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viernes, noviembre 30, 2007

Nuevas pifias de la SCJN para lavar su imagen




Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


El periódico El Universal denunció en su columna política “Bajo Reserva”:

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacaron sus paraguas e impermeables. De qué tamaño observan la tormenta, que convocaron este viernes a una reunión con periodistas para argumentar que el Góber precioso no violó las garantías individuales de la escritora Lydia Cacho.

En sus alegatos, el ministro Juan Silva Meza nunca tuvo duda: Mario Marín y funcionarios de Quintana Roo participaron en “un concierto de autoridades” para violar los derechos humanos de doña Lydia, con motivo del proceso penal por difamación iniciado por el Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif.

En el diario La Jornada editorializaron sobre el tema de la siguiente manera:

La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.


De tal magnitud fue el agravio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tuvo que salir una mujer ministra –quien ayer votó a favor de exonerar al góber precioso Mario Marín- para decir que lo que se televisó y lo que dijeron seis de los diez magistrados que integran el máximo tribunal del país no fue así. Que todavía pueden las “autoridades” aplicar la justicia que ayer ellos mismos negaron.

Sí el mayor tribunal de la nación no lo hizo, es ingenuo suponer que los de abajo lo harán. Tan ese así que en dos años no lo han hecho. Es tal el descaro de Margarita Luna Ramos que dijo sentir “empatía” por el caso, pero que no hay más que hacer, pues en este caso como en los otros "hemos puesto lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país".

En defensa de ella y sus cinco acompañantes dijo que el caso no podía resolverse "basándose en pruebas ilegales", pues la premisa de la que parte la solicitud de investigación enviada por el Congreso de la Unión "fue una grabación obtenida en franca violación al Artículo 16 de la Constitución". Sin embargo tramposamente no señala que no es la única prueba en contra de la mafia encabezada por Marín, sino que hay un sinnúmero de evidencias que se desprenden de la investigación ordenada por la SCJN, que al final desechó el trabajo que encabezó uno de sus propios miembros de quien los seis hicieron mofa como si se tratara de un principiante en este tipo de casos, y no como es, de una persona que ha sido juzgador en varias instancias con una carrera que lo respalda.

Es por ello que resulta grave sobre manera que sus propios colegas y miembros de ese cuerpo colegiado hubieran tratado el dictamen como si lo hubiera elaborado un ignorante del derecho. Con el afán de librar de mayores problemas políticos, no sólo violentaron el Estado de derecho que están obligados por ley a defender, sino que enviaron la señal de impunidad para todos aquellos que detentan algún poder, legal o fáctico.

De esta manera es falso lo que afirmó la ministra:

“...no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad".

Planteó que el Derecho y su aplicación garantizan a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia, y que la libertad de jurisdicción "implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular".

Esos fueron los mismos argumentos –nada apegados a la legalidad, por cierto- que esgrimieron los jueces del Tribunal Federal Electoral, para validar el fraude electoral de 2006. No importa el cúmulo de evidencias, tenemos un argumento legaloide y pese a que se comprobó que se violaron las leyes en la materia, no podemos hacer nada.

Si su actuar fue impecable y apegado a derecho ¿para qué la conferencia de prensa? ¿Si actuaron de acuerdo a la ley y sus conciencias, por qué los seis tuvieron una conducta “evitativa” a la hora de votar? Las pruebas fueron suficientes, la evidencia demostró la culpabilidad de las autoridades con Mario Marín a la cabeza, seis ministros de la SCJN avalaron, convalidaron y ahora son también cómplices de la violación a las más elemental garantía de un ser humano el derecho a la justicia. La historia los condenará y esperamos que cuando se restablezca el Estado de derecho, sean juzgados conforme a la ley. Basta de impunidad y componendas de quienes han secuestrado al Estado mexicano.



El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/





¿Presidente del empleo?


carlos acosta córdova

México, D.F., 29 de noviembre (apro).- En la celebración oficial por el primer año de gobierno, este sábado 1° de diciembre, Felipe Calderón no podrá hacer alarde de haber cumplido con la promesa de campaña de ser el “presidente del empleo”. Ha estado lejos de serlo.

Eso sí, mes tras mes machaca con que se están creando miles y miles de nuevas plazas. Apenas el 16 de noviembre pasado, dijo que del 1 de enero al 15 de noviembre se habían creado 950,000 empleos formales, registrados en el IMSS, el cual ya contaba con 14 millones 719,494 trabajadores asegurados. Y eso que –se jactó-- los cálculos más optimistas, tanto del gobierno como de analistas privados, señalaban que en todo el año se crearían 600,000 nuevos empleos.

Pero resulta que el presidente sólo está tomando en cuenta a una tercera parte del universo laboral del país, pues la población ocupada total, al menos hasta el tercer trimestre del año, es decir, a septiembre, era de 42 millones 916,569 personas, según los datos del INEGI. Entonces, los trabajadores afiliados al IMSS son apenas el 34.3% de la población ocupada.

Y si comparamos el número total de personas con empleo al término de 2006 –42 millones 846,141-- con el registrado a septiembre, resulta que, en términos concretos, sólo hubo 70,428 empleos adicionales a los de diciembre pasado.

Y no es que sus colaboradores lo estén mal informando. Calderón tiene un buen manejo de los temas económicos. Lo demostró cuando fue diputado, al menos la primera vez, cuando se erigía en crítico severo de las políticas económicas del presidente Carlos Salinas, y en particular las relacionadas con el empleo y los salarios.

En una ocasión, en tribuna, cuando el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, hacía la glosa del tercer informe presidencial, el 6 de noviembre de 1991, el diputado Calderón dijo que las cifras que presentaba ese informe sobre empleo y desempleo eran “verdaderamente increíbles e inverosímiles”; que la tasa de desempleo que decía el informe, de 2.6% de la PEA, no las tenían “ni siquiera las economías más desarrolladas”

Y criticaba la forma gubernamental de llegar a esa cifra tan baja de desempleo. “La cifra, por ejemplo, considera a la población económicamente activa de 12 años de edad o más; probablemente se basa en la encuesta nacional de empleo urbano que es completamente inadecuada por varios conceptos. Primero, porque se limita a recoger muestras poco significativas, tan sólo en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, e ignora en consecuencia la dura realidad del empleo en otras ciudades de provincia y sobre todo desestima por completo la problemática del empleo en el área rural. Llega a considerar esta encuesta como ocupados, por ejemplo, a quien en la semana trabajó al menos una hora, a quien trabajó sin percibir remuneración y a quien espera obtener trabajo al menos en el próximo mes.

“No distingue tampoco –seguía Calderón en su crítica-- entre el trabajo de un empleado, de un empresario o de los miles de subempleados que crecen en el país. Es más, esta encuesta oficial ignora u omite dar cifras de la realidad del desempleo, que por otra parte se indica en el informe que ha aumentado sin precisar la magnitud de tal aumento”.

También: “Otros datos oficiales de mejor consideración, que no se incluyen en el informe, son los que da el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, que calcula un desempleo del 12% y un subempleo del 40%. Esto no se informa”.

Como se ve, Calderón tenía claro desde entonces el problema del desempleo. Interesado en la economía, estudió años después una maestría en Economía, ni más ni menos que en el ITAM. Algo debieron agregarle a suS conocimientos de los temas económicos las clases que allí tomó de Estadística, Econometría, Matemáticas, Microeconomía Intermedia y Macroeconomía Intermedia, que son los cursos de que consta la maestría en Economía en el alma mater de su secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

Hoy en día las encuestas sobre empleo del INEGI han cambiado radicalmente en los 16 años transcurridos desde que Calderón las criticaba; hoy esas encuestas se han depurado metodológicamente y gozan de la certificación tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero claramente el presidente no recurre a esas encuestas del INEGI porque sus datos son un rotundo mentís a su discurso de que, en materia de empleo, estamos mejor que nunca.

Lejos de eso. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo da cuenta fehaciente de cómo se pierden empleos en el país: casi medio millón en los primeros tres meses de la presidencia “del empleo”.

Un dato contundente es que la tasa de desempleo en lo que va del año es mayor a la que se registraron en cada uno de los años del gobierno de Fox –excepto 2004--, no se diga de los gobiernos anteriores. De hecho, con el panismo en el gobierno, la tasa de desempleo ha registrado las tasas más altas. En el caso de Calderón, la tasa promedio de desempleo entre enero y octubre fue de 3.77%, la más alta desde 2001, salvo, como se acotaba, la de 2004, que fue de 3.92%., pero, inclusive, hubo dos meses, febrero y marzo, del gobierno calderonista que la tasa desempleo se fue arriba del 4%.

Más allá de porcentajes, que luego dicen poco, resulta que en diciembre pasado había 1 millón 600,891 mexicanos en desempleo abierto, y para octubre, diez meses después, la cifra ya rondaba la cantidad de 1 millón 900 personas desocupadas. Otra vez: en la presidencia del empleo hay 200,000 desempleados más que en diciembre.

Basta una mirada a los “Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo” que publica el INEGI para darse cuenta de que en el gobierno de Felipe Calderón los empleos eventuales crecen a un ritmo mayor que el de los trabajos permanentes; que cada vez es mayor el número de empleos sin prestaciones; que los empleos sin contrato por escrito también aumentan más rápido y, lo peor, que los empleos siguen siendo muy mal pagados.

Cifras del INEGI: De las 42 millones 916 mil 569 personas ocupadas hasta el tercer trimestre del año, la mayoría –27 millones 142 mil 443-- percibe entre menos de uno y hasta tres salarios mínimos; es decir, de menos de 1,500 pesos mensuales hasta máximo 4,500 pesos al mes. Si el rango se amplía a cinco salarios mínimos como remuneración, hay 35 millones 201mil 618 personas que no ganan más de 7,500 pesos mensuales. Sólo 5 millones de trabajadores –de casi 43 millones-- perciben más de cinco mínimos.

Calderón, entonces, incurre en lo que criticaba. Manipula cifras para dar un panorama diferente al de la realidad. Lo cierto es que los empleos siguen siendo, y ahora más, pocos, precarios, inseguros y mal pagados.

cgacosta@proceso.com.mx

jueves, noviembre 29, 2007

Grave retroceso de las garantías individuales en México





Tomados de La Jornada, Rocha y Helguera y El Universal, Helioflores.


El máximo tribunal del país, ese al que se recurre cuando no queda ninguna instancia judicial en México para que se corrijan injusticias, convalidó este jueves 29 de noviembre de 2007, las violaciones a las garantías individuales de que fue objeto la periodista y escritora Lydia Cacho Riveiro, por haber denunciado a una red de pederastas que incluye personajes políticos relevantes, así como poderosos empresarios.

Tal y como lo hizo en su momento el Tribunal Federal Electoral, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las violaciones. Para ello se valió –como siempre- de argucias legaloides. Sabemos que el tribunal electoral dijo que sí había delitos, que el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada los cometió al igual que los empresarios, pero que no había forma de medirlos y de sancionarlos, por ello NO LOS TOMÓ EN CUENTA.

En el caso de Cacho Riveiro los ministros determinaron que sí hubo violaciones a sus derechos humanos “es evidente” dijeron, pero las mismas fueron cometidas por personajes de menor jerarquía y pueden ser resueltas por otros medios. Ya pasaron dos años de las mismas y no hay tal reparación del daño, pero los “sacrosantos jueces” apuestan a que sí se puede lograrlo.

Para liberarse de entrar en detalle en un tema tan escabroso como es la pederastia y pornografía infantil que entraña la complicidad de las altas esferas gubernamentales, judiciales, policiacas y empresariales decidieron desechar, sí por “mayoría”, que el asunto se tratara en el pleno. Para no acusar a las autoridades de Puebla, como son el góber precioso Mario Marín, la procuradora de justicia, la juez encargada del caso y el máximo tribunal del estado de Puebla, desecharon las llamadas telefónicas que todos escuchamos. Aunque en ellas queda claro que hubo concierto de voluntades para violentar las garantías de Cacho Riveiro, los jueces de la SCJN dijeron que no se podían tomar en cuenta porque son ilegales. Aunque con claridad escuchamos que el góber Marín recibió dos botellas de cognac en pago a sus servicios y que un subordinado de Kamel Nacif aseguró tener preparada la violación sexual de Cacho Riveiro en cuanto entrara al penal poblano, para la mayoría de los jueces resultó irrelevante, por ello NO LAS TOMÓ EN CUENTA.

Es más el presidente de ese tribunal dijo que aunque se tuviera como ciertas y comprobadas las llamadas esto no constituía más que una violación “menor a las garantías individuales” de Cacho Riveiro. De tal manera por una votación de seis en contra y cuatro a favor de un total de 10 votos la SCJN determinó que no hubo violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Riveiro.

