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martes, noviembre 27, 2007

Dilaciones legaloides para no culpar al góber precioso




Tomados de La Jornada, Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería darnos hoy la “prueba” por enésima ocasión para saber de qué está hecha, pero las divagaciones de varios de los ministros más conservadores hicieron que se pospusiera el resolutivo final. Pese a que se cuenta ya con dos investigaciones realizadas por el ministro Juan Silva Meza, mismas que han llegado a conclusiones iguales de que se orquestó desde el poder estatal la venganza del protector de pederastas Kamel Nacif, sobre la periodista Lydia Cacho, no se llegó a ninguna conclusión final.

Recordemos que se va a cumplir, el próximo mes de diciembre, dos años de los sucesos y año y medio de que se dieron a conocer las grabaciones que incriminan al góber precioso de Puebla, Mario Marín –quien por cierto obtuvo carro completo para el PRI en las elecciones de hace dos semanas- y a Nacif, burlándose de la forma en que fueron violentados los derechos humanos de la también escritora.

Es letra muerta pues el mandato constitucional de justicia expedita, ya que los mismos de siempre, Mariano Azuela –quien apoyó al ladrón Vicente Fox Quesada en el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador- y Sergio Salvador Aguirre, pretenden desechar las pruebas, porque éstas se tomaron sin consentimiento de los acusados o de un juez.

Va a resultar que la SCJN saldrá con el mismo cuento que el Tribunal Federal Electoral, sí son culpables de violentar las garantías individuales de Lydia Cacho, pero no se les puede castigar porque las pruebas son ilegales. Es decir de nueva cuenta el cinismo y los arreglos cupulares entre el PRIAN y las “instituciones” para que todo siga como es debido: robando a manos llenas en plena complicidad y al amparo de la impunidad que brindan las “sacrosantas instituciones”. ¿Cómo pretenden que la ciudadanía acepte mas agravios? ¿El descaro de los poderes legales y fácticos no tiene límite?


Los siguientes textos fueron tomados de la revista Proceso.








Marín es responsable en el caso Lydia Cacho: Silva Meza


jorge carrasco araizaga


* Góngora Pimentel apoya el dictamen contra el “gober precioso”



México, D.F., 26 de noviembre (apro).- El ministro Juan Silva Meza propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar al gobernador de Puebla, Mario Marín, junto con otros 29 funcionarios, responsable de haber cometido graves violaciones a las garantías de la escritora Lydia Cacho.

Ante el pleno de la Corte, Silva Meza pidió también al máximo tribunal establecer que el Congreso de la Unión es el responsable de tomar medidas sobre esa actuación del llamado gober precioso, quien este mismo lunes, paradójicamente, hizo un llamado a los presidentes municipales del PRI electos, para “cuidar su imagen”.

Las propuestas del ministro están contenidas en un extenso informe que se discutirá en la sesión del pleno de este martes, aunque el ministro Genaro Góngora Pimentel adelantó su posición de responsabilizar a Marín.

Silva Meza tomó casi una hora de la sesión para dar a conocer su propuesta de dictamen, que no fue novedoso y sí, en cambio, estuvo atenuado respecto de las eventuales acciones contra el gobernador.

En su primer informe de investigación sobre el caso, presentado el 26 de junio pasado, no sólo estableció la responsabilidad de Marín, sino que pidió el juicio político para el gobernador.

El pleno de la Corte evitó entonces tomar una posición sobre el informe, pero anticipó que no le correspondía establecer si procedía o no el juicio político, por ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Con el argumento de que se debía dar garantía de audiencia a los involucrados y que el informe tenía que ajustarse a las reglas que estableciera la Corte para las investigaciones de violaciones a las garantías individuales, Silva Meza tuvo que integrar a su indagatoria las declaraciones de Marín ante los hechos que se le imputan.

En su nuevo informe, el ministro reiteró que por solicitud del empresario Kamel Nacif, Marín encabezó una conspiración para actuar penalmente en contra de Lydia Cacho en represalia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que el textilero de origen libanés es involucrado en una red de pederastia internacional.

