Estos son los nombres de quienes se quedarán con Pemex

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

En días pasados tratamos el tema de la ruta de los políticos y empresarios que han estado ligados a Pemex y a su quiebra técnica. El material de Reporte Indigo desnuda los entretelones del poder y la manera en que la mafia política y empresarial que controla el país desde hace décadas se ha ido adueñando de la riqueza nacional poco a poco, mediante monopolios y negocios cruzados entre unas cuantas familias, que se sienten dueñas no sólo del país, sino de la vida de sus habitantes.

http://liberation-progressif.blogspot.com/2008/04/persiste-linchamiento-meditico-contra.html

El columnista Carlos Fernández-Vega bosqueja el complemento empresarial de la mafia mexicana, a raíz de que alumnos y profesores del Tec de Monterrey le exigieron a la secretaria de Energía del gobierno pirata: “no queremos que Petróleos Mexicanos se convierta en un monopolio privado; no queremos otro Slim petrolero”. Fernández-Vega señala el entramado de negocios de los hombres más ricos y poderosos del país de la siguiente manera:


“Son los capos de sus sectores, lo que no los nulifica para integrarse en negocios comunes. Tiempo atrás, en este espacio hicimos el siguiente ejercicio (la telaraña es un cuento de hadas) como ejemplo, no como resumen: Cemex (tercero en el ranking internacional) es el monopolio del cemento en México y su cabeza visible es Lorenzo Zambrano, quien también es accionista de Televisa, otra de las involucradas en el festín fiscal, que preside Emilio Azcárraga, empresario presente en Teléfonos de México, de Carlos Slim, magnate que a su vez forma parte del consejo de administración de Televisa, consorcio en el que tenía asiento María Asunción Aramburuzavala, del Grupo Modelo, del duopolio cervecero en el país, en el que sobresale Valentín Díez Morodo, a su vez participante en el consejo de administración de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, éste con asiento permanente en Teléfonos de México y Televisa, emporio en el que aparece Germán Larrea, cabeza del Grupo México (el de Pasta de Conchos), consorcio en el que también participan Claudio X. González Laporte y Valentín Díez Morodo, todos ellos beneficiarios de la reprivatización de Banamex, del Fobaproa, de la extranjerización de esa institución financiera y, obvio es, de la elusión fiscal realizada a la hora de venderla a Citigroup por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en la que todas las empresas citadas participan.

Slim acapara 94 por ciento de la telefonía fija en el país y 75 por ciento de todo el sector, cuando se incluye la telefonía móvil; Lorenzo Zambrano, 90 por ciento de la producción y el mercado del cemento; Germán Larrea y su Grupo México concentran 95 por ciento de la explotación y comercialización de cobre; Alberto Bailleres y Peñoles tienen el monopolio de la plata; la siempre pía familia Servitje, con Bimbo, el del pan industrializado (y un porcentaje interesante del otro PAN); el grupo cervecero Modelo, con Carlos Fernández González como cabeza visible, controla 65 por ciento del mercado nacional; FEMSA, de Eugenio Garza Lagüera, se queda con el otro 35 por ciento del mercado cervecero, pero controla más de 60 por ciento del mercado refresquero nacional; Televisa y su accionista mayoritario, Emilio Azcárraga Jean, concentra 70 por ciento de la televisión abierta en el país y una parte creciente de la televisión restringida; la banca extranjera, 90 por ciento del sistema “nacional” de pagos. Y así por el estilo, en el selecto cuan anticonstitucional juego del monopolio en México”.

México S A, La Jornada, 30 de abril de 2008.


No se necesita se adivino para saber con total certeza que ellos y los políticos citados por Reporte Indigo serán los beneficiados con la privatización de la parestatal. Se trata pues de un negocio familiar, como lo han sido, los bancos, las carreteras, el campo –sí, los grandes empresarios del campo son los que reciben mayores apoyos gubernamentales- las telecomunicaciones, etc.

Qué les importa a los dueños del dinero y del poder en México los millones de pobres que lo seguirán siendo mientras no se instaure la democracia y el Estado de derecho en el país. Qué podría importarles si ellos seguirán incrementando sus ya de por sí inmensas fortunas y la venta de Pemex es un negocio que no pueden dejar pasar. Le tienen puesto el ojo desde hace 25 años, es por ello que no dejarán pasar la oportunidad de explotar a un pelele impuesto en la Presidencia del país. De aprovechar que el sistema político y de aplicación de las leyes está corrompido y en franca decadencia, de que ningún partido político tiene la fortaleza, ni el deseo de luchar por el bienestar de la sociedad. Sus líderes más bien pelean por las migajas –de mucho dinero sí, pero al fin migajas- que los poderes fácticos les dejan y por el reparto del botín que se llama erario, pues cada año se destinan más recursos de los impuestos de los mexicanos a sostener a tanto político ladrón.


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/




El caso de las boletas del 2006, ante la CIDH

Jorge Carrasco Araizaga

Después de una serie de muestras, calamitosas todas, en que el aparato de justicia mexicano se mostró tan servil e inoperante como en sus peores tiempos, el jueves 24 Proceso interpuso una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho de información, una vez que en México se agotaron los caminos legales para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. Este recurso incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada el pasado 11 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agotados los caminos legales en México para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006, Proceso interpuso una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho de información.

La denuncia fue presentada, el pasado jueves 24, en la oficina del Secretariado Ejecutivo de la Comisión, en Washington, e incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 11 de marzo.

Las medidas se mantendrían en tanto la CIDH resuelve si, en efecto, las autoridades administrativas y judiciales del país violaron el derecho a la información de la revista con la reiterada negativa de permitir el acceso al material electoral con el que se declaró ganador a Felipe Calderón.

La negativa del Instituto Federal Electoral (IFE), del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de la Suprema Corte es considerada en la demanda como una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.

En esa Convención no sólo se instituyó el derecho a la información como un derecho humano, sino que éste debe ser respetado y garantizado por el propio Estado.

La negativa también es señalada en la denuncia como un precedente para que autoridades administrativas como el IFE o las del Poder Judicial –jueces, magistrados y ministros– nieguen el acceso en futuras peticiones de información relacionadas con procesos electorales.

Además, cuestiona que el Poder Legislativo mantenga fuera de la legislación electoral el derecho a la información, como lo reiteraron la Cámara de Diputados y el Senado al aprobar la reforma electoral de noviembre último.

No sólo pide declarar a México “responsable internacionalmente” de la violación de ese derecho, sino que le recomienda adoptar medidas, incluidas las legislativas, para garantizar la plena vigencia y respeto a los derechos involucrados, sobre todo en relación con el deber de preservar en archivos públicos información de interés público como la solicitada”.

La denuncia ante la CIDH fue interpuesta en momentos en que el IFE negocia con los partidos políticos para que se desistan de las más de 500 quejas presentadas con motivo de la cuestionada elección presidencial.

Coincidió también con una nueva negativa del IFE, esta vez al investigador José Antonio Crespo, para permitirle la misma información. En todo caso, el instituto no podrá destruir las boletas en tanto no se agoten todos los recursos legales que existen hasta ahora, entre ellos el del investigador Sergio Aguayo.

