contra 36 personas y tres comunidades de la sierra de Guerrero fueron remitidos a la jurisdicción militar.

En relación con los delitos del pasado, Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH, revela que “la Procuraduría General de la República (PGR) tiene archivadas 90 consignaciones por desaparición forzada que dejó listas el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien nos confesó que nunca las presentó ante los jueces por órdenes superiores. Ahora tendrían que remitirse de inmediato a los jueces civiles”.



Alto a la impunidad

La sentencia de la Coidh cierra un capítulo para la familia de Rosendo Radilla en la búsqueda de justicia durante 35 años. “Viene una nueva lucha, que es encontrar los restos de mi padre, así como la de cientos de personas que como él fueron desaparecidos por el Ejército Mexicano”, señala Tita Radilla Martínez, hija del líder comunitario y vicepresidenta de la Afadem.

Rosendo Radilla fue detenido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar instalado en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y de ahí fue conducido al cuartel militar. Nunca se volvió a saber de él.

Después de innumerables gestiones por localizarlo y de interponer dos denuncias por la desaparición de su padre, en 1992 y 1999, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) empezó a indagar el caso en 2002. Sin embargo, en 2005 fue remitido al fuero militar, consignándose como responsable al general Francisco Quirós Hermosillo. El expediente fue cerrado por la muerte del militar en 2006.

En 2002, la CMDPDH y la Afadem solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que admitió el caso tres años después. En 2008, la CIDH demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por el incumplimiento de recomendaciones para investigar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco, así como para localizarlo.

El pasado 7 de julio se llevó a cabo la audiencia pública en la sede de la Coidh en San José, Costa Rica, a la que asistió como representante del Estado mexicano el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien defendió el fuero militar y reconoció parcialmente la responsabilidad internacional de México en el caso Radilla, al que consideró como un hecho aislado (Proceso 1706).

De nada valieron los alegatos de Gómez Mont en la audiencia ni los recursos enviados a la Coidh por la administración de Calderón Hinojosa para excluir la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dedicada a los crímenes de la guerra sucia, o el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana elaborado por la Femospp, pero sobre todo el informe de seguimiento a la recomendación de la CNDH presentado en 2009.

En su sentencia, el tribunal internacional da por sentado la existencia de la guerra sucia, como una época en la que “en diversas partes del territorio mexicano tuvieron lugar numerosas desapariciones forzadas de personas”; que el caso de Rosendo Radilla formó parte “de un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militantes de la guerrilla o identificados como simpatizantes”, y que “las instancias de gobierno que constitucionalmente tenían la encomienda de procurar justicia y resguardar los derechos de los ciudadanos mostraron su incapacidad y negativa para prevenir y sancionar los hechos, así como brindar el auxilio necesario a las personas que se interesaban en indagar el paradero de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones”.

Entre las fallas de Carrillo Prieto, y que después no corrigió la Coordinación General de Investigación de la PGR (instancia a la que se enviaron los casos de delitos del pasado cuando se cerró la Femospp en 2007), la Corte destaca la consignación de una sola persona, el general Francisco Quirós Hermosillo, por el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de plagio o secuestro, cuando debió hacerlo por desaparición forzada. También invalida el argumento de que la tipificación de desaparición forzada atribuible a un funcionario público –de acuerdo al artículo 215-A del Código Penal Federal– ocurrió cuando Quirós Hermosillo era oficial retirado.

“La Corte considera que mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, la desaparición forzada permanece invariable, independientemente de los cambios en el carácter de ‘servidor público’ del autor. En casos como el presente, en los que la víctima lleva 35 años desparecida, es razonable suponer que la calidad requerida del sujeto activo puede variar con el transcurso del tiempo. En tal sentido, de aceptarse lo alegado por el Estado, se propiciaría la impunidad.”

En ese sentido, la Coidh ordena la reforma al artículo 215-A, por considerarlo “un obstáculo para asegurar la sanción a ‘todos los autores, cómplices y encubridores’ proveniente de ‘cualesquiera de los poderes u órganos del Estado’”, o bien para castigar a un particular que actúe “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Además considera que “la investigación no está siendo realizada en forma seria, efectiva y exhaustiva”, porque la diligencia para la localización de los restos de Radilla “no ha contado en su totalidad con el impulso propio del Estado”, y no se ha llamado a comparecer a mandos militares o soldados que tuvieron información de los hechos.

