Dame la llave Agustín y enséñame tu ropero*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta


No cabe duda de que Agustín Carstens continúa metiéndose en graves problemas, pues ante el evidente fracaso de su estrategia económica –que por cierto nos tiene al borde del colapso–, se ha sumado una clara violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), que ameritaría su destitución, si en nuestro país existiera un verdadero estado de derecho que permitiera la rendición de cuentas.

Y señalo lo anterior, ya que el 22 de mayo pasado, la Secretaria de Hacienda informó que “no cuenta con los documentos que registraron la venta (desincorporación) de las 18 instituciones bancarias que se reprivatizaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esto es, que “Hacienda extravió el libro blanco de la reprivatización bancaria”.

Para que esto se entienda mejor, debo decir que un libro blanco es un documento oficial publicado por un gobierno como informe o guía sobre algún asunto o problema y como enfrentarlo, este libro blanco también puede ser utilizado como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Al respecto conviene mencionar que en las fracciones cuarta y quinta del artículo 8 de LFRASP es muy clara la obligación de los servidores públicos a “rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones”, así como la de “custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización”.

Resulta evidente por parte del titular de Hacienda una absoluta violación a lo establecido en dicha ley, más aún si revisamos el artículo 13 del citado ordenamiento nos podemos dar cuenta que el Carstens podría hacerse acreedor hasta a una destitución del puesto.

Peor aún, Agustín Carstens sabe muy bien que existe un libro blanco de la desincorporación o reprivatización de los bancos, ya que el hecho de ser el “secretario de Hacienda” lo convierte en el presidente de la junta de gobierno del IPAB, que es el “engendro de corrupción” que sustituyó al Fobaproa, y que este cargo lo ejerce actualmente y lo ejerció también entre los años 2000 y 2003, cuando asistía a las reuniones de la junta de gobierno del IPAB, en sustitución de Francisco Gil Díaz.

Aquí también conviene preguntarnos por qué el diputado Antonio Ortega Martínez, quién además de ser hermano de Jesús Ortega, es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se ha pronunciado sobre el asunto. ¿Será que no sabe que tanto en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como en la Auditoría Superior de la Federación existe un ejemplar de ese ya famoso libro blanco.
Que acaso estos personajes no se han tomado la molestia de leer el llamado Informe Mackey, que es la supuesta auditoría al rescate bancario que el Congreso ordenó el 7 de septiembre de 1998 y cuyos resultados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria durante el primer semestre de 1999.

Que acaso no se han percatado que para elaborar dicho informe, el auditor de origen canadiense Michael W. Mackey consultó el multicitado libro blanco; del cual por cierto concluye, entre otras cosas, lo siguiente:

Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsa y siete grupos particulares, los precios llegaron a ser hasta de 5.3 de su valor en libros, lo que le produjo ingresos al gobierno por 12 mil 500 millones de pesos.
Fue evidente que los procesos no fueron adecuados. Los compradores estaban relacionados con grupos industriales donde las casas de bolsa transfirieron operaciones al grupo financiero y éste compró el banco.

En la mayor parte de los casos los compradores carecían de experiencia crediticia y del conocimiento técnico para las prácticas bancarias, además de que no fueron capaces de contratar administraciones eficientes.

La mayor parte del precio de compra se financió con recursos prestados por otros bancos, como en los casos de Inverlat, Banco Unión, Banco Internacional y otros. Que todo lo anterior contribuyó al quebranto bancario generado cuatro años después.

Cómo es posible que un asunto que ha tenido tantas repercusiones para la economía del país y para los bolsillos de los mexicanos, y que fue la puerta de entrada a uno de los capítulos más negros de nuestra historia financiera sobre todo en lo que se refiere a corrupción, tráfico de influencias, y conflictos de interés, ahora se diga con la mayor desfachatez del mundo “que no se tienen los informes” o “que se extraviaron los documentos”.

Esto es un claro atentado a la rendición de cuentas del Estado que los mexicanos no podemos permitir, por mi parte ofrezco públicamente poner a disposición de quien le interese el tema toda la información oficial que poseo sobre la reprivatización bancaria, su quebranto y su negligente y corrupto rescate; actas, minutas, memorando y los famosos bank reports junto con la “lista negra del Fobaproa”.

Al mismo tiempo invitó a estos personajes y a muchos que no mencioné (por cuestión de espacio) a que hagan lo propio, pero mientras esto sucede sólo me queda decir: “Dame la llave Agustín y enséñame tu ropero”.


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Tortura y amnesia histórica*

· Obama no acabó con esa práctica, sólo la cambió de lugar, señala el investigador Allan Nairn

Noam Chomsky* /I

Los memorandos sobre tortura revelados por la Casa Blanca suscitaron asombro, indignación y sorpresa. El asombro y la indignación eran entendibles; la sorpresa, no tanto. Por principio de cuentas, aun sin investigación, era razonable suponer que Guantánamo era una cámara de tortura. ¿Para qué, si no, enviar prisioneros a un lugar donde estarían fuera del alcance de la ley; un lugar, por cierto, que Washington utiliza en violación de un tratado impuesto a Cuba a punta de pistola? Desde luego, se adujeron razones de seguridad, pero sigue siendo difícil tomarlas en serio. Las mismas sombrías expectativas se tuvieron acerca de los “sitios negros”, prisiones secretas del gobierno de Bush, y por la “rendición extraordinaria”, o captura extrajudicial de sospechosos en otros países, y se cumplieron.

Más importante es que la tortura ha sido práctica de rutina desde los primeros días de la conquista del territorio nacional, y continuó empleándose a medida que las aventuras imperiales del “imperio infante” –como George Washington llamaba a la nueva república– se extendieron a Filipinas, Haití y demás lugares. Tengamos en mente también que la tortura fue el menor de muchos crímenes de agresión, terror, subversión y estrangulamiento económico que han oscurecido la historia estadunidense, como ocurre también con otras grandes potencias.

En consecuencia, lo sorprendente es ver las reacciones a la revelación de esos memorandos del Departamento de Justicia, incluso las de algunos de los críticos más francos y elocuentes del mal gobierno de Bush: Paul Krugman, por ejemplo, quien escribió que solíamos ser “una nación de ideales morales” y que nunca antes de Bush “habían nuestros líderes traicionado en forma tan absoluta todo lo que esta nación ha postulado”. Por decir lo menos, esta visión común refleja una versión bastante sesgada de la historia estadunidense.

De cuando en cuando se ha abordado en forma directa el conflicto entre “lo que postulamos” y “lo que hacemos”. Un distinguido académico que emprendió esa tarea fue Hans Morgenthau, fundador de la teoría de las relaciones internacionales realistas. En un estudio clásico, publicado en 1964 a la luz de Camelot, Morgenthau desarrollaba la visión convencional de que Estados Unidos tiene un “propósito trascendental”: instaurar la paz y la libertad en su territorio y de hecho en todas partes, puesto que “la arena dentro de la cual Estados Unidos debe defender y promover su propósito ha alcanzado dimensiones mundiales”. Pero, como académico escrupuloso, también reconoció que el registro histórico era radicalmente inconsistente con ese “propósito trascendental”.

No debemos dejarnos confundir por esa discrepancia, aconsejaba Morgenthau; no debemos “confundir el abuso de la realidad con la realidad misma”. La realidad es el “propósito nacional” incumplido, como se revela en “la evidencia de la historia según la refleja nuestra mente”. Lo que ocurría en los hechos no era más que “el abuso de la realidad”.

La revelación de los memorandos sobre tortura condujo a otros a reconocer el problema. En el New York Times, el columnista Roger Cohen reseñó un nuevo libro, The Myth of American Exceptionalism, del periodista británico Geoffrey Hodgson, quien concluye que Estados Unidos no es más que una “nación grande, pero imperfecta, entre otras”. Cohen concede que la evidencia apoya la opinión de Hodgson, pero de todos modos le parece que yerra al no entender que “Estados Unidos nació como una idea, y por eso tiene que llevarla adelante”. La idea de Estados Unidos se revela en el nacimiento de la nación como “ciudad en una colina”, noción “inspiradora” que reside “muy en el fondo de la sique estadunidense”, así como en el “distintivo espíritu individualista y emprendedor de los estadunidenses”, que se demuestra en la expansión hacia el oeste. El error de Hodgson, según eso, es apegarse a “las distorsiones de la idea estadunidense”, al “abuso de la realidad”.

Volvamos la atención hacia la “realidad en sí”: hacia la “idea” de Estados Unidos desde sus primeros días.

“Vengan a ayudarnos”

La frase inspiradora “una ciudad en una colina” fue acuñada en 1630 por John Winthrop, quien la tomó de los evangelios para esbozar el futuro glorioso de una nación “ordenada por Dios”. Un año antes la colonia de la Bahía de Massachusetts creó su Gran Sello, el cual mostraba un indígena de cuya boca salía un pergamino, en que se leían las palabras “Vengan a ayudarnos”. Así, los colonialistas británicos se representaban como humanistas benévolos que respondían a las súplicas de los miserables nativos para rescatarlos de su amargo destino pagano.

De hecho, el Gran Sello es la representación gráfica de “la idea de Estados Unidos” desde su nacimiento. Debe ser exhumada desde las profundidades de la sique y desplegada en los muros de todos los salones de clase. Debió aparecer sin duda en el fondo de toda la pleitesía estilo Kim Il-Sung que se le rendía a ese salvaje asesino y torturador llamado Ronald Reagan, quien alegremente se describía como el líder de una “reluciente ciudad en la colina” mientras orquestaba algunos de los crímenes más espantosos de sus años en el cargo, notoriamente en Centroamérica, pero también en otros lugares.

El Gran Sello fue una proclamación temprana de la “intervención humanitaria”, para usar una frase en boga. Como ha ocurrido comúnmente desde entonces, la “intervención humanitaria” condujo a una catástrofe para los supuestos beneficiarios. El primer secretario de Guerra, el general Henry Knox, describió “la absoluta extirpación de todos los indios en las partes más populosas de la unión” por medios “más destructivos para los nativos indígenas que la conducta de los conquistadores de México y Perú”.

Mucho después de que sus propias significativas aportaciones al proceso quedaran en el pasado, John Quincy Adams deploró el destino de “esa infortunada raza de americanos nativos, a quienes exterminamos con tanta crueldad pérfida y despiadada… entre los atroces pecados de esta nación, por los cuales creo que Dios algún día la llevará a juicio”. Esa “crueldad pérfida y despiadada” continuó hasta que “se conquistó el oeste”. En vez del juicio de Dios, los atroces pecados sólo han traído hoy elogios por la culminación de la “idea” estadunidense.

La conquista y colonización del oeste mostraron sin duda ese “espíritu individualista y emprendedor” tan elogiado por Roger Cohen. Así ocurre por lo regular con las empresas de colonización, la forma más cruel del imperialismo. Los resultados fueron ensalzados por el respetado e influyente senador Henry Cabot Lodge en 1898. Al convocar a la intervención en Cuba, Lodge elogió nuestro historial “de conquista, colonización y expansión territorial, inigualado por ningún pueblo en el siglo XIX”, y llamó a “no detenerlo ahora”, cuando los cubanos también suplicaban, según las palabras del Gran Sello, “vengan a ayudarnos”.

