Alternancia, años perdidos*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Bernardo Bátiz V.

Estamos sufriendo un fracaso histórico; los gobiernos panistas (como lo veíamos venir) han desperdiciado la gran oportunidad de rencauzar al país por el camino del orden, de la paz y de la justicia, especialmente de la justicia distributiva, que con el lema de Cambio Democrático de las Estructuras, el partido hoy en el Ejecutivo federal, mas no en el poder, anunciaba su proyecto en tiempos pasados y mejores.

Los datos objetivos se imponen con rudeza: hay una crisis económica como no se había visto en 100 años; la violencia descontrolada se extiende y se generaliza, está ya tocando con insistencia las puertas de la política; la educación pública, en manos de una dirigencia sindical descalificada, expoliadora de su propio gremio, difícilmente podría estar en una situación peor, pero la privada, que se imparte ya en buena medida en inglés, no está mucho mejor y prepara a las nuevas generaciones, por regla general, muy superficialmente, sin hondura moral y sin valores nacionalistas.

El campo y la industria están desmantelados e improductivos y la banca, que absorbe a través del Fobaproa buena parte de la renta nacional, es casi en su totalidad propiedad de extranjeros.

Sólo medran unos cuantos: por un lado, los que se han colado con o sin méritos a la burocracia de alto nivel y, salvo pocas excepciones, en el mundo empresarial prevalecen voraces especuladores que ganan fortunas inmensas sin prestar un servicio socialmente útil a la comunidad de la que forman parte.

La alternancia que se inauguró en el año 2000, después de 75 años de gobierno monopartidista y presidencia lista, ya hace una década, abrió la esperanza de cambios profundos; sin embargo, el tiempo corrió sin que veamos aún resultados positivos. Fue en aquel año el momento en que se debió demostrar que la larga y plural lucha por la democracia y por el cambio de las estructuras no fue estéril; lamentablemente, no pudieron los panistas y la ocasión quedó en el recuerdo.

Varias razones pueden explicarnos el porqué de esta oportunidad perdida: una, sin duda, fue la injerencia de los llamados poderes fácticos, que si bien eran aliados del gobierno del antiguo régimen, éste podía más o menos sofrenarlos. Quien llegó en 2000 a Los Pinos, más por el apoyo de sus amigos que por el trabajo de su partido no podía hacer lo mismo, no estaba formado ni en la doctrina ni en la disciplina de la oposición panista y, sin principios en que sostener las acciones de gobierno, sin solidez alguna personal o de equipo, como se ha dicho tantas veces, desperdició su capital político, que se desgastó demasiado pronto.
Otro factor que sin duda hay que considerar es que, salvo en la ciudad de México y en algunos localizados lugares de provincia, los que con motivo de la alternancia llegaron al poder, en lugar de aportar a la política mexicana nuevas y más sanas fórmulas de participar en esta ciencia y arte de la dirección pública, imitaron y muy frecuentemente superaron a aquellos a quienes desplazaron. Las prácticas de usar los bienes del erario con un criterio patrimonialista no fueron desterradas para el futuro ni sancionadas las del pasado; los nuevos políticos, en muchas ocasiones, resultaron peores que los anteriores.

En las filas de la oposición panista se decía, y no sin razón, que la mejor escuela de gobierno era la oposición; señalando las fallas y las corruptelas de quienes están en el poder, los aspirantes a tenerlo se curan en salud para cuando lleguen a él no cometer los mismos errores que en su tiempo señalaron con dedo flamígero.

Lamentablemente esta creencia no resultó cierta en muchos casos y a lo largo y a lo ancho del país estamos viviendo el desastre económico, social y moral que nadie puede negar, que deriva en buena medida de que más de uno de los ciudadanos recién llegados a los cargos públicos olvidó sus principios e imitó a sus predecesores. Lo peor que nos pudiera pasar es que perdiéramos la esperanza de un cambio y que nos conformáramos con el fatalismo de que estamos condenados a vivir bajo la égida de gobernantes irresponsables; la sociedad es perfectible, al igual que sus integrantes.

No es fácil, ciertamente; por ello, es necesario que la ciudadanía se organice desde abajo, que se prepare para asumir el poder, porque no es posible que sigan las cosas sin cambiar, con injusticias y arbitrariedades durante mucho más tiempo. En 2000 no todo fue inútil: el gobierno de la capital del país demostró que sí es posible gobernar con austeridad, con honradez y con eficacia. Si en este lugar y en ese momento pudimos vivir un cambio real en la política y en los políticos, no es imposible que en unos años más se pueda repetir la experiencia.

jusbbv@hotmail.com

*Tomado de La Jornada.

Calderón, en segunda fila*

Tomado de La Jornada, Hernández.

DANIEL LIZáRRAGA Y JENARO VILLAMIL

La nueva realidad política del país hizo ver al presidente Felipe Calderón cuán sometido estará en la segunda mitad de su gobierno. La desmesurada estrategia publicitaria de Los Pinos, en vísperas del tercer informe, fue aplastada por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados. La suspensión de la ceremonia, que Calderón y sus colaboradores planearon realizar en Palacio Nacional la mañana del 1 de septiembre, fue apenas una muestra del nuevo escenario político: en el futuro inmediato, el poder no va a estar en la residencia presidencial, sino en el Palacio Legislativo.

La nueva bancada del PRI en la Cámara de Diputados demostró el peso político que dejará caer sobre el gobierno federal: en tan sólo 12 horas aniquiló la estrategia mediática para el tercer informe de labores del presidente Felipe Calderón, cuyo acto principal pretendía ser un magno festejo dentro de Palacio Nacional este 1 de septiembre.

Diseñada con al menos tres meses de anticipación por un equipo de Los Pinos integrado por la Oficina de la Presidencia, el área de Imagen y Mensaje Gubernamental, así como la dirección de Comunicación Social y el Estado Mayor Presidencial, la campaña de propaganda se derrumbó de manera estrepitosa porque a alguien se le ocurrió programar el acto en Palacio Nacional a las 9:00 horas del mismo 1 de septiembre, es decir, sin que aún estuviera oficialmente instalado el Congreso de la Unión.

Ante este error, el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, contraatacó en los medios de comunicación, alegando una serie de violaciones legales constitucionales y a la Ley Orgánica del Congreso General. Los efectos de su denuncia fueron creciendo hasta hacer recular a Felipe Calderón de su intento por festejar sus tres años de gobierno en Palacio Nacional.

El desinfle

La fuerza del PRI tiene al menos tres expresiones evidentes: ocupará 230 curules de las 500 disponibles en la Cámara de Diputados, lo que obligará a Calderón a negociar con ellos cualquier iniciativa de ley; uno de sus aspirantes a jefe del Ejecutivo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, encabeza las encuestas, y su coordinador parlamentario, Francisco Rojas, goza de la confianza del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, la Presidencia de la República pareció ignorarlo y desde el pasado lunes 24 de agosto inició una intensa campaña en radio y televisión para difundir cuatro spots sobre lo que se considera en los círculos oficiales como los mayores logros de Calderón: economía, infraestructura, salud y seguridad pública.

Los Pinos echó la casa por la ventana: este año, el gobierno federal dispone de mil 800 millones de pesos para servicios de comunicación y publicidad, equivalente a todo lo que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pudo invertir en programas para combatir la pobreza en Sinaloa, por ejemplo. Aun más, esos mismos recursos representan el doble de lo ejercido por la administración de Calderón durante todo 2008 para los mismos rubros (Proceso 1704).

Actualmente existen contratos vigentes con compañías productoras especializadas en documentales y en cinematografía como Lomas Postproducción, Pop Films y Corazón Films. Según consta en contratos vigentes hasta 2010, estas empresas ganaron licitaciones para producir spots con la imagen del presidente Calderón a cuadro por alrededor de 63 millones 941 mil 980 pesos. Esta bolsa, erogada directamente por la Presidencia, es independiente de los gastos destinados a servicios de comunicación y publicidad.

No obstante, las cosas no salieron como las tenía planeadas el equipo de Los Pinos.
Entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto, un grupo de al menos 21 diputados de la próxima LXI Legislatura fue invitado formalmente por Los Pinos para asistir a la ceremonia que encabezaría Felipe Calderón a las 9:00 horas en Palacio Nacional. Las invitaciones fueron entregadas a domicilio.

En este grupo de privilegiados estuvieron Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Rojas, Beatriz Paredes, Felipe Solís Acero y Erick Rubio Bartell. Al resto de los legisladores priistas, la invitación les llegó por correo electrónico. Los mensajes fueron enviados desde la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el panista Manuel Minjares.

“Esas no son las formas”, alegó la mayoría de los diputados del PRI durante la sesión plenaria que sostuvieron la mañana del jueves 27 de agosto en San Lázaro para discutir el borrador del nuevo reglamento interno de la fracción legislativa.

En ese momento, los priistas acordaron formar una comisión para protestar ante Gobernación, integrada por el coordinador parlamentario, Francisco Rojas; el experimentado César Augusto Santiago, y Jorge Carlos Ramírez Marín, cercano a la dirigente nacional Beatriz Paredes.

Esos tres legisladores se reunieron con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la noche del jueves 27 de agosto. Durante esa charla privada, los priistas recordaron al funcionario panista que el artículo 69 de la Constitución es muy claro: en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente presentará por escrito un informe del estado que guarda la administración pública.