Presentada por la abogada Graciela Rodríguez Manzo, en nombre del director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, la denuncia pretende que sea la CIDH, y en su caso la Corte Interamericana de Justicia, la que proteja en México el derecho a la información en materia electoral.

Si la CIDH acepta la denuncia y encuentra que hay violación del derecho reclamado, podrá solicitar al Estado mexicano medidas para reparar el daño y evitar su repetición. Si éste no lo hiciera, el juicio sería turnado a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción fue reconocida por México en 1998.

En caso de que la Corte encontrara razón en el reclamo de la revista, podría sancionar al Estado demandado, lo cual se haría del conocimiento internacional.

En la demanda del semanario se responsabiliza al Estado mexicano de violar la libertad de pensamiento y expresión, pues el propósito de solicitar el acceso a la papelería de la elección presidencial era el de informar los resultados de un pretendido recuento ciudadano de los votos ante la prolongada incertidumbre que generó la autoridad electoral.

En medio del impasse abierto por la decisión del IFE de posponer el resultado de las elecciones y la desconfianza generada entre partidos y un sector de la sociedad por la diferencia de apenas medio punto porcentual con la que se le dio el triunfo a Calderón, el 28 de julio de 2006 el director de Proceso solicitó al instituto el acceso a las boletas.

Mes y medio después, la autoridad electoral, a través de su Comité de Información, rechazó la petición. Inconforme, Rodríguez Castañeda buscó la protección de la justicia federal y solicitó un amparo en contra de la decisión del IFE no sólo para lograr el acceso, sino para evitar la destrucción de las boletas.

La respuesta, que estuvo a cargo del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y tomada el 21 de septiembre de ese año, fue también negativa. La razón: que el amparo no procede en materia electoral.

Proceso recurrió esa resolución ante una instancia judicial superior por considerar que en el amparo estaba involucrado el derecho a la información en posesión del Estado, por lo que no podía considerarse como un asunto meramente electoral. El caso llegó en octubre siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Pero de inmediato, los magistrados del Tribunal le pidieron a la Suprema Corte que atrajera la revisión del amparo debido a que involucraba aspectos constitucionales, como el de derecho a la información, que está garantizado en el artículo sexto de la Constitución.

El caso se mantuvo durante un año y cinco meses en el máximo tribunal. Fue hasta el pasado 11 de marzo cuando los ministros de la Corte –en una decisión dividida de seis votos a cinco– confirmaron que el amparo se debía desechar por considerar que la petición está relacionada con la materia electoral y no con el derecho a la información.

Con argumentos incluso contradictorios sobre si el proceso electoral está o no culminado, esa mayoría de la Corte interpretó también que la papelería de la elección de Calderón puede ser destruida una vez que se agoten los diversos procesos judiciales promovidos por diferentes personas para acceder a las boletas (Proceso 1637).

No fue la única vía que la revista buscó para tener acceso a las boletas de la elección presidencial. El reportero Daniel Lizárraga también solicitó la paquetería al IFE. El Instituto se amparó en “razones de seguridad nacional” para rechazar la solicitud.

El reportero recurrió esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero los magistrados electorales confirmaron la negativa, no por las mismas razones del IFE, sino porque la información contenida en las boletas ya es pública.

Aunque reconocieron que se trata de documentos públicos, resolvieron que están “indisponibles”. Peor aún, criticaron la petición porque consideraron que era tanto como pedirle al Banco de México los billetes que tiene en su poder para confirmar la cantidad de las reservas monetarias del país (Proceso 1591).

Todas las vías se cerraron y se agotaron. En el caso del amparo rechazado a Rodríguez Castañeda, en la demanda ante la CIDH se precisa que el Estado mexicano violó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esa disposición señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”.

La propia Corte Interamericana ha precisado que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión tiene una dimensión individual y una social. Sobre esta última estableció desde 1985 que se trata de “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Ese mismo año determinó que comprende “también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”.

Los alcances de ese derecho fueron fortalecidos en 2000 con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, según la cual “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos” que los propios Estados están obligados a garantizar.

Añade que ese derecho “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

En la demanda, Proceso le dice a la Comisión que en caso de ser aceptada, México no podría argüir que la negativa está relacionada con una restricción permitida por la Convención o la Declaración de Principios.

Si sostiene que con el acceso a las boletas la seguridad nacional se amenazaría realmente y de modo inminente, por lo que el material se debe destruir, la respuesta “equivaldría a asegurar que el resultado oficial de las elecciones presidenciales no coincide con la información actualmente en poder del Estado”, considera.

Le hace ver también que con el acceso no se afectaría ni el orden público ni los derechos de los demás, pues eso no repercutiría en el carácter definitivo del proceso electoral. “Lejos de ello, el acceso… permitiría (al demandante) formarse una opinión sobre lo sucedido en esa elección…, respetándose así su derecho a acceder a la información en poder del Estado y, con ello, su derecho a saber”.

Sobre la actuación del IFE, sostiene que “vulnera el derecho humano de acceso a la información en razón de que no hace del conocimiento público documentos que en forma expresa no tienen el carácter de información reservada ni mucho menos confidencial”. Además de que ya no hay ninguna vinculación jurídica porque el proceso electoral está concluido.

“Todavía más grave –continúa– los Estados Unidos Mexicanos se han colocado en un escenario en el que frontalmente vulneran el derecho de acceso a la información, pues lejos de conservar en archivos históricos documentos de interés público como son las boletas electorales, por disposición legal… busca destruir tal información, en oposición no sólo del artículo 13 de la Convención, sino del artículo sexto de la Constitución.”

La disposición que refiere es el artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora artículo 302 del nuevo código.

Sobre las medidas cautelares, expresa que son necesarias porque ni el Juzgado Cuarto de Distrito ni la Suprema Corte ordenaron la suspensión de la destrucción de las boletas, “lo que hace peligrar su conservación y propicia que se cometa un daño irreparable al derecho de acceso a la información”.

Considera como “urgente y necesario” que la CIDH solicite al Estado mexicano suspender esa destrucción en tanto se admite la denuncia y se resuelve sobre la posible violación del derecho a la información.

De lo contrario, prosigue, se causaría un daño irreparable a esa garantía reconocida por la Convención Interamericana, pues la eliminación de las boletas está prevista para cuando se agoten los procesos de petición pendientes.

Con la destrucción de las boletas, asegura, permanece la tentación de que en futuras elecciones se cometan anomalías “bajo la apuesta de que lo no descubierto durante el proceso electoral quedará en el olvido gracias a la desaparición de la principal evidencia documental”.

Con la negativa, dice, lo que México está haciendo es exigir al demandante y a toda persona que votó en 2006 “un acto de fe incompatible con la democracia”, pues deben creer que lo acontecido en la jornada electoral quedó fielmente reflejado en las actas de la elección.

Recrudece el cinismo al inciar tiempos elctorales

Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores.

El segundo acto de la farsa para privatizar Pemex está por iniciar. Cuando la propuesta del pelele Felipe Calderón Hinojosa fue presentada al Senado el PRI se apresuró a señalar que estaba de acuerdo con ella porque contenía muchos de sus señalamientos. En ese entonces, hace 20 días, el PRIAN tenía por seguro que antes de que finalizara abril la misma sería aprobada por el mayoriteo que acostumbran en las cámaras de senadores y diputados.

