Lista de billonarios Rey de la cocaína **

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

JESSE BOGAN*

Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado de México, es uno de los 38 nuevos billonarios.

Según se dice, durante ocho años Joaquín Guzmán Loera manejó sus operaciones internacionales de tráfico de drogas desde atrás de las rejas, al tiempo de que disfrutaba de una dispendiosa vida carcelaria con acceso a bebidas, mujeres y un sistema de entretenimiento doméstico. Luego, en enero de 2001, al enfrentar la extradición a Estados Unidos, Guzmán se deslizó en un carro de lavandería y se escapó.

Desde entonces El Chapo, como se le llama, ha estrechado su control sobre el comercio de drogas de México como jefe del cártel de Sinaloa, uno de los mayores proveedores de cocaína de Estados Unidos. Hoy en día, éste es un negocio lucrativo. Treinta y cinco millones de personas en Estados Unidos utilizan narcóticos o abusan de drogas prescritas, y gastan en ello más de 64 mil millones de dólares al año. La DEA (siglas de la Drug Enforcement Agency) y otros expertos en esta industria creen que Guzmán, de 54 años, ha controlado entre un tercio y la mitad del mercado mexicano de drogas al mayoreo durante los últimos ocho años. En 2008, los traficantes mexicanos y colombianos lavaron entre 18 mil y 39 mil millones de dólares en ganancias provenientes de los embarques mayoristas a Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno estadunidense. Guzmán y sus operaciones probablemente obtuvieron un beneficio bruto de 20% de ese total, lo suficiente para que él se embolsara mil millones de dólares a lo largo de su carrera y se ganara un lugar en la lista de billonarios por primera vez.

Aunque otros con fortunas de 10 dígitos tienen registros criminales, Guzmán probablemente es el único por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. “(Él) claramente es un sociópata, dispuesto a involucrarse en elevados niveles de violencia, pero es muy hábil para manejar esas turbulentas aguas”, dice Bruce Bagley, presidente de estudios internacionales en la Universidad de Miami. En tanto que los cárteles de la droga tradicionales se construyen sobre la base de una jerarquía familiar, el de Guzmán opera más bien como una confederación de diferentes grupos. (Él) contrata bandas que se han separado de sus competidores, ofreciendo una atractiva participación de ganancias. “En cierta forma, el cártel de Sinaloa es una especie de nuevo animal. Les ofrece un mejor acuerdo, agrega Bagley.

Guzmán creció en Sinaloa, estado costero del Pacífico, en una región rural que ha producido grandes narcotraficantes. Muy probablemente el chico campesino se vio expuesto al comercio (de drogas) desde muy corta edad. Oficiales de policía dicen que afinó sus habilidades como traficante trabajando para diferentes bandas, destacadamente como experto en logística de aeronaves para Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, el principal narcotraficante del país en esa época. Gallardo fue arrestado en 1989.

A principios del decenio de 1990, Guzmán inició su propia empresa internacional. Los negocios no siempre marcharon sin complicaciones. En 1993, en la frontera norte, las autoridades mexicanas decomisaron un cargamento de siete toneladas de cocaína, que se cree eran de él, escondidas en latas de chile. El mismo año, en un intento aparentemente de matar a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, miembros de bandas rivales liquidaron en su lugar a un cardenal católico. Ese mismo año, también él fue capturado y condenado por homicidio y tráfico de drogas.

Una acusación de Estados Unidos en 1995 alega que dirigía una vasta red de empleados y bienes, incluyendo almacenes en California, Nueva Jersey y Chicago; un túnel, de 65 pies de profundidad y mil 416 pies de longitud entre México y la Mesa de Otay, California; un negocio de renta de jets para ejecutivos, y automotores para el transporte de aceite de cocina. Por lo menos uno de sus empleados estaba a cargo de sobornar a fiscales y policías mexicanos, presuntamente habiendo soltado 1 millón de dólares en efectivo en 1991 para que se liberara a El Pollo, un hermano de Guzmán, de una cárcel de la Ciudad de México. (El Pollo fue asesinado en 2004.)

¿Por cuánto tiempo más podrá Guzmán, quien podría estar en Guatemala, continuar eludiendo a las autoridades? El gobierno mexicano está intentando tomar medidas enérgicas contra el mortífero comercio de drogas, que el año pasado mató a 6 mil personas, incluyendo al hijo de Guzmán, quien fue abatido en mayo. Ha despachado a miles de soldados a zonas álgidas. En noviembre, arrestó a la máxima autoridad antidrogas del país por supuestamente haber acordado un pago de 450 mil dólares al mes para filtrar información a los traficantes sobre redadas y arrestos. Esa presión, junto con una mayor presión por parte de bandas rivales, parece estar haciendo el negocio más difícil para Guzmán, pero no lo ha persuadido de abandonar la industria.

“Es sorprendente que a pesar de que su organización ha sufrido fuertes reveses, él parece haber conservado la capacidad de traficar cocaína”, dice Stephen Meiners, analista de América Latina en Stratfor, una empresa de inteligencia global de Austin, Texas.; Stratfor fija el valor de la red de El Chapo en 12 mil millones de dólares. l

(Traducción: Lucía Luna.)

_______________________
* Texto íntegro sobre la fortuna de El Chapo Guzmán incluido en la edición de la revista Forbes del 30 de marzo, que comienza a circular en México en estos días. Difundido desde hace tres semanas en medios internacionales, el artículo irritó al gobierno mexicano.

** Tomado de La revista Proceso.

150 minutos de sangre y muerte...*

Tomados de La Jornada, Helguera. Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

PATRICIA DáVILA

¿Qué ocurrió exactamente en el interior del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez hace tres semanas? ¿Qué fue lo que provocó que en ese penal, considerado “modelo”, se desatara una matanza como la perpetrada entonces? Con base en la difícil revisión del expediente del caso y en testimonios recogidos a lo largo de ese tiempo, así como en una visita a ese centro penitenciario, Proceso pudo reconstruir los hechos que desembocaron en la masacre. Los disturbios fueron monitoreados en video, pero las autoridades estatales nada hicieron para impedir los asesinatos. Fuerzas policiacas y militares tardaron tres horas en intervenir.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Miércoles 4 de marzo. Área de Alta Seguridad del Cereso estatal. A las 6:05 de la mañana, las cámaras de video que monitorean las 24 horas del día el interior y exterior del penal iniciaron la grabación de 150 minutos de sangre y muerte que culminaron con la masacre de 21 internos.

El ataque no fue al azar: los nombres de aquellos que debían morir esa mañana estaban anotados en una lista.

Durante dos horas y media, integrantes de la banda de Los Aztecas ejecutaron a rivales seleccionados de Los Mexicles y Artistas Asesinos (AA), sin que nadie tratara de impedirlo desde dentro o fuera de esa prisión, aun cuando el Cereso está equipado con un sistema de circuito cerrado de cámaras de video, monitoreado permanentemente desde el interior y desde el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4, dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública), con sede en la ciudad de Chihuahua.

Y si bien los guardias de seguridad sólo cuentan con armas que disparan balas de goma y con granadas lacrimógenas, en cada caseta de control tienen un sistema de alarma que pueden accionar al instante.

Aun así se consumó la consigna: matar.

Una investigación realizada por Proceso –que incluyó consultas en gran parte del expediente del caso; una visita al penal, en particular al área de monitoreo, así como el registro de testimonios de funcionarios y de la Visitaduría de Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos– permite reconstruir lo que ocurrió aquel día.

El asalto

Las mujeres de 16 integrantes de la banda Los Aztecas –sicarios de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez– que habían pasado la noche en el penal con sus hombres abandonaron la zona de visita conyugal a las seis de la mañana. Apenas salieron, los reclusos se lanzaron sobre el guardia encargado del área. Tomándolo como rehén, lo condujeron al módulo 5, habitado por el resto de los 170 aztecas ahí presos. Tras obligarlo a entregar las llaves de las celdas, el grupo liberó a todos sus compañeros.

La mayoría se dirigió al módulo de alta seguridad, ocupado por integrantes de la banda rival, Los Mexicles, según se aprecia en una parte de las cintas que fue difundida por el director del Cereso, Óscar Sergio Hermosillo. Otros fueron a buscar a unos cuantos miembros de los Artistas Asesinos, en el módulo 3. Ambas bandas fueron reclutadas a principios del año pasado por el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán para disputarle al de Vicente Carrillo Fuentes el control de la plaza y el mercado minorista de heroína, cocaína y mariguana en las calles de Ciudad Juárez. (Proceso 1653).

De por sí, Los Mexicles mantienen una guerra de odio y muerte contra Los Aztecas, con quienes han sostenido varios enfrentamientos durante los últimos dos años en la cárcel municipal de Juárez.

Según el expediente de la Subprocuraduría de Justicia, para ingresar al módulo de alta seguridad, Los Aztecas cruzaron un terreno de aproximadamente 400 metros rodeado por malla ciclónica. Después pasaron por el hospital y luego por un túnel con dos casetas de vigilancia, hasta que llegaron a los pequeños locutorios de la zona de visitas. Desde ahí ingresaron a la planta baja, donde se ubica el módulo de alta seguridad. En ese lugar hay cuatro cámaras de video, una de las cuales fue cubierta con una gorra gris; el resto captó a todos los que intervinieron en la escena.