Su ruego fue atendido. Estados Unidos envió tropas, con lo cual impidió que Cuba se liberara de España y la convirtió en una colonia virtual, como continuó siéndolo hasta 1959.

La “idea estadunidense” fue ilustrada tiempo después por la notable campaña emprendida por el gobierno de Dwight D. Einsenhower para devolver a Cuba al lugar apropiado, luego que Fidel Castro entró en La Habana en enero de 1959 y liberó por fin a la isla del dominio extranjero, con enorme apoyo popular, como Washington reconoció a regañadientes. Lo que siguió fue: una guerra económica, con la mira claramente delineada de castigar al pueblo cubano para que derrocara al desobediente gobierno de Castro; una invasión; la dedicación de los hermanos Kennedy a llevar a Cuba “los terrores de la Tierra” (frase del historiador Arthur Schlesinger en su biografía de Robert Kennedy, quien tenía esa tarea entre sus máximas prioridades), y otros crímenes que continúan hasta el presente, en desafío a una opinión mundial prácticamente unánime.

Por lo regular los orígenes del imperialismo estadunidense se hacen remontar a la invasión de Cuba, Puerto Rico y Hawai en 1898. Pero eso es sucumbir a lo que el historiador del imperialismo Bernard Porter llama “la falacia del agua salada”, la idea de que la conquista sólo se vuelve imperialista cuando cruza agua de mar. Es decir, si el Misisipi hubiera semejado al mar de Irlanda, la expansión hacia el oeste habría sido imperialismo. De George Washington a Henry Cabot Lodge, los que participaron en la empresa tuvieron una visión más clara de lo que hacían.

Luego del éxito de la intervención humanitaria en Cuba, en 1898, el siguiente paso en la misión asignada por la Providencia fue conferir “las bendiciones de la libertad y la civilización a todos los pueblos rescatados” de Filipinas (en palabras de la plataforma del Partido Republicano de Lodge)… por lo menos a los que sobrevivieron a las matanzas y al uso extendido de la tortura y demás atrocidades que las acompañaron. Esas almas afortunadas fueron dejadas a la merced del gobierno filipino de paz instaurado por Estados Unidos dentro de un modelo recién ideado de dominio colonial, que se apoyaba en fuerzas de seguridad adiestradas y equipadas para aplicar avanzados métodos de vigilancia, intimidación y violencia. Modelos similares se adoptarían en muchas otras zonas donde Estados Unidos impuso brutales guardias nacionales y otras fuerzas a su servicio.

Paradigma de apremios

En los 60 años pasados, las víctimas en todo el mundo han soportado el “paradigma de tortura” de la CIA, desarrollado a un costo que llegó a mil millones de dólares anuales, según documenta el historiador Alfred McCoy en su libro A Question of Torture. Allí muestra cómo los métodos de tortura desarrollados por la CIA a partir de la década de 1950 aparecen, con pocas variantes, en las fotografías infames de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. No hay hipérbole en el título del penetrante estudio de Jennifer Harbury sobre el historial de tortura estadunidense: Truth, Torture, and the American Way. Así pues, es sumamente engañoso, por decir lo menos, que los investigadores del descenso de la banda de Bush a las cloacas del mundo lamenten que “al emprender la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos haya extraviado el rumbo”.

No se quiere decir con esto que Bush-Cheney-Rumsfeld et al no hayan incorporado innovaciones importantes. En la práctica normal estadunidense, la tortura se encomendaba a subsidiarios, no la ejecutaban estadunidenses directamente en cámaras de tortura propias, instaladas por su gobierno. En palabras de Allan Nairn, quien ha llevado a cabo algunas de las investigaciones más reveladoras y valerosas sobre el tema: “Lo que la [prohibición de la tortura] de Obama cancela es ese pequeño porcentaje de tortura que hoy realizan estadunidenses, pero conserva el conjunto abrumador de la tortura del sistema, que es llevado a cabo por extranjeros bajo patrocinio estadunidense. Obama podría dejar de apoyar a fuerzas extranjeras que torturan, pero ha elegido no hacerlo”.

Obama no acabó con la práctica de la tortura, observa Nairn, sino “sólo la cambió de lugar”, restaurando la norma estadunidense de indiferencia hacia las víctimas. “Es un retorno al status quo anterior –escribe Nairn–, al régimen de tortura que va de Ford a Clinton, y que año con año produjo más agonía con respaldo estadunidense de la que se produjo durante los años de Bush/Cheney.”

En ocasiones el involucramiento estadunidense en la tortura ha sido aún más indirecto. En un estudio realizado en 1980, el latinoamericanista Lars Schoultz descubrió que la ayuda exterior estadunidense “ha tendido a fluir en forma desproporcionada hacia gobiernos latinoamericanos que torturan a sus ciudadanos… a los mayores violadores de los derechos humanos fundamentales en el hemisferio”. Estudios más amplios de Edward Herman encontraron la misma correlación, y también sugirieron una explicación. No es sorprendente que la ayuda estadunidense tienda a correlacionarse con un clima favorable a los negocios, que por lo común mejora con el asesinato de organizadores de obreros y campesinos y activistas pro derechos humanos y otras acciones semejantes, lo cual produce una segunda correlación entre la ayuda y las monumentales violaciones a los derechos humanos.

Estos estudios se llevaron a cabo antes de los años de Reagan, cuando no valía la pena estudiar el tema porque esas correlaciones eran patentes. No es extraño, pues, que el presidente Obama nos aconseje mirar hacia delante y no hacia atrás, doctrina conveniente para los que blanden los garrotes. Los que son golpeados por ellos tienden a ver el mundo en forma diferente, con gran molestia de nuestra parte.

* Noam Chomsky es autor de numerosas obras políticas de gran venta. Sus libros más recientes son Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy y What We Say Goes, libro de conversaciones con David Barsamian. La editorial New Press acaba de publicar The Essential Chomsky (editado por Anthony Arnove), colección de sus escritos sobre política y lingüística de 1950 a la época actual.

Impreso con permiso de TomDispatch.com

© Noam Chomsky 2009

Traducción: Jorge Anaya


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Tortura y amnesia histórica*

Noam Chomsky/II y última

Se puede argumentar que la aplicación del paradigma de tortura” de la CIA nunca violó la Convención sobre Tortura de 1984, al menos en la forma en que fue interpretada por Washington. McCoy señala que el muy sofisticado paradigma de la CIA se desarrolló a enorme costo en las décadas de 1950 y 1960, con base en la “técnica de tortura más devastadora de la KGB”, que se reservaba para el tormento mental, no físico, el cual se consideraba menos efectivo para convertir a las personas en vegetales manejables. McCoy escribe que el gobierno de Reagan revisó en forma minuciosa la Convención Internacional sobre Tortura “con cuatro detalladas ‘reservas’ diplomáticas enfocadas en una sola palabra de las 26 páginas impresas de la convención: la palabra ‘mental’”. Añade: “Estas reservas diplomáticas de intrincada construcción redefinían la tortura, según la interpretación de Estados Unidos, excluyendo la privación sensorial y el dolor autoinfligido: precisamente las técnicas que la CIA había refinado a un costo tan alto”. Cuando Clinton envió al Congreso la Convención de la ONU para su ratificación, en 1994, incluyó las reservas de Reagan. Por tanto, el presidente y el Congreso excluyeron el núcleo del paradigma de tortura de la CIA de la interpretación estadunidense de la Convención, y esas reservas, observa McCoy, fueron “reproducidas al pie de la letra en la legislación promulgada para dar fuerza de ley a la Convención de la ONU“. Ésa es la “mina política de tierra” que “estalló con fuerza tan fenomenal” en el escándalo de Abu Ghraib y en la vergonzosa Ley de Comisiones Militares (que permite crear comités castrenses para juzgar a presuntos enemigos extranjeros/ N de la T), la cual se aprobó en 2006 con apoyo de los dos partidos. Bush, desde luego, fue más allá de sus predecesores al autorizar violaciones flagrantes del derecho internacional, y varias de sus innovaciones extremistas fueron echadas abajo por los tribunales. Mientras Obama, como Bush, expresa con elocuencia nuestro indeclinable respeto al derecho internacional, parece decidido a restaurar sustancialmente las medidas extremistas de Bush.

En el importante caso Boumediene versus Bush, de junio de 2008, la Suprema Corte rechazó la afirmación anticonstitucional del gobierno de Bush de que los prisioneros de Guantánamo no tienen derecho al recurso de habeas corpus. El columnista Glenn Greenwald, de Salon.com, relata lo que pasó después. Buscando “preservar la atribución de secuestrar personas en otras partes del mundo” y encarcelarlas sin el proceso debido, el gobierno de Bush decidió enviarlas a la prisión de la base aérea estadunidense de Bagram, en Afganistán, con lo cual trató al “veredicto del caso Boumediene, fundamentado en nuestras garantías constitucionales más elementales, como si fuera un juego tonto: si llevas a los prisioneros a Guantánamo, tienen derechos constitucionales; si los llevas a Bagram, puedes desaparecerlos para siempre sin proceso judicial”. Obama adoptó la postura de Bush, “al presentar una promoción ante un tribunal federal en la que, en dos oraciones, declaraba que adoptaba la teoría más extremista de Bush sobre el tema”, alegando que los prisioneros llevados a Bagram desde cualquier parte del mundo (en el caso en cuestión, yemenitas y tunecinos capturados en Tailandia y en Emiratos Árabes Unidos) “pueden permanecer en prisión por tiempo indefinido sin ningún derecho, siempre y cuando se les mantenga en Bagram y no en Guantánamo”. Sin embargo, en marzo pasado un juez federal designado por Bush “rechazó la postura Bush/Obama y sostuvo que la argumentación del caso Boumediene se aplica punto por punto tanto a Bagram como a Guantánamo”. El gobierno de Obama anunció que impugnaría el fallo, con lo cual su Departamento de Justicia, concluye Greenwald, se colocó “claramente a la derecha de un poder extremadamente conservador y favorable al Ejecutivo –los 43 jueces nombrados por Bush–, en lo tocante a asuntos de poder ejecutivo y detenciones violatorias del proceso debido”, y en violación radical de las promesas de campaña de Obama y sus posturas anteriores.

El caso Rasul versus Rumsfeld parece seguir una trayectoria similar. Los demandantes sostenían que Rumsfeld y otros altos funcionarios fueron responsables de las torturas a las que se les sometió en Guantánamo, adonde se les envió después de ser capturados por el señor de la guerra uzbeko Rashid Dostum. Afirmaban que habían viajado a Afganistán para ofrecer ayuda humanitaria. Dostum, notorio rufián, era el líder de la Alianza del Norte, facción afgana apoyada por Rusia, Irán, India, Turquía y los estados del centro de Asia, y por Estados Unidos cuando atacó Afganistán, en octubre de 2001.

