Desinformación de medios electrónicos golpistas
Tomadas el 27 de abril de 2008 en el zócalo de la Ciudad de México.
Tomados de La Jornada, helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.
El cerco informativo a todo lo que huela a resistencia civil pacífica se recrudece conforme se alarga el tiempo para que el PRIAN apruebe la venta de Pemex. Ayer domingo 27 de abril de 2008 cientos de miles de ciudadanos de todo el país marcharon en lo que fue la mayor demostración popular en los últimos meses. La magnitud de la misma no pudo ser dejada de lado por los oficiales y oficiosos medio electrónicos. Pero si dejaron de informar sobre la misma. Redujeron todo a notas informativas mínimas sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Tal vez les caló aquello de:
“Es más, este es un fenómeno mundial. Acaba de comentar el politólogo Giovanni Sartori, con motivo de las elecciones en Italia, que el triunfo de Berlusconi se debió al dominio que tiene de los medios de comunicación, y llegó a decir Sartori que así hasta él ganaba.
“Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los más influyentes medios de comunicación son de los hombres más ricos de México y, por intereses, afinidad o conveniencia, se ponen a las órdenes del régimen y ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes son considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o intentar un cambio verdadero.
“¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP…? Voy a repetir la pregunta: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?
“Es indudable que este aparato de comunicación es la principal fuerza de los potentados y no debemos menospreciar sus efectos en la opinión pública. Como es sabido, repetir mentiras todos los días y a cada hora, acaba por confundir a mucha gente.
“En esa renovación que necesita el país, uno de los puntos centrales tiene que ser el que en este país, como en cualquier país democrático, se garantice el derecho del pueblo a la información.
“Y son estos ciudadanos concientes, que saben leer el periódico, escuchar la radio o ver la televisión, el principal sustento de nuestro movimiento. Ustedes y muchos más”.
Orgía de odio
raciel garrido
México, D.F., (apro).- Como dicen los clásicos, “difama, que algo queda”. Esa es la divisa nazi de quienes, paradójicamente, han suscrito el reciente spot en contra del Frente Amplio Progresista (FAP), pero sobre todo buscando denostar a Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de nacionalsocialista. Qué ilógico escenario. Pero, primeramente, echemos un vistazo al marco jurídico que condena ese tipo de acciones.
El artículo 41, fracción tercera, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:
“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.
El apartado C del mismo artículo, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.
Más adelante, el mismo precepto constitucional, en su apartado D, precisa: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.”
Ahora bien, el artículo 38, párrafo primero, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), indica: “Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.”, es decir, aquí ya se reglamenta lo contenido en la Constitución.
El régimen de sanciones que determina el Cofipe en su Libro Séptimo, artículo 342, párrafo primero, inciso i), establece que a los partidos políticos nacionales se les sancionará por:
“La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”, y el inciso j) del mismo artículo precisa la sanción por “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.”
En su catálogo de sujetos susceptibles de ser sancionados por las violaciones a la Constitución y su ley electoral, el Cofipe determina, en su artículo 345, párrafo primero, inciso b), que los ciudadanos o cualquier persona física o moral son sujetos de sanciones por:
Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Pero los permisionarios y concesionarios de radio y televisión también pueden y deberían ser sancionados, ya que el artículo 350, párrafo primero, inciso b) del Cofipe, determina que es una infracción “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”.
Pero ¿cómo se sancionará a partidos políticos, ciudadanos o personas físicas y/o morales y concesionarias y permisionarias de radio y televisión por estas violaciones a la ley electoral?
La sanción a los partidos políticos por la contratación de los spots calumniosos la regula el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción v, del Cofipe, pues señala que a estos institutos, por “la violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará con multa”.
Es demasiado tibia la sanción que impone el código de referencia, debido a que los partidos representados en las cámaras legislativas optaron por protegerse de castigos más severos, previendo que ese escenario, en el que echarían mano de ese tipo de propaganda negra, se repetiría recurrentemente.
Los ciudadanos o cualquier persona física o moral están estipulados en el régimen de sanciones, en el mismo artículo 354. El inciso d) señala que éstos serán multados con el doble del costo comercial de los spots que hayan contratado.
Ahora bien, los permisionarios y concesionarios de radio y televisión son, en el Cofipe, sancionados por la transmisión de propaganda difamatoria y que, además en el caso que nos ocupa, fue contratada de manera ilegal por personas diferentes al IFE. El inciso f), fracción iv, del mismo artículo 354, determina:
En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas.
En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.
En el 2006 las autoridades electorales no quisieron hacer valer las facultades de investigación que la ley les otorgaba para conocer la verdad legal e histórica de la cuestionada elección presidencial, y actuaron torpemente con la llamada “propaganda negra” en contra del candidato de la otrora coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, alegando que él había hecho lo mismo, destruyendo la objetividad e imparcialidad del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales deben ser sus principios rectores.
