Estado de México, Mítines en pueblos de narcos*

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Naranjo.

Rosalía Vergara

En su gira por territorio mexiquense, Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes han detectado la presencia de desconocidos que todo lo graban y anotan, y se han topado con retenes militares, en particular en los pueblos limítrofes con Michoacán, que son controlados por La Familia. A la tensión preelectoral en el Estado de México se suma el componente del miedo, toda vez que la entidad se está convirtiendo en un narcoterritorio cada vez más peligroso.



TOLUCA, MÉX.- “Aquí la inseguridad está muy cabrona”, dice un lugareño de Amatepec que abandonó sus tierras hace 10 años para librarse de los sicarios del narco que empezaron a incursionar en la entidad.

Cuando se le pide que hable de la inseguridad, el campesino se agita y le dice a la reportera que mejor le pregunte a otra persona. Y le advierte: “Ellos (los narcos) son los malos. Seguro ya saben quién es usted, porque viene de fuera, y saben que estamos hablando…”.

La conversación tiene lugar en Amatepec el domingo 16 de enero, durante la Gira por la Lealtad de Andrés Manuel López Obrador por los municipios mexiquenses. Lo acompaña el coordinador de los diputados federales perredistas, Alejandro Encinas, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del estado.

Es el segundo mitin del día. La mayoría de los asistentes son campesinos, entre ellos muchos ancianos, simpatizantes de López Obrador. Se ven contentos de recibirlo, pero la calma se termina cuando aparece un hombre de pantalón café y playera naranja. Lo acompañan dos personas. Sus vistosos anillos, sus cadenas y lentes oscuros llaman la atención de los asistentes. El desconocido se pasea de un lado a otro del auditorio municipal; en una libreta, anota los nombres de los invitados y de los oradores.

Horas antes, el mismo hombre había estado en Luvianos, municipio del Estado de México que colinda al norte con Amatepec y al poniente con Michoacán, del lado de Apatzingán y Argelia, territorio controlado por La Familia. Traía un radiolocalizador pegado a la oreja y no cesaba de anotar. Nadie lo conocía. Cuando un policía le preguntó de dónde venía, respondió que trabajaba con el petista Óscar González, pero el político lo negó. Dijo que nunca lo había visto.

No era el único que llamó la atención. Durante la gira han aparecido otros desconocidos. Suelen mezclarse en los tianguis municipales, o se sientan en alguna banca del parque del lugar y fingen descansar. Siempre ponen atención a los discursos de Encinas y López Obrador.

En cada municipio al que llegan, los oradores explican a los asistentes su plan de gobierno y enumeran su decálogo que, arguyen, está diseñado para las necesidades de la gente. Por lo general omiten hablar del narcotráfico y del crimen organizado. Sólo abordaron estos puntos en Luvianos, cuando los reporteros les hicieron preguntas sobre el particular.

López Obrador insistió en que Felipe Calderón es un irresponsable al declararle la guerra al narcotráfico. “Sin saber a lo que se iba a enfrentar, le dio un palazo, un garrotazo al avispero; actuó a lo tonto”, repite el tabasqueño. Y Encinas comentó que como diputado seguirá impulsando una estrategia para combatir el crimen sin derramar tanta sangre.

En el mitin de Luvianos, municipio gobernado por el PRD, participó el alcalde Zeferino Cabrera Mondragón, quien antes estuvo al frente del ayuntamiento de San Martín Otzoloapan. Fue él quien declaró el 19 de noviembre de 2009 que las bandas delincuenciales pretendieron extorsionarlo, aunque no señaló a ningún grupo en particular. Ahora, ante López Obrador y Encinas, Cabrera Mondragón se soltó. Mencionó que Luvianos ha sufrido una gran transformación, pues está creciendo.

Su secretario de Seguridad Pública, quien pidió que se omitiera su nombre, afirmó que desde hace un año ya no hay levantones ni temor en las calles del municipio. No obstante, admitió que mucha gente abandonó el pueblo por la presencia de los cárteles de la droga y la falta de seguridad. E intentó matizar: “Hay presencia (de narcos); pero sólo pasan y se pasean. Nada más”, dijo. Un uniformado lo escuchó escéptico y murmuró: “La realidad es que el territorio está controlado por la mafia”.

Mientras López Obrador leía el decálogo del plan de gobierno para Luvianos, un hombre vestido de azul, con gorra y un radiolocalizador de frecuencia como los que usa la policía, escribía frenéticamente en una libreta. Otros cercanos a él sólo escuchaban, sin pestañear.

Un lugareño comentó a la reportera que eran fuereños. Aseguró que la gorra y el sombrero los delataban. El sombrero calentano es habitual en Atlaya, en Amantepec, en los pueblos de la cuenca del Río Balsas, y eso ya es Michoacán; aunque también se acostumbra usarlo en Guerrero, explicó.

Casi en susurro afirma que “los malos” son de Altamirano, Arcelia y Guerrero, del lado de Michoacán; que en la salida del pueblo están los llamados “halcones”, gente encargada de vigilar y reportar a la gente extraña que entra o sale. Conocen a todo el pueblo.

Los habitantes observaban a un hombre de chamarra amarilla con el logotipo “Gobierno Luvianos. 2009-2012” bordado en la espalda. “Él es el que mueve el rollo aquí”, comentó uno de ellos a la reportera. En ese momento López Obrador comenzó a hablar de “la mafia en el poder”.

Al terminar el mitin en Luvianos la caravana de la Gira de la Lealtad enfiló hacia la salida del pueblo, custodiada por varios vehículos en los que iban el director de Seguridad Pública y una decena de policías municipales.

En Amatepec, al observar la comitiva, un joven exclamó: “No sé cómo se atrevieron a venir aquí. Hay mucha inseguridad”. Entre tanto un auto rojo pasaba por la calle donde vive el diputado estatal Crisóforo Hernández Mena, sitio en el que estaba programado el mitin y un convivio con López Obrador. El conductor se cubrió el rostro con su camiseta verde y comenzó a tomar fotos del lugar con su celular.



Militares, orejas y narcos



Seguidores de López Obrador y militantes de Morena se quejan porque, comentan, cuando visitan la zona colindante con Michoacán y Guerrero siempre los detienen los militares o civiles armados. Sólo los dejan pasar cuando ven sus identificaciones y se enteran de que forman parte del equipo que encabeza el tabasqueño.

Para los integrantes de Morena, los más “acosadores” son los militares. Aseguran que siempre toman fotos a las placas de sus vehículos y preguntan con frecuencia quién está al mando del movimiento, qué hacen en la región, quién los invita, quién los va a recibir, quién coordina la logística.

El domingo 16 esa escena se repitió. De salida, rumbo a Tejupilco, cerca de un retén militar una Hummer interceptó el vehículo de Encinas, una camioneta Escalade negra. Cinco soldados armados se bajaron de la unidad y pidieron al diputado y a sus acompañantes sus identificaciones y los permisos para portar armas.

“Están haciendo operativos porque la tierra está caliente”, comentan los lugareños. Lo curioso es que antes de detener la camioneta de Encinas, los militares saludaron a López Obrador, pues lo conocen bien. Algunas veces incluso le han pedido que se tome una foto con ellos.

El viernes 21 el itinerario de la caravana lopezobradorista incluyó Ocoyoacac, Lerma y San Mateo. En el primer mitin, el hombre vestido de naranja, botas vaqueras y lentes oscuros reapareció, esta vez con una credencial a nombre de Noé García, que lo acreditaba como “brigadista especial” y “protagonista del cambio verdadero”.

