Calderón, el represor*

Tomados de La Jornada, El Fisgón. Hernández, Helguera Y rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Cuidado: En la represión verbal de Felipe Calderón contra ciudadanos que tilda de “calumniadores” anida el manotazo para aniquilar a quienes, conforme a esa lógica, son apátridas.

Cuando, mediante el comunicado de la Presidencia de la República, Calderón expresa que se “exploran todas las alternativas para proceder legalmente” contra los 23 mil ciudadanos que recurrieron a la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el sexenio, se materializan represalias, pero también se neutraliza cualquier acción posterior, en este o en otro caso, aun de adhesión plena o de solidaridad.

Esa ya es represión: El acto, generalmente del poder, para contener, detener o castigar con violencia acciones políticas actuaciones políticas y sociales.

El tono inquisitorial del comunicado, que criminaliza una acción ciudadana pacífica y legal, es inequívoco: Define a las imputaciones que se le hacen a Calderón y a su gobierno –pero también a grupos criminales– como “verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.

Ese lenguaje no había sido usado, por la Presidencia de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, los perpetradores del asesinato, desaparición y tortura de centenares de mexicanos, emblemas de la represión contra la que el Partido Acción Nacional (PAN) –en el que milita Calderón– se definió radicalmente en su momento.

Y es que algo pasó con Calderón del viernes 25, cuando el abogado Netzaí Sandoval presentó, en La Haya, Países Bajos, la demanda firmada por 23 mil mexicanos, a la tarde del domingo 27, cuando la Presidencia de la República emitió su violento comunicado.

El mismo viernes, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, había dado sus razones por las que no prosperaría la acusación, y otro fue el tono:

“Para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país. Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido.”

Parecería entonces que el gobierno de Calderón usaría todos los recursos económicos, jurídicos y políticos de que dispone contra la acusación, como lo hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el derecho de los mexicanos para tener acceso a las boletas de la elección de 2006.

Y en el último de los casos no pasaría de ser una muestra de la “vibrante” democracia y de la libertad de expresión. ¿No de eso se trata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio a favor de la revista Letras Libres en la demanda del diario La Jornada?

Pero no: En vísperas de iniciar el último año de su estéril gestión, Calderón ha optado por la represalia que, si no vuelve a la cordura, puede tornarse sangrienta, porque el mensaje es darle un escarmiento a calumniadores que merecen por su osadía. Y ya se sabe: Formalmente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Hay un dato que es preciso resaltar: El cambio de discurso oficial coincide con la dura crítica que le hizo el escritor mexicano de origen colombiano Fernando Vallejo a Calderón, el sábado 26, en el inicio de la Feria Internacional de Guadalajara (FIL).

Acometió: “Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa, él no puede presidir el destino de 110 millones de personas, porque no es nadie ni ha hecho nada por México, sino es un vivo de la política. Él como su antecesor (Vicente Fox) se apoderaron de un partido limpio, como era el PAN, de sus posibilidades electorales y dejaron impunes todos los delitos, todo el saqueo, todo el envilecimiento que el PRI provocó a México en 70 años.”

Este lunes, en su primera aparición tras su comunicado y cuando los firmantes de la demanda ante la CPI se presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) el martes, a las 16 horas, para que se les procese por “calumniadores”, Calderón dijo una frase que le viene a la medida: “Si alguien amenaza la libertad de una persona es un criminal que pretende extorsionarla o abusar de ella”.

Apuntes

Enrique Peña Nieto es, desde ayer domingo 27, precandidato presidencial único del PRI y, a partir del 17 de diciembre, será candidato. Pero, además de mostrar el boato del primitivismo priista que jamás se han ido –y que practican también el PAN y el PRD–, el exgobernador del Estado de México va consolidando su perfil de candidato de la corrupción. En ninguna de las 547 palabras de su discurso de 16 párrafos aparece la palabra corrupción y su combate, por lo menos como retórica. Y, por si alguien duda de que los priistas ven a México como botín, junto a él se pavoneaba el emblema de la deshonestidad: su tío y antecesor Arturo Montiel. Y una perla de Peña Nieto: “Con la condena que se hace al PRI sólo se está atentando contra la democracia, porque cuando se busca que haya un sólo partido, pues eso ya no es democracia (¿?)”.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado.

*Tomado de la revista Proceso.

Y el paraíso tapatío se derrumbó*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Alberto Osorio M. y Felipe Cobián R.

El paraíso jalisciense que el gobernador Emilio González Márquez no se ha cansado de pregonar se le convirtió en infierno el jueves 24 con el hallazgo de 26 ejecutados en plena zona metropolitana de Guadalajara. Su estado a prueba de narcos se desmoronó cuando el mandatario aún se sentía envalentonado por la presencia de miles de efectivos federales que “blindaron” los pasados XVI Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos.

GUADALAJARA, JAL.- En menos de 72 horas, y cuando la Policía Federal se retiraba, se acabó el “blindaje” en esta capital luego de que, entre el lunes 21 y el miércoles 23, comandos del cártel Zeta-Milenio hicieron varios levantones. El desenlace se conoció el jueves 24 al amanecer: 26 cadáveres aparecieron en tres camionetas abandonadas en la zona de los Arcos del Milenio.

Más grande fue la indignación de los tapatíos cuando se enteraron de que los responsables de la multiejecución obraron sin contratiempo alguno; más aún porque la acción ocurrió en las confluencias más saturadas y vigiladas de la zona metropolitana, a unos 400 metros de Expo Guadalajara, donde dos días después se inauguró la 25 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL).

La aparición de los cuerpos puso al desnudo la vulnerabilidad de la metrópoli, aun cuando las autoridades pregonaban que el entorno estaba bien protegido contra ataques de la delincuencia organizada desde mucho antes de la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Peor: ni siquiera la decena de denuncias presentadas entre el lunes 21 y el miércoles 23 por la desaparición forzada de un importante número de jóvenes de distintas colonias de la zona metropolitana motivó a las autoridades para desplegar a los uniformados y diseñar una estrategia que protegiera a los habitantes; tampoco el atentado del viernes 18 contra el director operativo de la Policía Municipal tapatía, Marco Antonio Castañeda, en el que falleció un sicario.

Las numerosas ejecuciones previas en Sinaloa y los 26 cuerpos encontrados en esta ciudad parecen estar relacionadas con la guerra entre los sicarios del cártel Zetas-Milenio y los del cártel del Pacífico, según se desprende de los mensajes colocados junto a los cadáveres que aparecieron a un costado de los Arcos del Milenio, obra monumental inconclusa de Sebastián.

Las autoridades federales, estatales y municipales reaccionaron con retraso. Diez horas después del hallazgo de los 26 cuerpos, la Procuraduría de Justicia de Jalisco ofreció la versión oficial en torno el multiasesinato que no tiene precedentes en la historia de Jalisco. Sólo entonces la dependencia tuvo señales claras e inequívocas de que algo muy grave sucedía en la ciudad tras los levantones del lunes 21 y del miércoles 23.

Los gatilleros tuvieron 45 segundos para “sembrar” los tres vehículos con los 26 cadáveres justo cuando miles de personas atiborran el Mercado de Abastos, situado a dos cuadras del lugar. La operación, perfectamente planificada y sincronizada, se realizó a partir de las 6:11 horas, de acuerdo con el video de una cámara de vigilancia, según informó el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

A las 16:00 horas del viernes 25, el procurador Tomás Coronado Olmos admitió ante los medios locales que entre el lunes 21 y el miércoles 23 la dependencia recibió 10 denuncias sobre personas desaparecidas en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara. Después se supo que varios de los plagiados estaban entre los ejecutados.