Una vez dentro del área, se dispersaron por los tres niveles del módulo semicircular que aloja a 42 internos. Sus rivales aún dormían sobre planchas de cemento cubiertas por un colchón azul. Abrieron todas las celdas, al tiempo que unos gritaban nombres y apodos de los reos que buscaban.

Los gritos y golpes alertaron a Los Mexicles, pero era demasiado tarde. Cuando se percataron de lo que ocurría, Los Aztecas ya tiraban las rejas y se lanzaban sobre ellos.
La lista era larga y uno de Los Aztecas fue señalando a los 17 presos que debían matar en ese módulo. Empezaron por un líder de Los Mexicles: El Vampiro, Martín Martínez, quien durante años controló los picaderos del centro de la capital.

Algunos de los internos que no fueron nombrados, se refugiaron asustados en sus más que nunca frágiles celdas; otros, atónitos, contemplaban el linchamiento de sus compañeros, quienes eran tundidos con todo: puños, pies, armas blancas y de fuego, y también con armas “hechizas” fabricadas por los propios internos en el interior del penal con material introducido de contrabando. Así mismo Los Aztecas golpearon a sus rivales con tubos que desprendieron de las rejas que derribaron al abrir las celdas.

El embate fue inmisericorde…

Y las cámaras seguían grabando

El expediente abierto por la Subprocuraduría de Justicia de Chihuahua contiene fotos que registran las ejecuciones. La planta baja quedó tapizada de cuerpos ensangrentados que habían sido arrojados desde la parte superior del edificio por sus rivales, después de torturarlos, en medio de tres garrafones de agua potable ya vacíos, rejas desprendidas de las celdas, colchones destripados, fotografías, cartas y ropa destrozada en la revuelta.
Mientras, las cámaras de video seguían grabando.

El cuerpo de uno de los reos, identificado con el número uno, quedó boca abajo; llevaba puesto un short azul. Sus pies, cruzados uno sobre el otro, sólo conservaron un tenis blanco de tela. Su cabeza y rostro aparecen completamente cubiertos de sangre; la mancha está a punto de rodear la mitad de su cuerpo, que acusa cada golpe recibido. Muy visible, el tatuaje hecho con tinta negra en un brazo, con la inscripción “J Van 03”.

Cerca de él, boca arriba, yace un hombre identificado con el número dos, que viste un short a cuadros. De su cuerpo sobresale el abultado abdomen macerado a golpes; por todos lados, incluida la cara, está cruzado de tajos. De su cabeza ha brotado mucha sangre: fue arrojado desde el tercer piso del módulo, igual que otros.

El cuerpo señalado con el número tres permaneció calzado; lleva tenis blancos con una raya vertical azul. Aún viste parte del uniforme del penal: una sudadera gris que, subida hasta el pecho, deja al descubierto un gran tatuaje: “Perdón por tus lágrimas, madre”.

En otro extremo de la planta baja del módulo de alta seguridad, el cuerpo del reo identificado con el número 12 también portaba la sudadera reglamentaria. Su pierna izquierda aparece envuelta en una sábana blanca. Alrededor de él quedaron ocho de sus compañeros.

Del lado izquierdo de la entrada principal, seis cuerpos lucen acomodados en tres parejas. Uno más está al final.
Simultáneamente, en el módulo 3, los Artistas Asesinos que residían en esta área también eran sorprendidos por el portavoz de la “lista negra”. Esta banda la integran jóvenes conocidos y temidos en el municipio fronterizo por los cruentos asesinatos que cometen. Junto con Los Mexicles fueron reclutados por el cártel de Sinaloa.

Aquí también las cámaras captaron escenas de la entrada de Los Aztecas y de la carnicería.
El primero en ser llamado es uno de los líderes: El Dream, Jorge Ernesto Aguilar Chavira, quien también se hacía llamar Hugo Chavira, conocido como uno de los delincuentes más peligrosos de Juárez. Con apenas 18 años de edad, controlaba a los jóvenes de la colo-nia Mo-re-los 3 a base de terror: ahí vic-ti-mó a un pan-di-lle-ro rival, ma-tó a un po-li-cía mu-ni-cipal cuan-do éste lo per-se-guía y en una ocasión hasta logró fugarse del penal municipal, vestido de mujer.

En el caso de los también llamados “doble A”, la fórmula se repitió: lista en mano, a golpes, ejecutaron en total a tres hombres. Otro, que quedó herido, murió horas después en el Hospital General; no resistió una operación de cráneo para extraerle una bala calibre 9 milímetros.

Las cámaras también grabaron cuando un grupo de Los Aztecas reunió las pertenencias de los presos asesinados en tres canchas de basquetbol de los módulos 5 y 3, con las que hicieron grandes fogatas. Las llamas ardieron aproximadamente durante una hora. El comedor y los tendederos de Los Mexicles también fueron invadidos.

Durante todas estas escenas, nadie interviene para detener el motín. El auxilio tardó tres horas en llegar al Cereso estatal.

Alrededor de las nueve de la mañana, unos 300 elementos del Ejército, de las policías Federal y Municipal se apostaron afuera de las murallas que resguardan el penal, en prevención de una fuga. Para entonces, soldados se descolgaban desde helicópteros al estacionamiento y algunas azoteas de los dormitorios.

Pero cuando esas fuerzas ingresaron por la puerta principal y por la aduana, tuvieron que contenerse: dos custodios permanecían como rehenes. Dentro, cerca de 50 custodios del penal esperaban para intervenir, pues Los Aztecas usaban las puertas de las celdas como escudo.

La revuelta terminó hasta que la consigna fue cumplida: los 21 hombres de la lista estaban muertos. En ese momento, el cabecilla de Los Aztecas entregó las llaves de las celdas a uno de los custodios y ordenó a sus compañeros abandonar las improvisadas armas.

El recuento de cadáveres en el módulo de alta seguridad y el dormitorio de los Artistas Asesinos inició después de que Los Aztecas fueron dispersados con gas lacrimógeno, hasta regresarlos a su módulo; el resto de los presos que andaban sueltos fueron nuevamente confinados en sus celdas.

Las fuerzas de apoyo recuperaron el control del penal a las 10:30 de la mañana. Hasta entonces lograron entrar agentes del Ministerio Público estatal, que recorrieron las celdas para tomar declaración a 35 internos y consignar los videos tomados por las cámaras de seguridad. Mientras, el Servicio Médico Forense revisaba los cadáveres.

Las familias de los presos, agolpadas desde temprano a las afueras del penal, conocieron la lista de internos muertos hasta después de la una de la tarde.

Según el expediente, una línea de investigación es que la masacre, que “se efectuó de manera metódica”, fue planeada desde afuera de la prisión y tuvo el apoyo de alguno de los encargados de vigilancia.

Cárcel “modelo”

Inaugurado hace cuatro años, ese penal estatal fue creado para aligerar la carga de reos de la cárcel municipal. Catalogado por el Sistema Nacional Penitenciario como un Cereso de mediana seguridad debido al tipo de construcción, la capacitación de sus custodios y el sofisticado sistema de operación y vigilancia que posee, era modelo a escala nacional. Con 719 internos, no presenta hacinamiento, pues tiene capacidad para mil más. Cada módulo cuenta con 40 celdas y el área de alta seguridad tiene una por reo; el resto, una por cada cuatro.

Los hechos ocurridos el 4 de marzo se convirtieron en el motín más cruento registrado en un penal a escala nacional, seguido por el de La Mesa, en Tijuana, donde murieron 19 reos. De paso, acabaron con el mito de que ese Cereso era la prisión “más segura del país”, como la calificó en una ocasión el gobernador José Reyes Baeza.

Al día siguiente de la masacre, el alcalde José Reyes Ferriz y el gobernador Reyes Baeza anunciaron que el control de los penales quedaría en manos del Ejército. El lunes 16, el general de división retirado Julián David Rivera Betrón tomó posesión como secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y el coronel de infantería Alfonso Cristóbal García Melgar quedó al frente de la Policía Municipal. Otros 14 militares ocuparon cargos de seguridad en el ayuntamiento, incluido el general Mario Hernández Escobedo, como asesor en seguridad pública del presidente municipal.

Los efectivos militares desplegados aquí suman alrededor de 7 mil 500, es decir, poco más de 8% de los 90 mil elementos del Ejército que participan en operaciones contra el narcotráfico, divididos de manera alterna en dos grupos de 45 mil soldados cada uno, de acuerdo con datos de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
La Visitaduría de Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió de oficio la queja VO39/09 por las 21 muertes en el Cereso. El trabajo del visitador especial del área de penales, Víctor Ortiz Vázquez, será complicado, pues asegura que agentes del Ministerio Público estatal consignaron los videos que contienen las grabaciones de los 150 minutos de violencia vividos en esa prisión y que, hasta hoy, las autoridades han mantenido en reserva.