La comisión priista alegó, además, que la apertura de las sesiones se realizará a las 17:00 horas del 1 de septiembre, y no antes. Los futuros diputados pidieron a Gómez Mont cumplir con las leyes. La cita a las 9:00 horas en Palacio Nacional, el mismo 1 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna.

“Esas fueron las precisiones que se hicieron y lo que finalmente llevó a la Secretaría de Gobernación a ceñirse a la Constitución y a anunciar la posposición de dicho acto”, comentó Ramírez Marín, según consta en una nota informativa entregada a los diputados de su partido.

Bombardeo mediático

Ajenos a lo que acontecía en San Lázaro, habitantes de la Ciudad de México empezaron a recibir llamadas telefónicas en las que una voz –indistintamente hombre o mujer– describía los “logros” del gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad pública o infraestructura.

El bombardeo era incesante. Los spots aparecieron, al mismo tiempo, en televisión abierta, en los canales de mayor audiencia: el 2 de Televisa y el 13 de Televisión Azteca.

La Presidencia tenía meses preparándose para este momento. Para ello se apoyó no sólo en empresas profesionales en la producción de spots, sino también en otro grupo de compañías que, mediante encuestas y sondeos de opinión, trataba de establecer qué imagen tiene Calderón, así como sus puntos fuertes y debilidades.

Por ejemplo, una de las empresas más socorridas por el mandatario, De la Riva Información Estratégica, ha obtenido al menos cuatro contratos entre 2007 y 2009. De acuerdo con los registros en el Portal de Obligaciones de Transparencia, administrado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), su trabajo se ha dedicado a proyectos de test publicitarios; al reclutamiento de grupos de enfoque para analizar la imagen presidencial y, sobre todo, a la aplicación de encuestas sobre la crisis económica. El monto: 4 millones 351 mil 237 pesos.

Según los contratos, esos resultados son utilizados para la toma de decisiones y el diseño de estrategias, como el contenido de los spots en los que ha aparecido a cuadro Felipe Calderón.

Mientras los mensajes del mandatario sobre su tercer informe de labores estaban al aire, los diputados del PRI discutían qué hacer el próximo 1 de septiembre. Las opciones: no ir a la ceremonia de Palacio Nacional, formar una comisión integrada por los coordinadores estatales o que sólo asistieran los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, es decir, Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones, así como la dirigente nacional, Beatriz Paredes.

El diputado César Augusto Santiago dijo estar de acuerdo con no asistir al informe. “Por mí, que no vaya nadie”, comentó a la prensa. La mayoría de los legisladores de la bancada del Estado de México apoyó que se formara una comisión integrada por los coordinadores de los estados, pero no prosperó: varios aún no escogen a sus representantes.

En la plenaria, los legisladores cercanos a Beatriz Paredes expusieron que, si la Presidencia de la República había pospuesto el evento en Palacio Nacional, lo correcto sería que asistiera una comisión de al menos 20 legisladores cuando hubiera una nueva fecha para el festejo.

No obstante, los priistas finalmente optaron por darle un voto de confianza al coordinador, Francisco Rojas, para que decidiera junto con su homólogo del Senado, Manlio Fabio Beltrones, la participación de su bancada en el tercer informe de Gobierno.

–¿El grupo parlamentario va a asistir al informe? –se le preguntó a Francisco Rojas, al final de la plenaria del viernes.

–Al informe vamos a ir, pero al informe que se va a presentar el día 1 de septiembre a las cinco de la tarde –respondió.

Derroche

En la estrategia de marketing político de Los Pinos no estaba previsto un escenario de enfrentamiento. Tan es así, que programaron “el mensaje” de Calderón en Palacio Nacional ocho horas antes de la instalación oficial de la nueva Cámara de Diputados.

Alejandra Sota, coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, fue la encargada de fijar las líneas del discurso, ahora pospuesto. Según los reporteros que cubrieron la reciente gira de Calderón por Sudamérica, ella aprovechó los tiempos libres en la agenda presidencial para definir los temas.

La preparación de los spots se encargó a Jordi Iñesta, director general de Imagen, Publicidad y Medios. Por otro lado, los secretarios de Estado debieron estar en permanente contacto con la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, así como con Sofía Frech, coordinadora de Proyectos Especiales.

Dentro de este estrecho círculo que protege la imagen de Calderón se ha contratado asesorías políticas a cargo de empresas privadas. El monto de los pagos efectuados a estas compañías desde 2007 asciende a 23 millones 642 mil 876 pesos, según consta en los registros públicos disponibles.

Los contratos más frecuentes son en estrategia y análisis político, en manejo de medios de comunicación, en campañas publicitarias, en tecnología y acceso a internet, en comportamiento de los medios de comunicación, en diseño de imagen presidencial y en elaboración de agenda mediática.

Por ejemplo, la Presidencia pagó 6 millones 348 mil pesos a la empresa Varela, Maldonado y Asociados en dos contratos para asesorías en estrategia gubernamental y análisis político. Otra compañía, Imaginaria Casa de Publicidad, cobró 5 millones 672 mil pesos por capacitar a los funcionarios de Los Pinos en análisis político, así como en diseño y contenido de campañas publicitarias.

Entre 2007 y 2009, los servidores públicos de Los Pinos fueron capacitados por la empresa Información Sistemática XXI para que pudieran diseñar estrategias gubernamentales, análisis políticos y una agenda mediática.

De hecho, la administración de Felipe Calderón desembolsó 8 mil 779 millones 548 mil pesos en publicidad institucional durante dos años y tres meses de gestión, de acuerdo con cifras publicadas en la más reciente edición de la revista Etcétera.

Comparado con el sexenio de Vicente Fox, el gasto se incrementó 228.57%. Tanto Calderón como su predecesor destinaron la mayor parte de esos recursos públicos a anunciarse en televisión (28.75%), particularmente en Televisa y en Televisión Azteca.
Felipe Calderón ha privilegiado a la televisión para difundir sus mensajes, así como sus informes de gobierno. En contraste, sólo ha dado una conferencia de prensa en Los Pinos. El resto de las ocasiones que ha atendido preguntas de los reporteros ha sido en el extranjero, en visitas oficiales o en Los Pinos, acompañado de los mandatarios visitantes.
Eso sí, los contratos por asesorías privadas en materia política, el pago de encuestas y grupos de enfoque, así como la producción de spots para promover la imagen de Felipe Calderón, ha costado al erario no menos de 241 millones 470 mil 238 pesos.

Presidencia no emitió información respecto de cuál oficina o qué funcionario de Los Pinos autorizó que el festejo de Calderón se hiciera antes de entregar el informe y de que se instalara la Cámara de Diputados.

Postergación imprecisa

Hasta el cierre de edición, la única versión oficial de Los Pinos sobre el informe es que la celebración en Palacio Nacional se postergó a una fecha y horario aún sin definir. A su vez, la Secretaría de Gobernación asumió la tarea de notificar que su titular, Fernando Gómez Mont, será el encargado de entregar el informe por escrito ante el Congreso de la Unión la tarde de este 1 de septiembre en San Lázaro.

En los casi tres años que van de su administración, Felipe Calderón sólo ha estado 13 minutos en la Cámara de Diputados para entregar informes de gobierno. La única vez que, personalmente, dejó en manos de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu­tados dos gruesos legajos sobre el estado que guarda la administración pública fue el 1 de septiembre de 2007.

“Hago entrega, señor presidente, en este acto, y pido a usted se sirva dar cuenta de su contenido a las señoras y señores legisladores y dar por cumplida esta obligación constitucional”, dijo Calderón en aquella ocasión.

“Reitero mi respeto y consideración absolutos a los legisladores del Congreso y quedo a la espera y a las órdenes de lo que este honorable Congreso determine para tener un diálogo directo sobre el estado que guarda el país”, agregó.

Esas son las únicas palabras que ha pronunciado en el Congreso con motivo de un informe de Gobierno. A diferencia de lo que pretendieron organizar ahora, Calderón ofreció un mensaje en Palacio Nacional el 2 de septiembre de 2007 ante más de mil invitados.
La mayor parte de su auditorio era de servidores públicos, con lo que pareció inau­gurar un nuevo ritual. Aquella ocasión, Calderón pronunció un discurso de 34 minutos y en 23 ocasiones fue interrumpido con aplausos y ovaciones. El mensaje fue transmitido por radio y televisión a todo el país.

Calderón ya no regresó a San Lázaro. El 1 de septiembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entregó el informe por escrito. El acto no duró más de cinco minutos. Esa vez no hubo festejo en Palacio Nacional.


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El PRI: regreso al poder*



JESUSA CERVANTES Y JENARO VILLAMIL

Los diputados Javier Corral, del PAN, y Porfirio Muñoz Ledo, del PT, prevén que en la recién instalada legislatura el PRI y sus aliados controlarán la asignación de recursos a los estados y obtendrán ventajas para la elección presidencial de 2012. Muñoz Ledo agrega que, dado el peso del salinismo en la fracción priista, seguramente se renovarán los pactos con ese partido y el PAN…

Con la figura del expresidente Carlos Salinas de Gortari como operador de la nueva mayoría priista desde la sombra, la nueva Cámara de Diputados ejercerá el poder en el país durante los próximos tres años, y tanto su agenda como las alianzas se orientarán a tomar ventajas en la sucesión presidencial de 2012.