Coronado comentó que entre los fallecidos había un panadero, un conductor de transporte de carga, un repartidor de una empresa de agua purificada, un repartidor de pizzas, un pintor, un mecánico, un electricista, dos empleados de comercios, un vendedor de autos y otro de chatarra, este último originario de San Francisco de Ramos, Aguascalientes.

También expuso que algunos quizá no tenían nada que ver con el crimen organizado, aunque identificó a seis que sí tenían antecedentes penales por robo de autos e incluso delitos contra la salud.



La identificación de los cuerpos



De acuerdo con la procuraduría, en una de las camionetas –una Dodge Caravan azul con número de placa JJC 44427 del estado de Jalisco que había sido reportada como robada–, se recuperaron los cadáveres de Saúl Mendoza Jaso, de 21 años, quien vivía en la colonia El Sáuz y trabajaba como vendedor en una tienda departamental, y Ramón Mora Alonso, quien contaba con orden de aprehensión por robo de vehículos.

A la lista se sumaron los hermanos Juan Pablo y Ramón Celis Velasco, residentes de la colonia Miravalle; el primero era chofer. También fue identificado Andrés Jaime Rivera, quien vivía en la colonia Ayuntamiento y se dedicaba a la venta de videojuegos en la colonia Constitución, así como José Martínez Guzmán, de 23 años y de oficio electricista.

En la lista se hallan asimismo Luis Sánchez Quesada, a quien los peritos identificaron por sus huellas dactilares; José Guadalupe Amatón Ávila, de 23 años, habitante de la colonia Constitución y pintor de casas, levantado el miércoles 23; José Guadalupe Buenrostro Calzada, de 29 años, trabajador de una tienda de autoservicio y vecino de Tlaquepaque; Juan Carlos Andrade Esquivel, de 40 años, vendedor de hamburguesas y residente de Jardines del Valle, en Zapopan.

En otra camioneta –una Dodge Van blanca, con placas MFK 1496 del Estado de México– las autoridades reconocieron a Alejandro Robles Vidal, de 22 años, y a Édgar Ramón Chávez Martínez, ambos residentes de San Juan de Ocotán. También estaba el cuerpo de José Antonio Parga Guareño, de 23 años, de la colonia López Portillo y chofer de camión de carga, quien desapreció el martes 22.

La lista sigue: Óscar Octavio Gutiérrez Rodríguez, un panadero de 36 años que había desaparecido el lunes 21; Horacio Oceguera López, de 31 años, se dedicaba a la venta de autos usados y tenía antecedentes penales por delitos contra la salud. Los dos últimos vivían en Santa Margarita, en Zapopan; Salvador Zuno, acusado de robo calificado, según la ficha de la procuraduría.

En el tercer vehículo –una Nissan de caja seca con placas KX 976 777– se localizaron nueve cuerpos. Entre ellos el de Carlos Celis Coronado, de 34 años, plagiado el lunes 21 cuando circulaba en la camioneta en la cual fue abandonado. En el momento del levantón iba con un amigo a vender chatarra.

Hasta el cierre de edición aún no habían sido identificados los otros ocho cuerpos. Sólo se sabe que uno de ellos era el del aguascalentense Juan Cázares Guzmán, quien estuvo preso por fraude.

El procurador Cornado Olmos declaró el viernes 25 que nueve de las 26 víctimas murieron por contusión de cráneo, 17 por asfixia derivada de una estrangulación indirecta. E insistió en que se investiga la posible conexión de los hechos registrados en Guadalajara con los 25 cuerpos encontrados en Sinaloa (16 de ellos calcinados) el miércoles 23 y con los 35 abandonados el Boca del Río, Veracruz, el 20 septiembre.

Según el funcionario, en los videos que analiza la procuraduría se observa cuando menos a tres individuos en el momento en que abandonan las camionetas con los cuerpos.

Los medios locales informaron que entre los ejecutados se encontraban tres jóvenes que habían desaparecido de Lomas del Colli, Zapopan, luego de una fiesta particular en el extremo surponiente del municipio.



Los reportes



En el primer reporte del jueves 24, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que se investigaba la relación del levantamiento de siete personas ocurrido los días previos en la zona metropolitana con los hombres encontrados en Los Arcos del Milenio. En realidad fueron 10 los plagiados.

Apenas descubiertos los 26 ejecutados, la noticia dio la vuelta al mundo. La masacre, decían los mensajes de las redes sociales, ocurrió una semana después de la clausura de la IV edición de los Juegos Parapanamericanos, a menos de un mes del término de los controvertidos XVI Juegos Panamericanos y unos días antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro 2011, uno de los magnos eventos al que asisten cientos de extranjeros y este año tiene como invitado de honor a Alemania

Al día siguiente, el viernes 25, el procurador Coronado Olmos informó que de 19 de los 26 cuerpos habían sido identificados; también expuso que los familiares de 15 de ellos ya los habían reclamado.

Miguel Muñoz, coordinador de eventos especiales de la estación de radio W Guadalajara, comenta a Proceso que fue uno de los primeros que llegaron a la zona donde los sicarios abandonaron las tres camionetas.

Dice que tenían las puertas abiertas y las luces encendidas, lo que le permitió observar los cadáveres apilados: “Algunos de los muertitos estaban enterregados y semidesnudos, en trusa o short; otros tenían el torso desnudo, casi ninguno traía zapatos”.

Muñoz relata que junto a la Nissan, sobre la banqueta había una narcomanta con un mensaje “al parecer dirigido a las autoridades”. Estaba en una lona cuadrada, “pero los policías de Guadalajara la quitaron cuando se dieron cuenta que trabajaba en un medio de comunicación”, dice.

Otras personas consultadas por los reporteros aseguran haber visto cosas raras en el lugar, entre ellas “un narcomensaje que estaba a punto de caerse de una de las camionetas”.

“No alcancé a leer todo lo que decía, pero al parecer advertía algo así como ‘y lo que viene’. En la primera parte mencionaba al gobernador (Emilio González Márquez) o al gobierno de Jalisco; no lo pude leer todo porque estaba un poco doblada”, afirma uno de los testigos.

Y aunque Guzmán Pérez Peláez habló del narcomensaje, omitió hablar sobre su contenido. En la conferencia de prensa que ofreció el jueves 24 por la tarde en el salón principal de Casa Jalisco, se limitó a declarar: “No somos difusores de estos mensajes (pero) están a su disposición para que puedan ver literalmente lo que contenía”.

El mensaje estaba escrito en una hoja tamaño carta y fue colocado de manera discreta en algunas mesas del lugar en la cual las autoridades estatales se pronunciaron sobre esa masacre. Al día siguiente, algunos medios locales lograron obtener una imagen completa de la narcomanta y difundieron su contenido.

El mismo viernes 25, el sector industrial y los alcaldes de la zona metropolitana demandaron la intervención directa de las fuerzas federales y pidieron que el Ejército colocara retenes. El procurador Coronado Olmos llamó a la población a “autoprotegerse” ante posibles “condiciones de riesgo”.

Dante Haro, investigador de la Universidad de Guadalajara, asegura que el abandono de 26 cadáveres en plena zona metropolitana es una muestra del recrudecimiento de la guerra entre el grupo que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán y Los Zetas y el cártel del Milenio. Asegura también que las masacres de Sinaloa y Veracruz tienen conexión directa con la de Guadalajara.
*Tomado de la revista Proceso.

El “buen engaño”*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Heliofloes y Naranjo.


John M. Ackerman

La semana pasada Felipe Calderón convirtió la fiesta cívica de reconocimiento a la gran valentía del pueblo mexicano de 1910 en otro pretexto para enaltecer el militarismo y el consumismo. El 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue marcado por un ostentoso desfile militar y opacado por el abusivo despliegue mediático del llamado buen fin. Una vez más, los ciudadanos y el interés público fueron relegados a segundo plano.