En el cuerpo de la sentencia, la Corte refiere en varias ocasiones la negativa gubernamental a proporcionar a ese tribunal así como a Tita Radilla y a sus abogados, coadyuvantes en la investigación, una copia de la averiguación previa abierta en la PGR por el caso Radilla –en la que están acumulados 122 casos más–, alegando la secrecía de la indagatoria.

Para la Corte, esto viola el derecho de Radilla Martínez, ya que se violó su derecho a “participar plenamente en la investigación”, y establece que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública mexicana, en casos de delitos graves de violaciones a derechos humanos, estos documentos no están sujetos a reservas de confidencialidad.

En el documento –cuyo contenido íntegro está obligado el gobierno de Calderón a publicar en la página Web de la PGR y una selección que impuso la Corte en el Diario Oficial de la Federación y en uno de circulación nacional–, el tribunal interamericano ratificó su jurisprudencia en el sentido de que “el fuero militar sólo debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar” y puntualiza que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”, por lo que “el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”.

Y es que hasta ahora, bajo el amparo del artículo 57 del Código Penal Militar, las denuncias por abusos militares son remitidos sin reserva a los tribunales castrenses, de ahí que la Corte exigió a México compatibilizar dicho ordenamiento con los estándares internacionales.

Al analizar la reserva impuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, lo que hasta ahora ha permitido que la jurisdicción militar se aplique en estos casos, la Coidh la consideró inválida por ser contraria a objeto y fin de dicha convención, lo que implica la obligación de retirarla.

Adicionalmente a las reformas legislativas, el tribunal dispuso que la administración de Calderón aplique programas o cursos permanentes sobre la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, y otro dirigido a la formación para la debida investigación y juzgamiento del delito de desaparición forzada de personas. Dicha capacitación deberá darse a jueces y agentes del Ministerio Público tanto del fuero Civil como del Militar.

Por supuesto, la Corte ordena a México la investigación, sanción de los responsables en la detención y desaparición de Rosendo Radilla, así como la localización de sus restos, “con la debida diligencia y en un plazo razonable”; la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los hechos; la elaboración de una semblanza sobre la vida del luchador social, basada en el libro de su hija Andrea Radilla Voces acalladas, vidas truncadas, así como colocar una placa en Atoyac en memoria de Radilla Pacheco.



Antecedente jurídico

Para Humberto Guerrero, la sentencia de la Corte Interamericana trasciende el caso de Rosendo Radilla, “que se eligió como una estrategia jurídica porque cumplía con los patrones de las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia y agotó todas las instancias judiciales requeridas, pero en el fondo lo que se litigó fueron reformas legislativas que sean aplicables para los demás casos”.

El abogado explica que “al declarar la Corte que se debe aplicar el tipo penal de desaparición forzada para los casos como el de Radilla, todos los que están en esa circunstancia pueden ser sancionados por ese delito”.

Destaca que en la Recomendación 26/2001 de la CNDH se consideraron cerca de 420 casos “plenamente identificados como desapariciones forzadas”, muchos de los cuales “quedaron en simples declaraciones de familiares en las averiguaciones previas abiertas por la Femospp, por lo que ahora se pueden continuar las investigaciones con el tipo penal de desaparición forzada sin que haya ningún tipo de obstáculo procedimental como la prescripción”.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez resalta: “Considerando que los tratados internacionales forman parte del derecho interno, de acuerdo al artículo 133 constitucional, los jueces en este momento pueden tomar en cuenta y atender la decisión de la Corte Interamericana para determinar las competencias en casos en los que militares estén involucrados en violaciones graves a los derechos humanos”.

Sin embargo, apunta que dado que la Coidh dio un plazo máximo de un año para que se hagan las modificaciones legislativas, Gutiérrez hizo un llamado a aquellos legisladores “que quieran comprometerse en el cumplimiento la sentencia, especialmente el Senado que firma y ratifica los tratados internacionales, para que discutan las reformas, sobre todo del artículo 57 del Código Penal Militar de las que ya hay iniciativas, a más tardar en el próximo periodo de sesiones”.

