Las máscaras de Salinas*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, DF, 29 de septiembre (apro).- Ingenuidad o buena fe son las dos únicas cualidades que no se le pueden atribuir a las constantes apariciones de Carlos Salinas de Gortari.

Convencido que transformará las máscaras que lo inmortalizaron como un Chupacabras político para convertirlas en los rostros de un gran negociador, de un socialité (según la revista Quién ), de un salvador de la patria ante la "década perdida", de estadista y hasta padrino de bodas y de destapes a modo que puede influir sobre los destinos del país, el exmandatario reapareció en el mismo estado donde decenas de jóvenes anónimos hicieron mofa de su figura, echando mano de las mismas botargas que lo inmortalizaron como El Innombrable.

Veracruz forma parte de la nueva gira de rehabilitación pública que Salinas arrancó el 1 y 2 de agosto, cuando se placeó en plan "turístico" por Oaxaca, acompañado por el gobernador Ulises Ruiz.

En esa entidad fue a dictar una conferencia ante empresarios pertenecientes a la comunidad libanesa, a recibir alabanzas de comensales "sembrados" en el café La Parroquia y a demostrar que él sigue siendo no sólo un economista enterado, sino un factor de poder político ineludible.

Sueña con seguir ejerciendo las facultades metaconstitucionales que lo convirtieron en un presidente poderoso y temido, pero ahora desde su máscara de académico, conferencista y exmandatario que busca la reconciliación.

A Salinas no le interesa sólo hacer gala de sus buenos oficios. Los gobernadores salientes de Veracruz, Oaxaca y Puebla forman parte del corredor de mandatarios estatales que pretenden competir al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la nominación presidencial del 2012.

Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín –el "club de los feos" los llaman algunos-- forman parte de un grupo informal que rivaliza con Enrique Peña Nieto, el "guapo" y el delfín más aventajado de la nueva generación salinista que pretende recuperar el poder.

Para quien sabe leer entre líneas –y los priistas son expertos en eso--, Salinas está demostrando que puede ser juez y parte en la contienda interna del PRI, que él es el único jefe máximo que les queda –por eliminación, por exilio o por "súbito envejecimiento"-- entre los expresidentes vivos o moribundos del PRI.

Sin embargo, sus dulces palabras para apoyar el proyecto fiscal del presidente panista Felipe Calderón, más que a respaldo suenan a un recordatorio de la capacidad que tiene aún Salinas para vetar, restar o sumar votos en la Cámara de Diputados.

"Hay un esfuerzo del presidente (Calderón) al que todos, desde los distintos ámbitos que estemos, tenemos que sumar. Más que señalamientos de lo que falta, hay que sumar", afirmó en tono doctoral Salinas después de reunirse con cerca de 400 empresarios veracruzanos.

La palabra clave fue "sumar". Y Salinas sabe sumar. Con sus 32 diputados federales, Veracruz es la segunda entidad con mayor número de diputados del PRI. Sólo la supera el Estado de México, donde el "carro completo" aplicado sobre la base de mucho dinero e infomerciales en Televisa y TV Azteca, le permitieron al Grupo Atlacomulco computar 38 diputados federales.

Las otras dos entidades clave son Oaxaca y Puebla, que aportaron 11 y 16 legisladores del PRI a la bancada que coordina Francisco Rojas, un antiguo amigo y excolaborador de Salinas. Entre las cuatro entidades suman casi cien diputados federales.

Por si fuera poco, Salinas también lleva puesta la máscara de asesor informal de la Secretaría de Hacienda.

Pieza clave en la asignación de recursos presupuestarios para los estados es su concuño José Antonio González Anaya, coordinador de asesores del titular de esta dependencia, Agustín Carstens.

Este personaje tiene la "cartera" o la chequera abierta para todas aquellas entidades que ahora reclaman recursos para cubrir los faltantes provocados por la crisis económica y el despilfarro en los comicios del 2009.

Y una última máscara que siempre le queda bien a Salinas es la de revirarle a sus críticos con el "beso de la bruja". Convencido que devolverá "golpe por golpe", le declaró al periódico Milenio que le extrañaban las críticas del diputado panista Javier Corral, pues en varias ocasiones se reunió en privado con el legislador chihuahuense para recibir "apoyos".

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en la Cámara de Diputados el jueves pasado, Corral recordó las agrias acusaciones del expresidente Miguel de la Madrid en contra de su sucesor, difundidas por Carmen Aristegui en MVS.

En aquella ocasión, Salinas operó de inmediato y decretó que De la Madrid padecía ciertas lagunas mentales que le impedían entender las preguntas que le formularon los reporteros. De paso, Salinas también regañó a Aristegui por haber "abusado" de las malas condiciones de un pobre anciano.

La máscara del derecho de réplica no le queda muy bien al licenciado Salinas. El expresidente pretende silenciar e 'invisibilizar' a sus críticos –"ni los veo ni los oigo"--, a través de sus acuerdos con Televisa y TV Azteca, las dos empresas más beneficiadas durante su sexenio con concesiones, prebendas fiscales y publicidad.

Por supuesto, nadie le ha preguntado a Salinas dónde estaba él, un gran economista enemigo de los monopolios, cuando se quiso imponer la Ley Televisa en marzo de 2006.

Frente a eso, la insidia contra Corral suena más a un golpe bajo para luego recetarnos lo que siempre ha sido su respuesta ante muchos de los expedientes abiertos en su contra: "Todo es política ficción".

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

IFAI: Otra bofetada a la sociedad*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Es un hecho: La mayoría panista-priista de senadores que ratificó como procurador general de la República a un sujeto identificado como encubridor de criminales, Arturo Chávez Chávez, hará lo mismo con Sigrid Arzt y María Elena Pérez para terminar de derrumbar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Se trata de una fatalidad no sólo en su significado de inevitable, sino de desgracia social: El IFAI nació, en 2003, como resultado de una exigencia ciudadana de crear mecanismos para la rendición de cuentas mediante el acceso a la información en poder del gobierno federal, que la había conculcado hasta entonces.

Pero ya desde que se discutía la creación del IFAI en el 2002, en el marco de la confección de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se identificó a uno de los principales opositores a la apertura informativa: El coordinador de los diputados federales del PAN, que era nada menos que Felipe Calderón.

La labor de zapa que ha hecho Calderón en el IFAI está documentada desde entonces --y publicada en Proceso--, y ahora se corona con sus propuestas al Senado para reemplazar a Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán, este último sin duda el más consistente comisionado para garantizar el derecho de los mexicanos a saber.

No extraña que Calderón envíe al IFAI a Arzt y a Pérez, ambas de trayectoria y desempeño opuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas, cualidades que deberían ser inobjetables para quienes deben ser custodios de la garantía constitucional --¡constitucional!-- a saber.

Arzt encaja en la propagandística obsesión oficial de la "guerra" contra el crimen organizado: Secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, de la que fue despedida por inepta, era la única de la alta burocracia de ese ámbito que prohibió que se hiciera pública su fotografía, porque temía por su seguridad.

Más que la anécdota en sí, lo que se revela es la proclividad de esa mujer al ocultamiento de información en ese ámbito, entre ella los abusos y violaciones a los derechos humanos de la Policía Federal y el Ejército, algo que el propio Calderón ha tratado de ocultar a través del IFAI, cuyo único comisionado que se oponía era Guerrero Amparán.

En marzo de este año, en este espacio me ocupé de este afán de Calderón, quien, con la engañifa de la seguridad nacional, envió al Congreso una iniciativa de reforma legal para que jamás se pueda conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.
Tal y como lo denunció públicamente el comisionado Guerrero, el gobierno de Calderón impone una política de cerrazón semejante a la de George W. Bush en Estados Unidos, a raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001:

"¿Qué ganó Bush con eso? Nada sustancial. La cerrazón no fortaleció sus esquemas de seguridad. Prueba de ello es que su sucesor, Barack Obama, decidió abrir los archivos en cuanto entró a la Casa Blanca. La transparencia no merma la seguridad nacional."
Pero la cerrazón de Calderón puede acreditarse también cuantitativamente: El rechazo a solicitudes de información se ha disparado: En 2007, su primer año de gestión, 4 mil 222 solicitudes ciudadanas no tuvieron respuesta, pero para el 2008 la cifra se duplicó: 8 mil 208.