El buen fin no fue diseñado para “mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas”, como señaló de manera engañosa la propaganda, sino para ayudar a los grandes empresarios a deshacerse de sus inventarios y apoyar políticamente a Calderón. Los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (http://bit.ly/sBOkVB) son elocuentes: solamente 60 por ciento de los que acudieron a tiendas en el Distrito Federal se beneficiaron de alguna oferta o promoción y, entre ellos, 30 por ciento manifestó que el buen fin “no cumplió con sus expectativas”. Es decir, únicamente 40 por ciento de los consumidores estuvieron satisfechos, y la insatisfacción seguramente fue mayor en otras zonas donde el poder de compra es menor que en la capital.

Esta desilusión surge de que gran parte de las “promociones” no incluyó reducción alguna de precios, sino solamente facilidades de pago hasta de 48 meses, muchas veces con elevadas tasas de interés. Los que realmente se aprovecharon del buen fin fueron los bancos, las instituciones de crédito y las grandes tiendas que ahora tendrán un flujo constante de pagos mensuales y podrán cobrar de manera despiadada comisiones y sanciones a sus nuevos clientes cada vez que se les dificulte la entrega de sus cuotas.

La organización El Poder del Consumidor ha puesto el dedo en la llaga al comentar que “el objetivo central [del buen fin] es aumentar las ventas y reducir los inventarios de las empresas, más que beneficiar a los consumidores”, ya que “contribuye a poner en riesgo [su] situación financiera”. Una investigación de campo conducida por CNNExpansión también concluyó que “los consumidores consideran que las verdaderas ganadoras [del buen fin] son las tarjetas de crédito y los bancos”.

Se da, entonces, nueva significación al propósito de la Iniciativa México, convocante destacado del fin de semana de compras, de “pasar del México del no se puede al México del sí se pudo”. Este salto aparentemente se cumplirá con el endeudamiento generalizado de la población. Con estos apoyos, las familias mexicanas finalmente “pudieron” adquirir nuevos televisores y sentirse más “clasemedieros” que nunca. Pero en realidad se esclavizan aún más a los poderes oligopólicos que controlan la economía y la política nacional, ya que tendrán que trabajar horas extras en ínfimas condiciones para saldar sus deudas.


El buen fin también tiene una clara intencionalidad política. Un aumento artificial de compras en 2011 generará una burbuja financiera que permita a Calderón anunciar nuevos números de supuesto “crecimiento” económico a principios de 2012 en plena campaña presidencial. Asimismo, una población endeudada y acosada por los bancos es más tímida y menos dispuesta a apoyar cambios políticos radicales. Esto beneficiará al proyecto político del PAN, que en 2012 hará todo lo posible por asustar a la población con una política de miedo: “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”, será su verdadero lema de campaña.

El 20 de noviembre de 1999 Vicente Fox anunció su propósito de remplazar la celebración del Día de la Revolución por el “día del Plan Puebla-Panamá” como símbolo de la supuesta “modernización” del país. Hoy, Calderón va más allá y ni siquiera plantea un nuevo proyecto de supuesto desarrollo económico, que Fox siempre enfocaba desde una lógica depredadora y colonial, sino recurre al puro consumismo y al endeudamiento social como motores de la economía nacional.

Lo que los ciudadanos mexicanos realmente necesitamos no son más “ofertas” engañosas, sino una verdadera reducción de los precios de los bienes de consumo a partir de una desarticulación del oligopolio empresarial que controla el país. Nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de siete puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial. Esta concentración económica es la causa de que hoy en México pagamos 200 por ciento más que en Estados Unidos por cemento y telefonía fija y 150 por ciento más en tarjetas de crédito, créditos bancarios, teléfono celular y otros productos. También existen serios problemas de competencia y de precios elevados para los productos más básicos, como leche, huevo, tortilla y pan.

Por fortuna, la conciencia crítica perdura a pesar de los múltiples embates desde el poder que quisieran desaparecer el espíritu revolucionario del pueblo Mexicano. En lugar de planear el siguiente buen fin, mejor habría que dirigir la mirada hacia propuestas mucho más efectivas que reducirían directamente los precios y aumentarían los ingresos de la población.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

*Tomado de La Jornada.

Sacuden la fortaleza de “El Chapo”*

Tomado de La Jornada, Hernández.


Alejandro Sicairos / Ríodoce

El gobernador Mario López Valdez decía que en materia de seguridad él podía solo… El hallazgo de 16 cuerpos calcinados el miércoles 23 en Sinaloa lo obligó a retractarse: tuvo que enviar al grupo estatal de élite adonde no quería, Culiacán, y dejar que las fuerzas federales le invadieran el territorio, pues hay indicios de que la masacre sólo es el principio de una batalla mayor. La información acerca del “calentamiento” de esa entidad a raíz de la presunta incursión de grupos de zetas es publicada en la edición de este domingo 27 de Ríodoce. Proceso la reproduce con autorización del semanario sinaloense.



CULIACÁN, Sin.- Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23, y hubo de llegarle información al gobierno de Sinaloa de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado –antes fortaleza del cártel de Sinaloa–, para que el gobernador, Mario López Valdez, decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite.

Este municipio, gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la policía estatal especial creada para combatir al crimen organizado.

Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información que tiene el gobierno estatal, se trata del grupo Los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operaran parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.

Algunas células de Los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de palacio de gobierno.

La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex.

Aunque no especifica cuántos son ni en qué zonas de Culiacán operan, la Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, el casco urbano de la capital no fue cubierto.

El jueves 24, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre éstos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa… Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.



Sinaloa en alerta



Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres –12 en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos– para que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán.

En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.

El gabinete de seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos.

En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles 23 patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares estratégicos.

En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche.

Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas.

La sacudida violenta de ese día puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al gobierno porque el martes 22, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.

Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.

Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra: “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”.

En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror.

En el mismo ambiente de miedo, el jueves 24 se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.



Capital vulnerada



Pese a ser la ciudad que tiene mayor índice delictivo en Sinaloa –aquí se ha cometido 40% de los mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del 1 de enero al 24 de noviembre de 2011–, la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, la Policía Federal y el Ejército.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacado desde su creación, el robo de vehículo bajó 40% de 2010 a 2011, el homicidio doloso se abatió 21%, el robo a casa habitación se redujo 31% y el robo bancario descendió 83%.

En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP resalta que el índice delictivo ha bajado 26%.

En cambio en Culiacán, adonde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado 44%, el robo en comercios creció 138% y el robo de vehículos subió 38%.

Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.

–Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? –se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce).

–Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado, y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos rebasados por la delincuencia –respondió.

En el seno de la LX Legislatura local también el gobierno del estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos? ¿En realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”.

Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la federación actúe… en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo de decir, sabes qué, vamos esperando a que llegue la federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea, la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos, yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y gobierno.

“Aquí hay de dos sopas: seguir lamentándonos, diciendo estamos superados y es problema de la federación, o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la federación no lo va hacer, la federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran muertos acá, se arrancan para allá…”, remató Córdova.

Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante 10 meses no ameritó la atención del gobierno.

El gobierno de Mario López Valdez ya no pudo solo.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.


∙ Beltrones: el precio de la unidad

Jaime Avilés

Una fuente de reputación intachable, que tuvo acceso a información privilegiada, reveló a Desfiladero que el actual senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, será el nuevo líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, a partir del próximo primero de septiembre.