*Tomado de la revista Proceso.

Echeverría, el juego perverso*

Tomado de La Jornada, Hernández.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 27 de marzo (apro).- Con la exoneración de Luis Echeverría de la masacre del 2 de octubre de 1968 se corona un perverso juego político simulado con ropajes judiciales.

Es, además, una demostración contundente del fracaso de la llamada transición a la democracia en México, que tenía en el tema de los derechos humanos uno de sus grandes y primeros pendientes.

Fue una simulación que tomó siete años, cinco del gobierno de Vicente Fox y dos de Felipe Calderón, quienes transaron con el PRI la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen autoritario priista: torturas, desapariciones y ejecuciones.

A diferencia de lo ocurrido en Centro y Sudamérica y algunas experiencias de África donde esos crímenes de lesa humanidad fueron investigados y sancionados, en México nadie es culpable.

Si bien lo ocurrido entre los años sesenta y entrados los ochenta no es de la magnitud de aquellos países, el mensaje que reitera México al mundo es el de la impunidad.

Participante en la simulación del establecimiento de responsabilidades, la justicia mexicana llegó a la conclusión, en el caso del 68, que sí hubo genocidio; pero nadie es responsable. Quienes lo fueron ya se murieron o se beneficiaron de la prescripción del delito.

Fue una acusación que en ese juego de perversión el entonces fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, en su irrefrenable grandilocuencia, se encargó de presentar como un propósito del Estado mexicano de "exterminar" al sector de la población representado por los estudiantes, tanto en la matanza del 2 de octubre de 1968, como en la del 10 de junio de 1971.

Las diferentes instancias judiciales que debieron pronunciarse sobre la acusación se dividieron. Para unos, sí existió esa pretensión del Estado mexicano; para otros, no.

Peor aún, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el genocidio en México fue prescriptible en ambos casos, a pesar de que la legislación internacional humanitaria establece lo contrario.

El Poder Judicial no estuvo a la altura de las necesidades de justicia no sólo de las víctimas y sus familiares, sino de todo el país. Se plegó a los intereses del PRI y el PAN que por conveniencia política hicieron todo lo posible para enterrar el tema.

A pesar de su animadversión contra Echeverría, Fox lo hizo con la ingenuidad de que el PRI apoyaría en el Congreso sus reformas. Ahora, lo hace Calderón con el desprecio que ha demostrado hacia el tema de los derechos humanos.

De ese desdén da cuenta el notable incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas sobre todo por el Ejército con pretexto del combate al narcotráfico. Esa será una herencia que dejará Calderón a los militares, a menos de que hacia el final de su sexenio declare una amnistía o antes logre cambios legales para proteger a quienes estén implicados en tales violaciones.

En México, ninguna autoridad política ha sido procesada por esa causa. No ocurrió con la llamada "guerra sucia" ni con la desproporcionada represión gubernamental contra los pobladores de San Salvador Atenco, ni se espera que haya responsables en el caso de las violaciones ocurridas durante el movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), según ya adelantó la propia Suprema Corte.

Sí, en cambio, hay sanción de más de cien años de prisión para quienes se enfrentan a la autoridad en la defensa de sus intereses, como ocurrió en Atenco.

A pesar del ruido mediático por su condición de expresidente de la República, Echeverría fue sólo una muestra –la más prominente hasta ahora– de que en México la impunidad está garantizada por el Estado para proteger a quienes detentan su poder.

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

• Marcando calavera, un modelo colombiano a seguir

• Urge un disco para Silvio Rodríguez

Jaime Avilés
En 1991, cuando Augusto Pinochet salió del poder, los neoliberales mexicanos –que en 1973 habían celebrado con champaña la caída de Salvador Allende– se quitaron la máscara bajo la cual nunca vieron las atrocidades de la dictadura chilena y saludaron con alabanzas el nuevo milagro económico” de América Latina: el que las bayonetas y las ideas monetaristas de Milton Friedman habían establecido en el país de Pablo Neruda.

México debe seguir el ejemplo de Chile, proclamaron entonces, ya sin fingir pena o vergüenza, los intelectuales salinistas. México debe continuar por la ruta que tomó en 1982 –en cuanto a privatización de la riqueza nacional, destrucción de la clase obrera, desmantelamiento del estado de bienestar y de derecho, renuncia a la soberanía y sujeción del Estado a las exigencias del mercado–, y pronto estará en una situación similar a la de Chile, prometieron... Sí, puede ser que México vaya rumbo a Chile, concedieron por su parte los escépticos, pero agregaron con amargura: antes de llegar a Chile, México pasará una larga temporada en Colombia.

Toda proporción guardada, su pronóstico se cumplió. Si bien Colombia es notoriamente más pobre y sufre la violencia política desde hace más de 60 años, en el marco de un proceso de desintegración en que el Estado perdió el control de enormes extensiones territoriales, donde a la fecha gobiernan las FARC, los paramilitares y los cárteles de la droga, hoy México vive algo que día a día se parece más a la prolongada tragedia colombiana. Aunque ninguna guerrilla le disputa el poder, el Estado mexicano se disuelve entre la corrupción de los últimos gobiernos, la falta de salidas viables para la población y la pérdida del monopolio de la violencia legítima en no pocas ciudades, especialmente del norte.

¿Cómo pasó en Colombia lo que ahora está pasando en México?, se preguntan cada día más y más mexicanos ansiosos por anticipar hasta cuándo persistirán la inseguridad pública, los secuestros, los asesinatos, las decapitaciones, los combates entre bandas de narcos o entre narcos y Ejército, y los frecuentes abusos de militares; en suma, esta violencia nueva que gira en torno de la droga, la corrupción y la miseria.

Muchas respuestas a esas preguntas están disponibles en Marcando calavera, la extraordinaria investigación de Eliana Cárdenas Méndez (Plaza y Valdés, 2009) que se presentó antenoche en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que, de manera clara, precisa y didáctica, nos explica, con peras y manzanas podridas, que el origen de la violencia de allá puede ser el mismo de la violencia de acá y tener dos componentes: la miseria y la corrupción. O que violencia, miseria y corrupción giran en círculo como un perro que persigue su cola hasta el infinito.

Pese a que se trata de una rigurosa investigación antropológica, desarrollada durante años en una ciudad del interior de Colombia llamada Guadalajara de Buga, Marcando calavera se lee como una novela escrita en lenguaje coloquial, con un continuo derroche de riqueza expresiva, que se nutre del habla popular de allá, y estremece y fascina al contarnos la vida de una persona 100 por ciento real, cuyo nombre, la Negra Valentina, como el de casi todos los personajes, es lo único falso de la trama.

A una mujer idéntica a ella, que todavía existe en Buga, Eliana Cárdenas la entrevistó muchas veces y grabó sus palabras para vaciarlas en un relato lineal, dividido en capítulos cortos, sin notas a pie de página, que avanza arrastrando historias de otros desgraciados, como la de aquel muchacho que participó en el secuestro de una niña. Sus cómplices, después de cobrar el rescate, mataron a la menor e incineraron su cuerpo para desaparecerlo. El padre de la criatura buscó por todas partes a los asesinos de su hija, hasta que dio con el tipo que la Negra encontró muchos años después en una cárcel, desfigurado, porque al interrogarlo le quemaron la cara con una plancha para que delatara al resto de la banda.

Marcial Alejandro en la hacienda Coahuxtla, donde se filmó en septiembre de 2003 la película Zapata, dirigida por Alfonso ArauFoto Carlos Ramos Mamahua
A los 16 años, cuando escapa de su casa, la Negra se mete a trabajar de puta. Un año más tarde aprende un oficio que le permitirá vivir un poco mejor: la distribución de cocaína. Como bien observa Abilio Vergara Figueroa en su prólogo a Marcando calavera, la Negra quería ser una “gran narcotraficante”, pero su falta de estudios y de contactos de alto nivel le impidieron convertirse en exportadora y, por lo mismo, en millonaria. Sus limitaciones la mantienen toda la vida “en un nivel intermedio (...) entre los grandes capos de la droga, la policía y los consumidores”. Y en ese estrato social, madre desde muy joven de un niño y una niña que antes de entrar en la pubertad dominarán el oficio de pesar, empacar, distribuir la droga y llevar las cuentas, nunca saldrá de la pobreza y sufrirá tres períodos de cárcel.

Si todo en este libro de Eliana Cárdenas es sobrecogedor y deslumbrante, la parte más intensa principia cuando conoce al sicario Oswaldo Melgar, un muchachito silencioso, de apenas 21 años, que no es adicto a la coca y mata con frialdad profesional, y se enamora de él para siempre, atestiguando al paso de los años cómo su amante se hunde en una locura macbethiana, alucinando pesadillas por las noches, cuando sueña que sus víctimas regresan de la muerte para ahorcarlo, y llenándose de ansiedad cuando no mata, y sufriendo por ello a tal grado que debe salir a liquidar a alguien, a quien sea, para curarse del síndrome de abstinencia.