La nueva mayoría, consolidada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la llamada telebancada –los diputados impuestos por el duopolio televisivo–, se prepara para la “toma gradual del poder”.

Del otro lado estará una fracción del Partido Acción Nacional (PAN) liderada por el presidente Felipe Calderón, y la oposición, encabezada por el Partido del Trabajo (PT) en acuerdo nuevamente con diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia, además de algunos panistas cuya prioridad no es “cubrirle la espalda a Felipe Calderón”.

Este escenario se desprende del análisis que hacen el diputado por el PT, Porfirio Muñoz Ledo, y el legislador panista Javier Corral Jurado, en entrevistas por separado.

El primero prevé que Salinas de Gortari y el PAN renovarán su viejo pacto para que los priistas contribuyan a “tapar los hoyos económicos de Felpe Calderón”. “Van a dar respiración artificial a Calderón para que no se hunda el país, pero no tanta como para resucitar al PAN”, dice Muñoz Ledo.

Por su parte, Javier Corral advierte: “Lo importante es que el gobierno sepa hasta dónde y qué negociar con el PRI. Porque este PRI puede ser muy negociador, pero siempre lo hará sobre la base de su regreso a la Presidencia de la República”.

Por esto, sostiene, la tarea obligada del PAN es “plantear lo que queremos para México, y eso no implica ser guardaespaldas del presidente. En estos tres años tendremos que revertir la omisión en que caímos durante los nueve que han transcurrido al no haber desmantelado el régimen autoritario y faccioso que usa el PRI en el manejo de los recursos como control político. No tenemos de otra: o planteamos lo que queremos o a lo mejor hasta nos vamos sin que se sepa lo que queríamos.

“Esta cámara, con la muy importante y vigorosa presencia del salinismo (que además es un Salinas renovado y reconstituido en sus relaciones, sobre todo con el poder de la televisión), no creo que vaya a ser transformadora del país. Sería lo mejor, pero la realidad desmiente que así será. Los intereses son muy claros hacia la elección presidencial.”

El PAN, sin embargo, tendrá que negociar con los diversos grupos del PRI, que tienen intereses propios: el de Francisco Rojas, coordinador de la fracción de diputados; el de Beatriz Paredes, dirigente nacional del partido; el de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores; así como la gente de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y la de Emilio Chuayffet Chemor, quien pretende impulsar a su propio candidato a la gubernatura de esta entidad; pero también se debe tomar en cuenta a los gobernadores de Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Todos ellos buscarán ubicar a sus operadores en las principales comisiones: Presupuesto, Economía, Vigilancia, Justicia, Puntos Constitucionales y Vigilancia. Además, pugnarán por controlar las áreas administrativas centrales, como la Secretaría General, Servicios Administrativos y Financieros, y Servicios Parlamentarios y la Contraloría Interna.
A pesar de que el PAN fue mayoría en la legislatura saliente, sólo tuvo en sus manos la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros. El PRI, en cambio, buscará apoderarse de los órganos administrativos de la Cámara de Diputados para controlar los millonarios recursos de la legislatura, que este año ascendieron a 3 mil 400 millones de pesos.

Con ese control, el PRI tejerá alianzas y tendrá fuerza suficiente para negociar mayores recursos para los estados que gobierna. Por eso, confirma Javier Corral, la Cámara de Diputados será la principal plataforma del PRI para encauzar su campaña por la Presidencia de la República, mientras que el PAN se apoyará, con el mismo objeto, en el Senado de la República y tal vez en sus gobernadores.

“Régimen parlamentario corrupto”

Porfirio Muñoz Ledo, quien formó parte de la primera legislatura del sexenio salinista con el Frente Democrático Nacional (FDN), en la LVII como diputado del PRD y estará en la LXI Legislatura, recuerda que gracias al fraude electoral de 1988 Carlos Salinas de Gortari llegó al poder, y que si bien el FDN y el PAN ya habían llegado a un acuerdo, éste se rompió cuando Salinas impulsó el primer acuerdo del PRI con la dirigencia panista.

En la LVII Legislatura el PAN y el PRD volvieron a establecer un acuerdo para frenar el rescate bancario, pero se reeditó el acuerdo PRI-PAN. Incluso el entonces coordinador de los diputados panistas, Carlos Medina Plascencia, aceptó que la mayoría estaba rota, sobre todo en los temas económicos.

Hoy, sostiene Muñoz Ledo, estamos viendo la restauración del pacto PRI-PAN: “Lo que está buscando este PAN es un compromiso semejante que le permita a Felipe Calderón flotar económicamente y continuar con su presidencia virtual a través del sistema mediático. Este acuerdo sería también con los poderes fácticos”.

¿Qué está revelando esta situación? “Que tenemos en el país el principio de la ingobernabilidad, porque no hay responsable de los actos del poder público. Felipe puede pasar la responsabilidad al Congreso, pero pasarla es confiarse en la negociación con los del PRI. Ahora, muchos dicen que Calderón abre con ello la puerta al próximo presidente de la República del PRI”.

Por eso, demanda: “Si el PRI va a gobernar, que asuma la responsabilidad de gobierno y que no se la esté guardando para 2012”.

–¿No la está asumiendo públicamente pero la va a ejercer en los hechos?

–Eso es lo que es turbio.

–¿Gobernará desde la cámara?

–Sí. Entonces habrá un gobierno, habrá un bloque de mayoría y un bloque de minoría, y parte del PAN será oposición. Se va a configurar una nueva estructura. Yo creo que es vicioso y corruptor de las instituciones de la República que se gobierne sin responsabilidad. Si el PRI o una mayoría acuerda salvarlos (al PAN y a Felipe) del hoyo económico, del hoyo presupuestal, sin atacar el modelo económico, pues en enero o febrero estará tronando el país.

Muñoz Ledo aclara que “una cosa es cubrir el hoyo presupuestal y otra detener el colapso económico. ¿Ahí qué va a hacer el PRI, va a asumir la responsabilidad del colapso o quién lo va a hacer?”

Y plantea un escenario: “Que el país se vaya a un sistema de gobierno donde Francisco Rojas sea jefe de gobierno, a ver si lo aceptamos, o Felipe abre la puerta mediante una negociación”.

Lo más importante, dice, es que se establezcan las responsabilidades que enfrenta la Nación. Tanto el PAN como el PRI están jugando con fuego porque “están pensando en este tránsito lento o en esta lenta transmisión del poder, y que no va a pasar nada en México”.
En este análisis, Muñoz Ledo afirma que entre los nuevos operadores de todos los partidos en la Cámara de Diputados “hay mucha mayor densidad que en todo el gobierno de Calderón junto y multiplicado por dos”.

En consecuencia, prosigue el diputado del PT, si los priistas quieren mandar desde el Congreso, “hay tres escenarios: o el PAN se pliega al PRI para tapar todos los hoyos políticos, lo cual puede ser gravísimo; dos, el PRI comprende su responsabilidad y asume la jefatura de gobierno o, tres, abrimos un debate y se modifican las políticas económicas y sociales”.

Y concluye: “Este va a ser un régimen parlamentario corrupto, que es un modo de gobierno muy peligroso”.

–¿Va a ser o está siendo?

–¿Pues no el poder se trasladó ya al Congreso? Aquí ya se trasladó el poder, el problema es cómo se va a manejar, y todo tiene que ser transparente.

–¿Será esta cámara el trampolín para le elección presidencial?

–Esto no es un trampolín, hay que evitarlo. No sé si se pueda parar. Todo está girando en torno de un proyecto político de toma gradual del poder de parte del PRI, pero sin responsabilidad política, ese es el tema. Lo que tenemos que hacer democráticamente es transparentarlo. Lo que ellos quieres hacer para aumentar sus posibilidades de tomar la Presidencia se les puede revertir; aquí la ley será democracia y transparencia.

Muñoz Ledo insiste en que el expresidente Salinas no ha dejado el poder, y prueba de ello es la renovación de sus acuerdos con el PAN en 1988, 1997 y el que se prevé en esta nueva legislatura.

Acota que la llegada de Francisco Rojas a la coordinación de los diputados priistas no forma parte de dicha renovación del pacto PRI-PAN, sino de los equilibrios internos del partido, “pero todos los priistas vigentes son salinistas o pos salinistas (...) Y lo que está en juego no es salinismo contra no salinismo, sino cambiar el modelo económico del país”.

Legisladores, no guardaespaldas

El panista Javier Corral da por hecho que en esta legislatura el PRI y las televisoras intentarán sacar ventajas rumbo a la elección presidencial de 2012: “La telebancada tratará de impulsar cambios en beneficio de las dos grandes televisoras, y obviamente el proyecto político que tienen tanto el PRI como ellas, que es (la candidatura de) Enrique Peña Nieto”.
Sin embargo, opina que el PRI no tiene otra plataforma, mientras que el PAN puede tenerla tanto en el Senado como en sus gubernaturas.

Por eso, dice, los panistas deben asumir el liderazgo de la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Dipu­tados y en la distribución del Presupuesto de Egresos, sobre todo en los recursos que se destinan a los gobiernos de los estados, ya que “el monto fuerte que manejan los grupos parlamentarios, las cúpulas de las bancadas, ha servido para todo, y no necesariamente para las actividades legislativas. Todos los grupos han utilizado esos gastos para el pago de sus encuestas partidarias o para apoyo a precandidaturas”.