Además, para garantizar su control personalísimo sobre esa bancada, designará a los candidatos que encabezarán las listas de aspirantes a las curules de representación proporcional (o plurinominales), en las que se sentarán, para levantar el dedo en favor o en contra de lo que él diga, hombres y mujeres de su mayor confianza, a quienes se sumarán aquellas y aquellos priístas que se ganen su pase al Palacio Legislativo de San Lázaro por mayoría simple.

Pero eso no es todo. Durante las amables negociaciones que sostuvo con Enrique Peña Nieto, antes de dejarle el paso libre hacia la carrera por la Presidencia de la República, Beltrones logró, de pilón, el derecho de nombrar a los candidatos de la alianza PRI-Verde Ecologista a las gubernaturas de Chiapas y Baja California.

De acuerdo con la fuente, para la elección de gobernador de Chiapas, que se llevará a cabo también en 2012, impondrá a su compañero de banca en el Senado, el joven Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello, quien a la usanza de Peña Nieto, según las revistas de la cola del súper, quiere casarse con Anahí, la rubia de ojos transparentes que contrastaba con la pelirroja Dulce María en la telenovela RBD.

El capítulo más conflictivo, no de esa telenovela sino de la negociación en la cúpula del PRI, giró en torno a la gubernatura de Baja California, que será disputada en 2013, y para la cual Beltrones pidió, y Peña Nieto se comprometió a darle, la candidatura al no menos Verde y joven Pablo Escudero Morales, esposo de Sylvana Beltrones, la única hija de Manlio Fabio.

Sin embargo, hace apenas dos días, y en prueba tácita de que el pacto Beltrones-Peña Nieto existe, los priístas de Baja California, que expresan los intereses y las ambiciones de Jorge Hank Rhon para 2013, desenfundaron las dagas.

El dirigente estatal del PRI, René Mendívil Acosta, “aclaró”, en el marco de una reunión de la Asociación de Periodistas de Tijuana, “que en Baja California no habrá alianza con el Verde Ecologista ni con Nueva Alianza, porque así se decidió en el Comité Ejecutivo Nacional”. No obstante, añadió, “sí habrá unidad para impulsar al candidato presidencial” (El Sol de Tijuana, 24 de noviembre de 2011).

No existe ninguna certeza de que el dueño del copete más famoso del rumbo será titular del Poder Ejecutivo: ya llegó a la cima de las encuestas de popularidad y por lo tanto no puede subir más, pero sí empezar el descenso, mientras Josefina Vázquez Mota aún corre por la pista, tratando infructuosamente de despegar, no para alcanzar al mexiquense, sino a Andrés Manuel López Obrador, que ya la dejó atrás y vuela muy por encima de ella a velocidad de crucero, a sólo 17 puntos del copetón.

En cambio, nadie se atreverá a dudar de que, en el peor de los casos, si el PRI pierde las elecciones, Beltrones será el líder de la primera minoría en el Congreso, y en el mejor, si gana, será otra vez una especie de vicepresidente, desde el Poder Legislativo, y contará, en cualquiera de los casos, con el apoyo de los diputados del PAN, del Verde, del Panal y de la nueva derecha (PRD), para tratar de imponer las llamadas “reformas estratégicas”.

Estas reformas, que Felipe Calderón ya no pudo conseguir que aprobara el Congreso, volverían a ser propuestas, y si gana el PRI, concretadas por el hipotético gobierno de Peña Nieto bajo la batuta legislativa de Beltrones. Es decir, si el pueblo vota en forma mayoritaria a favor de la autodenominada Gran Esperanza de Libertad (GEL), los diputados y senadores del polo de la derecha legalizarán la dictadura cívico-militar mediante la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.


Y, por supuesto, abolirán los derechos fundamentales de los trabajadores, mediante la reforma laboral, que el más implacable de los porros del PAN, el pianista Javier Lozano –quien está a punto de meter a la cárcel a su hermano Sergio por un problema de dinero–, calcó de las leyes españolas, para que las empresas del reino de su graciosa majestad, don Juan Carlos I de Borbón, puedan explotar a los obreros de aquí tal como explotan a los de allá, pagándoles sueldos de hambre gracias a contratos-basura, que autorizan a los patrones a despedir a sus empleados en el momento que se les antoje, sin obligación de indemnizarlos (como si vivieran en la UACM, sujetos a los caprichos de Esther Orozco, quien esta quincena le retrasará ¡una semana! el pago del salario a ¡todo! el personal de la institución, en represalia ¡porque unos estudiantes protestaron contra ella!).

Las reformas calderónicas, que el hombrecito de Los Pinos intentará legarnos junto con un cúmulo de 100 mil o 200 mil muertos –la cifra ya sobrepasa los 60 mil, pero aún faltan 12 meses–, son los pilares de las instituciones de lo que la derecha quiere edificar sobre las ruinas de lo que fue este país: la Ley de Seguridad Nacional, como acta constitutiva del protectorado estadunidense que ya somos, y la renovada Ley Federal del Trabajo, como signo de subordinación al trono de España, que merced a Fox y Calderón nos convirtió otra vez en colonia, y no sólo en el plano económico.

Para demostrar la inquebrantable lealtad del Grupo Dominante Oligárquico (GDO) a sus altezas Juan Carlos y Sofía (o sea, Repsol, Endasa, Iberdrola, Melia Purúa, Iberia, Prisa, la Real Academia de la Lengua y un largo etcétera o un breve etc.) nuestra muy desprestigiada y obsecuente pero archimultimillonaria Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha transformado a su vez en Real Audiencia de la Nueva-Nueva España, al permitirle a uno de los vasallos más asiduos a las tertulias y los negocios culturales de la villa y corte de Madrid afirmar públicamente, pero sin probanzas, que La Jornada es “cómplice del terror de ETA”, fallo temerario y a la vez servil, que degrada al supuesto máximo tribunal del país a la condición de barandilla de zarzuela.

Pero mientras los togados daban ese vergonzoso espectáculo de sumisión al reino de España, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ocurrió algo que merece toda la atención del público. Ese mismo día, miércoles 23 de noviembre, en la oficina que dirige Dionisio Pérez Jácome júnior, iba a celebrarse una junta entre el gobierno y los pilotos, sobrecargos y personal de tierra de Mexicana de Aviación, ante el juez Felipe Consuelo Soto, que lleva el caso y en múltiples ocasiones ha externado su opinión en contra de que desaparezca la aerolínea.

Pues bien, a saber por qué, el juez no llegó a la cita. Y Lozano aprovechó su ausencia para exigir, dando voces de mal disimulada histeria, que quiebre Mexicana, una empresa –ahora lo vemos claramente– que Fox entregó a Gastón Azcárraga para que la saqueara a placer, en complicidad con Juan Molinar Horcasitas –cuyo hermano era parte de su consejo de administración y también se despachó con la cuchara grande–, antes que Lozano interviniera para darle la puntilla. ¿Y todo para qué? Para beneficiar a Interjet, otro negocio de los accionistas de Televisa y sus amigos. El juez Felipe Consuelo ha mantenido una postura intachable, para impedir con todo el peso de las leyes (aún) vigentes en esta colonia, que se consume la maniobra. ¿Dónde está? ¿Por qué no llegó a la cita?

jamastu@gmail.com - http://twitter.com/@emiajseliva

*Tomado de La Jornada.

El fallo*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Heliofliores.


Luis Javier Garrido

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimando los ataques calumniosos de la revista Letras Libres contra La Jornada quebranta seriamente el orden constitucional de la República y contribuye a llevar al país a un escenario incierto en donde se pretende impere la “ley de la selva”, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.

1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.

2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.

3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del “engrose”, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar “el honor y la reputación del periódico” y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.

4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de “candado de seguridad del capitalismo neoliberal” y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.

5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.


6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más “otro yerro monumental” de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la “ley de la selva”, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.

7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.

8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.

