Procuración de justicia y vigilancia ciudadana*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.

John M. Ackerman

Urge someter a las procuradurías de justicia del país a un estricto régimen de rendición de cuentas. El cuestionable manejo del caso de Paulette, las sospechas respecto de la detención de Greg Sánchez y la imperdonable abdicación de las autoridades ante las exigencias del crimen organizado en el caso de Diego Fernández de Cevallos, revelan una franca incapacidad de nuestras autoridades para ganar la confianza ciudadana y asegurar el estado de derecho. La opacidad y la discrecionalidad imperantes constituyen el caldo de cultivo ideal para la corrupción, la inefectividad y el abuso de autoridad que caracterizan la actual situación de procuración de injusticia en el país.

Hace casi dos años, el 21 de agosto de 2008, la clase política del país se comprometió a formar un observatorio ciudadano en materia de seguridad, dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El 19 de febrero de 2009, la prensa informó que se habían firmado los estatutos de este nuevo observatorio integrado por la organización México Unido Contra la Delincuencia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y algunas universidades del país. Sin embargo, de entonces a la fecha no se ha detectado ninguna acción clara o contundente de parte de esta instancia no precisamente plural o incluyente. Es más, ni la prensa nacional ni la Internet dan fe de que este observatorio haya emitido informe o declaración pública alguna desde su creación.

Los lectores recordarán que en la misma reunión en Palacio Nacional del 21 de agosto de 2008, el empresario Fernando Martí emitió un discurso emotivo donde retó a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar el estado de derecho en el país. Allí pronunció su famosa demanda: “Si no pueden, renuncien”. Hoy, sin embargo, el licenciado Martí aparentemente ha decidido bajar el nivel de exigencia ciudadana. El pasado lunes 24 de mayo, en un foro convocado por su organización, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), Martí ofreció un discurso mucho más suave y de conciliación con las autoridades. Paradójicamente fue Felipe Calderón quien más lució en el acto ciudadano, al declarar su supuesta voluntad de extirpar la corrupción entre los cuerpos policiales, ministeriales y judiciales del país. Al final, Martí no dudó en posar para la foto para capturar su amistad y confianza en el mandatario.

Pero hoy más que nunca hace falta redoblar la exigencia ciudadana hacia las autoridades por la inseguridad que prevalece en el país. Es necesario instaurar mecanismos de vigilancia directa de las autoridades por los ciudadanos y los expertos en la materia para asegurar que cumplan con sus mandatos legales.
El primer paso sería garantizar la transparencia plena en las actuaciones de los ministerios públicos del país. Si bien existen razones de peso para proteger el contenido de las investigaciones ministeriales en curso, se deben proporcionar versiones públicas de los expedientes una vez que la autoridad haya terminado su labor. Urge revocar las recientes reformas al artículo 16 del Código de Procedimiento Penales que prohíben a rajatabla el acceso ciudadano a cualquier elemento de los expedientes ministeriales en cualquier momento. De otra forma, nunca habrá materia prima para una efectiva vigilancia ciudadana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene una oportunidad de actuar a este respecto. En su análisis de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado, fácilmente podrían expulsar el nuevo texto legal del orden jurídico nacional. El “principio de máxima publicidad” consagrado en el artículo sexto constitucional y el “principio de publicidad del proceso penal” plasmado en el recién reformado artículo 20 de la Carta Magna juntos aportan más que suficientes elementos a los ministros para declarar la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Procedimientos Penales.

Por otra parte, la Cámara de Diputados debería perfeccionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace unos días por el Senado. Es falso que esta reforma constituya una respuesta contundente a la decisión de la Corte de avalar las disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR que permitan al procurador negar a su gusto cualquier información solicitada por la CNDH. El texto aprobado por el Senado únicamente permite el acceso completo a la información en casos de “violaciones graves de derechos humanos”. Los diputados deberían eliminar este peligroso candado para permitir un acceso sin restricciones de parte del ombudsman en todo momento.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial también tendrían que actuar de manera contundente para frenar el intento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA) de erigirse como instancia de revisión de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Los recientes fallos del TFJFA contra el IFAI implican una amenaza directa a la médula del sistema de rendición de cuentas del país y sobre todo con respecto a la información en manos de la PGR.

Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, ha llegado la hora para la articulación de un sólido y combativo movimiento social en favor de la justicia y el estado de derecho en el país. Ya basta de que las autoridades utilicen los esfuerzos ciudadanos únicamente para legitimarse en el poder.

*Tomado de La Jornada.