Para Corral Jurado el PAN debe modificar el uso de los recursos y las posiciones administrativas de la Cámara de Diputados “porque esta es la principal forma de control político sobre el Poder Legislativo, y este control político ha derivado en corrupción política, por eso salen leyes a medida de intereses particulares y no de la población”.

“Esta es la forma de operar del PRI –insiste el legislador panista–; y no digo que los demás partidos no lo hagan, pero en este partido es su principal herramienta de operación política. Y las posiciones administrativas de la Cámara o incluso de la Auditoría Superior de la Federación se entregan, no a los expertos en la materia, sino como parte de las cuotas políticas.”

Considera que en los nueve años de gobierno que lleva su partido, ha fracasado en la limpieza de la función pública, “así que nuestro gran reto es la transparencia en la asignación de comisiones y el presupuesto de 2010… Si no actuamos, podemos irnos (del gobierno) con el desprestigio de malas decisiones. Y hoy no tengo la menor duda de que el PRI va a tratar de reforzar las asignaciones a los estados e incrementarlas”.

Sostiene que el PRI “está volviendo con el sistema intacto del autoritarismo y mecanismos clientelares, y en el PAN tenemos una omisión gravísima al no haber desmantelado el régimen autoritario faccioso que sigue manejando los recursos como medida de control político.

“Lo que no hicimos en nueve años lo tenemos que hacer en estos tres, y empezar por la transparencia de los recursos. Por eso digo que aquí no podemos andar haciendo al guardaespaldas del presidente; ahora lo que debemos hacer también es definir las políticas que el PAN quiere, cooperar con Calderón y respaldarlo en lo que tenga interés público, pero de ahí a que asumamos una incondicionalidad sobre cualquier cosa o mantener las actuales estructuras, ¡eso no!”

Para ello, enfatiza Corral, el PAN debe acordar con el PRI pero saber hasta dónde y qué negociar, sin olvidar que la lealtad histórica de los principales operadores del PRI pertenece a Carlos Salinas de Gortari. El expresidente, señala el panista, “tiene una influencia fundamental sobre todo el grupo parlamentario, más que cualquiera de sus integrantes”.

Discrepancias priistas

La posibilidad de gobernar el país desde la Cámara de Diputados y apuntalarse así en la carrera presidencial generó en la bancada de 237 diputados los primeros roces entre grupos políticos y retrasó la aprobación de su reglamento interno.

Emilio Chauyffet Chemor, quien fue gobernador del Estado de México y secretario de Gobernación, busca presidir las vitales comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, pero en el nuevo reglamento hay un candado para evitar que un mismo diputado pueda ocupar ambas.

El malestar que generó ese candado evitó la aprobación del reglamento. Chuayffet, quien consiguió la candidatura pese a la oposición de Enrique Peña Nieto, no acudió a la plenaria del viernes 28; en su representación habló el legislador Manuel Cadena. El exmandatario mexiquense tampoco fue al encuentro que esa mañana sostuvo Francisco Rojas con quienes serán sus operadores: diputados vinculados con Beatriz Paredes y los coordinadores estatales.

En cambio, estuvieron presentes el senador Manlio Fabio Beltrones y 70 diputados de la llamada “corriente Peña Nieto”, incluido Luis Videgaray Caso, a quien el gobernador del Estado de México impulsa para presidir la Comisión de Presupuesto. Videgaray es identificado con el salinismo porque de 2001 a 2005 fue apoderado de la empresa Protego, propiedad de Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas. Fue Videgaray quien reestructuró la deuda del gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México y luego ocupó la Secretaría de Finanzas del gobierno de Peña Nieto.

La importancia de la comisión de Presupuesto radica en que de ella dependen los recursos que llegarán a los estados. Por eso buscan presidirla Alberto Cano Vélez, operador de Beltrones, y Óscar Levín Coppel, por el bloque de Beatriz Paredes.

En este bloque identificado con Carlos Salinas de Gortari también están Humberto Benítez Treviño, procurador durante el salinismo; Paula Hernández Olmos, quien funge como puente entre el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, y Peña Nieto; Andrés Massieu Fernández, exsecretario particular de Salinas y exdirector general de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión; así como Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente.

El sábado 29 se inició formalmente la instalación de la nueva Cámara de Diputados, con el panista Francisco Ramírez Acuña en la presidencia de la Mesa Directiva (para lo cual recibirá 400 mil pesos mensuales sin necesidad de justificación) y Francisco Rojas al frente de la Junta de Coordinación Política.

*Tomados de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

∙ ¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!

Jaime Avilés

Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.

Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.

La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.

Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la “justa medianía” y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.

Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque “no es retroactiva”. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?

La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: “Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?

Ahora, veamos lo que dice el inciso b): “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.

Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?

Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados “compensaciones garantizadas o de apoyo”), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura “bonifacios”) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa “compensación” ganen más de 155 mil pesos mensuales.

Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.

A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra “epidemiológico”; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.

Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.

Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La violencia*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

El escándalo desatado por el gobierno calderonista con la exoneración de 20 paramilitares de Acteal ha terminado por evidenciar, una vez más, que el gobierno de facto sigue auspiciando la formación y preparación de grupos paramilitares, para lo cual le resultaba indispensable enviar la señal a los militares que los adiestran y a los propios grupos de que serán impunes por sus futuras acciones.

1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.

2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.

3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.

4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.
5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto “control social”.

6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.

7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.

8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.

9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?

10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.

*Tomado de La Jornada.

Sí hay alternativa*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

La apuesta de los defensores del neoliberalismo en la actualidad y desde que Margaret Thatcher gobernara el Reino Unido es que no hay alternativas al capitalismo, desde aquellos años considerado neoliberal y globalizado. La frase que se atribuyó a la primera ministra británica: There is no alternative (no hay alternativa), estaba dirigida a las corrientes socialistas que, como se estimaba desde entonces, estaban en crisis una vez que el referente soviético se derrumbó y a pesar de que la URSS no fue socialista. El mensaje, que no carecía de bases prácticas, era que la alternativa de izquierda poco podría cambiar el mundo, aun desde el poder del Estado en determinados países, ya que el socialismo como opción se acercaba más a una utopía inacabada que a una posibilidad concreta. Se interpretaba como el fin de la historia, es decir, un mundo sin cambios sustanciales que pusieran un alto a la larga trayectoria del capitalismo como modelo económico dominante.

En aquellos años, cuando gobernaban coincidentemente la señora Thatcher y Ronald Reagan en sus respectivos países, aparecieron dos libros, a mi juicio significativos: uno de Gavin Kitching, en 1983, Rethinking Socialism. A theory for a better practice (Repensando el socialismo. Una teoría para una mejor práctica) y otro de Desmond S. King, en 1987, The New Right (La nueva derecha). Ambos textos nos alertaban ya de que, ante los cambios estructurales del capitalismo de fin de siglo, había que repensar su alternativa más allá del esquema tradicional que venía repitiéndose por el ala izquierda del pensamiento socialista desde los tiempos de Marx. Incluso el socialismo, como objetivo a alcanzar, debía redefinirse en sus términos y como práctica. El Foro de Sao Paulo, del que escribiera el martes pasado Saúl Escobar en estas páginas, surgió en 1990 como reacción latinoamericana a la globalización neoliberal ya imperante y casi mundial, con el uso de la expresión “socialista” como meta más discursiva que real, puesto que el socialismo, por definición anticapitalista, no era compartido por todos los participantes. Como los partidos y organizaciones que lo fundaron y continuaron dándole vida eran de distintas posiciones, se insistió mucho en la unidad de la diversidad de fuerzas “progresistas” (cualquier cosa que se entienda por esto) y de “izquierda”, otro concepto escurridizo si no lleva apellido.

La izquierda es un concepto resbaloso porque es relativo en sí mismo y por oposición a la derecha, que también tiene diferentes caras (las derechas). La derecha es, pese a sus variaciones (de fascista a democrática, por ejemplo), conservadora cuando no retrógrada. La izquierda, en cambio, es avanzada, razón por la cual también se le llama progresista, pese a que esta noción implica muchos riesgos de interpretación. Y la izquierda como posición avanzada por comparación con la derecha, nos propone, o nos debe proponer, una sociedad mejor, humanista y democrática en la que se garanticen la libertad y la justicia social para todos y no sólo para unos cuantos. Y se entiende que donde la izquierda tiene o tenga el poder habrá de corregir las profundas desigualdades propias del capitalismo, para construir una sociedad y un Estado donde el poder económico (nacional, extranjero o mixto) no determine la política, como en general ha ocurrido en la mayoría de los países donde la izquierda ha tomado el poder, con poquísimas excepciones.
En años recientes el socialismo como objetivo a alcanzar no es muy apreciado entre la población común de muchos países, razón por la cual la socialdemocracia ha sido la etiqueta de uso discursivo más generalizado entre las izquierdas. Los partidos de izquierda, por lo tanto, no se definen en general como socialistas (lo que supone ser anticapitalista), pues no ganarían el voto de las mayorías y dejarían de ser competitivos electoralmente. Prefieren llamarse socialdemócratas porque en esta corriente cabe todo tipo de partidos, lo que “justifica”, como en la Internacional Socialista, que se unan en la diversidad y que pongan más énfasis en la democracia, incluso formal, que en la equidad y en la justicia sociales como objetivos del ejercicio del poder. Cuando éste y los procesos democráticos son determinados por el poder económico (o en los países llamados socialistas por las burocracias estatales-partidarias privilegiadas), la política termina por pervertirse, al igual que los partidos de izquierda que no han podido o querido sustraerse a ese poder económico, y el resultado, como se ha visto desde los años 60 del siglo pasado, es el desencanto y el descontento de muchos, principalmente de los jóvenes que no ven alternativa posible a su situación ni al contexto en que se desarrollan.