Desde que sucedieron los hechos y las conversaciones fueron dadas a conocer el entonces presidente de la SCJN Mariano Azuela Güitrón –el que apoyó a corrupto Fox Quesada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, negado en un principio y ahora confirmado por Jorge G. Castañeda en su libro- se paseó por Puebla y se tomó la foto muy sonriente con el góber Mario Marín.

Así las cosas se confirma por enésima vez que en México la justicia es una mera ilusión y que las caducas “instituciones” están secuestradas por una camarilla que la usa en su beneficio, y lo que es peor, en perjuicio de las mayorías. Nadie puede enorgullecerse de presenciar cómo el máximo tribunal del país es garante de la impunidad. ¿Quién será la nueva víctima de los poderes “legales” y fácticos? ¿Hasta donde llegará la corrupción, podredumbre y cinismo de los “servidores públicos? ¿Para eso ganan millones de pesos al año? Bien podríamos ahorrárnoslos.


El siguiente texto fue tomado de la revista Proceso.



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La diferencia. Radiografía de un sexenio

Antonio Jáquez

Acusaciones, justificaciones, incriminaciones (Proceso 1621 / 25 de noviembre de 2007)


Una extraña coautoría dio a luz, de manera sorpresiva, un igualmente extraño producto: el libro La diferencia. Radiografía de un sexenio, que está empezando a circular. Rubén Aguilar, el inefable vocero e intérprete en los últimos años del presidente Fox, y Jorge Castañeda, el canciller durante los primeros tiempos del sexenio foxista, entremezclan “testimonios, relatos, encuentros, versiones y chismes”, y los unen al resultado de una prolongada serie de entrevistas con el exprimer mandatario para ofrecer un texto, “de carácter temerario”, que puede “revestir un interés real para quienes procuran entender lo que ha sucedido durante los años recientes en la política mexicana”. Como bien dicen los autores, al referirse a Fox hay que “entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan…” De una o de otra manera, por su calidad de excolaboradores cercanos, Aguilar y Castañeda hacen aportaciones valiosas para exhibir las miserias de Fox y su sexenio en un momento singular: cuando el expresidente está bajo el embate informativo, legislativo y judicial. He aquí una reseña del volumen.

Aparecido intempestivamente, el libro La diferencia. Radiografía de un sistema, de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, revela detalles sobre algunas de las decisiones más importantes del sexenio de Vicente Fox, a partir de entrevistas con este personaje, testimonios de primera mano –incluido el de los autores–, chismes, versiones, documentos, fuentes anónimas…

Además, y como no queriendo, el texto ajusta cuentas con algunos foxistas arrepentidos, entre ellos Alfonso Durazo, Juan Francisco Ealy Ortiz, Lino Korrodi y Porfirio Muñoz Ledo, y ubica en episodios clave a personajes como Manlio Fabio Beltrones, Pedro Cerisola, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari.

Nadie, sin embargo, resulta más exhibido que el propio Fox, aunque ese no haya sido el propósito explícito de los autores. El expresidente, apuntan, “peca tal vez de ingenuidad psicoanalítica. Los pacientes, asentiría Freud, inventan y mienten; pero todo el chiste de la disciplina que produjo consiste justamente en sacar verdad de la mentira, como diría Vargas Llosa: entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan. O parafraseando a Roberto Campos (exministro brasileño): los testimonios de grandes personajes son como los bikinis: lo interesante no es lo que muestran sino lo que esconden”.

Al margen de su simpatía por Fox, Aguilar y Castañeda ponen en duda la versión que el expresidente ofrece sobre ciertas decisiones, por ejemplo su supuesto apego a la legalidad en el apoyo a la campaña presidencial de Felipe Calderón:

“El hecho de que Fox no haya transferido recursos del gobierno a Calderón, no significa que no lo haya ayudado más que con discursos y apariciones públicas.”

Ciertas o no, las historias de Aguilar, Castañeda y el propio Fox arriman más leña a la hoguera en que arden el expresidente y su esposa, Marta Sahagún.

Una frase que puede ser epitafio: Vicente Fox “buscó forzar la historia y transformar sus deseos en realidades”.

Aguilar y Castañeda, quienes como vocero y canciller, respectivamente, se distinguieron por su comportamiento provocador, se pintan en el libro como blancas palomas… pero amagan a Fox con sacar grabaciones de la entrevista en casos de que intente desmentirlos. En el prólogo se curan en salud, según sus propias palabras, y dicen que a pesar de las diferencias entre ellos “nos une una característica en común: ambos nos abstuvimos de escupir para arriba”.

El libro abarca nueve capítulos, entre ellos La formación del gabinete, Cuba que linda es Cuba, Desafuero y desazón: sacar (le) al Peje, y ¿Gané, ganó o ganamos? El capítulo sobre la formación del gabinete contiene detalles sobre el hecho conocido de que cazadores de talentos (headhunters) entrevistaron a la mayoría de los aspirantes y da a conocer historias inéditas sobre varios de los candidatos:

En el caso de Hacienda, cuentan, Fox requería de una persona dura y exigente. No fue fácil. En la terna se contempló a Francisco Gil, José Ángel Gurría y Luis Ernesto Derbez. Gurría de plano fue descartado cuando “surgió una acusación de corrupción que luego se comprobó que era falsa. La hizo Eduardo Fernández, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Pidió cita a Fox para hablarle del caso”.

Derbez, según Fox, fue cuestionado por varios “sectores del empresariado”, que alegaban que en México ni siquiera se sabía quién era. Fox asegura también que escuchó la opinión de Roberto Hernández, quien trató de influir en el nombramiento de algún secretario, “pero que nunca estuvo en el círculo de la toma de decisiones”. En cualquier caso, dicen los autores, Fox accedió a la petición empresarial y solicitó opciones. “De la comunidad empresarial tanto de Monterrey como de la Ciudad de México surgió el nombre de Francisco Gil. Entre otros, lo propusieron Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, el propio Roberto Hernández y Alfonso Romo”. A su nombramiento se opusieron, inútilmente, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

Una de las designaciones más difíciles fue la del secretario de la Defensa. “Para Fox, el Ejército constituía una gran incógnita, carecía de cualquier conocido dentro de las Fuerzas Armadas; sólo había tratado a algunos generales cuando fue gobernador”. Las entrevistas con los candidatos se realizaron en desayunos y comidas en casa de Carlos Rojas Magnon. Él fue quien elaboró las ternas del Ejército y la Marina. Rojas, afirman, tenía relaciones que le facilitaron evaluar “objetivamente” las trayectorias de quienes integraban las ternas. En el caso de la Sedena los seis generales considerados inicialmente fueron Luis Montiel López, Mario Renán Castillo Fernández, Mario Ayón Rodríguez, Delfino Mario Palmerín Cordero, Abraham Campos López y Gerardo Clemente Vega García.

Aguilar-Castañeda: “De todos se hizo una averiguación profunda mediante entrevistas con gente que los conocía, pero también observando su situación personal, lo que incluyó el análisis de su forma de vida familiar. De acuerdo con Fox, de los seis casos considerados, uno de los generales, Campos López, fue excluido porque el estudio de campo reveló que existía un desfase entre su nivel de ingreso y su modo de vida; éste era muy superior a lo que le permitirían sus entradas comprobables. Al interior del mismo Ejército tenía fama de corrupto”.

Cuentan que Rojas consultó con los servicios de inteligencia estadunidenses, británicos e israelíes para verificar que en la terna, tanto del Ejército como de la Marina, no figurara nadie vinculado, según dichos servicios, con el narcotráfico. Se trataba de la misma vía que siguió Ernesto Zedillo cuando nombró como zar antidrogas al general Jesús Gutiérrez Rebollo, sólo que los estadunidenses lo engañaron, primero palomeándolo, para luego denunciarlo.

Al final la decisión debía tomarse entre Palmerín Cordero, “que tenía fama de arrogante y estaba muy ligado al general Enrique Cervantes Aguirre, el secretario saliente, y Vega García, también ligado a Cervantes y reconocido como un teórico militar”. En la entrevista, Fox se decidió por él. “Palmerín fue nombrado subsecretario, pero destituido al año bajo sospecha de manejos inadecuados, y fue enviado a Londres como agregado militar”.

Otra selección polémica fue la de Sari Bermúdez como presidenta del Conaculta. Fox primero pensó en Enrique Krauze, “quien muy pronto hizo saber que no deseaba asumir algún cargo público. Fox mantenía una excelente relación con Krauze, que lo había apoyado con mucha fuerza en la campaña desde el frente de los intelectuales pero también, asegura Fox, desde su visión de la historia. Le daba consejos y le hacía propuestas a partir de una perspectiva histórica”.

También se consideró a Lourdes Arizpe y Sabina Berman, recomendadas por Castañeda. “En esos dos casos, Fox sí recibió fuertes presiones de sectores conservadores para no incorporarlas al gabinete. Recuerda en particular que Alfonso Romo, el empresario de Monterrey, manifestó su oposición a Berman y a Arizpe. Ambas le parecían muy liberales y heterodoxas. Arizpe también fue ‘vetada’ por José Sarukhán”.

El caso Durazo

En el libro se asegura que Castañeda vinculó a Alfonso Durazo con Fox. Él había buscado contactarse con la campaña por medio de panistas de Sonora. “En esa búsqueda Durazo se acerca a Castañeda, quien organiza el encuentro con Fox. Pedro Cerisola, el coordinador de la campaña, envió un avión a Hermosillo para transportar a Durazo al lugar en donde podía encontrarse con el candidato. Los informes de los panistas de Sonora subrayaban su apoyo a los candidatos del PAN. Mantenía una relación cercana con Manuel Espino, quien aproximó a Durazo con César Leal, panista de Sinaloa que colaboraba en la campaña…”

Fox dice que invitó a Durazo al equipo para establecer un puente con el PRI, “en un error de información y apreciación, ya que Durazo era colosista y del colosismo en el PRI ya no quedaba nada. Nunca pensó en la secretaría particular como una instancia política; durante la transición administrativa no habló con Durazo de política y tampoco lo hizo cuando éste ya era su secretario particular. En teoría, su tarea era llevar la agenda y recibir las llamadas que se hacían al Presidente”, es decir un simple secretario.

El mismo Fox relata que muchos panistas se opusieron al nombramiento de Durazo, quien hoy es directivo del diario El Universal. En esos días, “Rodolfo Elizondo le mandó una nota con una frase de Vaclav Havel que decía: Más vale inexperiencia temporal que sabotaje permanente. Le advertía también de sus lazos con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Marta Sahagún tampoco estaba de acuerdo con su incorporación. Durazo supo ganarse a la gente cercana a Fox y solicitó muy pronto su afiliación al PAN. Dice Fox que no sabe si lo hizo por interés genuino en ser panista o por mera conveniencia política. Según el expresidente, a Durazo lo dominaba una obsesión por ser candidato al gobierno de Sonora. “Y cuando le quedó claro que no podía serlo por el PAN, utilizando los viejos métodos del PRI se desilusionó y entonces reventó”.

El caso Lino

Según Fox, siempre tuvo claro que no iba a incorporar a familiares o amigos personales en el gabinete. En ese grupo entraba Lino Korrodi, “quien pidió ser considerado para una secretaría de tema económico, en particular Turismo. Fox asegura que cuando hablo con él para decirle que siguieran siendo amigos, pero que buscara trabajo en otro lado porque él no estaba considerado para el gabinete, Korrodi no lo entendió”.

Korrodi no toleró la exclusión y, según Fox, terminó por pelearse con todo el mundo; con Fernández de Cevallos y con el PAN. Luego siguió la etapa de las denuncias públicas en los medios y la ruptura con el presidente, “quien hoy sostiene que sabía que Korrodi era una persona conflictiva, ambiciosa e incómoda para integrar un equipo de trabajo. Le había perdido la confianza; pensaba que había el riesgo de que se quisiera aprovechar de un cargo público para hacer dinero”.

A partir de esa experiencia y muy al inicio de su mandato envió una carta a todas las secretarías y dependencias del gobierno federal en la que les planteaba que “quedaba estrictamente prohibido atender a cualquier miembro de la familia Fox, de la familia Quesada y también a sus amigos cercanos, subrayando que nunca hicieran caso de alguien que les dijera que venía de parte del presidente”.

El caso Porfirio

Según Aguilar y Castañeda, Muñoz Ledo “solicitó de manera insistente que Fox lo hiciera secretario. Forjó una vieja relación –que no amistad– con Fox desde la candidatura de ambos a la gubernatura de Guanajuato en 1991. Muñoz Ledo se lanzó como candidato y al mero final declinó a favor de Fox, posiblemente un poco tarde para pedir tanto. Quiso la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y si no, Educación; la que realmente le interesaba era Gobernación. La valoración que Fox hacía de Muñoz Ledo era la de una persona inteligente y calificada, pero al mismo tiempo conflictiva y que no sabía trabajar en equipo: En una palabra, una persona que actúa por su cuenta y provocaría mucho ruido en el gabinete”.