Tardía, omisa, cómplice...*

Tomado de Monosapiens, Helguera y Rocha

Jorge Carrasco Araizaga



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardó nueve meses en responder a la queja presentada por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, acerca del intento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de asociar a Proceso con el cártel de La Familia michoacana. Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal, considera que al desechar la queja el responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Andrés Calero Aguilar, sólo confirma que la CNDH es una “institución inocua”. Y advierte: al avalar la actuación de la SSP legitima las violaciones a los derechos humanos.



En tiempos de agresión sin precedentes contra la prensa en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló los actos de intimidación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a Proceso.

El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva decidió archivar la queja presentada por la revista en agosto de 2009 a raíz de que la dependencia a cargo de Genaro García Luna mostró ejemplares del semanario en una conferencia de prensa y en un video como parte de los implementos con que ha operado el cártel del narcotráfico conocido como La Familia michoacana.

Para la CNDH, la SSP sólo cumplió con sus atribuciones informativas cuando la Policía Federal –adscrita a la SSP– incluyó ejemplares de cuatro ediciones de Proceso al presentar a la prensa, el 29 de julio del año pasado, a seis detenidos identificados como una célula de esa organización delictiva.

Al día siguiente, la secretaría distribuyó un video editado en el que uno de los detenidos subraya el interés de uno de los liderazgos de La Familia… en allegarse ejemplares de la revista.

El semanario promovió la queja por considerar que, con esos actos, la SSP violó los derechos humanos de sus integrantes y directivos y puso en riesgo su integridad física.

Para desechar la queja, la CNDH argumentó que lo hecho por la SSP fue un mero “acto de difusión” que no tuvo ningún efecto legal, pues el Ministerio Público federal no le dio ni a las revistas ni al video el carácter de instrumentos u objetos del delito en la indagatoria consignada al Juez Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas.

En defensa de la autoridad, la comisión sostiene que ni la Policía Federal ni la SSP pretendieron atentar contra la libertad de expresión de la revista, en cuyos ejemplares exhibidos documentó no sólo las bajas causadas por La Familia michoacana a la PF, sino las quejas de elementos de esa corporación por las condiciones precarias en las que fueron enviados para enfrentar al cártel.

En cualquier caso, si hubo alguna irregularidad por parte de funcionarios de la SSP al exhibir los impresos, será el propio gobierno de Felipe Calderón el que investigue al respecto por medio del Órgano Interno de Control (OIC) de la secretaría, determinó la Quinta Visitaduría General de la CNDH, responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.



Una respuesta sesgada



La decisión del director del Programa, Andrés Calero Aguilar, deja que la autoridad se investigue a sí misma, toda vez que los titulares de los OIC de cada una de las dependencias gubernamentales son designados por el secretario de la Función Pública, nombrado a su vez por el titular del Ejecutivo federal.

Al igual que Raúl Plascencia, Calero trabajó con el anterior ombudsman nacional, José Luis Soberanes. En septiembre de 2005 pasó de director general de Quejas y Orientación a tercer visitador de la CNDH.

Con la llegada de Plascencia al organismo –en noviembre del año pasado, luego de la intervención del exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon (Proceso 1727)–, Calero se hizo cargo de la Quinta Visitaduría.

El visitador hizo llegar la respuesta a la revista a través de correo ordinario, que fue recibido el jueves 27, casi dos meses después de que se elaboró la contestación, fechada el 31 de marzo.

En su valoración, Calero soslayó uno de los principales argumentos de la queja: que al sugerir una relación de la revista con La Familia michoacana, la secretaría bajo el mando de García Luna coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la publicación (Proceso 1710).

“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectados por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista”, expuso el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, en la queja presentada ante la CNDH el 4 de agosto de 2009.

Calero nada contestó sobre esta consideración. En cambio, se hizo eco de los argumentos de la SSP al decir que cuando la PF presentó los videos donde aparecen ejemplares de la revista junto a los presuntos delincuentes y un detenido que habla sobre el interés de La Familia michoacana en Proceso, los días 29 y 30 de julio de 2009, se limitó a cumplir sus tareas de difusión.

“Del contenido de los citados videos se advierte que, efectivamente fueron tomadas imágenes de algunos ejemplares de la revista Proceso junto con los demás objetos y documentos asegurados a los detenidos, sin que se observe una tendencia a enfocar particularmente tales publicaciones o se mantenga la imagen por más tiempo que en los otros bienes”, evaluó el organismo.

Según el visitador, lo mismo pasa con el video de la entrevista que la SSP hizo a uno de los detenidos, “quien menciona al referido semanario como parte del relato que está ofreciendo a la autoridad”.

En esa grabación, la SSP identificó al detenido como Armando Quintero Guerra, El Licenciado. En la edición del video presentada a los medios, Quintero insiste en las instrucciones de uno de los jefes de La Familia…, Servando Gómez Martínez, La Tuta, para que obtenga ejemplares en los que la revista publicó información sobre la SSP y ese cártel del narcotráfico.