Por eso Calderón propone, también como comisionada, a María Elena Pérez Zermeño, una mujer harto conocida en el mundillo priista como publirrelacionista y que, repentinamente, se transformó en experta en acceso a la información y en combativa activista en defensa de este derecho.

Allegada a Elba Esther Gordillo y a sus amanuenses en la prensa, a menudo afines a Calderón, Pérez engatusó a Ernesto Villanueva, uno de los autores de la Ley Federal de Transparencia, para que se volviera su impulsor a la Comisión de Transparencia del Distrito Federal, y lo logró.

Astuta, se volvió heroína del PAN y de toda la derecha al enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador, no en una defensa auténtica del derecho de los capitalinos a someter a escrutinio a su gobierno, sino en realidad a defender sus jugosos emolumentos de que disfrutó como comisionada ciudadana, cargo que ostentó hasta julio de este año.

Pero esta mujer ni siquiera se llama como dice llamarse: Se presenta como María Elena Pérez-Jaen Zermeño --así ha cobrado como alta burócrata en el Distrito Federal y así se propone hacerlo en el IFAI--, pero en realidad se llama María Elena Pérez Zermeño.

Fue la revista que dirige Villanueva, Transparencia y Corrupción, la que exhibió el nombre de paja de Pérez, quien por ello inclusive enfrenta, en el ámbito penal, una denuncia por la probable comisión de los delitos de colusión de servidores públicos, uso indebido de documentación oficial y usurpación de funciones, y en el ámbito administrativo se cuestiona su probidad y honradez.

Para sostener que se llama como dice llamarse, Pérez no exhibe la constancia de un juicio para cambiar su nombre, sino sólo un acta notarial de uno de sus afectos, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga.

Arzt, quien se inscribe netamente en la facción de Calderón, cuenta con todo el apoyo de los senadores del PAN, y Pérez, más bien de establo priista, es muy amiga de Manlio Fabio Beltrones, coordinador priista.

Así, en el dando y dando de la mercadería política, la expresión más grotesca de la involución en curso, las dos quedarán firmes al no ser objetadas en el plazo de un mes y, en un caso semejante al de Chávez Chávez, se dará cumplimiento al adagio de que a los santos los santifican, a los beatos los santifican y a las ratas las ratifican…

Apuntes

En este espacio se anticipó que Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos quedarían impunes y se quedarían con las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. No se requiere ser pitoniso, sino sólo tener sentido común y apreciar lo evidente: La corrupción inaudita de instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados de la Sala Superior prefirieron no sumar otra raya al tigre y dejaron el trabajo sucio a los de la Sala Regional. Pero se sentó un precedente terrible con la resolución de Sodi: Al no contabilizarse como propaganda la "entrevista" transmitida durante el partido de futbol Puebla-Pumas, el 23 de mayo –con lo cual no se rebasa el tope de campaña--, el TEPJF abrió la puerta para que partidos y candidatos gasten lo que sea sin posibilidad de sanción… Por cierto, Sodi fue uno de los más feroces detractores de la construcción de los segundos pisos del Periférico en la Ciudad de México, y hoy guarda silencio ante la obra análoga en el Estado de México, como lo hace también la jauría que imitó a este saltibanqui que no tarda en irse al Partido Verde. Está en su naturaleza...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Ya tiene su propio ejército...*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

CARLOS ACOSTA Y JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Si bien condicionó los programas sociales a la aprobación del impuesto de 2% generalizado al consumo, el presidente Felipe Calderón no escatimó recursos a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular, Genaro García Luna, concentra cada vez más dinero, hombres y poder. Un análisis del proyecto de presupuesto para 2010 revela que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad permanecen como pilares de la actual administración y que no variará la estrategia basada en el despliegue policiaco y militar.
En su proyecto de presupuesto para 2010 Felipe Calderón va por más efectivos para su “guerra” contra el narcotráfico: pretende incorporar a 12 mil 347 hombres en las corporaciones de seguridad e inteligencia, cifra que supera al recorte de personal que prevé con la desaparición de tres secretarías de Estado.

Más de la mitad de esos refuerzos son para su más estrecho colaborador, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien en tres años Calderón ha convertido en el hombre fuerte del gabinete de seguridad y a quien ya dotó de más de 40 mil efectivos.
Los 10 mil despidos que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, adelantó el lunes 14 por la anunciada desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, le serán útiles a Calderón para su discurso de austeridad.

Pero en realidad su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 prevé la creación de más plazas. Sólo que éstas serán para las áreas que han marcado a su administración: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De las 12 mil 347 nuevas plazas, más de la mitad –6 mil 804– serán para García Luna, quien las deberá distribuir entre la Policía Federal (PF) y el Servicio de Protección Federal, un nuevo órgano policial creado por Calderón en diciembre de 2008.

Concebido como órgano desconcentrado de la SSP, y con autonomía técnica y operativa, el Servicio de Protección Federal se dedicará a vender vigilancia a las instalaciones de los tres poderes del Estado, pero al mismo tiempo hará funciones de inteligencia y seguridad en todo el país.

Este nuevo cuerpo policial, cuyo titular tendrá el cargo de comisionado y será designado por Calderón a propuesta de García Luna, es el principal beneficiado en el proyecto de presupuesto, pues se le autorizan 4 mil 932 elementos.

Con excepción de los operativos en estados o municipios, el Servicio de Protección Federal podrá cobrar por los servicios de custodia, vigilancia y seguridad que proporcione a dependencias, entidades administrativas federales, órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos, según se establece en su decreto de creación firmado por Calderón el 9 de diciembre de 2008.
Además, en caso de que se apruebe la propuesta, García Luna podrá disponer de mil 872 nuevos efectivos para la PF. Con los 38 mil 340 policías que tiene ahora, está previsto que la SSP llegue el próximo año a 45 mil 344 elementos, igualando el número de efectivos que la Sedena recambia cada mes para los operativos contra el narcotráfico.

Armados y consentidos

“Será un presupuesto para la coerción”, ya que implica recortes en diversos rubros para asignarle más recursos al Ejército y las policías, aseguran Alfonso Suárez del Real y Victoria Livia Unzueta, exdiputado federal y exasesora de la comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, encargados en el PRD de analizar la propuesta presupuestaria de Calderón en materia de seguridad.

Según lo previsto por Calderón, después de la SSP, la Sedena es la segunda dependencia más beneficiada, al autorizarle 3 mil 658 plazas. Le siguen la Semar, con mil 332 nuevos elementos, y el Cisen con 553.

El presupuesto total de esas dependencias para el próximo año sólo se incrementa en 377 millones de dólares respecto de los 85 mil 60 millones de este año. Eso significa que la contratación de los nuevos efectivos se hará a costa de fuertes recortes administrativos.
Por eso, ese proyecto de presupuesto es la máxima expresión de la cercanía que mantiene con Felipe Calderón el secretario Genaro García Luna, quien en su comparecencia del jueves pasado en la Cámara de Diputados fue severamente cuestionado por el PRI y el PRD.

Si bien de esas dependencias la Sedena es la que cuenta con los mayores recursos –42 mil 531 millones de pesos–, la SSP es la que más se ha fortalecido política y financieramente durante el actual sexenio, ya que está muy por encima de la Procuraduría General de la República (con 12 mil 91 millones) y de la Semar (15 mil 888 millones).