Fue la toma de tribunas lo que impidió que el despojo y saqueo a la nación se impusieran. Ahora que habrá 72 días para “debatir”, el jefe de la mafia priísta, el senador –quien tiene un oscuro pasado ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio y al narcotráfico en Sonora- sale con el cuento de que el mentado proyecto “tiene serios defectos que habrá que allanar. Nosotros no la aprobaremos tal como ha sido enviada. Estoy seguro de que se puede perfeccionar de tal manera que nosotros podamos garantizar que no tenga ningún viso, ningún fantasma privatizador alrededor de cada una de sus propuestas. No coincidimos en muchos de sus puntos. Habremos de fijar nuestra posición el 13 de mayo rumbo al debate nacional, y a partir de esa propuesta que pongamos sobre la mesa, debatiremos cuál es la ruta más inteligente para lograr lo que todos los mexicanos quieren: un Pemex distinto, con mayor progreso y que beneficie más a la gente”.

Ahora todos dicen que sí se discutirá a fondo y que la propuesta es “perfectible”, además de que se impondrán “candados” para asegurar que no se privatice. De ser así, el PRI estaría obligado a presentar una propuesta distinta a la del usurpador Calderón Hinojosa, pues la actual es considerada privatizadora hasta por entidades internacionales, no precisamente de izquierda. En caso contrario es un capítulo más de la telenovela que busca distraer la atención y aprobar la privatización del petróleo sin la participación ni conocimiento de los principales interesados: los ciudadanos.

Mientras Germán Mentiras o Martínez, para el caso da lo mismo, declara que la resistencia civil pacífica no sacó nada con la toma de tribunas y las manifestaciones en las calles, sólo se llevó sus mantas, dijo. A los senadores de su partido no les parece así y en la primera ocasión que tuvieron –ayer mismo- dejaron evidencia del odio, rencor y coraje que todavía tienen –pese a haber aprobado decenas de iniciativas a su gusto, conveniencia y sin debate ni oposición- por la “nada” que se llevaron los legisladores del Frente Amplio Progresista.

Para el espurio Calderón Hinojosa es momento de recabar nuevos clientes electorales, por lo que cambió de nuevo el nombre del programa de la Sedeso –Solidaridad, Progresa, Oportunidades, etc.- para tal efecto. Ahora se llamará Vivir Mejor –la semejanza con la organización fachada del Yunque Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, que lanzó el spot de odio contra Andrés Manuel López Obrador, no es mera coincidencia- y no será populista, pues no es asistencial y no considera que los pobres busquen dádivas o caridad, anunció.

Sin embargo eso es precisamente lo que ofrece. Una cantidad de 250 0 300 pesos bimestrales, la entrega de alguna despensa, o una beca de la misma cantidad. Una cosa nada más no todas juntas, es la forma en que el pelele Calderón Hinojosa plantea para sacar de la pobreza a millones de mexicanos que viven en la marginación. Su programa abarcará 150 mil personas, que no representan ni el 0.5 por ciento de los mexicanos en condiciones de extrema pobreza. Demagogia pura. El objetivo real es actualizar el padrón electoral con miras en los comicios de 2009. Ya su gran amigo, el capo Manlio Fabio Beltrones, amenazó con aprobar un periodo extraordinario de sesiones del Congreso sólo si se incluye la tarea de legislar para terminar con el uso clientelar de los programas de Sedeso. Ya entrado en gastos el priísta transa afirmó que la reforma a Pemex debe pasar por fijar el destino de los recursos petroleros para abatir la desigualdad. De otro modo, dijo “estaremos simplemente acompañando políticas neoliberales que no han dado resultado en el pasado”. ¿Discurso de izquierda? No, simplemente que los tiempos electorales se acercan y los “grandes amigos” se distanciarán unos meses para llevar cada uno agua a su molino. Cosas de la cínica política que tiene que aguantar México.


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.

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PAN: El partido de la impunidad

Álvaro delgado

México, D.F., 28 de abril (apro).- Al tomar posesión del cargo que completará casi dos décadas de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, el 1 de marzo del año pasado, Emilio González Márquez proclamó: “No venimos a robar ni a descansar, ni venimos por glorias humanas ni tampoco para abusar del poder.”

Pronto ese conjunto de compromisos quedó quebrantado, igual que su juramento, como alcalde de Guadalajara, de terminar el trienio, a pesar de sus recurrentes actos de falsa congruencia y su grosera ostentación de religiosidad.

“Soy católico. Por eso no robo, por eso no engaño… No soy ladrón, no soy narco, no soy maricón. De otras cosa podré tener un poquito, pero de eso no”, decía Emilio en julio del 2005, después de usar el presupuesto municipal para editar nada menos que 120 mil ejemplares de un libro apologético de la religión de su preferencia.

González Márquez, quien junto con sus cofrades Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, se declaró esbirro del ultraderechista Álvaro Uribe --como Felipe Calderón--, es protagonista de uno más de los escándalos que lo han acompañado en su carrera política, sobre todo después de dar el brinco del Partido Demócrata Mexicano (PDM) al PAN y de ocupar cargos mediante insanas prácticas políticas, incluyendo --como es el caso-- la manipulación de la fe.

Pero Emilio es, también, el prototipo de la clase política panista de la que tanto se ufana el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien exhibe con sus actos por qué Calderón lo colocó --mediante el ilegal e inmoral uso del aparato del gobierno-- en ese cargo.

Martínez Cázares ha exonerado a Emilio con celeridad, pero no por la transferencia de recursos del presupuesto de Jalisco a la Iglesia católica ni por el desprecio y la ofensa hacia ciudadanos que le exigen decoro, sino por el lenguaje que el funcionario utilizó para ufanarse de que en ese estado hace lo que le viene en gana, porque para eso fue electo y tiene asegurada la absolución del cardenal Juan Sandoval.

A Martínez le parece suficiente que Emilio haya ofrecido disculpas por su léxico, una patraña que oculta el patrimonialismo en el uso del erario --millones y millones no sólo a la Iglesia, sino a Televisa, a Televisión Azteca, al Teletón--, la insolencia hacia sus mandantes, hayan votado o no por él, y el atentado a una condición de paz en una democracia: el laicismo.

Más que las palabras utilizadas y aun si recurrió a ellas por el influjo de drogas o alcohol, esos son los ejes del debate sobre el comportamiento de González Márquez: el uso patrimonialista del erario, la rendición de cuentas, el respeto a los gobernados porque él es --hay que recordárselo-- un servidor público y la vigencia del laicismo, que garantiza el respeto por igual a todas las religiones y a la ausencia de credo.

Y esos son los temas que Germán Martínez, desde su cargo de presidente del PAN, soslaya en la expedición de un nuevo certificado de impunidad, el sello ya del partido de la derecha.

Como secretario de la Función Pública impartió la línea de Calderón Hinojosa para absolver a Vicente Fox de cualquier sospecha de corrupción --“meto las manos al fuego” por él, proclamó--, y hace poco emitió un fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal.