La apuesta de las izquierdas de ahora, por tanto, tiene que ser, en principio, por la configuración de una alternativa a la lógica neoliberal, que en esencia no es otra cosa sino la negación del llamado Estado de bienestar del pasado o la contraposición al intervencionismo estatal que regulaba la economía para mitigar los estragos del capitalismo en cada país. ¿Una estrategia así conduciría al socialismo? No, pero sí le jalaría las riendas al capitalismo desbocado, cuyos principales beneficiarios no quieren frenos de ninguna especie. No se plantea un anticapitalismo socialista, aunque sea mi deseo, sino la vuelta al desarrollo nacional soberano, a un Estado fuerte ante el exterior cuya forma sea democrática en interior, y una democracia que trascienda lo electoral para ocuparse también y con énfasis de lo económico, lo social y lo cultural; esto es, exactamente lo contrario de lo que están haciendo los gobiernos de derecha en el mundo y en México en particular.

Sí hay alternativa, incluso dentro del capitalismo, y la que aquí se propone de manera tentativa no podría ser suscrita por el PAN ni por el PRI salinizado de ahora. Si acaso por el PRD y sus aliados. ¿Cómo llamarla? No lo sé, porque quizá izquierda socialdemócrata ya no le diga nada a nadie.

*Tomado de La Jornada.

Ley de medios, el nuevo desafío*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, DF, 25 de agosto (apro).- Cuando uno observa la reciente fortuna de Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista de TV Azteca, que ha acumulado 10 mil millones de dólares en medio de la peor crisis económica, y analiza las recientes concesiones y permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –en favor de los consorcios más fuertes--, vuelve a plantearse la necesidad urgente de una reforma legal al régimen de concentración y discrecionalidad de los medios de comunicación.

Este será el desafío de la LXI Legislatura que iniciará este 1 de septiembre. Con ella suman ya cinco Legislaturas al hilo que plantearon desde 1997 una "reforma integral" al régimen legal de los medios de comunicación electrónica.

Paradójicamente, hace doce años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría en la Cámara de Diputados ante el bloque opositor y ahora, entre 2009-2012, será la bancada de 237 legisladores priistas la fracción parlamentaria que tendrá la clave para bloquear o avanzar en esta Legislatura.

Figuras importantes que protagonizaron la batalla por la reforma frustrada en 1997-2000 coincidirán en la nueva integración de la Cámara de Diputados. Son los casos de Porfirio Muñoz Ledo, ahora coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), y Javier Corral, legislador panista que encabeza desde hace doce años una batalla constante por la reforma y que incluso organizó la resistencia y la disputa jurídica en contra de la contrarreforma de la Ley Televisa.

En contraste, la LXI Legislatura tendrá cuatro características importantes que definirán el futuro de una reforma integral a los medios y a las redes de telecomunicación:

1. En ninguna Legislatura como en esta se ha configurado de una manera tan clara una 'telebancada', integrada por al menos ocho diputados que llegaron por la vía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRI y que configuran un bloque de especialistas vinculados a la industria televisiva.

Son los casos de Miguel Orozco Gómez, hermano del senador Javier Orozco, exdirector jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); Lorena Corona Valdez, que al igual que Verónica Tomás, Mónica García de la Fuente y Carlos Ezeta, ha trabajado de cerca con Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, primer vicepresidente de la CIRT y artífice y defensor de la Ley Televisa.

Además, están Rodrigo Perezalonso, representante de Televisa ante el Consejo de Autorregulación de la CIRT, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista mayoritario de TV Azteca, y la conductora Adriana Sarur, también colaboradora del Canal 40, propiedad de facto de Salinas Pliego.

Entre estos personajes se especula que recaerá la presidencia de las comisiones de Telecomunicaciones o de Radio y Televisión. Su objetivo es muy claro: frenar cualquier reforma que afecte el avance de las compañías dominantes en el mercado de triple play.

2. De los 237 diputados federales del PRI, por lo menos cien legisladores tienen algún grado de compromiso al recibir apoyos financieros y logísticos durante su campaña del telecandidato más aventajado de la sucesión del 2012: el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

A los 38 diputados que llegarán de tierras mexiquenses y que serán coordinados por Emilio Chuayffet –exgobernador y excoordinador del PRI cuando se aprobó en diciembre de 2005 la Ley Televisa en San Lázaro--, hay que sumarle los diputados priistas de Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Durango y Chihuahua. En todas ellas, la Fuerza Electoral Mexiquense, dependiente del erario de Toluca, operó como una estructura paralela para asegurarse los apoyos del peñismo y, de paso, el modelo de compra-venta de spots y de infomerciales en los medios electrónicos.

Es muy probable que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, clave para la definición de reformas al régimen de medios, sea presidida por Emilio Chuayffet.

En contraste, no existe en la bancada del PRI una figura que haya sobrevivido al veto de las televisoras. En esta Legislatura, figuras como Manuel Bartlett o Dulce María Sauri, que protagonizaron el 31 de marzo de 2006 la oposición desde el tricolor a la Ley Televisa, no lograron el apoyo ni de la dirigencia ni de los gobernadores del PRI para llegar a la Cámara de Diputados.

3. En tercer término, ninguno de los dos coordinadores de los dos principales partidos –PRI y PAN-- se han caracterizado por su interés en una nueva legislación de medios electrónicos.

Francisco Rojas, coordinador de la mayoría priista, se concentrará en los temas presupuestarios, fiscales, energéticos (su especialidad) y todo lo relacionado con la crisis económica.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los panistas y exsecretaria de Desarrollo Social y de Educación Pública, no tiene antecedente alguno que hable de un compromiso a favor de la ley de medios.

El PAN planteó en su plataforma electoral 2009-2012 su compromiso a favor de la "democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y en la radiodifusión".

Además se comprometió a "un combate frontal a los monopolios" y a impulsar el derecho de réplica. Sin embargo, el gobierno federal panista de Felipe Calderón se ha caracterizado por todo lo contrario: continúa favoreciendo al duopolio televisivo y ha frenado iniciativas que los propios panistas han empujado desde el Senado, como son los casos de Ricardo García Cervantes y Santiago Creel.

El único partido que se ha comprometido explícitamente en impulsar una nueva ley de medios, así como crear un Consejo de Radio y Televisión independiente es el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su dirigente nacional, Jesús Ortega, sostuvo que su bancada impulsará una reforma "para garantizar la imparcialidad en los medios".

Y su próximo coordinador, Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno capitalino, ha hecho pronunciamientos en ese sentido. En el Senado, el legislador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ya se adelantó presentando una reforma legal que es incómoda para los concesionarios.

Sin embargo, la alianza entre legisladores del PRD y un grupo de diputados del PAN y algunos priistas no garantiza una corriente mayoritaria a favor de una ley de medios. A menos que desde el Senado se forme una correlación de fuerzas a favor de la reforma. En la Cámara alta, donde se discutió una ambiciosa reforma del Estado, quedó pendiente justamente este tema.

4. Nuevas figuras importantes se integrarán a la Cámara de Diputados y podrán jugar un papel esencial para impulsar una nueva ley de medios. Son los casos del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro; el exsecretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, y el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas. Ellos podrían ser figuras con un prestigio personal propio que será importante en la discusión sobre una ley que modifique el monopolio del spot y del rating.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Hank y Nava Gomar: la justicia en venta*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 24 de agosto (apro).- La justicia en México es un producto: La venden los que la imparten, la compran sólo los que pueden, y el resto que se pudra en la cárcel o que se trague la impotencia.

Con la justicia electoral, en específico, pasa lo mismo y la razón es simple: Los jueces que la comercializan son, a su vez, propiedad de quienes los nombraron, mercaderes de mayor rango.

Esta arraigada convicción social que muestra la degradación de la política en México pocas veces puede probarse, por lo que resulta de la mayor relevancia cuando se documenta, por ejemplo, la transacción entre un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y un político.

Y este es el caso del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar y Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana, Baja California, y aspirante a gobernador en las elecciones de 2007, protagonistas de un episodio que debería implicar una amplia discusión nacional y la implantación de ejemplares sanciones.

Tal como se detalla en el reportaje que se publica en la más reciente edición del semanario Proceso, resulta que Nava Gomar se reunió, en secreto, con Hank Rhon el 23 de marzo de 2007, justo cuando estaba en curso el proceso electoral para renovar los poderes en Baja California, entre ellos el Ejecutivo, al que aspiraba el magnate de las apuestas, por la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese encuentro se celebró justo a la hora en que se llevaba a cabo la ceremonia conmemorativa del 13 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en Tijuana –y por esa razón no asistió, como solía hacerlo–, y al término del cual tomó un avión para estar presente en la comilona que ofreció su amigo el mundano obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, con motivo de su cumpleaños.

La reunión entre un juez y un justiciable no es de suyo ilegal ni deleznable, porque la ley prevé comparecencias "de oídas", pero no es el caso: Nava Gomar se encontró con Hank Rhon a escondidas, se trasladó hasta las oficinas de éste en el hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana, y tramó con él un plan que, semanas después, se tradujo en la convalidación de la candidatura de éste al gobierno estatal, pese a que la Constitución local la prohibía.