Asimismo, apunta, la sentencia “obliga a la CNDH a tomar una posición respecto a la restricción del fuero Militar, pues aunque ha enviado recomendaciones a la Sedena, siempre ha reconocido la competencia del fuero Militar en casos de violaciones a los derechos humanos, contra todos los criterios internacionales, y si ahora el ombudsman Raúl Plascencia pide el cumplimiento de la sentencia, podría empezar por enviar iniciativas para reformar el artículo 57 y la Ley de Desaparición Forzada”.

En la sentencia por el caso Radilla “la Corte Interamericana hizo lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se atrevió a hacer”, apunta el director de la CMDPDH en alusión a la negativa del amparo contra la jurisdicción militar que solicitó Reynalda Morales, esposa de uno de cuatro hombres acribillados en un retén militar en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, en 2008. Reynalda pedía que fuera remitido al fuero Civil por ser un caso grave de violaciones a los derechos humanos, pero la SCJN le negó personalidad jurídica para debatir sobre la competencia judicial.

El pasado 25 de agosto, organizaciones civiles de derechos humanos enviaron una carta a Felipe Calderón para dar respuesta a su reto de demostrar que en la lucha contra el narcotráfico se violaban los derechos humanos.

En ella describen siete casos en los que responsabilizan a militares por detenciones arbitrarias, confinamiento en instalaciones castrenses, tortura física y psicológica, amenazas de muerte, abuso sexual, ejecución extrajudicial y desaparición forzada contra 36 civiles en Morelos, Baja California, Sinaloa, Coahuila, la región de la Montaña y las comunidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero.

En diciembre, la respuesta que recibieron las organizaciones civiles de derechos humanos por parte de la Secretaría de Gobernación es que todos están siendo investigados por la Procuraduría de Justicia Militar, además de que fueron analizados por la CNDH.

*Tomado de la revista Proceso.

Gasolinazo en sabadazo*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 21 de diciembre (apro).- Felipe Calderón faltó nuevamente a su palabra y, a escondidas, asestó otro golpe vil contra los mexicanos: En medio del impacto público por la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, que consolida a Joaquín El Chapo Guzmán como el capo del panismo, decretó otro aumento al precio de los combustibles que mayormente consume la población.

En el caso del diesel, el energético más utilizado en las actividades productivas como el transporte de carga y pasajeros, así como por las flotas pesqueras y el sector agrícola, el precio se ha incrementado ¡50 veces desde 2008!, con un alza acumulada de 37.6%.

A principios de este año, el 7 de enero, Calderón prometió que durante todo el 2009 no aumentaría el precio de las gasolinas como parte del “Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el Empleo”, una entelequia que preveía 25 acciones, entre ellas el congelamiento del precio de chiles enlatados y sardinas.

Se trata, entonces, de otra mentira de Calderón porque, a partir del sábado 19, el litro de gasolina Magna --la que más consumen los habitantes del país-- cuesta 7.77 pesos por litro por el incremento de cinco centavos, y el precio del diesel aumentó tres centavos, al pasar de 8.13 a 8.16 pesos por litro.

Si bien la gasolina Premium se mantiene en 9.57 pesos por litro y el aumento en los precios de la Magna y el diesel puede parecer marginal, de 5 y 3 centavos por libro, el impacto en su conjunto es brutal, porque se trata de alzas incesantes desde el 2006.

Tales alzas representan, por ello, una muestra más de la inquina de Calderón contra los mexicanos, que en un contexto tan atroz poco puede importarles su paquete de iniciativas políticas, presentadas casi como las Tablas de Moisés, más aún sin la debida garantía de respeto al voto.

Según datos citados por el diario La Jornada, en el caso del diesel el aumento acumulado es de 83 centavos por litro, lo que representa un alza de 11.32%, porcentaje que supera en más de tres veces a la inflación acumulada en el periodo enero-noviembre, que se sitúa en 3.15%.