Así mismo, argüían que la Constitución y la ley electoral respectiva “no les daba dientes” para actuar contra esas iniquidades. Ahora, en el 2008, ya tiene el régimen sancionador muy claro.
El espíritu del Constituyente Permanente y de los legisladores buscaba que se acabasen estas acciones tan inmorales en la disputa política.
¿Qué van a pretextar hoy?, ¿que no saben cómo usar los dientes o que éstos no tienen filo? La Constitución y el Cofipe son muy específicos y el Consejo General del IFE debe actuar en consecuencia: aplicar las sanciones establecidas en nuestro marco constitucional y legal.
¿O sólo serán buenos en el arte de invocar pretextos y sacar a relucir las leyes para amenazar a los que la derecha considera “peligrosos”, y a ésta tratarla como agraviada de la campaña de odio que ella misma ha prolongado desde el 2006?
La campaña de calumnias contra el FAP, en la cual se les acusa (y de una manera no tan subliminal a López Obrador) de ser un parangón de Adolfo Hitler, o del fascista Benito Mussolini, o de su admirado dictador español (para el PAN) Francisco Franco (y hasta Victoriano Huerta, antiguo guardaespaldas de Porfirio Díaz), o del carnicero sudamericano Augusto Pinochet, peca de contradictoria.
Todos fueron dictadores de ultraderecha. Todos sin ningún respeto por los derechos humanos, todos causantes de un gran dolor a sus países y a la humanidad.
Es decir, al FAP y a López Obrador se les acusa de ser como los acusadores. “Te acuso de parecerte a mí y la población debe odiarte por ser una mala copia mía”.
¿Cómo “garantizaron” la protesta de ley que Felipe Calderón debía llevar a cabo ante el Congreso de la Unión para ser “presidente constitucional”? Tomando la tribuna: es bueno si lo hace la derecha, pero malo, malísimo, si la izquierda lo hace para defender el patrimonio nacional, que no gubernamental.
Ante la protesta, el odio. Ante la propuesta de debate, el ataque. Ante la exhibición de la derecha en toda su mentira, la obscenidad de la calumnia. Si la izquierda institucional propone un mínimo de congruencia con sus documentos básicos, la derecha saca a relucir toda su hipocresía e inmoralidad. Incluso Calderón, la semana pasada, declaró que “cuando se siembra odio y cizaña, se recoge división y encono”.
Al parecer está asesorado por personas que siguen al pie de la letra los principios de propaganda nazi de Joseph Goebbels, ya que lo dijo con toda comodidad y con absoluta falta de memoria.
Principio de la transposición: achacar al adversario los errores propios o defectos, respondiendo al ataque con el ataque: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan” (Marco Rascón, La Jornada, 22 de abril de 2008, p.22.)
El IFE ya ordenó retirar esa propaganda y la contratada por el PAN (aunque el presidente nacional de Acción Nacional acusa tácitamente al IFE de haber aprobado lo que ahora ya desaprobó. Germán Martínez dijo en declaraciones recogidas por La Jornada del 22 de abril: “Ésos sí los suscribimos, porque el partido no tiene nada que revisar en ellos, los sostenemos, nos hacemos cargo de sus contenidos, los entregamos previamente al IFE y éste los entregó a los canales de televisión”).
El golpe ya está dado. Lo interesante es que, por lo menos, los magistrados del anterior TEPJF sentaron precedente en la medición del impacto de la propaganda negra con su sentencia, en la cual validaron el desaseado proceso electoral de 2006.
Las circunstancias deben ser consideradas a rajatabla como en esa sentencia histórica (negativamente hablando), y aplicar, ahora sí, una ejemplar sanción al PAN y a los que hayan contratado y difundido esos anuncios tan lóbregos. Y si no lo hacen, los actuales consejeros ya pueden ir empacando sus cosas.
El razonamiento de la derecha mexicana es muy sencillo, y esta simpleza es directamente proporcional a su ilógica proposición: sin la izquierda, habrá “Mejor Sociedad Mejor Gobierno”. Ojalá y las instituciones ahora sí funcionen imparcialmente. (25 de abril de 2008)
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El sospechoso gobernador multimillonario
Ricardo Ravelo
Desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político. Dueño de medio estado, el grupo no cesa de comprar y de invertir en proyectos multimillonarios a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aún así, Bours –entre cuyos sueños está el de llegar a ser candidato a la Presidencia de la República– es recibido en Los Pinos por el presidente Calderón para analizar, entre otros temas, el gran negocio que se avecina con la reforma energética...
CIUDAD OBREGÓN, SON.- Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.
Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.
Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.
La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.
Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.
Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.
Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora.
El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.
Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.
Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.
Los negocios
A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul.
Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.
E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden.
Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.
Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador, Eduardo Bours, tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa.
En esa zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.
Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.
Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador, José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.
Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours, un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A. de C.V.
No conformes con eso, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.
Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.
El narco
Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.
Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, en donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.
A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.
La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva.
González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.
Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)
Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”.
Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.
Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.
Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.
En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo.
Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas sicotrópicas.
Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.
Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.
El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.
Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.
Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.
Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado Los Güeritos, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.
Los Salazar, quienes lograron exterminar a Los Güeritos con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como El Quiriego (donde nació la extinta actriz María Félix).
En esa zona de lujo, los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse.
Los Salazar y los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.
Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.
Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.
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Dueños de Sonora
Ricardo Ravelo
HERMOSILLO, SON.- Nadie los detiene. Los hermanos Bours Castelo, encabezados por Ricardo y Eduardo, gobernador de la entidad este último, son considerados por los empresarios locales y por allegados a su familia como los hombres más poderosos de Sonora económica y políticamente.
De 2003 a la fecha, al amparo del poder, este clan logró desplazar a los industriales regionales y foráneos para erigir un próspero emporio que se expande más allá del territorio sonorense. Y en sólo cinco años, Eduardo Bours puso en operación una estrategia que le ha resultado eficaz: combinar la política con los negocios.
Tal es el control que ejerce esta familia que sus industrias abarcan casi todos los sectores productivos: el turismo, el ramo avícola y minero; domina también el mercado nacional de los fertilizantes, tiene participación en la aviación, el transporte terrestre y alimentos balanceados; controla la venta de tractores y el negocio automotriz a través de las agencias Ford…
Apenas tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de 2003, Eduardo Bours decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal. Con esta acción no sólo cumplió uno de sus “caprichos”, como dicen los sonorenses, sino que convirtió a las concesionarias Ford de la entidad en prósperos negocios que son controlados por su familia. Desde entonces, todas las patrullas que circulan en Sonora tienen esa firma automotriz.
Junto con su hermano Ricardo, Eduardo comenzó a comprar grandes extensiones de tierras en Sonora, Sinaloa y otras zonas del país para impulsar uno de los negocios familiares más rentables: la acuacultura y otros desarrollos de granjas acuícolas donde cultivan camarón de alta calidad para exportación.
Peripecias de Ocean
En la década de los sesenta, los cooperativistas pesqueros del país crearon la empresa Ocean Garden Products, la comercializadora de mariscos más grande del país. Tiempo después, debido a malos manejos financieros, la compañía cayó en quiebra y fue absorbida por Nacional Financiera (Nafin). Durante lustros, dicha empresa se convirtió en un negocio del que se beneficiaron amigos y compadres de los hombres del poder.
Ocean Garden tiene su historia. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo varios intentos por sacarla a la venta, pero ninguno fructificó. El intento más cercano fue cuando un grupo de inversionistas privados estuvo a un tris de adquirirla.
Uno de los más interesados en comprar la compañía fue William Karma, el empresario gasolinero dueño de la cadena Hidrosina. Al final el proceso se truncó.
Después, el Bancomext encargó otro avalúo de la empresa, pero los resultados del estudio fueron tan cuestionados que lo único que se consiguió fue poner en alerta a quienes se oponían al proceso. De acuerdo con la valoración realizada por el despacho de Asesores Financieros Internacionales, Ocean Garden apenas alcanzaba una cotización de 9 millones de dólares. Otros cálculos más serios establecieron que la empresa no costaba menos de 60 millones de dólares.
En 2001, ya en el período de Vicente Fox, esa cotización fue considerada como “muy corta”, ya que lo más valioso de la empresa eran los créditos revolventes contratados con bancos estadunidenses. En aquella época, la comercializadora tenía suscritas líneas de créditos por 120 millones de dólares, siendo el Bank of América, presidido por James F. McCabe, el prestamista más importante.
Pero además de los créditos, la fortaleza de la empresa radicaba en el aspecto social. Ocean Garden daba empleo a más de 900 proveedores, la mayoría de los cuales eran cooperativistas de las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Campeche; entonces la empresa paraestatal financiaba una flota de 982 barcos y compraba a los cooperativistas toda su mercancía.
El 25 de noviembre de 2005, dos años después de que Eduardo Bours asumió la gubernatura, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) puso en venta la empresa comercializadora. En aquel tiempo se dijo que sus activos costaban 161 millones de pesos.
Ese día, la institución acordó la venta de la comercializadora a las empresas mexicanas Granjas Acua, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano que pagarán –informó Bancomext– 161 millones de pesos. En aquella licitación los Bours Castelo y asociados fueron los únicos que presentaron una oferta económica.