Martínez Cázares, quien integró el gabinete de Calderón durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal, que después ratificó a quien lo quisiera escuchar.

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martínez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.

Con el reciente escándalo de Emilio --uno más en su larga lista de compra de popularidad con recursos públicos-- y su inmediata exoneración por Martínez, el PAN muestra su auténtica estatura moral y política, que es la que siempre ha tenido la derecha.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Desinformación de medios electrónicos golpistas

Tomadas el 27 de abril de 2008 en el zócalo de la Ciudad de México.

Tomados de La Jornada, helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

El cerco informativo a todo lo que huela a resistencia civil pacífica se recrudece conforme se alarga el tiempo para que el PRIAN apruebe la venta de Pemex. Ayer domingo 27 de abril de 2008 cientos de miles de ciudadanos de todo el país marcharon en lo que fue la mayor demostración popular en los últimos meses. La magnitud de la misma no pudo ser dejada de lado por los oficiales y oficiosos medio electrónicos. Pero si dejaron de informar sobre la misma. Redujeron todo a notas informativas mínimas sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Tal vez les caló aquello de:

“Es más, este es un fenómeno mundial. Acaba de comentar el politólogo Giovanni Sartori, con motivo de las elecciones en Italia, que el triunfo de Berlusconi se debió al dominio que tiene de los medios de comunicación, y llegó a decir Sartori que así hasta él ganaba.

“Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los más influyentes medios de comunicación son de los hombres más ricos de México y, por intereses, afinidad o conveniencia, se ponen a las órdenes del régimen y ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes son considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o intentar un cambio verdadero.

“¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP…? Voy a repetir la pregunta: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?

“Es indudable que este aparato de comunicación es la principal fuerza de los potentados y no debemos menospreciar sus efectos en la opinión pública. Como es sabido, repetir mentiras todos los días y a cada hora, acaba por confundir a mucha gente.

“En esa renovación que necesita el país, uno de los puntos centrales tiene que ser el que en este país, como en cualquier país democrático, se garantice el derecho del pueblo a la información.

“Y son estos ciudadanos concientes, que saben leer el periódico, escuchar la radio o ver la televisión, el principal sustento de nuestro movimiento. Ustedes y muchos más”.

Andrés Manuel López Obrador, zócalo de la Ciudad de México, 27 de abril de 2008.

Y de nueva cuenta se repitió el fenómeno. Prácticamente nada de información. Ni imágenes panorámicas, ni crónicas, ni nada.

Como sabemos la estrategia fue impuesta en diciembre de 2006 por el pelele Felipe Calderón Hinojosa a los avariciosos medios electrónicos e impresos a cambio de prebendas y jugosas cantidades de dinero. De ahí que toda información relacionada con la defensa del petróleo sea la misma y tenga el mismo enfoque.

Como no han podido terminar con la protesta social –primero contra el fraude electoral de 2006, luego contra la rapiña del PRIAN-, ni con intimidación, difamación y mentiras –recordemos que hace un año cada semana decían los sesudos “analistas” que López Obrador se quedaba solo-, ahora de plano es la mentira total. Lo que “informan” es mentira y ocupan más tiempo en el comentario vulgar y soez que en cumplir con lo que les marca la ley.

De cualquier forma el cerco informativo por más cerrado que esté ha sido fracturado por medios alternativos, estaciones de radio pequeñas e impresos como La Jornada y Proceso y por internet, que son castigados por el usurpador Calderón Hinojosa al no ceñirse a sus pretensiones dictatoriales.

Cada vez hay más conciencia ciudadana de quiénes son los saqueadores y ladrones en el país. De quiénes son los poderes fácticos y del poder real de los mismos y de quiénes son las “instituciones” y a quiénes sirven.

Los cientos de miles de ciudadanos fueron convocados con menos de una semana de duración y asistieron, pese a la campaña de linchamiento mediático en contra de López Obrador, del movimiento por la defensa del petróleo y de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Poco a poco pero de manera constante se fortalece la convicción de que no se permitirán más imposiciones como la del espurio Calderón Hinojosa o del saqueo de los bienes de la nación, que el última instancia son del pueblo de México. La prueba de ello estuvo ayer con los cientos de miles que marcharon del Monumento a la Independencia al zócalo de la Ciudad de México.

Para castigar tal demostración de libertad ciudadana, el gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa publicó hoy lunes las reformas –aprobadas la semana pasada por el PRIAN, sin discusión ni debate y sin la presencia del PRD, partido mayoritario en el DF- que pretenden conculcar más derechos a los habitantes de la rebelde Ciudad de México. Mediante la maniobra leguleya el PRIAN quiere hacerse de legisladores en la capital, que no obtiene el las urnas. Es decir, pretende mandar a ciudadanos que no votaron, ni votarán por ellos. Además busca cambiar la composición del actual Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para colocar a sus cómplices como en el IFE.

¿Eso es democracia, libertad de expresión y respeto a las leyes? Quien tuerce el derecho para fines particulares y de grupo se llama dictador, y eso es el usurpador Calderón Hinojosa. El PRIAN no es más que un puñado de bandoleros con fuero constitucional, criminales con impunidad.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.

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Orgía de odio

raciel garrido

México, D.F., (apro).- Como dicen los clásicos, “difama, que algo queda”. Esa es la divisa nazi de quienes, paradójicamente, han suscrito el reciente spot en contra del Frente Amplio Progresista (FAP), pero sobre todo buscando denostar a Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de nacionalsocialista. Qué ilógico escenario. Pero, primeramente, echemos un vistazo al marco jurídico que condena ese tipo de acciones.

El artículo 41, fracción tercera, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

El apartado C del mismo artículo, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

Más adelante, el mismo precepto constitucional, en su apartado D, precisa: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.”

Ahora bien, el artículo 38, párrafo primero, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), indica: “Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.”, es decir, aquí ya se reglamenta lo contenido en la Constitución.

El régimen de sanciones que determina el Cofipe en su Libro Séptimo, artículo 342, párrafo primero, inciso i), establece que a los partidos políticos nacionales se les sancionará por:

“La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”, y el inciso j) del mismo artículo precisa la sanción por “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.”

En su catálogo de sujetos susceptibles de ser sancionados por las violaciones a la Constitución y su ley electoral, el Cofipe determina, en su artículo 345, párrafo primero, inciso b), que los ciudadanos o cualquier persona física o moral son sujetos de sanciones por:

Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Pero los permisionarios y concesionarios de radio y televisión también pueden y deberían ser sancionados, ya que el artículo 350, párrafo primero, inciso b) del Cofipe, determina que es una infracción “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”.

Pero ¿cómo se sancionará a partidos políticos, ciudadanos o personas físicas y/o morales y concesionarias y permisionarias de radio y televisión por estas violaciones a la ley electoral?

La sanción a los partidos políticos por la contratación de los spots calumniosos la regula el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción v, del Cofipe, pues señala que a estos institutos, por “la violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará con multa”.

Es demasiado tibia la sanción que impone el código de referencia, debido a que los partidos representados en las cámaras legislativas optaron por protegerse de castigos más severos, previendo que ese escenario, en el que echarían mano de ese tipo de propaganda negra, se repetiría recurrentemente.