Desde Bélgica, Muñoz Ledo siguió insistiendo en que se le incorporara al gabinete; cada vez que se daba una baja en alguna secretaría, Muñoz Ledo hablaba para ser considerado. Al final, Muñoz Ledo pidió encabezar una instancia a cargo de la reforma del Estado. “Como era lógico, Creel se opuso y la idea no prosperó. Tal vez la insensibilidad de Fox indujo el reencuentro de Porfirio con López Obrador, pero vale la pena recordar el lamento de Jorge Castañeda padre: lo único peor que ser subalterno de Porfirio es ser su jefe. Castañeda Álvarez de la Rosa había sido ambos”.

El no desafuero

Salinas –junto con otros aliados como Fernández de Cevallos– también se metió en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El libro se ocupa ampliamente del asunto y puntualiza los enredos en que se metió Fox, la forma en que se esforzó por liquidar políticamente a su adversario y cómo al final tuvo que echarse para atrás.

En el relato destaca el papel que desempeñó el empresario Carlos Ahumada tras la divulgación de los videos que involucraban a colaboradores de Andrés Manuel en presuntos actos de corrupción. Llama la atención la versión de que, después del escándalo, Ahumada huyó a Cuba “por consejo de Rosario Robles y su amigo de años, Lázaro Cárdenas Batel”.

Los autores apuntan también la versión de que la disputa entre Ahumada y López Obrador se origina en el cobro del dinero que el empresario prestó para la campaña de Andrés Manuel para la Jefatura de Gobierno del DF. Según esa versión, AMLO rebasó por mucho los topes de gasto, por lo que Rosario, presidenta del PRD, jaló a la dirección nacional del partido la deuda del PRD-DF con las televisoras y las radiodifusoras: Casi 30 millones de dólares, incluidos 12 millones a Televisa. Fue así que Robles acudió a su amigo Ahumada para que le otorgara un “préstamo puente”. Desesperado por el incumplimiento en el pago, Ahumada presionó con los videos…

A partir de entonces, dicen Aguilar y Castañeda, “el PRD le debe a Ahumada; El Peje, origen del gasto incurrido, no le debe nada a nadie”.

Además, aseguran, Ahumada había entregado sumas adicionales al PRD, empezando con 30 millones de pesos para la campaña de Lázaro Cárdenas a la gubernatura de Michoacán en 2001, y a las campañas de Raúl Ojeda para la gubernatura de Tabasco en 2000 y 2001. En total, “según algunas fuentes muy cercanas a Ahumada, transfirió más de 300 millones de pesos al PRD”. Los autores afirman que el único que pagó su deuda fue Cárdenas Batel.

La aventura antipeje se condensa en la siguiente frase: “Cuando Fox buscó la cuadratura del círculo y quiso el desafuero, el proceso y la condena, y al mismo tiempo evitar la prisión y la inhabilitación, se derrumbó todo”.

En cambio, reconocen, López Obrador movió muy bien sus fichas. “Permitió que se arribara al desafuero. Su defensa, según los colaboradores más cercanos a Fox, fue preparada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y su director, Diego Valadés, con la anuencia del rector Juan Ramón de la Fuente, y con el apoyo también del ministro de la Corte Genaro Góngora Pimentel”.

En la decisión foxista de echarse para atrás contó también el cambio de parecer del PAN. “Santiago Creel, que según Fox siempre defendía la tesis de no agitar el avispero (…), ya no quería queso, sino salir de la ratonera. En la explicación de Fox, todo se consumó en la visita que le hizo Manuel Espino en San Cristóbal, de parte del PAN, a finales de abril de 2005, en que lo liberó de esta manera: ‘al partido no le interesa que López Obrador sea desaforado y eliminado de la contienda, queremos ganarle con votos’. Esa fue, según Fox, la gota que derramó el vaso”.

El domingo 24 de abril, Fox convocó al rancho a varios colaboradores (Creel, Ramón Muñoz, Rubén Aguilar, María Amparo Casar y Manuel Espino) “y resolvió rajarse. Instruyó a Cabeza de Vaca para que encontrara un taparrabos jurídico a fin de que la PGR se desistiera de la acción penal contra El Peje”.

Marta y sus hijos

En la parte final de su libro, Castañeda y Aguilar subrayan sus motivos para taparse la boca sobre lo que saben de la “hipotética” corrupción de la familia Fox y el tema de Marta Sahagún. Dicen que hubieran desvirtuado el sentido del libro, “que pretende ser un análisis político de las principales decisiones del sexenio. Además, utilizar la información con la que contábamos proporcionada por las fuentes citadas al principio del texto hubiera significado romper el acuerdo con Fox…”.

En cambio, los autores no se contienen para exhibir a otros personajes, entre ellos a Juan Francisco Ealy Ortiz, en aquel tiempo presidente y director general de El Universal. Y sueltan:
“La posición tan dura que El Universal ha asumido contra Fox y Marta es otro caso. Hacia finales del gobierno Ealy Ortiz solicitó a la Presidencia, a través de Marta, su apoyo para obtener una o más de las siguientes cosas: posesión de una cadena de televisión nacional, de una radio con cobertura nacional, permisos para abrir un banco o una casa de bolsa, y la posibilidad de que se le pudiera hacer una condonación de impuestos. Cada una de las solicitudes debía ser tramitada en su instancia correspondiente; la Presidencia ya no tenía posibilidad alguna de concederlas. La reacción virulenta de El Universal en contra de Fox y Marta, por un lado, y el espacio que se ha dado a todas las voces dispuestas a criticarlos y acusarlos, por el otro, se explica tal vez por la decisión de Los Pinos de no hacer nada para que esas peticiones se materializaran.”

miércoles, noviembre 28, 2007

Pelele las 24 horas





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo y Helioflores.

Aún no cumple un año el desgobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa y los incrementos en los precios, junto a los raquíticos salarios –se anunció que el incremento al mínimo el próximo año será de dos pesos diarios- no terminan. El pan se incrementó en 30 por ciento, mientras que la tortilla pasó de 6.50 a 8.50 pesos el kilogramo y hay lugares en que llega a 15 pesos. El dizque nuevo aumento al mínimo ya fue tragado por la voracidad de los empresarios, como el llamado “Don Maseco”, uno de los que financiaron el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado domingo 25 de noviembre Agustín “Tonina” Carstens, a la sazón secretario pirata de Hacienda anunció que en enero próximo se incrementarían las tarifas eléctricas.



El funcionario aseguró que se pretende establecer una “estructura tarifaria razonable y adecuada” con costos eficientes: “eso es lo que tenemos que perseguir, no crear subsidios y brechas financieras que luego van a redundar en un problema financiero para una entidad pública”.

Así que con la revisión de la estructura de las tarifas eléctricas “lo que se busca es inducir que la generación de electricidad se haga con mayor eficiencia y a través de ganancias se logren reducir las tarifas en todos los niveles”.

Jornada, 25 de noviembre de 2007.




No pasaron muchos días, apenas dos, y el pelele Felipe Calderón Hinojosa anunció con bombo y platillo que los industriales y comerciantes no tendrán incremento en sus costos de tarifas eléctricas, sino que por el contrario éstas bajarán entre un cinco y 50 por ciento.

Monterrey, NL, 27 de noviembre. A pesar de los elevados precios de los energéticos en el mundo, las tarifas eléctricas para la industria y el comercio en el país bajarán en “horas pico” entre 5 y 50 por ciento a partir del primero de enero de 2008. Así lo anunció el presidente Felipe Calderón, al señalar que el sector productivo no puede esperar que se den “acuerdos complejos” en el Congreso de la Unión para reformar la industria energética del país.

Reunido con empresarios en el primer Encuentro Nacional de Competitividad, el mandatario federal anunció un paquete de cinco medidas para que las empresas tengan acceso a costos energéticos “competitivos”, a partir del primer día del próximo año, cuando se espera una nueva escalada de precios por el aumento de los costos de la gasolina y el diesel.

De igual manera, se bajarán las tarifas ordinarias de media tensión en 5 por ciento, lo que representará ahorros para 3 millones 265 mil usuarios comerciales.

La jornada, 27 de noviembre de 2007.



Con el parche fiscal mal llamado reforma, que los “Chuchos” de la corriente “moderada” de la “moderna” Nueva (Der) Izquierda festejaron como un triunfo, se pretendía generar recursos suficientes para sacar adelante al país. Lo que en su momento los “Chuchos” aseguraron es que no irían en contra de lo que “tanto tiempo habían demandado” que los ricos pagaran impuestos. Por eso aseguraron se negoció y están dispuestos a hacerlo en el caso de la luz y el petróleo. Tiempo después de aprobado el parche, de nueva cuenta el espurio Calderón Hinojosa decretó que los cómplices del fraude a su favor no pagarían impuestos, por ello implementarán a partir del 1 de enero de 2008 un incremento a la luz. El aumento a las gasolinas ya está aprobado, también por los “modernos Chuchos” con el repudio popular de por medio.

En pocas palabras los ricos (léase, industriales, empresarios, grandes comerciantes) seguirán sin pagar impuestos y además les regalarán la luz para compensarlos por el incremento a las gasolinas. Los que sí pagaremos todo somos los ciudadanos comunes y corrientes, por lo que enero se vislumbra como una escalada masiva de incrementos que darán al traste la maquillada inflación.

No se entiende por qué siempre en México los ricos son los que reciben los beneficios, los pobres y clases medias los que pagan las consecuencias y el discurso oficial reza: “es por el bien de los que menos tienen”.


Como México no hay dos: Citigroup –el dueño de Banamex– anuncia que tuvo que vender una parte importante de su capital al fondo árabe de inversiones Abu Dhabi Investment. No hubo de otra: el gobierno de Estados Unidos se resiste a usar el dinero de los contribuyentes para rescatar a los bancos en problemas; esos lujos sólo puede dárselos México. El fondo le inyectará 7 mil 500 millones de dólares. Se suman a una anterior aportación de capital del príncipe Walid bin Talal. Un 10 por ciento de la propiedad del banco quedará en poder de árabes a quienes el petróleo ha hecho inmensamente ricos –no a todos, pero sí a algunos. Citibank tendrá que hacer más cosas para ponerse a flote, entre ellas un recorte de más de 40 mil empleados. Cuando se discutía en 1995 si el gobierno mexicano debería disponer del presupuesto para salvar a los financieros privados –lo cual está prohibido por la Constitución–, Manuel Espinosa Yglesias –a quien López Portillo le había expropiado su banco, Bancomer, y no quisieron regresárselo Salinas de Gortari y Pedro Aspe– proponía que las instituciones financieras vendieran sus propiedades para levantar capital y cubrir sus quebrantos. No atendieron su propuesta, y políticos y empresarios se amafiaron y siguieron el camino del fraude, el Fobaproa/IPAB.

HSBC

Otro banco en problemas es el londinense HSBC. Anunció que cerrará en forma gradual dos divisiones y asumirá sus pérdidas por 45 mil millones de dólares. Si no fuera HSBC quizá se iría a la quiebra, pero cuenta con 2.15 trillones en activos –en el modo de contar de los anglosajones. HSBC es el dueño de Bital. Resistirá el vendaval.

Sólo en México

¿Qué están haciendo los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos frente a los graves problemas de sus más importantes bancos? Desearles suerte. Los banqueros deben aprender de sus errores. Deben vender parte de las acciones, sus propiedades inmobiliarias, cerrar negocios incosteables, etcétera. Pero no esperen ser salvados con el dinero de los contribuyentes. Si quieren un Fobaproa que los redima tienen que venir a México, aquí sobran los políticos corruptos.

La Jornada, columna Dinero, 28 de noviembre de 2007.


Al final y pese a los “apoyos” –con nuestros impuestos- a los ricos empresarios y comerciantes, éstos incrementarán el costo de sus productos y servicios y dirán que es porque les cuesta más cara la luz y las gasolinas. El desgobierno usurpador dirá que no hay más que hacer y que eran medidas necesarias para no perjudicar más a: “quien menos tienen”. Una de las promesas de campaña del usurpador fue la de reducir el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad, A los únicos que les cumplió fue a los empresarios que lo ayudaron con el fraude. ¿Y la ciudadanía? pues que se amuele. Es sabido por todos -aún por lo que lo niegan- la facilidad la que mienten los del PRIAN.
La misma historia con los ladrones y corruptos de siempre. ¿Y el Estado de derecho? Pues bien resguardado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que cerró los ojos a señalar y emitir un dictamen sobre las redes de pederastia en el país. Así es como los poderes constitucionales y fácticos “protegen a los que menos tienen”.