En 2007, la SSP tuvo un presupuesto de 19 mil 712 millones de pesos. Pero en vista de que el narcotráfico y en general la delincuencia organizada hicieron ver pequeños los operativos anticrimen, en 2008 el presupuesto de la dependencia registró un espectacular brinco a 30 mil 956 millones de pesos, un aumento de 11 mil 244 millones, es decir, 57% más.
Para este año, desatada la crisis internacional que empezó a mermar las principales fuentes de ingresos públicos, se le aprobaron a la SSP 31 mil 918 millones de pesos, un aumento de mil 961 millones de pesos (6.3%).

En 2010, como todas las dependencias, la SSP acusará recibo del colapso de los ingresos públicos y del derrumbe de la economía nacional: su presupuesto será menor en 3.4% respecto del que recibió en 2009, para quedar en 31 mil 803 millones de pesos.
Sin embargo, aun cuando el próximo año su dependencia sufrirá un recorte de mil 114 millones 100 mil pesos, García Luna podrá disponer no sólo de 6 mil 804 plazas más, sino también de importantes recursos en áreas clave para su desempeño y que confirman las prioridades de Calderón.

En particular, el mayor beneficio dentro de la SSP ha sido para la Policía Federal, la principal apuesta de García Luna. Antes conocida como Policía Federal Preventiva, la PF seguirá ocupando el primer lugar del gasto en esa secretaría, pues se prevé destinarle el próximo año 15 mil 985 millones de pesos (50.3% de lo asignado a la dependencia), que constituyen un aumento de 737 millones (4.8%) respecto de 2009.

Esos recursos servirán para sufragar mil 872 nuevas plazas que, sumadas a las ya existentes, en 2010 ascenderían a 40 mil 212 plazas en la PF. Es decir, la PF ocupará casi 72% de los 56 mil 53 puestos totales de la SSP, sin contar con los 4 mil 932 efectivos del Servicio de Protección Federal.

Sumado el presupuesto de la PF con los mil 479 millones de pesos previstos para el nuevo cuerpo policial –cuyo reglamento interno se publicó el martes 1–, se llega a 17 mil 464 millones de pesos; lo cual quiere decir que 55% del presupuesto total de la SSP será para sus órganos operativos, es decir, para la movilización de efectivos.

Con el trato preferencial de Calderón, la SSP es la dependencia que más cuesta por cada plaza. Según el análisis de Suárez del Real y Unzueta, considerando los 45 mil 344 elementos de la PF, el costo por cada uno será de 386 mil 849 pesos. En el caso de la Sedena, tomando en cuenta a todo su personal, el mismo costo es de 205 mil 603, y en la Semar –con 57 mil 656 plazas– es de 275 mil 548 pesos.

En el caso de la Sedena, aunque el número de sus plazas se ha incrementado en menor proporción, para el próximo año se espera que siga creciendo: de las 203 mil 203 de este año, según lo previsto por Calderón pasará a 206 mil 861.

El proyecto de presupuesto considera un aumento de 9.75% para la operación del Ejército, aunque para la Fuerza Aérea se propone una disminución de 3%. De las 12 regiones militares, la que tendrá el mayor incremento es la XII, que abarca Querétaro, Guanajuato y Michoacán, estado natal de Calderón y asiento de La Familia. Esa región tendrá 28.13% más de recursos.

Le sigue la VIII Región Militar, que comprende el sur de Veracruz y el estado de Oaxaca. Ahí el aumento será de 13.90%. Casi en la misma proporción (13.82%) será para la IX Región, en Guerrero.

El discurso oficial sobre la equidad de género en las Fuerzas Armadas Mexicanas se traducirá, en el caso del Ejército, en 200 millones de pesos para el programa de capacitación y sensibilización para efectivos en el tema. Una cantidad similar, 221 millones, se destinará al programa de becas para los hijos de militares en activo que cursen el bachillerato o la universidad, con lo que Calderón busca granjearse el apoyo castrense.
En cambio, se le destinan menos recursos (36 millones 525 mil pesos) al programa de derechos humanos, pese a que en ese rubro está uno de los puntos más vulnerables de la campaña antinarco de Calderón, toda vez que el número de quejas contra el Ejército se ha sextuplicado en este sexenio.

La Marina tampoco se queda atrás en el reforzamiento de su capacidad operativa, pues en el proyecto de presupuesto es una de las pocas instancias de gobierno que recibe un aumento, además de que tendrá el más sustancial: de 16.82%. Es decir, de los 7 mil 800 millones de pesos de este año, subirá a 9 mil 107 millones, lo que le permitirá pasar de 56 mil 324 plazas de este año a 57 mil 656 en 2010.

Otra expresión del fortalecimiento de las capacidades operativas del gobierno de Calderón en materia de seguridad y justicia es el aumento de 17.38% en el presupuesto de la Policía Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación) de la PGR, que pasará de mil 506 millones de pesos a mil 769 millones.

En el caso del Cisen hay una disminución de 6.37%, pues de los 2 mil 380 millones de pesos de este año se le reducirán 151 millones. Sin embargo, el impacto será menor si se considera que este año tuvo un aumento de 92% respecto de 2008. Incluso, para 2010 se considera otorgarle 533 nuevas plazas, con las que llegaría a 3 mil 360.

Policía blindada... ante la crisis

En la SSP, la recomposición del gasto servirá también para aumentarles el sueldo a sus empleados y, sobre todo, a los funcionarios, aunque sea una “pizcachita” de casi 10%. Pero, en pesos, ese porcentaje significará algo totalmente distinto para cada nivel de mando. Según el sapo será la pedrada.

Por ejemplo, para el titular de la Policía Federal, que ahora recibe un sueldo de 3 millones 47 mil 603 pesos al año con todo y prestaciones, el aumento será de casi 293 mil pesos, con lo que el año próximo ganará 3 millones 340 mil 260. Al mes: 278 mil 355 pesos.
El sueldo del comisario general de la PF será, inclusive, mayor que el del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 66 mil 667 pesos al año, y mayor también que el de Calderón, en 15 mil 441 pesos anuales.

Pero para los policías de más bajo rango, que ahora ganan 165 mil 289 pesos al año, el aumento será de poquito menos de 20 mil pesos, con lo que percibirán 185 mil 15 pesos. Al mes: 15 mil 418 pesos, ya con todas las prestaciones.

En el segundo lugar dentro del presupuesto total de la SSP seguirá estando el área de Prevención y Readaptación Social, aunque con una reducción presupuestal de 6.2%, pues pasará de 6 mil 781 millones de este año a 6 mil 359 millones en 2010, lo que implica una baja de 423 millones.

El gasto propuesto para Prevención y Readaptación Social ocupa 20% del presupuesto de la SSP. Se propone otorgarle al área 722 plazas nuevas, con las que tendría un total de 6 mil 920.

Le sigue el cuestionado Sistema Nacional de Seguridad Pública –que para poco ha servido, pues en lo que va de la actual administración panista han ocurrido 14 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada– con un presupuesto de 4 mil 960 millones, apenas superior en 1% al de este año, y que constituye 15.6% del presupuesto total de la secretaría.

Donde sí habrá un tijeretazo implacable, dentro de la SPP, es en el área administrativa, sobre todo en el sector central. La Oficialía Mayor y sus direcciones generales, salvo la de Programación, Organización y Presupuesto, serán las más afectadas.

En general, la Oficialía Mayor sufre de un recorte de 62%, pues de un presupuesto aprobado para 2009 de 4 mil 140 millones de pesos, pasará en 2010 a mil 571 millones, es decir, 2 mil 569 millones de pesos menos. Este año el presupuesto de la Oficialía Mayor significó 12.6% del presupuesto total de la SSP, mientras que para 2010 representará apenas 4.9%.

A casi todas las áreas de la Oficialía les irá como en feria: la Dirección General de Obras Públicas y Servicios tendrá un presupuesto menor en 84.6%, pues pasa de 403.6 millones a 62 millones; la de Recursos Materiales y Servicios perderá casi 80%, al pasar de 547.5 millones a 111.4 millones; la de Sistemas Administrativos tendrá un presupuesto 64.1% más bajo, ya que pasa de 223 millones a 80.1 millones.