Los ciudadanos o cualquier persona física o moral están estipulados en el régimen de sanciones, en el mismo artículo 354. El inciso d) señala que éstos serán multados con el doble del costo comercial de los spots que hayan contratado.

Ahora bien, los permisionarios y concesionarios de radio y televisión son, en el Cofipe, sancionados por la transmisión de propaganda difamatoria y que, además en el caso que nos ocupa, fue contratada de manera ilegal por personas diferentes al IFE. El inciso f), fracción iv, del mismo artículo 354, determina:

En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas.

En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

En el 2006 las autoridades electorales no quisieron hacer valer las facultades de investigación que la ley les otorgaba para conocer la verdad legal e histórica de la cuestionada elección presidencial, y actuaron torpemente con la llamada “propaganda negra” en contra del candidato de la otrora coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, alegando que él había hecho lo mismo, destruyendo la objetividad e imparcialidad del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales deben ser sus principios rectores.

Así mismo, argüían que la Constitución y la ley electoral respectiva “no les daba dientes” para actuar contra esas iniquidades. Ahora, en el 2008, ya tiene el régimen sancionador muy claro.

El espíritu del Constituyente Permanente y de los legisladores buscaba que se acabasen estas acciones tan inmorales en la disputa política.

¿Qué van a pretextar hoy?, ¿que no saben cómo usar los dientes o que éstos no tienen filo? La Constitución y el Cofipe son muy específicos y el Consejo General del IFE debe actuar en consecuencia: aplicar las sanciones establecidas en nuestro marco constitucional y legal.

¿O sólo serán buenos en el arte de invocar pretextos y sacar a relucir las leyes para amenazar a los que la derecha considera “peligrosos”, y a ésta tratarla como agraviada de la campaña de odio que ella misma ha prolongado desde el 2006?

La campaña de calumnias contra el FAP, en la cual se les acusa (y de una manera no tan subliminal a López Obrador) de ser un parangón de Adolfo Hitler, o del fascista Benito Mussolini, o de su admirado dictador español (para el PAN) Francisco Franco (y hasta Victoriano Huerta, antiguo guardaespaldas de Porfirio Díaz), o del carnicero sudamericano Augusto Pinochet, peca de contradictoria.

Todos fueron dictadores de ultraderecha. Todos sin ningún respeto por los derechos humanos, todos causantes de un gran dolor a sus países y a la humanidad.

Es decir, al FAP y a López Obrador se les acusa de ser como los acusadores. “Te acuso de parecerte a mí y la población debe odiarte por ser una mala copia mía”.

¿Cómo “garantizaron” la protesta de ley que Felipe Calderón debía llevar a cabo ante el Congreso de la Unión para ser “presidente constitucional”? Tomando la tribuna: es bueno si lo hace la derecha, pero malo, malísimo, si la izquierda lo hace para defender el patrimonio nacional, que no gubernamental.

Ante la protesta, el odio. Ante la propuesta de debate, el ataque. Ante la exhibición de la derecha en toda su mentira, la obscenidad de la calumnia. Si la izquierda institucional propone un mínimo de congruencia con sus documentos básicos, la derecha saca a relucir toda su hipocresía e inmoralidad. Incluso Calderón, la semana pasada, declaró que “cuando se siembra odio y cizaña, se recoge división y encono”.

Al parecer está asesorado por personas que siguen al pie de la letra los principios de propaganda nazi de Joseph Goebbels, ya que lo dijo con toda comodidad y con absoluta falta de memoria.

Principio de la transposición: achacar al adversario los errores propios o defectos, respondiendo al ataque con el ataque: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan” (Marco Rascón, La Jornada, 22 de abril de 2008, p.22.)

El IFE ya ordenó retirar esa propaganda y la contratada por el PAN (aunque el presidente nacional de Acción Nacional acusa tácitamente al IFE de haber aprobado lo que ahora ya desaprobó. Germán Martínez dijo en declaraciones recogidas por La Jornada del 22 de abril: “Ésos sí los suscribimos, porque el partido no tiene nada que revisar en ellos, los sostenemos, nos hacemos cargo de sus contenidos, los entregamos previamente al IFE y éste los entregó a los canales de televisión”).

El golpe ya está dado. Lo interesante es que, por lo menos, los magistrados del anterior TEPJF sentaron precedente en la medición del impacto de la propaganda negra con su sentencia, en la cual validaron el desaseado proceso electoral de 2006.

Las circunstancias deben ser consideradas a rajatabla como en esa sentencia histórica (negativamente hablando), y aplicar, ahora sí, una ejemplar sanción al PAN y a los que hayan contratado y difundido esos anuncios tan lóbregos. Y si no lo hacen, los actuales consejeros ya pueden ir empacando sus cosas.

El razonamiento de la derecha mexicana es muy sencillo, y esta simpleza es directamente proporcional a su ilógica proposición: sin la izquierda, habrá “Mejor Sociedad Mejor Gobierno”. Ojalá y las instituciones ahora sí funcionen imparcialmente. (25 de abril de 2008)


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El sospechoso gobernador multimillonario


Ricardo Ravelo

Desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político. Dueño de medio estado, el grupo no cesa de comprar y de invertir en proyectos multimillonarios a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aún así, Bours –entre cuyos sueños está el de llegar a ser candidato a la Presidencia de la República– es recibido en Los Pinos por el presidente Calderón para analizar, entre otros temas, el gran negocio que se avecina con la reforma energética...

CIUDAD OBREGÓN, SON.- Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.

Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.

Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.

La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.

Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.

Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.

Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora.

El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.

Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.

Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.

Los negocios

A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul.

Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.

E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden.

Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.

Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador, Eduardo Bours, tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa.

En esa zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.

Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.

Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador, José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.

Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours, un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A. de C.V.

No conformes con eso, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.

Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.

El narco

Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.

Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, en donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.

A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.

La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva.

González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.

Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)

Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”.

Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.

Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.

Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.

En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo.

Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas sicotrópicas.

Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.

Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.

El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.

Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.

Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.

Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado Los Güeritos, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.

Los Salazar, quienes lograron exterminar a Los Güeritos con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como El Quiriego (donde nació la extinta actriz María Félix).

En esa zona de lujo, los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse.

Los Salazar y los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.

Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.

Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.

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Dueños de Sonora

Ricardo Ravelo

HERMOSILLO, SON.- Nadie los detiene. Los hermanos Bours Castelo, encabezados por Ricardo y Eduardo, gobernador de la entidad este último, son considerados por los empresarios locales y por allegados a su familia como los hombres más poderosos de Sonora económica y políticamente.

De 2003 a la fecha, al amparo del poder, este clan logró desplazar a los industriales regionales y foráneos para erigir un próspero emporio que se expande más allá del territorio sonorense. Y en sólo cinco años, Eduardo Bours puso en operación una estrategia que le ha resultado eficaz: combinar la política con los negocios.