Pero lo asombroso de esa historia se produce cuando al caer preso, acusado de tantos crímenes, Oswaldo se pone a estudiar leyes, escribe oficios de apelación a los tribunales, denuncia la corrupción de las autoridades carcelarias, presiona de todas formas hasta que el director de la prisión lo contrata para que salga a matar a alguien y lo condiciona a que si regresa y deja de joder con eso de los derechos humanos pronto recobrará su libertad.

Las historias de vida que Eliana Cárdenas recogió en Marcando calavera ocurrieron en los años 80 y 90, pero sin duda se repiten en nuestros días y en nuestro suelo. Pero, me pregunto, si un productor de cine o de televisión quisiera llevar a la pantalla la historia de la Negra Valentina, situándola en Tijuana, Torreón, Chihuahua, Juárez, Culiacán o Matamoros, ¿encontraría a los mismos personajes de este libro repetidos en los barrios más calientes? ¿Descubriría que los sicarios de acá matan como los de allá nomás por tener buena moto, buena ropa, buena loción, buen reloj, buenos tenis y buena mariguanita? Sospecho que sí, pero no me consta. El trabajo de Eliana Cárdenas servirá seguramente de modelo a los nuevos antropólogos mexicanos que investiguen los fenómenos sociales contemporáneos vinculados con la cultura de la droga en nuestro país.

Adiós, Marcial Alejandro

Silvio Rodríguez estuvo antenoche en el homenaje que la Universidad Veracruzana rindió a Eduardo Galeano al entregarle el doctorado honoris causa. Después me tocó estar con ambos y con Helena Villagra, y otros amigos, en una cena en la que Silvio habló con admiración y dolor acerca de Marcial Alejandro, y de la Maru, y de Luz. Y luego la ruleta de las conversaciones siguió girando y surgió el tema del diálogo telefónico entre Fidel Castro y Vicente Fox, y recordé que hay por ahí una salsa titulada precisamente Comes y te vas, que Silvio no conoce y me comprometí a conseguírsela. ¿Alguien podría decirme dónde encontrarla, escribiéndome al buzón de esta columna sabatina?

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada

La delación*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más abierta el territorio mexicano ha dado un paso adelante tras la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton (25-26 de marzo), y el anuncio de la apertura en México de una oficina mixta de agentes estadunidenses y mexicanos en el marco de la supuesta “guerra contra el narco”.

1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.

2. La situación escandalosa que está viviendo el país con un gobierno fallido, que se halla en un absoluto plan entreguista con tal de sobrevivir, y que para ello ha aceptado crear artificialmente un escenario de violencia generalizada para justificar la intervención extranjera, a cambio de que Washington lo mantenga en el poder, ha suscitado un repudio de los más diversos sectores que señalan lo burdo de la estratagema, harto conocida en América Latina. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, de visita en Jalapa, recordaba antier cómo la lucha contra los enervantes ha sido un ardid histórico de Washington para someter y controlar países (La Jornada, 26 de marzo).

3. El actual gobierno de Estados Unidos tiene el mismo doble discurso de siempre, pues mientras la señora Clinton prodigó durante dos días sonrisas a México, desde las diversas instancias del poder estadunidense se siguió descalificando a Calderón buscando someterlo cada vez más. La última partida de casi 13 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas fue, según el Departamento de Defensa, a fin de mejorar su capacidad para “liberar territorios” (El Universal del 25 de marzo), ya que el narco mexicano no sólo amenaza la seguridad de Estados Unidos sino que “pone en riesgo” al propio gobierno de Calderón, como advirtió Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) al Congreso de su país (La Jornada, 26 de marzo). Y para subrayar la inseguridad de México se prohibió a funcionarios estadunidenses viajar ayer a una reunión en Tamaulipas.

4. La realidad de las cosas es que el gobierno de Barack Obama no tiene interés alguno en combatir al narcotráfico, como no lo tenían tampoco sus predecesores, pues mientras en México con el pretexto de combatir a los cárteles del transporte se ha instaurado en muchas regiones un escenario de violencia y de terror que ahonda la crisis nacional, en Estados Unidos el escenario es muy distinto: los cárteles estadunidenses continúan siendo intocables, las estructuras financieras del narco no han sido ni siquiera cuestionadas, los negocios de la familia Bush siguen florecientes y, como muchos lo han señalado, Washington sigue auspiciando la siembra de enervantes en el territorio de Afganistán –que los talibanes habían prohibido– y en otras regiones del planeta bajo su control.
5. La escalada entreguista de Felipe Calderón ha ido a trompicones y se ha centrado en un intento de dotar al gobierno de facto que él pretende encabezar de instrumentos jurídicos cada vez más despóticos, como se lo exigen. Y así, tras buscar la posibilidad de allanamientos de domicilio sin mandamiento judicial, ahora quiere legalizar la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos y dar al gobierno federal la facultad de confiscar arbitrariamente los bienes de los particulares sospechosos de ser malhabidos con la aberrante Ley de Extinción de Dominio, que está discutiendo el Legislativo, pretendiendo culminar estas políticas de abandono de la defensa de los intereses de la nación y de complicidad con una potencia extranjera al instalar una oficina compartida con agentes estadunidenses que fortalece la intervención.

6. La semana de entreguismo se había iniciado con el ofrecimiento de “hasta 30 millones” (de pesos devaluados), hecho el lunes 23 por el gobierno espurio, para quienes delaten a los líderes del narco, el cual supone de entrada que el gobierno panista es incapaz de cumplir con la función constitucional que tiene de investigar los delitos federales, y pretende que ésta la lleva a cabo la sociedad y se la comunique por la vía de la delación.

7. La invitación a la delación, cualesquiera que sean sus razones, es no sólo en el plano político una evidencia de la ineptitud de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, sino que desde el punto de vista ético constituye una invitación a cometer uno de los actos más bajos que se pueda imaginar, por lo que el gobierno corrupto de Calderón al estar pidiendo a los mexicanos que se envilezcan denunciándose los unos a los otros, recurre a una práctica indigna –y ajena a nuestro sistema jurídico–, la que además ya ha fracasado en el pasado por la sencilla razón de que los posibles delatores de estos hechos ilícitos, por mucha protección que les ofrezca el gobierno, saben que podrían terminar también por ser ejecutados en represalia por su felonía.

8. El fracaso histórico en México de esta medida existente en el sistema estadunidense se debe no sólo a su carácter inmoral, descrito admirablemente en la novela de Liam O’Flaherty El Delator, llevada al cine por John Ford, con Victor McLaglen, en 1935, sino a su inviabilidad en el contexto de violencia generalizada impuesto por la absurda guerra gubernamental.

9. El actual desastre nacional se agrava sin embargo por un hecho. La venalidad del gobierno panista al ir entregando facultades que no ha sabido ejercer a poderes extranacionales, en una política de abierta traición a México, está siendo posible por la complicidad de la llamada “clase política” en su conjunto, y en particular de los integrantes del Senado de la República, que tiene la misión superior de fungir como un contrapeso al Ejecutivo en materia de política exterior, y que no está cumpliendo sus funciones.

10. Las políticas entreguistas actuales están en todo caso destinadas al fracaso, pero el daño que se ha hecho a la nación es ya irreparable.

*Tomado de La Jornada.

Los miedos del IFE*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 25 de marzo (apro).- En la elección de 2006, la Iglesia Católica hizo campaña abierta en favor de Felipe Calderón y el Instituto Federal Electoral, a cargo entonces de Luis Carlos Ugalde, cerró los ojos. Hoy que nuevamente vuelve a hacerlo en favor del PAN, el nuevo titular del Instituto, Leonardo Valdés, repite la misma actitud, con el argumento de está impedido legalmente para actuar, en una actitud que deja en claro que tiene miedo a la reacción que pueda tener el clero mexicano.

A lo largo de su historia, el IFE ha demostrado distintos miedos que no ha podido superar, y todos tienen que ver con poderes fácticos a los cuales ni siquiera se ha querido enfrentar no obstante que han violado la ley de manera clara y pública.

Las televisoras, el Poder Ejecutivo, los empresarios, la iglesia católica y el narcotráfico son algunos de estos poderes fácticos que el IFE no se ha atrevido a tocar y cuando lo hace es de una manera tan débil que ni siquiera deja ver el peso legal que tiene para impedir la actuación irregular que estos y otros personajes han tenido para favorecer a ciertos candidatos.

Cuando aún no conseguía la autonomía, el IFE funcionaba como un apéndice del presidente de la República y, por extensión, del PRI. Con la reforma electoral de 1996, el IFE logró su autonomía y resurgió entonces así la esperanza de que el poder presidencial no volviera a influir más en sus decisiones. Pero al cabo del tiempo ocurrió todo lo contrario.

La elección del 2000 fue la primera prueba que el IFE, a cargo de José Woldenberg no pudo pasar de manera limpia: la entrada de recursos económicos del extranjero vía la agrupación Amigos de Fox, empaño la elección que ganó precisamente el candidato del PAN, Vicente Fox.