La dirección general de Recursos Humanos, con todo y que sigue teniendo el presupuesto más alto de la Oficialía Mayor, perderá 57.3%, pues de 2 mil 865 millones bajará a mil 222 millones 280 mil pesos; es decir, mil 643 millones menos.

Sólo la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto tendrá un presupuesto mayor, pero apenas en 1.3%: de 39.9 millones de pesos ascenderá a 40.3 millones.

El gobierno federal no se animó a meter en serio la tijera en Comunicación Social de la SSP, dedicada a la propaganda de sus supuestos éxitos en la “guerra” contra el narcotráfico. La dirección general respectiva tendrá un presupuesto de 85 millones 893 mil 500 pesos, una disminución de sólo 1 millón 314 mil pesos, 1.5%, respecto de este año.

A cambio de todos esos recortes, el presupuesto de la SSP se verá compensado en parte con un importante aumento en la Coordinación General de la Plataforma México, el sistema de telecomunicaciones e información que integra todas las bases de datos de seguridad pública y que enlaza a todas las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, de todos los niveles de gobierno.

Según la SSP, la Plataforma México cuenta con más de 300 millones de registros, incluidas estadísticas, mapas delictivos, fichas criminales y toda una gama de productos de inteligencia policial. El presupuesto previsto para este organismo es de 605 millones 670 mil 500 pesos, casi 300 millones más, lo que implica un aumento de 98.1% respecto del aprobado para este año.

Al analizar esas cifras, Suárez del Real y Unzueta llegaron a la conclusión de que el proyecto presupuestal de Calderón pretende “fortalecer un Estado policial en México, bajo el falaz argumento de una guerra contra el narcotráfico”.

*Tomado de la revista Proceso.

Congreso cómplice*

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 25 de septiembre (Apro).- La ratificación en el Senado de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República y la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mostraron cuán lejos se encuentra el Congreso mexicano de equilibrar los abusos del Poder Ejecutivo.

Si con su propuesta para la Procuraduría General de la República (PGR) Felipe Calderón reafirmó su desprecio por los derechos humanos, al confirmar a Chávez con los votos del PAN, el PRI y el PVEM, el Senado sencillamente abdicó.

Lo que era una oportunidad para reivindicar una de las funciones esenciales del Congreso en una democracia –el equilibrio de poderes– se convirtió en otra clara expresión del ya largo entendimiento de los dos partidos mayoritarios que impide el desarrollo democrático de México.

Colocado por ahora en la antesala de lo que podría ser su retorno a la presidencia de la República, el PRI optó por la complicidad, la comodidad y la desfachatez para seguir pavimentando ese camino.

El senador por el estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam tuvo el despropósito de asegurar que la ratificación de Chávez –nacional e internacionalmente cuestionado por su desempeño como procurador de Chihuahua en el caso del masivo asesinato de mujeres en Ciudad Juárez– era si no responsabilidad de Calderón, sí caía en su ámbito de actuación.

El desempeño de Chávez Chávez está en manos de Calderón, dijo en nombre del PRI. Claro que así es, pero por lo mismo el Senado estaba obligado a hacer una verdadera revisión de la actuación de la PGR y por ende del Ejecutivo.

Pero no se puede pedir más a ese partido. No puede ni sabe actuar de otra manera. Tener un procurador a modo del titular del Ejecutivo está en su esencia de presidencialismo dominante, avasallador de los otros poderes.

Subsecretario de Gobernación cuando ésta aún manejaba los asuntos de seguridad del país, Murillo Karam sabe que Chávez será un procurador de consigna, sin autoridad política y menos moral.

Pero con el ánimo rijoso del "presidente valiente", el PRI tendría que cuidarse; salvo que la ratificación se haya convertido en un seguro para los priistas que ejercen funciones de gobierno.

Por ahora, media docena de alcaldes priistas de Michoacán están encarcelados por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada. ¿Hasta ahí va a llegar Calderón tras la ratificación de Chávez?

El mismo jueves 24, y a la misma hora, la Cámara de Diputados también renunció a otra función esencial de la democracia: la rendición de cuentas.

La comparencia de García Luna –uno de los hombres más polémicos del calderonato–sirvió para la descalificación y los reproches entre el PRI y el PAN, no para evaluar en serio el desempeño de García Luna y su equipo, que en su afán de espectacularidad han sido capaces de dar versiones de hechos que la población no cree.

Cualquier congreso democrático ya habría puesto un alto a historias mediáticas de supuestos intentos de magnicidios, de secuestros, terroristas y cuanta calamidad que la Secretaría de Seguridad Pública dice que ha controlado.

García Luna sólo padeció la descalificación, principalmente de los diputados del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña. Nada tuvo que explicar sobre los abusos de su Policía Federal en todo el país, de la corrupción institucional o del enorme poder que le ha dado Calderón al crearle prácticamente su propio ejército de prácticamente 40 mil hombres.

Rendición de cuentas y equilibrio de poderes son dos condiciones básicas de la democracia. Ni el Ejecutivo ni el Congreso mexicanos saben que es eso.

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

*Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ Alerta: Juanito corre un grave peligro

Jaime Avilés

Josmar Flores, acusado de intentar secuestrar un avión que llegó a la ciudad de México procedente de Cancún el pasado 9 de septiembre, al momento de su captura en el aeropuerto capitalinoFoto Reuters
Todo empieza a encajar dentro de un esquema bien claro: el falso pero muy publicitado secuestro de un avión de Aeroméxico a cargo de un fanático predictor de sismos; la balacera en el Metro capitalino protagonizada por un enemigo del calentamiento global; los minibombazos contra sucursales bancarias de esta gran ciudad, reivindicados ayer por una tal Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra, Animal y Humana” (sic).

¿Los ecologistas se levantaron en armas? No: son actores de reparto que forman parte de un plan más complejo. Este incluye el cateo de la Marina a una oficina de Polanco, el nombramiento de un procurador analfabeta y sin escrúpulos, que llega con las manos ensangrentadas a cumplir la encomienda de encarcelar a los adversarios del pelele; el paquete económico de Carstens, que es una bomba de tiempo; la deliberada disminución de la producción petrolera, que es un chantaje para reintentar la privatización de Pemex; el fracaso de la dizque guerra “contra” el narcotráfico, para mantener al Ejército fuera de los cuarteles; el sabotaje del “gobierno” de Calderón contra el de Marcelo Ebrard mediante el recorte de recursos para obras estratégicas, más la inminente imposición de Demetrio Sodi por los delincuentes del tribunal electoral federal en Miguel Hidalgo, más Juanito, para desestabilizar al Distrito Federal y aplicarnos la mano durísima.

¿Cómo se arma este rompecabezas? Con calma. En Youtube hay un montón de videos relacionados con la palabra Josmar –nombre artístico del “secuestrador” del avión–, los cuales demuestran que se trata de un gatillero, acaso perteneciente al grupo paramilitar evangelista Soldados de la Paz, que el Ejército formó en Chiapas contra los zapatistas. Lo que Josmar hizo fue dar un golpe de teatro para que los medios incorporaran el vocablo “terrorismo” al lenguaje cotidiano. A ese propósito responde también la nueva invención de Genaro García Luna denominada “Alianza Subversiva...”. Y si algo vincula a Josmar con el asesino del Metro es el aplomo que ambos mostraron cuando los detuvo la policía, como si tuvieran padrinos muy picudos.

Calderón está sembrando pretextos para justificar la presencia cada vez mayor de la Policía Federal, el Ejército e incluso la Marina en las calles de la ciudad de México. Si se valió del narcotráfico para militarizar grandes extensiones del país, ahora usa esta ridícula “insurrección” ecologista para militarizar el DF, preparando de tal suerte los mecanismos de contención del estallido social que provocará –en complicidad con el PRI– su absurdo paquete económico, cuyas medidas más criminales, como el impuesto de 2 por ciento a todo, “llegaron para quedarse”, según Carstens, porque “se nos acabó el petróleo”, debido seguramente a la terquedad de López Obrador y del pueblo mexicano que el año pasado impidió la privatización de Pemex. ¿Conque muy nacionalistas y patriotas, mis chavos? Pues ahora se joden, es lo que tratan de decirnos.