Dostum los entregó a la custodia estadunidense, supuestamente a cambio de una recompensa. El gobierno de Bush intentó que el caso se sobreseyera. En fecha reciente el Departamento de Justicia de Obama presentó una moción en apoyo a la postura del gobierno anterior de que los funcionarios no eran culpables de tortura y otras violaciones al proceso debido, sobre la base de que los tribunales todavía no precisaban los derechos de que gozaban los prisioneros.

También se ha informado que el gobierno de Obama pretende revivir las comisiones militares, una de las violaciones más graves al estado de derecho perpetradas en los años de Bush. Existe una razón, según William Galverson, del New York Times: “Funcionarios que trabajan en el asunto de Guantánamo dicen que los abogados del gobierno están preocupados de que vayan a enfrentar obstáculos significativos para enjuiciar a algunos sospechosos de terrorismo en tribunales federales. Los jueces podrían poner dificultades para procesar a detenidos que fueron sometidos a tratamiento brutal, o impedir que los fiscales utilicen testimonios de oídas recabados por agencias de inteligencia”. Al parecer, lo consideran una grave falla del sistema de justicia penal.

Creación de terroristas

Aún se debate mucho si la tortura ha sido eficaz para obtener información; la premisa, al parecer, es que si es eficaz, entonces está justificada. Según el mismo argumento, cuando Nicaragua capturó al piloto estadunidense Eugene Hasenfuss, en 1986, luego de derribar su avión, en el que llevaba ayuda para las fuerzas de la contra, respaldadas por Washington, no debió ser juzgado y, una vez hallado culpable, devuelto a Estados Unidos, como hizo Nicaragua. Se debió haber aplicado el paradigma de tortura de la CIA para tratar de extraer información acerca de otras atrocidades terroristas que se planeaban en Washington, lo que no era asunto menor para un país minúsculo y empobrecido, sujeto a un ataque terrorista de la superpotencia global.

Conforme a las mismas normas, si los nicaragüenses hubieran podido capturar al principal coordinador terrorista, John Negroponte, entonces embajador en Honduras (más tarde nombrado primer director de Inteligencia Nacional, en esencia un zar del contraterrorismo, sin que se oyera un solo murmullo), debieron haber hecho lo mismo. Cuba habría estado justificada en actuar en forma similar si el gobierno de Castro hubiera logrado echar el guante a los hermanos Kennedy. No hay necesidad de mencionar lo que sus víctimas habrían hecho a Henry Kissinger, Ronald Reagan y otros destacados comandantes terroristas, cuyos logros dejan en vergüenza a Al Qaeda, y quienes sin duda poseían amplia información que habría evitado nuevos ataques de “bombas de tiempo”.

Tales consideraciones nunca parecen aflorar en la discusión pública. Existe, desde luego, una respuesta: nuestro terrorismo, aunque sin duda es terrorismo, es benigno, puesto que deriva de la ciudad en la colina. Tal vez la culpabilidad sería mayor, según las normas morales prevalecientes, si se descubriera que la tortura del gobierno de Bush costó vidas estadunidenses. Ésa es, de hecho, la conclusión a la que llega el mayor Matthew Alexander [es un seudónimo], uno de los interrogadores más curtidos de Estados Unidos en Irak, quien obtuvo “la información con la cual las fuerzas armadas pudieron localizar a Abu Musab al Zarqawi, jefe de Al Qaeda en Irak”, según informó Patrick Cockburn, corresponsal de The Independent en Irak.
Alexander no siente más que desprecio por los crueles métodos de interrogación del gobierno de Bush: según cree, el uso de la tortura por Estados Unidos no sólo no obtiene información útil, sino “ha resultado tan contraproducente, que podría haber conducido a la muerte de tantos soldados estadunidenses como víctimas civiles causó el 11/S”. A partir de cientos de interrogatorios, Alexander descubrió que combatientes extranjeros llegaron a Irak en reacción a los abusos en Guantánamo y Abu Ghraib, y que ellos y sus aliados domésticos recurrieron a los ataques suicidas y otros actos terroristas por las mismas razones.

También hay creciente evidencia de que los métodos de tortura que estimularon Dick Cheney y Donald Rumsfeld crearon terroristas. Un estudio de caso cuidadosamente estudiado es el de Abdallah al Ajmi, encerrado en Guantánamo bajo el cargo de “participar en dos o tres combates con la Alianza del Norte”. Terminó en Afganistán después de fracasar en el intento de llegar a Chechenia para combatir a los rusos. Luego de cuatro años de tratamiento brutal en Guantánamo, se le devolvió a Kuwait. Más tarde logró llegar a Irak y, en marzo de 2008, se lanzó en un camión cargado de bombas contra un complejo militar iraquí, acción en la que perecieron él y 13 soldados: fue “el acto de violencia más malvado cometido por un antiguo detenido en Guantánamo”, según el Washington Post y, según su abogado, el resultado directo de su encarcelamiento abusivo. Tanto como esperaría una persona razonable.

Nada excepcionales

Otro socorrido pretexto para torturar es el contexto: la “guerra al terror” que Bush declaró después del 11/S. Un crimen que dejó “obsoleto” el derecho internacional tradicional, según dijo a Bush su consejero legal, Alberto Gonzales, más tarde nombrado procurador general. Esta doctrina ha sido reiterada en una forma u otra en comentarios y análisis.

Sin duda, el ataque del 11/S fue único en muchos aspectos. Uno es el lugar hacia donde apuntaban las armas: típicamente lo hacen en dirección opuesta. De hecho, fue el primer ataque de importancia en territorio de Estados Unidos desde que los británicos incendiaron Washington, en 1814.

Otro rasgo singular fue la escala del terror perpetrado por un actor no estatal. Horripilante como fue, pudo haber sido peor. Supongamos que los perpetradores hubieran atacado la Casa Blanca, dado muerte al presidente e impuesto una despiadada dictadura militar que hubiera asesinado a entre 50 mil y 100 mil personas y torturado a 700 mil, organizado un enorme centro terrorista internacional que cometiera asesinatos y ayudara a imponer dictaduras militares comparables en otros lugares, y aplicado doctrinas que desmantelaran la economía en forma tan radical, que el Estado hubiera tenido que tomarla virtualmente a su cargo unos años después.

Eso habría sido sin duda mucho peor que el 11 de septiembre de 2001. Y ocurrió en Chile, en tiempos de Salvador Allende, en lo que los latinoamericanos llaman a menudo “el primer 11/S”, en 1973. (Los números de arriba se cambiaron por sus equivalentes per cápita en Estados Unidos, forma realista de medir crímenes.) La responsabilidad del golpe militar contra Allende se puede rastrear directamente hasta Washington. Como es de suponerse, esta analogía, por lo demás muy apropiada, no está en la conciencia pública aquí en Estados Unidos, y los hechos se adscriben a ese “abuso de la realidad” que los ingenuos llaman “historia”.

También se debe recordar que Bush no declaró la “guerra al terror”, sino la redeclaró. Veinte años antes, el gobierno de Reagan asumió el cargo declarando que un aspecto central de su política exterior sería una guerra al terror, “la peste de la era moderna” y “un retorno a la barbarie en nuestro tiempo”, por ilustrar la febril retórica de la época.

Esa primera guerra de Estados Unidos contra el terror también ha sido borrada de la conciencia histórica, porque su resultado no se puede incorporar con facilidad en el canon: cientos de miles asesinados en los países arruinados de Centroamérica y muchos más en otras partes, entre ellos alrededor de un millón 500 mil muertos en las guerras terroristas patrocinadas en naciones vecinas de la aliada favorita de Reagan, la Sudáfrica del apartheid, la cual tenía que defenderse del Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela, uno de los “más notorios grupos terroristas” del mundo, según determinó Washington en 1988. En estricta justicia, debe añadirse que, 20 años después, el Congreso votó en favor de retirar al CNA de la lista de organizaciones terroristas, para que Mandela pudiese por fin entrar en Estados Unidos sin necesidad de un salvoconducto gubernamental.

La doctrina imperante en el país es llamada a veces “excepcionalismo estadunidense”. No es nada de eso: más bien parece estar cerca de un hábito universal de las potencias imperiales. Francia ensalzaba su “misión civilizadora” en sus colonias, mientras su ministro de Guerra llamaba al “exterminio de la población indígena” de Argelia. La nobleza británica era una “novedad en el mundo”, declaró John Stuart Mill, a la vez que instaba a esa potencia angélica a no retrasar más la completa liberación de India.

De manera similar, no hay razón para dudar de la sinceridad de los militaristas japoneses de la década de 1930, quienes llevaban un “paraíso en la Tierra” a China bajo la benigna tutela japonesa, mientras arrasaban Nanking y emprendían campañas en el norte rural chino bajo el lema “quema todo, saquea todo, mata todo”. La historia está repleta de similares episodios gloriosos.

Sin embargo, mientras esas tesis “excepcionalistas” permanezcan firmemente arraigadas, las ocasionales revelaciones del “abuso de la historia” a menudo resultan contraproducentes y sólo sirven para borrar crímenes terribles. La masacre de My Lai fue una mera nota al pie en las gigantescas atrocidades de los programas de pacificación posteriores al Tet, que se han pasado por alto mientras la indignación en Estados Unidos se enfoca en un solo crimen.

Watergate fue criminal sin duda, pero el furor al respecto desplazó crímenes incomparablemente peores dentro y fuera del país, entre ellos el asesinato, organizado por la FBI, del organizador negro Fred Hampton, como parte de la infame represión desatada por el Programa de Contrainteligencia (Cointelpro), o el bombardeo de Cambodia, por mencionar sólo dos ejemplos monumentales. La tortura es malvada de por sí, pero la invasión de Irak fue un crimen mucho peor. Por lo común, las atrocidades selectivas tienen esta función. La amnesia histórica es un fenómeno peligroso, no sólo porque socava la integridad moral e intelectual, sino también porque echa los cimientos para crímenes por venir.

© Noam Chomsky 2009.

Traducción: Jorge Anaya

*Tomados de La Jornada.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

· Michoacán: ¿fujimorazo para vender Pemex?


Jaime Avilés

En el fondo, todo es una aparatosa maniobra que mezcla el horror y el terror con un solo objetivo: privatizar Petróleos Mexicanos, para evitar la caída del gobierno” en medio del caos general. Debido a la crisis económica mundial, las exportaciones de crudo se desplomaron 18.2 por ciento el mes pasado, según datos oficiales de la paraestatal que liquida Jesús Reyes Heroles (La Jornada, 25/05/09, p.35). Con una producción actual de 2 millones 642 mil barriles diarios, estamos vendiendo únicamente un millón 177 mil; es decir, se nos quedan en la trastienda casi un millón y medio de barriles al día, y no porque no haya quién los necesite (aparte, es una primavera muy calurosa) sino porque nadie tiene dinero para adquirirlos.

Si antes de que esto ocurriera, México ya estaba en serios aprietos financieros (se cayeron las exportaciones de productos manufacturados a Estados Unidos, se redujeron las remesas de los migrantes, se disparó el desempleo, se desató la inflación), ahora, debido a la contracción de las ventas de Pemex, más la parálisis económica que provocó la influenza, más la virtual desaparición de la industria del turismo (nuestra otra gran fuente de captación de divisas), bien podría decirse que además de tener un Estado fallido somos un país en quiebra.