Las demandas presentadas en ese entonces en contra del PAN para que se investigara la triangulación financiera, tipificado legalmente como lavado de dinero, a través de Amigos de Fox, se enfrentaron a una serie de argumentaciones en contra de parte del consejero electoral Alonso Lujambio, quien alegó no tener las capacidades legales de auditoria, fueron utilizadas para no llegar al fondo del asunto.

Esta misma negativa, de indagar el origen de los recursos privados utilizados por Vicente Fox, fue esgrimida por Lujambio, no obstante, que el 7 de mayo del 2002 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le envió un comunicado en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, para que realizara las indagaciones. Sin embargo, éstas quedaron inconclusas y, al terminar su periodo, Lujambio fue recompensado con la presidencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) donde aún permanece.

En esa elección, el IFE comenzó a perder la credibilidad que hoy ya no tiene, pues no supo superar las irregularidades que nuevamente cometió Fox en la elección del 2006 al intervenir directamente en el ánimo de la gente, mediante una campaña favorable a Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.

Pero no sólo fue indolente ante el poder del ejecutivo federal sino también de la campaña que hicieron la Iglesia Católica y los empresarios en contra de Andrés Manuel López Obrador y, consecuentemente, en favor de Calderón.

Desde el púlpito, muchos sacerdotes hablaron a sus feligreses de la amenaza de que López Obrador pudiera ganar. En la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, existen denuncias públicas de que los prelados hacían proselitismo en favor del PAN y contra el PRD, manifestando que si ganaba el tabasqueño perderían a sus hijos y sus propiedades. "Es un peligro para México", repiqueteaban en sus misas.

Fue precisamente ese mensaje de peligro el que los empresarios difundieron en televisión y radio participando directamente en la campaña sucia orquestada por el equipo de Calderón en contra de López Obrador.

La injerencia directa en el proceso electoral por parte de Fox, la Iglesia Católica y empresarios no fue sancionada por el nuevo IFE de Luis Carlos Ugalde que, como su antecesor, Woldenberg, demostró que la autonomía del Instituto sólo es orgánica pues no ha superado los miedos que ejercen dichos poderes fácticos.

En víspera de las elecciones federales del próximo 5 de julio, el IFE de Leonardo Valdés vuelve a demostrar que no está ajeno a los intereses de grupo ni a la influencia de poderes que lo rebasan, como la Iglesia Católica y el jefe del Ejecutivo.

Desde hace unas semanas, la jerarquía católica viene promoviendo el voto en contra del PRI mediante los mensajes que se transmiten en los templos de todo el país y ante esta irregularidad el titular del IFE manifestó que no pueden actuar, que esa tarea le corresponde a la Secretaría de Gobernación la cual, por su puesto, no ha declarado nada al respecto.

Pero el IFE tampoco ha hecho algo para enfrentar un nuevo poder que puede empañar las próximas elecciones: el narcotráfico.

Es bien conocido que existen zonas de entidades como Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas donde los funcionarios del IFE no pueden entrar porque se encuentran en riesgo. El poder del narcotráfico es tan fuerte en estos municipios que ninguna autoridad puede entrar y eso lo sabe bien el gobierno y el IFE.

Frente a este nuevo reto, el instituto electoral vuelve a estar rebasado y difícilmente podrá hacer algo pues a diferencia de los otros casos en este es al gobierno a quien le toca resolverlo.

*Tomado de la revista Proceso.

Al son de Televisa*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

Mediante una “propuesta” con trasfondo mercantilista pero disfrazada de “ventajas” para el Instituto Federal Electoral, Televisa impone de nuevo la agenda a los
desacreditados consejeros de este organismo, que por mayoría perdonó a la televisora sus violaciones recientes. Ahora, el consorcio sugiere al IFE el canje de 30 de los 48 minutos diarios del tiempo de Estado por hacer “más eficaces” las campañas institucionales con menciones en telenovelas, películas y series, así como en su barra deportiva y de variedades. La propuesta implicaría pasar, una vez más, por encima de la Constitución.Impune en sus continuos desafíos a la ley, gracias a una mayoría de consejeros que se le someten, Televisa inclusive se da el lujo de ofrecerle al Instituto Federal Electoral (IFE) violar la Constitución a cambio de anunciarlo en sus canales de televisión como si fuera un detergente.

Televisa habilitó a su operador político Javier Tejado Dondé, cuyo cargo formal es director de Información, para proponerle al IFE el canje de 30 de los 48 minutos diarios del tiempo de Estado por hacer más eficaces las campañas institucionales mediante menciones en telenovelas, películas y series, así como en su barra deportiva y de variedades.

“Nuestra propuesta consiste en reducir la pauta de spoteo del IFE a total día, manteniendo la visibilidad de las campañas”, propuso Tejado en una reunión que sostuvo con miembros de la Junta General Ejecutiva del IFE, el pasado martes 3, según documentos y testimonios obtenidos por Proceso.

“Con el objetivo de mejorar la eficacia en la comunicación, se propone utilizar formatos diferenciados para apoyar al IFE en la difusión e instrumentación de sus diferentes tipos de campañas”, añadió el operador de Televisa, quien advirtió a los miembros de ese órgano del IFE, presidido por Leonardo Valdés, que los millones de promocionales provocarán la saturación de los ciudadanos.

Con un discurso de aparente preocupación por el cumplimiento del IFE de lo que le encomienda la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), Tejado Dondé expuso que la “gran cantidad de tiempo” que le da al IFE, entre el 31 de enero y el 1 de mayo, “existe la posibilidad de que el exceso de comunicación del instituto genere efectos negativos en la percepción de la audiencia”.

En una exposición denominada “de la frecuencia efectiva a la frecuencia enemiga”, en la que usó gráficas y estadísticas para persuadir a los miembros del IFE de aceptar la propuesta de sus jefes, Tejado –uno de los principales detractores de la reforma electoral– advirtió:

“Al lograr la campaña niveles de frecuencia media demasiado altos, se puede poner en riesgo el cumplir los objetivos planteados por el Cofipe al haber asignado ese tiempo al IFE.”

Sin embargo, esa oferta de Televisa que tendría vigencia en el período intercampaña –del 12 de marzo al 1 de mayo– no era de gratis: El IFE cedería a Televisa 30 de los 48 minutos diarios, con el fin de comercializarlos, lo que implica la violación del artículo 41 de la Constitución que, en el apartado A, establece que el órgano electoral es la “autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión”.
Aunque, en ejercicio de sus facultades, la Junta General Ejecutiva rechazó la oferta de Televisa, en la sesión del sábado 7 –y se aprobó crear un “grupo asesor” para hacer mejor uso de los tiempos del Estado en el período de intercampaña– algunos consejeros electorales vieron con simpatía esa iniciativa.

Se trata de Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez, miembros del Comité de Radio y Televisión que preside Virgilio Andrade, quienes dejaron impunes las violaciones de Televisa al Cofipe, primero, el viernes 13, al sobreseer el proceso sancionador especial que proponía multar a la empresa y un mes después, el 13 de marzo, al considerar infundado el mismo proyecto.

Curiosamente las decisiones de ambos –a las que se sumaron los consejeros Macarita Elizondo, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y en una ocasión Benito Nacif– se produjeron después de reuniones que tuvieron con miembros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), de la que Tejado Dondé es vicepresidente:

En el primer caso, ambos perdonaron a Televisa porque se habían firmado, el miércoles 11, las “bases de colaboración” con la CIRT, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo pedazos, y en vísperas del segundo perdón, después de que el órgano jurisdiccional les ordenó entrar al fondo, participaron en la reunión regional de la CIRT, el jueves 12, en la Hacienda del Parián, Estado de México.

El IFE como detergente

La oferta de Televisa al IFE, operada por Tejado Dondé, se produjo en medio del escándalo por el aumento del ciento por ciento en los ingresos mensuales de los conejeros electorales, cuya decisión –tomada el 24 de febrero y que después fue reculada– tuvo la virtud de reactivar en el Congreso la Ley de Salarios Máximos.

De acuerdo con el documento entregado por Tejado Dondé a los miembros de la Junta General Ejecutiva y a los consejeros del Comité de Radio y Televisión, la pauta de anuncios que el IFE transmitió del 31 de enero al 27 de febrero en sólo 10 días logró 90% de alcance, mientras que en los 18 días siguientes generó sólo 7% adicional, y además se había saturado a los televidentes.

En el documento, donde se despliegan gráficas de estudios elaborados por la empresa especializada en medición de audiencia IBOPE, se plantea disminuir la frecuencia media, mejorar la eficiencia de comunicación y buscar otros productos comunicacionales.

Además de reducir la pauta de promocionales y usar formatos diferenciados, la propuesta de Televisa aclara: “Cada canal de televisión tiene un perfil de audiencia específico, por lo que los formatos deberán estar alineados con dicho perfil, de tal forma que existe un beneficio para el IFE al alcanzar estas audiencias y para el canal al poder obtenerlas”.

El planteamiento de Televisa al IFE es la de “integración de contenidos”, cuyas ventajas cuantitativas son, entre otras, que dan 17% más de audiencia dentro del programa que en los cortes comerciales y con picos de hasta 45% dependiendo del tipo de programa, además de que “la unión del spot e integración tiene 70% más de tiempo en la recordación espontánea contra sólo spot”.