Desde el primero de enero de 2008, el precio del diesel se ha incrementado en 50 ocasiones, 33 el año pasado y 17 durante este 2009. El precio con el que inició en 2008 fue de 5.93 pesos por litro y actualmente se vende en 8.16 pesos, lo que significa un aumento de 37.6%.

La gasolina Magna, la que más consume la población, aumentó dos veces en 2009: El primero fue de dos centavos y se anunció el 3 de enero de 2009, justo cinco días antes del “acuerdo” de Calderón que quedó pulverizado apenas se firmó, y este sábado aumento cinco centavos al pasar de 7.72 a 7.77 pesos por cada litro.

Hay que recordar que cuando Calderón inició su gestión, en diciembre de 2006, el precio de la gasolina Magna era de 6.71 pesos el litro, por lo que aumentó un peso con 6 centavos por los aumentos mensuales. Con el diesel ha resultado peor: Costaba ese año 5.78 y ahora 8.16, es decir, aumentó dos pesos con 38 centavos.

¿Qué argumento da el gobierno de Calderón para fundamentar tales aumentos siendo México un país productor de petróleo? Ninguno. Sólo le da la gana decretar tal decisión, como lo hizo Vicente Fox en su sexenio que, según cifras oficiales, la Magna aumentó 37% y el diesel 24.3%.

Es obvio que tales aumentos ala gasolina Magna y al diesel oscurecen aún más el panorama para el próximo año, ya de por sí sombríos ante el aumento del IVA y del Impuesto sobre la Renta aprobado por Calderón y sus cómplices priistas.

Estos aumentos y los nuevos impuestos, que tendrán vigencia a partir de la próxima semana, el 1 de enero del mítico 2010, ya pulverizaron el ridículo aumento de 2 pesos con 6 centavos a los salarios mínimos, un tema proscrito en las anodinas peroratas de Calderón y, por tanto, ignorado también por los jilgueros de la derecha, falsarios todos.

Por supuesto, no extraña tal impostura de Calderón: Así como en su campaña nunca ofreció que usaría al Ejército y a la Armada de México en su costosísima “guerra” contra un sector del crimen organizado, tampoco dijo que aumentaría el precio de los energéticos y, de hecho, ofreció bajarlos.

En su campaña, inclusive, fue un aplaudidor de Ernesto Zedillo, después de que lo acusó de inepto en el colapso económico a raíz del “error de diciembre” que este domingo cumplió 15 años. “Empequeñeció a la economía y a los niños mexicanos”, acusó.

“Zedillo se ufana de una recuperación económica y pretende olvidar los inmensos costos del ‘error de diciembre’, y del error de enero y del error de febrero, y de los errores de todos los meses y de todos los años que ha gobernado.”

Implacable, en 1997, Calderón enumeraba los fracasos de Zedillo:
--Se redujo 27% el poder adquisitivo del salario medio en la industria manufacturera en 1996 respecto de 1994.
--Baja, en 1996, de 1.4% del PIB respecto del 94, con lo que se perdieron ingresos por 18 mil 600 millones de pesos
--Cada familia de cinco miembros perdió en los últimos dos años en promedio 45 mil 800 pesos en términos de ingreso anual.
--En 1996 se compró, en general, 74 mil 800 millones menos que en 1994 y este año se llegó al nivel más bajo en 38 meses.
--En dos años la inversión productiva cayó más del 25%, reduciendo empleos y riqueza.
--En 1995, un millón 200 mil padres de familia perdieron su trabajo.
--Uno de cada cuatro mexicanos en edad de trabajar, si es de los que no se han ido a Estados Unidos, está sin trabajo o subempleado.
--En dos años la canasta básica incrementó sus precios en 114%.
--Se perdieron activos bancarios por casi 300 mil millones de pesos, en dos años.
--Incontables créditos de toda índole, sobre todo hipotecarios y directos, duplicaron su costo.
Todas estas anomalías de Zedillo las expresó Calderón en un mitin de apoyo a Carlos Castillo Peraza, en mayo de 1997, en el Angel de la Independencia, y retó: “¿Quieren diputados que aumentaron el IVA? ¿Están hoy mejor que en 1994? Si están mejor voten por el PRI….”