Esto explica la mágica “solución” ideada por el espuriato: privatizar Pemex para posponer el naufragio hasta el próximo sexenio (y de paso cobrar la ansiada recompensa). La fórmula, como se ve, no peca de original. Miguel de la Madrid hizo lo mismo: de 1983 a 1988 remató la mitad de las paraestatales del sector energético para pagar los intereses de la deuda externa. Carlos Salinas, de 1988 a 1994, subastó las empresas públicas que restaban para patrocinar el programa Solidaridad. Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, malbarató los ferrocarriles para convertirse en empleado de quienes se los compraron. Y Vicente Fox, de 2000 a 2006, como ya no había nada que vender, se dedicó a desmantelar Pemex, a saquearlo tornillo a tornillo.

No hay, pues, nada nuevo o sorprendente en la única salida que Calderón vislumbra para mantener a flote una lancha con 110 millones de pasajeros a bordo. Pero si algo lo diferencia de sus antecesores es el sadismo con que usa el terror para sembrar el pánico y lograr sus fines. Si a finales de 2006 declaró una supuesta guerra “contra” el narcotráfico para justificar la militarización nacional y afianzarse en el poder, tres años más tarde, sobre los cadáveres de más de 12 mil personas asesinadas de la manera más espantosa, acaba de dar un microgolpe militar en Michoacán, a guisa de ensayo, para desplegar en el momento oportuno acciones similares de mayor envergadura.

Sirviéndose del aparato propagandístico que durante la campaña electoral de 2006 se valió del rumor para amedrentar a los ingenuos (“López Obrador te va a quitar tu casa”), hoy los medios incondicionales al PAN y a Los Pinos se atreven a publicar, incluso en primera plana, que después de los alcaldes michoacanos, “pueden seguir diputados”, y en páginas interiores agregan: “incluso un gobernador priísta”.

¿De veras Calderón está listo para secuestrar diputados y gobernadores, sin antes llevarlos a juicio político en el Congreso y despojarlos del fuero constitucional que los protege? En otras palabras, ¿está preparado para imponer el estado de excepción, disolver las cámaras de diputados y senadores, gobernar por decreto, aplastar los estallidos sociales que en un futuro no lejano pudiera desencadenar el hambre del pueblo, y de todos modos, por supuesto, privatizar Pemex?

No olvidemos, como bien señaló ayer Luis Javier Garrido, que detrás de los panistas está la ultraderecha española y el publicista del odio, Antonio Solá, el genio maligno que en 2006 envenenó a México. Si el michoacanazo fue un golpe de teatro en vísperas de las elecciones, como lo calificó Andrés Manuel López Obrador, cumplió su objetivo: le tapó la boca al PRD oficialista, y aterrorizó al PRI. Fue, en otras palabras, el principio de un “amistoso” acuerdo para garantizar que las elecciones de julio no traerán consigo ni gritos ni sombrerazos. Y explica por qué, el jueves, Beatriz Paredes “retó” a un debate de “altura” a Germán Martínez, y éste aceptó sin ladrar. Si nada rompe la tregua, muy pronto, como siempre lo han hecho, se volverán a repartir el pastel.
El PRD oficialista, por su parte, cumplirá la patriótica tarea de descalificar en la televisión todo lo que en las plazas públicas haga o diga López Obrador. Las huestes de Elba Esther Gordillo acudirán en masa a las urnas a votar por los candidatos del PAN y tal vez ayudarán a los chuchos, donde los vean muy alicaídos. Cuando alguien pronuncie la palabra fraude, todos los medios responderán con trompetillas. El propósito supremo de esta maniobra, hay que reiterarlo, es conformar una Cámara de Diputados que a partir de septiembre culmine la privatización de Pemex. Y el único actor político que puede impedirla es el movimiento que encabeza López Obrador, y que luego de meses de tribulaciones metafísicas debe salir a votar por sus propios candidatos. Ni modo: esta columna que se enamoró de la opción del abstencionismo, en circunstancias muy distintas a las actuales, hoy se retracta.

El 5 de julio hay que salir a votar por los candidatos de la resistencia civil pacífica, estén donde estén, sea en el PRD, en el Partido del Trabajo o en Convergencia. A lo largo de esta semana, muchas cartas han llegado al buzón del Desfiladero pidiendo precisiones al planteamiento expuesto el sábado anterior. Va de nuevo. En el Distrito Federal, en la boleta para delegado, diputado federal y asambleísta hay que votar PRD, mientras en la elección para diputado plurinominal hay que votar PT. En el interior del país, también hay que votar PT o Convergencia porque eso contribuirá a que esos partidos conserven su registro y tengan el mayor número posible de diputados federales.

Debemos pensar a corto y mediano plazo. La resistencia civil pacífica necesita un grupo parlamentario que en la Cámara de Diputados impida la privatización de Pemex; el movimiento debe contar con la doble opción del PT y Convergencia para que la militancia del PRD pueda mudarse a otro partido y continuar la lucha, dentro de la legalidad, bajo otras banderas. El anteproyecto de dictadura militar calderónica no pierde la esperanza de que la corriente histórica del obradorismo quede a la mitad del océano sin los botes salvavidas de Convergencia y PT mientras el PRD se acaba de ir a pique. Así podría acusarla de actuar fuera de la ley, de ser delincuencia organizada, terrorismo, lo que se le ocurra, y entonces reprimirla con todo su sadismo y toda su crueldad.

Por más negro que se vea el panorama, que nadie pierda las esperanzas. Uno de los rasgos distintivos más acusados del felipato es la ineptitud. Nada le sale bien. Un diario capitalino al que sería imposible acusar de opositor, divulgó anteayer que los paquetes turísticos promovidos por el programa Vive México, que el lunes lanzó Calderón, son “de uno a 6 por ciento más caros” que los que ofrecen las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque favorecen a Mexicana y Aeroméxico, líneas regaladas a los empresarios amigos de Los Pinos, y dejan fuera a las más económicas. Por lo tanto, si ustedes quieren pasearse por la República, no compren sus boletos en los mostradores del salvador de la humanidad. Saldrían perdiendo.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El poder mediático*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

Las iniciativas políticas” o “golpes mediáticos” de Felipe Calderón no nada más han generado un clima de violencia y desastre en México sino que siguen dañando a la vida económica y social sin permitirle a los grupos de ultraderecha que lo sostienen monopolizar el poder político como ha sido su objetivo.

1. La paradoja de Calderón es que pretendiendo gobernar a través de los medios, dando supuestos golpes efectistas, sigue hundiendo la economía del país, y dañando no sólo a los trabajadores sino a muchos empresarios aliados suyos, sin lograr levantar ni a su gobierno ni a él mismo del desprestigio en el que se hallan, el cual es consecuencia no sólo de su origen ilegítimo e ilegal, sino de las políticas antinacionales y antipopulares que han buscado imponerle al país.

2. La administración de facto calderonista no ha escondido a lo largo de estos 30 meses, en que él ha sido incapaz de gobernar y, en consecuencia, de aplicar la ley para beneficio de la mayoría de los mexicanos, que lo único que le interesa es lograr lo que no consiguió Vicente Fox durante su sexenio: que una serie de grupos mafiosos de la ultraderecha, subordinados a los intereses de algunas multinacionales, se apoderen plenamente del aparato de Estado en México para lucrar con los recursos estratégicos del país, y es por ello que sigue buscando con torpeza inaudita esos golpes seudoefectistas y pretende seguir violando la Constitución y las leyes a fin de satisfacer esas ambiciones privadas.

3. La estrategia que le diseñaron a Calderón sus asesores estadunidenses (que también los tiene) y, sobre todo los españoles, desde el inicio del sexenio, estuvo caracterizada por un profundo desconocimiento de la realidad mexicana, a la que creyeron podían manipular fácilmente gobernando a través de los medios, si a eso se puede llamar gobernar: el tratar de confundir, de engañar y de amedrentar. La “derecha del PP español” es la “más derecha” de todas, decía hace poco el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (El País, 26 de mayo), queriendo decir seguramente la más fascista de toda Europa, y no se puede desconocer que son sus personeros los que están gobernando a México.

4. La trágica mascarada de la “guerra contra el narco” no significaba en realidad luchar contra los cárteles, que están más bonancibles que nunca, sino confundir y amedrentar a los mexicanos, que a pesar de todo nunca se dejaron, y crearle una aureola de líder a Calderón, lo que a fin de cuentas también resultó imposible, y el saldo ha sido en consecuencia de un desprestigio absoluto del gobierno, de las fuerzas armadas y del propio Calderón, luego de meses en que sistemáticamente se ha trasgredido el orden constitucional con una violación dramática de los derechos fundamentales de los mexicanos, y una serie de crímenes de Estado, de nuevos desaparecidos y de presos políticos, que superan a los de los años del diazordacismo. La “alerta sobre la fiebre porcina” no pretendía, a su vez, tampoco proteger la salud de los mexicanos, ya que el problema no existía como se presentó sino que fue magnificado por el gobierno, que por otro lado ha ocultado cómo el poder espurio sigue desmantelando las instituciones públicas de salud.

5. Las detenciones de funcionarios locales y municipales en el estado de Michoacán, el martes 26 –en un operativo militar que quiebra absolutamente el orden constitucional, pues el Ejército no es Ministerio Público ni Policía Judicial o ministerial–, no buscaron, a su vez, de ninguna manera depurar a la burocracia gobernante, pues si así fuera se tendría que arrestar a más de la mitad del gabinete de Calderón, y de paso a la familia del corrupto panista Vicente Fox, gran protector y aliado del narcopoder, sino funcionar como un nuevo golpe mediático para tratar de levantar al desprestigiado Calderón y al PAN en la coyuntura actual, lo que a todas luces tampoco les está funcionando. Fue indudablemente un burdo operativo con finalidad electorera, como tanto se ha repetido, cuyo eje no es la detención de unos cuantos servidores públicos, varios de los cuales habrán de ser pronto liberados, sino la presentación que de dicho operativo hicieron los medios, en especial la radio y la televisión, que ocultaron la filiación partidista de los arrestados para proyectar la imagen de un gobernador del PRD inepto e incapaz, en el que fue un nuevo acto de traición de Calderón esta vez a sus aliados perredistas de las corrientes cardenista y de los chuchos, a los que trató como a sus sirvientes recordando quizás su derrota estrepitosa como candidato a gobernador de Michoacán en 1995.
6. La obsesión patológica de Calderón y sus allegados por imponer al PAN en las elecciones los ha llevado a estos golpes mediáticos que buscan no tan sólo convencer al electorado de votar por ellos, lo que se ve como imposible, sino lo que es más grave: justificar el macrofraude electoral que se dice están preparando, y en el que los resultados “oficiales”, contrarios a la realidad, serían consecuencia, según la explicación que se daría, de un viraje del electorado. De ahí que varios de los asesores extranjeros de Los Pinos estén fraguando un macrogolpe mediático previo a los comicios.