El documento detalla las ventajas cualitativas de la “integración de contenidos”, que está pensada más para mensajes comerciales, no para campañas de educación cívica: “Brinda información relevante, generando mayor utilidad del producto, creando vínculos con el consumidor y reflejando modernidad. Los diferentes géneros de programas motivan de forma distinta a la audiencia femenina y a la masculina”.

En las siete semanas del período intercampaña, del 12 de marzo al 1 de mayo, los cuatro canales de Televisa instrumentarían formatos específicos dependiendo el tipo de programación y la audiencia, “alineados a los objetivos de comunicación del IFE”.

Tejado Dondé puso como ejemplo de eficacia del modelo el anuncio del teléfono Nextel en la telenovela Las fea más bella: Según un post test de la empresa Bimsa, 87% de la audiencia recordó las menciones en el programa e inclusive los personajes que interactuaron con la marca, como Lety, la principal protagonista.

Por ello la oferta de Televisa implicaba que el IFE aparecería en las telenovelas como parte de la integración argumental, que es la creación de una escena dentro de la trama para destacar algunos puntos que interesa difundir al órgano electoral, tal como Felipe Calderón pagó en 2006 por ser mencionado precisamente en La fea más bella.

La propuesta incluía transmitir en los programas de variedades cápsulas dedicadas al IFE pregrabadas en una locación, o entrevistas, como en Matutino Express, del Canal 4, como si fuera una plática casual entre los conductores y un miembro del IFE, al que se hace una aclaración: “El cliente deberá entregar las preguntas que el conductor realizará al entrevistado.”

También se incluían cortinillas –pantalla que da un mensaje específico a la salida o regreso de un programa–; las súper, pleca o superposición –gráficos y textos que aparecen en la pantalla, algunos sobre la imagen–; y la mención, es decir, la exposición de un tema específico realizado por los conductores de un programa, para lo cual “el cliente deberá entregar el texto a manera de diálogo destacando los puntos que desee comunicar.”

Por ejemplo, en el Canal 2, en los programas Hoy y Muévete, se incluirían cápsulas y menciones de un minuto, cortinillas a corte de cinco segundos y súper de 10 segundos; en Mariano en tu vida, mención de un minuto; en La jugada lo mismo, y en las telenovelas, integración argumental y cortinillas al corte de cinco segundos.

En el Canal 5, en la lucha libre, habría mención de 20 segundos y superposición de cinco segundos, y plecas de 10 segundos en las “series americanas (sic)” y películas de fin de semana, lo mismo que en la programación de canales 9 y 4.

Inclusive la oferta de Televisa ofrecía superimposiciones de cinco segundos en los 26 partidos del torneo Clausura 2009, en el clásico América-Guadalajara y en tres juegos de la Selección de México.

Un grupo asesor

Al final, sin embargo, la Junta General Ejecutiva rechazó la oferta de Televisa –“quería vender al IFE como detergente”, comparó un consejero– y resolvió evaluar otras modalidades para cumplir la pauta que por ley le corresponde al órgano electoral y a las demás autoridades electorales “para optimizar e incrementar la eficacia del tiempo de que dispone y que permita una mayor incidencia del contenido de los mensajes producidos entre la ciudadanía”.

Como parte de ese objetivo se procedió a integrar un “grupo asesor” integrado, hasta ahora, por Aimée Vega Montiel, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Aceves, experto en comunicación política de la Universidad de Guadalajara; José Carreño Carlón, profesor de la Universidad Iberoamericana; Ian Raider, presidente de Gallup de México, así como un representante, aún no definido, por el Consejo de la Comunicación.

La decisión de la Junta General Ejecutiva, que integran las seis direcciones ejecutivas y el secretario ejecutivo, se produjo en un contexto de duros cuestionamientos al IFE por la subordinación de la mayoría de los consejeros a las televisoras, particularmente a Televisa, pese a los fallos del TEPJF para entrar al fondo de los procesos de sanción.

De hecho, el período de precampañas federales, que concluyó el 11 de marzo, se caracterizó por los escándalos generados por las “conductas atípicas” que instrumentaron las dos televisoras por acuerdo común, como confesó públicamente el propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el 21 de febrero.

“Cuando nos llegaron las pautas a las dos televisoras dijimos: ‘Está bien, vamos a hacer un corto de tres minutos, vamos a decirle al público, lo lamentamos, es por ley y regresen en un rato, cuando esté la programación que quieren ver’. El problema si uno corta a una hora distinta es que mi audiencia se iba a perder. Entonces, para no perder, la hicimos al mismo tiempo. Entonces todos a ir al baño, háganse un sándwich y regresen en seis minutos. ¡Cómo le haces con 23 millones de spots!”

Pese a tal confesión, que en la discusión del viernes 13 ningún consejero evocó, Televisa –y seguramente Televisión Azteca– no fue sancionada por manipular los promocionales, por la colocación de cortinillas, pese a que los legisladores pretendieron evitar esto, como recordó el senador Arturo Núñez.

En entrevista en las instalaciones del IFE, el miércoles 18, el legislador recordó que, antes de aprobarse el Cofipe, el Senado usó los tiempos oficiales para darle difusión a la reforma electoral que se discutía.

“Televisión Azteca le puso un aviso antes y uno después, que distorsionaba el contenido del spot. Entonces en el Cofipe se hizo una norma con dedicatoria expresa, para que no hubiera manipulación. Así que hay norma expresa para ese tema. Ese fue el origen de la norma.”

Sin embargo, expresó Núñez, fundador del IFE, los consejeros ignoraron esa disposición. “Es miedo ante el poder fáctico y, por otra parte, algo más grave: cumplimiento de consignas extra-IFE que estarían violando la autonomía del instituto, lo que sería muy preocupante”.

–¿La mayoría?

–Sin lugar a dudas.

Por ello, los consejeros deben hacerse cargo de las responsabilidades jurídicas y políticas de su cargo. “Que no se llamen a asombro si después hay quienes reclamen su corte de cabezas. No se trata de amedrentarlos y atemorizarlos, soy el primer respetuoso de la autonomía, pero no se puede tropezar dos veces con la misma piedra.”

Al respecto, el propio Tejado Dondé anticipa un caos en la elección en su artículo del 10 de marzo, en el diario Reforma: “El tema central es que el diseño institucional del IFE no está soportando la burocrática carga de manejar 23 millones de spots en sus miles de variantes. Al grado tal que en algunas elecciones se verán argumentos para invalidarlas por el manejo que de los tiempos estaría haciendo el IFE.”

Y prácticamente da por muerta la reforma electoral: “Nadie con un verdadero conocimiento en el manejo de medios masivos puede culpar al IFE de los errores que está cometiendo. El error es de algunos legisladores que quisieron implementar un modelo de comunicación político obsoleto y rebasado por la dinámica del debate político y de la convergencia tecnológica. Aun así, cambiar el modelo constitucional será complicado, dado que conlleva una reforma constitucional”.


+++++++++++

Todo contra la reforma electoral*


JENARO VILLAMIL

Los consejeros del IFE “nos engañaron” y los medios de comunicación “hemos sido afectados con multas generadas sin ninguna razón”, aseguró Miguel Ángel Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara de Industria de Radio y Televisión (CIRT), durante un seminario organizado en Chihuahua el viernes 13.

Paradójicamente, ese mismo día el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó que Televisa no sería sancionada por violar la pauta de los spots.

A pesar de este “perdón”, Orozco Gómez arremetió contra la reforma electoral y las atribuciones del IFE, pues consideró que las nuevas reglas afectan a las audiencias televisivas, porque los concesionarios han tenido que asumir una “nueva carga administrativa” para responder a los requerimientos de la pauta de los spots.

Además, lamentó que se privilegie a las estaciones permisionadas y dijo que el organismo electoral encabezó contra las televisoras “un proceso sancionador del siglo XIX”.
En su conferencia –Proceso tiene copia del video–, Orozco Gómez reveló que la última semana de febrero pasado la CIRT y la Comisión de Radiodifusión del IFE firmaron un acuerdo para que los promocionales de los partidos políticos se transmitieran en bloques durante los partidos de futbol, así como en los eventos y programas musicales. Sin embargo, dijo, “el tribunal lo echó abajo”.

“Engañaron a la industria. Hay muchos errores en la reforma. ¿Qué acaso nuestra audiencia no vale? A las permisionadas, por el simple hecho de que son culturales y de que se iba a dañar a sus audiencias, el IFE no les hizo nada”, argumentó al inicio de su participación.
Hermano del senador Javier Orozco Gómez, uno de los principales cabilderos de las televisoras en la Cámara de Senadores, y exdirector jurídico de Radio Televisión y Cinematografía en Gobernación, Miguel Ángel Orozco justificó que Televisa y TV Azteca suspendieran la transmisión de los partidos de futbol, el 31 de enero y el 1 de febrero, para no violar la ley.

“Cuando hay partidos de futbol se pide a la autoridad el permiso para que no se difunda ningún comercial en los 45 minutos de transmisión del partido. El IFE no nos dio la autorización y por eso tuvimos que cortar la transmisión. No fue por capricho”, argumentó el responsable jurídico de la CIRT.