9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva “legislación internacional” que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o “iniciativas”, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).

10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de “¡Ya basta!” va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.

*Tomado de La Jornada.

Nuestras izquierdas, ¿son de izquierda?*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha.


Octavio Rodríguez Araujo

Izquierdas. ¿Qué son las izquierdas? Durante más de un siglo las izquierdas eran las que proponían el socialismo como alternativa, mejor y superior, al capitalismo. No había duda, entonces, de qué eran las izquierdas. Incluso los anarquistas se planteaban el socialismo, de preferencia sin el Estado, como su opción.

Las derechas, por contraparte, eran y siguen siendo las que aceptan el statu quo, la conservación de lo existente y, por lo mismo, el capitalismo como sistema que defienden. Las derechas, entonces y ahora, son antisocialistas, y las más recientes (las afines al neoliberalismo) están por la mínima intervención del Estado en la economía y en las relaciones sociales.

Pero eso era antes por lo que se refiere a las izquierdas. La primera dificultad a la que se enfrentaron las izquierdas socialistas fue la posibilidad de socializar la propiedad privada de los medios de producción (y no, como suele decirse irresponsablemente, la propiedad privada en general, incluido el televisor o el automóvil de una familia). La socialización de los medios de producción no se dio en la Unión Soviética ni en sus satélites, tampoco en Cuba y menos en Nicaragua. Lo que se dio, aunque no me gusta el concepto, fue una suerte de capitalismo de Estado o, si se prefiere, el manejo exclusivo de la economía, incluida la propiedad de los medios de producción (MP), por el Estado y sus burocracias. La diferencia con el capitalismo común, para que se me entienda bien, es que en el primero los propietarios de los MP pueden vender éstos en tanto que los administradores de la propiedad estatal no pueden vender las empresas que dirigen y sacar provecho directo y legal de su comercialización.

Fuera para socializar los MP o para estatizarlos, había un problema que durante décadas no fue visto como tal: que sus dueños (los empresarios) quisieran desprenderse de ellos y cederlos a la sociedad o al Estado. La respuesta lógica de las izquierdas socialistas era relativamente sencilla, por lo menos en teoría: había que arrebatárselos. ¿Cómo? Mediante una revolución social. Por las buenas la iniciativa privada no iba a perder sus recursos ni sus propiedades. Obvio. El problema fue otro: ¿quiénes y con qué recursos humanos y armamentísticos iban a hacer una revolución? La revolución cubana dio esperanzas a esas izquierdas socialistas: si a 160 kilómetros de Estados Unidos podía triunfar una revolución social, también en otros lugares. Pero no fue así. Allende pensó que por la vía electoral se podía lograr lo mismo que por medios revolucionarios (armados), pero no se lo permitieron. Chile no era ni es Cuba y los intereses de Estados Unidos en el primero no eran comparables a los existentes en la segunda en tiempos de Batista. La vía electoral tampoco funcionó para instalar la alternativa socialista al capitalismo. Mitterrand, del Partido Socialista Francés, ganó la elección presidencial de 1981 hablando de socialismo y en alianza con los comunistas. Declaró que él no era Allende ni Francia era Chile. Sin embargo, le fue bajando el tono a su discurso y a sus acciones y en la relección de 1988 no mencionó una sola vez la palabra “socialismo”.


La socialdemocracia, sobre todo después de 1959 (Bad Godesberg), abandonó el marxismo como matriz ideológica y dejó de ser anticapitalista (aunque en realidad no lo era). Los comunistas, desde mediados de los años 70 renunciaron a ciertos aspectos del marxismo y del leninismo, y la revolución dejó de ser una de sus propuestas para acceder a una sociedad socialista. El eurocomunismo fue la socialdemocratización de los comunistas, pero ni así les fue bien en elecciones. Son muy pocos los partidos comunistas existentes hoy en día. En una palabra, se descartó la revolución como medio para convertir el capitalismo en socialismo. Por si no fuera suficiente, los países del este y la misma Unión Soviética devinieron capitalistas.

El socialismo, pues, pasó de moda en general y las izquierdas dejaron de ser, también en general, socialistas. Las izquierdas de ahora no son socialistas, ni siquiera los anarquistas.

¿Qué son, entonces, las izquierdas? Para mí es una pregunta de difícil respuesta en poco espacio. Pero puedo decir que no son socialistas y que, a lo más que aspiran, como la socialdemocracia en los países escandinavos, es a disminuir las desigualdades sociales, a un cierto tipo de Estado de bienestar (un Estado que regule la economía en favor de los más sin afectar sustancialmente a los menos), una cierta tendencia al igualitarismo por la vía de subsidios, de salarios directos e indirectos, de impuestos y con planeación. Aun así, las derechas y las ultraderechas han aumentado su popularidad incluso en los países escandinavos, para no hablar del resto de Europa, donde los supuestos “socialistas” (sólo de nombre) no han logrado dar empleos ni distribuir riqueza alguna. España es un ejemplo dramático de ineficacia de su viejo Partido Socialista Obrero Español, Grecia otro tanto con el Movimiento Socialista Panhelénico. Ambos, con su fracaso, le dejaron el poder a la derecha así conocida, es decir sin eufemismos.

En México, las izquierdas electorales no son, obviamente, socialistas ni pretenden serlo. Pero son las izquierdas que tenemos y sólo por comparación con las derechas representadas por el PAN, el PRI, el PVEM y el Panal. Son de izquierda porque se proponen disminuir las desigualdades sociales, atender la pobreza, promover el empleo, universalizar la salud y la educación públicas, regular la economía mediante el intervencionismo estatal que rechazan todas las corrientes neoliberales (por esto se llaman neo-liberales). No son anticapitalistas pero sí se pronuncian por promover lo que suele llamarse “justicia social”. Son lo que son por la sencilla razón de que no pueden ni quieren proponer el socialismo ni por vía electoral ni mucho menos mediante una revolución armada. El horno, en mi apreciación, no está ahora para estos bollos. No sé más adelante.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Caso “La Jornada”-”Letras Libres”: round determinante*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.


Jorge Carrasco Araizaga
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá nuevos criterios sobre la libertad de expresión de los medios de comunicación cuando resuelva el litigio entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres, confrontados en tribunales desde hace siete años.
La Primera Sala del máximo tribunal enlistó para el próximo miércoles 23 el amparo directo 28/2010 solicitado por la empresa Desarrollo de Medios (Demos, editora de La Jornada) en contra de una resolución que favoreció a Editorial Vuelta, que publica la revista dirigida por el historiador Enrique Krauze.
El litigio comenzó en agosto de 2004 cuando La Jornada demandó a la revista por la publicación de un artículo firmado por el entonces subdirector de Letras Libres, Fernando Adalberto García Ramírez.
En el texto publicado en marzo de ese año con el título Cómplices del terror, García Ramírez cuestionó el acuerdo de colaboración firmado por el diario mexicano con Gara, “periódico del brazo político de ETA” (Euskadi Ta Askatasuna), grupo separatista vasco que en octubre pasado depuso las armas. El autor calificó ese acuerdo como “una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley”.
La Jornada, que consideró difamatorio el texto, emplazó a la revista a probar su dicho o retractarse. Al no ocurrir nada de esto, enderezó la demanda por daño moral. Después de varias sentencias favorables a una y otra parte, el caso se resolverá en definitiva en el máximo tribunal cuando se pronuncie sobre una sentencia emitida el 7 de abril de 2010 por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que favoreció a Letras Libres.
Al atraer el juicio en noviembre del año pasado, los ministros de la Primera Sala dijeron que buscarán establecer los límites del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de imprenta cuando los involucrados las ejercen con motivo de su actividad, en particular la de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
Si es el caso, dijeron, se precisará el criterio correcto para el ejercicio de la libertad de expresión, en oposición al derecho al honor y/o al prestigio en el desarrollo de la labor periodística.
Según dijeron, la pretensión de la Corte es fijar criterios en el caso en que esos derechos confrontados sean ejercidos por medios de comunicación y si también resulta afectado el derecho a la información de los terceros que consultan esos medios.
Adelantaron que la Sala tomará en cuenta lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ley de la selva”

