Nuevas pifias de la SCJN para lavar su imagen

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

El periódico El Universal denunció en su columna política “Bajo Reserva”:

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacaron sus paraguas e impermeables. De qué tamaño observan la tormenta, que convocaron este viernes a una reunión con periodistas para argumentar que el Góber precioso no violó las garantías individuales de la escritora Lydia Cacho.

En sus alegatos, el ministro Juan Silva Meza nunca tuvo duda: Mario Marín y funcionarios de Quintana Roo participaron en “un concierto de autoridades” para violar los derechos humanos de doña Lydia, con motivo del proceso penal por difamación iniciado por el Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif.

En el diario La Jornada editorializaron sobre el tema de la siguiente manera:

La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.


De tal magnitud fue el agravio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tuvo que salir una mujer ministra –quien ayer votó a favor de exonerar al góber precioso Mario Marín- para decir que lo que se televisó y lo que dijeron seis de los diez magistrados que integran el máximo tribunal del país no fue así. Que todavía pueden las “autoridades” aplicar la justicia que ayer ellos mismos negaron.

Sí el mayor tribunal de la nación no lo hizo, es ingenuo suponer que los de abajo lo harán. Tan ese así que en dos años no lo han hecho. Es tal el descaro de Margarita Luna Ramos que dijo sentir “empatía” por el caso, pero que no hay más que hacer, pues en este caso como en los otros "hemos puesto lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país".

En defensa de ella y sus cinco acompañantes dijo que el caso no podía resolverse "basándose en pruebas ilegales", pues la premisa de la que parte la solicitud de investigación enviada por el Congreso de la Unión "fue una grabación obtenida en franca violación al Artículo 16 de la Constitución". Sin embargo tramposamente no señala que no es la única prueba en contra de la mafia encabezada por Marín, sino que hay un sinnúmero de evidencias que se desprenden de la investigación ordenada por la SCJN, que al final desechó el trabajo que encabezó uno de sus propios miembros de quien los seis hicieron mofa como si se tratara de un principiante en este tipo de casos, y no como es, de una persona que ha sido juzgador en varias instancias con una carrera que lo respalda.

Es por ello que resulta grave sobre manera que sus propios colegas y miembros de ese cuerpo colegiado hubieran tratado el dictamen como si lo hubiera elaborado un ignorante del derecho. Con el afán de librar de mayores problemas políticos, no sólo violentaron el Estado de derecho que están obligados por ley a defender, sino que enviaron la señal de impunidad para todos aquellos que detentan algún poder, legal o fáctico.

De esta manera es falso lo que afirmó la ministra:

“...no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad".

Planteó que el Derecho y su aplicación garantizan a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia, y que la libertad de jurisdicción "implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular".

Esos fueron los mismos argumentos –nada apegados a la legalidad, por cierto- que esgrimieron los jueces del Tribunal Federal Electoral, para validar el fraude electoral de 2006. No importa el cúmulo de evidencias, tenemos un argumento legaloide y pese a que se comprobó que se violaron las leyes en la materia, no podemos hacer nada.

Si su actuar fue impecable y apegado a derecho ¿para qué la conferencia de prensa? ¿Si actuaron de acuerdo a la ley y sus conciencias, por qué los seis tuvieron una conducta “evitativa” a la hora de votar? Las pruebas fueron suficientes, la evidencia demostró la culpabilidad de las autoridades con Mario Marín a la cabeza, seis ministros de la SCJN avalaron, convalidaron y ahora son también cómplices de la violación a las más elemental garantía de un ser humano el derecho a la justicia. La historia los condenará y esperamos que cuando se restablezca el Estado de derecho, sean juzgados conforme a la ley. Basta de impunidad y componendas de quienes han secuestrado al Estado mexicano.



El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



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¿Presidente del empleo?


carlos acosta córdova

México, D.F., 29 de noviembre (apro).- En la celebración oficial por el primer año de gobierno, este sábado 1° de diciembre, Felipe Calderón no podrá hacer alarde de haber cumplido con la promesa de campaña de ser el “presidente del empleo”. Ha estado lejos de serlo.

Eso sí, mes tras mes machaca con que se están creando miles y miles de nuevas plazas. Apenas el 16 de noviembre pasado, dijo que del 1 de enero al 15 de noviembre se habían creado 950,000 empleos formales, registrados en el IMSS, el cual ya contaba con 14 millones 719,494 trabajadores asegurados. Y eso que –se jactó-- los cálculos más optimistas, tanto del gobierno como de analistas privados, señalaban que en todo el año se crearían 600,000 nuevos empleos.

Pero resulta que el presidente sólo está tomando en cuenta a una tercera parte del universo laboral del país, pues la población ocupada total, al menos hasta el tercer trimestre del año, es decir, a septiembre, era de 42 millones 916,569 personas, según los datos del INEGI. Entonces, los trabajadores afiliados al IMSS son apenas el 34.3% de la población ocupada.

Y si comparamos el número total de personas con empleo al término de 2006 –42 millones 846,141-- con el registrado a septiembre, resulta que, en términos concretos, sólo hubo 70,428 empleos adicionales a los de diciembre pasado.