Tanto el banco como la Comisión Intersecretarial de Desincorporación consideraron que para realizar la transacción se tomaron en cuenta “el prestigio, experiencia y solidez financiera” del grupo integrado por las empresas compradoras, lo que “permite prever el desarrollo el potencial de Ocean Garden en beneficio de la actividad pesquera y acuícola nacional”.
Sin embargo, empresarios acuícolas y cooperativistas consultados por este reportero en Hermosillo, aseguran que Mario Laborín Gómez, actual director de Nafin, gestionó que la comercializadora se vendiera en 70 millones de pesos y no en 161 millones de pesos, como se dijo oficialmente. Laborín Gómez, dicen las fuentes consultadas, es uno de los más estrechos amigos de Eduardo Bours. Tan cercano es, afirman, que ambos tienen líneas de negocios en el sector de los fertilizantes y la hotelería.
El 2005 fue próspero para la familia Bours, quienes participaron incluso como inversionistas en Finpatria, sociedad financiera de objeto limitado enfocada al crédito hipotecario.
El complejo
Dos años después de la adquisición de Ocean, sus actuales propietarios compraron un predio de mil hectáreas en las playas de San José, en el que construyen ya un complejo acuícola que, aseguran, será uno de los más importantes del estado y del país.
Según el diseño de los hermanos Bours, la obra tendrá varios estanques de 10 hectáreas cada uno para la siembra y cultivo de camarón blanco y azul, los de mayor demanda en el mercado internacional. Y para exportarlo, disponen ya de la infraestructura de Ocean Garden Products, dedicada a la exportación de camarón y otros productos del mar.
Además de Ocean Garden, el grupo Bours posee otros siete negocios que controla Francisco Javier, el mayor de los seis hermanos varones de la familia Bours Castelo. Entre las más conocidas destacan la comercializadora de pollo y huevo Bachoco y la empresa de telecomunicaciones Megacable. Pero los Bours también participan con sus empresas en sectores como la agroindustria, fertilizantes, acuacultura, aerotransporte, inmobiliario y, recientemente, en servicios financieros.
Otra de las actividades a la que se dedican los familiares de Eduardo Bours es la compra de terrenos que luego venden al gobierno sonorense, como ocurrió recientemente con un predio de los Bours Castelo localizado en pleno centro de Ciudad Obregón que fue adquirido por las autoridades para construir ahí el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Entre los 10 hermanos Bours Castelo –seis hombres y cuatro mujeres–, Francisco Javier es considerado el líder. Quienes lo conocen aseguran a Proceso que es muy distinto a su hermano Eduardo, el gobernador, quien suele ser “prepotente”.
Un excompañero de escuela de Francisco Javier consultado por Proceso –quien solicitó el anonimato por temor a las represalias– afirma que en el Instituto La Salle, de Ciudad Obregón, Francisco Javier “era muy serio, muy tranquilo; hasta parecía tímido”.
“Eso sí –agrega–, era amable y sencillo, a pesar de pertenecer a una de las familias más adineradas de Sonora. Francisco Javier nunca tomó un micrófono”.
En contraste, dice, “Eduardo a lo mejor te paga para que le prestes ese micrófono...”. Y continúa: Eduardo, quien fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo involucrado en algunas controversias políticas por ser gestor de fondos privados para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el 2000, y seis años después se vio implicado en otros escándalos por haber participado en el famoso Grupo Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).
Como gobernador de Sonora y cabeza del “ala política” de su familia, Eduardo no tiene límites, dice el entrevistado. Aquí se asegura que él será candidato presidencial para 2012. Incluso ya tiene resuelta la parte más importante: el dinero.
Y remata: “Aunque los Bours no aparecen todavía en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, en Sonora su familia es considerada como una de las más acaudaladas de México.”
“Es más, este es un fenómeno mundial. Acaba de comentar el politólogo Giovanni Sartori, con motivo de las elecciones en Italia, que el triunfo de Berlusconi se debió al dominio que tiene de los medios de comunicación, y llegó a decir Sartori que así hasta él ganaba.
“Algo parecido sucede en nuestro país, donde los dueños de los más influyentes medios de comunicación son de los hombres más ricos de México y, por intereses, afinidad o conveniencia, se ponen a las órdenes del régimen y ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio contra quienes son considerados una amenaza por resistir ante las injusticias o intentar un cambio verdadero.
“¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP…? Voy a repetir la pregunta: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo spot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?
“Es indudable que este aparato de comunicación es la principal fuerza de los potentados y no debemos menospreciar sus efectos en la opinión pública. Como es sabido, repetir mentiras todos los días y a cada hora, acaba por confundir a mucha gente.
“En esa renovación que necesita el país, uno de los puntos centrales tiene que ser el que en este país, como en cualquier país democrático, se garantice el derecho del pueblo a la información.
“Y son estos ciudadanos concientes, que saben leer el periódico, escuchar la radio o ver la televisión, el principal sustento de nuestro movimiento. Ustedes y muchos más”.