El proyecto de resolución fue elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Según informó el miércoles 16 el periódico Reforma, el ponente propone que la prensa y los líderes de opinión tienen acotado su derecho al honor, como ocurre con los personajes públicos.
“Si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección para criticar a personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad y el más amplio grado de protección.
“De lo contrario se estaría dotando a una persona, en este caso un medio de comunicación impreso, de un gran y desequilibrado poder para criticar impunemente, opinando e informando sin ser sujeto del mismo escrutinio público que pregona, ejerce y cuya protección invoca”, refirió el periódico sobre el contenido del proyecto.
La versión, que pese a criticar las expresiones “desabridas y de mal gusto” del autor del texto, favorece a Letras Libres, con lo que negaría el amparo a La Jornada. Zaldívar necesitaría dos votos de entre los cinco ministros de la Sala para tener el respaldo a ese proyecto.
El viernes 18, La Jornada reaccionó. En un largo editorial publicado en primera plana y extendido a la página 4, aseguró que el ministro Zaldívar “pretende situar la querella como resultado de ‘derechos que se encuentran en pugna’; el relativo al honor y la reputación y el que garantiza la libertad de expresión, para concluir que el segundo debe imperar sobre el primero”.
Añadió: “Resulta casi inverosímil que un documento de la SCJN pretenda dar protección legal a las falsedades vertidas contra La Jornada en Letras Libres. Pero es igualmente preocupante que uno de sus integrantes no logre ver más que ‘exageración’ y ‘mal gusto’ en una acusación pública”.
La acusación, siguió, “atribuye –falsamente– vinculación con el delito más severa y discrecionalmente perseguido y castigado en el mundo contemporáneo”. Aseguró que esa acusación “conlleva riesgos concretos para quien es víctima de ella”.
Dijo que si la Primera Sala apoya a Zaldívar, se “instauraría una suerte de ley de la selva en la que las entidades informativas podrían afirmar, unas de otras, las falsedades y acusaciones que quisieran, sin que por ello se les pudiera imputar en formal alguna”.
La decisión que tome la Corte ampliará los criterios respecto a la libertad de expresión y el derecho al honor, fijados en sentencias previas.
Una de ellas fue el amparo que le negó a Marta Sahagún, quien en 2005 demandó a Proceso y a la periodista Olga Wornat por daño moral debido a la publicación de un reportaje sobre la nulidad religiosa de su primer matrimonio.
En relación con Proceso, la SCJN le negó el amparo a la esposa del expresidente Vicente Fox al establecer que los personajes públicos –como lo fue Sahagún– por esa condición están más expuestos al escrutinio público.
Precisó que en esa condición se encuentran no sólo quienes ocupan cargos políticos o de función pública, sino quienes desempeñan actividades públicas distintas a las gubernamentales y aquellas que se exponen de manera voluntaria a la opinión pública.
Sin embargo la Corte evitó precisar las responsabilidades entre los autores y los medios de información, por lo que le negó el amparo a la periodista argentina.

*Tomado de la revista Proceso.

López Obrador por la hazaña*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un notable rezago frente al priista Enrique Peña Nieto, mayor al que respecto a él tenían Felipe Calderón y Roberto Madrazo en 2006, Andrés Manuel López Obrador ha aplicado el principio de que a un escenario distinto corresponde una estrategia diferente, justamente porque sabe que sus enemigos son los mismos que en su primera incursión presidencial.

Por eso el primer paso de ganar la Presidencia de la República en 2012, que sería una epopeya, fue lo que hasta hace menos de dos semanas parecía utópico: Obtener la candidatura de toda la izquierda sin ruptura y, algo tan importante como ésta, materializar una coalición total con candidatos a diputados y senadores electos con base en su fortaleza electoral medida por encuestas.

Si la izquierda supera sin escándalo el transe que significa procesar los candidatos a legisladores que resulten de los “mejor posicionados” entre las propuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –que ya tiene los resultados de las encuestas que la empresa Covarrubias y Asociados levantó en los 300 distritos electorales del país– y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces se ensanchan las posibilidades de victoria.

Porque a diferencia de hace seis años, cuando López Obrador jaló votos a los candidatos a diputados y senadores de la izquierda –algunos de los cuales, particularmente los Chuchos, se amafiaron con Calderón–, la estrategia ahora, dadas las nuevas circunstancias, es que éstos deberán abonar a la candidatura presidencial.

Así, aun con el déficit democrático que implica un arreglo oscuro sólo entre dos líderes, López Obrador y Marcelo Ebrard –que como parte del mismo éste impondría al candidato a sucederlo en la Ciudad de México–, el arranque de la izquierda modificó el tablero de la sucesión presidencial y cuenta con algo a su favor: Lamentablemente el país está peor que en 2006.

En efecto, la degradación de la vida política, social y productiva ha sido acelerada y se ha instalado entre los ciudadanos un ánimo peligroso: La desesperanza. Y ya se sabe: Una sociedad sin ilusión por el porvenir se condena a la mediocridad y a la descomposición, que en la decadencia en curso es inaceptable.

Diversos indicadores independientes y aun oficiales desnudan la realidad atroz de México, de por sí aislado del mundo y sometido a Estados Unidos. El más lacerante de esos datos es que en sólo cuatro años, de 2006 a 2010, un total de 12 millones 205 mil 356 mexicanos fueron arrojados al infierno de la pobreza patrimonial.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se trata de un aumento de 27% del número de pobres que había cuando, en 2006, Calderón asumió al cargo. La pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado, más de la mitad de los mexicanos.

Y otra cifra que sobrecoge: Deambulan por el territorio nacional siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los mal llamados “ninis”, la mayoría de los cuales son mujeres.

La calidad de vida se ha desplomado y, según la ONU, en materia de salud, educación e ingresos, México está por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Bahamas. Nada menos.

Justamente en 2010, en un contraste insolente, el magnate mexicano Carlos Slim apareció como el hombre más rico del mundo.

Estos números de escándalo coexisten con otro fenómeno que oprime el ánimo de los mexicanos: La violencia que, en efecto, tiene a México en un estado de emergencia y con la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente. Se han acumulado, todo el mundo lo sabe, 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados. Son números, pero no olvidemos que se trata de personas.

Unicamente por esto es necesario y urgente un cambio en el rumbo de la nación que, vistos los resultados de los gobiernos priistas y panistas de las más recientes tres décadas –cuyo crecimiento promedio es de 2.5% anual, menor al 3.3% del porfiriato–, sólo podría venir de la izquierda.

Parece remoto que, en la hipótesis de un triunfo de López Obrador, pudiera materializarse un cambio drástico, pero es indispensable frenar el deterioro y establecer un punto de partida hacia algo que reactive la esperanza de los mexicanos.

El inicio de esta nueva travesía de López Obrador y de la izquierda toda es halagüeño, pero la contienda se avizora con los peores signos, no sólo como parte de una campaña ordinaria por el poder político, sino porque se trata de una disputa por la nación y gravitan los peores intereses de los poderes fácticos, incluidos los criminales.

El cambio de estrategia de López Obrador, que por ejemplo después de hacer un reclamo a Televisa por su política facciosa le ofrece un nuevo trato, o anteponer la propuesta de unidad a la beligerancia del 2006, no implica que sus mismos enemigos de 2006 mutarán y se sumarán a la “república amorosa”, que a muchos mueve a chunga.