7. Resulta muy significativo, por otra parte, que dicho operativo se haya efectuado ilegalmente por las fuerzas armadas en Michoacán, estado en donde el Ejército mexicano es objeto de gravísimas acusaciones a escala internacional por diversos delitos y actos de barbarie cometidos contra la población civil, según múltiples denuncias, como lo registra el más recient informe de Human Rights Watch, que describe con detalle 16 “crímenes atroces” contra más de 70 víctimas, según destacaba en su primera plana El País el sábado 23.

8. El gobierno espurio de Felipe Calderón es señalado también a escala internacional en estos reportes, minimizados por los medios mexicanos, por la sistemática violación que ha cometido en materia de derechos humanos en estos dos años y medio en los estados más pobres del país, por los múltiples desaparecidos, entre los cuales se hallan Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR, y por las decenas de presos políticos, como Ignacio del Valle y varios miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, todo lo cual constituye una vergüenza para México.

9. Un hecho más no debe desdeñarse en este escenario, y es que el desastre nacional se ha agravado por el hecho de que cuantiosos recursos del país, que deberían ser utilizados para obras sociales, están siendo desviados para que los grupos mafiosos que sostienen a Calderón puedan apoderarse plenamente del poder político, y que parecen desconocer que el poder mediático tiene sus límites.

10. El poder mediático existe por el desprecio que algunos gobernantes tienen a sus pueblos, pero en México está fracasando, y lo que acontezca en los próximos meses va a poner las cosas en su sitio.

Tomado de La Jornada.

Crítica a los abstencionistas*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

Hay quienes, en materia electoral, confunden la gimnasia con la magnesia, como por ejemplo al decir que las elecciones no se basan en la igualdad sino en su contrario, es decir que tendrá más probabilidades de triunfo el que tenga más dinero que el que carezca de éste. La igualdad, y lo digo con pena ante la tumba de Perogrullo, no existe; es una aspiración de los sistemas socialistas, que tampoco existen. Los sistemas electorales no son sólo compatibles con el capitalismo y con las desigualdades que éste suele producir en la sociedad, sino con cualquier sistema social. Desde luego, si la sociedad es desigual también lo serán los partidos, y sus dirigentes y afiliados. Pero aun así, los partidos socialistas, cuando existen en los países capitalistas, deberán participar no sólo porque los procesos electorales les brindan tribunas para su discurso, sino porque los puestos de representación les brindan la oportunidad de dirigirse a la nación y dar a conocer sus planteamientos. Así ha ocurrido en el pasado y no sólo en México, e incluso personas ajenas al Congreso han tenido oportunidad de expresarse ante él, como fue el caso de la comandanta Esther del EZLN el 28 de marzo de 2001.

Estos mismos críticos de los sistemas electorales nos proponen que los partidos políticos deben desaparecer ya que confrontan, en nuestro caso, a los mexicanos e impiden su unidad y su cooperación. De golpe nos transportan a la segunda mitad del siglo XVIII en Estados Unidos, cuando George Washington, un liberal por antonomasia, se oponía a los partidos por idénticas razones: porque fomentaban confrontaciones entre los ciudadanos (es pertinente recordar que Washington no pertenecía a partido alguno y que no era anarquista). La sociedad, conviene tenerlo presente, es desigual y, además, sus miembros no piensan de igual manera. Los que piensan de una cierta forma y comulgan con una ideología, suelen formar un partido o afiliarse a otro existente con el que coinciden, y otros a otro y a otro, según sean las diferencias y las afinidades entre los ciudadanos. Es por esto que en la historia de los partidos modernos los ha habido de ultraizquierda, de izquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha. Desde luego, los anarquistas no forman partidos, pues sería una contradicción, ya que todo partido supone, en nuestros tiempos, jerarquías y, por lo tanto, dirigentes y dirigidos, es decir autoridades y principios de autoridad que, por definición, los anarquistas rechazan salvo en su discurso: cuando descalifican a quienes piensan de manera distinta (autoritarismo e intolerancia verbales), lo que es muy frecuente.

Quienes llaman a abstenerse lo hacen porque están convencidos de que la política, los políticos y sus partidos, son parte de la corrupción imperante y del sistema de privilegios que el sistema capitalista ha propiciado. No proponen la abstención como una forma cómoda de ver pasar la historia desde la ventana de su habitación, sino como una protesta ante el sistema, mismo que hay que destruir para construir otro. ¿Cuál? No nos lo dicen con claridad, pero sugieren que debe ser uno donde, mediante asambleas en las que se tomen las decisiones a mano alzada y no por voto secreto, no haya personas que establezcan relaciones de dominación sobre los demás.
El primer problema que no debe pasarse por alto es que no somos iguales ni pensamos lo mismo sobre las dificultades que vivimos y cómo resolverlas. El segundo problema es que somos parte, incluso como opositores, de un sistema de poder y dominación que no controlamos y que, si nos abstenemos, le estamos dejando la cancha, la pelota y las reglas con lo que, como en las confrontaciones deportivas, perderíamos por default, es decir, por defecto, al no elegir una opción distinta a la de quienes tienen ese poder. En otros términos, al abstenernos electoralmente fortalecemos el poder de quienes ya lo tienen, tal vez esperando que la luz o un líder nos iluminen, nos organicen, nos muevan y finalmente hagamos la revolución liberadora en la que unos, sin duda, tratarán de quedarse con ella y convertirse en nuestros nuevos dirigentes para gozar de los privilegios que no tuvieron en el sistema derrocado. ¿Alguna revolución ha sido distinta en este sentido?

La abstención, incluso como rechazo, es otorgar, no tocar el sistema contra el cual supuestamente se está. Es algo así como el que calla otorga en lugar de luchar, permanentemente y no sólo durante las elecciones, por construir un partido de izquierdas o por reformar el o los existentes para hacerlos lo que pensamos que deben ser. Los dirigentes de los partidos hacen y harán lo que quieran si las bases –modestas, grandes o muy grandes– lo permiten. La democracia participativa encuentra sus límites precisamente cuando quienes debieran participar se abstienen y se dan por derrotados antes de iniciar su acción democratizadora. Y, por si fuera poco, quieren todo para ayer en vez de ser pacientes y persistentes. Les resulta más cómodo decir que todos los partidos y los políticos son una porquería en lugar de transformar los partidos que les podrían ser afines y de convertirse en políticos no corruptos ni oportunistas que de veras actúen consistentemente por lo que dicen defender y luchar.

Puedo parecer ingenuo, pero conozco gente honesta, decente y consistente ideológicamente en lo que hace.

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Calderón y Téllez condicionaron a Slim para darle canales de tv*

· El empresario rechazó la propuesta y argumentó que aceptarla sería “destruir” la telefónica

· El ingreso que hubiera perdido podía exceder el valor del negocio de la televisión: New Yorker

· Pidieron que permitiera a sus competidores usar la infraestructura de Telmex a bajo costo


Miriam Posada y Roberto González

El presidente Felipe Calderón y su ex secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, ofrecieron al empresario Carlos Slim eliminar la restricción legal para que Teléfonos de México (Telmex) participe en el mercado de televisión a cambio de que permitiera a sus competidores usar, con un bajo costo, la infraestructura de la compañía telefónica en las zonas más rentables del país. Después de una tensa reunión de más de dos horas en la residencia oficial de Los Pinos, Slim rechazó la propuesta con el argumento de que aceptarla sería “destruir” a Telmex.

Detalles de la propuesta gubernamental y de la respuesta del empresario fueron recogidas en un extenso perfil sobre Carlos Slim que publica en su edición de junio The New Yorker, una de las revistas de referencia en Estados Unidos.

El autor del texto, Lawrence Wright, quien confirmó con el propio Slim la realización del encuentro en Los Pinos, asegura que al momento de la cita, en marzo del año pasado, el gobierno estaba temeroso de “otro rapaz titán”, Emilio Azcárraga, quien controla Televisa, la principal cadena de televisión. En parte Telmex era un contrapeso a Televisa. Las dos empresas eran consideradas demasiado poderosas para que se les permitiera funcionar juntas, menciona el periodista.

Cuenta que en marzo del año pasado el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, arregló un encuentro secreto entre Slim y el presidente Calderón. El ex funcionario, de acuerdo con el autor, esperaba de esa cita que el gobierno y Slim pudieran, de la mejor manera, trabajar un plan ambicioso que permitiera abrir el sector de las telecomunicaciones para incrementar la competitividad; a cambio, asegura la publicación, el gobierno ofrecería al empresario “algo que desesperadamente quiere: televisión”.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuatro del título de concesión que se le entregó a Slim en 1991 cuando se privatizó Telmex, esta empresa está impedida para ofrecer servicios de video que en el mercado se dan como televisión. El interés del empresario por entrar a ese mercado responde a que como resultado de la evolución tecnológica y reformas legales, sus competidores pueden ofrecer desde hace tres años televisión por cable, Internet y telefonía fija, el llamado triple play, que es el negocio del futuro en telecomunicaciones. Actualmente Telmex es la única compañía telefónica que opera en México que tiene prohibido vender el servicio de televisión en cualquiera de sus modalidades.

Restricción obsoleta

Los reguladores mexicanos reconocen que la restricción a Telmex es obsoleta y actúa en contra del ambiente competitivo que buscan crear para el negocio de las telecomunicaciones, menciona The New Yorker.

“Televisa se siente amenazada por la entrada de Slim a la televisión, la cual es una buena noticia para la competencia”, según dijo a la revista Rafael del Villar, que es ahora uno de los comisionados de Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), además de que fue uno de los funcionarios presentes en la reunión de marzo de 2008.

En la reunión en Los Pinos estuvieron, sentados en torno a una mesa en forma de U, de un lado Carlos Slim Helú, su hijo Carlos, su sobrino Héctor Slim, presidente de Telmex; uno de sus yernos, Daniel Hajj, director de América Móvil; otro de sus yernos, Arturo Elías, vocero del empresario. En la cabecera de la U se ubicó el presidente Calderón y en el otro lado de la mesa se sentaron Luis Téllez y Rafael del Villar, narró la publicación.

En ese encuentro Del Villar le dijo al empresario: “nosotros dejaremos que entres en televisión, Carlos Slim, pero primero tenemos que estar de acuerdo en una serie de temas”, precisó la revista. Los temas incluían la aplicación de precios de interconexión razonables, reducir tarifas a las llamadas de larga distancia, compartir la infraestructura de Telmex con los operadores de telecomunicaciones que lo soliciten, y eliminar la práctica de cobrar minutos completos.

La revista estimó que el ingreso que Carlos Slim podría perder en caso de que hubiera estado de acuerdo con estas peticiones estaba muy cerca de exceder el valor de la totalidad del negocio de la televisión en México.