Es la descarada impostura de Calderón…

Apuntes

Marcelo Ebrard quiere todo grandotote: Un arbolote de Navidad en Paseo de la Reforma, una pistota de hielo en el Zócalo y un aumentote al precio del boleto del Metro… Pese al respaldo de los jerarcas de la Iglesia, a cuyos terrenos fue a postrarse, Enrique Peña Nieto ha comenzado su declive... El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, es considerado como un modelo de político de El Yunque, pero no es ajeno al caudal de dinero sucio que inunda la política estatal…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La jugada del PRI*

Tomado de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 18 de diciembre (apro).- Concluye 2009 y el PRI puede afirmar que cierra con saldo a su favor. A la distancia, el inicio de la actual Legislatura lo trazó con un solo objetivo: las elecciones del próximo año y que serán las que, a su vez, lo fortalezcan para las presidenciales de 2012 y recuperar así la Presidencia de la República, que perdió con el inicio del nuevo milenio.

Desde septiembre, fecha de inicio de la LXI Legislatura, Carlos Rojas, coordinador de la fracción; Beatriz Paredes, dirigente nacional de ese partido, y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores −además de los gobernadores priistas−, empezaron a trabajar con un objetivo definido, colocando y reubicando cada una de sus piezas, en tanto que el PAN y el PRD sólo “reaccionaban” a las jugadas de los priistas sin entender hacia dónde iban los tricolores.

Del otro lado, los diputados de PT y Convergencia gastaron su tiempo tratando únicamente de evidenciar las imposiciones del priismo.

Parte de la jugada del PRI, por ejemplo, se centró en ubicar a sus mejores hombres en las comisiones de la Cámara de Diputados, que todo mundo desatendió.

Así, mientras PRD y PAN se peleaban por la conducción de las comisiones de Presupuesto y Hacienda --sin duda dos centros neurálgicos a la hora de decidir de dónde saldrán los recursos para el próximo año, pero también hacia dónde se irán--, el PRI pasaba el tiempo ubicando en las presidencias de las comisiones de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y en Educación, a gente de su partido. Cuidó también que en cada una de ellas estuvieran diputados de los 13 estados donde habrá elecciones el próximo año.

Estas cuatro comisiones resultaban vitales para el PRI, ya que en ellas fue donde se idearon cambios para que los gobernadores pudieran intervenir en el manejo de los recursos federales. Estas son las áreas que manejan también los mayores recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así, mientras los diputados que representan a los estados donde habrá elecciones el próximo año, ponían sobre la mesa sus prioridades y las demandas que deberán cubrir en las campañas presidenciales, sus compañeros y presidentes de partido lo llevaban a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, ahí, sus otros compañeros lo cuadraran.

El PAN, el PRD, el PT y Convergencia centraron su atención en los pesos y centavos, mientras el PRI, con una gran delantera en el manejo de los recursos, se dedicaba a fijar reglas: el dinero era lo de menos, pues de eso se encargarían en las últimas horas de negociación los diputados Alberto Cano Vélez, legislador cercano a Manlio Fabio Beltrones, y Luis Videgaray, gente de Enrique Peña Nieto.

De septiembre a noviembre, el PRI fijó sus objetivos en la ubicación de diputados en comisiones que no llaman mucho la atención, pero que sí resultaron vitales para los cambios en la forma de gastar los 3 billones de pesos del Presupuesto, pero en especial los 95 mil millones de pesos que lograron de última hora.

Y para cerrar la pinza, el PRI se dedicó en la primera quincena de diciembre a negociar el nombramiento de quién va a cuidar que esos cientos de millones de pesos que irán a parar a los estados, principalmente donde habrá elecciones, sean auditados; es decir, operó para imponer al nuevo Auditor Superior de la Federación.

Juan Manuel Portal, quien desde la llegada del saliente auditor, Arturo González de Aragón en 2001, trabajó con él, no sólo cuenta con una gran trayectoria y aplicación técnica para detectar desvío de recursos, sino que también tiene en su haber la cercanía con el priismo y, principalmente, con el coordinador del PRI, Francisco Rojas, con quien trabajó durante su paso por Petróleos Mexicanos.