Pero en esta ocasión, el ministro evitó pedir directamente el juicio político, pues el pleno ha establecido que la Corte no está facultada para hacer recomendaciones a otros Poderes del estado.

En cambio, aseguró que “la vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios”.

Directo, añadió: “Hubo concierto de autoridades, con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en la que tuvo injerencia el gobernador de Puebla”. Hubo un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, agregó.

Los otros funcionarios que responsabiliza son los procuradores de Puebla y Quintana Roo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y a la juez que dio la orden para aprehender a Cacho, acusada de “difamación”.

Entre los responsables por parte del gobierno de Puebla, señaló, además de Marín, al secretario de Gobierno estatal, Javier López Zavala, la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda; y el subprocurador de Averiguaciones Previas, Igor Archundia Sierra, entre otros funcionarios ministeriales, incluido el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

De las autoridades de Quintana Roo identificó al procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez: al subprocurador de la zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento, y al exdirector de asuntos jurídicos de esa adscripción, Javier Brito.

Involucró también al Tribunal Superior de Justicia de Puebla y a las autoridades encargadas de la defensa de los menores, entre ellas la Procuraduría General de la República.

En el caso de los funcionarios de Puebla y Quintana Roo, el ministro Silva Meza dijo que las legislaturas estatales y otras autoridades locales serían las responsables de proceder.

El primer ministro que se sumó a Silva Meza fue Góngora Pimentel, quien, incluso, consideró que se debe dar validez probatoria a las grabaciones filtradas a la prensa en las que Nacif le agradeció haber gestionado la detención de la escritora.

Incluso, leyó el contenido de la grabación, con todo y los improperios de ambos contra Cacho, quien como resultado de la orden girada en Puebla fue detenida a mediados de diciembre de 2005 en su lugar de residencia, en Cancún, Quintana Roo, donde, según la escritora, opera una red pederasta protegida por funcionarios federales.

Las condiciones en que Lydia Cacho Ribeiro fue detenida y trasladada a Puebla estuvieron dirigidas a generarle un estado de angustia por su integridad física, aseguró Silva Meza.

Añadió que su investigación encontró una “sistemática y reiterada” violación en perjuicio de menores de edad mediante actos “deleznables y repudiables”.



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Fox y Calderón: Autócratas vergonzantes

alvaro delgado

México, D.F., 26 de noviembre (apro).- En muy poco tiempo, apenas un año después de entregar el cargo que ostentó durante un sexenio, un perlario de las más prominentes mentiras de Vicente Fox, que ya eran bien conocidas por quienes jamás sucumbieron a su verborrea, son exhibidas monumentalmente por dos de sus portavoces.

Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, prototipos del foxiato panista, no revelan en el libro La diferencia nada que no sea conocido, sobre todo en dos episodios clave del primer gobierno de la derecha: la integración del gabinete y cómo se tramó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

La novedad no es que se detalle lo ya sabido, por ejemplo la negociación de puestos en el gabinete con los poderes fácticos del país --que en buena medida explica por qué nada cambió para bien con la alternancia--, sino que sean justamente dos de los personajes que con más ahínco defendieron esa tomadura de pelo a los mexicanos que fue el foxiato.

El ejemplo más nítido de Fox como un impostor fue, y es --porque las consecuencias son vigentes--, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, un plan tramado por quienes controlaban y controlan ni más ni menos que los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Lo aceptan y se regodean de ello Castañeda y Aguilar, justamente dos de los más tenaces promotores de ese embate en contra no de López Obrador en sí mismo, sino de la legalidad y la democracia, conceptos de los que tanto les gusta hablar y que no practican.

¿No convocó Castañeda, cuando se amamantaba de recursos de oscuro origen para buscar ser candidato presidencial, a detener a López Obrador “por las buenas, por las malos o como sea”, y alegaba que era un asunto de legalidad, porque había cometido un delito y debía ser castigado?