Las quejas de Orozco coinciden con la estrategia de la CIRT para impugnar los procesos sancionadores emprendidos por el IFE que, a final de cuentas, no han representado multas millonarias para las televisoras. El 13 de marzo, cinco de los ocho consejeros presentes en la sesión decidieron, por segunda ocasión, no sancionar a Televisa con 4 millones 180 pesos.

En su reunión anual, celebrada el jueves 12 en la Hacienda del Parián, en el Estado de México, los concesionarios demandaron al IFE “congruencia en sus decisiones”.
Manifestaron su “profunda extrañeza” por el hecho de que las estaciones de radio públicas han violado en más de 90% las pautas del IFE y no han sido sancionadas.

La CIRT informó que al concluir la primera etapa de las precampañas electorales de 2009, sus agremiados transmitieron alrededor de 6 millones de spots, en los 48 minutos de tiempo oficial diario administrado por el IFE.

Apoyo interesado

Durante la clausura de la reunión regional del Consejo Consultivo de la CIRT realizada el lunes 16, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aliado y cliente permanente de las televisoras, les dio por su lado a los concesionarios. Afirmó que “la nueva legislación electoral no debe ni limitar la libertad de expresión ni coartar el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”.

En presencia de Enrique Pereda, presidente de la CIRT, Peña Nieto defendió la posibilidad de comprar tiempo-aire para transmitir información política. El gobernador con mayor número de infomerciales en la pantalla afirmó que no se puede caer en la paradoja de que sólo el tiempo concedido por el IFE para hablar de temas electorales sea el único medio que tengan las personas para poder expresarse.

“No vayamos a caer en la ironía de que los partidos políticos tengan que lucrar con el tiempo que la ley les concede para que algún ciudadano tenga oportunidad de expresarse libremente”, expuso.

“Las reglas electorales no deben ser un nuevo motivo de enfrentamiento, y menos de polarización social. La elección no debe significar división”, pontificó el gobernador consentido en la publicidad y en los programas informativos de Televisa y TV Azteca.
La radio y la televisión, advirtió el presidente de la CIRT, requieren de “condiciones de seguridad jurídicas, técnicas y económicas que les permitan modernizarse y brindar un servicio de mayor calidad a sus audiencias, con el fin de cumplir, de mejor manera, su función social”.

Ensoberbecidos por las exoneraciones del IFE y descontentos por la transmisión de los spots que deben ser gratuitos a raíz de la reforma electoral de 2007, los concesionarios han utilizado todos los foros posibles para manifestar su inconformidad.

El más explícito ha sido Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. En un encuentro con estudiantes del Tec de Monterrey, el pasado 20 de febrero, manifestó que tanto su televisora como Televisa se pusieron de acuerdo para interrumpir la transmisión de los partidos de futbol y difundir “en bloque” los promocionales del IFE.

“Yo encantado de la vida de que no vengan conmigo y no me compren; pero una cosa es que no me compren y otra, muy diferente, que lleguen y me roben”, afirmó Salinas Pliego, según versiones de los medios que difundieron fragmentos de su intervención.

El exsenador panista Javier Corral, quien realiza una precampaña en Chihuahua para conseguir la nominación a diputado por su partido, afirmó que en su entidad el gerente de una estación de radio le negó abiertamente las entrevistas. “Aquí ni se pare”, le mandó a decir al opositor a la Ley Televisa.

“Lo más preocupante es que están restringiendo o de plano negando el acceso a programas informativos. La cobertura informativa sobre las precampañas se redujo sustancialmente casi para todos los partidos”, escribió Corral en su artículo ¿A dónde vamos?, publicado el martes 10 en el periódico El Universal.

Consultado por este semanario, Corral advierte que el objetivo de los concesionarios es presionar para que los precandidatos, primero, y después los candidatos tengan que pagar por las entrevistas que se les realicen, con un esquema muy similar al de las gacetillas electrónicas que promueven a gobernadores como Enrique Peña Nieto o al jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

*Tomados de la revista Proceso.

La refinería, para Roberto Hernández*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 23 de marzo (apro).- Así como el latifundista Luis Terrazas proclamaba en el Porfiriato que él no era de Chihuahua, sino "Chihuahua es mío", Roberto Hernández Ramírez se jacta no de ser oriundo de Tuxpan, sino que este municipio de Veracruz, forma parte de su vasto imperio económico.

Por eso, aunque hay efectivamente consideraciones de carácter técnico, la decisión sobre dónde se ubicará la primera refinería que se construirá en tres décadas, es eminentemente política y, en efecto, el ganador es Roberto Hernández, cuya fortuna se ha acumulado por su maestría en el tráfico de influencias.

Presidente del Consejo de Administración de Banamex, por cuya venta de 12 mil 550 millones de dólares al Citigroup no pago ni un solo centavo de impuestos gracias a Vicente Fox –su cómplice desde la Universidad Iberoamericana--, y uno de los más tenaces propagandistas y financieros de Felipe Calderón, Hernández ha hecho grandes inversiones –económica y políticas-- en Tuxpan para materializar otro de sus magníficos negocios.

Junto con José Serrano Segovia y Bernardo Quintana, accionistas de Transportes Marítimos Mexicanos (TMM) e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Hernández Ramírez es uno de los inversionistas, entre otros multimillonarios negocios carreteros, en la autopista México-Tuxpan y posee numerosísimas propiedades inmobiliarias en ese puerto.

Paisano del ideólogo liberal Jesús Reyes Heroles, un mexicano de una enorme estatura que contrasta con la de su hijo del mismo nombre que dirige Petróleos Mexicanos (Pemex), Hernández ha sabido cobrarle a Calderón --como en su momento a Fox-- el respaldo económico y político que le dio en el proceso electoral del 2006.

Entre los muchos negocios que ha hecho al amparo del poder, cuando hace 20 años era un especulador quebrado, Hernández encabezó el amasijo de empresarios que compraron Aeroméxico, cuyo director es José Luis Barraza, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que delinquió, confesa e impunemente, en ese año.

Y el más reciente cobro de facturas de Hernández fue la decisión de Calderón, a través de la Secretaría de Hacienda, de avalar la participación accionaria del gobierno de Estados Unidos en Banamex, pese a la prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Sobra decir que otro de los negocios de Hernández Ramírez es el político a nivel local: Actuando en sociedad con Elba Esther Gordillo, amiga y cómplice, perfilan al expriista Miguel Angel Yunes como candidato a la gubernatura el próximo año.

Así, los foros que Calderón anunció para determinar dónde se ubicará en definitiva la refinería --que pretendidamente se llamará Juan Camilo Mouriño, en honor a otro traficante de influencias-- es obvio que serán sólo un circo, con la participación de nueve gobernadores comparsas y Fidel Herrera, de Veracruz, en la dicha.

Roberto Hernández ya emitió la orden, y ni modo que Calderón objete su voluntad suprema.

Apuntes

La iglesia católica, controlada por el sector más reaccionario, ha tomado la determinación de actuar de manera decidida en la política electoral, a favor del PAN. Aunque en los medios de las diversas diócesis, y sobre todo desde el púlpito de las parroquias, el apoyo al partido del gobierno y las críticas a las "fuerzas de Satanás", difícilmente se puede anticipar que la autoridad encargada de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la susecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda, actúe. El contubernio de la derecha gubernamental y la iglesia es total, y no hay modo de que una fanática como Aranda actúe conforme a la ley. Es como si Luis Pazos, director de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Conducef), actuara contra los banqueros. Si están ahí es porque son Custodios de intereses contrarios al interés común… En León, Guanajuato, ganó Ricardo Sheffield Padilla, supuesto adversario de El Yunque. ¿Y ahora qué? ¿En qué será distinto de los que son juramentados de El Yunque? Porque él, como otros "calderonistas", actúan hasta peor que los de El Yunque. Pronto se sabrá cómo a Sheffield, quien usó la subsecretaría de la Reforma Agraria como hotel de paso, se le hizo ganar a través de una operación desde el gobierno federal. Chambas a cambio de votos. Ese es el sello de la casa... Los masones del país se reunieron en Puebla, el sábado 21 de marzo, con motivo del 203 aniversario del natalicio de Benito Juárez. En el estado que gobierno Mario Marín --que nada tiene que ver con el Benemérito-- se celebró la XXV Convención Nacional del Frente Nacional de Organizaciones Masónicas, para determinar la participación que la masonería nacional tendrá en los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Hace mucho que la masonería fue contundentemente derrotada por la derecha…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Rendición de cuentas*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

Los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman el tradicional desprecio del gobierno de Felipe Calderón para la rendición de cuentas. La revisión del auditor revela que durante el primer año del gobierno actual las irregularidades en el gasto se duplicaron en comparación con el último de Vicente Fox. Mientras el informe del ombudsman demuestra que la creciente militarización del país ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos.

La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de dar cauce a las recomendaciones sin la menor autocrítica.