A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.



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Cofipe, la reforma apantallada

jenaro villamil

México, D.F., 27 de noviembre (apro).- La reforma constitucional en materia electoral aprobada en septiembre pasado, vivirá en los próximos días la prueba definitiva. El riesgo manifiesto es que quede “apantallada” y pierda fuerza ante las presiones de los concesionarios y los singulares acuerdos de sus promotores con los dueños del dinero y de la televisión.

De entrada, el proceso de discusión y negociación para la redacción de un nuevo Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) se ha convertido en un round de sombras. Opacidad, falta de claridad, presiones de concesionarios –como la muy abierta y frontal de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, la semana pasada--, y acuerdos copulares entre las dos figuras que concentran la operación política: Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y orgulloso representante de sus amigos de la televisión; así como Manlio Fabio Beltrones, coordinador del mismo partido en el Senado, quien promueve la recuperación orgánica del aparato electoral para una red muy singular en la cual él es el eje.

Por lo pronto, algunas presiones y cabildeos han rendido frutos. Para empezar los llamados “partidos pequeños”, que fueron marginados de la negociación por los partidos mayoritarios garantizaron una “cláusula de vida eterna”, como ellos mismos la denominan, para continuar viviendo en función no de los votos obtenidos, sino de los convenios de coalición y alianzas con algunos de los tres “grandes”: PAN, PRD o PRI.

Del otro lado, los concesionarios presumen haber logrado dos puntos fundamentales: eliminar sanciones que incluyan la suspensión de transmisiones de la señal hasta por 10 días, y salvar los horarios de mayor rating de la difusión de publicidad electoral y política que no les redituará en términos económicos, como sucedió en 2006 con el despilfarro y los convenios millonarios entre partidos y televisoras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, confirmó este martes que las sanciones sólo afectarán a la publicidad difundida entre la programación. Su explicación fue la siguiente:

“Los ciudadanos no tienen la culpa de si una radiodifusora o una televisora viola la legislación de manera reiterada, como para ser merecedora de una sanción de esta naturaleza, a dejar de ver su programa favorito, su novela preferida o su partido de béisbol o futbol.”

¿Realmente eso es lo importante? ¿Desde cuándo el Congreso se confunde con TV Notas o se dedica a cuidar la programación difundida en los canales concesionados? ¿Realmente de esta manera se puede inhibir que partidos, empresarios y concesionarios le den la vuelta a las prohibiciones de compra de tiempo-aire para mercantilizar los procesos electorales?

La reducción de los ciudadanos a audiencias televisivas que ven telenovelas o partidos de futbol pertenece al discurso demagógico de la telecracia. Lo preocupante es que lo reproduzca quien es identificado como el principal artífice y operador de las reformas. Estas palabras sugieren un acuerdo no muy claro entre el verdadero duopolio que tiene atenazada la reforma electoral: la partidocracia y la mediocracia. Pero éste es apenas un botón de muestra. Otros puntos conflictivos reflejan que los logros de la reforma constitucional, como la redacción de un nuevo artículo 6 que incluye el derecho de réplica, pueden diluirse o simplemente ignorarse en las reformas al Cofipe. Las últimas versiones en el Senado mencionaban que todo lo relacionado con el derecho de réplica se quitará de la ley electoral para hacer una ley reglamentaria específica en esta materia.

El “apantallamiento” de la reforma es resultado de la inexistencia de mecanismos de debate y deliberación abiertos sobre las nuevas atribuciones del IFE, el alcance de organismos nuevos como la Contraloría, la Unidad de Fiscalización y las atribuciones para el futuro secretario ejecutivo que, de acuerdo con el anteproyecto conocido, se puede convertir en el verdadero poder tras el trono en el IFE.

No se han discutido los alcances de las reformas para los 300 consejos distritales, las instancias donde finalmente la ciudadanía tiene una posibilidad de acceso a las decisiones de la organización electoral y a la estructura de un IFE que se pretendió ciudadano. Por el contrario, el anteproyecto que ha circulado coloca a los consejos distritales en una condición precaria, subordinados al poder de la contraloría y a las decisiones centralizadas que adopte el Consejo General del IFE.

Los medios se han encargado de convertir la reforma al Cofipe en una reedición de su pleito con la clase política en aras de la “defensa de la libertad de expresión”. En realidad, defienden el acceso privilegiado a las decisiones de poder político y al negocio que esto representa. Si el duopolio partidocracia y mediocracia pactan al margen de muchas de las demandas ciudadanas y minimizan lo establecido en la reforma constitucional, volveremos a la república de pantalla y no a la república de los ciudadanos.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

martes, noviembre 27, 2007

Dilaciones legaloides para no culpar al góber precioso




Tomados de La Jornada, Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería darnos hoy la “prueba” por enésima ocasión para saber de qué está hecha, pero las divagaciones de varios de los ministros más conservadores hicieron que se pospusiera el resolutivo final. Pese a que se cuenta ya con dos investigaciones realizadas por el ministro Juan Silva Meza, mismas que han llegado a conclusiones iguales de que se orquestó desde el poder estatal la venganza del protector de pederastas Kamel Nacif, sobre la periodista Lydia Cacho, no se llegó a ninguna conclusión final.

Recordemos que se va a cumplir, el próximo mes de diciembre, dos años de los sucesos y año y medio de que se dieron a conocer las grabaciones que incriminan al góber precioso de Puebla, Mario Marín –quien por cierto obtuvo carro completo para el PRI en las elecciones de hace dos semanas- y a Nacif, burlándose de la forma en que fueron violentados los derechos humanos de la también escritora.

Es letra muerta pues el mandato constitucional de justicia expedita, ya que los mismos de siempre, Mariano Azuela –quien apoyó al ladrón Vicente Fox Quesada en el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador- y Sergio Salvador Aguirre, pretenden desechar las pruebas, porque éstas se tomaron sin consentimiento de los acusados o de un juez.

Va a resultar que la SCJN saldrá con el mismo cuento que el Tribunal Federal Electoral, sí son culpables de violentar las garantías individuales de Lydia Cacho, pero no se les puede castigar porque las pruebas son ilegales. Es decir de nueva cuenta el cinismo y los arreglos cupulares entre el PRIAN y las “instituciones” para que todo siga como es debido: robando a manos llenas en plena complicidad y al amparo de la impunidad que brindan las “sacrosantas instituciones”. ¿Cómo pretenden que la ciudadanía acepte mas agravios? ¿El descaro de los poderes legales y fácticos no tiene límite?


Los siguientes textos fueron tomados de la revista Proceso.








Marín es responsable en el caso Lydia Cacho: Silva Meza


jorge carrasco araizaga


* Góngora Pimentel apoya el dictamen contra el “gober precioso”



México, D.F., 26 de noviembre (apro).- El ministro Juan Silva Meza propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar al gobernador de Puebla, Mario Marín, junto con otros 29 funcionarios, responsable de haber cometido graves violaciones a las garantías de la escritora Lydia Cacho.

Ante el pleno de la Corte, Silva Meza pidió también al máximo tribunal establecer que el Congreso de la Unión es el responsable de tomar medidas sobre esa actuación del llamado gober precioso, quien este mismo lunes, paradójicamente, hizo un llamado a los presidentes municipales del PRI electos, para “cuidar su imagen”.

Las propuestas del ministro están contenidas en un extenso informe que se discutirá en la sesión del pleno de este martes, aunque el ministro Genaro Góngora Pimentel adelantó su posición de responsabilizar a Marín.

Silva Meza tomó casi una hora de la sesión para dar a conocer su propuesta de dictamen, que no fue novedoso y sí, en cambio, estuvo atenuado respecto de las eventuales acciones contra el gobernador.

En su primer informe de investigación sobre el caso, presentado el 26 de junio pasado, no sólo estableció la responsabilidad de Marín, sino que pidió el juicio político para el gobernador.

El pleno de la Corte evitó entonces tomar una posición sobre el informe, pero anticipó que no le correspondía establecer si procedía o no el juicio político, por ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Con el argumento de que se debía dar garantía de audiencia a los involucrados y que el informe tenía que ajustarse a las reglas que estableciera la Corte para las investigaciones de violaciones a las garantías individuales, Silva Meza tuvo que integrar a su indagatoria las declaraciones de Marín ante los hechos que se le imputan.

En su nuevo informe, el ministro reiteró que por solicitud del empresario Kamel Nacif, Marín encabezó una conspiración para actuar penalmente en contra de Lydia Cacho en represalia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que el textilero de origen libanés es involucrado en una red de pederastia internacional.

Pero en esta ocasión, el ministro evitó pedir directamente el juicio político, pues el pleno ha establecido que la Corte no está facultada para hacer recomendaciones a otros Poderes del estado.

En cambio, aseguró que “la vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios”.

Directo, añadió: “Hubo concierto de autoridades, con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en la que tuvo injerencia el gobernador de Puebla”. Hubo un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, agregó.

Los otros funcionarios que responsabiliza son los procuradores de Puebla y Quintana Roo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y a la juez que dio la orden para aprehender a Cacho, acusada de “difamación”.

Entre los responsables por parte del gobierno de Puebla, señaló, además de Marín, al secretario de Gobierno estatal, Javier López Zavala, la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda; y el subprocurador de Averiguaciones Previas, Igor Archundia Sierra, entre otros funcionarios ministeriales, incluido el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

De las autoridades de Quintana Roo identificó al procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez: al subprocurador de la zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento, y al exdirector de asuntos jurídicos de esa adscripción, Javier Brito.

Involucró también al Tribunal Superior de Justicia de Puebla y a las autoridades encargadas de la defensa de los menores, entre ellas la Procuraduría General de la República.

En el caso de los funcionarios de Puebla y Quintana Roo, el ministro Silva Meza dijo que las legislaturas estatales y otras autoridades locales serían las responsables de proceder.

El primer ministro que se sumó a Silva Meza fue Góngora Pimentel, quien, incluso, consideró que se debe dar validez probatoria a las grabaciones filtradas a la prensa en las que Nacif le agradeció haber gestionado la detención de la escritora.

Incluso, leyó el contenido de la grabación, con todo y los improperios de ambos contra Cacho, quien como resultado de la orden girada en Puebla fue detenida a mediados de diciembre de 2005 en su lugar de residencia, en Cancún, Quintana Roo, donde, según la escritora, opera una red pederasta protegida por funcionarios federales.

Las condiciones en que Lydia Cacho Ribeiro fue detenida y trasladada a Puebla estuvieron dirigidas a generarle un estado de angustia por su integridad física, aseguró Silva Meza.

Añadió que su investigación encontró una “sistemática y reiterada” violación en perjuicio de menores de edad mediante actos “deleznables y repudiables”.



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Fox y Calderón: Autócratas vergonzantes

alvaro delgado

México, D.F., 26 de noviembre (apro).- En muy poco tiempo, apenas un año después de entregar el cargo que ostentó durante un sexenio, un perlario de las más prominentes mentiras de Vicente Fox, que ya eran bien conocidas por quienes jamás sucumbieron a su verborrea, son exhibidas monumentalmente por dos de sus portavoces.

Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, prototipos del foxiato panista, no revelan en el libro La diferencia nada que no sea conocido, sobre todo en dos episodios clave del primer gobierno de la derecha: la integración del gabinete y cómo se tramó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

La novedad no es que se detalle lo ya sabido, por ejemplo la negociación de puestos en el gabinete con los poderes fácticos del país --que en buena medida explica por qué nada cambió para bien con la alternancia--, sino que sean justamente dos de los personajes que con más ahínco defendieron esa tomadura de pelo a los mexicanos que fue el foxiato.

El ejemplo más nítido de Fox como un impostor fue, y es --porque las consecuencias son vigentes--, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, un plan tramado por quienes controlaban y controlan ni más ni menos que los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Lo aceptan y se regodean de ello Castañeda y Aguilar, justamente dos de los más tenaces promotores de ese embate en contra no de López Obrador en sí mismo, sino de la legalidad y la democracia, conceptos de los que tanto les gusta hablar y que no practican.

¿No convocó Castañeda, cuando se amamantaba de recursos de oscuro origen para buscar ser candidato presidencial, a detener a López Obrador “por las buenas, por las malos o como sea”, y alegaba que era un asunto de legalidad, porque había cometido un delito y debía ser castigado?

¿No era Aguilar, quien jamás se atrevió a ser guerrillero en su patria, el corrector de los gazapos de Fox y encendido defensor de las instituciones y leyes que desafiaba “el señor López”, estribillo que tomó de los jilgueros de Carlos Salinas?