El sábado 22 la gira se inició en El Oro, donde hay retenes de policías desde la entrada. Ese día hubo un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal y agentes estatales. Cerca de este municipio se ubican Maravatío, Ciudad Victoria y Tlalpujahua.

La siguiente población fue San José del Rincón, otro pueblo lleno de militares que portan gorras de policías preventivos. Con sus cuernos de chivo al hombro, algunos graban con sus celulares y toman fotografías. A la entrada alguien colocó un letrero con la leyenda: “Dos toneladas de mariguana destruida, compromiso cumplido. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado”. Esta zona es controlada por La Familia.

Durante el mitin, mientras el maestro de ceremonias presentaba a los invitados, varios civiles anotaban los nombres en libretas; algunos hablaban por radio, nextel o celular. Nadie sabe quiénes son ni para quién trabajan. Ese día también apareció el “brigadista especial”. El domingo 23 también estuvo en Ciudad Nezahualcóyotl, donde días antes se registró un enfrentamiento entre narcomenudistas. Camino a Valle de Chalco, un convoy de cinco Hummers llenas de soldados armados circulaba por la carretera del lado contrario al convoy de la Gira por la Lealtad.



Tierra narcomexiquense



Entre 2006 y 2010 se reportaron mil 461 ejecuciones en territorio mexiquense. La cuota de sangre afectó a 97 de los 125 municipios. Hoy, el Estado de México ocupa el sexto lugar en homicidios, debajo de Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, con 4 mil 387; Guerrero, con 2 mil 739; Baja California, con 2 mil 19, y Michoacán, con mil 751.

Durante ese periodo Ciudad Nezahualcóyotl ocupó el primer lugar en índice de homicidios, con 162 ejecuciones, de las cuales 69 ocurrieron el año pasado. Naucalpan reportó 77, Tultitlán 69, Tlalnepantla 57, Coacalco 48, Tecámac 42, Ocoyoacac e Ixtapaluca 34 cada una, Valle de Chalco 33, Huixquilucan 30, Toluca 28, Chalco y Chimalhuacán 27 en cada municipio, Tultepec 25, Tepotzotlán y Texcoco 24, Tejupilco 22 y La Paz 20.

En su libro Tierra narca, Francisco Cruz Jiménez señala que El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia desde hace 10 años, eligió tierra mexiquense para refugiarse:

“Desde septiembre de 2005 se registró una explosiva consolidación de los cárteles del narcotráfico: ejecuciones en las calles de Toluca y Metepec, de Luvianos e Ixtapan de la Sal; enfrentamientos entre criminales y policías o entre criminales y policías criminales en Coacalco, Tultitlán, Ciudad Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Tejupilco y Ecatepec; embolsados, encobijados, secuestros, extorsiones, decapitados, narco mensajes y protección policial a los cárteles y a sus personajes que impusieron una narcocultura arraigada en otras zonas del país”.

También escribió que La Familia controla todo el valle de Toluca: de Metepec a Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Xonacatlán, Ocoyoacac, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez y Tenancingo. Según Cruz Jiménez, en el sur, la guarida natural de El Chapo era Luvianos, Valle de Bravo, Tlatlaya y Tejupilco, entre otros.

Hoy, La Familia libra una batalla contra Los Zetas, Los Pelones y los cárteles de Sinaloa y del Golfo en el llamado Triángulo de la Brecha de Tierra Caliente, zona productora de mariguana y amapola.

*Tomado de la revista Proceso.

Al asalto de la capital...*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

El delirante proceso de militarización en el país, atizado desde la Presidencia sin que se haya traducido en una reducción de la criminalidad, alcanzó ya al Distrito Federal, si bien años antes hubo algunos despliegues castrenses en la capital de la República. Sin contar con el necesario aval del Poder Legislativo, los cuerpos de élite de la Marina han comenzado a protagonizar operativos antinarco en el DF. Sólo la semana pasada hubo tres espectaculares acciones de marines en la delegación Benito Juárez, efectuadas sin consultar a las autoridades capitalinas.



Los cuerpos de infantería de Marina utilizados por Felipe Calderón para operaciones terrestres, al estilo de los marines estadunidenses, están cada vez más presentes en centros urbanos, incluida la Ciudad de México, sin que sus actuaciones cuenten con el aval del Congreso.

Desde septiembre de 2009, cuando realizaron su primera incursión en el Distrito Federal, los infantes de Marina han tomado por momentos el control de calles en la capital del país para labores de vigilancia, cateo e inspección, pero según la propia Secretaría de Marina-Armada de México, los “marines mexicanos” en cualquier momento pueden entrar en combate urbano.

Encapuchados y pertrechados con rifles de asalto, lanzagranadas y otro armamento de alto poder, han llegado con unidades artilladas a zonas habitacionales y comerciales del DF preparados para un eventual enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Morelos, Tamaulipas o Nuevo León.

Ni el Ejército había hecho una demostración de fuerza de ese tipo en la Ciudad de México, donde se asienta su cuartel general.

A pesar de que los operativos militares, sobre todo de los infantes de Marina, son cada vez más recurrentes, el gobierno del DF minimiza la presencia de las fuerzas federales en su territorio.

“Hemos tenido presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en otras ocasiones. Llegan con objetivos específicos en seguimiento de investigaciones que vienen realizando”, dice en entrevista el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“No es que estén patrullando la ciudad ni se ha vuelto indispensable que lo hagan. En el caso de los operativos realizados la semana pasada por la Marina, se trató de una operación perfectamente dirigida hacia un blanco específico”, añade.

Asegura que mientras se trate de ese tipo de objetivos “estamos en la condición de apoyo, sin que nos den detalles. Entendemos que estas operaciones dependen de la forma en que se ejecuten, sin que nadie lo sepa”.

Su cuartel general



Pero la presencia de la Marina en la Ciudad de México va más allá de esos “objetivos específicos”. Concentrada hasta este sexenio en la defensa marítima del país, la Marina-Armada de México ya hizo de la capital del país también su Cuartel General de Alto Mando, desde donde prepara las operaciones de los infantes de Marina en todo el país.

Desde la llegada de Calderón la Armada cambió su organización y operación sin contar con la autorización del Congreso. Apenas en marzo del año pasado, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de esa fuerza, pero desde entonces están congeladas en la Cámara de Diputados.

La “política estratégica” de la Armada impulsada por Calderón y el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha estado dirigida a la creación de una nueva estructura operativo-militar en la que la Infantería de Marina es la principal unidad operativa (Proceso edición especial 29).

Según anunció el propio Saynez, en el segundo año de gobierno de Calderón esa fuerza ya tenía más de 15 mil efectivos, concentrados en batallones, fuerzas especiales y otros agrupamientos que representan casi la tercera parte del personal de la Armada y que han actuado en operativos como la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009 en Morelos, y de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en noviembre del año pasado en Matamoros, Tamaulipas.

No se trató sólo de una modificación para aumentar el número de infantes de Marina, explica Victoria Unzueta, asesora del PRD en la Cámara de Diputados en materia de seguridad. Ese cuerpo ya existía, lo que se hizo fue modificar el esquema de la Armada para que pudiera realizar operaciones en zonas continentales, tal y como lo hacen los marines estadunidenses, añade.

De hecho, los infantes de Marina mexicanos están recibiendo preparación y entrenamiento en Estados Unidos. De acuerdo con el cable 3573, enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009, en el caso de la ejecución de Arturo Beltrán Leyva –ocurrida un día antes– las fuerzas de la Secretaría de Marina procedieron “respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos”.