Con este último movimiento, el PRI cerró su pinza en la estrategia que inició en septiembre pasado para la ubicación de legisladores de los estados donde habrá elecciones, pasando por la Comisión de Presupuesto y concluyendo con la designación del nuevo auditor Superior de la Federación.

La operación, que inició el PRI en septiembre en la Cámara de Diputados, hoy a la distancia, se puede ver que tuvo un objetivo bien trazado: ganar las 10 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, algunos congresos locales para coronarse con la joya más preciadas que perdieron en 2000: la Presidencia de la República.

*Tomado de la revista Proceso.

Calderón: Tres logros, tres peros*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Miguel Ángel Granados Chapa

El martes 15 de diciembre, el día mismo en que el Congreso clausuraba el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, el presidente Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas que buscan integrar una reforma política. Al día siguiente, mientras se hallaba en Copenhague para asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre el cambio climático, fue muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina el eminente narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, logro del que Calderón se glorió en la capital de Dinamarca. Y allí mismo la asociación internacional de legisladores le otorgó el premio Globe por sus progresos en materia ambiental.

En un año tan abrumador como el 2009, cuya mejor característica es que por fin se acaba, según dijo exhausto el propio Calderón, esas tres buenas noticias son un alivio para su alicaído gobierno. Son logros de diversa naturaleza por los que cabe aplaudir al primer mandatario. Mas no tanto ni de manera acrítica, porque esos buenos resultados van acompañados de reparos, de peros que impiden ovacionar entusiastamente a Calderón.

La reforma política que intenta es un abigarrado conjunto de propuestas, la mayor parte de las cuales han surgido en ámbitos diferentes de los que son propios del presidente. Más todavía, a algunas de ellas se opuso en otros momentos. Al mudar de opinión no revela necesariamente una capacidad de asimilación o reconocimiento a la verdad ajena, a los otros, sino que acaso busca meramente el aplauso fácil de las galerías o de ciertas cúpulas de opinión que ya se sienten halagadas, satisfechas de “ser tomadas en cuenta”. Algunas de las propuestas son contradictorias entre sí, lo que parece tener sin cuidado al presidente, tal vez porque no quiere cobrar la presa, sino emprender la cacería, es decir, le importaría menos que se aprueben sus reformas que las medallas de demócrata que puede colocar sobre su pecho sólo por haberlas presentado a discusión formal.

Los puntos específicos de la propuesta presidencial serán discutidos en este lugar durante el mes de enero, inmediatamente antes de que se inicie, si ha de comenzar, el debate propiamente legislativo en febrero, al reanudarse las sesiones senatoriales. Aquí adelanto sólo un acuerdo y desacuerdo en un punto de la iniciativa calderoniana.

Alguna vez yo mismo, como ahora Calderón, me ilusioné con las candidaturas ciudadanas: eliminan el monopolio de los partidos a ese propósito, permiten que la gente común y corriente pueda llegar a cargos de elección popular sin necesidad de hacer compromisos con los dirigentes partidarios, más inclinados a apadrinar a miembros de sus partidos con los que sea dable establecer componendas, que a establecer acuerdos con los ciudadanos. Pero es imposible deslindar las candidaturas que no sostiene ningún partido del régimen financiero electoral. De los dos modos de apoyar con dinero a un candidato, ¿cuál cabría escoger: el público o el privado? Si el segundo, los candidatos dependerían de los poderes fácticos, incluidos los francamente ilegales como el narcotráfico. Si el primero, habría que establecer pautas que no multiplicaran en perjuicio del erario los requerimientos de aspirantes sin cuento. Ningún recurso público alcanzaría para financiar a los candidatos y a los partidos. Y si se apoyara a algunos y no a todos, se rompería la equidad, que es el único valor del régimen de financiamiento electoral de hoy que debe ser preservado.