Cualquier interesado en evocar las proclamas justicieras de este par

--como los activistas de la derecha, esos que envían virus y basura a quienes identifican como enemigos-- puede acudir a las hemerotecas y cotejar si se corresponden al libro que han puesto en circulación, aun con autocensura de último momento, como haber cercenado la respuesta que dio Fox a la negativa de López Obrador de negociar el desafuero: “¡Lástima, se pierde una muy buena oportunidad!”.

Si hacía falta una versión foxiana del montaje del desafuero ya está en papel, pero hay que recordar que quien primero reconoció que el objetivo de quitar de en medio a López Obrador fue Manuel Espino, presidente del PAN, quien le pidió rectificar porque estaba afectando electoralmente a ese partido.

El asunto era y es clarísimo: Fox se amafió con Mariano Azuela, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proceder al juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, controlada por Manlio Fabio Beltrones.

La maniobra era quitar de en medio a un contendiente por la presidencia de la República, cosa que lograron, porque López Obrador fue despojado del fuero constitucional con la votación de priistas y panistas, entre ellos Juan de Dios Castro Lozano, quien sólo para ese fin dejó el cargo de consejero jurídico de Fox para encabezar la ofensiva leguleyo como diputado federal.

Hoy, para quienes no lo tienen en cuenta, Castro es subprocurador de la PGR y es padre de uno de los dos diputados que integran la comisión especial que investiga el enriquecimiento de Fox, obviamente para encubrirlo con acuerdo de Felipe Calderón y Germán Martínez, el gerente del PAN.

En el libro de Castañeda y Aguilar hay, también, omisiones y encubrimientos hilados al desafuero y que conducen a la fraudulenta elección presidencial de 2006, como la abierta e ilegal intervención de Fox en el proceso electoral.

“El hecho de que Fox no haya transferido recursos del gobierno a Calderón, no significa que no lo haya ayudado más que con discursos y apariciones públicas”, escribe el par de aventureros, tratando de encubrir lo que fue obvio, quizá porque buscan una chamba en la alta burocracia federal.

Pero lo que sugieren tiene dirección: Fox no le dio a Calderón recursos públicos, pero lo conectó con quienes sí se los dieron en abundancia: los mismos que financiaron la campaña de 2000 y cuyos intereses prevalecieron durante el sexenio y, una vez consumada su inversión seis años después, siguen haciendo lo que les viene en gana.

Son los mismos que dieron su parecer para integrar el gabinete de Fox, como Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda, y los que impusieron el actual de Calderón, con Carstens en la misma cartera.

La mafia, pues, de la que Calderón es un subordinado.

Una vez que Castañeda y Aguilar han exhibido por sí mismos lo que era ya sabido por millones de mexicanos, ¿qué dirán los apóstoles del Estado de derecho sobre la actuación de Fox?

Conviene citar a Rafael Preciado Hernández, un prominente abogado panista ya olvidado en su partido:

“Los peores enemigos de la democracia no son los autócratas sinceros, sino quienes simulan ser demócratas y en realidad son autócratas vergonzantes, pues aquéllos la atacan desde fuera, mientras que éstos últimos lo hacen desde dentro, a mansalva, a traición; la desprestigian, la minan en sus cimientos y pueden llegar a destruirla.”



Apuntes

La Iglesia católica tardó 500 años en pedir perdón por las atrocidades cometidas contra los indios y los crímenes de la Santa Inquisición, tardó décadas en reconocer su silencio ante el Holocausto y muchos años en avergonzarse de su apoyo a las sangrientas dictaduras militares en América Latina, en las que los capellanes castrenses perdonaban a los asesinos y mandaban al infierno a los “comunistas”… Quizá haya que ir armándose de paciencia para que, si acaso, dentro de 100 años la Iglesia pida perdón por los abusos sexuales de niños en México y los crímenes que ha cometido contra la democracia…

delgadop@proceso.com.mx

lunes, noviembre 26, 2007

Muetra SCJN verdadero rostro ¿de qué está hecha y con quién está?





Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo y Helioflores.


Por enésima ocasión nos daremos cuenta de qué está hecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por un lado y sin que nadie se lo pidiera atrajo el caso de un cliente, José Luis Saldívar Cano, al que la justicia de Chihuaha le dio la razón y ahora Banamex tendrá que pagar mil 462 millones de pesos por concepto de una inversión que hizo en 1987. El máximo tribunal dijo que analizará el caso ya que servirá para otros 150 juicios que están en la misma situación. Ya en un fallo anterior le dio la razón a un cliente de Bital, pero dijo que la institución bancaria no estaba en condiciones de pagar, por lo que la eximió de la deuda. No es especular que en este caso podría dar el mismo fallo. Sin embargo, millones de personas vieron perdido su patrimonio o empeñaron su futuro para pagar, por que la SCJN así lo dispuso. Es claro de qué lado está dicho cuerpo colegiado y también es claro de qué está hecho.

Por si faltara algo hoy la SCJN decidió ampliar el periodo de investigaciones sobre los asesinatos y violaciones a las garantías individuales ocurridas hace más de una año en el estad de Oaxaca, por el asesino Ulises Ruiz Ortiz (URO) y las fuerzas federales a cargo del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada y con la complicidad del usurpador Felipe Calderón Hinojosa. El proyecto de dictamen –que ya fue presentado una vez, al que le dieron largas- se esperaba fuera puesto ha consideración de nueva cuenta para su análisis y votación antes de que terminara el año, pero ahora con el nuevo giro -de algo que ocurrió hace más de cinco meses- es probable que sea hasta 2008 –quien sabe en qué fecha- cuando se presente un nuevo proyecto. Ya le dieron tiempo a URO de “arrasar” mediante la puesta en marcha de sus prácticas fraudulentas de compra de voto e intimidación en las elecciones locales, y le siguen dando oxígeno por un evidente acuerdo del PRIAN, un intercambio de votos. Votos para que el PRI “gane” elecciones en varios estados y votos del PRI para apoyar la venta de Pemex y CFE al capital privando, principalmente español. Transa x transa, corrupto x corrupto.

En tanto la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO) volvió a mostrar su fuerza y enojo por los agravios en su contra que se acumulan. Pese a elementos de división provocados por infiltrados y compra de conciencias por parte de URO, lo evidente es que la lucha sigue y la ciudadanía muestra el hartazgo con sus “gobernantes” y el cinismo de sus pillerías.

Los propios “allegados y colaboradores” del traidor y corrupto Vicente Fox Quesada hacen evidente lo que no se sabía. Por un lado pretenden que su exjefe salga bien librado, pero por el otro confirman la serie de pifias y abuso del poder en que el salvaje de Guanajuato incurrió y por lo que se levantaron dos denuncias una penal en la PGR –que no avanza, ¡vaya sorpresa!- y la otra para que se le instruya un juicio político, por traidor a la democracia, entre otras cosas.



Los siguiente materiales fueron tomados de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/




Acusaciones, justificaciones, incriminaciones

Antonio Jáquez

Una extraña coautoría dio a luz, de manera sorpresiva, un igualmente extraño producto: el libro La diferencia. Radiografía de un sexenio, que está empezando a circular. Rubén Aguilar, el inefable vocero e intérprete en los últimos años del presidente Fox, y Jorge Castañeda, el canciller durante los primeros tiempos del sexenio foxista, entremezclan “testimonios, relatos, encuentros, versiones y chismes”, y los unen al resultado de una prolongada serie de entrevistas con el exprimer mandatario para ofrecer un texto, “de carácter temerario”, que puede “revestir un interés real para quienes procuran entender lo que ha sucedido durante los años recientes en la política mexicana”. Como bien dicen los autores, al referirse a Fox hay que “entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan…” De una o de otra manera, por su calidad de excolaboradores cercanos, Aguilar y Castañeda hacen aportaciones valiosas para exhibir las miserias de Fox y su sexenio en un momento singular: cuando el expresidente está bajo el embate informativo, legislativo y judicial. He aquí una reseña del volumen.

Aparecido intempestivamente, el libro La diferencia. Radiografía de un sistema, de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, revela detalles sobre algunas de las decisiones más importantes del sexenio de Vicente Fox, a partir de entrevistas con este personaje, testimonios de primera mano –incluido el de los autores–, chismes, versiones, documentos, fuentes anónimas…

Además, y como no queriendo, el texto ajusta cuentas con algunos foxistas arrepentidos, entre ellos Alfonso Durazo, Juan Francisco Ealy Ortiz, Lino Korrodi y Porfirio Muñoz Ledo, y ubica en episodios clave a personajes como Manlio Fabio Beltrones, Pedro Cerisola, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari.

Nadie, sin embargo, resulta más exhibido que el propio Fox, aunque ese no haya sido el propósito explícito de los autores. El expresidente, apuntan, “peca tal vez de ingenuidad psicoanalítica. Los pacientes, asentiría Freud, inventan y mienten; pero todo el chiste de la disciplina que produjo consiste justamente en sacar verdad de la mentira, como diría Vargas Llosa: entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan. O parafraseando a Roberto Campos (exministro brasileño): los testimonios de grandes personajes son como los bikinis: lo interesante no es lo que muestran sino lo que esconden”.

Al margen de su simpatía por Fox, Aguilar y Castañeda ponen en duda la versión que el expresidente ofrece sobre ciertas decisiones, por ejemplo su supuesto apego a la legalidad en el apoyo a la campaña presidencial de Felipe Calderón:

“El hecho de que Fox no haya transferido recursos del gobierno a Calderón, no significa que no lo haya ayudado más que con discursos y apariciones públicas.”

Ciertas o no, las historias de Aguilar, Castañeda y el propio Fox arriman más leña a la hoguera en que arden el expresidente y su esposa, Marta Sahagún.

Una frase que puede ser epitafio: Vicente Fox “buscó forzar la historia y transformar sus deseos en realidades”.

Aguilar y Castañeda, quienes como vocero y canciller, respectivamente, se distinguieron por su comportamiento provocador, se pintan en el libro como blancas palomas… pero amagan a Fox con sacar grabaciones de la entrevista en casos de que intente desmentirlos. En el prólogo se curan en salud, según sus propias palabras, y dicen que a pesar de las diferencias entre ellos “nos une una característica en común: ambos nos abstuvimos de escupir para arriba”.

El libro abarca nueve capítulos, entre ellos La formación del gabinete, Cuba que linda es Cuba, Desafuero y desazón: sacar (le) al Peje, y ¿Gané, ganó o ganamos? El capítulo sobre la formación del gabinete contiene detalles sobre el hecho conocido de que cazadores de talentos (headhunters) entrevistaron a la mayoría de los aspirantes y da a conocer historias inéditas sobre varios de los candidatos:

En el caso de Hacienda, cuentan, Fox requería de una persona dura y exigente. No fue fácil. En la terna se contempló a Francisco Gil, José Ángel Gurría y Luis Ernesto Derbez. Gurría de plano fue descartado cuando “surgió una acusación de corrupción que luego se comprobó que era falsa. La hizo Eduardo Fernández, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Pidió cita a Fox para hablarle del caso”.

Derbez, según Fox, fue cuestionado por varios “sectores del empresariado”, que alegaban que en México ni siquiera se sabía quién era. Fox asegura también que escuchó la opinión de Roberto Hernández, quien trató de influir en el nombramiento de algún secretario, “pero que nunca estuvo en el círculo de la toma de decisiones”. En cualquier caso, dicen los autores, Fox accedió a la petición empresarial y solicitó opciones. “De la comunidad empresarial tanto de Monterrey como de la Ciudad de México surgió el nombre de Francisco Gil. Entre otros, lo propusieron Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, el propio Roberto Hernández y Alfonso Romo”. A su nombramiento se opusieron, inútilmente, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

Una de las designaciones más difíciles fue la del secretario de la Defensa. “Para Fox, el Ejército constituía una gran incógnita, carecía de cualquier conocido dentro de las Fuerzas Armadas; sólo había tratado a algunos generales cuando fue gobernador”. Las entrevistas con los candidatos se realizaron en desayunos y comidas en casa de Carlos Rojas Magnon. Él fue quien elaboró las ternas del Ejército y la Marina. Rojas, afirman, tenía relaciones que le facilitaron evaluar “objetivamente” las trayectorias de quienes integraban las ternas. En el caso de la Sedena los seis generales considerados inicialmente fueron Luis Montiel López, Mario Renán Castillo Fernández, Mario Ayón Rodríguez, Delfino Mario Palmerín Cordero, Abraham Campos López y Gerardo Clemente Vega García.

Aguilar-Castañeda: “De todos se hizo una averiguación profunda mediante entrevistas con gente que los conocía, pero también observando su situación personal, lo que incluyó el análisis de su forma de vida familiar. De acuerdo con Fox, de los seis casos considerados, uno de los generales, Campos López, fue excluido porque el estudio de campo reveló que existía un desfase entre su nivel de ingreso y su modo de vida; éste era muy superior a lo que le permitirían sus entradas comprobables. Al interior del mismo Ejército tenía fama de corrupto”.