El cable, uno más de los que han sido difundidos por WikiLeaks, puntualiza un hecho que convirtió a los miembros de la infantería de Marina mexicana en verdaderos marines: “La unidad que realizó la operación recibió amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos…”.

La presencia de los marines de Calderón en la Ciudad de México, gobernada por el PRD, ha sido creciente. Su presentación ocurrió el 19 de septiembre de 2009, cuando infantes de Marina se apostaron en Moliere 222, frente a las oficinas del Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, en Polanco, muy cerca de la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los marinos tenían su objetivo en una de las subsidiarias de ese grupo, Química del Rey, cuya dirección apareció en los sacos de sulfato de sodio donde se habían escondido 11 millones de dólares que ocho días antes fueron decomisados por la Marina en Manzanillo, Colima, y que tenían como destino el puerto colombiano de Buenaventura. Los marinos no entraron al inmueble porque nunca recibieron la orden de cateo.

Pero los marines de Calderón, a decir de la Procuraduría General de la República (PGR), también han cometido pifias. El 9 de junio del año pasado, la Marina anunció que fuerzas especiales de la Armada habían asegurado más de 20 kilos de explosivos en un operativo nocturno en un inmueble de hospedaje ubicado en el número 12 de la calle Mérida, en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc.

En el decomiso, se ufanó esa fuerza armada en un comunicado oficial, se utilizaron fusiles con visión nocturna y se realizó a partir de información entregada por el gobierno estadunidense. A dos días del espectacular anuncio, la PGR desmintió a la Marina. No se trataba de explosivos sino de glicerina, ácido nítrico y parafina, según dictaminó el Ministerio Público Federal.

Operativos capitalinos



La semana pasada marcó lo que ha sido la principal presencia de los infantes de Marina en la Ciudad de México. En menos de 72 horas realizaron tres operativos en la delegación Benito Juárez.

Entre la una y media y las cinco de la mañana del lunes 24, un grupo de marinos se desplegó en la colonia Del Valle. En el número 21-A de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes, catearon un departamento y detuvieron a un supuesto integrante de un cártel del narcotráfico.

Según informó la Marina, fue detenida una persona que se identificó como Juan Ramón Córdova Peñaloza, de 47 años, originario del Distrito Federal y a quien le decomisaron tres armas y vehículos.

Al día siguiente, como parte de la misma investigación, muy cerca de ahí catearon el hotel Vermont, en el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Nápoles. Después de seis horas, los marinos no detuvieron a ninguna persona, pero aseguraron armas y municiones, según dijo la Marina.

El miércoles 26, una veintena de marinos regresaron al inmueble de Miguel Laurent para vigilar durante varias horas la diligencia que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Marina evitó informar sobre el cártel objeto de esas acciones y sólo trascendió que se trataba de un jefe de Los Zetas o de una persona relacionada con Héctor Beltrán Leyva.

La atención sobre las acciones militares de la semana pasada en la Ciudad de México aumentó porque el Ejército y la Policía Federal realizaron otros tres cateos.

El Ejército regresó a realizar cateos en el Distrito Federal después de año y medio de no hacerlo. La madrugada del miércoles 26, una unidad de Fuerza de Reacción, apoyada por vehículos artillados, inspeccionó un inmueble en la esquina de Sur 113-A y Oriente 116, en la colonia Picos de Iztacalco, delegación Iztacalco. También cateó una casa de la calle Sur 115, de la colonia Juventino Rosas, de la misma delegación.

Más tarde, fuerzas especiales de la Policía Federal detuvieron a cinco personas supuestamente vinculadas con la delincuencia organizada en el hotel Bengala de la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Sitio de paso



La Ciudad de México ya ha sido escenario de detenciones de presuntos jefes del narcotráfico por parte de las fuerzas federales.

En marzo de 2009, agentes de la PGR y fuerzas especiales del Ejército detuvieron en el número 269 de la calle Lluvia, en Jardines del Pedregal, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.

Un mes después, también la PGR y el Ejército detuvieron en una residencia de Bosques de las Lomas a Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del fallecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del cártel de Juárez.

En enero de ese mismo año fue detenido por la PGR, en la colonia Villas de Coyoacán, Miguel Ángel Soto Parra, exmilitar cofundador de Los Zetas.

En Lindavista, en el norte del DF, en octubre de 2008 fue detenida una célula del cartel de Sinaloa. Entre los aprehendidos estuvieron el hermano del Mayo, Reynaldo Zambada, El Rey o El Patrón, y su sobrino Jesús Zambada Reyes.

En 2007, en un restaurante de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, fueron detenidos Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre, integrante del cártel colombiano del Valle del Norte, que se volvió testigo protegido del gobierno estadunidense y que ha declarado en contra de Sandra Ávila.

En la Ciudad de México también han sido detenidos grupos operativos de Los Zetas, del cártel del Golfo, La Familia Michoacana, el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva. A esas organizaciones la PGR les ha asegurado casas en las colonias Juárez, Del Valle, Lindavista, Jardines del Pedregal, San Ángel, Coyoacán, Pedregal, Bosques de las Lomas e Interlomas.

Beneplácito



El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ha dado su aval a estas acciones de las fuerzas federales en la ciudad. En junio de 2009 aseguró: “Nosotros vemos bien todas las acciones que se puedan tomar, ya sea por instancias federales o locales, y más si las hacemos de manera coordinada”; se refería a un operativo realizado un mes antes por el Ejército y la Policía Federal en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Pero el propio secretario capitalino de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, matizó “la coordinación” con el gobierno federal y pidió “una mejor comunicación” para la realización de los operativos.

El procurador Miguel Mancera dice que todas esas capturas “relacionadas con diferentes grupos delictivos de alto nivel han sido focalizadas, pero nunca resultado de un enfrentamiento a tiros en las calles, porque no hay una base efectiva de esos grupos en la ciudad”.

Sostiene que el DF “no es un punto de concentración o asentamiento de cárteles ni tampoco foco de distribución de la droga”. Explica: lo que han dicho los propios actores de la delincuencia organizada en algunas declaraciones es que la Ciudad de México se les dificulta para la operación porque requieren de mucha gente, de una rápida movilidad y de grandes esquemas de protección.

Según Mancera, la Ciudad de México no lo facilita porque hay un cuerpo policiaco muy grande, de más de 70 mil elementos, concentrado en un mando único. También, sostiene, porque permite detectar una situación anómala, como la circulación de un convoy con gente armada y vidrios negros, fuera de los que se conocen de las autoridades.

Pero la ciudad, que cada día puede llegar a tener unos 15 millones de personas con los 5 millones de población flotante, también facilita el ocultamiento de narcotraficantes, “siempre y cuando se mantengan discretos”, dice el funcionario.

Asegura que cuando fue capturado El Rey Zambada dijo que había venido a festejar su cumpleaños; es decir, que como muchos otros narcotraficantes entraba a la ciudad y luego se iba.

El verdadero problema de la ciudad, dice, es el narcomenudeo, que se registra desde finales de los años noventa, especialmente en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y parte de Álvaro Obregón. Esas demarcaciones son consideradas por la autoridad capitalina como “puntos rojos” y que irradian en áreas circunvecinas, como las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tlalpan.

El procurador capitalino admite que hay una tendencia creciente: “No hay semana en la que no hagamos una detención que no tenga que ver con el narcomenudeo”, pero insiste en que “no hay nada que conecte con un grupo en específico”.