Tal es el control que ejerce esta familia que sus industrias abarcan casi todos los sectores productivos: el turismo, el ramo avícola y minero; domina también el mercado nacional de los fertilizantes, tiene participación en la aviación, el transporte terrestre y alimentos balanceados; controla la venta de tractores y el negocio automotriz a través de las agencias Ford…

Apenas tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de 2003, Eduardo Bours decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal. Con esta acción no sólo cumplió uno de sus “caprichos”, como dicen los sonorenses, sino que convirtió a las concesionarias Ford de la entidad en prósperos negocios que son controlados por su familia. Desde entonces, todas las patrullas que circulan en Sonora tienen esa firma automotriz.

Junto con su hermano Ricardo, Eduardo comenzó a comprar grandes extensiones de tierras en Sonora, Sinaloa y otras zonas del país para impulsar uno de los negocios familiares más rentables: la acuacultura y otros desarrollos de granjas acuícolas donde cultivan camarón de alta calidad para exportación.

Peripecias de Ocean

En la década de los sesenta, los cooperativistas pesqueros del país crearon la empresa Ocean Garden Products, la comercializadora de mariscos más grande del país. Tiempo después, debido a malos manejos financieros, la compañía cayó en quiebra y fue absorbida por Nacional Financiera (Nafin). Durante lustros, dicha empresa se convirtió en un negocio del que se beneficiaron amigos y compadres de los hombres del poder.

Ocean Garden tiene su historia. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo varios intentos por sacarla a la venta, pero ninguno fructificó. El intento más cercano fue cuando un grupo de inversionistas privados estuvo a un tris de adquirirla.

Uno de los más interesados en comprar la compañía fue William Karma, el empresario gasolinero dueño de la cadena Hidrosina. Al final el proceso se truncó.

Después, el Bancomext encargó otro avalúo de la empresa, pero los resultados del estudio fueron tan cuestionados que lo único que se consiguió fue poner en alerta a quienes se oponían al proceso. De acuerdo con la valoración realizada por el despacho de Asesores Financieros Internacionales, Ocean Garden apenas alcanzaba una cotización de 9 millones de dólares. Otros cálculos más serios establecieron que la empresa no costaba menos de 60 millones de dólares.

En 2001, ya en el período de Vicente Fox, esa cotización fue considerada como “muy corta”, ya que lo más valioso de la empresa eran los créditos revolventes contratados con bancos estadunidenses. En aquella época, la comercializadora tenía suscritas líneas de créditos por 120 millones de dólares, siendo el Bank of América, presidido por James F. McCabe, el prestamista más importante.

Pero además de los créditos, la fortaleza de la empresa radicaba en el aspecto social. Ocean Garden daba empleo a más de 900 proveedores, la mayoría de los cuales eran cooperativistas de las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Campeche; entonces la empresa paraestatal financiaba una flota de 982 barcos y compraba a los cooperativistas toda su mercancía.

El 25 de noviembre de 2005, dos años después de que Eduardo Bours asumió la gubernatura, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) puso en venta la empresa comercializadora. En aquel tiempo se dijo que sus activos costaban 161 millones de pesos.

Ese día, la institución acordó la venta de la comercializadora a las empresas mexicanas Granjas Acua, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano que pagarán –informó Bancomext– 161 millones de pesos. En aquella licitación los Bours Castelo y asociados fueron los únicos que presentaron una oferta económica.

Tanto el banco como la Comisión Intersecretarial de Desincorporación consideraron que para realizar la transacción se tomaron en cuenta “el prestigio, experiencia y solidez financiera” del grupo integrado por las empresas compradoras, lo que “permite prever el desarrollo el potencial de Ocean Garden en beneficio de la actividad pesquera y acuícola nacional”.

Sin embargo, empresarios acuícolas y cooperativistas consultados por este reportero en Hermosillo, aseguran que Mario Laborín Gómez, actual director de Nafin, gestionó que la comercializadora se vendiera en 70 millones de pesos y no en 161 millones de pesos, como se dijo oficialmente. Laborín Gómez, dicen las fuentes consultadas, es uno de los más estrechos amigos de Eduardo Bours. Tan cercano es, afirman, que ambos tienen líneas de negocios en el sector de los fertilizantes y la hotelería.

El 2005 fue próspero para la familia Bours, quienes participaron incluso como inversionistas en Finpatria, sociedad financiera de objeto limitado enfocada al crédito hipotecario.

El complejo

Dos años después de la adquisición de Ocean, sus actuales propietarios compraron un predio de mil hectáreas en las playas de San José, en el que construyen ya un complejo acuícola que, aseguran, será uno de los más importantes del estado y del país.

Según el diseño de los hermanos Bours, la obra tendrá varios estanques de 10 hectáreas cada uno para la siembra y cultivo de camarón blanco y azul, los de mayor demanda en el mercado internacional. Y para exportarlo, disponen ya de la infraestructura de Ocean Garden Products, dedicada a la exportación de camarón y otros productos del mar.

Además de Ocean Garden, el grupo Bours posee otros siete negocios que controla Francisco Javier, el mayor de los seis hermanos varones de la familia Bours Castelo. Entre las más conocidas destacan la comercializadora de pollo y huevo Bachoco y la empresa de telecomunicaciones Megacable. Pero los Bours también participan con sus empresas en sectores como la agroindustria, fertilizantes, acuacultura, aerotransporte, inmobiliario y, recientemente, en servicios financieros.

Otra de las actividades a la que se dedican los familiares de Eduardo Bours es la compra de terrenos que luego venden al gobierno sonorense, como ocurrió recientemente con un predio de los Bours Castelo localizado en pleno centro de Ciudad Obregón que fue adquirido por las autoridades para construir ahí el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Entre los 10 hermanos Bours Castelo –seis hombres y cuatro mujeres–, Francisco Javier es considerado el líder. Quienes lo conocen aseguran a Proceso que es muy distinto a su hermano Eduardo, el gobernador, quien suele ser “prepotente”.

Un excompañero de escuela de Francisco Javier consultado por Proceso –quien solicitó el anonimato por temor a las represalias– afirma que en el Instituto La Salle, de Ciudad Obregón, Francisco Javier “era muy serio, muy tranquilo; hasta parecía tímido”.

“Eso sí –agrega–, era amable y sencillo, a pesar de pertenecer a una de las familias más adineradas de Sonora. Francisco Javier nunca tomó un micrófono”.

En contraste, dice, “Eduardo a lo mejor te paga para que le prestes ese micrófono...”. Y continúa: Eduardo, quien fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo involucrado en algunas controversias políticas por ser gestor de fondos privados para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el 2000, y seis años después se vio implicado en otros escándalos por haber participado en el famoso Grupo Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).

Como gobernador de Sonora y cabeza del “ala política” de su familia, Eduardo no tiene límites, dice el entrevistado. Aquí se asegura que él será candidato presidencial para 2012. Incluso ya tiene resuelta la parte más importante: el dinero.

Y remata: “Aunque los Bours no aparecen todavía en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, en Sonora su familia es considerada como una de las más acaudaladas de México.”

Cientos de miles marchan contra la privatización del petróleo

Liga directa:http://mx.youtube.com/watch?v=Xo1oRdzpWI4

Nos unifica la defensa del petróleo, que es la causa del pueblo de México y de la Patria: AMLO*

Tomadas en el zócalo de la Ciudad de México, 27 de abril de 2008.