Cuentan que Rojas consultó con los servicios de inteligencia estadunidenses, británicos e israelíes para verificar que en la terna, tanto del Ejército como de la Marina, no figurara nadie vinculado, según dichos servicios, con el narcotráfico. Se trataba de la misma vía que siguió Ernesto Zedillo cuando nombró como zar antidrogas al general Jesús Gutiérrez Rebollo, sólo que los estadunidenses lo engañaron, primero palomeándolo, para luego denunciarlo.

Al final la decisión debía tomarse entre Palmerín Cordero, “que tenía fama de arrogante y estaba muy ligado al general Enrique Cervantes Aguirre, el secretario saliente, y Vega García, también ligado a Cervantes y reconocido como un teórico militar”. En la entrevista, Fox se decidió por él. “Palmerín fue nombrado subsecretario, pero destituido al año bajo sospecha de manejos inadecuados, y fue enviado a Londres como agregado militar”.

Otra selección polémica fue la de Sari Bermúdez como presidenta del Conaculta. Fox primero pensó en Enrique Krauze, “quien muy pronto hizo saber que no deseaba asumir algún cargo público. Fox mantenía una excelente relación con Krauze, que lo había apoyado con mucha fuerza en la campaña desde el frente de los intelectuales pero también, asegura Fox, desde su visión de la historia. Le daba consejos y le hacía propuestas a partir de una perspectiva histórica”.

También se consideró a Lourdes Arizpe y Sabina Berman, recomendadas por Castañeda. “En esos dos casos, Fox sí recibió fuertes presiones de sectores conservadores para no incorporarlas al gabinete. Recuerda en particular que Alfonso Romo, el empresario de Monterrey, manifestó su oposición a Berman y a Arizpe. Ambas le parecían muy liberales y heterodoxas. Arizpe también fue ‘vetada’ por José Sarukhán”.

El caso Durazo

En el libro se asegura que Castañeda vinculó a Alfonso Durazo con Fox. Él había buscado contactarse con la campaña por medio de panistas de Sonora. “En esa búsqueda Durazo se acerca a Castañeda, quien organiza el encuentro con Fox. Pedro Cerisola, el coordinador de la campaña, envió un avión a Hermosillo para transportar a Durazo al lugar en donde podía encontrarse con el candidato. Los informes de los panistas de Sonora subrayaban su apoyo a los candidatos del PAN. Mantenía una relación cercana con Manuel Espino, quien aproximó a Durazo con César Leal, panista de Sinaloa que colaboraba en la campaña…”

Fox dice que invitó a Durazo al equipo para establecer un puente con el PRI, “en un error de información y apreciación, ya que Durazo era colosista y del colosismo en el PRI ya no quedaba nada. Nunca pensó en la secretaría particular como una instancia política; durante la transición administrativa no habló con Durazo de política y tampoco lo hizo cuando éste ya era su secretario particular. En teoría, su tarea era llevar la agenda y recibir las llamadas que se hacían al Presidente”, es decir un simple secretario.

El mismo Fox relata que muchos panistas se opusieron al nombramiento de Durazo, quien hoy es directivo del diario El Universal. En esos días, “Rodolfo Elizondo le mandó una nota con una frase de Vaclav Havel que decía: Más vale inexperiencia temporal que sabotaje permanente. Le advertía también de sus lazos con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Marta Sahagún tampoco estaba de acuerdo con su incorporación. Durazo supo ganarse a la gente cercana a Fox y solicitó muy pronto su afiliación al PAN. Dice Fox que no sabe si lo hizo por interés genuino en ser panista o por mera conveniencia política. Según el expresidente, a Durazo lo dominaba una obsesión por ser candidato al gobierno de Sonora. “Y cuando le quedó claro que no podía serlo por el PAN, utilizando los viejos métodos del PRI se desilusionó y entonces reventó”.

El caso Lino

Según Fox, siempre tuvo claro que no iba a incorporar a familiares o amigos personales en el gabinete. En ese grupo entraba Lino Korrodi, “quien pidió ser considerado para una secretaría de tema económico, en particular Turismo. Fox asegura que cuando hablo con él para decirle que siguieran siendo amigos, pero que buscara trabajo en otro lado porque él no estaba considerado para el gabinete, Korrodi no lo entendió”.

Korrodi no toleró la exclusión y, según Fox, terminó por pelearse con todo el mundo; con Fernández de Cevallos y con el PAN. Luego siguió la etapa de las denuncias públicas en los medios y la ruptura con el presidente, “quien hoy sostiene que sabía que Korrodi era una persona conflictiva, ambiciosa e incómoda para integrar un equipo de trabajo. Le había perdido la confianza; pensaba que había el riesgo de que se quisiera aprovechar de un cargo público para hacer dinero”.

A partir de esa experiencia y muy al inicio de su mandato envió una carta a todas las secretarías y dependencias del gobierno federal en la que les planteaba que “quedaba estrictamente prohibido atender a cualquier miembro de la familia Fox, de la familia Quesada y también a sus amigos cercanos, subrayando que nunca hicieran caso de alguien que les dijera que venía de parte del presidente”.

El caso Porfirio

Según Aguilar y Castañeda, Muñoz Ledo “solicitó de manera insistente que Fox lo hiciera secretario. Forjó una vieja relación –que no amistad– con Fox desde la candidatura de ambos a la gubernatura de Guanajuato en 1991. Muñoz Ledo se lanzó como candidato y al mero final declinó a favor de Fox, posiblemente un poco tarde para pedir tanto. Quiso la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y si no, Educación; la que realmente le interesaba era Gobernación. La valoración que Fox hacía de Muñoz Ledo era la de una persona inteligente y calificada, pero al mismo tiempo conflictiva y que no sabía trabajar en equipo: En una palabra, una persona que actúa por su cuenta y provocaría mucho ruido en el gabinete”.

Desde Bélgica, Muñoz Ledo siguió insistiendo en que se le incorporara al gabinete; cada vez que se daba una baja en alguna secretaría, Muñoz Ledo hablaba para ser considerado. Al final, Muñoz Ledo pidió encabezar una instancia a cargo de la reforma del Estado. “Como era lógico, Creel se opuso y la idea no prosperó. Tal vez la insensibilidad de Fox indujo el reencuentro de Porfirio con López Obrador, pero vale la pena recordar el lamento de Jorge Castañeda padre: lo único peor que ser subalterno de Porfirio es ser su jefe. Castañeda Álvarez de la Rosa había sido ambos”.

El no desafuero

Salinas –junto con otros aliados como Fernández de Cevallos– también se metió en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El libro se ocupa ampliamente del asunto y puntualiza los enredos en que se metió Fox, la forma en que se esforzó por liquidar políticamente a su adversario y cómo al final tuvo que echarse para atrás.

En el relato destaca el papel que desempeñó el empresario Carlos Ahumada tras la divulgación de los videos que involucraban a colaboradores de Andrés Manuel en presuntos actos de corrupción. Llama la atención la versión de que, después del escándalo, Ahumada huyó a Cuba “por consejo de Rosario Robles y su amigo de años, Lázaro Cárdenas Batel”.

Los autores apuntan también la versión de que la disputa entre Ahumada y López Obrador se origina en el cobro del dinero que el empresario prestó para la campaña de Andrés Manuel para la Jefatura de Gobierno del DF. Según esa versión, AMLO rebasó por mucho los topes de gasto, por lo que Rosario, presidenta del PRD, jaló a la dirección nacional del partido la deuda del PRD-DF con las televisoras y las radiodifusoras: Casi 30 millones de dólares, incluidos 12 millones a Televisa. Fue así que Robles acudió a su amigo Ahumada para que le otorgara un “préstamo puente”. Desesperado por el incumplimiento en el pago, Ahumada presionó con los videos…

A partir de entonces, dicen Aguilar y Castañeda, “el PRD le debe a Ahumada; El Peje, origen del gasto incurrido, no le debe nada a nadie”.

Además, aseguran, Ahumada había entregado sumas adicionales al PRD, empezando con 30 millones de pesos para la campaña de Lázaro Cárdenas a la gubernatura de Michoacán en 2001, y a las campañas de Raúl Ojeda para la gubernatura de Tabasco en 2000 y 2001. En total, “según algunas fuentes muy cercanas a Ahumada, transfirió más de 300 millones de pesos al PRD”. Los autores afirman que el único que pagó su deuda fue Cárdenas Batel.

La aventura antipeje se condensa en la siguiente frase: “Cuando Fox buscó la cuadratura del círculo y quiso el desafuero, el proceso y la condena, y al mismo tiempo evitar la prisión y la inhabilitación, se derrumbó todo”.

En cambio, reconocen, López Obrador movió muy bien sus fichas. “Permitió que se arribara al desafuero. Su defensa, según los colaboradores más cercanos a Fox, fue preparada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y su director, Diego Valadés, con la anuencia del rector Juan Ramón de la Fuente, y con el apoyo también del ministro de la Corte Genaro Góngora Pimentel”.

En la decisión foxista de echarse para atrás contó también el cambio de parecer del PAN. “Santiago Creel, que según Fox siempre defendía la tesis de no agitar el avispero (…), ya no quería queso, sino salir de la ratonera. En la explicación de Fox, todo se consumó en la visita que le hizo Manuel Espino en San Cristóbal, de parte del PAN, a finales de abril de 2005, en que lo liberó de esta manera: ‘al partido no le interesa que López Obrador sea desaforado y eliminado de la contienda, queremos ganarle con votos’. Esa fue, según Fox, la gota que derramó el vaso”.

El domingo 24 de abril, Fox convocó al rancho a varios colaboradores (Creel, Ramón Muñoz, Rubén Aguilar, María Amparo Casar y Manuel Espino) “y resolvió rajarse. Instruyó a Cabeza de Vaca para que encontrara un taparrabos jurídico a fin de que la PGR se desistiera de la acción penal contra El Peje”.

Marta y sus hijos

En la parte final de su libro, Castañeda y Aguilar subrayan sus motivos para taparse la boca sobre lo que saben de la “hipotética” corrupción de la familia Fox y el tema de Marta Sahagún. Dicen que hubieran desvirtuado el sentido del libro, “que pretende ser un análisis político de las principales decisiones del sexenio. Además, utilizar la información con la que contábamos proporcionada por las fuentes citadas al principio del texto hubiera significado romper el acuerdo con Fox…”.

En cambio, los autores no se contienen para exhibir a otros personajes, entre ellos a Juan Francisco Ealy Ortiz, en aquel tiempo presidente y director general de El Universal. Y sueltan:

“La posición tan dura que El Universal ha asumido contra Fox y Marta es otro caso. Hacia finales del gobierno Ealy Ortiz solicitó a la Presidencia, a través de Marta, su apoyo para obtener una o más de las siguientes cosas: posesión de una cadena de televisión nacional, de una radio con cobertura nacional, permisos para abrir un banco o una casa de bolsa, y la posibilidad de que se le pudiera hacer una condonación de impuestos. Cada una de las solicitudes debía ser tramitada en su instancia correspondiente; la Presidencia ya no tenía posibilidad alguna de concederlas. La reacción virulenta de El Universal en contra de Fox y Marta, por un lado, y el espacio que se ha dado a todas las voces dispuestas a criticarlos y acusarlos, por el otro, se explica tal vez por la decisión de Los Pinos de no hacer nada para que esas peticiones se materializaran.”

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Bush y Fox: Las diferencias

Miguel Ángel Granados Chapa

El episodio de que fue protagonista ya había sido narrado por José Agustín Ortiz Pinchetti en su libro Las claves de López Obrador (Granados Chapa editores, mayo de 2006). Se ha actualizado el suceso con motivo de la aparición del libro escrito al alimón por Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, titulado La diferencia, del que ofrecieron adelantos el viernes 23 los diarios Reforma y El Universal. En aquel se narra la reunión del domingo 4 de abril de 2005 en que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, invitado por el presidente Vicente Fox a participar en la decisión de desaforar al jefe de gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador se muestra partidario de ir adelante. En el segundo periódico se refiere el otro extremo, el primer intento de Fox de recular, de negociar con su adversario la vuelta atrás, que no obstante la negativa del afectado tuvo que asumir unilateralmente Fox.

La versión de Aguilar y Castañeda, por un lado, y la de Ortiz Pinchetti difieren levemente, acaso porque en el equipo presidencial se anticipaba la respuesta y se eligió un camino sesgado para atenuar el efecto. Según la lectura de los reporteros de El Universal José Luis Ruiz y David Aponte, “durante la última semana de abril de 2005 en el rancho San Cristóbal y con la insistencia de su equipo más cercano para salirse de la dinámica por el desafuero de López Obrador”, Fox “ofreció” a su adversario “negociar en persona la cancelación del proceso legal”. Según Aguilar y Castañeda, en la reseña de El Universal, “el gobernador de Nayarit en esos días, Antonio Echavarría, habló a Fox del supuesto interés de López Obrador por buscar un acuerdo”. Eso generó la propuesta presidencial, comunicada telefónicamente desde el rancho de Fox a Ortiz Pinchetti.