Sobre la presencia de ejecutados y narcomensajes que se han registrado en el DF, afirma que no se trata “necesariamente de gente de esta ciudad”, sino de “encargos” de otras partes del país.

Las incursiones militares en la Ciudad de México han derivado, como en todo el país, en un aumento de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con esa instancia, del 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó el sexenio de Calderón, al 27 de enero de este año se han abierto 227 quejas contra el Ejército y 46 contra la Marina. La comisión ha emitido seis recomendaciones contra el Ejército y una contra la Marina, pero la mayoría ha sido rechazada por las Fuerzas Armadas.

Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la República y titular de la maestría en derecho militar de la Universidad Anáhuac, coincide con Mancera en que el DF ha escapado a la violencia inédita de la delincuencia organizada, pero considera que ésta buscará incrementar el consumo de droga en el país y en eso la Ciudad de México es un mercado codiciado.

Asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital está siendo cada vez más recurrente. Empezó de manera aislada y ahora está cada vez más presente. “Pero el uso del Ejército y la Marina –sostiene– no es la solución al problema, ni en el DF ni en todo el país”.

*Tomado de la revista Proceso.

La traición*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Figón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La traición*

Luis Javier Garrido

La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.

1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para “pacificar” Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.

2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para “permitir” a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: “El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México”. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.

3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de “traición a la patria”, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.

4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.

5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.

6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica “normal” y “legal”, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).
7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.

8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que “no hay otra alternativa” y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.

9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en “el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos”.

10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.

*Tomado de La Jornada.

Mejor legalizar las drogas*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

La producción, distribución y venta de drogas están determinadas (y motivadas), como en toda mercancía, por la ganancia. Si las drogas legales son negocio para las empresas farmacéuticas establecidas, las ilegales o prohibidas son más lucrativas, tanto más que quienes se dedican a éstas arriesgan su vida todos los días y envuelven su actividad con el manto del crimen y la complicidad siempre corrupta en la esfera estatal.

James Mills escribió que los habitantes de la Tierra gastan más dinero en drogas ilegales que en comida, incluso más del que gastan en vivienda, ropa, educación y atención médica. En 1986, cuando apareció su libro The underground empire, where crime and governments embrace (El imperio subterráneo, donde crimen y gobiernos se abrazan), Mills afirmaba que la industria internacional de narcóticos es la mayor en el mundo y que su renta anual es superior a medio billón de dólares, más que el producto interno bruto de media docena de las naciones más industrializadas. Y añadió que, para tener una mejor idea de lo que significa la ganancia de esa industria, un millón de dólares en oro podría pesar tanto como un hombre alto, mientras que medio billón de dólares podría pesar más que la población completa de Washington, DC. De lo anterior, Mills concluyó que no se trata en realidad de una industria, sino de un imperio, un imperio subterráneo poderosísimo que ha involucrado e involucra a gobiernos y a empresas privadas aparentemente legales, o legales. Si así era la realidad de las drogas en 1986, ¿cómo será ahora, 25 años después?

Este imperio descansa en el hecho de que sus mercancías son ilegales y, como todo producto mercantil, entre más demanda de drogas exista más beneficios les corresponden a quienes se dedican a ellas, sean productores, distribuidores, vendedores callejeros o sus cómplices en los medios policiacos, militares, aduanales, bancarios y hacendarios, a quienes algo les toca, aunque sea por hacerse de la vista gorda.

Querer acabar con ese negocio es tan difícil, por no decir imposible, como querer erradicar la industria de las armas o poner fin a la prostitución. Legales o ilegales, siempre tendrán demanda, y entre más prohibidas sean más desarrollarán su mercado negro y, con éste, el crimen organizado que está compuesto por empresarios grandes, medianos y pequeños que no por ser ilegales dejan de cumplir una función en la formación de capital, en su concentración y en su circulación.
Querer despenalizar el uso de drogas, como han dicho algunos ex presidentes, es en principio un problema de salud y de presupuesto para atender a los adictos. Si se legalizaran las drogas, en cambio, las venderían las farmacias, éstas determinarían el precio y los que comercian con ellas clandestinamente se verían en serios problemas, como ocurrió con la legalización del alcohol después de su prohibición (las mafias tuvieron que cambiar de giro, por lo menos en relación con las bebidas alcohólicas).

¿Aumentaría el número de consumidores si las drogas ahora ilegales se vendieran en farmacias? No necesariamente, pero si fuera el caso, entonces entrarían las políticas de gobierno para prevenir su uso o curar a los adictos, como se intenta en la actualidad con el consumo de tabaco, con una ventaja adicional: que la comercialización de las drogas ahora ilícitas reportaría impuestos gigantescos si fueran legales. Si los 20 millones o más de adictos regulares de Estados Unidos quisieran drogas producidas o comercializadas en México, que vengan y las compren. Más divisas para nosotros, y que ellos resuelvan el problema de sus adictos y no los mexicanos, como está ocurriendo con las políticas de Calderón. ¿Habría contrabando? Sin duda, pero de aquí para allá, al revés de lo que ocurre con las armas que vende Estados Unidos y se contrabandean en México, mucho más caras y que sirven sólo para quienes tienen mucho dinero y les interesa comprarlas (para combatir a policías, marinos y soldados que los persiguen).

Si se legalizaran las drogas ilegales (perdón por la repetición: iba a escribir dañinas, pero casi todas las drogas, legales o ilegales, de venta libre o controlada, son dañinas o tienen daños colaterales), los narcotraficantes perderían una parte muy importante de su negocio, tendiendo a desaparecer, entonces dejarían de comprar armas en Estados Unidos pues no las necesitarían si se dedican a otra cosa (pues la prostitución es semilegal o, si se prefiere, tolerada). A partir de ahí disminuiría el lavado de dinero y la parte de la corrupción gubernamental asociada a las drogas. Los soldados y los marinos dejarían de patrullar calles y carreteras ilegalmente, y los asesinatos por ajusticiamiento y por fuegos cruzados (o no) disminuirían, y todos muy contentos.

http://rodriguezaraujo.unam.mx/

*Tomado de La Jornada.

Los talk show del ocaso telegénico*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y El Figón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 25 de enero (apro).- PRIMERA ESCENA: Emilio Azcárraga Jean, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Canal 2, presumió que en 2011 su empresa impulsará una “Iniciativa México recargada”, en referencia quizá involuntaria a la serie de películas Matrix.

El dueño de Televisa advirtió que irán en busca de “los héroes anónimos”, y que para este año Iniciativa México tendrá “más asociados” entre los medios de comunicación e instituciones académicas.

También anunció que regresará el programa cómico El Privilegio de Mandar, el mismo que durante 2005-2006 sirvió como pasarela para promover a los políticos-clientes del monopolio televisivo y burlarse de aquellos que no estaban en su agenda de compromisos publicitarios.

Ante preguntas cómodas, Azcárraga Jean ofreció una visión idílica del compromiso de su empresa “con México”, que constituye “una plataforma muy clara a favor del país”. No abundó sobre el estreno de su talk show estelar, Laura de América, pero insistió que Televisa trabajará más por una “televisión de valores”.

SEGUNDA ESCENA: Laura Bozzo estrenó el mismo lunes 24 la edición de su talk show. El programa es una ensalada que mezcla melodrama, gritos, regaños, supuestos casos reales, “asesoría psicológica”, pero, sobre todo, propaganda nada velada a la Fundación Televisa, a los “héroes” ciudadanos que reciben la andanada de la demagogia de esta conductora.