Al embate contra la banda de los Beltrán Leyva, sobre Arturo en particular, nadie podría objetar nada. Se trata de luchar contra las bandas de la delincuencia organizada en general, y si ello se hace mediante labores de inteligencia que ubiquen a los jefes para detenerlos y procesarlos, la tarea cumplida es digna de elogio. Pero, ¿por qué incrementar las áreas de acción de la Marina? Si es por responder a la crítica a la participación del Ejército en funciones policiacas, el reemplazo con marinos no arregla la situación. Uno y otro cuerpos militares tienen asignadas misiones de carácter diverso a la de garantizar la seguridad pública, por lo que no están preparados para ejercer las funciones respectivas. La muerte de Beltrán Leyva es ya aducida, explícita o implícitamente, como el ejemplo de que la Armada de México sí está acreditada y tiene entrenamiento para ese propósito. Ver a los infantes de Marina descender a rappel, con sogas pendientes de helicópteros que los depositan en las azoteas de edificios a los que desde allí pueden penetrar, seguramente es un espectáculo confortante: al fin hay quien sabe hacer las cosas.

Pero en México, y en Cuernavaca, no priva la ley primitiva de capturar a un delincuente vivo o muerto. El propósito no es exterminar con violencia al enemigo, mediante juicios sumarios o con balaceras libradas sin apego a normas técnicas y de política criminal. Se trata de detener, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes delincan, no de acabar con ellos a cualquier precio. Proceder de esa manera no sólo impide que se aplique la ley, castigando con severidad a los delincuentes hallados culpables, sino que se pierde información que surge en las averiguaciones previas y los procesos. Y por si fuera poco, se entra en disputas entre bandas, como la que sostenían Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, agraviado por El Barbas por el asesinato de su hijo Édgar. No es exitosa una operación policiaca donde el buscado para ser detenido resulta muerto.

Eso no obstante, Calderón se mostró complacido de esa operación y felicitó por ella a la Armada de México, que ahora aparece como el último recurso en el combate a la delincuencia organizada. A tal grado ocurre así que un almirante y un vicealmirante han sido colocados en posiciones de alto nivel en la Procuraduría General de la República, no obstante que su hoja de servicios dista de ser impoluta. El almirante José Luis Figueroa, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (estaba en funciones cuando tres de sus hombres fueron linchados en Tláhuac, sin que la corporación reaccionara debida ni oportunamente) es el responsable del Centro de Análisis de la Información, cuya labor es básica para la planeación de las estrategias de la PGR. Y en enero asumirá el mando de la aún flamante Policía Federal Ministerial (que sustituyó a la AFI y a la Policía Judicial Federal, ambas de ingrata memoria) el vicealmirante Wilfrido Robledo, también excomisionado de la PFP, y que como director de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno mexiquense ordenó la operación Atenco en mayo de 2006 y fue renuente a aceptar que sus tropas hubieran cometido muchas y graves violaciones a los derechos humanos.

En Copenhague, Calderón obtuvo lauros por su papel internacional en torno del medio ambiente. Cuando se le otorgó el premio Globe se tuvo cuidado en puntualizar que la presea galardonaba su política internacional en la materia. De lo contrario, hubieran surgido voces de reproche a los organizadores de ese premio, porque en el terreno doméstico la Secretaría del Medio Ambiente ejerce una de las fases más opacas de la administración pública. Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse en abono a esa afirmación basta citar el del programa Proárbol, y las tareas para impedir la deforestación. Aquella iniciativa, destinada a repoblar de árboles el país, según lo han advertido expertos y participantes en la industria silvícola, fue un fracaso, pues la mitad de los ejemplares plantados en 2007 fueron cactáceas y no árboles, y de estos últimos no prosperó una muy alta proporción. Por ello se ha cuestionado el uso de los 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en ese programa.

Y ya no digamos el combate a la deforestación. A las puertas mismas de la capital, con grave detrimento de su papel como generador de humedad, el bosque en el Estado de México, en sus límites con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es objeto de una incontenible explotación ilegal cuyos beneficiarios han sido capaces de llegar al crimen.

Buen fin de año tiene Calderón. Pero…

*Tomado de la revista Proceso.