Quitarle dinero a la construcción de la línea 12 del Metro para que se pierdan más empleos es una forma de debilitar a Ebrard y promover la miseria y la violencia; imponer a Sodi en la delegación Miguel Hidalgo es garantía de un enfrentamiento permanente entre el jefe de gobierno y ese representante de la escoria política que cobrará las mordidas en Polanco. Reventar la gobernabilidad de Iztapalapa mediante Juanito es abrirle otro flanco a Ebrard y poner a la defensiva al movimiento que encabeza López Obrador, para que llegue debilitado a la batalla contra el paquete económico. Todo encaja, ¿no es cierto?

Una reciente encuesta publicada por la BBC de Londres, y efectuada en México por Global Scan entre personas que tienen agua, luz y teléfono en casa, muestra que 61 por ciento de los consultados (gente de clase media) está “muy insatisfecha” con Calderón, 27 por ciento “algo insatisfecha”, 6 por ciento “algo satisfecha” y 3 por ciento “muy satisfecha”. En otras palabras, de cada 100 clasemedieros mexicanos, 88 reprueban al dizque “gobernante”. El sondeo está en http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/pdfs/14_09_09economicsrelease.pdf.
Calderón ha perdido todas las batallas: contra el narcotráfico, la inseguridad, la miseria, el desempleo, la inflación, la deuda externa, la influenza, el papiloma humano, el catarrito, etcétera, y por supuesto contra el movimiento de López Obrador, pero aún puede legarnos una dictadura militar como último recurso para conservar intactos los privilegios de la oligarquía (las 100 grandes empresas que no pagan impuestos) y de la alta burocracia (que cobra sueldos faraónicos por servirla) y que, en resumidas cuentas, como bien lo dijo el pasado lunes Noam Chomsky en la Sala Nezahualcóyotl, son, oligarquía y burocracia, los dos componentes de la “mafia” que se ha apoderado de nuestro país (mafia, no está de más recordarlo, que ya había llamado así, con esas cinco letras, hace algunos meses, López Obrador).

¿El paquete económico de Carstens es una trampa para desatar la violencia entre el pueblo –ésta comenzaría, quizá, con el saqueo masivo de supermercados a causa del hambre– e imponer de inmediato el estado de excepción? Como dijo Descartes, no lo descartes. Hemos alcanzado cifras récord de desempleo. No obstante, Carstens propone que todo cueste más. Como la gente ya casi no tiene dinero, consumirá menos; al vender menos, más tiendas y más fábricas cerrarán y despedirán más trabajadores; por lo tanto, las actividades económicas disminuirán más aún, con lo que –ya lo dijo Merrill Lynch– se agudizará la recesión y con ella todos sus derivados: las enfermedades, la pobreza, la tristeza, los suicidios, el alcoholismo, la drogadicción, los robos, los secuestros, la población encarcelada, la desesperación colectiva y final e inevitablemente el estallido social, que tal vez, pero sólo tal vez (a la mejor no) sofocarán las fuerzas del “orden”.

Dicho de otro modo, más de 100 millones de mexicanos estamos a punto de sufrir un asalto a mano armada por un pequeño grupo de ricachones, que no pagan impuestos, y de cortesanos corruptos que no quieren bajarse los sueldos. Si unos y otros así lo hicieran, como lo propone López Obrador, Hacienda obtendría 500 mil millones de pesos (mdp) para tapar el hoyo fiscal y aún contaría con 150 mil mdp para reactivar a las pequeñas y medianas empresas, que generan ocho de cada 10 empleos en el país.

Antenoche tuve la fortuna de ver La vida loca, el extraordinario documental de Christian Poveda sobre la Mara 18, en que el gran fotógrafo francoespañol, recién asesinado, retrató la vida (y la muerte) cotidiana de una pandilla de San Salvador, en un barrio marginal idéntico a muchas colonias de Iztapalapa, donde las casas parecen jaulas, con barrotes en todas las puertas y ventanas. A lo largo de la proyección, no pude dejar de pensar en Juanito, en el grave peligro que está corriendo al haberse puesto en manos de quienes lo inflaron como globo para pincharlo cuando mejor les convenga.

Una de las funciones esenciales del periodismo es la prevención. Esta columna siente el imperativo moral de advertir que Juanito puede ser eliminado por la mafia que le vendó los ojos con trajes Armani, camionetas Durango y promesas de dinero y poder. Si esto ocurriera, el régimen desataría (¡al fin!) una implacable persecución policiaca contra López Obrador. Juanito puede convertirse en un héroe del pueblo o en un chivo propiciatorio para la represión. Él sabrá lo que hace, pero ojalá recuerde que El Pípila no cobró un centavo por cargar la piedra hasta la puerta de la Alhóndiga, que el maquinista de Nacozari tampoco pidió dinero por salvar a tantos inocentes de la explosión del tren, y que los niños conscriptos no firmaron un contrato vergonzante con Televisa para defender el castillo de Chapultepec. El lugar de Juanito está entre su gente. Si cumple su promesa será indestructible.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El boquete*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

Felipe Calderón ha abdicado de su voluntad de gobernar y está quedando en su tercer año de gobierno como una figura (poco) decorativa, pero tras el desbarajuste del gobierno actual los grandes intereses oligárquicos están más agresivos que nunca.

1. El fracaso histórico de Felipe Calderón al tercer año del gobierno que asumió ilegal e ilegítimamente en 2006 no significa que los grupos mafiosos que lo impusieron en la silla presidencial estén cediendo ni un ápice en su intento de continuar usufructuando el poder ni que las fuerzas trasnacionales que los respaldan hayan abandonado en nada la imposición del proyecto monetarista, que supone el pleno desmantelamiento de la nación, por lo que la tensión social sigue creciendo en México.

2. La funcionalidad del gobierno de Calderón y de sus amigos incondicionales es nula, pero la oligarquía dominante le ha impuesto algunos ajustes al equipo formal del gobierno y a través del PRI y de los demás partidos –incluyendo un sector del PRD– está lanzando una nueva ofensiva contra los intereses populares al inicio de los trabajos de la 61 Legislatura en la Cámara de Diputados, que supone la aprobación de lo que ya se llama el “paquetazo económico” de 2009 y amenaza con nuevas contrarreformas constitucionales y legales tendientes a continuar suprimiendo el Estado de bienestar social y, como si no fuera suficiente, a una regresión política inaudita para instituir, entre otras aberraciones, la relección inmediata de diputados y senadores.

3. El desastre al que ha llevado a nuestro país la imposición de manera desquiciada del modelo trasnacional en los últimos 30 años se ha agravado notablemente durante la gestión panista, tanto por su ineptitud y su ausencia de una visión nacional como por sus desviaciones y corrupción, y en especial durante la desastrosa administración de facto de Calderón, quien ha terminado por reconocer la existencia de lo que llama “un boquete” en las finanzas públicas, que asciende a 300 mil millones de pesos, la crisis nacional ha adquirido rasgos sin precedente, situación ante la cual los panistas espurios no atinan más que a tratar de hacer pagar a la mayoría de los mexicanos el costo de su fracaso.

4. Tras dos semanas de matraqueo propagandístico en que el gobernante espurio ha pretendido como una burla al pueblo de México que su propuesta de gravar el consumo general con una tasa de 2 por ciento beneficiaría a la mayoría del pueblo empobrecido, el encono popular ha crecido enormemente sin que quienes gobiernan parezcan darse cuenta. La ausencia de una propuesta de reforma tributaria que suponga terminar con un régimen que se sustenta en una serie de privilegios inauditos para las grandes corporaciones incluso le fue señalado a Calderón por Merril Lynch, una de las más poderosas firmas financieras del planeta, de la que él esperaba ansioso su respaldo, durante su fallida presentación del miércoles 23 en Nueva York, pero el riesgo para los mexicanos de que la “clase política” les siga haciendo pagar el costo de sus políticas de corrupción sigue siendo muy grande.