Andrés Manuel López Obrador, zócalo de la Ciudad de México, 27 de abril de 2008.
Y de nueva cuenta se repitió el fenómeno. Prácticamente nada de información. Ni imágenes panorámicas, ni crónicas, ni nada.
Como sabemos la estrategia fue impuesta en diciembre de 2006 por el pelele Felipe Calderón Hinojosa a los avariciosos medios electrónicos e impresos a cambio de prebendas y jugosas cantidades de dinero. De ahí que toda información relacionada con la defensa del petróleo sea la misma y tenga el mismo enfoque.
Como no han podido terminar con la protesta social –primero contra el fraude electoral de 2006, luego contra la rapiña del PRIAN-, ni con intimidación, difamación y mentiras –recordemos que hace un año cada semana decían los sesudos “analistas” que López Obrador se quedaba solo-, ahora de plano es la mentira total. Lo que “informan” es mentira y ocupan más tiempo en el comentario vulgar y soez que en cumplir con lo que les marca la ley.
De cualquier forma el cerco informativo por más cerrado que esté ha sido fracturado por medios alternativos, estaciones de radio pequeñas e impresos como La Jornada y Proceso y por internet, que son castigados por el usurpador Calderón Hinojosa al no ceñirse a sus pretensiones dictatoriales.
Cada vez hay más conciencia ciudadana de quiénes son los saqueadores y ladrones en el país. De quiénes son los poderes fácticos y del poder real de los mismos y de quiénes son las “instituciones” y a quiénes sirven.
Los cientos de miles de ciudadanos fueron convocados con menos de una semana de duración y asistieron, pese a la campaña de linchamiento mediático en contra de López Obrador, del movimiento por la defensa del petróleo y de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados.
Poco a poco pero de manera constante se fortalece la convicción de que no se permitirán más imposiciones como la del espurio Calderón Hinojosa o del saqueo de los bienes de la nación, que el última instancia son del pueblo de México. La prueba de ello estuvo ayer con los cientos de miles que marcharon del Monumento a la Independencia al zócalo de la Ciudad de México.
Para castigar tal demostración de libertad ciudadana, el gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa publicó hoy lunes las reformas –aprobadas la semana pasada por el PRIAN, sin discusión ni debate y sin la presencia del PRD, partido mayoritario en el DF- que pretenden conculcar más derechos a los habitantes de la rebelde Ciudad de México. Mediante la maniobra leguleya el PRIAN quiere hacerse de legisladores en la capital, que no obtiene el las urnas. Es decir, pretende mandar a ciudadanos que no votaron, ni votarán por ellos. Además busca cambiar la composición del actual Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para colocar a sus cómplices como en el IFE.
¿Eso es democracia, libertad de expresión y respeto a las leyes? Quien tuerce el derecho para fines particulares y de grupo se llama dictador, y eso es el usurpador Calderón Hinojosa. El PRIAN no es más que un puñado de bandoleros con fuero constitucional, criminales con impunidad.
Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.
Orgía de odio
raciel garrido
México, D.F., (apro).- Como dicen los clásicos, “difama, que algo queda”. Esa es la divisa nazi de quienes, paradójicamente, han suscrito el reciente spot en contra del Frente Amplio Progresista (FAP), pero sobre todo buscando denostar a Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de nacionalsocialista. Qué ilógico escenario. Pero, primeramente, echemos un vistazo al marco jurídico que condena ese tipo de acciones.
El artículo 41, fracción tercera, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:
“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.
El apartado C del mismo artículo, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.
Más adelante, el mismo precepto constitucional, en su apartado D, precisa: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.”
Ahora bien, el artículo 38, párrafo primero, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), indica: “Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.”, es decir, aquí ya se reglamenta lo contenido en la Constitución.
El régimen de sanciones que determina el Cofipe en su Libro Séptimo, artículo 342, párrafo primero, inciso i), establece que a los partidos políticos nacionales se les sancionará por:
“La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”, y el inciso j) del mismo artículo precisa la sanción por “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.”
En su catálogo de sujetos susceptibles de ser sancionados por las violaciones a la Constitución y su ley electoral, el Cofipe determina, en su artículo 345, párrafo primero, inciso b), que los ciudadanos o cualquier persona física o moral son sujetos de sanciones por:
Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Pero los permisionarios y concesionarios de radio y televisión también pueden y deberían ser sancionados, ya que el artículo 350, párrafo primero, inciso b) del Cofipe, determina que es una infracción “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”.
Pero ¿cómo se sancionará a partidos políticos, ciudadanos o personas físicas y/o morales y concesionarias y permisionarias de radio y televisión por estas violaciones a la ley electoral?
La sanción a los partidos políticos por la contratación de los spots calumniosos la regula el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción v, del Cofipe, pues señala que a estos institutos, por “la violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará con multa”.