Desdén de la CNDH



La CNDH rechazó que la inclusión de los ejemplares en esas presentaciones pudiera ser considerada “como un medio indirecto de presión o censura contra de la línea editorial que maneja la revista”, como aduce Rodríguez Castañeda en su querella.

Con ese argumento, la revista quiso hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información protegidos por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política mexicana, así como por los artículos 19 y 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el punto 13 de los Principios sobre Libertad de Expresión, de los que México forma parte.

Sin embargo, para la CNDH, que sólo se apoyó en lo dicho por la SSP, ni por asomo se trató de una afectación a esos derechos:

“La Secretaría de Seguridad Pública federal sostiene en los informes rendidos que con este tipo de acciones no pretende involucrar a institución, organización o persona alguna en actos atribuibles a la delincuencia organizada y reitera que esa dependencia es respetuosa de la libertad de expresión de la revista Proceso, así como de cualquier otro medio de comunicación, y que en ningún momento se ha pretendido menoscabar dicha prerrogativa.”

Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, considera que esa respuesta representa una “grave omisión” de la CNDH al negar que la SSP sí “implicó una relación” de la revista con el cártel del narcotráfico.

No se trataba de considerar si el Ministerio Público federal incluyó en la consignación ante el juez los videos donde aparece implicado Proceso, sino de defender derechos colectivos como la libertad de expresión y el derecho a la información, dice Álvarez Icaza, quien el año pasado intentó llegar a la presidencia de la CNDH.

“La revista no se quejó por haber sido considerada o no en una consignación ministerial, sino por sentirse afectada en el ejercicio de libertades que van más allá del propio semanario”, asegura en entrevista telefónica.

En la conversación, realizada el viernes 28 de mayo, Álvarez Icaza califica la respuesta de la CNDH de “pésimo mensaje” en el contexto de las afectaciones que está teniendo en la población civil la llamada guerra al narcotráfico de Felipe Calderón.

En este contexto, el ex ombudsman capitalino insiste: “nos hemos centrado en las acciones violatorias a los derechos humanos por parte del Ejército, pero la gran ausente ha sido la SSP... Con su decisión, la CNDH avala estos atropellos u otros que pueda cometer no sólo la autoridad militar, sino también la civil”.

Cuestiona asimismo que la Quinta Visitaduría no haya buscado al querellante para propiciar el diálogo con la SSP. La función de la CNDH es justamente generar entendimiento entre las partes, pero eso no ocurrió en este caso, añade.

Álvarez Icaza señaló también que al desechar la queja, la CNDH confirmó que es una “institución inocua” porque con el aval que le da a actuaciones como la de la SSP acaba por legitimar las violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de la CNDH soslayó también el punto de acuerdo aprobado de manera unánime por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 19 de agosto del año pasado, en el que le pidió a García Luna garantizar “el libre ejercicio de las libertades de prensa y expresión” y evitar actos que pongan en riesgo a los periodistas, toda vez que al vincular a Proceso con La Familia michoacana, puede “generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de la revista”.

Durante 2009 la CNDH abrió 79 expedientes de queja por parte de periodistas y medios de información, lo que hace de México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Según las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en los tres primeros años del gobierno de Calderón se han registrado 22 asesinatos de periodistas, además de los nueve desaparecidos desde el año 2000.

En ese punto de acuerdo, que incluso aprobó el PAN, el Congreso pidió además a la CNDH que le diera prioridad a las denuncias de los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o editoriales. La respuesta de la comisión llegó poco menos de un año después de la presentación de la queja por parte del director de Proceso.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomado de La Jornada, Helguera.

Paulette fue asesinada: Bazbaz lo ocultó

Jaime Avilés


Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.

Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.

Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.

El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.

Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.

Diego: estado de excepción

A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.

Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.
Manchas de sangre

La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.

Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.

¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.

¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.

A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.

Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El silencio*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El UNiversal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.

1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como “ilegal” por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como “absurdo” por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.

2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.

3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese “un secuestro” o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.

4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un “amigo de Diego”, cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.

5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.
6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de “tránsito a la democracia”, los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.

7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.

8. El efecto del intento de silenciamiento del “caso Diego” no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.

9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el “caso Diego”, Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.

10. El “caso Diego” no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.

*Tomado de La Jornada.

Narco, política y elecciones*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

José Gil Olmos



MÉXICO, D.F., 26 de mayo (apro).- No se olvida aún que hace un año el gobierno federal detuvo a 30 servidores públicos de Michoacán, incluidos 10 alcaldes, principalmente del PRD, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de estar vinculados con el narcotráfico. Esa acción, que meses después resultó ser un fiasco, pues 18 de ellos fueron excarcelados por falta de pruebas inculpatorias, demostró que el gobierno de Felipe Calderón estaba dispuesto a manejar los expedientes judiciales con una intención política electoral.