El empresario Carlos Slim HelúFoto Carlos Ramos Mamahua
En respuesta a los planteamientos de los funcionarios públicos durante ese encuentro, el equipo de Slim presentó gráficas que sugerían que las tarifas de interconexión en México eran competitivas con las de otros países, pero pedirles que abrieran la infraestructura de Telmex, argumentó el equipo de Slim, era tanto como lo que se hizo en Estados Unidos después de la división de AT&T, que dio como resultado la disminución de la inversión para actualizar equipos.

La reunión duró dos horas y media. De acuerdo con tres participantes, Slim estaba tan enojado que amenazó con vender Telmex, aunque el empresario negó a la revista que haya expresado exactamente eso.

Slim contó a The New Yorker: “yo dije en esa reunión: díganme lo que quieren; si ustedes quieren de mí que venda está bien; si ustedes quieren de nosotros que dividamos Telmex en dos o tres partes está bien. La única cosa que no haremos es destruir Telmex”. A pesar de la oposición del gobierno, Slim encontró rápidamente una manera para que Telmex ofrezca el servicio de televisión a través de un acuerdo comercial con un proveedor de televisión restringida, pero sigue sin poder proporcionar el servicio por sí mismo. Eso cambiará, aseguró Slim “más temprano que tarde”.

Una larga historia

Si los resultados hubieran sido otros, esa reunión en Los Pinos habría sido la primera señal positiva para Telmex después de casi dos años de haber solicitado de manera formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el cambio de título de concesión a fin de entrar al mercado del triple play, y luego de que desde su punto de vista ya había cumplido con las tres condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en el acuerdo de convergencia, que consiste en ofrecer interconexión, interoperabilidad de redes y portabilidad numérica.

Sin embargo, las condiciones del Ejecutivo no fueron aceptadas por el empresario debido a que, de acuerdo con argumentos de Telmex, sus tarifas de interconexión no pueden ser más bajas, mientras desagregar el bucle o permitir el libre acceso de cualquier operador a su red a precios mínimos equivaldría a aceptar la expropiación de su patrimonio, de acuerdo con los argumentos ofrecidos por la empresas desde que empezaron las discusiones sobre el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTFII).

Telmex se opuso al Plan de Interconexión que entró en vigor hace unos meses, pero que no se ha podido instrumentar de forma plena, debido a que esta empresa presentó los recursos legales disponibles para que no se afecte su infraestructura.

Cada paso rumbo a la entrada de Telmex al mercado de la televisión va a acompañado de acusaciones por parte de sus competidores, denuncias, amparos y todo tipo de estrategia legal posible, para evitar que el gigante mexicano de las telecomunicaciones ingrese a un negocio que también ha estado en manos de pocos.

De esta manera, desde hace tres años las empresas de televisión por cable pueden ofrecer el servicio de triple play, al vender televisión, Internet y telefonía fija, mientras Telmex sólo ofrece telefonía fija e Internet, aunque sus competidores lo colocan ya dentro del mercado de la televisión por la relación que tiene con MVS y Echo Star a través de Dish México.

Un nuevo desencuentro entre Slim y Calderón se produjo luego de que el empresario participó en el foro “Qué hacer para crecer”, organizado por el Senado de la República, en el que advirtió que la crisis económica tendría un grave impacto en México.

El distanciamiento entre el empresario y el Ejecutivo duró aproximadamente un mes sin que hubiera señales de una u otra parte, hasta que se restablecieron la relaciones y con ello las ríspidas negociaciones entre los ejecutivos de Slim y el equipo del gobierno federal.


*Tomados de La Jornada.


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Jugarreta política**


JOSé GIL OLMOS

Para Marco A. Cruz, ganador del Grange Prize de Fotografía

MÉXICO, DF, 27 de mayo (apro).- Con uno de los operativos más fuertes y de mayor alcance político que haya llevado a cabo hasta el momento contra el narco, Felipe Calderón ha recuperado la agenda político-electoral que en días pasados estaba perdiendo por los ataques del PRI al fracaso de su estrategia económica, que ha llevado al país a una de sus peores crisis en la última década.

La detención de diez alcaldes y 17 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán presuntamente vinculados al cartel de La Familia, efecatuada por el Ejército y la policía federal, no puede ser vista de otra manera sino en el marco de la lucha electoral, pues el PAN ya iba perdiendo aire en su pelea y necesitaba de una bocanada fresca que le diera fuerza a su campaña de promoción del voto basada precisamente en la actuación del gobierno de Calderón.

Seguramente esta acción la capitalizará el PAN y el propio Calderón, no obstante que el operativo haya sido en contra de ediles de todos los partidos, incluyendo a los panistas. La argumentación oficial que se desplegará estará seguramente en la línea discursiva de que en la lucha contra el narcotráfico el gobierno panista no hace distingos

Pero en los hechos sí hay distinciones o si no, ¿por qué el gobierno federal no actuó de la misma manera en contra de los funcionarios del gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame?, a quienes se les vincula con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El propio titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, confirmó que hay "elementos" para suponer una vinculación de los exsecretarios de Seguridad Pública estatal y de Cuernavaca, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez y Francisco Sánchez González, respectivamente, con dicho cártel.

Incluso desde antes del gobierno de Adame ya se tenía registro de vínculos entre funcionarios y narcotraficantes en Morelos.

Cuando gobernaba la entidad el también panista Sergio Estrada Cajigal, se le acusó de estar estrechamente relacionado con Nadia Esparragoza, hija del famoso narcotraficante Juan José Esparragoza El Azul.

Por eso una acción como la que se efectuó en Michoacán, en el caso de Morelos hubiera tenido una lectura totalmente distinta, se tomaría como la confirmación de que el narco también tiene vínculos con los gobiernos emanados del PAN.

Hasta la realización del operativo en Michoacán en la opinión pública comenzaba a permear el malestar social por la crisis económica que sufrimos los mexicanos desde hace un par de años.

Las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de que el producto interno bruto (PIB) tuvo su peor momento en 14 años al registrar una caída de -8.2% en el primer trimestre del año, así como el dato del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que la economía retrocederá -5.5% y no -4.1% como se había previsto, puso en evidencia el manejo tramposo que el gobierno calderonista pretendía darle a esa situación de crisis que ya pega en el bolsillo de la gente.

La pérdida de al menos 500 mil empleos en este año era otro dato que pegaba precisamente en la imagen de Calderón que, durante su campaña, precisamente se autodenominó como el "presidente del empleo".

El operativo militar-policiaco que se desplegó el martes pasado de manera simultánea en varios municipios de Michoacán, y en el cual se detuvo a 27 funcionarios –diez de ellos presidentes municipales--, bien se pudo llevar a cabo en cualquier otro momento, pues según la información de la PGR, desde hacía meses se venía investigando su vinculación con el narcotráfico.

Pero no fue así, el Ejército y la SIEDO efectuaron el operativo precisamente cuando más lo necesitaba Calderón y el PAN, cuando su imagen de un gobierno eficiente y efectivo estaba en entredicho por los errores cometidos en las estimaciones del impacto económico de la crisis financiera.

En política no hay coincidencias, dice un refrán, y esto bien se aplica en las acciones que está tomando Calderón, pues una de sus principales banderas, la lucha contra el narcotráfico, se estaba cayendo ante la opinión pública por los escasos resultados.

Por eso la jugarreta política aplicada en Michoacán cobra mayor relevancia, pues se trata de un mensaje directo al PRI y a sus gobernadores, ya que no se descartaría que este tipo de operativos se pudieran extender a entidades que son cotos de poder del narcotráfico, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Durango, Chihuahua y Veracruz y, al mismo tiempo, son básicos para los planes de recuperación del poder presidencial de los priistas.

El problema para Calderón es que si actúa así en contra de las entidades gobernadas por el PRI, lo mismo tendría que hacer con las del PAN, donde los cárteles del narcotráfico también tienen vínculos, como son los casos de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí.

De ahí que sea probable que el operativo en Michoacán no vaya a extenderse o a repetirse en otros estados, pues ya cumplió su fin: que Calderón tuviera de nuevo el control político de las elecciones.

**Tomado de la revista Proceso.

Estado de interdicción*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Bernardo Bátiz V.

Es increíble, inusitado cuando menos, que alguien, en este caso el ex presidente Miguel de
la Madrid, se haya declarado a sí mismo en estado de interdicción; que él, por voluntad propia, se haya puesto en la tesitura de incapacidad y, por tanto, en la hipótesis, según nuestras leyes civiles, de requerir de ahora en adelante, para sus actos de derecho, de su vida civil y familiar, de un tutor que lo represente y firme en su nombre, que le autorice a viajar y disponer de sus bienes, pues ése es el efecto de una declaración de interdicción.

En la vida cotidiana, la de los simples mortales, se dan casos en los que se solicita de un juez de lo familiar que alguien sea declarado en estado de interdicción; esto sucede cuando la persona ya no tiene capacidad para decidir con lucidez por sí misma y requiere, como lo requiere también un menor de edad, que sea otro quien la represente legalmente, en el caso de un adulto incapaz, un tutor, quien será el que tome las decisiones que normalmente le corresponderían.

En mi vida profesional he conocido más de un caso en el que familiares cercanos a un anciano, impacientes porque sigue viviendo más de la cuenta, y no ven cómo disfrutar de la herencia, solicitan en contra de la voluntad de éste su declaración de interdicción, pero el juez no la dictamina sin oír al anciano y sin antes tomar en cuenta dictámenes periciales obligatorios, ordenados por la ley, de sicólogos y siquiatras. En el mejor de los casos, el procedimiento ocupa varios meses, porque no es poca cosa declarar incapaz a alguien; la sentencia es muy delicada y cuidadosa, la dicta el juez que es un experto en derecho, con el apoyo de los expertos en las ciencias de la conducta y la conciencia humana y, por supuesto, conociendo personalmente y escuchando a la persona sometida al penoso juicio, con el que prácticamente se pierde la personalidad jurídica, al menos la de ejercicio...

Miguel de la Madrid y su familia no se tomaron esas molestias y literalmente de la noche a la mañana, o más bien de la mañana a la noche, dictaminaron que el ex presidente es incapaz y que lo que dijo no le obliga. Diré como aquellos carteles, denominados espectaculares, que pusieron hace unos años en contra de Roberto Madrazo: “¿Tú les crees? Yo tampoco”.

Lo cierto es que la entrevista reveladora que llevó a cabo la cada vez más respetada periodista Carmen Aristegui, inteligente, con un valor civil a toda prueba, nos muestra a un hombre, ciertamente de edad, con alguna torpeza leve en el hablar, pero evidentemente congruente y hasta cuidadoso en alguna de sus respuestas; se le ve y escucha contestar con pleno conocimiento de causa las preguntas que se le hacen y no parece que se trate de un hombre que no sabe lo que dice.
Ciertamente, con la edad hay algunas fallas en la memoria, que no es tan veloz como en la juventud, y algunas limitaciones, que sólo en casos extremos y previa determinación de peritos y la intervención imparcial de un juez experimentado ameritan que alguien sea declarado incapaz. Por supuesto, el caso del ex presidente no es de ésos.