Es demasiado tibia la sanción que impone el código de referencia, debido a que los partidos representados en las cámaras legislativas optaron por protegerse de castigos más severos, previendo que ese escenario, en el que echarían mano de ese tipo de propaganda negra, se repetiría recurrentemente.
Los ciudadanos o cualquier persona física o moral están estipulados en el régimen de sanciones, en el mismo artículo 354. El inciso d) señala que éstos serán multados con el doble del costo comercial de los spots que hayan contratado.
Ahora bien, los permisionarios y concesionarios de radio y televisión son, en el Cofipe, sancionados por la transmisión de propaganda difamatoria y que, además en el caso que nos ocupa, fue contratada de manera ilegal por personas diferentes al IFE. El inciso f), fracción iv, del mismo artículo 354, determina:
En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas.
En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.
En el 2006 las autoridades electorales no quisieron hacer valer las facultades de investigación que la ley les otorgaba para conocer la verdad legal e histórica de la cuestionada elección presidencial, y actuaron torpemente con la llamada “propaganda negra” en contra del candidato de la otrora coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, alegando que él había hecho lo mismo, destruyendo la objetividad e imparcialidad del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales deben ser sus principios rectores.
Así mismo, argüían que la Constitución y la ley electoral respectiva “no les daba dientes” para actuar contra esas iniquidades. Ahora, en el 2008, ya tiene el régimen sancionador muy claro.
El espíritu del Constituyente Permanente y de los legisladores buscaba que se acabasen estas acciones tan inmorales en la disputa política.
¿Qué van a pretextar hoy?, ¿que no saben cómo usar los dientes o que éstos no tienen filo? La Constitución y el Cofipe son muy específicos y el Consejo General del IFE debe actuar en consecuencia: aplicar las sanciones establecidas en nuestro marco constitucional y legal.
¿O sólo serán buenos en el arte de invocar pretextos y sacar a relucir las leyes para amenazar a los que la derecha considera “peligrosos”, y a ésta tratarla como agraviada de la campaña de odio que ella misma ha prolongado desde el 2006?
La campaña de calumnias contra el FAP, en la cual se les acusa (y de una manera no tan subliminal a López Obrador) de ser un parangón de Adolfo Hitler, o del fascista Benito Mussolini, o de su admirado dictador español (para el PAN) Francisco Franco (y hasta Victoriano Huerta, antiguo guardaespaldas de Porfirio Díaz), o del carnicero sudamericano Augusto Pinochet, peca de contradictoria.
Todos fueron dictadores de ultraderecha. Todos sin ningún respeto por los derechos humanos, todos causantes de un gran dolor a sus países y a la humanidad.
Es decir, al FAP y a López Obrador se les acusa de ser como los acusadores. “Te acuso de parecerte a mí y la población debe odiarte por ser una mala copia mía”.
¿Cómo “garantizaron” la protesta de ley que Felipe Calderón debía llevar a cabo ante el Congreso de la Unión para ser “presidente constitucional”? Tomando la tribuna: es bueno si lo hace la derecha, pero malo, malísimo, si la izquierda lo hace para defender el patrimonio nacional, que no gubernamental.
Ante la protesta, el odio. Ante la propuesta de debate, el ataque. Ante la exhibición de la derecha en toda su mentira, la obscenidad de la calumnia. Si la izquierda institucional propone un mínimo de congruencia con sus documentos básicos, la derecha saca a relucir toda su hipocresía e inmoralidad. Incluso Calderón, la semana pasada, declaró que “cuando se siembra odio y cizaña, se recoge división y encono”.
Al parecer está asesorado por personas que siguen al pie de la letra los principios de propaganda nazi de Joseph Goebbels, ya que lo dijo con toda comodidad y con absoluta falta de memoria.
Principio de la transposición: achacar al adversario los errores propios o defectos, respondiendo al ataque con el ataque: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan” (Marco Rascón, La Jornada, 22 de abril de 2008, p.22.)
El IFE ya ordenó retirar esa propaganda y la contratada por el PAN (aunque el presidente nacional de Acción Nacional acusa tácitamente al IFE de haber aprobado lo que ahora ya desaprobó. Germán Martínez dijo en declaraciones recogidas por La Jornada del 22 de abril: “Ésos sí los suscribimos, porque el partido no tiene nada que revisar en ellos, los sostenemos, nos hacemos cargo de sus contenidos, los entregamos previamente al IFE y éste los entregó a los canales de televisión”).
El golpe ya está dado. Lo interesante es que, por lo menos, los magistrados del anterior TEPJF sentaron precedente en la medición del impacto de la propaganda negra con su sentencia, en la cual validaron el desaseado proceso electoral de 2006.