5. En el actual esquema de ejercicio del poder, el PRI (bajo la férula de Carlos Salinas de Gortari) tiene la posibilidad de modificar en el ámbito legislativo las iniciativas de Calderón, pero sin que quienes mandan en ese partido tengan una propuesta para el país radicalmente distinta de la de sus socios panistas, por lo que las decisiones que son fundamentales para la nación se han vuelto mucho más que en el pasado motivo de mercadeo para la dupla PRI-PAN, que se reparte el aparato estatal y los nombramientos como los sitiales en el Consejo General del IFE, buscando sólo eludir los costos de las decisiones. Las designaciones de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia y de presidentes de las comisiones de derechos humanos o la ratificación del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) se están haciendo con esa lógica, y lo mismo va a acontecer en materia impositiva.
6. Es cierto que las reformas al inepto gabinete calderonista no se han hecho sino para dar más espacio a otras fuerzas panistas, conforme demanda Luis H. Álvarez, entre otros viejos panistas, al hacer entrar al yunquista Luis Felipe Bravo a la secretaría particular y a dos empleados de Diego Fernández de Cevallos a puestos claves: Fernando Gómez Mont, en Bucareli, y el nefasto Arturo Chávez Chávez a la PGR –ratificado ayer por el Senado–, lo que deja a Calderón con un poder de mando cada vez más exiguo, pero esto, que es un pago de cuotas que evidencia la descomposición del gobierno y ofende al pueblo mexicano, está haciendo más crítica la situación.

7. Los actos son tan graves como las omisiones y el PRI es sin duda alguna corresponsable de todas las decisiones de este sexenio, incluyendo el “baño de sangre” con el que Calderón ha buscado legitimarse y que le recordaron agrupaciones civiles en la ratificación de Chávez Chávez.

8. La “reforma fiscal” de 2009 va a ser una contrarreforma, ya pactada en lo general por Salinas y el PAN, a la que los diputados priístas están dando forma con profundo desprecio del pueblo mexicano al que le pretenden endosar, como siempre, la factura del “boquete”, menospreciando el hecho de que las cargas fiscales han sido un detonador de grandes movimientos sociales. Desconocen que la independencia de Estados Unidos fue una respuesta de las 13 colonias a las nuevas cargas impositivas de la corona británica y que la revolución francesa estalló en 1789 luego de que Luis XVI acatara el consejo de su ministro de Finanzas Necker de convocar a los Estados Generales para votar un alza de impuestos, con los que pretendía precisamente llenar “el boquete” abierto al tesoro francés por los dispendios de María Antonieta y las políticas antipopulares del monarca.

9. No sorprende que en el contexto de este mercadeo entre panistas y priístas el senador priísta Manlio Fabio Beltrones esté exigiendo a Calderón una enésima “contrarreforma política”, que anunció en una conferencia el miércoles 23, uno de cuyos puntos centrales es la relección inmediata de los legisladores, vieja demanda del priísmo más corrupto y de los organismos financieros internacionales ansiosos de tener un Poder Legislativo profesionalizado y sumiso.

10. La situación general es crítica en extremo y siguiendo los manuales neoliberales del Banco Mundial, la “clase política” de México pretende aprovechar la coyuntura para forzar las cosas ignorando su propio desastre y las consecuencias que esto trae.

*Tomado de La Jornada.

Un gobierno fallido*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

Calderón no se mide. Ahora el argumento son los pobres, pero se les quiere cobrar un impuesto extra sobre el que pagan ya por IVA; la electricidad, el gas, la gasolina, el peaje en las carreteras, etcétera, etcétera, no sólo aumentan de precio, sino también el costo de los productos que consume la mayoría de los mexicanos. Hasta los empresarios, los que no forman parte de la centena más poderosa que ha gozado de enormes rembolsos desde que el PAN gobierna, están alarmados, pues mayores impuestos no sólo los afectan directamente, sino que disminuyen la capacidad de compra de los mexicanos. Y si disminuye el mercado interno eficiente el estancamiento de la economía será todavía más largo y la inflación crecerá, sólo en el año próximo, por encima de 6 por ciento. Inflación y contracción económica es un pésimo remedio para la crisis que atraviesa el país en estos momentos. Esto está más que probado, como demuestran el crecimiento del desempleo, la pobreza y de las desigualdades sociales.

Las medidas de los panistas en el poder han hecho crecer el número de pobres, y ahora quieren que sean más pobres para darles la oportunidad de “beneficiarse” con el programa Oportunidades, que les da algo a cambio de que sigan siendo más pobres, pero no se mueran de hambre.

Si a lo anterior se suma la disminución de las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos, por la crisis en aquel país, y el número de mexicanos que han perdido su empleo allá y están de regreso buscando chamba, que no hay, la situación para miles de familias que vivían en buena medida del trabajo de sus parientes allende el Bravo es peor de lo que era.

Juan Antonio Zúñiga nos ha descrito en este diario la situación con base en la información del Inegi: la economía mexicana ha sufrido “una recesión más profunda en el primer semestre del año, que la padecida en los cuatro episodios críticos registrados a partir de 1983, durante cinco gobiernos de corte neoliberal”. Y sí, así están las cosas, pero con tal de seguir favoreciendo a los más grandes empresarios del país y el nivel de vida de los altos funcionarios de la administración pública (además de ministros de la Corte y diputados y senadores), se requiere más dinero por la vía fiscal.

Zúñiga añadió: “El Inegi documentó ayer (el lunes) que, por el lado de la demanda global, el consumo privado de los hogares se derrumbó 9.2 por ciento, mientras el del gobierno aumentó 2.3; la inversión productiva, o formación bruta de capital fijo, cayó 11.5 por ciento y la exportación de bienes y servicios se hundió 22.7 por ciento”. (Tengo la impresión de que el consumo del gobierno aumentó bastante más, pero no tengo el dato preciso.)
López Obrador, por su parte, recomienda que a la llamada clase política (de los tres poderes de la Unión) se le reduzcan los salarios y las prestaciones. Estas últimas consisten, como todos sabemos, en gastos de representación, atención médica privada, bonos especiales, fondos de ahorro, aguinaldos desproporcionados, automóviles, helicópteros y hasta aviones, choferes y guaruras, viajes por el país y al extranjero, oficinas alternas y casas de fiestas, enfermeras y nanas para sus hijos que, con sus sueldos actuales, bien podrían pagar y todavía les quedaría algo para su libreta de ahorros.

Igualmente ha sugerido que dejen de existir las partidas especiales y los privilegios fiscales injustificables en un país donde la mayoría cuenta centavos para la comida del día, cuyo precio está en pesos. AMLO ha calculado que con su propuesta se podrían generar 500 mil millones de pesos a las finanzas públicas

Solidarizarse con los pobres, como ha pedido demagógicamente Calderón, no es cargarles más la mano ni que la extiendan para recibir migajas asistenciales de Sedesol y secretarías asociadas, sino incentivar la economía y las inversiones para que aumente el empleo y la gente se gane con dignidad su sustento.

Lo que hace falta, como han dicho economistas reconocidos, es aumentarles los impuestos a quienes ganan más y disminuirlos a quienes ganan menos. La política fiscal puede servir para disminuir las desigualdades, pero también, en manos irresponsables como las de los gobiernos neoliberales, para hacerlas más notorias. Éste debería ser el llamado de Calderón a la solidaridad social con los pobres, y no hacer más ricos a los que ya lo son.

No hay visión de largo plazo ni proyecto económico para el país. Todo lo que Calderón está haciendo es tan improvisado como su guerra contra el crimen organizado. Su explicación era semejante a la que da ahora para “solidarizarse” con los pobres. Combatiendo el crimen, aumentó, y cada día estamos más inseguros en la calle y nuestra casa. Combatiendo a la pobreza, desde su muy peculiar óptica, los pobres serán más y la clase media disminuirá en capacidad económica y en número.