“Debes comprar los libros de valores de la Fundación Televisa”, le ordenó Laura a uno de sus invitados. En la edición de este martes, la peruana mezcló el tema de la violencia contra las mujeres con el de los hijos abandonados y las drogas. Se proclamó enemiga de la violencia contra las mujeres, pero presumió a gritos su violencia verbal: “¡Una mujer que abandona a sus hijos es una porquería, es basura!”.

La señora que se autohalaga como defensora de los pobres y de las mujeres no se inmuta para humillar a los invitados, para recetarles todo tipo de invectivas y de violencia verbal, para simplificar supuestos casos truculentos de la vida real, como lo hizo en Perú, durante los tiempos de Alberto Fujimori.

En la casa de enfrente, en TV Azteca, la cantante-bailarina-conductora cubana Niurka se empeña por hacer del escándalo una forma de competir con la misma baja calidad al talk show de Bozzo. Ambas parecen responder a un guión oculto: evitar cualquier politización de los temas y vampirizar las vidas ajenas.

Ambas juran que son una reedición mexicana de Ophra, la exitosa conductora de talk shows estadounidenses. Estos talk shows son ediciones de un circo predecible, impostado, con demagogia telegénica. Constituyen el ocaso de un género televisivo que se ha utilizado en exceso para engañar a las audiencias. El truco es tan obvio que ya ni siquiera divierte.

TERCERA ESCENA: En el programa conducido por Carmen Aristegui en MVS, la conductora Martha Susana, quien dirigió otros talks shows para Venevisión, asociada a Univisión, denunció este martes que por órdenes de “altos mandos” de Televisa y de TV Azteca, esta última empresa canceló el plan para que ella condujera el programa que ahora tiene la cubana Niurka.

Martha Susana no sólo habló con coraje. Denunció con detalle la trama del engaño que caracteriza a los talks shows en los programas dedicados a audiencias hispanas (en Univisión, Televisa, TV Azteca, Venevisión). Relató que ella descubrió que cuatro testimonios eran “arreglados”, es decir ficticios. En Venevisión contrataron a unos actores para que simularan un exhibicionismo emocional truculento.

La conductora, entrevistada por Aristegui, descorrió el velo de una cortina que el control duopólico de la televisión comercial pretende que se mantenga oculto en México: TV Azteca acabó doblegándose ante Televisa para no contratar a una conductora que, por lo menos, no iba a hacer un circo mezclado con propaganda ideológica y política.

Es predecible que el duopolio le recete un linchamiento mediático a Martha Susana para que su denuncia se oscurezca. En el mejor de los casos, la van a ignorar y censurarán en sus múltiples espacios televisivos y radiofónicos cualquier referencia a su caso.

CUARTA ESCENA: El problema es que la violencia verbal que caracteriza a los talks shows ha sido interiorizada por los voceros de ambas televisoras para criticar, amedrentar y amenazar a todos aquellos críticos o periodistas que osen cuestionar sus pactos.

Una demostración lamentable de ese macartismo se leyó en sendas cartas enviadas al periódico Reforma, el pasado lunes 24, para desmentir al columnista Miguel Ángel Granados Chapa. El periodista asumió su error al dar por buena una versión extraoficial sobre la posible compra de Iusacell –perteneciente a Grupo Salinas– por parte de Televisa. Lo hizo con valentía, de cara a sus lectores y en su programa en Radio UNAM.

Granados Chapa demostró lo que todos los informadores sabemos: que el periodismo no es una ciencia exacta, que todos podemos cometer errores.

Sin embargo, parece que el error era lo que esperaban Televisa y Grupo Salinas para aplicarle una serie de ataques al autor de Plaza Pública, la columna diaria más reconocida en el periodismo impreso.

Como si los comunicados los hubieran redactado los guionistas de Laura Bozzo y Niurka, el desmentido de Televisa regaña a Granados Chapa:

“Si el señor Granados Chapa hubiera tenido el profesionalismo de consultar a las empresas y personas citadas en su artículo, seguramente lo hubiera redactado de forma distinta”. No basta el desmentido, hay que regañar.

Pero el que se luce es el Grupo Salinas. Acusa a Granados Chapa de difamar, de mentir, de burlarse de un grupo de “destacadísimos pensadores mexicanos” que se opusieron a la reforma electoral de 2007 y de “abusar” de la libertad de expresión.

¡Este es el tono del talk show disfrazado de desmentido! Y sus voceros oficiosos, como Carlos Marín –quien seguramente nunca se ha equivocado en sus columnas y notas periodísticas– califica en Milenio Diario a Granados Chapa de “timador contumaz”. ¡Qué tal!

Ese mismo día, la Canitec –organismo que publica desplegados para beneficiar siempre los intereses de Televisa– le recetó una serie de invectivas al presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue la posible modificación del título de concesión a Telmex para que preste servicios de televisión restringida.

Canitec regaña a De Swaan –como no lo hizo en otros casos polémicos, entre ellos la licitación 21. Afirma que el presidente de Cofetel hizo declaraciones “ligeras e irresponsables”.

No queda claro si la ira de Canitec y de Televisa contra De Swaan tiene su origen sólo en el caso de Telmex o en su posición a favor de licitar una tercera y cuarta cadena de televisión, posibilidad que afectará los intereses del duopolio.

Este es el México de los “valores”, de los “héroes” y, por supuesto, del talk show decadente que ambas televisoras buscarán promover en 2011 como parte de su Iniciativa.

http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

La Corte, los intelectuales y el poder*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Hernández y El Universal, Helioflores.

John M. Ackerman

En breve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si retornamos al régimen de oprobio en el que la manipulación política y el saqueo de las arcas públicas por los medios electrónicos era la regla, o si podemos seguir luchando por un blindaje efectivo del espacio público y una competencia política más justa, equilibrada y equitativa.

Los poderes fácticos han hecho todo lo posible para echar abajo la prohibición contra la contratación de propaganda electoral en radio y televisión incluida en la reforma constitucional de 2007. Primero, después de su toma simbólica de la casona de Xicoténcatl y la difusión de agresivos espots, lograron que los senadores suavizaran la reforma. Originalmente, se pretendía prohibir la “difusión” de cualquier “mensaje susceptible de influir en las preferencias electorales” y no solamente la “contratación” de “propaganda”. Pero esto no les satisfizo, y desde entonces a la fecha se han declarado en abierta rebeldía al desacatar sistemáticamente las órdenes del IFE y crear un vasto mercado negro para la compra y venta de mensajes políticos.

Otra estrategia ha sido la presentación de docenas de amparos contra la reforma. Esta semana, la SCJN tendrá que resolver uno de los más importantes: el juicio presentado por Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, junto a una docena de otros intelectuales, que alegan que la reforma viola los principios constitucionales de libertad de expresión, igualdad ciudadana y libertad de asociación.

A principios del año pasado, estos tres personajes organizaron un provocador desplegado contra la supuesta “generación del no” que a su parecer tiene “paralizado” al Congreso de la Unión. Hoy, de forma totalmente inconsistente, buscan echar abajo uno de los ejemplos más claros de productividad y consenso legislativo de los últimos años.

Recordemos que los juicios de amparo tienen validez exclusivamente para los quejosos. Así que si la SCJN da la razón a este puñado de intelectuales, nos encontraríamos en la peligrosa situación en que ellos y solamente ellos podrían contratar propaganda electoral en los medios electrónicos. Posteriormente, vendría un alud de otros amparos de parte de los ricos y poderosos del país y estaríamos ante la consolidación perfecta del elitismo y exclusión que ya tienen postrada a nuestra maltrecha democracia.