Las circunstancias deben ser consideradas a rajatabla como en esa sentencia histórica (negativamente hablando), y aplicar, ahora sí, una ejemplar sanción al PAN y a los que hayan contratado y difundido esos anuncios tan lóbregos. Y si no lo hacen, los actuales consejeros ya pueden ir empacando sus cosas.
El razonamiento de la derecha mexicana es muy sencillo, y esta simpleza es directamente proporcional a su ilógica proposición: sin la izquierda, habrá “Mejor Sociedad Mejor Gobierno”. Ojalá y las instituciones ahora sí funcionen imparcialmente. (25 de abril de 2008)
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El sospechoso gobernador multimillonario
Ricardo Ravelo
Desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político. Dueño de medio estado, el grupo no cesa de comprar y de invertir en proyectos multimillonarios a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aún así, Bours –entre cuyos sueños está el de llegar a ser candidato a la Presidencia de la República– es recibido en Los Pinos por el presidente Calderón para analizar, entre otros temas, el gran negocio que se avecina con la reforma energética...
CIUDAD OBREGÓN, SON.- Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.
Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.
Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.
La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.
Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.
Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.
Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora.
El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.
Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.
Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.
Los negocios
A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul.
Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.
E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden.
Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.
Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador, Eduardo Bours, tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa.
En esa zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.
Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.
Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador, José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.
Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours, un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A. de C.V.
No conformes con eso, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.
Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.
El narco
Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.
Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, en donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.
A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.
La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva.
González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.
Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)
Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”.
Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.
Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.
Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.
En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo.
Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas sicotrópicas.
Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.
Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.
El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.
Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.
Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.
Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado Los Güeritos, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.
Los Salazar, quienes lograron exterminar a Los Güeritos con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como El Quiriego (donde nació la extinta actriz María Félix).
En esa zona de lujo, los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse.
Los Salazar y los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.
Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.
Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.
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Dueños de Sonora
Ricardo Ravelo
HERMOSILLO, SON.- Nadie los detiene. Los hermanos Bours Castelo, encabezados por Ricardo y Eduardo, gobernador de la entidad este último, son considerados por los empresarios locales y por allegados a su familia como los hombres más poderosos de Sonora económica y políticamente.
De 2003 a la fecha, al amparo del poder, este clan logró desplazar a los industriales regionales y foráneos para erigir un próspero emporio que se expande más allá del territorio sonorense. Y en sólo cinco años, Eduardo Bours puso en operación una estrategia que le ha resultado eficaz: combinar la política con los negocios.
Tal es el control que ejerce esta familia que sus industrias abarcan casi todos los sectores productivos: el turismo, el ramo avícola y minero; domina también el mercado nacional de los fertilizantes, tiene participación en la aviación, el transporte terrestre y alimentos balanceados; controla la venta de tractores y el negocio automotriz a través de las agencias Ford…
Apenas tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de 2003, Eduardo Bours decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal. Con esta acción no sólo cumplió uno de sus “caprichos”, como dicen los sonorenses, sino que convirtió a las concesionarias Ford de la entidad en prósperos negocios que son controlados por su familia. Desde entonces, todas las patrullas que circulan en Sonora tienen esa firma automotriz.
Junto con su hermano Ricardo, Eduardo comenzó a comprar grandes extensiones de tierras en Sonora, Sinaloa y otras zonas del país para impulsar uno de los negocios familiares más rentables: la acuacultura y otros desarrollos de granjas acuícolas donde cultivan camarón de alta calidad para exportación.
Peripecias de Ocean
En la década de los sesenta, los cooperativistas pesqueros del país crearon la empresa Ocean Garden Products, la comercializadora de mariscos más grande del país. Tiempo después, debido a malos manejos financieros, la compañía cayó en quiebra y fue absorbida por Nacional Financiera (Nafin). Durante lustros, dicha empresa se convirtió en un negocio del que se beneficiaron amigos y compadres de los hombres del poder.
Ocean Garden tiene su historia. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo varios intentos por sacarla a la venta, pero ninguno fructificó. El intento más cercano fue cuando un grupo de inversionistas privados estuvo a un tris de adquirirla.
Uno de los más interesados en comprar la compañía fue William Karma, el empresario gasolinero dueño de la cadena Hidrosina. Al final el proceso se truncó.
Después, el Bancomext encargó otro avalúo de la empresa, pero los resultados del estudio fueron tan cuestionados que lo único que se consiguió fue poner en alerta a quienes se oponían al proceso. De acuerdo con la valoración realizada por el despacho de Asesores Financieros Internacionales, Ocean Garden apenas alcanzaba una cotización de 9 millones de dólares. Otros cálculos más serios establecieron que la empresa no costaba menos de 60 millones de dólares.