Para encubrir la vergonzante reunión, Nava Gomar --tocayo de apellido de César Nava, presidente del PAN, cuyo partido lo patrocinó para ser magistrado-- se valió de una coartada que presuntamente implica la comisión de al menos el delito de falsificación de documentos.

En efecto, Nava alega que se trasladó a Tijuana supuestamente a impartir una conferencia y un taller a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Baja California, previstas para el viernes 23 y el sábado 24.

Sin embargo, el oficio que exhibe como prueba de que una razón académica lo condujo a Tijuana es falso, como apócrifa es también la firma del supuesto convocante, Ernesto Villanueva, coordinador del área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien asegura que jamás emitió tal invitación, menos aún con su firma.

Eso sí, y consultado por el reportero, confirmó que efectivamente se celebró la reunión secreta entre Nava Gomar y Hank Rhon, y lo sabe en razón de que él asistió a ella, aunque --aclara-- ellos dos se reunieron unos 15 minutos a solas.

Al término de un recorrido por su zoológico particular y darles a probar jamón de tigre, al despedirse, y a petición del propio Nava, el magnate priista le obsequió un perro de raza recién nacido:

"Efectivamente --dijo Villanueva al reportero--, le obsequió un cachorrito de uno de los perros que tiene ahí Jorge Hank, y él no sintió que hubiera alguna actitud incorrecta en recibirlo, sino sólo un gesto de consideración. Prometió entregárselo".

Alguien diría: Cómo puede ser tan estúpido alguien como Salvador Olimpo Nava Gomar de cometer tan elemental error de reunirse en secreto con un político, sobre todo de la calaña de Hank Rhon, que al final fue aplastado con el aparato oficial panista.

La respuesta es simple: Por la impunidad.

Y la codicia: Nava quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y, así como se mercadea la justicia en México, puede serlo.

Por eso no da la cara…

Apuntes

Justamente porque en México se vende y compra la justicia es que Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, quienes delinquieron con el apoyo de los magnates Roberto Hernández y Lorenzo Servitje para ganar las jefaturas delegacionales de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, lograrán la impunidad cuando sus casos lleguen a la Sala Superior del TEPJF, cuya presidenta, María del Carmen Alanís, es íntima amiga de Nava Gomar, a su vez impulsado como magistrado por Germán Martínez, el arrogante presidente del PAN caído en desgracia, y su asesor el diputado Roberto Gil Zuarth, esposo de Carla Astrid Humprey Jordán, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y exasesora de Alonso Lujambio cuando fue imparcial consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), quien se afilió formalmente al PAN apenas en junio, aunque ha sido panista "desde la cuna" y, con ese linaje, se cree llamado a ser presidente de México… Es un ejemplo de la cadenita de favores y complicidades…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La legislatura de la rendición de cuentas*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

Los diputados y senadores de la 61 Legislatura se encuentran ante la oportunidad histórica de lograr una transformación definitiva para el sistema de rendición de cuentas del país. Si nuestros representantes populares así se lo propusieran, bien podrían pasar a la historia como los arquitectos del nuevo andamiaje institucional necesario para extirpar de raíz el grave cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El desplome económico, la escalada de violencia y la desastrosa situación de la política social encuentran su origen en la opacidad y la falta de rendición de cuentas endémica del Estado mexicano.

Los gobiernos de la alternancia han fracasado olímpicamente en esta materia. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón le han apostado erróneamente a una especie de “revolución cultural” para resolver el problema de la corrupción. En lugar de transformar la estructura gubernamental, mejorar los sistemas de vigilancia y castigar a los funcionarios que violan la ley, el gobierno actual ha preferido organizar concursos mediáticos como el del “Trámite más inútil” y, más recientemente, el de dibujos infantiles “Adiós a las trampas”.

El pasado 12 de agosto, durante su discurso para premiar los dibujos ganadores, Calderón declaró enfáticamente que “la manera en que podemos cambiar a México es que haya valores en cada mexicana y en cada mexicano, que voluntariamente lo lleven al bien, a la verdad, a la honestidad. Y esos valores son los que se deben inculcar en la casa y desde la escuela”.

Desde luego que no hay ningún problema con mejorar la formación en valores que se realiza en las escuelas y las familias mexicanas. Sin embargo, esta estrategia no funcionará para combatir la corrupción hasta que los niños vean que las elites económicas y los altos funcionarios gubernamentales también saben respetar la ley. La solución no se encuentra en la producción masiva de niños y niñas “bien portados”, sino en el encarcelamiento de los corruptos que predominan en las altas esferas del gobierno y la sociedad.

Las declaraciones del recientemente nombrado presidente del Partido Acción Nacional con respecto a la supuesta falta de honestidad y profesionalismo del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, demuestran una vez más la falta de compromiso del gobierno federal con la rendición de cuentas. En lugar de corregir las numerosas áreas de opacidad que el auditor ha identificado en el gobierno federal, César Nava prefiere desacreditar al mensajero antes que atender el mensaje.

Una reforma particularmente estratégica que debería considerar la nue-va 61 Legislatura sería dotar de plena autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una modificación de este tipo fortalecería su presencia pública, su incidencia real y su fuerza institucional. Una ASF autónoma podría resistir de manera mucho más efectiva los constantes embates, manipulaciones y sabotajes a que ha estado sujeta desde los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
La independencia de la ASF respecto del Congreso de la Unión no afectaría en absoluto las atribuciones constitucionales con las que cuenta la Cámara de Diputados en materia de revisión y dictaminación de la cuenta pública. Asimismo, una ASF autónoma y fortalecida sería de más utilidad a los diputados, que una ASF vulnerable a las presiones externas, ya que podría ir más lejos en sus investigaciones, así como proporcionar mayores insumos a los diputados cuando necesiten elaborar el presupuesto y revisar el gasto gubernamental.

Otra reforma estratégica sería la aprobación de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ya es hora de cumplir con el transitorio de la reforma al artículo 6º constitucional, aprobada hace ya más de dos años, que obliga al Congreso de la Unión a actuar en la materia.

Dos elementos fundamentales que deberían incorporarse en la nueva ley serían la modificación del proceso de nombramiento de los titulares del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y la modificación de la definición del concepto de “documento” para evitar la supuesta “inexistencia” de documentos.

En principio, las situaciones de “gobierno dividido”, en las que el partido que controla al Congreso es diferente del que controla al Poder Ejecutivo, son particularmente propicias para reformas a favor de la rendición de cuentas.

Tal como ocurrió en la 57 Legislatura (1997-2000), cuando se creó la ASF y se dotó de autonomía constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una oposición dominante en la Cámara de Diputados tiene fuertes incentivos para abrir el Poder Ejecutivo al escrutinio público, tanto para exponer sus debilidades como para democratizar el ejercicio de la autoridad estatal.

Sin embargo, hoy falta ver si los partidos de oposición, y en particular el Partido Revolucionario Institucional, se encuentran más preocupados por preparar el camino para la sucesión de 2012 o si verdaderamente están dispuestos a ejercer su fuerza como contrapeso al Poder Ejecutivo para atreverse a transformar de manera radical nuestra estructura institucional para la rendición de cuentas.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de La Jornada.

Paralizados...*

Tomado de La Jornada, Hernández.

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Al gobierno de Felipe Calderón le falta visión de largo plazo y capacidad para hacer ajustes al modelo económico cuando las circunstancias lo requieren. El temor y la indecisión lo tienen paralizado y no sigue el ejemplo de países que, como Estados Unidos y China, se han volcado a fortalecer su mercado interno y su infraestructura con el fin de lograr la recuperación. Para el investigador Mauricio de Maria y Campos la economía se desliza en un tobogán y añade: “Urge un cambio de timón, pero ya. No hay tiempo para actuar con lentitud y con miedos”.

El espectacular tijeretazo de 85 mil millones de pesos que se dará al gasto público este año –un ajuste que no se veía desde tiempos de Miguel de la Madrid–, y que incluye recortes a los programas contracícliclos, sobre todo la cancelación de obras de infraestructura, con los que se pretendía contrarrestar los efectos de la crisis internacional, no es sino la expresión del “miedo paralizante” que invade al gobierno federal y de su “incapacidad para maniobrar en momentos complicados”.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha actuado “con lentitud y timidez” ante la crisis, dice Mauricio de Maria y Campos, quien fue subsecretario de Fomento Industrial en aquel gobierno y que tiempo después, como ningún otro latinoamericano, sería director general en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), cargo que dejó en 1997.

El actual director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana (IIDSES) afirma, en entrevista con este semanario, que el gobierno federal “no escucha” ni ve la “actitud firme y decidida” de otros países para salir del bache.

Y ahí están las consecuencias: mientras el mundo se recupera –muchos países han frenado la caída de su economía; muchos, también, han empezado a crecer–, en México la economía sigue en el tobogán: durante el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto se desplomó un 10.3%, que es no sólo la caída trimestral más dramática de la historia económica reciente del país sino, también, la más pronunciada en el mundo, apenas superada por la baja de 10.9% de la economía de Rusia.

Cuando De Maria y Campos dice que el gobierno no escucha se refiere, entre otras cosas, a que en diversos foros públicos que recientemente se han hecho sobre la crisis, ha habido propuestas y recomendaciones dignas de tomarse en cuenta.