Éste recuerda que el sábado 23 de abril de 2005, “víspera lúgubre y lluviosa” se hallaba en su casa, horas antes de que se efectuara la multitudinaria marcha con que la gente respondería al desafuero. El exsecretario de gobierno del DF, el colaborador más cercano de López Obrador en la administración capitalina, a la sazón diputado federal y uno de los coordinadores de las redes ciudadanas puntualiza que a “las 7.30 de la noche suena el teléfono. Contesto, oigo la voz de un viejo amigo: ‘José Agustín, soy Rubén. Estoy aquí en San Cristóbal, con el presidente. El gobernador de Nayarit nos ha dicho que Andrés Manuel quiere dialogar. Quisiéramos checarlo. ¿Podrías?’

“Azorado respondo que sí. Y hago contacto tan pronto puedo con AMLO, quien acaba de terminar su mitin en Acapulco.

“Su respuesta es seca:

–‘No. No he dicho eso. ¿Quién dice?’

–‘¡El gobernador de Nayarit!’

–‘¿De Nayarit? No, no hay de eso. Diles que no. Saludos.’

“Me comunico con Aguilar y le digo que AMLO no ha pedido el diálogo.

‘¡Ok!’, me dice Rubén y nos despedimos.”

Entiendo que no es pertinente comparar dos versiones sobre el mismo hecho conociendo a cabalidad sólo una de ellas, y la reseña de la otra. Pero parece claro que no queriendo plantear directamente el pedido de diálogo o la oferta de negociar, en el rancho de San Cristóbal se urdió el modo indirecto en que se asigna a un personaje por completo ajeno a la cuestión el tener una información sobre el tema. Por eso López Obrador pregunta extrañado sobre si es el gobernador de Nayarit el origen del dicho que se le atribuye. El desaforado no mantenía vínculo alguno con ese antiguo priista, distribuidor de Coca-Cola en ese estado. En cambio Fox era su amigo, precisamente de la época en que ambos trabajaban para ese consorcio. Candidato de varios partidos, incluidos el PRD y el PAN, Antonio Echavarría había escogido afiliarse al blanquiazul y romper con el resto de los aliados.

El libro de Aguilar y Castañeda aparece en la temporada en que su antiguo jefe está sometido a fuego verbal intenso aunque, en mi opinión, se halla distante de cualquier amago real de la justicia, la política y la común. Se ha demandado para él juicio del Congreso y está en curso una averiguación previa en la Procuraduría General de la República en que ya presentó su testimonio su antiguo amigo Lino Korrodi. En ese clima, el recuento que hagan de sus días a su lado dos cercanísimos colaboradores puede contribuir a que se afirmen acusaciones, salvo que se hayan asumido como defensores de quien los llevó al equipo gobernante en el sexenio pasado.

En sus andanzas recientes, Fox se muestra desdeñoso de los señalamientos en su contra, no obstante que la comisión legislativa que lo investiga obtuvo y mostró sus declaraciones patrimoniales, en que hay verdaderas joyas, como la información de que recibió, además de su paga como Presidente de la República, honorarios que al menos en dos años tuvieron un monto superior al de sus ingresos oficiales. Pero él insiste en su probidad que, ha dicho ahora, puede ser corroborada por el presidente Bush y su primer secretario de Estado Colin Powell, que conocieron su rancho en febrero de 2001 y pueden dar fe de que esa propiedad se mostraba entonces como se ve ahora, a diferencia de lo que señala Korrodi, que la recuerda maltrecha y empobrecida.

Escogió mal sus avales Fox. El mismo día en que citó a Bush como su fiador, el presidente estadunidense fue exhibido como mentiroso, por lo que si hubiera un espacio jurídico o político para su testimonio, éste carecería de credibilidad, debilitado como fue nada menos que por su antiguo vocero Scott McClellan. Al anunciar un libro de memorias que aparecerá en abril, McClellan denunció que Bush mintió y lo hizo mentir en el caso de Valerie Palme, la exagente de la CIA cuya identidad fue revelada, poniéndola en riesgo mortal, como un acto de venganza contra su marido, Josef Wilson, exembajador que fue uno de los primeros en desmontar otra colosal mentira de Bush, la de las armas de destrucción masiva en Irak, pretexto para invadir a ese país.

Semejantes y hasta idénticos los presidentes en muchos aspectos, veremos cómo aparecen, cotejados entre sí, sus voceros. Sabremos si Aguilar escribió un panegírico, como hace suponer su peregrina afirmación en otro foro sobre la intencionalidad de los deslices de su jefe, o un relato fidedigno de su trabajo como corrector de los errores presidenciales. Esa será la diferencia.



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Fox y Marta, investigados por el IFAI

Daniel Lizárraga

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) abrió una investigación sobre el gobierno de Vicente Fox, pues durante la administración del guanajuatense la Presidencia se negó a proporcionar copias de los expedientes en los que consta el uso de recursos públicos destinados a la oficina de apoyo a la primera dama, que suprimió el actual gobierno.

En un hecho inédito desde su fundación hace cuatro años, este organismo autónomo del Gobierno federal inició una pesquisa contra Marta Sahagún de Fox, quien como esposa del presidente fue incorporada a la estructura burocrática de Los Pinos.

En su edición 1620, Proceso publicó una investigación periodística en la que se demostró que la administración foxista ocultó los gastos realizados por Sahagún para el acondicionamiento de sus oficinas con marfil, mármol y plata.

El miércoles 21, durante la reunión previa a la sesión pública en el seno del IFAI, el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán presentó ante sus colegas un escrito en el que solicitó el inicio de una investigación sobre este caso porque, arguyó, entraña graves violaciones a la Ley Federal de Transparencia, así como a otras normas que, en caso de comprobarse de manera oficial, no podrían pasarse por alto.

Sus pares María Marván, Jacqueline Peschard, Alonso Gómez-Robledo y el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, apoyaron por unanimidad la petición de Guerrero. Y de inmediato instruyeron a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal (APF), encabezada por José Luis Marzal Ruiz, para que abriera las pesquisas.

A partir de que el IFAI inició la investigación, Proceso le aportó pruebas documentales compiladas a lo largo de dos años en cuatro legajos con más de 3 mil 200 facturas y documentos proporcionados por los nuevos funcionarios de Los Pinos. Así mismo, entregó un disco magnético que contiene sólo cinco recibos proporcionados en febrero de 2005 por la Unidad de Enlace de Presidencia durante el mandato de Fox.

En lo que se refiere a los gastos de Sahagún, la suma de los comprobantes correspondientes a 2004, facilitados recientemente por Los Pinos, ascienden a 3 millones 956 mil 988 pesos con 31 centavos. En ese rubro, la administración foxista sólo rindió cuentas por casi 25 mil pesos.

El IFAI solicitará a la Presidencia de la República informes detallados sobre este caso a fin de que aclare, ratifique o compruebe oficialmente los datos aportados por este semanario.

Una vez que concluyan su trabajo, los comisionados podrán exigir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la aplicación de sanciones a quien o quienes resulten responsable por no haber entregado los archivos completos en el momento en que fueron requeridos.

Ahora corresponde al IFAI indagar hasta qué punto hubo negligencia de los mandos medios de Los Pinos o si existieron órdenes expresas para blindar a la oficina de Sahagún ante cualquier solicitud de acceso a la información sobre sus gastos.

Un reportaje y sus consecuencias

Hasta antes del reportaje publicado por este semanario el pasado domingo 18, que motivó la intervención del IFAI, los documentos relativos a las partidas destinadas a Marta Sahagún no eran clasificados ni estaban incluidos en la lista de archivos oficiales; tampoco se consideraba que contuvieran datos sobre servidores públicos.

El 7 de enero de 2005 este reportero envió una solicitud a la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, que fue foliada con el número 0210000001005:

Requiero los gastos desglosados, rubro por rubro, así como las facturas respecto al uso de los recursos públicos para investidura presidencial correspondientes al año 2004.

En específico requiero los gastos de la señora Marta Sahagún, mismos que deben incluir las erogaciones en materia de comunicación, transporte, pago de sueldos a colaboradores y protocolo.

Semanas más tarde, el 9 de febrero, la Unidad de Enlace de la Presidencia entregó un disco magnético con la siguiente respuesta:

En el año 2004, no se realizó ningún gasto correspondiente a la partida 3825 Investidura Presidencial que fuese aplicado para la señora Martha Sahagún de Fox.

En la Oficina de Apoyo a la esposa del C. Presidente no se tienen erogaciones en materia de comunicación como publicidad o contrato con medios de comunicación.

Los sueldos del personal adscrito a la Oficina de Apoyo a la esposa del C. Presidente pueden ser consultados en la página de internet de la Presidencia de la República.

En este sentido y una vez efectuada la revisión de los expedientes del Ejercicio 2004, se erogaron recursos públicos por 11 mil 371 pesos con 90 centavos de la partida 3825, los cuales corresponden a gastos de invitados especiales del Presidente de la República.

El 18 de enero de 2007, una vez concluido el sexenio foxista, este reportero presentó de nueva cuenta la petición a la Presidencia de la República:

Requiero la información sobre los gastos ejercidos y generados por la exprimera dama, Marta Sahagún de Fox, partiendo desde las erogaciones por su boda con Fox hasta el 01/XII/2006. Se deben incluir los gastos de su oficina, sueldo de personal y facturas y boletos de avión, así como de vestuario. Esta solicitud abarca cualquier erogación de recursos públicos y materiales.

Esta vez, la Presidencia entregó 17 expedientes, cada uno contenía más de 800 facturas. De éstos, cuatro corresponden a 2004, por un monto de 3 millones 956 mil pesos con 31 centavos, de acuerdo con un registro contable difundido por los nuevos funcionarios de la Unidad de Enlace.

Sin embargo, el gobierno foxista entregó muy poca información. En los legajos de facturas correspondientes a 2004, Proceso identificó un pago por 458 mil pesos realizado a la empresa Medialog por concepto de asesoría especializada en materia de comunicación. Pero en su momento Los Pinos aseguró que no hubo erogaciones en ese rubro.

Mentiras

Cuando este semanario solicitó al gobierno foxista información acerca de los gastos de Marta Sahagún, éste respondió de manera contundente que se hizo una revisión de los expedientes del ejercicio 2004 y que se erogaron recursos públicos por 11 mil 371 pesos con 90 centavos de la partida 3825 correspondientes a gastos para invitados especiales del presidente.

Los expedientes sobre el ejercicio 2004 en torno a la oficina de la primera dama abarcaron cuatro legajos con cientos de facturas de todo tipo. Sin embargo, la Unidad de Enlace sólo entregó cinco facturas pese a que se solicitó un reporte de los gastos generados por la primera dama durante todo ese año.

El gobierno mintió cuando reportó que los gastos por invitados especiales fueron de 11 mil 371 pesos con 90 centavos. Ahora se sabe que en realidad la sangría al erario por estos viajes fue de 973 mil 226 pesos.

En el disco magnético entregado por el gobierno foxista se incluyó una solitaria factura del sistema de agencias turística Turissste para un viaje a Nueva York en 2004; pero en los nuevos archivos puestos a disposición de este semanario hay no menos de 35 de facturas emitidas por Turissste correspondientes a ese año.

Y al tiempo que el IFAI arrancó la investigación sobre la administración de Vicente Fox, el exmandatario envió una carta al líder nacional del PAN, Manuel Espino, en la que pide cerrar filas ante los ataques sin pruebas de que se dice víctima.

“Al Consejo Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, a los Comités Estatales, a los dirigentes, a los compañeros funcionarios públicos y a todas y todos los compañeros de partido, quiero expresarles que siendo pecador común y corriente (sic), como ser humano a lo largo de mi vida he mantenido una conducta recta y apegada a la ética.


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La versión desmentida

Daniel Lizárraga

El viernes 23 el diario El Universal sorprendió a sus lectores al publicar una nota, firmada por los reporteros José Luis Ruiz y David Aponte, con supuestos detalles de un capítulo por adelantado del libro La diferencia. Radiografía de un sexenio, escrito por el excanciller Jorge Castañeda y el exvocero presidencial Rubén Aguilar.

La nota, que abarcó cinco de las seis columnas de primera plana de ese periódico, señalaba que el libro da cuenta de cómo en el sexenio pasado el presidente Vicente Fox intentó negociar con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el juicio de desafuero emprendido en contra de este último.