La jugada del PRI*

Tomado de Monosapiens, Hernández y Helguera.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 18 de diciembre (apro).- Concluye 2009 y el PRI puede afirmar que cierra con saldo a su favor. A la distancia, el inicio de la actual Legislatura lo trazó con un solo objetivo: las elecciones del próximo año y que serán las que, a su vez, lo fortalezcan para las presidenciales de 2012 y recuperar así la Presidencia de la República, que perdió con el inicio del nuevo milenio.

Desde septiembre, fecha de inicio de la LXI Legislatura, Carlos Rojas, coordinador de la fracción; Beatriz Paredes, dirigente nacional de ese partido, y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores −además de los gobernadores priistas−, empezaron a trabajar con un objetivo definido, colocando y reubicando cada una de sus piezas, en tanto que el PAN y el PRD sólo “reaccionaban” a las jugadas de los priistas sin entender hacia dónde iban los tricolores.

Del otro lado, los diputados de PT y Convergencia gastaron su tiempo tratando únicamente de evidenciar las imposiciones del priismo.

Parte de la jugada del PRI, por ejemplo, se centró en ubicar a sus mejores hombres en las comisiones de la Cámara de Diputados, que todo mundo desatendió.

Así, mientras PRD y PAN se peleaban por la conducción de las comisiones de Presupuesto y Hacienda --sin duda dos centros neurálgicos a la hora de decidir de dónde saldrán los recursos para el próximo año, pero también hacia dónde se irán--, el PRI pasaba el tiempo ubicando en las presidencias de las comisiones de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y en Educación, a gente de su partido. Cuidó también que en cada una de ellas estuvieran diputados de los 13 estados donde habrá elecciones el próximo año.

Estas cuatro comisiones resultaban vitales para el PRI, ya que en ellas fue donde se idearon cambios para que los gobernadores pudieran intervenir en el manejo de los recursos federales. Estas son las áreas que manejan también los mayores recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así, mientras los diputados que representan a los estados donde habrá elecciones el próximo año, ponían sobre la mesa sus prioridades y las demandas que deberán cubrir en las campañas presidenciales, sus compañeros y presidentes de partido lo llevaban a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, ahí, sus otros compañeros lo cuadraran.

El PAN, el PRD, el PT y Convergencia centraron su atención en los pesos y centavos, mientras el PRI, con una gran delantera en el manejo de los recursos, se dedicaba a fijar reglas: el dinero era lo de menos, pues de eso se encargarían en las últimas horas de negociación los diputados Alberto Cano Vélez, legislador cercano a Manlio Fabio Beltrones, y Luis Videgaray, gente de Enrique Peña Nieto.

De septiembre a noviembre, el PRI fijó sus objetivos en la ubicación de diputados en comisiones que no llaman mucho la atención, pero que sí resultaron vitales para los cambios en la forma de gastar los 3 billones de pesos del Presupuesto, pero en especial los 95 mil millones de pesos que lograron de última hora.

Y para cerrar la pinza, el PRI se dedicó en la primera quincena de diciembre a negociar el nombramiento de quién va a cuidar que esos cientos de millones de pesos que irán a parar a los estados, principalmente donde habrá elecciones, sean auditados; es decir, operó para imponer al nuevo Auditor Superior de la Federación.

Juan Manuel Portal, quien desde la llegada del saliente auditor, Arturo González de Aragón en 2001, trabajó con él, no sólo cuenta con una gran trayectoria y aplicación técnica para detectar desvío de recursos, sino que también tiene en su haber la cercanía con el priismo y, principalmente, con el coordinador del PRI, Francisco Rojas, con quien trabajó durante su paso por Petróleos Mexicanos.

Con este último movimiento, el PRI cerró su pinza en la estrategia que inició en septiembre pasado para la ubicación de legisladores de los estados donde habrá elecciones, pasando por la Comisión de Presupuesto y concluyendo con la designación del nuevo auditor Superior de la Federación.

La operación, que inició el PRI en septiembre en la Cámara de Diputados, hoy a la distancia, se puede ver que tuvo un objetivo bien trazado: ganar las 10 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, algunos congresos locales para coronarse con la joya más preciadas que perdieron en 2000: la Presidencia de la República.

*Tomado de la revista Proceso.