El clamor de Martí, con quien no tengo ninguna simpatía que no sea por la pérdida de su hijo, es válido: si no pueden, renuncien.

Creo que Calderón aún puede hacer algo por el país que no sea tan drástico como renunciar: convocar a un plebiscito nacional como el que hizo Pinochet en octubre de 1988. No lo hará, no se arriesga, como tampoco se atrevió a aceptar que se contaran los votos en 2006, pero en 2010 su partido perderá las 10 elecciones para gobernador, y los días del PAN, como partido gobernante, comenzarán su cuenta regresiva.

*Tomado de La Jornada.

Ideas cortas para una crisis grande*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

SABINA BERMAN

1.

Ya el diagnóstico del presidente Calderón se quedaba corto. Según su análisis, nuestra crisis económica tiene una causa: la crisis en Estados Unidos. Lo que podría sonar lógico: Al norte va 80% de nuestras exportaciones y del norte vienen las remesas de nuestros paisanos exiliados, nada menos que la segunda entrada de divisas del país. Pero contrastado con los números mundiales de la crisis, el diagnóstico se revela brutalmente insuficiente.
El último trimestre Estados Unidos decreció 1% mientras México decreció 10.5%. Y otras economías igual de enganchadas a la estadunidense decrecieron mucho menos que la nuestra o ya reiniciaron su crecimiento. El Salvador decreció 2%; Guatemala decreció 1%; Honduras decreció 2.5%; mientras Canadá creció ya 2.8%.

No, la crisis estadunidense sólo fue la primera ficha que hizo caer al resto del dominó de nuestra enfermedad económica. Las fichas mexicanas de ese dominó aciago son varias: el aumento de 59% del gasto de la burocracia en los últimos nueve años; el incremento, de 2007 al día de hoy, de 140% del presupuesto de las agencias de seguridad para mantener la guerra contra el narco; el espanto –por esta guerra y por la epidemia de influenza– del turismo, nuestra tercera fuente de ingresos; la sangría anual de los monopolios mexicanos trasnacionales, principalmente Telmex y Cemex, que en esta tierra se hinchan de recursos para su expansión mundial; el desplome del precio del petróleo, pero también la ausencia de aumento de la infraestructura de Pemex.

Y la pieza mayor de nuestra desgracia, que acaso resume las otras: la falta de un plan racional y ambicioso para nuestro crecimiento.

2.

Bueno, pues, ya estamos en la peor crisis económica de la historia del país, y si el diagnóstico de sus causas fue corto y brutalmente simple, la propuesta de remedio naturalmente es brutalmente simple y corta.

Una receta tan antigua y poco imaginativa como la división de las personas en las que mandan y las que obedecen. ¿Hace falta dinero?: que la población económicamente activa lo ponga para que el gobierno no sufra. Subamos impuestos por aquí y por acá y por donde se pueda a la gente productiva; recortemos un tantito el gasto de la burocracia (hagamos de tres secretarías tres subsecretarías) y reguemos algunas monedas hacia los más pobres, para que su hambre no se vuelva revolución.

Ni una sola idea para el crecimiento del país.

La simple idea que subyace en el remedio es sobrevivir en la inercia en el corto plazo. Un año o dos, hasta que la economía de Estados Unidos crezca de nuevo y, enganchados a ella, volvamos a crecer tantito, como en el pasado mediato. Con el 2.5% de crecimiento anual del foxismo está bien para este gobierno.

Es decir, si nos va extraordinariamente bien, mañana volveremos a estar igual de mediocremente que ayer. Un horizonte tan corto que dan ganas de emigrar a Honduras, para buscar un futuro más alto.

3.

¿Por qué Brasil sólo ha decrecido 1.6% este último trimestre? Principalmente porque su gobierno lleva una década abriendo para sus empresas privadas y públicas el camino de aprovechamiento de la globalización de las economías, y hoy Brasil exporta más a China e India que a su socio antaño imprescindible, Estados Unidos.

¿Y por qué Brasil creció la última década a un promedio de 5% anual, que sin ser una cifra espectacular duplica la del crecimiento de México? Por esa diversificación y aumento de sus exportaciones, pero sobre todo por un proyecto decidido y complejo que se ha sostenido a través de varios gobiernos, gracias a sus evidentes resultados y consecuente popularidad, y que incluye ideas grandes: un programa de expansión de la empresa estatal petrolera, Petrobras; un sistema de alicientes fiscales para convertir la empresa mediana en grande; un plan de educación para elevar a una generación al nivel de la competencia con los países del Primer Mundo.

Lo que México necesita ahora es lo mismo que ha estado necesitando durante los últimos tres gobiernos. Es lo mismo que necesitará en 2012 y es lo mismo que, mientras no exista, seguirá necesitando:

Un proyecto ambicioso de crecimiento.

Un proyecto que surja de un diagnóstico objetivo y amplio de la enfermedad económica que nos aqueja, y de la definición de un horizonte futuro amplio e inspirador. Un proyecto donde quepamos todos.

Esta es la mayor tristeza. Del otro lado de la caída económica no nos espera un proyecto para la bonanza. Y lo que no se piensa no se hace. Esta es la crisis intelectual que subyace en la económica: una clase política sin ideas generosas para México.

*Tomado de la revista Proceso.

Magistrados tramposos*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad en la materia, encarna los peores vicios del servicio público en México, no sólo porque con su actuación acredita que la justicia en México se compra y se vende, un mercadeo descarado, sino porque no hay consecuencias de tan corrupto proceder.

El poder judicial es, así, el poder de la impunidad.

El semanario Proceso publica, en la edición que comenzó a circular este domingo 20, una truculenta historia de corrupción, abuso de poder e ilegalidades urdida por quienes, se supone, deben garantizar la imparcialidad en la impartición de justicia y que, al contrario, sólo demuestra la corrupción de las instituciones y de quienes las integran.

No es un escándalo más de los que protagonizan los magistrados del TEPJF por sus millonarios sueldos, el sesgo de sus resoluciones ni sus componendas políticas, como la de Salvador Olimpo Nava Gomar con su amigo Jorge Hank Rhon, excandidato priista a gobernador de Baja California, que también Proceso publicó y que hizo enmudecer a ese personaje que ambiciona ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de un asunto que está ya en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia continental que puede derivar en un procedimiento contra el Estado mexicano, porque el TEPJF actuó como juez y parte en un caso que involucra a todos los magistrados, pero sobre todo a María del Carmen Alanís --quien asumió la presidencia de la institución a la renuncia "por motivos de salud" de Flavio Galván Rivera--, y a Salvador Olimpo Nava Gomar, operador clave en la trama.

En agosto de 2007, la caída de Galván se produjo en medio de un escándalo por corrupción de la que fue acusada su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, quien, supuestamente, exigió una comisión económica a la vendedora de un edificio que quería comprar el TEPJF y que resultó ser tía de Nava Gomar, quien por esa razón presentó una denuncia.

Sin embargo, según el expediente de la investigación que obtuvo Proceso, los hechos ocurrieron exactamente al revés: Fue Olga Gomar de los Ríos, tía del magistrado Nava Gomar, quien junto con su esposo, Fermín Zubiaur Carmona, pretendía los 3.5 millones de pesos de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor que tenía un precio de 12 millones 500 mil dólares.

La indagatoria de la Contraloría Interna del TEPJF concluyó que el acto de corrupción que Nava Gomar atribuyó en su denuncia a Norma Inés Aguilar León y al esposo de ésta, Octavio López Guzmán, jamás se acreditó, pero –en cambio-- se evidencia que los tíos de Nava Gomar querían quedarse con la comisión en la compraventa del edificio.