México, Distrito Federal
Domingo 27 de abril de 2008

* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Zócalo

Amigas y amigos:

Compañeras, compañeros brigadistas de todo el país.

Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha por la defensa del petróleo.

Aunque todavía no podemos cantar victoria, porque es mucha la codicia de quienes quieren convertir a la industria petrolera nacional en un negocio privado, es indudable que por ahora hemos podido pararlos.

En la primera etapa de la resistencia civil pacífica hemos logrado detener el madruguete y llevar el tema de las reformas energéticas al debate nacional.

Es un hecho que los potentados no podrán, en los próximos tres meses, consumar, como lo tenían planeado, el gran pillaje de la privatización del petróleo.

Y esto fue posible sin haber roto un solo vidrio, sin una pedrada, sin enfrentamientos en la calle, porque este movimiento ha sido, es, y seguirá siendo pacífico.

¿Qué es lo que logramos frenar?

Logramos frenar el intento de violar 12 artículos de la Constitución para apropiarse de la industria petrolera a espaldas del pueblo de México.

Debemos aclarar, y debe saberse cada vez más, que las iniciativas de reformas a leyes secundarias propuestas por Calderón, contravienen el espíritu y la letra de los artículos 6, 25, 27, 28, 49, 73, 108, 109, 113, 126, 127 y 134 de nuestra Constitución Política.

En esencia, con este grave atropello constitucional, se pretende entregar a particulares nacionales y extranjeros, la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos.

Quieren dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo, y quitarnos la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país.

Aún más: estas iniciativas vulneran nuestra soberanía al conceder derechos a extranjeros y obligarnos, ante cualquier controversia, a recurrir a tribunales internacionales.

Nada más pensemos que si, en 1938, hubiésemos estado sometidos al marco legal que propone Calderón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese entonces, no hubiera podido emitir el laudo a favor de los trabajadores que dio lugar a la Expropiación Petrolera.

Por si fuese poco y con gran cinismo, Calderón, Mouriño y sus socios, quieren establecer un régimen de excepción para operar con manos libres en Pemex y continuar saqueando los bienes y el patrimonio de todos los mexicanos.

Por ejemplo, si se aprobara lo que ellos proponen, Calderón y Mouriño, nombrarían a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, y estos incondicionales o presta nombres, tendrían facultades para no llevar a cabo licitaciones públicas y entregar contratos de obras y servicios por asignación directa a sus empresas favoritas.

Además, podrían actuar sin informar a la sociedad, sin rendir cuentas a nadie, sin estar sujetos al régimen de responsabilidades como cualquier otro servidor público.

También podrían conceder a su arbitrio, sueldos elevadísimos fuera del presupuesto, autorizar incentivos adicionales a funcionarios y empresas, y contratar deuda pública sin la autorización del Congreso.

Es decir, Calderón, Mouriño y sus socios nacionales y extranjeros están queriendo construir un andamiaje legal que los blinde y les permita atracar con impunidad en todo el sector energético.

Y repito: todo este oprobio querían hacerlo de prisa, en sigilo, de puntitas, sin que se diera cuenta la mayoría del pueblo de México.

Todo esto fue lo que impidieron, por ahora, con la toma de la Tribuna, nuestros legisladores: senadoras y senadores, diputadas y diputados. Por ello nuestra admiración y respeto.

También, aquí rendimos homenaje a las mujeres brigadistas y a los hombres brigadistas de la ciudad de México y de todo el país.

Claro está que nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar y de ser, como ya lo esperábamos, desató la furia de nuestros adversarios que, como es comprensible, defienden con obsesión enfermiza la rapiña y los privilegios.

Pero no vale la pena detenernos tanto en sus motivos. Aquí lo importante es clarificar en que se basan los potentados para tratar de imponerse. Desde mi punto de vista, ellos se apoyan, fundamentalmente, en el control que ejercen sobre los medios de comunicación, lo cual les permite ocultar la verdad, engañar y tratar de manipular a la población.

Es más, este es un fenómeno mundial. Acaba de comentar el politólogo Giovanni Sartori, con motivo de las elecciones en Italia, que el triunfo de Berlusconi se debió al dominio que tiene de los medios de comunicación, y llegó a decir Sartori que así hasta él ganaba.

Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los más influyentes medios de comunicación son de los hombres más ricos de México y, por intereses, afinidad o conveniencia, se ponen a las órdenes del régimen y ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes son considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o intentar un cambio verdadero.

Por eso, amigas y amigos, no debemos pelearnos o hacer coraje cuando articulistas, conductores de radio o de televisión nos atacan, porque al final de cuentas ellos son únicamente instrumentos, empleados de las grandes corporaciones de comunicación que están indisolublemente ligadas al poder económico y al poder político.

Esto explica también por qué se cierran los medios, por qué nos difaman, por qué no permiten expresarnos y por qué, en vez de informar, se erigen en jueces y sólo sus opiniones se escuchan.

Por ejemplo, en el caso de la toma de la Tribuna, nunca hablaron de las causas. Nunca dijeron que se pretende violar la Constitución, nunca dijeron que se pretende privatizar a Pemex, nunca dijeron que con las iniciativas de Calderón se fomenta la corrupción. Sólo se dedicaron a gritar y a repetir, una y mil veces la palabra secuestro.

¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP…? Voy a repetir la pregunta: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?

(La gente responde no)

Amigas y amigos:

Es indudable que este aparato de comunicación es la principal fuerza de los potentados y no debemos menospreciar sus efectos en la opinión pública. Como es sabido, repetir mentiras todos los días y a cada hora, acaba por confundir a mucha gente.

Sin embargo, afortunadamente hay muchos otros, millones de mexicanos, mujeres y hombres, que ante la mentira y la manipulación, reflexionan, se rebelan y reafirman su convicción de que es indispensable llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública de México.

En esa renovación que necesita el país, uno de los puntos centrales tiene que ser el que en este país, como en cualquier país democrático, se garantice el derecho del pueblo a la información.

Y son estos ciudadanos concientes, que saben leer el periódico, escuchar la radio o ver la televisión, el principal sustento de nuestro movimiento. Ustedes y muchos más.

Por eso, en la defensa del petróleo y ante la gran lanzada de los medios de comunicación, nos mantenemos serenos y optimistas. Nos guiamos por principios más elevados que nuestras propias aspiraciones personales o partidistas.

Y como ya dijimos, estamos dispuestos a asumir el costo del llamado desgaste político, si con ello logramos evitar la privatización del petróleo. Este movimiento, integrado por mujeres y hombres libres –repito-- no se mide con el rasero de la política tradicional, sino con el de la historia.

En este sentido, me dio mucho gusto que hace unos días, el presidente del Partido Convergencia, Luis Maldonado Venegas, expresó y lo cito textualmente: “Cuando el interés de México peligra, cuando las amenazas para socavar nuestra soberanía despliegan sus redes de poder y dominación, no es válido invocar posiciones ambiguas o actitudes evasivas.

Por encima de la rentabilidad electoral de las futuras elecciones, está el porvenir de todos los mexicanos y la defensa irrestricta de la nación”.