En 2001, ya en el período de Vicente Fox, esa cotización fue considerada como “muy corta”, ya que lo más valioso de la empresa eran los créditos revolventes contratados con bancos estadunidenses. En aquella época, la comercializadora tenía suscritas líneas de créditos por 120 millones de dólares, siendo el Bank of América, presidido por James F. McCabe, el prestamista más importante.
Pero además de los créditos, la fortaleza de la empresa radicaba en el aspecto social. Ocean Garden daba empleo a más de 900 proveedores, la mayoría de los cuales eran cooperativistas de las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Campeche; entonces la empresa paraestatal financiaba una flota de 982 barcos y compraba a los cooperativistas toda su mercancía.
El 25 de noviembre de 2005, dos años después de que Eduardo Bours asumió la gubernatura, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) puso en venta la empresa comercializadora. En aquel tiempo se dijo que sus activos costaban 161 millones de pesos.
Ese día, la institución acordó la venta de la comercializadora a las empresas mexicanas Granjas Acua, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano que pagarán –informó Bancomext– 161 millones de pesos. En aquella licitación los Bours Castelo y asociados fueron los únicos que presentaron una oferta económica.
Tanto el banco como la Comisión Intersecretarial de Desincorporación consideraron que para realizar la transacción se tomaron en cuenta “el prestigio, experiencia y solidez financiera” del grupo integrado por las empresas compradoras, lo que “permite prever el desarrollo el potencial de Ocean Garden en beneficio de la actividad pesquera y acuícola nacional”.
Sin embargo, empresarios acuícolas y cooperativistas consultados por este reportero en Hermosillo, aseguran que Mario Laborín Gómez, actual director de Nafin, gestionó que la comercializadora se vendiera en 70 millones de pesos y no en 161 millones de pesos, como se dijo oficialmente. Laborín Gómez, dicen las fuentes consultadas, es uno de los más estrechos amigos de Eduardo Bours. Tan cercano es, afirman, que ambos tienen líneas de negocios en el sector de los fertilizantes y la hotelería.
El 2005 fue próspero para la familia Bours, quienes participaron incluso como inversionistas en Finpatria, sociedad financiera de objeto limitado enfocada al crédito hipotecario.
El complejo
Dos años después de la adquisición de Ocean, sus actuales propietarios compraron un predio de mil hectáreas en las playas de San José, en el que construyen ya un complejo acuícola que, aseguran, será uno de los más importantes del estado y del país.
Según el diseño de los hermanos Bours, la obra tendrá varios estanques de 10 hectáreas cada uno para la siembra y cultivo de camarón blanco y azul, los de mayor demanda en el mercado internacional. Y para exportarlo, disponen ya de la infraestructura de Ocean Garden Products, dedicada a la exportación de camarón y otros productos del mar.
Además de Ocean Garden, el grupo Bours posee otros siete negocios que controla Francisco Javier, el mayor de los seis hermanos varones de la familia Bours Castelo. Entre las más conocidas destacan la comercializadora de pollo y huevo Bachoco y la empresa de telecomunicaciones Megacable. Pero los Bours también participan con sus empresas en sectores como la agroindustria, fertilizantes, acuacultura, aerotransporte, inmobiliario y, recientemente, en servicios financieros.
Otra de las actividades a la que se dedican los familiares de Eduardo Bours es la compra de terrenos que luego venden al gobierno sonorense, como ocurrió recientemente con un predio de los Bours Castelo localizado en pleno centro de Ciudad Obregón que fue adquirido por las autoridades para construir ahí el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Entre los 10 hermanos Bours Castelo –seis hombres y cuatro mujeres–, Francisco Javier es considerado el líder. Quienes lo conocen aseguran a Proceso que es muy distinto a su hermano Eduardo, el gobernador, quien suele ser “prepotente”.
Un excompañero de escuela de Francisco Javier consultado por Proceso –quien solicitó el anonimato por temor a las represalias– afirma que en el Instituto La Salle, de Ciudad Obregón, Francisco Javier “era muy serio, muy tranquilo; hasta parecía tímido”.
“Eso sí –agrega–, era amable y sencillo, a pesar de pertenecer a una de las familias más adineradas de Sonora. Francisco Javier nunca tomó un micrófono”.
En contraste, dice, “Eduardo a lo mejor te paga para que le prestes ese micrófono...”. Y continúa: Eduardo, quien fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo involucrado en algunas controversias políticas por ser gestor de fondos privados para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el 2000, y seis años después se vio implicado en otros escándalos por haber participado en el famoso Grupo Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).
Como gobernador de Sonora y cabeza del “ala política” de su familia, Eduardo no tiene límites, dice el entrevistado. Aquí se asegura que él será candidato presidencial para 2012. Incluso ya tiene resuelta la parte más importante: el dinero.
Y remata: “Aunque los Bours no aparecen todavía en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, en Sonora su familia es considerada como una de las más acaudaladas de México.”
posted by Liberation at
11:17 a.m.
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