Y afirma que López Obrador le soltó un cortante “no” a Fox. “¡Lástima!”, diría el presidente. La nota sostiene que el contacto con el tabasqueño se hizo mediante un intermediario: José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de Gobierno del Distrito Federal durante la administración lopezobradorista.

Sin embargo, en la noche del mismo día el Grupo Editorial Random House Mondadori desmintió a El Universal. El pasaje en el que supuestamente López Obrador dice “no” y Fox responde “¡lástima!”, afirmó la casa editora en un comunicado, no existe en el libro de Castañeda y Aguilar.

El periódico publicó lo siguiente:

“Rubén Aguilar fue el encargado de contactar al tabasqueño. Lo hizo vía telefónica a través del exsecretario de Gobierno José Agustín Ortiz Pinchetti, cercano colaborador de López Obrador.

“Era el sábado 23 de abril, la víspera de la marcha contra el desafuero.

“La respuesta de López Obrador no tardó en llegar; fue recibida 20 minutos después: No.

“ ‘¡Lástima!’, respondió Fox.”

Ni esa expresión atribuida a Fox ni el capítulo entero existen en el libro La diferencia, precisó la editorial. Y explicó:

“El episodio, ausente en el libro que estamos publicando, es descrito en su artículo (del diario) con detalle al grado que culmina así: ‘Al saber la negativa de López Obrador, Fox dijo: ¡Lástima!’ Esta expresión del mandatario no fue incluida en el libro.

“Les podemos asegurar que ni esta expresión ni el episodio completo narrado en su artículo se encuentra en el libro de Aguilar y Castañeda. Por lo que respecta a este asunto ignoramos a qué texto tuvo acceso El Universal, aunque reconocemos que, en términos generales, las breves alusiones a otros datos que contiene La diferencia son correctas”.

Dirigido al director editorial de ese diario, Raymundo Riva Palacio, el desmentido admite que el libro contiene un capítulo entero dedicado al desafuero, pero insiste en que el episodio descrito es inexistente.

En la página 12 de la misma edición, El Universal aportó incluso más detalles del episodio. Afirmó, por ejemplo, que Antonio Echevarría, a la sazón gobernador de Nayarit, le comunicó a Fox el supuesto interés de López Obrador por buscar un acuerdo.

“Hay voluntad para una negociación y el presidente Fox está dispuesto a viajar al DF, expuso Aguilar Valenzuela a Ortiz Pinchetti a través del teléfono.

“Fox estaba en el rancho San Cristóbal con su secretario de Economía, Eduardo Sojo; Ramón Muñoz, jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental; Daniel Cabeza de Vaca, consejero jurídico, y Manuel Espino, líder nacional del PAN.

“Del DF llegaron en helicóptero el secretario de Gobernación, Santiago Creel; su asesora María Amparo Casar y Rubén Aguilar”.

“Al saber de la negativa de López Obrador, Fox dijo: ¡Lástima! Esta expresión del mandatario no fue incluida en el libro (las cursivas son de Proceso).”

El Universal dio por un hecho la existencia del pasaje, y en su nota de primera plana no aclaró que la frase de Fox no fue incluida en el libro, a diferencia del texto de la página 12.

De hecho, cuando los autores de la nota hicieron referencia a la supuesta expresión de “¡Lástima”!, no citaron de qué fuente la obtuvieron.

La medianoche del pasado viernes 23 Proceso buscó a uno de los autores de la nota, David Aponte, subdirector de Información del diario. Le dejó un mensaje en un buzón de voz, pero no respondió.

Este semanario hizo una lectura completa del capítulo dedicado al desafuero, pero no localizó el pasaje referido ni la palabra “¡Lástima!” En el índice onomástico del libro, la única cita respecto a Ortiz Pinchetti es sobre la frustrada construcción del aeropuerto.

En contraparte, el mismo viernes 23 el diario Reforma publicó un adelanto del libro de Castañeda y Aguilar, en una versión que, ésta sí autorizada por Random House Mondadori, ocupó una parte de la primera plana. En ella, los autores aluden y confirman el encuentro que el 6 de abril de 2004 sostuvieron Vicente Fox y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, durante el cual este último insistió en la necesidad de desaforar a Andrés Manuel López Obrador.



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El Club de Madrid acepta a Fox, pero lo critica

marco appel

Bruselas, 26 de noviembre (apro).- Luego de que el lunes pasado, el presidente del Club de Madrid, el exmandatario de Chile, Ricardo Lagos, dijo sentirse “orgulloso” de incorporar como miembros de ese organismo a Vicente Fox y a otros cinco “experimentados y altamente respetados” expresidentes, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), una “institución asociada” a ese club, puso en entredicho lo afirmado por Lagos, y consideró que el sexenio foxista fue un “total fracaso” en materia de política exterior.

Además, ante las declaraciones de Fox, en el sentido de que su ingreso al Club de Madrid le permitirá “tender puentes” con otros continentes, FRIDE subrayó que, durante la administración del expresidente México, ahondó su “alejamiento” con Latinoamérica, que incluyó el desinterés de su gobierno para “reactivar” el Grupo de Río, el principal mecanismo de consulta y diálogo político del continente.

La fundación fue creada en 1999. Junto con la Fundación Gorbachev organizó, del 19 al 27 de octubre de 2001, la Conferencia sobre Transición y Consolidación Democráticas, que dio origen al Club de Madrid.

FRIDE, que patrocina la edición española de la prestigiosa revista Foreign Policy, mantiene desde entonces una “asociación institucional” con el Club de Madrid.

“Hay un debate interno que plantea que México no es sólo Norteamérica. Pero en los años de Fox, el país se alejó mucho de Latinoamérica. Durante el foxismo se habló de un acercamiento de México al Mercosur, pero yo no veo nada nuevo”, afirmó Susanne Gratius, investigadora de FRIDE.

Gratius fue investigadora del desaparecido Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, y luego de reconocidos centros alemanes: el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo y el Instituto de Estudios Internacionales y de Seguridad, con sede en Berlín, donde fue la responsable del departamento para Latinoamérica.

La investigadora alemana declaró, en una entrevista telefónica con Apro, que la “elección geopolítica” que hizo México a favor de Estados Unidos al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Fox la reafirmó, haciendo más dependiente a México, cuyo comercio absorbe hoy más que nunca –alrededor de 90%-- su vecino del norte.

Por otro lado, explicó, los movimientos diplomáticos de Fox para asociarse al Mercosur resultaron inútiles porque este escenario choca con los intereses geopolíticos de Brasil, “dirigidos a desplegar una política exterior propia en la región”.

De hecho, la política exterior de Fox amplió los “recelos” brasileños respecto de México, constató Gratius en encuentros con funcionarios de Relaciones Exteriores de ese país sudamericano.

Gratius, quien también platicó con diplomáticos mexicanos de alto nivel en el marco de sus investigaciones académicas, reveló que las opiniones de sus fuentes contrastaban con la defensa que hizo Fox del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), patrocinado por Washington, durante la Cumbre de Mar de Plata, Argentina, el 4 y 5 de noviembre de 2005.

Esa posición de Fox causó enfrentamientos con los presidentes del país anfitrión, el argentino Néstor Kirchner, y de Venezuela, Hugo Chávez, entre otros.

La investigadora dijo que sus entrevistados reconocieron que “a México no le conviene para nada el ALCA porque se crean nuevos competidores. México tiene una relación privilegiada con Estados Unidos: ¿por qué la querrían perder? Además, Brasil es su competencia”.

--¿El sexenio foxista marcó entonces una de las peores etapas de la política exterior mexicana? --le cuestionó el corresponsal.

--¿Pero cuál política exterior? ¡(Con Fox) no hubo política exterior mexicana! La gran apuesta fue lograr con Estados Unidos un acuerdo más allá del libre comercio. Fue un fracaso total. No solamente fracasó el intento de obtener de Estados Unidos un acuerdo migratorio; tampoco obtuvo fondos de compensación en el marco del NAFTA, o que diera más fondos a México para que disminuyera la pobreza y la desigualdad. ¡Algo! ¡Pero no logró nada!

Calderón: más de lo mismo

Gratius también consideró que la política exterior del actual gobierno de Felipe Calderón “no ha mostrado cambios fundamentales” en relación a la de su predecesor Vicente Fox.

Ello, a pesar de la recomposición de las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba --dañadas especialmente durante la administración de Fox--, y de las visitas oficiales a México este año de los presidentes de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva; Chile, Michelle Bachelet, y Argentina, Néstor Kirchner.

“Hay mucha retórica (del gobierno mexicano) dirigida a la opinión pública interna, pero no hay pasos concretos (para promover la integración regional)”, dijo la experta.

Y es que, afirmó, la política exterior del gobierno de Calderón “no tiene aspiraciones de liderazgo regional” y su pretensión de insertar al país al proceso de integración de Latinoamérica es “positiva”, pero “carece de acciones concretas”.

Además, señaló, el ingreso de México al bloque comercial del Mercosur es un escenario “inviable”, debido a que choca con los intereses estratégicos de Brasil.

Además, Gratius dijo que Calderón no tiene interés para “reactivar” el Grupo de Río, el principal mecanismo de consulta y diálogo político de Latinoamérica, cuya cumbre anual de presidentes debió ser cancelada en 2005 por falta de asistencia.

El 3 de marzo pasado, en la última cumbre celebrada en Guyana, México obtuvo uno de los tres puestos de representación del Grupo de Río (la llamada Troika), y fue designado para ejercer la presidencia anual del organismo a partir de marzo de 2009.

El programa regional de trabajo que presentó Calderón en una conferencia de prensa ese mismo día, se centra en “combatir el rezago social y la pobreza” a través de “mejorar la educación y el bienestar (sic)”, y ampliar la duración de la presidencia a dos años.

Sin embargo, el resto de la agenda mexicana es de orden bilateral y acorde a sus propios intereses: “revitalizar” las relaciones con Argentina, Brasil y Chile; establecer proyectos de cooperación tecnológica entre Petróleos Mexicanos y Petrobras --la petrolera brasileña-- para la exploración de pozos en el Golfo de México, y recibir asistencia técnica del mismo país para la producción de biocombustibles.

En un documento de trabajo publicado por FRIDE en abril pasado, Gratius examinó lo que calificó como “el fin de la era mexicana”.

Expuso que, hasta los años 80, México fue el actor latinoamericano con mayor peso político regional e internacional. A partir de la década de los 90, Brasil asumió esa posición.

La “retirada” de México y la “entrada” de Brasil lo atribuyó al desarrollo de dos iniciativas: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

“Si la primera ‘norteamericanizó’ la política exterior mexicana --explicó la investigadora--, la segunda ‘sudamericanizó’ la agenda exterior de Brasil. En la medida en que avanza la separación geopolítica, existe un pacto no escrito de que Brasil es la potencia sudamericana y México una ‘sub’ potencia centroamericana”.

Por esa razón, prosiguió, “México es considerado un país birregional con una doble identidad, norte y latinoamericana, que ha dejado de aspirar a un liderazgo regional o global”.

El documento agregó que “la fuerte dependencia y alianza de México con Estados Unidos representa para el primero la principal limitación” para recuperar ese liderazgo, pero que no es el único factor. Existe además “la falta de voluntad política (del gobierno mexicano) para ejercer de potencia regional, un escaso protagonismo internacional y un entorno (en otras naciones) poco proclive a reconocer su liderazgo”.

--El 30 de julio pasado, Kirchner reiteró a Calderón que la invitación a ingresar al Mercosur estaba “abierta” y era “permanente” –se le comentó.

--Argentina ve con suspicacia el liderazgo de Brasil en la región. Quiere un contrapeso en el Mercosur: México o Venezuela. Sin embargo, es improbable que México se una al bloque. Su ampliación marcaría el fracaso del Mercosur. Primero debe profundizarse la integración entre los cuatro miembros originales. India o Sudáfrica tienen acuerdos con el Mercosur, y México puede concretar uno así. Pero un acercamiento más profundo no es posible porque Brasil no lo quiere.

--El pasado 6 de agosto en la Ciudad de México, Lula pidió “mirar más hacia el Mercosur” a Calderón, y éste le aseguró que “el corazón de México está en Latinoamérica”. ¿Qué hay detrás de esas palabras?

--Lo que hay son dos agendas diplomáticas muy distintas. México, que tiene relaciones muy difíciles con Venezuela, no tiene mucho interés geoestratégico en Sudamérica, ni comercial ni de otro tipo. Su visión regional se reduce a Centroamérica y el Caribe, donde no se involucra Brasil. Si participó en la fuerza de estabilización de Naciones Unidas en Haití fue porque busca un asiento permanente en el Consejo de Seguridad del organismo. México y Brasil conforman dos identidades (diplomáticas) diferentes.