Este amparo hoy llega a la Corte porque los ministros ya han demostrado su disposición de moldear la Carta Magna al antojo de los poderosos. En 2002, en el contexto de las impugnaciones de cientos de municipios del país contra las reformas en materia indígena, la SCJN dictó una jurisprudencia que declaraba sin rodeos que el “procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal no es susceptible de control jurisduccional” (Tesis 39/2002). Sin embargo, en 2008 la SCJN concedió al Consejo Coordinador Empresarial lo que no estuvo dispuesto a dar a millones de indígenas seis años antes. De manera sorpresiva, la SCJN cambió radicalmente su posición y abrió la puerta a la procedencia de los amparos contra la reforma constitucional en materia electoral.
En 2008, la Corte supuestamente declaró la procedencia exclusivamente respecto del procedimiento de aprobación de la reforma y no para abordar el fondo del asunto que versa sobre las supuestas violaciones a la libertad de expresión y asociación. Sin embargo, desde entonces los jueces de distrito han desplegado una creatividad inaudita al utilizar esta decisión como una licencia para entrar al fondo del litigio. Se abre entonces la oportunidad para que hoy la SCJN complete el favor a los poderosos y anule directamente el corazón de la reforma electoral.

Pero para llevar a cabo esta tarea los ministros tendrían que elaborar tantos malabares jurídicos que su objetividad e imparcialidad quedarían en entredicho. La prohibición contra la contratación de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresión. Así como se prohíbe que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostitución, hoy se protege el interés público al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. Así mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresión de opiniones políticas en la plaza pública o siquiera por periodistas y invitados en la televisión. Lo único que se obstaculiza es la comercialización de los mensajes electorales en los medios electrónicos.

El artículo sexto de la Constitución prohíbe la “inquisición judicial o administrativa” contra la “manifestación de las ideas”, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. También habría que recordar que el artículo primero de la Carta Magna explícitamente autoriza la “restricción” o incluso “suspensión” de nuestras garantías si otro artículo de la misma Constitución lo mandata explícitamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violación al derecho de asociación y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibición contra la contratación de propaganda se aplica por igual a los partidos políticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en función de que la misma Constitución les otorga la calidad de “entidades de interés público”.

Una anulación de la reforma electoral sería un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentaría de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello sería el último clavo en el ataúd del desprestigio general que ya de por sí sufren las instituciones de justicia del país. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y esté a la altura del momento histórico.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

*Tomado de La Jornada.

Tradeco S.A., reina de las licitaciones*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Arturo Rodríguez García

Este sexenio una compañía se ha beneficiado de la mayoría de los contratos federales para la construcción de infraestructura. Tradeco Infraestructura S.A., es propiedad de un exfuncionario de Pemex que desde ahí ya había enriquecido a su empresa en tiempos en los que Felipe Calderón era secretario de Energía y presidía el Consejo de Administración de la paraestatal. Además hay un reducido grupo de funcionarios panistas, una especie de “círculo azul” que rodea al secretario de la Función Pública, que adjudica las obras y luego las audita y que ha permitido que esa constructora continúe ganando la mayoría de las licitaciones multimillonarias del gobierno calderonista.



Colocados en puestos que tienen que ver con la adjudicación de obra pública y con las respectivas auditorías, algunos servidores públicos –responsables de lo que Felipe Calderón llama “el sexenio de la infraestructura”– han permitido que una sola empresa acumule numerosos contratos millonarios para realizar los trabajos emblemáticos de la actual administración.

Estos servidores públicos –todos panistas y que se han mantenido en sus cargos pese a los cambios de titular en Comunicaciones y Transportes– han solapado pagos excesivos a los contratistas y otras irregularidades, y han escapado a los mecanismos de auditoría porque entre los empresarios metidos a servidores públicos hay algunos incrustados en el círculo cercano al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

Vega Casillas fue diputado local y federal por Michoacán, pero la administración foxista lo relegó a puestos menores: en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), Michoacán, se desempeñó como gerente de comercialización, y luego fue gerente administrativo.

Su superior inmediato, el entonces director general de la Apilac, era Juan Paratore García. En 2007, Vega Casillas pasó de subordinado a jefe cuando Felipe Calderón lo puso al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sustitución de Germán Martínez Cázares.

Ahí Vega Casillas nombró director general adjunto de Auditoría de Obra Pública a su exjefe, Paratore García. El puesto, inexistente hasta entonces, fue confeccionado a modo: se encarga de auditar toda inversión en el rubro, incluidas las obras que Vega y Paratore asignaron en la Apilac.

Entre esos trabajos destaca el puente basculante Albatros, proyectado en el sexenio foxista pero que se convirtió en una de las obras significativas del gobierno actual. Inaugurado el 6 de junio de 2010, fue calificado por Calderón como el más importante de su tipo en Latinoamérica.

El Albatros es un puente basculante –es decir, levadizo– y permite tanto el tránsito terrestre como el marítimo y fluvial. Une el puerto de Lázaro Cárdenas con la autopista Siglo XXI y comunica las islas de Enmedio y Cayacal, separadas por un brazo del río Balsas.

Según la licitación pública nacional 09178002-012-05, el importe del contrato se fijó en 493 millones de pesos. La convocatoria fue emitida el 20 de septiembre de 2005 y fue asignada a Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., compañía fundada por Federico Martínez Salas y ahora dirigida por su hijo, Federico Alberto Martínez Urmeneta, según consta en las actas constitutivas de sus empresas (la matriz y sus filiales) registradas en el Distrito Federal.

Cuando se asignó a Tradeco la construcción del puente Albatros, Martínez Salas era director corporativo de Planeación y Desarrollo de Proyectos de Pemex; era responsable de todas las obras de la paraestatal.

Conforme al contrato 1-125-2005-G.I., la obra debió erigirse entre el 30 de noviembre de 2005 y el 16 de diciembre de 2006. La Apilac, aún bajo la dirección de Paratore y la administración de Vega Casillas, pagó 80% del monto total del contrato a principios de 2006.

Sin embargo, la obra no estuvo lista en el tiempo establecido. No obstante los recursos adelantados a Tradeco, la construcción se vio afectada por paros de los trabajadores que protestaban por la falta de pago.

El Albatros fue inaugurado por Calderón el 6 de junio de 2010, tres años y siete meses después de lo estipulado. La obra costó, según el mandatario, 700 millones de pesos; es decir que tuvo un sobreprecio de al menos 200 millones de pesos.

De acuerdo con los basamentos legales del caso, el retraso debió acarrear sanciones y auditorías. Pero en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la SFP se establece, mediante la resolución 22009, que la información relativa a la licitación 09178002-012-05 fue declarada reservada o confidencial. Al intentar ver la minuta del Comité de Acceso a la Información que determinó la reserva, aparece la leyenda “la información solicitada no existe”.

En su revisión del ejercicio fiscal 2006 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tuvo observaciones sobre esa licitación; el retraso se justificó con el argumento de que los montos excedentes se solventarían con recursos de la Apilac; pero ésta, según el organismo fiscalizador, dejó de tener ingresos por el paro en la siderúrgica Lázaro Cárdenas.

En contraste, la ASF documentó que la obra asignada a Tradeco no fue supervisada, revisada ni sujeta a control de calidad. No obstante, al emitir su recomendación pidió que se supervisara a otra empresa con otro contrato para obras en el puente, y omitió cualquier alusión a Tradeco.



El círculo azul



Para incorporarse al servicio público Martínez Salas dejó al frente de su empresa, Tradeco, a su hijo Federico Martínez Urmeneta.