El informe del auditor, como siempre riguroso y profesional, revela una gestión pública desaseada y corrupta. Durante 2007, más de 60 mil millones de pesos se gastaron de manera irregular y la ASF se vio obligada a promover sanciones por responsabilidad administrativa en mil 632 casos. Es decir, para cada una de las 932 auditorías practicadas, el ente fiscalizador encontró casi dos incidentes que merecen ser castigados. Habría que recordar que el auditor solamente revisa una pequeña muestra del total del gasto federal. Por cada irregularidad encontrada, podemos estar seguros de que existen 10 más que nunca saldrán a la luz pública.

Lo más probable es que solamente una pequeña porción de los mil 632 casos de responsabilidad terminen en una multa o una suspensión de los funcionarios involucrados. Seguramente ninguno llegará a una sanción penal. La Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia encargada de dar seguimiento a estos casos, se ha convertido en las administraciones de Fox y Calderón en un hoyo negro que diluye las presuntas responsabilidades de los infractores. Asimismo, cuando la dependencia intenta imponer una sanción monetaria o presentar una demanda penal, los expedientes se integran de manera tan deficiente que el Poder Judicial casi invariablemente termina por echarlos atrás.

Tiene toda la razón el auditor Arturo González de Aragón cuando señala que hace falta que la ASF tenga facultades de sanción directa. El hecho de que no ocurra así es una herencia del regateo a su autonomía que impuso el Partido Revolucionario Institucional a la hora de negociar la reforma constitucional de 1999 que convirtió la Contaduría Mayor de Hacienda en la ASF. Resulta absurdo que la SFP sea la instancia responsable de sancionar a sus colegas en la administración federal por las irregularidades encontradas por el auditor externo. La situación se vuelve aún más paradójica cuando la secretaría supuestamente tiene que sancionarse a sí misma a partir de las revisiones de la auditoría.
Por otro lado, el informe de la CNDH revela el lado oscuro de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Al delegar la responsabilidad de la seguridad pública en el Ejército, Calderón se encuentra en franca violación de la Constitución. También se ha experimentado un aumento escalofriante en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, al pasar de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. En el mismo lapso se triplicó el número de denuncias por tortura.

Ciudad Juárez actualmente vive en un estado de excepción. Ello ha provocado que los casos de abuso de autoridad se multipliquen. Además, los jóvenes del municipio viven en una zozobra constante, ya que todos se han vuelto sospechosos de ser posibles narcotraficantes.

La actuación de la CNDH todavía deja mucho que desear. Las 18 recomendaciones rechazadas durante 2008, casi la cuarta parte de todas las emitidas en el año, dan fe de sus graves problemas de legitimidad. La rotunda negativa a transparentar su funcionamiento interno también mina de manera importante la confianza ciudadana en el ombudsman. De todas formas, el contenido del último informe de José Luis Soberanes constituye una fuerte llamada de atención al gobierno federal.

En 2009, el Congreso de la Unión debe decidir tanto sobre el remplazo de Soberanes como con respecto de la ratificación de González de Aragón. Calderón sin duda buscará aprovechar esta coyuntura para colocar amigos fieles en ambos cargos, como ya lo ha hecho para los nombramientos del Inegi, el IFE, Pemex y el IFAI. Los ciudadanos debemos asegurar que los procesos de auscultación se lleven a cabo de cara a la sociedad, así como obstaculizar cualquier intento del Ejecutivo de vengarse por los informes más recientes.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de La Jornada.

Cuando señalamos a la luna, los legisladores ven el dedo*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta

En las últimas semanas se ha desatado un tremendo debate sobre la conveniencia de que se regulen las tasas de interés y el costo de los servicios bancarios en el país.

Más aún (y dado que son tiempos electorales), legisladores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, perredistas encabezados por Carlos Navarrete y hasta algunos panistas (no encabezados, puesto que no tienen cabeza) se han convertido en unos verdaderos ombudsmanes financieros que, ahora sí, al menos en el discurso se envalentonan contra los bancos y sus abogados, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y parecen muy decididos a ponerles tope tanto a las tasas de interés que estas instituciones cobran como al costo de los servicios bancarios.

Sin embargo, nuevamente (y como ya se ha hecho costumbre) con el único objetivo de conseguir votos para sus causas, se enfrascan en una absurda discusión que versa sobre el dilema de regular o no las tasas de interés, cuando el problema de fondo radica en la competencia que existe en el mercado bancario mexicano. En otras palabras, en las reglas del juego que, como siempre, favorecen por mucho a un selecto grupo de instituciones que además de ser extranjeras son las que controlan al sistema financiero.

Basta recordar que la extranjerización de la banca en México se dio como resultado de una crisis bancaria y de su ilegal rescate y no como producto de una política bancaria y financiera que buscara garantizar que el control del sistema quedara en manos del Estado y de los mexicanos.

De hecho, si los legisladores quisieran hacer su chamba deberían haber empezado por revisar los comentarios que hiciera en este sentido Michael W. Mackey, quien fue el auditor del Fobaproa. Pero, desafortunadamente, tanto a los priístas como a los panistas y hasta algunos perredistas el tema todavía los indigesta.

Y señalo lo anterior porque en materia de reglas del juego el sistema bancario que opera en México enfrenta dos graves problemas: primero, una tremenda concentración de mercado (oligopolio); y, segundo, una fuerte discriminación a la incipiente banca mexicana.

Pero como dijera Jack El destripador, vámonos por partes.

Primero: de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México existen 43 bancos –desde BBVA-Bancomer hasta el Banco Amigo, pasando por Banorte–; sin embargo, de este total, cinco instituciones (BBVA, Banamex, Santander, HSBC y Scotiabank, todas ellas de capital 100 por ciento extranjero) controlan 70 por ciento de los activos y la captación bancaria; 69 por ciento de la cartera total; 61 por ciento de las 10 mil 354 sucursales y 55 por ciento de los 75 millones de cuentas de depósito que existen. Esto quiere decir que tan sólo 11 por ciento de las instituciones bancarias controlan en promedio 65 por ciento del mercado en el país.

Esta imperfección de mercado –como dicen los que dicen saber– permite que estos cinco bancos impongan las reglas del juego a las demás instituciones bancarias y al propio Estado mexicano, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia, que no ha podido o no ha querido regular y romper este oligopolio.
Segundo: la situación se complica si a lo anterior añadimos que dentro de la propia banca que opera en México se observan clases sociales. Al respecto, vale decir que bancos mexicanos pequeños no participan de algunos tratos con el gobierno. Así, por ejemplo, Ixe o Banco Azteca no manejan la tesorería de Pemex o bien no son los encargados de bajar los recursos que el gobierno dice que canaliza a través de Nafin o Bancomext a diversas empresas.

Es decir, a esta incipiente banca no se le permite quedarse con los jugosas comisiones que aquello representa, permitiendo con ello que sean fundamentalmente los bancos extranjeros los que se benefician directa o indirectamente de esta situación. Sólo que sus utilidades las remiten a sus matrices en el exterior.

Esto es una pequeña muestra de que tanto para las autoridades que ejercen la regulación y la supervisión como dentro de la misma Asociación de Bancos de México (ABM) se da un proceso de discriminación a la incipiente banca nacional, lo que da como resultado que tengamos un mercado bancario con falta de competencia, costoso y con una fuerte discriminación a la banca nacional.

Desafortunadamente (y en gran medida debido a la ignorancia de los legisladores, a la falta de compromiso que han mostrado con el país algunos dueños de bancos mexicanos y a la necesidad de ganar votos), ahora los legisladores buscan resolver el problema de arribita y no de fondo. Desgraciadamente, en ese intento pueden llegar incluso a violar hasta la ley de la oferta y la demanda –que, creo, es la única que les falta por violar–, olvidándose del problema de fondo y perjudicando con ello a las pequeñas instituciones bancarias y financieras mexicanas, y a los usuarios de estos servicios.

No se trata de resolver en un mes lo que se ha gestado por la complicidad de gobernantes, banqueros y algunos empresarios en años.

Por ello, si se quiere contar con un sistema bancario eficaz y eficiente se deben corregir las imperfecciones que no permiten que exista una verdadera competencia en el sistema, sin discriminaciones.

Entonces: los legisladores deben primeramente obligar al cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica en el sistema bancario que opera en México; y deben adecuar el marco jurídico, para que se promueva el surgimiento de una banca mexicana apegada a las sanas prácticas bancarias, buscando un balance entre beneficio para el país y la rentabilidad de las instituciones, ya que de no poderlo hacer así, se tendría que valorar la nacionalización de la banca que opera en nuestro país.

Desafortunadamente la decisión de la SHCP en torno a Banamex, muestra que el Estado está empeñado en seguir como rehén de estas cinco instituciones, y lo peor de todo, es que tal parece que los legisladores continuarán haciéndoles el juego.

Por ello, como dice mi amigo el vocal incómodo: la discusión y el análisis deben ir más allá del dilema de regular o no regular tasas. De no ser así, lamentablemente, seguiré sosteniendo que cuando señalamos a la luna, los legisladores ven el dedo.

*Tomado de La Jornada.