El incidente muestra hasta qué bajeza ha caído nuestra clase política, que está integrada no sólo por políticos profesionales, sino también por los dueños de las televisoras, quienes, a pesar de la importancia de la noticia no hicieron un solo comentario en sus programas normalmente nutridos de chismes y escándalos, y vaya si éste es un gran escándalo.

Causa pena ajena que un hombre se desdiga de su palabra y la anule o trate de anularla afirmando que ésta no es válida porque él se encontraba enfermo. En un juicio ante los tribunales, esa retractación no tendría ningún valor; sin embargo, parece que para los noticiarios de televisión fue suficiente para cerrar el caso. Así también han de pensarlo quienes forzaron al ex presidente a esa vergonzosa retractación, pero por supuesto, están equivocados; el testimonio tiene toda al fuerza política por quien lo dijo y porque simplemente corrobora lo que la opinión pública ya conocía.

Otro punto que no puede pasarse por alto es el cinismo de quienes obligaron al declarante a desdecirse; quedará siempre la duda de cuál fue el nivel de los argumentos para que lo hiciera. Como no sabemos con certeza qué pasó, aunque alguna vez se sabrá, podemos sospechar que las amenazas fueron pesadas, pudieron haber sido sobre la integridad y la vida del mismo declarante o de sus familiares, a pesar de que está permanentemente protegido por una escolta del Ejército; pero también pudieron haber sido amenazas de revelaciones de actos cometidos por él o por personas cercanas a él, tan graves o más que las que reveló de su sucesor en la Presidencia de la República. Parece, en este caso, que habló quizá en un acto de descarga moral que seguramente le pesaba, pero se olvidó de que él o personas cercanas a él también pudieran ser exhibidos o denunciados públicamente en la misma forma que lo fue el ex presidente Salinas.

Las lecciones de este triste y vergonzoso sainete deben ser que quede más claro cada vez ante los ojos de la gente que hemos tenido y seguimos tendiendo dirigentes sociales de muy poca valía y de una falta de ética a tal grado, que bastaría para que la gente encuentre la razón de sacudirse a este tipo de gobernantes y dirigentes sociales, así como de los manipuladores a través de los medios, y reasumir la soberanía que le corresponde y que se encuentra por lo pronto secuestrada. No hay mal que por bien no venga.

jusbbv@hotmail.com

Tomado de La Jornada.


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Las razones de López Obrador**


MARTí BATRES

Andrés Manuel López Obrador está llamando a votar por candidatos del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia. ¿Por qué? Las razones se encuentran, principalmente, en su papel al frente del movimiento que se ha convertido en la verdadera oposición al gobierno federal y a sus políticas, así como en las batallas que se librarán en la segunda mitad de este sexenio.

Existen dos polos en la disputa nacional real. Por un lado están los que persisten en continuar las transformaciones neoliberales iniciadas con Miguel de la Madrid y continuadas por Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Por otro, los vigorosos movimientos populares que se han opuesto desde entonces y hasta ahora a esa ruta y que reclaman una reorientación popular y nacional del rumbo del país. Ambos bloques se expresan a través de diferentes fuerzas políticas, y a veces las atraviesan y las someten a fuertes tensiones o contradicciones.

Así, la oligarquía que gobierna México ha tratado de colocar a sus voceros en las listas de todos los partidos políticos, especialmente en el PRI y el PAN. Lo que necesitan es que, con la camiseta de cualquier partido, sus legisladores defiendan y aprueben las llamadas reformas estructurales: la reforma constitucional para privatizar los energéticos; la reforma laboral para eliminar la estabilidad en el empleo, y la reforma fiscal, pero con el sesgo de cobrarle más impuestos a los contribuyentes cautivos y no a los actuales empresarios evasores. Se avizora, sobre todo, una nueva embestida para buscar la aprobación del IVA en medicinas y alimentos.

Sin embargo, esa batalla no se ha hecho suficientemente visible en la competencia electoral de nuestros días. Lo que hoy priva es una gran confusión porque al ciudadano común no le queda clara la diferencia entre un partido político y otro. El PRI y el PAN protagonizan el pleito más ruidoso de la coyuntura, pero al final de cuentas no hay una contradicción programática entre ellos. Irán a la Cámara de Diputados a votar en el mismo sentido, como lo han hecho desde 1991. Sólo es una pelea de espacios de poder.

El PRD, por su parte, no se ve en la contienda salvo en algunas regiones. No ha logrado establecer la diferencia tajante con el proyecto dominante para colocarse como el polo electoral opuesto al PRI-PAN. Esto tiene mucho que ver con la noción que tienen dirigentes y candidatos respecto del papel que debe desempeñarse en las Cámaras, y la relación a establecer con la fuerza dominante. No se termina por entender que la oposición se opone o acaba por ser un actor más entre muchos otros.

En la legislatura saliente, el PAN, el PRI y legisladores de otras fuerzas políticas hicieron todo lo posible por modificar la Constitución y entregar Petróleos Mexicanos a las grandes compañías extranjeras. No lo lograron por la doble acción que realizaron el movimiento popular –desde fuera del Poder Legislativo– y una parte de los diputados del PRD, PT y Convergencia. La batalla se ganó afuera por la inconformidad social y por el respaldo firme de un conjunto de legisladores, no tan numeroso, pero sí muy consistente, que obligó a la discusión pública del tema.

Un caso similar ocurrió hace dos legislaturas, en el año 2001, cuando el movimiento popular paró en seco el intento de imponer el IVA en medicinas y alimentos con el apoyo de no más de cincuenta legisladores del PRD, seis del PT, uno de Convergencia, e incluso una docena de priistas.

En la legislatura que está por terminar, las fuerzas progresistas y de izquierda tuvieron la más grande bancada de la historia contemporánea. Sin embargo no todos participaron con la misma postura y determinación en la lucha principal: la batalla por el petróleo. Para frenar el proyecto privatizador, en esta ocasión como en otras, lo más importante no fue el número de legisladores, sino la determinación de algunos y su relación con el movimiento popular.

Tomando en cuenta lo anterior, se entiende que la oligarquía busque tener diputados que voten a favor de las llamadas reformas estructurales. Pero también se infiere que lo más importante para el movimiento popular, opuesto a tales reformas, es contar con legisladores con la suficiente claridad y firmeza para representar ese movimiento en el Congreso de la Unión.

De la misma forma que a los adversarios de AMLO, a la oligarquía le interesa contar con legisladores que aprueben las mal llamadas reformas estructurales, así sean del PRI, del PAN o de otros partidos políticos. Para el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador lo más importante es contar con legisladores que se opongan a la imposición del IVA en medicinas y alimentos y al resto de las contrarreformas, independientemente del partido que sean, pues la cohesión de cada bloque estará dada por la coincidencia en el mismo programa económico social...

La lucha real de nuestros días, la que está definiendo si México continúa o no por la ruta neoliberal –la que exacerba la desigualdad social y los riesgos que ello conlleva– no se da entre un partido político y otro. Pasa por la confrontación de proyectos económicos sociales totalmente diferentes, donde unos pugnan por mantener ganancias y privilegios frente a otros que luchan por una mayor equidad y justicia social en el país. Y hoy por hoy, nos guste o no, quien encabeza esa lucha con su movimiento es Andrés Manuel López Obrador.

**Tomado de la revista Proceso.

desastre económico de México*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D,F., 25 de mayo (apro).- Ni los más burdos montajes del gobierno de Felipe Calderón, como la manipulación de las instituciones para desprestigiar a los adversarios y encubrir a los cómplices del narcotráfico --como el gobernador panista Marco Antonio Adame--, pueden ya ocultar lo obvio: La magnitud del desastre económico que México padece y que, lenta pero sostenidamente, carcome al patrimonio de lo que queda de la clase media y arroja a la miseria a millones de compatriotas.

Ante la contundencia de las cifras, las oficiales, lo único que le queda a Calderón y a los ineptos que encabeza es el ocultamiento y el maquillaje de la televisión --a cambio, claro, de canalizarle multimillonarios contratos de recursos públicos--, porque ni sus habituales amanuenses pueden ya ocultar la magnitud de la crisis, que no sólo viene de fuera --como han querido hacerlo creer--, sino que se explica también por las complicidades de la alta burocracia.

La incompetencia de la facción que encabeza Calderón no ha sido repentina: No hay que olvidar que, apenas asaltó la Presidencia de la República --mediante la adulteración de la voluntad popular que sólo los ciegos y los cómplices soslayan, aunque los priistas comienzan a contar retazos de esa historia--, se disparó el precio de la tortilla hasta en 50% y a partir de entonces han venido subiendo de manera permanente productos de primera necesidad, incluidas las gasolinas y el diesel.

El ataque al poder de compra de los mexicanos ha sido incesante. El mito de la estabilidad económica del PAN --como lo fue el mito de la estabilidad política priista-- se ha ido al barranco.

Por ello, Calderón y sus patrocinadores evitan, a toda costa, que la desastrosa situación económica del país se incorpore a la agenda de discusión en esta campaña electoral. Como se hizo con la manipulación de la influenza, el miedo sigue siendo el recurso propagandístico y ha sido retomado como parte de la "guerra" simulada contra el narcotráfico.

El gobierno y su partido, el PAN, han recurrido a cualquier cosa, menos que se sepa y se discuta la gravedad de la crisis actual que, según las propias cifras oficiales, es de la dimensión del colapso económico derivado del "error de diciembre" de 1994, que dio lugar al rescate bancario que, gracias a un pacto entre Ernesto Zedillo y el propio Calderón, ha costado al país más de 800 mil millones de pesos sólo en intereses de la deuda que permanece en una cifra semejante.

El propio José Angel Gurría, exsecretario de Hacienda y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo dice con claridad: "En 2009 hemos perdido lo que habíamos ganado en muchos años, así que esto no es un ciclo, esto es un desastre. Ésta no es una evolución, esto es una demolición."

Las cifras difundidas el miércoles 20 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son rotundas: La economía nacional, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), registró en el primer trimestre del año una caída de -8.2% respecto de igual periodo de 2008, la más pronunciada de los últimos 14 años.

El desplome sólo es superado por la caída de -9.2% que se registró en el segundo trimestre de 1995, cuando la economía se convulsionaba por la devaluación de ese año.

El dato definitivo sobre la magnitud de la contracción del PIB llevó al propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a corregir su anterior estimación para el desempeño económico de este año. Unos días antes, señalaba que en 2009 la economía caería -4.1%, ya incluido el efecto de la contingencia sanitaria por la epidemia de influenza. Pero ahora su estimación es que la caída podría ser de hasta -5.5%.

La nueva estimación es, inclusive, más pesimista que la del Banco de México, que en su más reciente pronóstico estimó hasta en -4.8% la caída del PIB.

Lo que tanto quería ocultar, la recesión, está ya más que evidente: pues a la caída de -1.6% del último trimestre de 2008 se suma la de -8.2% del primer trimestre de este año, con lo cual tras dos trimestres de decrecimiento consecutivo se confirma la fase recesiva de la economía.

Según el INEGI, la fuerte caída del PIB en el trimestre se debió al pésimo comportamiento de las actividades secundarias y las terciarias. Las primeras, que conforman la actividad industrial, se contrajeron -9.9%, mientras que las segundas, es decir el comercio y los servicios, lo hicieron -7.8%.