Martínez Salas tuvo diversos cargos en Pemex entre 2001 y 2003: director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, así como subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas en Pemex-Exploración y Producción; este último cargo lo tuvo cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.

Antes de dirigir la Apilac, Juan Paratore había sido director de Obras Públicas del municipio de Veracruz en la administración del panista Julem Rementería del Puerto.

Ahora Rementería es coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): está a cargo de las delegaciones de la dependencia en los estados. Y colocó a Jesús Suverza –su contralor en la alcaldía veracruzana– como director de Planeación de Centros SCT.

Según el portal de la secretaría, la coordinación a cargo de Rementería es responsable de la “construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones” y de la “supervisión de los diversos servicios de Comunicaciones y Transportes”.

Y en la SCT fue Federico Martínez Salas quien diseñó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, en el que Calderón basa su “sexenio de la infraestructura”.

En síntesis: Martínez Salas (quien ahora encabeza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) hizo el programa, Rementería y Suverza lo planean y ejecutan, y Vega Casillas y Paratore lo auditan.



Favoritismo a la vista



Felipe Calderón ha puesto especial interés presupuestal y discursivo en la creación de infraestructura. Al inaugurar el puente Albatros, dijo: “Tan sólo en el potencial portuario del país, este año nada más, van 7 mil millones de pesos más. Obras en Tampico, en Altamira, en Tuxpan, en Veracruz, en Progreso, en Mazatlán, en Manzanillo y, desde luego aquí, en Lázaro Cárdenas”.

Todas las obras mencionadas por Calderón han contado con la participación de Tradeco. Una búsqueda en Compranet revela que entre 2008 y 2010 esa empresa obtuvo cuatro contratos que suman mil 927 millones 422 mil 12 pesos, como resultado de las siguientes licitaciones:

La 09120015-041-08, por 347 millones 460 mil 913 pesos, para obra en la autopista México-Querétaro; la 18572039-002-09, por 705 millones 7 mil 74 pesos, para obras en Tuxpan, Veracruz; la 18575106-005-10, por 834 millones 982 mil 536 pesos, en Cárdenas, Tabasco, para obras especializadas en Pemex; la 18575051-007-09, con importe de 39 millones 971 mil 489 pesos, también para Pemex pero en Poza Rica, Veracruz. En todas estas cifras no se contabilizan los montos por impuestos.

Los registros de Compranet se quedan cortos.

Martínez Salas ocupó diversos cargos relativos al diseño y programación de los planes de obra de Pemex. En ese tiempo Tradeco logró contratos por más de 3 mil millones de pesos.

En el sexenio actual prácticamente no hay obra importante en la que su empresa no participe a través de sus subsidiarias Tradeco Infraestructura, Tradeco Industrial, Orca, Itecsa y Marcadores de Pavimento.

Por ejemplo, Tradeco construyó el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, un búnker tecnológico inaugurado por Calderón en 2009 que costó 500 millones de pesos –según publicó el diario Reforma el 24 de noviembre de ese año– y se considera la mayor obra de infraestructura en materia de seguridad durante su gestión.

Otra obra emblemática del gobierno es el puente El Baluarte, en la carretera Durango-Mazatlán, por el que Tradeco consiguió un contrato por mil 280 millones de pesos; para ese trabajo la empresa ya tenía uno previo por 40 millones de pesos para un túnel y más de 2 mil millones de pesos por “estudios y proyectos” de la autopista. Sólo esto le ha significado a Tradeco ganancias por unos 3 mil 300 millones de pesos.

Entre otros contratos esa empresa consiguió uno por 189 millones de pesos en la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta; otro por 64 millones de pesos para señalizar una carretera en Nayarit; uno más, de 21 millones 500 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad; otro de 33 millones de pesos para rehabilitar la librería Nueva Época de la SEP.

Apenas el pasado 5 de octubre ganó la licitación 55201001-001-10 para construir un acueducto en Sonora, con un costo de 2 mil 568 millones 366 mil 831 pesos.

Además está el libramiento ferroviario Cuyutlán, que se construye en Manzanillo, Colima; por la obra, visitada por Felipe Calderón el pasado martes 18, Tradeco cobrará mil 500 millones de pesos.

En ese rastreo, que no refleja la totalidad de las obras asignadas –Alberto Barranco publicó en su columna de El Universal el 9 de diciembre de 2009 que Tradeco había conseguido 15 proyectos sólo ese año–, el monto obtenido por la compañía de Martínez Salas en contratos durante la administración de Felipe Calderón supera los 10 mil millones de pesos.

Si el caso del puente Albatros implica directamente a Juan Paratore y Vega Casillas en la planeación y contratación, en 2005, de Tradeco, así como en la posterior auditoría a la obra desde la SFP, hay constancia de al menos 10 denuncias contra esa empresa en órganos internos de control de diferentes dependencias, pero todas han sido desechadas, archivadas y puestas bajo reserva por diferentes motivos.

Según el Oficio CI-SFP-1794/2007, que recoge el expediente CI/668/07 del Comité de Información de la Función Pública, en 2004 Tradeco acumuló tres expedientes con la indicación “Concluido. Archivado por falta de elementos”.

De 2000 a 2007 se le abrieron otros siete expedientes que luego fueron desechados sin que hubiera sanción.



Competencia acosada



Pero las auditorías han sido inusualmente activas respecto a licitaciones ganadas por otros contratistas, como Construcciones y Montajes del Sur, de Rafael Acosta Croda.

Con asiento en Coahuila, Construcciones y Montajes del Sur tiene varios contratos en la zona del Golfo de México. Entre otros, realizó trabajos de modernización, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias en la carretera Manuel Aldama-Soto La Marina-Rayones, y construyó una estación de bombeo de aguas fluviales en Boca del Río, Veracruz.

En la API de Altamira la misma empresa perdió la licitación para la construcción de dos cuerpos del libramiento Altamira, por lo que Acosta Croda se inconformó. Entonces Paratore ordenó una auditoría a la licitación, de acuerdo con el oficio DGAAG-A/316/2008 firmado por Alfredo Rojas Montero, uno de sus subordinados. No encontró nada anormal. Siguió con auditorías a cinco contratos de 2007 y finalmente realizó una auditoría más a toda la obra de 2007 y 2008.

El libramiento Altamira fue inaugurado por Felipe Calderón el pasado 14 de diciembre, cuando habló de la inversión realizada en infraestructura: “He dicho insistentemente, amigas y amigos, que éste iba a ser el sexenio de la infraestructura. Y dos años antes de que termine este gobierno, todavía cuando falta un tercio de este mandato, ya cumplimos esa palabra. Éste ya es, en el cuarto año, el sexenio de la infraestructura en el país”.

*Tomado de la revista Proceso.

Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas*

Tomado de La Jornada, Henándz.

Patricia Dávila

A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.



Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.

Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.

En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.

Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.

Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.

El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.

Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.

Acciones sin estrategia



A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.

El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.

Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.

A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.

Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.

Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.

Los pendientes



Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.

“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.

Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.

–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.

–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).

Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.

Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.

En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.

–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?

–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.

“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.

“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”

En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.

“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.

“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.

E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.

A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.

–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?

–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.

Hay avances, pero limitados



La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.

Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.

En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.

Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.

“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.

“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras que el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31%.”

–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?

–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.

“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.

“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”

–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...