Menciona, entre otros, el foro senatorial denominado México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, en marzo pasado, en el que participaron, por ejemplo, Carlos Slim, el expresidente chileno Ricardo Lagos y el expremier italiano Romano Prodi.

El empresario mexicano acaparó reflectores luego de hacer un pronóstico, que el gobierno calificó de “catastrofista” –el desempleo será brutal; el PIB caerá como nunca, auguró acertadamente–, a partir del cual le recomendó que emprendiera una gran batalla por la infraestructura.

Pero más por la vía del mantenimiento de escuelas, hospitales, vialidades, caminos y carreteras, e instalaciones públicas, que por las grandes obras de construcción –sin que dejen de hacerse–, que son más tardadas y se pierden en la maraña de la burocracia y la corrupción. Eso, como fórmula para crear rápidamente empleos, incentivar el consumo, la producción y la actividad económica en general.

Pero antes que escucharlo, y hacerle caso, el gobierno emprendió una campaña de críticas y denuestos contra el magnate.

A su vez –recuerda el entrevistado–, los exmandatarios Lagos y Prodi coincidieron, en esas reuniones del Senado, en que ante una crisis como la actual hay que actuar con rapidez y decisión, porque cada día que un gobierno se tarde en promover el empleo, a través de programas de rápida ejecución, más difícil le será sacar del bache a la economía.
Justo lo que está pasando en México, dice.

Pero es más grave, lamenta el exfuncionario, que el gobierno de Felipe Calderón no vea cómo están actuando los demás países. Pone de ejemplo al propio Estados Unidos y a China, cuyos programas contracíclicos sí están funcionando.

Plantea: El gobierno estadunidense no se anda por las ramas ni con timideces. Ha canalizado una cantidad impresionante de recursos para invertir en los sectores más dañados por la crisis, a fin de rescatar empresas y darle un impulso espectacular a la infraestructura.

“Y qué cosa: En el país del automóvil, o donde éste es todo un símbolo, hasta cultural, están construyendo –como una de las medidas contracíclicas– 10 grandes rutas de trenes rápidos, similares a los portentosos trenes de Francia, España y China. Eso tendrá un efecto dinamizador de la economía, del sector privado, del consumo. Son proyectos de gran aliento”. Y esto es sólo un ejemplo, dice.

“Y los chinos, ¿qué están haciendo? Como Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones –igual que le sucede a México–, se les cayó la demanda; los gringos no les están comprando igual que antes de la crisis, como a nosotros.

“Pero no se quedaron con los brazos cruzados: se volcaron más a su mercado interno, con políticas para incentivar el empleo y el consumo. Claro que no saldrán indemnes de la crisis. Pero de 10% que iba a crecer su economía, ‘sólo’ lo hará 8%.

“Y en México también habrá un 8% este año, pero no de crecimiento, sino de caída en la actividad económica”, puntualiza De Maria, quien es economista por la UNAM y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex, Inglaterra.

“Son pequeñitos”

El especialista precisa que Estados Unidos, China, Francia, Alemania y, en general, los países que ya se están recuperando –Brasil, inclusive, en América Latina–, lo han podido hacer porque toman decisiones y actúan rápido. “Tienen visión de largo plazo, capacidad de hacerle ajustes al rumbo, al modelo, cuando las circunstancias así lo exigen.

“Lamentablemente, aquí ni tenemos visión de largo plazo ni hemos demostrado capacidad para maniobrar en momentos complicados de crisis.”

–El gobierno alardea de sus programas contracíclicos, de su efectividad; argumenta que sin éstos la economía estaría peor –se le plantea.

–Son pequeñitos, proporcionalmente, frente a los de otros países. Y lo poco que anunciaron ya lo recortaron. El ajuste más fuerte en el segundo recorte anunciado por 50 mil millones de pesos (adicional a los 35 mil millones del primer recorte) será en Comunicaciones y Transportes. ¿No que la infraestructura nos iba a sacar del bache?

En efecto, hace 10 días se dio a conocer que del último recorte al gasto público, por 50 mil millones de pesos, casi 13 mil millones –la cuarta parte– se reducirán del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, equivalentes a más de 20% de los 60 mil millones de pesos que tenía como gasto aprobado para 2009.

Y el propio titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, se encargó de reconocer que se afectarán programas de caminos rurales y planes carreteros, pero también otras obras de infraestructura de todos los tamaños, pues deberán cancelarse muchas licitaciones.
Sostiene De Maria y Campos: “Esa es una manera tímida, con estrechez de miras, de enfrentar la crisis. Hay que ver lo que hace Estados Unidos. Ese descomunal gasto contracíclico que está ejerciendo le implicará un déficit histórico de entre 13% y 14% para 2010, que no habían tenido desde la posguerra.

“Acá, nosotros seguimos con el dogma del déficit cero, del presupuesto equilibrado. Se nos anuncia que para el próximo año podría haber –si el Congreso acepta– un mayor déficit público, pero moderado y temporal.

“Claro, el gobierno de aquel país puede aventurarse a tener un déficit de ese tamaño, que le significará una deuda enorme, espectacular. Pero tiene confianza en solventarla, pues cuenta con una gran capacidad de pago en el futuro, por sus propios ingresos fiscales.”
Pero es justo ahí donde el gobierno mexicano se entrampa, expone el entrevistado: “Tiene muy clara la grave vulnerabilidad que hay por el lado de las divisas y de los ingresos fiscales, pero se pasma. Esa conciencia que tiene de las debilidades de las finanzas públicas se ha trocado en un miedo para actuar.

“Y no hay peor cosa que un miedo paralizante, como el que está mostrando el gobierno”, remata.

De Maria y Campos acaba de concluir la investigación titulada El desarrollo de la industria manufacturera en su encrucijada; entorno macroeconómico, desafíos estructurales y política industrial, en coautoría con los doctores Lilia Domínguez Villalobos, Flor Brown Grossman y Armando Sánchez, todos de la UNAM.

El documento, que es el estudio más completo y actualizado acerca de la evolución y actualidad de la industria mexicana –en particular la manufacturera–, será presentado este martes 25 en la Universidad Iberoamericana.

En la entrevista, el investigador retoma datos y argumentos de ese estudio, para enfatizar que la crisis que vive el país, con todo y que sea parte de una crisis internacional, “de cualquier manera se iba a dar”.

Explica: “El que no tengamos ya la producción petrolera de antes nada tiene que ver con la crisis internacional. El que tengamos un pésimo sistema impositivo, que nos deja la recaudación más baja de entre los países latinoamericanos –no se diga ante los de la OCDE, a la que pertenecemos–, nada tiene que ver con la crisis internacional”.

Y abunda: “La crisis económica del país, con todo y que digan que es efecto de la internacional, que no la propiciamos nosotros, en realidad –para hablar en términos económicos– tiene un gran componente nacional. Es un producto netamente mexicano”.
En efecto, añade, la actual situación económica del país es el resultado de un largo período de deterioro constante de la dinámica de crecimiento en el país. “En los últimos 25 años ha habido un crecimiento económico muy bajo y volátil. Hasta 1981 crecíamos a tasas superiores a 6.5% del PIB.

“Pero desde 1982, cuando la crisis petrolera y la deuda, el crecimiento promedio de la economía no alcanza siquiera 3% al año. Un crecimiento muy mediocre para un país con una economía que por años ha estado entre las 15 más grandes del mundo.

“Y esto último es una vergüenza: ese crecimiento pírrico de 3% es más que una abstracción, pues en la realidad significa una total incapacidad para generar empleos suficientes, de calidad y bien remunerados. Cada vez es mayor la incapacidad de la economía para absorber a la Población Económicamente Activa.

“El empleo en México lleva más de 25 años en un tobogán. Y la única manera en que, en ese tiempo, ha podido atenuarse el desempleo es con la válvula de escape de la migración y el empleo informal.”
Sin esperanza

En el origen de todos los males que hoy vive la economía y que tienen a millones de mexicanos en la desesperanza, está la incapacidad de los distintos gobiernos para aprovechar los abundantes recursos económicos que hemos tenido, pero sobre todo la incapacidad para pensar en grande, la falta de visión de largo plazo, considera el experto.
Dice que todo se ha dilapidado en la coyuntura. No se aprovecharon suficientemente los recursos petroleros; tampoco los ingresos que dejaron la apertura comercial, la explosión exportadora y las privatizaciones de paraestatales.

Uno a uno, afirma, los gobiernos fueron acabándose los recursos, sin tener claro un proyecto de país. Acabaron con la industria, sobre todo la manufacturera, y le quitaron el gran motor que impulsó la economía mexicana durante décadas. Y que en el mundo sigue siendo fundamental para el desarrollo de los países, porque es la que más impacta el terreno tecnológico, aumenta la productividad de muchos sectores de la economía y arrastra al conjunto de ésta.

Hoy, en México, esa industria apenas significa 17% del PIB, cuando llegó a ser de más de 22% en los años ochenta. “Esa caída, además de brutal, es un retroceso que nos pone en desventaja frente a todos los países. Las manufacturas en Brasil, por ejemplo, aportan más de 20% de su producto; en Indonesia es de 28%; en China, que se ha convertido en el taller industrial del mundo, anda en 35%. Sólo por mencionar algunos países de igual desarrollo”, dice De Maria y Campos.