Amigas y amigos:

Bajo estas consideraciones y con la fuerza de nuestras ideas y principios, vamos a iniciar una nueva etapa de resistencia civil pacífica para la defensa del petróleo.

El plan que pongo a consideración de ustedes es sencillo, pero significa ir al meollo del asunto. Les propongo que sigamos organizando nuestras brigadas. Que si ya somos 100 mil brigadistas, mujeres y hombres, nos planteemos fortalecer y ampliar esta organización, hasta llegar a 200 mil brigadistas para finales del mes de junio.

Con ese propósito voy a recorrer, durante este tiempo, todos los estados del país. ¿Cuál es el objetivo principal en esta segunda etapa de la resistencia civil pacífica?

La tarea es ir casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera.

Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de comunicación. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.

La meta es que cada uno de los 100 mil brigadistas visite 10 domicilios a la semana, dialogue con la gente y entregue folletos, historietas y volantes. Es decir, informaremos, hasta finales de junio, en 5 millones de hogares; y de julio a agosto, cuando seamos 200 mil brigadistas, entraremos en comunicación, de manera permanente, con 10 millones de familias.

Aquí aprovecho y les hago un llamado respetuoso a todas y a todos, para actuar con responsabilidad. Con sinceridad les digo que no podemos caer en el autoengaño, en perder el tiempo y desperdiciar nuestros materiales de difusión que, a pesar de los escasos recursos económicos, se están elaborando, empacando y distribuyendo.

Tampoco se trata de repartir los impresos en la vía pública o dejarlos debajo de la puerta, sino de entrar en comunicación con la gente y entregar la información de manera personal.

De la misma forma se recomienda que con los videos que se están repartiendo y que contienen información y entrevistas a intelectuales y expertos, se organicen círculos de estudio y reflexión sobre el tema del petróleo.

Sabemos que todo esto implica mucho esfuerzo y sacrificio, pero consagrarnos por entero a esta noble causa es en bien del pueblo, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de la Patria.

Nuestros adversarios cuentan con dinero y con los medios de comunicación, pero nosotros tenemos lo más valioso: de nuestro lado está la razón, la defensa del pueblo y de su patrimonio y, sobre todo, contamos con ustedes, mujeres y hombres comprometidos, con mística, con convicciones y con patriotismo.

En esta ocasión, amigas y amigos, no les pido que votemos, si vamos a cumplir cabalmente con nuestros compromisos. Tampoco les tomaremos protesta. Las resoluciones de esta naturaleza no se pueden aprobar por el voto de una mayoría.

Sólo les pido que hagamos un compromiso solemne y que cada uno de nosotros piense con sinceridad, si tiene la voluntad y la capacidad de cumplir con su deber y con su tarea.

Como diría Gandhi: tenemos que buscar en nuestros corazones si tenemos la fuerza requerida para llegar hasta el final.

Sólo entonces hagamos la promesa y sólo entonces esa promesa dará frutos y la lucha, de todos juntos, sólo podrá tener un desenlace: la victoria.

Hay que agregar que en esta segunda etapa de la resistencia civil pacífica, representantes nuestros van a participar en el debate que se llevará a cabo en el Senado de la República. Pero no sólo eso, el grupo de intelectuales en defensa del petróleo, organizará también debates en centros de trabajo, universidades y en todo el país.

También un grupo formado por legisladores y miembros de la Comisión Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo, empezará a analizar la posibilidad de llevar a cabo un referéndum, un plebiscito o una consulta popular, lo que más convenga para recoger, en su momento, la opinión del pueblo sobre el tema del petróleo.

Como es lógico, debemos actuar de manera precavida y estar atentos para movilizarnos en caso de que las cúpulas del PRI y del PAN, se pongan de acuerdo y pretendan imponer por sorpresa su llamada reforma energética.

Estoy seguro que ante la insistencia de violar la Constitución, de privatizar la industria petrolera y de agravar la corrupción en Pemex –como aquí se ha dicho— los legisladores del Frente Amplio Progresista reanudarán la resistencia civil pacífica en ambas Cámaras y estas acciones serán respaldadas por millones de mexicanos que no permitiremos semejante agravio al pueblo y a la nación.

Por último, les propongo que nos volvamos a reunir, aquí mismo, en dos meses más, el domingo 29 de junio, a las 10 de la mañana, para evaluar el avance de nuestra organización en la defensa del petróleo.

Esto si les pregunto, nos vamos a volver a reunir el 29 de junio

(La gente responde sí)

Ya para entonces vamos a ser más brigadistas, ya para entonces van a estar los 200 mil brigadistas.

Amigas y amigos:

Analicemos, reflexionemos, veamos lo que estamos haciendo recordando la historia, para entender el por qué de los ataques que padecemos.

Tengamos presente que los hombres que han luchado en nuestro país, también las mujeres, en contra de los poderosos, siempre han sido descalificados o tratados con desprecio. A Hidalgo lo llamaban “demagogo”; a Morelos “hereje”; a Juárez “indio mugroso”; a Villa y a Zapata los trataban de “bandidos” y a Madero de “loco espiritista”; y sin embargo, hoy esos grandes hombres son el ejemplo a seguir y los padres fundadores de la patria.

Que estos hechos históricos nos den fuerza interior y el aplomo necesario para seguir defendiendo nuestros ideales y las causas del pueblo y de la nación.

Actuemos también pensando que la razón tarda mucho en madurar, pero siempre llega y entonces se convierte en verdad de todos.

También actuemos con alegría, desprovistos de odios y rencores. Ser firmes es cosa bien distinta a ser insensibles.

Ante los ataques debemos pensar que tenemos adversarios, no enemigos. Adversarios a vencer, no enemigos a destruir.

Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No debe caber en nosotros ni el odio, ni la amargura. Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante.

Que nos mueva el amor a la Patria y la vocación humanista del amor al prójimo. Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos, es nuestro propósito esencial. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia y la manipulación.

Amigas y amigos:

De nueva cuenta, mi más profundo agradecimiento a dirigentes, legisladores y militantes del PRD, del PT y de Convergencia. Estamos unidos.

Podemos tener diferencias, pero la causa del petróleo, que es la causa del pueblo de México y de la Patria, nos unifica. Que se oiga bien y que se oiga lejos.

Mi agradecimiento a presidentes municipales, regidores, diputados locales, gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el respaldo político y moral a nuestro movimiento.

Mi reconocimiento también a esas honrosas y dignas excepciones: a los periodistas y a los medios de comunicación libres e independientes.

¡Que viva la prensa libre! ¡Qué gran aliada de todo movimiento honesto, es la prensa honesta! ¡Qué necesaria su colaboración!

Nuestro agradecimiento sincero también a muchos mexicanos, mujeres y hombres, que, aunque no asisten a estos actos, a estas asambleas, nos ayudan y cooperan en la medida de sus posibilidades y a su manera.

Y todo mi respeto y admiración a ustedes, dirigentes e integrantes de las brigadas en Defensa del Petróleo.

Toda mi admiración y todo mi respeto.

Termino diciendo: Lo que se obtiene con amor, se conserva para siempre.

¡Viva la Resistencia Civil Pacífica!

¡Viva la lucha en defensa del petróleo!

¡Viva el pueblo de México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!