Al interior de las actividades industriales, las industrias manufactureras se contrajeron -13.8%; la construcción, -7.7%; la electricidad, agua y suministro de gas, -3%, y la minería, -1.1%.

Dentro de las actividades terciarias, el comercio sufrió un desplome de -17.2%, producto de las menores ventas internas y externas; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles cayeron -10.6%; los servicios de transporte, -10.3%; los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, -7.8%; los servicios financieros, -4.3%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, -3.4%.

Dentro de los grandes agregados del PIB, sólo las actividades agropecuarias registraron un aumento, que fue de 1.4%, debido a un mejor desempeño de la agricultura y la ganadería.

Así, según el INEGI, en el primer trimestre del año, el PIB per cápita se colocó en 7 mil 255 dólares, un desplome de 28% respecto a los 10 mil 79 dólares del año previo, caída no observada desde 1995.

Con tales números, ni los más tenaces defensores de Calderón pueden emitir una opinión juiciosa, menos aún en materia de empleo: En los más recientes tres meses, más de 500 mil mexicanos se han quedado sin trabajo.

La tasa de desempleo alcanzó, en los primeros tres meses del año, a 5.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a más de un millón y medio de personas, superando el registró del año pasado, de 3.9% en el mismo periodo.

Eso es lo que Calderón y el PAN, con la ayuda de sus amigos perredistas que encabeza Jesús Ortega, no quieren que se sepa ni se discuta.



Apuntes

No sorprende la conducta ilegal, mentirosa y cínica de Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado de Miguel Hidalgo, en la capital del país. Miente en todo. Miente hasta en el equipo que es su favorito: En vísperas del inicio de las campañas, apareció en casi todo el programa "Sólo futbol", que se transmite en el canal 4 del Distrito Federal, dijo que le va a las Chivas y en la entrevista de un minuto y 19 segundos que un locutor de Televisa le hizo, en medio del partido Pumas-Puebla, aseguró que es el representativo de la UNAM. Lo de menos es el estigma de chaquetero que tiene Sodi. Lo verdaderamente relevante es la conducta ilegal de él, del PAN y de Televisa, que obviamente obtuvo pago –de muchos millones, en dinero o en concesiones-- para promoverlo. Mintió, también, en su campaña a jefe de gobierno, en 2006, cuando rebasó con mucho el gasto autorizado, particularmente en sus spots en Televisa. Apenas al inicio de esta campaña dijo que le habían sido robados votos y también mintió, porque jamás los defendió, salvo que sea un cobarde. Por ello, como clama Televisa en sus hipócritas campañas, al que roba hay que llamarlo ladrón y al que transa, como Sodi, corrupto… Jesusa Cervantes, compañera periodista de la revista Proceso, ha dado forma a un libro, Los hijos de Marta, que tiene que ver con el comportamiento delincuencial de miembros y allegados del PAN. Este trabajo, de rigurosa factura periodística, como el de Daniel Lizárraga, La corrupción azul, también compañero de la revista, deben ser leídos…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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Marta y sus hijos: la entraña de sus transas*


JESUSA CERVANTES

El libro Los hijos de Marta.- Historias de impunidad, de Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, es un testimonio irrefutable sobre los oscuros negocios a los que se dedicaron, al amparo del Poder Ejecutivo, Marta Sahagún y sus hijos y los amigos de sus hijos… con impunidad garantizada, primero, por su marido y en los últimos dos años y medio por aquel a quien Vicente Fox dejó en la Presidencia. La autora, dice en el prólogo Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista, narra puntualmente “la epopeya de Marta y sus hijos o cómo la cenicienta del Bajío llegó a ser la dueña del Palacio, con todo y progenie…”. La obra obtuvo el segundo lugar del Premio Debate, organizado por Random House Mondadori, y comenzará a circular esta semana. La revista Proceso adelanta en su edición 1699, partes significativas de un libro que, sin duda, dejará huella.

Marta estaba ansiosa. Hiperactiva como era, se había levantado, como en los últimos 15 años, a las cinco de la mañana. Ahora estaba en su oficina, haciendo surcos en la brillante duela sobre la que se paseaba una y otra vez. El aire que aspiraba parecía no ser suficiente; sabía que era el síntoma de la angustia. Así que volvió a asumir el control –perdido sólo por un momento– de sus emociones.

En ese instante entró todo el equipo que la auxiliaba en sus labores de primera dama, que, sin contemplación dejó caer los pesados periódicos del día sobre su escritorio. Por los encabezados, Marta sabía que no necesitaba tomarlos entre sus pequeñas manos para sentirlos más pesados de lo normal. Le encantaba sentirse la protagonista, figurar en las primeras planas luciendo su vasto guardarropa de los diseñadores más cotizados, pero lo que no podía soportar era que la cuestionaran a ella, a sus hijos y a Vicente, el presidente de la República.

Ese día, más que rabia por saber de los diarios, sentía un desasosiego.

“¿Qué dicen sobre mis hijos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir y qué debo callar?”, soltaba pregunta tras pregunta.

Comprobado tráfico de influencias. Los hijos de Marta, rateros. Los denunciarán penalmente…

Sólo esto le faltaba al gobierno de su marido. Al partido que los había encumbrado y les había abierto las puertas de Los Pinos. Sólo esto: el escándalo, ¡y a tan sólo unos meses de las elecciones presidenciales! Pensó exaltada.

Su equipo de ujieres seguía leyéndole, pero Marta ya no los escuchaba.

Se sumió en el mullido sillón que tenía frente a sí preguntándose qué había ocurrido, dónde había fallado, qué había fallado, en qué momento había empezado todo.

Y recordó su origen, que era el origen de sus hijos. Pensó en Manuel, su exmarido; en su suegro, siempre recto; en el abuelo, implacable ante todo, velador de las buenas costumbres… El tiempo se detuvo en su tiempo.

Los vendedores de sueños

Miguel Isaac Khoury recorría la casona paterna. Pasaba su vista por los viejos muebles. Y recámara tras recámara –que parecían haberse estacionado en el tiempo–, explicaba quién, cuándo y durante cuántos años había pasado en ellas alimentando sus sueños juveniles, sus sueños de grandeza; como los que compartió desde niño con Manuel Bribiesca en esa misma habitación que daba al huerto familiar.

“Como ve, no vivimos con lujos. Pero, bendito sea Dios, nunca nos faltó nada –el comentario sonó hueco, como de quien intentaba convencer de algo de lo que no estaba seguro–.Todo eso que dijeron, que yo compré casas a tres mil pesos, fue una falsedad. Yo, bendito Dios, me deshice de todo y hoy ya no tengo nada”, expresó aliviado, como si expiara una pesada culpa.

Miguel Isaac Khoury Siman, amigo, socio y cómplice de Manuel, el mayor de los Bribiesca Sahagún, se refería a las cuatro subastas que durante 2004 adquirió del gobierno mediante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Compras a bajo precio que en 2005 resultaron objeto de una investigación impulsada por los políticos contrarios al régimen del padrastro de Manuel: el presidente de la República, Vicente Fox.

Fox, luego de casarse con Marta Sahagún el 2 de julio de 2002, la convirtió en la poderosa primera dama del país y a sus ya crecidos hijos… los volvió intocables.

Razones de peso no les faltaron a esos políticos para dudar de la legalidad de las subastas ni tampoco para suponer que detrás de Miguel Khoury estaba el mayor de los Bribiesca Sahagún; era un secreto a voces que Manuel y Jorge Alberto gustaban del poder y del dinero fácil, y sólo hasta ahora empezaban a surgir las pruebas de esa afición.

El 10 de febrero de 2004, Construcciones Prácticas, la empresa de Khoury que sirvió de tapadera para algunos de los negocios emprendidos con Manuel Bribiesca, resultó ganadora del paquete “C” subastado por el IPAB en 8 millones 100 mil pesos. Esta primera subasta incluía 3 mil 660 casas y nueve terrenos para edificar nuevos conjuntos habitacionales. Su valor real superaba con mucho lo que los socios de la empresa habían pagado: ¡mil millones de pesos!

La segunda subasta, un terreno de 43 mil metros cuadrados en Celaya, Guanajuato, se realizó el 1° de abril, por la cual Construcciones Prácticas pagó 4 millones 345 mil 621 pesos.

La tercera subasta se realizó casi un mes después, el 29 de abril. Se trató de 275 departamentos ubicados en Puebla por los que se pagaron 20 millones 933 mil pesos.

Y la última subasta se llevó a cabo el 25 de junio sobre un paquete de fábricas y factoraje por el que Construcciones Prácticas entregó tan sólo 1 millón 506 mil pesos. Este paquete supuestamente tenía un valor real de 114 millones 696 mil 980 pesos… Con el tiempo se sabría que costaba mucho más.

“Todos estos bienes inmuebles, obtenidos a precio de remate, ¡a Dios gracias!, ya no los tengo”, dice aliviado Miguel Khoury, quien de sólo enumerarlos siente que le queman la garganta.

Las palabras de su hermana cortaron el malestar que le provocaba el recuerdo de aquellas subastas realizadas cuatro años atrás:

–Miguel, ¿sirvo ya la comida?

–Aún no, pero sí trae agua por favor; siento la garganta seca –respondió mientras que la mujer abandonaba el desayunador, no sin antes lanzar una advertencia: “Estaré en la cocina… por si me necesitas”.

–¿Y qué hizo con todas las casas?

Dio un sorbo al agua de sabor y ya repuesto comentó despreocupadamente:

–Pues ya ni me acuerdo –como si se tratara de los juguetes perdidos en su vieja habitación que Manuel Bribiesca, de niño, le robaba, y no de los cientos de casas obtenidas a precios irrisorios.

Manuel y Miguel, que desde pequeños gustaban de los negocios, pasaron de vendedores de pollitos a constructores en gran escala.

Manuel, sin ser ingeniero o arquitecto, se colocó el calificativo de “constructor” cuando en realidad era un “coyote” o “intermediario” que ayudó a grandes empresarios en desgracia a recuperar bienes que estaban en manos del gobierno federal y a quien le adeudaban sumas millonarias.

Miguel, a quien el negocio textil de la familia no le satisfacía plenamente, decidió convertirse en cómplice de su amigo de la infancia, crear una empresa fantasma y pasar a ser un próspero constructor.
Sin experiencia en el ramo, pero con cientos de casas que prácticamente le donó por el IPAB, los ya no tan jóvenes Bribiesca sólo tuvieron que recurrir a la ingeniería financiera para obtener del gobierno millones de pesos y con ello remozar las casitas. Además, sólo tuvieron que echar mano de los amigos de Marta para venderlas de inmediato y en el acto lograr jugosas ganancias.

Mientras tanto, los empresarios beneficiados, ya sin deber un solo peso al gobierno, pero sí a sus intermediarios (Manuel y Miguel), pudieron continuar con el negocio y revendieron las casas embargadas o hipotecadas para pagar sus adeudos.

*Tomados de la revista Proceso.