Y no es que sus colaboradores lo estén mal informando. Calderón tiene un buen manejo de los temas económicos. Lo demostró cuando fue diputado, al menos la primera vez, cuando se erigía en crítico severo de las políticas económicas del presidente Carlos Salinas, y en particular las relacionadas con el empleo y los salarios.

En una ocasión, en tribuna, cuando el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, hacía la glosa del tercer informe presidencial, el 6 de noviembre de 1991, el diputado Calderón dijo que las cifras que presentaba ese informe sobre empleo y desempleo eran “verdaderamente increíbles e inverosímiles”; que la tasa de desempleo que decía el informe, de 2.6% de la PEA, no las tenían “ni siquiera las economías más desarrolladas”

Y criticaba la forma gubernamental de llegar a esa cifra tan baja de desempleo. “La cifra, por ejemplo, considera a la población económicamente activa de 12 años de edad o más; probablemente se basa en la encuesta nacional de empleo urbano que es completamente inadecuada por varios conceptos. Primero, porque se limita a recoger muestras poco significativas, tan sólo en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, e ignora en consecuencia la dura realidad del empleo en otras ciudades de provincia y sobre todo desestima por completo la problemática del empleo en el área rural. Llega a considerar esta encuesta como ocupados, por ejemplo, a quien en la semana trabajó al menos una hora, a quien trabajó sin percibir remuneración y a quien espera obtener trabajo al menos en el próximo mes.

“No distingue tampoco –seguía Calderón en su crítica-- entre el trabajo de un empleado, de un empresario o de los miles de subempleados que crecen en el país. Es más, esta encuesta oficial ignora u omite dar cifras de la realidad del desempleo, que por otra parte se indica en el informe que ha aumentado sin precisar la magnitud de tal aumento”.

También: “Otros datos oficiales de mejor consideración, que no se incluyen en el informe, son los que da el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, que calcula un desempleo del 12% y un subempleo del 40%. Esto no se informa”.

Como se ve, Calderón tenía claro desde entonces el problema del desempleo. Interesado en la economía, estudió años después una maestría en Economía, ni más ni menos que en el ITAM. Algo debieron agregarle a suS conocimientos de los temas económicos las clases que allí tomó de Estadística, Econometría, Matemáticas, Microeconomía Intermedia y Macroeconomía Intermedia, que son los cursos de que consta la maestría en Economía en el alma mater de su secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

Hoy en día las encuestas sobre empleo del INEGI han cambiado radicalmente en los 16 años transcurridos desde que Calderón las criticaba; hoy esas encuestas se han depurado metodológicamente y gozan de la certificación tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero claramente el presidente no recurre a esas encuestas del INEGI porque sus datos son un rotundo mentís a su discurso de que, en materia de empleo, estamos mejor que nunca.

Lejos de eso. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo da cuenta fehaciente de cómo se pierden empleos en el país: casi medio millón en los primeros tres meses de la presidencia “del empleo”.

Un dato contundente es que la tasa de desempleo en lo que va del año es mayor a la que se registraron en cada uno de los años del gobierno de Fox –excepto 2004--, no se diga de los gobiernos anteriores. De hecho, con el panismo en el gobierno, la tasa de desempleo ha registrado las tasas más altas. En el caso de Calderón, la tasa promedio de desempleo entre enero y octubre fue de 3.77%, la más alta desde 2001, salvo, como se acotaba, la de 2004, que fue de 3.92%., pero, inclusive, hubo dos meses, febrero y marzo, del gobierno calderonista que la tasa desempleo se fue arriba del 4%.

Más allá de porcentajes, que luego dicen poco, resulta que en diciembre pasado había 1 millón 600,891 mexicanos en desempleo abierto, y para octubre, diez meses después, la cifra ya rondaba la cantidad de 1 millón 900 personas desocupadas. Otra vez: en la presidencia del empleo hay 200,000 desempleados más que en diciembre.

Basta una mirada a los “Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo” que publica el INEGI para darse cuenta de que en el gobierno de Felipe Calderón los empleos eventuales crecen a un ritmo mayor que el de los trabajos permanentes; que cada vez es mayor el número de empleos sin prestaciones; que los empleos sin contrato por escrito también aumentan más rápido y, lo peor, que los empleos siguen siendo muy mal pagados.

Cifras del INEGI: De las 42 millones 916 mil 569 personas ocupadas hasta el tercer trimestre del año, la mayoría –27 millones 142 mil 443-- percibe entre menos de uno y hasta tres salarios mínimos; es decir, de menos de 1,500 pesos mensuales hasta máximo 4,500 pesos al mes. Si el rango se amplía a cinco salarios mínimos como remuneración, hay 35 millones 201mil 618 personas que no ganan más de 7,500 pesos mensuales. Sólo 5 millones de trabajadores –de casi 43 millones-- perciben más de cinco mínimos.

Calderón, entonces, incurre en lo que criticaba. Manipula cifras para dar un panorama diferente al de la realidad. Lo cierto es que los empleos siguen siendo, y ahora más, pocos, precarios, inseguros y mal pagados.

cgacosta@proceso.com.mx