El amasijo de intereses que en 2006 se articularon no se ha disuelto y ahora impulsan a Peña Nieto. El propio Calderón, que detesta a López Obrador, cuenta con los instrumentos del gobierno federal, que son muchos, y su capacidad de daño es inmensa.

De hecho, la campaña negra contra López Obrador, que no ha cesado en los cinco recientes años, se ha intensificado desde las cuentas de correo de funcionarios federales que usan seudónimos para no ser identificados.
En fin, hay un escenario aciago hacia el 2012 que, ojalá, desemboque en un cambio para bien.

Apuntes

Después del derrumbe de los Calderón en Michoacán, más relevante que la derrota de los perredistas, la disputa por Morelia entre PAN y PRI derivó en el recuento voto por voto, por primera vez en México. ¿Quién ganará? La certeza, la que no tuvimos los mexicanos en 2006.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y TwitTer: @alvaro_delgado

*Tomado de la revista Proceso.

PAN: Empieza el juicio ciudadano*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado
Las más recientes calamidades y descalabros del panismo y el gobierno calderonista erosionan seriamente las posibilidades de uno y otro en la ruta hacia 2012. El panorama lo complican los intentos del presidente de la República por imponer a Ernesto Cordero como candidato del blanquiazul. “Nuestra preocupación debe ser con qué argumentos convencemos a la ciudadanía de que merecemos una tercera oportunidad. Ese es el drama hoy del PAN”, afirma Juan José Rodríguez Prats, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

En un contexto de violencia y anemia económica, retroceso electoral y desánimo entre su militancia, el Partido Acción Nacional (PAN) acumula problemas: El derrumbe de Luisa María Calderón en Michoacán, la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake, el rezago para definir a su candidato presidencial –con “indicios” de imposición de Ernesto Cordero– y la revocación de los “dedazos” de la cúpula.
Pero a estos acontecimientos, incluidas las ya perfiladas candidaturas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto, se suma un obstáculo mayor para el PAN: El juicio ciudadano a los 11 años de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón.
“Nuestra preocupación debe ser con qué argumentos convencemos a la ciudadanía de que merecemos una tercera oportunidad. Ese es el drama hoy del PAN”, afirma Juan José Rodríguez Prats, quien ve saldos positivos, pero insuficientes: “Hubo falta de habilidad, malicia y coraje. Pudiendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco”.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, defensor de la presidencia de Gustavo Madero, Rodríguez Prats lamenta el bajo nivel del gabinete de Calderón y la falta de contundencia en el combate a la corrupción.
“El saldo lo podemos salir a defender, pero hacer un diagnóstico sustentado en profesionales del optimismo, que todo está bien y que hemos sido heroicos, no nos lo creería la ciudadanía. Y si vamos a un discurso objetivo, sensato y realista, puede haber panistas que se sientan ofendidos.”
La más reciente encuesta de Consulta Mitofsky da a Calderón una aprobación de 50%, la peor de un quinto año de gobierno en comparación con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Fox, al que se añade un dato más negativo: Seis de cada 10 mexicanos piensan que el país va por un rumbo equivocado.
Con esta evaluación a la gestión del PAN se desarrolla la disputa por la candidatura presidencial entre Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero, pero también la definición de las candidaturas a diputados y senadores, cuya estrategia de designaciones fue echada abajo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Detrás de las impugnaciones ante el TEPJF, que el jueves 17 dejó sin efecto los “dedazos” de 241 de los 300 diputados federales y las fórmulas de senadores en 24 de los 32 estados, definidas por el CEN el 18 de octubre, se identificó a operadores de Vázquez Mota, como Jorge Manzanera, responsable de la estrategia electoral y supuestamente distanciado de Calderón.
Inconforme con este método, por el que ella llegó a la diputación, Vázquez Mota pidió a Madero, en una carta, reconsiderar, aunque no tuvo éxito, hasta que el TEPJF emitió su fallo:
“El PAN se juega su historia y su futuro en estas elecciones, y es importante que se evite un manejo de cuotas en las candidaturas, que se dé certeza a todos los militantes y que las designaciones no se conviertan en prebenda o concesiones para ningún grupo.”
El mismo reclamo hizo Creel –“el militante debe designar y elegir a sus candidato, y nadie más”–, mientras que Cordero, señalado como el “candidato oficial”, se encogió de hombros: “Yo respeto la decisión del PAN”.

“Dedazos”

El diputado federal Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN y operador de Vázquez Mota, niega que el equipo de campaña esté detrás de algunos de los mil 455 juicios de protección de derechos políticos presentados ante el TEPJF, pero reconoce que dejaron “en libertad” a simpatizantes para proceder así.
“No es un plan preparado y ejecutado por el equipo de campaña, sino que se dejó en libertad a cada uno de los militantes, que seguramente algunos confluirán en este equipo”, explica el legislador.
Lo que es real, dice, es que las designaciones detonaron inconformidad, sobre todo porque no hay reglas claras para definir a los que serán candidatos y, sobre todo, si van a beneficiar a allegados a algún precandidato presidencial.
“Lo que planteamos nosotros es que haya reglas claras para que no exista esta suspicacia. Si no hay reglas ni claridad, la duda puede estar fundada. Hay un asunto de duda que se puede terminar cuando el partido ponga reglas a este tema.”
Y advierte: “Si se llega a demostrar que puede haber tentación de hacer una de esas designaciones para beneficiar a cualquiera de los aspirantes, que violente los derechos de los militantes del partido, seguramente que habrá una serie de expresiones, y muy fuertes”.
Uno de los simpatizantes de Vázquez Mota que recurrieron al TEPJF es el alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield, cuya designación de la fórmula se lo impedía y beneficiaba al gobernador, Juan Manuel Oliva, quien pretende imponer a su esposa, Martha Martínez Castro.
Otro promotor de Vázquez Mota que promovió juicios antes el TEPJF, aunque sin su nombre, es el diputado local de Jalisco José María Martínez, quien renunció a la coordinación del grupo parlamentario para buscar ser senador y cuya designación de la fórmula desde el CEN se lo impedía.
“Que quede claro, el problema de las designaciones no es jurídico, es de principios de Acción Nacional”, expresó públicamente Martínez, quien con su equipo fue el artífice de la argumentación jurídica en los juicios que se presentaron ante el TEPJF y que echaron abajo los “dedazos”.
La pretensión de hacer designaciones, sin embargo, no quedó cancelada tras el fallo del TEPJF, y se presentaron nuevas, aunque en menor número, sobre las que Madero solicitó un voto de confianza a los miembros del CEN, en la sesión del jueves 17.
“Gustavo pidió un voto de confianza y se iba a reunir con la Comisión Nacional de Elecciones y con el jurídico para tratar de sustentar el mayor número de casos”, confirmó al reportero Rodríguez Prats.
Y así fue: Hasta el cierre de esta edición, la noche del viernes 18, el CEN tenía previsto modificar el número de distritos y estados donde habrá nuevos “dedazos” de candidatos a diputados federales y senadores, pero serían apenas 50, las dos terceras partes de las 241 designaciones para diputados.
En el resto de los distritos deberán celebrarse elecciones entre militantes, pero también se prevén candidaturas “de unidad” para evitar las contiendas, sobre todo para evitar que los gastos de precampaña afecten los topes de las campañas.
Así se lo propusieron, por ejemplo, miembros de la CNE, como el senador José Isabel Trejo, al diputado José María Martínez, para evitar nuevas impugnaciones en el caso de Jalisco.