Pero lo más grave es esa falta de visión de los últimos gobiernos mexicanos, de no saber qué queremos para el futuro, para el país, para la sociedad, agrega.

Contrasta el entrevistado las experiencias de otros países que en algún tiempo tenían un desarrollo similar al de México o incluso por debajo.

Por ejemplo: Cuando China reconoce sus rezagos frente a Occidente y decide, en 1979, reformar su economía y abrirse al mundo, su líder Deng Xiaoping dijo “en 30 años seremos la segunda potencia económica mundial”. Están a un paso.

Su fórmula: “Primero, ganas y decisión; es decir, voluntad política; luego, trabajo intenso, ahorro, inversión, educación y tecnología. Nada más un dato para ver el alcance de su decisión: antes de la actual crisis económica, China ya era el segundo productor de autos más grande del mundo, después de Japón”.

Otro ejemplo que elige el especialista: Corea del Sur. “En 1981, ese país nos envidiaba nuestros avances en materia petrolera, petroquímica y en infraestructura. Hoy Corea tiene un ingreso per cápita dos veces superior al de México; es una gran potencia industrial y tecnológica, y el quinto productor de automóviles del mundo, con diseño y tecnología propios.

“México, en cambio, con todo y el gran crecimiento de sus exportaciones automotrices es apenas el décimo productor mundial de autos, además de que depende fundamentalmente de capital y tecnología extranjeros.

Un dato más acerca de Corea: “Sin producción petrolera propia, tiene una de las industrias petroquímicas más fuertes y modernas del mundo”.

Para no ir tan lejos, está el ejemplo de Brasil, dice el especialista. “Los brasileños, por años, vinieron a México a aprender de nuestra industria petrolera. Hoy Petrobras, la petrolera brasileña, que también es estatal, es un portento trasnacional, que está en una veintena de países y perfora en profundidades marinas hasta 10 veces más que Pemex.
Pero no sólo eso: “Hace 30 años Brasil no tenía la industria aeronáutica que tiene ahora. Hoy cuentan con Embraer, que empezó como empresa estatal, y que es una de las principales fabricantes de aviones de medio alcance en el mundo, con tecnología propia”.

Concluye De Maria y Campos: “Por falta de visión estratégica y de voluntad política; por no saber aprovechar nuestros recursos; por no ser pragmáticos y hacer a tiempo los cambios necesarios, por todo eso México se ha quedado chiquito, a la zaga de los países que fueron sus pares.

“Urge un cambio de timón, pero ya. No hay tiempo para actuar con lentitud y con miedos.”

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Contra el desplome, palabrería*


CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Ante el derrumbe de la economía, el gobierno opta por el discurso optimista. Aduce que prácticamente se acabó la crisis, incluso pregona que “ya vamos entrando en una senda de crecimiento”.

Ahora resulta que si no hubiera sido por la epidemia del virus A/H1N1, la economía habría registrado, “definitivamente, un crecimiento positivo” en el segundo trimestre del año, pues la caída del PIB fue “únicamente” de 1.2% si se le compara con el trimestre previo.
Así lo dijo el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, apenas la tarde del viernes 21, en un discurso diametralmente opuesto al que empleó días antes, cuando habló de que la crisis internacional había provocado en México “el shock financiero más grande en los últimos 30 años”, y que para la economía nacional implicará una brutal pérdida de ingresos presupuestales: de 480 mil millones de pesos este año y de 300 mil millones para 2010.

Pero el del viernes 21 era otro Carstens, más cercano al del catarrito de finales de 2007 que al del tsunami financiero de hace unos meses o al del shock financiero del martes 11.
Todo viene a cuento porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el jueves 20 el comportamiento de la economía nacional en el período abril-junio de 2009.

El dato quedó en el rango esperado por los analistas: el PIB registró una caída anual, en el segundo trimestre, de 10.3%, que se suma a la caída de 8.2% del primer trimestre.
Pero ese -10.3% del segundo trimestre de este año, respecto del mismo período del año anterior, resulta que es el desplome económico trimestral más fuerte en la historia económica reciente del país.

El anterior peor registro se dio en el segundo trimestre de 1995, hace 14 años, en plena crisis financiera –provocada por la macrodevaluación de diciembre de 1994–, cuando el PIB cayó 9.2%.

Más aún: desde 1980, cuando el Inegi empezó a hacer la medición trimestral del PIB, no había habido un desplome económico que se acercara al -10.3% último, ni siquiera a causa de la crisis petrolera y de la deuda, que arruinaron el sistema financiero nacional, las finanzas públicas y la balanza de pagos del país.

El matiz que quiso imprimirle el secretario Carstens al pésimo desempeño económico del segundo trimestre choca también con otro dato: salvo Rusia, que vio caer su producto en 10.9%, en ningún otro país la economía de desplomó tan dramáticamente en el segundo trimestre como en México.

El funcionario es muy dado a hablar en términos macroeconómicos y sólo usa cifras relativas. Pero cuando a éstas se les da el correspondiente valor absoluto, las cosas van cobrando otra dimensión.

El propio Inegi da la información. El PIB, a precios de mercado, en el segundo trimestre de 2008, fue de 9 billones 53 mil 791 millones de pesos. Un año después, en el segundo trimestre de este año, ese valor disminuyó a 8 billones 125 mil 591 millones de pesos.
Es decir, el valor total de todo lo que se produce en el país disminuyó en un año 928 mil 200 millones de pesos. En otras palabras: la economía nacional vale hoy casi 1 billón de pesos menos que hace un año.

Y 1 billón es, por compararlo con algo, justo la tercera parte de todo el presupuesto de egresos de 2009.

Pero aun así, todo eso sigue siendo números y demás abstracciones. Una disminución del PIB, una contracción de la actividad económica, tiene expresiones concretas en el mundo real. Y la más clara es la pérdida de empleos, pues una caída en la producción implica cierre y/o achicamiento de empresas, y esto significa menos contrataciones, más despidos.
Pero en materia de empleo, el gobierno del presidente Calderón también acostumbra hacer cuentas alegres. Empezando por él mismo, que no se cansa de decir que la tasa de desempleo en México es muy baja en comparación con la que se registra en otros países.
Cifras relativas

En varias ocasiones, sobre todo después de la debacle electoral del PAN el pasado 5 de julio, Calderón ha reiterado que México tiene una tasa de desempleo apenas arriba de 5% de la Población Económicamente Activa, contra un desempleo en España de más de 18% o de más de 10% en Estados Unidos.

“No estamos tan mal”, ha querido sugerir con esas comparaciones. Y lo mismo hacen el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y cuanto funcionario federal aborda el tema del empleo.

Pero, otra vez, sólo se enfocan a las cifras relativas.

Una tasa de desempleo de más de 18% en España –según cifras de su Instituto Nacional de Estadística– implica 4 millones de personas en paro, como dicen los españoles. Pero resulta que allá los que caen en paro no quedan en el desamparo absoluto, como sí le pasa a un mexicano que queda desempleado.

Los españoles cuentan con un seguro de desempleo y, aun sin trabajo, gozan de servicios de salud y de toda una red de seguridad social que les permite sobrellevar el paro.

En México, un desempleo de 5.2% de la PEA –dato oficial del segundo trimestre– implica que 2 millones 400 mil personas están sin trabajo, en la calle y en el desamparo absoluto.
El dato es que del segundo trimestre de 2008 al segundo trimestre de este año se sumaron a las filas del desempleo absoluto, según el Inegi, 772 mil personas, pues la tasa de desocupación aumentó de 3.5% a 5.2% de un trimestre al otro.

Todavía más: por el diferente número de componentes de una familia promedio en México y en España, el número de afectados por el desempleo podría no ser tan diferente. En España, aunque la familia promedio es de cuatro miembros, millones de españoles o viven solos o son parejas sin hijos.

En México, aunque también se dan esos casos, la proporción es mucho menor. Aquí la familia promedio es de 4.7 a 5 miembros, según el Consejo Nacional de Población.
Pero no sólo eso. El discurso optimista del gobierno en torno del empleo no toma en cuenta que precisamente por no existir seguro de desempleo ni seguridad social para quienes pierden el trabajo, pocos se dan el lujo de no ocuparse en algo para obtener aunque sea un ingreso de hambre.

El Inegi, al respecto, informó apenas que la tasa de subempleo creció fuertemente en el segundo trimestre del año. La población subocupada –aquellos que buscan un trabajo adicional o jornadas laborales más largas para conseguir un ingreso mejor– fue en ese período de 4 millones 800 mil personas, 11.1% de la Población Ocupada.

Pero un año antes, en el segundo trimestre de 2008, los subempleados sumaban 3 millones de personas, 6.6% de la Población Ocupada.

Es decir, en un año se sumaron al subempleo 1 millón 800 mil personas. Y a todo ese conjunto se agrega que en la economía informal trabajan 12 millones 100 mil personas, en empleos de baja calidad, mal remunerados, sin servicios de salud ni prestaciones sociales.
Los datos del Inegi, en este último caso, son implacables: en el segundo trimestre, de las 43.3 millones de personas que estaban ocupadas en el país, 27.7 millones, 64%, no tenían acceso a servicios de salud, en instituciones públicas o privadas.

Con todo ello, pues, el gobierno no tiene por qué festejar que la tasa de desem­pleo en México “es baja”.

*Tomados de la revista Proceso.