¿No era Aguilar, quien jamás se atrevió a ser guerrillero en su patria, el corrector de los gazapos de Fox y encendido defensor de las instituciones y leyes que desafiaba “el señor López”, estribillo que tomó de los jilgueros de Carlos Salinas?

Cualquier interesado en evocar las proclamas justicieras de este par

--como los activistas de la derecha, esos que envían virus y basura a quienes identifican como enemigos-- puede acudir a las hemerotecas y cotejar si se corresponden al libro que han puesto en circulación, aun con autocensura de último momento, como haber cercenado la respuesta que dio Fox a la negativa de López Obrador de negociar el desafuero: “¡Lástima, se pierde una muy buena oportunidad!”.

Si hacía falta una versión foxiana del montaje del desafuero ya está en papel, pero hay que recordar que quien primero reconoció que el objetivo de quitar de en medio a López Obrador fue Manuel Espino, presidente del PAN, quien le pidió rectificar porque estaba afectando electoralmente a ese partido.

El asunto era y es clarísimo: Fox se amafió con Mariano Azuela, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proceder al juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, controlada por Manlio Fabio Beltrones.

La maniobra era quitar de en medio a un contendiente por la presidencia de la República, cosa que lograron, porque López Obrador fue despojado del fuero constitucional con la votación de priistas y panistas, entre ellos Juan de Dios Castro Lozano, quien sólo para ese fin dejó el cargo de consejero jurídico de Fox para encabezar la ofensiva leguleyo como diputado federal.

Hoy, para quienes no lo tienen en cuenta, Castro es subprocurador de la PGR y es padre de uno de los dos diputados que integran la comisión especial que investiga el enriquecimiento de Fox, obviamente para encubrirlo con acuerdo de Felipe Calderón y Germán Martínez, el gerente del PAN.

En el libro de Castañeda y Aguilar hay, también, omisiones y encubrimientos hilados al desafuero y que conducen a la fraudulenta elección presidencial de 2006, como la abierta e ilegal intervención de Fox en el proceso electoral.

“El hecho de que Fox no haya transferido recursos del gobierno a Calderón, no significa que no lo haya ayudado más que con discursos y apariciones públicas”, escribe el par de aventureros, tratando de encubrir lo que fue obvio, quizá porque buscan una chamba en la alta burocracia federal.

Pero lo que sugieren tiene dirección: Fox no le dio a Calderón recursos públicos, pero lo conectó con quienes sí se los dieron en abundancia: los mismos que financiaron la campaña de 2000 y cuyos intereses prevalecieron durante el sexenio y, una vez consumada su inversión seis años después, siguen haciendo lo que les viene en gana.

Son los mismos que dieron su parecer para integrar el gabinete de Fox, como Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda, y los que impusieron el actual de Calderón, con Carstens en la misma cartera.

La mafia, pues, de la que Calderón es un subordinado.

Una vez que Castañeda y Aguilar han exhibido por sí mismos lo que era ya sabido por millones de mexicanos, ¿qué dirán los apóstoles del Estado de derecho sobre la actuación de Fox?

Conviene citar a Rafael Preciado Hernández, un prominente abogado panista ya olvidado en su partido:

“Los peores enemigos de la democracia no son los autócratas sinceros, sino quienes simulan ser demócratas y en realidad son autócratas vergonzantes, pues aquéllos la atacan desde fuera, mientras que éstos últimos lo hacen desde dentro, a mansalva, a traición; la desprestigian, la minan en sus cimientos y pueden llegar a destruirla.”



Apuntes

La Iglesia católica tardó 500 años en pedir perdón por las atrocidades cometidas contra los indios y los crímenes de la Santa Inquisición, tardó décadas en reconocer su silencio ante el Holocausto y muchos años en avergonzarse de su apoyo a las sangrientas dictaduras militares en América Latina, en las que los capellanes castrenses perdonaban a los asesinos y mandaban al infierno a los “comunistas”… Quizá haya que ir armándose de paciencia para que, si acaso, dentro de 100 años la Iglesia pida perdón por los abusos sexuales de niños en México y los crímenes que ha cometido contra la democracia…

delgadop@proceso.com.mx

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