Maquinaria para Cordero

Testigo del proceso de designación por parte de la CNE, Rodríguez Prats niega que mediante las designaciones se pretenda beneficiar a alguien en particular, sino que se aprobó el método en los distritos y estados donde se acreditó que la estructura del PAN está secuestrada por un grupo.
“Hay que ver quién está protestando. Si se le rasca un poquito es posible ver a qué interés corresponde”, dice y pone como ejemplo Jalisco, donde 14 integrantes del comité estatal, incluido el presidente, Hernán Cortés, renunciaron para, con base en la afiliación masiva que habían hecho, ganar las candidaturas.
“Ya tenían su distrito, ya tenían su gente, y de repente el CEN asume la decisión”, subraya, y lo mismo ocurre en Nuevo León, con el grupo San Nicolás que integran el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal; el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zeferino Salgado, y Raúl Gracia, consejero de la Judicatura estatal, promotores de Cordero y vinculados los tres con Juan José Rojas, El Zar de los casinos.
Este grupo arrebató la hegemonía al de San Pedro Garza García, que encabeza Fernando Canales Clariond, quien ha tenido acercamientos con López Obrador y cuyo hijo del mismo nombre ya hizo pública su adhesión a éste después de que Larrazabal no será sancionado por la Comisión de Orden, como lo había solicitado el CEN.
Sin contar con esta información, Rodríguez Prats dice: “El argumento de que no deciden los militantes y que se está traicionando a la democracia suena muy bonito, pero por ejemplo Larrazabal tiene a mil 300 militantes en la nómina y están muy enojados”.
Niega, también, que las candidaturas por designación favorezcan a Calderón, porque los 52 integrantes del CEN deciden, según él, en conciencia panista. “No voy a negar que no tenga influencia, sería un absurdo, pero no para dar órdenes”.
–¿El CEN no está subordinado a Calderón?
–No, habemos varios que nos hemos enfrentado a Felipe y de eso hay muchos testigos.
En efecto, Rodríguez Prats se ganó la animadversión de Calderón desde que, en marzo de 2005, se negó a declinar su candidatura a la presidencia del PAN a favor de Carlos Medina Plascencia y apoyó a Manuel Espino.
Inclusive, tras la debacle de 2009, y cuando César Nava era candidato único para relevar a Germán Martínez en la presidencia del PAN, por órdenes de Calderón, manifestó su rechazo en la sesión del Consejo Nacional, el 8 de agosto.
En su intervención, que incluye en su más reciente libro Soy panista, Rodríguez Prats citó discursos de Calderón, ahí presente, repudiando como opositor la subordinación del PRI al gobierno.
“Habría que preguntarse –dijo– si estas ideas aún son útiles, si los ideales y los principios sirven en política, o si todo esto que se pregonó desde la oposición hoy se ha convertido en una frustrada quimera.”
Provisto del pulso que toma al panismo en sus recorridos por el país dando conferencias –lleva 75 en el año–, Rodríguez Prats advierte de maniobras desde el gobierno federal para favorecer a Cordero.
“Estoy asustado porque veo maniobras preocupantes que voy a plantear en el CEN, porque Madero y el CEN debemos hacer respetar al PAN, que se le respete desde el poder.”
Afirma que el apoyo es, actualmente, “vía delegados”, y que se suma a otros previos: “Primero, el presidente le da a él solo la palabra ante mil 800 delegados del país; segundo, funcionarios públicos de alto nivel apoyándolo, y tercero: Javier Lozano declina ¡Esa es una práctica priista! ¡Esa es la cargada en el PRI!”
Insiste: “Hay indicios. Cordero es panista desde 2007 y tiene que demostrar que es más panista que felipista, porque todo lo que ha hecho ha sido bajo la sombra de Calderón. Cordero no sale de un discurso de Felipe, Felipe, Felipe”.
–¿Ha crecido?
–No pasa de 10%. Por eso digo: Sería tremendamente sospechoso que, en febrero, de repente veamos que se encuentra Cordero. Todo mundo se preguntaría: Cómo le hizo.
“Cordero tiene un problema enorme: Tiene que demostrar que no es el ungido, convencer que tiene sus propias cualidades para ser nominado. De lo contrario te puedo decir que sería el mayor atropello que al PAN se le haga y que pudiera provocar un serio problema que se reflejaría en no ser competitivos en la elección del 2012.”
El derrumbe de “Cocoa”

Al respecto, Pérez Cuevas dice que el escenario que enfrenta el PAN hacia la elección de 2012 es muy difícil, sobre todo porque la izquierda ya definió a López Obrador y el PRI perfila a Peña Nieto:
“Por eso el PAN tiene que cuidar muy bien sus decisiones, sus procesos, sus aspirantes y no se puede dar el lujo de mandar señales de errores, de choques, de rompimiento”.
El operador de Vázquez Mota –quien infructuosamente ha pedido que se adelante el proceso de selección del candidato presidencial– expone que el PAN debería analizar qué hacer con las designaciones, porque “las circunstancias políticas hoy están cambiadas en 180 grados”.
–¿Gravita la derrota en Michoacán?
–Sí, totalmente, todo eso nos obliga a tomar una determinación, hacer una reflexión y tomar las mejores decisiones y no equivocarnos. Ni no queriendo equivocarse, equivocarnos, ni algunos a lo mejor de mala fe. En este momento lo dejaríamos como una duda, pero al menos hay ese fantasma.
En efecto, la derrota de la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, abatió al panismo, sobre todo porque las encuestas les daban la certeza de que ganaría. La misma noche del domingo 13, aunque se declaró ganadora, no había duda del resultado.
La Cocoa, hermana mayor de Calderón, culpó a las mafias de su derrota y prácticamente acusó al priista Fausto Vallejo, el ganador, de ser cómplice: “Sería grave que el próximo gobernante de la entidad fuera un títere del crimen organizado”, dijo en una acusación que retomó la dirigencia nacional del PAN.
En los hechos, y ante la “intervención directa, abierta y descarada de los criminales”, el PAN pidió la anulación de las elecciones, porque de lo contrario habría un narcogobierno:
“No debe minimizarse el ominoso hecho de que si no se corta de tajo este comportamiento criminal, México entero corre el riesgo mayor de que Michoacán sea el primer estado en el que las organizaciones criminales sean capaces de entronizar un gobierno estatal.”
Rodríguez Prats, quien fue por breve tiempo delegado del CEN en Michoacán, reconoce que la derrota ha afectado anímicamente al panismo: “Hay dolor por esa pérdida de Cocoa, pero nos arraiga la convicción de que estamos peleando con los mismos de 1939: Peña Nieto y Gonzalo N. Santos no se distinguen”.
Amigo de Vallejo, el ganador de las elecciones con 52 mil votos más que la Cocoa, es cuidadoso de no invalidar las acusaciones de que fue apoyado por el narcotráfico: “De repente la política se torna un torbellino y arrastra. Fausto se dejó arrastrar”.
La derrota en Michoacán, una apuesta al más alto nivel, se produjo tres días después de que se estrelló el helicóptero en que viajaba el secretario de Gobernación, que murió junto con otras siete personas, y el mismo día en que se supo que Alonso Lujambio, secretario de Educación, padece cáncer.
Rodríguez Prats razona: “Se debe hacer un análisis muy objetivo con las cinco cosas que nos cayeron encima: el accidente de Blake, la enfermedad de Lujambio, Michoacán, la decisión del PRD y el fallo del Tribunal. Otra vez vamos a la adversidad y hay que hacerlo con la mayor entereza”.
Pero antes de la elección constitucional de julio de 2012, el PAN enfrenta una situación complicada, además del saldo de sus gobiernos: “Hay muchas dudas, porque la pregunta que muchos panistas se hacen es si el proceso se va a manipular…”.

*Tomado de la revista Proceso.