El magistrado Nava Gomar no sólo no consideró irregular que sus tíos intervinieran en un procedimiento de adquisición para la institución de la que él forma parte, sino que fungió como gestor e informante de ellos en el proceso de compraventa y en las investigaciones de la supuesta corrupción, como consta documentalmente.

Y precisamente para ocultar estas evidencias fue que, por decisión de la magistrada Alanís Figueroa --amiga íntima de Felipe Calderón y su mujer Margarita Zavala-- se clasificó como reservado el expediente hasta el año 2012 y, de manera irregular también, se amplió indefinidamente la clasificación de confidencial las fojas donde aparece información de Nava Gomar y sus tíos.

El expediente del caso, cuyas filtraciones a los medios de parte de Alanís Figueroa y Nava Gomar dieron lugar al escándalo que hizo caer a Galván Rivera, ya está en manos de la CIDH, debido a que Aguilar León fue destituida de su cargo y no encontró justicia en ninguna instancia.

Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo le negaron cualquier recurso de defensa, al considerar que las resoluciones del TEPJF son "definitivas e inatacables" en materia electoral, sino también en aquellos asuntos que tienen que ver con su administración. Es decir, las instituciones nacionales convalidan la injusticia.

Aunque al final Olga Gomar y Fermín Zubiaur no lograron el dinero que pretendían con la ayuda de su influyente sobrino, tampoco tuvieron consecuencias de sus actos, y Nava Gomar, impune también, goza del poder como magistrado mano derecha de Alanís Figueroa, quien hasta le cumple el capricho de que jamás le falte, en su mesa de trabajo, manzanas con chamoy.

En cualquier país democrático, que por definición implica la vigencia del estado de derecho, los medios de comunicación asumen, como Proceso, su deber de investigar, procesar y difundir información de interés público, como es este caso, y las instituciones proceden ante actos como los de Alanís Figueroa y Nava Gomar, que estarían sujetos a un procedimiento para su destitución y eventual enjuiciamiento.

Pero, salvo que los diputados federales asuman su deber, algo que se aprecia muy remoto, la pareja que forman Alanís Figueroa y Nava Gomar seguirá disfrutando su productiva sociedad…

Por cierto, los magistrados del TEPJF decidieron que los casos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, anuladas porque Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos rebasaron los gastos de campaña, no serán resueltos por ellos, sino por los de la Sala Regional capitalina. Esa decisión es sólo para no mancharse ellos las manos, porque el enjuague está hecho…



Apuntes

Jossmar Flores Pereira, el pacífico secuestrador del avión de Aeroméxico, y el homicida del metro Balderas, Luis Felipe Hernández Castillo, querían hablar con Calderón para, según ellos, persuadirlo a tomar medidas ante inminentes desastres naturales. La moraleja es muy clara: Se necesita estar loco o ser un fanático, para pensar que Calderón puede resolver algo. Dicho de otro modo, sólo los que están mal de la cabeza y los panistas pueden pensar que de ese sujeto puede venir algo bueno… Quienes dieron una lección de coraje y valentía para defender a los usuarios del metro capitalino fueron Esteban Cervantes Barrera, el humilde trabajador que perdió la vida al enfrentar al agresor, y el policía Víctor Manuel Miranda… Es una vergüenza el contubernio entre el PRD y el PAN para lanzar candidato común en Oaxaca, tramado por César Nava y Los Chuchos, y será peor si lo avala Andrés Manuel López Obrador.

Comentario: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

TEDF: valentía e independencia judicial*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

La decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) de anular las elecciones para jefe delegacional en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa demuestra que en materia de institucionalidad democrática no todo está perdido en el país. Contra viento y marea y bajo el constante acoso de los medios de comunicación, así como de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados locales Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint y Darío Velasco han dado un ejemplo histórico de autonomía judicial.

Los poderes del status quo ya se aprestan a esparcir el típico rumor de la participación de conspicuos actores con intereses oscuros atrás del intolerable acto de desobediencia del TEDF. En el esquema de los poderosos simplemente no cabe la posibilidad de que existan mujeres y hombres verdaderamente honestos que no transijan con la manipulación de la ley y la defraudación de la voluntad ciudadana.

Una lectura cuidadosa de las sentencias emitidas el pasado 4 y 7 de septiembre por el TEDF demuestra que los magistrados de ninguna manera actuaron por consigna, sino por un férreo compromiso con la defensa del espacio público y la equidad electoral. Con base en una serie de formalismos y tergiversaciones legales, el Partido Acción Nacional (PAN) buscó echar abajo los dictámenes del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que habían acreditado el abusivo rebase de los topes de campaña tanto de Demetrio Sodi como de Carlos Orvañanos.

El argumento más descarado del PAN ha sido su cuestionamiento de la facultad de la Unidad de Fiscalización del IEDF de investigar de manera exhaustiva las denuncias del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con el PAN, el IEDF se tendría que haber limitado a una labor puramente burocrática y pasiva de revisión de papeles en el escritorio sin buscar verificar o ampliar las pruebas presentadas por las partes. Con estos alegatos, el PAN busca revertir más de una década de desarrollo del derecho electoral en México.

Ya desde 1999, el TEPJF ha pronunciado una serie de sentencias y tesis de jurisprudencia (por ejemplo, con respecto al “principio inquisitivo” y las “pruebas indirectas”, entre otras) que indican de manera contundente que existe una obligación de los organismos electorales para investigar a fondo todas y cada una de las denuncias que reciben. De otra forma, la fiscalización de las autoridades electorales se prestaría a la simulación y los consejeros estarían indefensos ante las numerosas estrategias de evasión de la ley utilizadas por los partidos políticos.

Fue con base en estos criterios elaborados por los jueces federales que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pudo, por ejemplo, imponer sanciones históricas en el Pemexgate y Amigos de Fox. Una simple revisión “de gabinete” de documentos y expedientes nunca hubiera permitido a los consejeros dar el ejemplo de legalidad e intolerancia a la impunidad que implicó la resolución de estos dos casos.
Las reformas electorales 2007-2008 consolidaron aún más las facultades de investigación de los institutos electorales. Hoy los secretos fiscal, bancario y fiduciario ya no se aplican a las indagaciones en materia electoral. Asimismo, las autoridades cuentan con facultades mucho más amplias tanto para allegarse de información de particulares como para sancionar a los actores involucrados.

Pero nada de esto parece importarle al PAN. Con tal de quedarse con dos jugosas delegaciones políticas, el partido en el poder se atreve a cuestionar uno de los cimientos más básicos del sistema de control de la legalidad electoral en México. Afortunadamente, la mayoría de los magistrados del TEDF privilegiaron la legalidad por encima de los intereses políticos.

Con respecto a la controvertida “entrevista espontánea” que Televisa le realizó a Sodi durante el partido Pumas-Puebla, los magistrados locales también mostraron entereza, así como gran sofisticación jurídica.

La sentencia redactada por el magistrado presidente Riva Palacio demuestra que el vergonzante fallo del TEPJF de ninguna manera obligaba al TEDF a exculpar al candidato en la delegación Miguel Hidalgo. Al contrario, ante la pasividad de los magistrados federales, los locales se veían doblemente obligados a dar una muestra de intolerancia al evidente “fraude a la ley” cometido por Sodi. La sentencia del tribunal local también ofrece una cuidadosa explicación de la diferencia tanto de la litis (o disputa central) como del marco jurídico aplicable entre el caso federal y el local.

Los magistrados de la sala regional del TEPJF en el Distrito Federal harían bien en valorar la lección de independencia y autonomía ofrecida por los magistrados del TEDF. En lugar de aceptar la indigna tarea de lavar la ropa sucia de sus colegas de la sala superior, los magistrados Eduardo Arana, Roberto Martínez y Ángel Zarazúa cuentan con la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que no todos los magistrados federales son tan omisos y subordinados como sus colegas, quienes con su reciente actuación han hecho todo lo posible por vaciar de contenido la reforma electoral.

Muchas felicidades a La Jornada por sus primeros 25 años

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*Tomado de La Jornada.