–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ Calderón: gastos criminales al descubierto

Jaime Avilés

El 11 de mayo de 2007, la subdirección de servicios de salud de Pemex compró condones por un total de 10 mil 380 pesos. El primero de febrero de 2008, esa misma dependencia gastó 328 mil 135 pesos en Viagra. El 29 de marzo de 2010, Presidencia de la República pagó 3 millones de pesos a Lunave Multimedios SA de CV para analizar mensajes en Twitter. El 15 de diciembre de 2009, la Secretaría de la Defensa dio 386 mil pesos a Grupo Empresarial Casa SA de CV para vigilar un cementerio militar.

El 9 de septiembre de 2009, la gerencia de recursos materiales de Pemex adquirió en Distribuidora Las Barricas SA de CV vino blanco por 239 mil pesos. El 20 de noviembre de 2007, esa misma dependencia entregó 19 mil 716 pesos a Distribuidora Desc SA de CV por la cabeza de un maniquí de plástico. El 9 de junio de 2008, Gobernación erogó 27 mil 300 pesos para ofrecer café a los asistentes a una función de Sonia Amelio.

El 26 de octubre de 2007, el Banco Mexicano de Comercio Exterior destinó 150 mil pesos a la firma Eventos Promociones y Convenciones SA de CV para organizar una fiesta de halloween. El 16 de julio de 2007, Presidencia de la República contrató a Grupo Gastrointernacionale SA de CV para que sirviera comida infantil por valor de 74 mil 520 pesos durante el cumpleaños de uno de los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

El 10 de septiembre de 2009, la gerencia de Recursos Materiales de Pemex pagó 5 millones 62 mil 302 pesos a Deportes Morales SA de CV por un paquete de espinilleras para beisbol y softbol, “fabricadas en polietileno de alto impacto”. El 16 de abril de 2008, el Instituto Mexicano del Petróleo benefició a Super Mercado Fabián SA de CV al comprarle 109 mil pesos de galletas.

El 13 de noviembre de 2009, la Policía Federal adjudicó a Mantenimiento Industrial Retro SA de CV un contrato por 22 millones de pesos para construir tribunas alrededor de la cancha de futbol del centro de mando de esa corporación en Iztapalapa. El 20 de octubre de 2009, el Banco Nacional del Ejército (Banjército) dio 23 mil 400 pesos a Zenón Sánchez Cisneros por la compra de 21 manteles “para llevar a cabo el finiquito del personal de Luz y Fuerza” (sic).

El 6 de noviembre de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrató a Ulises Beltrán y Asociados, por 260 mil pesos, para que el experto en encuestas estudiara “la percepción de la población por la crisis derivada del percance de la aeronave XC-VCM”, es decir, por el avionazo en que murió Juan Camilo Mouriño.

El 8 de junio de 2010, la Secretaría de Marina le pagó a Mauro Cabrera Bonilla 121 mil 555 pesos por 60 botellas de Ajax Amonia Limpiador Líquido. El 6 de mayo de 2009, la Secretaría del Trabajo, a cargo del impoluto Javier Lozano Alarcón (“coopelas o cuello” ¿almidonado?), asignó un contrato por 124 mil 98 pesos a Procesos Inteligentes de Lavado SA de CV a cambio de un servicio de “lavado y planchado de blancos”.

Además de todo lo anterior, ¿les gustaría a ustedes conocer cuánto se botó el Cisen en pescados y mariscos el 30 de diciembre de 2005? ¿O cuánto costó un banquete de Agustín Carstens el 6 de junio de 2008? ¿O cuántos contratos de 25 mil pesos cada uno ha suscrito Pemex para dar “clases de cultura de belleza”? Bueno, hoy a lo largo de todo el día, en las plazas públicas de algunas ciudades del país, distintos grupos de usuarios de Facebook que simpatizan con la causa de Andrés Manuel López Obrador darán a conocer todos estos datos, y muchos más, que recolectaron con paciencia en las ventanillas cibernéticas del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai).

La “jornada de balconeo de gastos criminales del gobierno federal”, nombre oficial del evento, se realizará a partir de las 10 horas en la plaza Juárez de Pachuca; en Tepic, Nayarit, frente a la catedral, de las 10 a las 15; en Coacalco, estado de México, sobre la avenida López Portillo, todo el día; en el tianguis Las Garzas, de San Juan del Río, Querétaro, de las 9 en adelante; en el zócalo de Tingüindín, Michoacán, a las 19 horas; en el parque Benito Juárez, de la capital del estado de Veracruz, desde las 16; en el zócalo del puerto de Veracruz, de 11 a 20; en la plaza de armas Emiliano Zapata, de Cuernavaca, Morelos, de 13 a 20; en el parque Naucalli, de Naucalpan, a mediodía, mientras en el Distrito Federal la expo será visible tanto en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, de las 17 a las 19; en el Metro Chilpancingo (Insurgentes y Baja California) desde las 13, y de las 12 a las 14 a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán.
Malestar en la UACM

Esther Orozco, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, insiste en gobernar la casa de estudios fundada por el gobierno capitalino de López Obrador con un estilo personal que provoca y multiplica resistencias. He aquí un ejemplo. La UACM renta dos edificios para personal administrativo, uno en Ángel Urraza 1137 (que le cuesta alrededor de 12 millones de pesos al año, aloja a 200 empleados y tiene ocupado 70 por ciento de su espacio) y otro en División del Norte 905 (que le sale en 5 millones anuales, es más pequeño y está lleno a tope).

Pues bien, Orozco decidió vaciar el de Ángel Urraza y repartir a sus 200 empleados entre el de División y el plantel de la colonia del Valle. Para esto resolvió sacar de División a los 26 empleados de difusión cultural, a los 18 de comunicación y a los 15 de servicio estudiantil y mandarlos al Centro Cultural Talavera, una hermosa y antigua casona en el barrio de La Merced, que lleva siete años funcionando como museo de sitio y sede de talleres de video, música, danza, pintura, fotografía y teatro para niños y adultos, seminarios académicos, lecturas literarias y conciertos musicales.

Casa Talavera está al cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia y necesita reparaciones estructurales. Si los designios de Orozco se cumplen, el inmueble se verá afectado en su integridad física, al ser invadido por 60 personas que llegarán con escritorios, archivos, computadoras y teléfonos; cancelarán con su sola presencia las actividades de los talleristas y deberán trabajar en condiciones de hacinamiento con apenas cinco baños para todas y todos. La molestia, promete la rectora, durará únicamente este año. ¿No hay otra solución? Ojalá reconsidere y evite un conflicto que en otros ámbitos de la institución bien puede provocar una reacción en cadena.

Pregunta al Jeque Diego

Ya cabalga nuevamente, con su afilada lengua en ristre, el campeón de la inverecundia, la corrupción y la impunidad: el cínico entre los cínicos, el modelo de los atolondrados neopanistas, que le rinden pleitesía por su inagotable capacidad de enriquecimiento a costa del hambre, la desdicha, el dolor y la miseria de los que nada tienen. Ahora que ha vuelto a los medios, con la esplendorosa barba de jeque árabe que literalmente le hicieron sus misteriosos anfitriones, ¿algún entrevistador electrónico le preguntará si ya dispuso que sus pequeños nietos, de uno y cuatro años, que fueron secuestrados con el apoyo de las fuerzas armadas por su hijo, David Fernández de Cevallos, en la isla de Cozumel, vuelvan al lado de su madre? ¿O sólo habrá micrófonos duros para el atolondrado Kalimba, cuya culpabilidad está en duda, y silencio cómplice ante los asesinatos de Coppel y lengüetazos a los zapatos de los jefes de la mafia que se adueñó del país?

jamas@gmail.com

*Tomado de La Jornada.