Hoy un nuevo caso parece reafirmar esta estrategia gubernamental con el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, acusado de estar relacionado con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, a quienes, supuestamente, brindaba protección como alcalde de Cancún.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, desde el mes de enero ya se sabía de la presunta relación del perredista con el narcotráfico, gracias a una denuncia anónima y a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez.

Durante meses, la PGR no actuó en contra del alcalde perredista, sino hasta ahora que empezaron las campañas en Quintana Roo.

El principal cuestionamiento que se le hace a la PGR es por los delitos que le imputa al perredista, basados en declaraciones de testigos protegidos, así como en una denuncia por un presunto fraude por dos millones de dólares, promovida por el empresario Steve Santander Reyes ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, sino por el momento en que decidió detenerlo y enviarlo al penal de alta seguridad de Nayarit. Es decir, cuando apenas se había registrado como candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia.

La sospecha del uso político electoral del expediente del perredista por parte del gobierno federal surge por la forma en que operó en Michoacán, pues en vísperas de las elecciones locales en ese estado, fueron detenidos diez presidentes municipales en medio de un enorme escándalo mediático.

Tras el escándalo que desató la detención y encarcelamiento de 30 autoridades michoacanas, incluidos los 10 alcaldes, bajo un aparatoso operativo policíaco militar, las acusaciones resultaron ser falsas y los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad sin mediar una explicación. Lo peor del caso es que el PAN en Michoacán fue derrotado y de nada sirvió el operativo.

Curiosamente, hay otro caso que llama la atención. Se trata del proceso que hay contra el panista Martín Orozco, candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, quien cuando fungía como alcalde de la capital --2005 a 2007-- adquirió unos terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento y mediante una triangulación con particulares apareció a nombre del exedil, en octubre de 2007, tras lo cual fue denunciado en noviembre de 2009 por dos regidores priistas.

El 22 de febrero se dictó el auto de formal prisión contra el exalcalde de Aguascalientes y de inmediato fue amparado por el PAN y el gobierno federal. Presentó un amparo para proteger sus derechos políticos y no ser detenido, mientras que su partido promovió una queja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) le repusiera su registro, el cual había denegado bajo el argumento de que había perdido sus derechos políticos con el auto de formal prisión que se le dictó.

A pesar de estar indiciado por el posible fraude millonario, el panista Martín Orozco fue registrado como candidato a gobernador el pasado 16 de mayo. Los priistas de la entidad, como el diputado David Hernández, acusaron que la dirigencia nacional del PAN presionó a los magistrados del tribunal electoral para que resolvieran a favor de exalcalde de Aguascalientes.

La ausencia de autoridades fuertes y efectivas provoca un vacío que es llenado por otros grupos de poder, como es el narcotráfico, que de manera clara están incidiendo en las elecciones.

Las actuaciones erráticas de las autoridades sólo están complicando los procesos electorales que, de por sí, ya tienen visos de violencia.

Los casos de Quintana Roo y Aguascalientes, más las acciones violentas que se han visto contra personajes políticos de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Guerrero, nos dan la idea de que se perfilan unas elecciones violentas y complicadas para el 4 de julio próximo.

Ojalá no sea así, porque ya está demostrado que el gobierno de Felipe Calderón está rebasado por la crisis que hay en el país y la posibilidad de un conflicto social nacional no se descarta.

*Tomado de La Jornada.

Paulette en el copete de Peña Nieto*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha.

Jenaro Villamil



MÉXICO, DF, 25 de mayo (apro).- No hay manera de aminorar el escándalo generado por el caso Paulette y menos el impacto en la imagen del priista Enrique Peña Nieto, el gobernador que le apuesta todo a la mediocracia y a la mediocridad. Ni la renuncia de Alberto Bazbaz, tan esperada y anunciada, después de amortiguar el resultado con un fin de semana futbolero. Mucho menos con el contraataque de Peña Nieto al PRD y al PAN que han pedido la reapertura del caso.

¿Por qué el caso se le está enredando a Peña Nieto en el copete?

1. La percepción de la corrupción generalizada en la procuración de justicia del Estado de México encuentra en el caso Paulette el ejemplo con mayor impacto mediático. Víctimas de su propia estrategia, tanto los padres que saturaron los medios electrónicos con sus llamados a encontrar a su hija, como el procurador Bazbaz que ofreció el 31 de marzo una inédita rueda de prensa en vivo y en directo, adelantando de manera inusitada una investigación no concluyente, quedaron atrapados en sus contradicciones y en el giro de 180 grados –de homicidio a accidente involuntario-- que tuvo como precedente una presión política muy clara.

¿Por qué el secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, se convirtió en el principal gestor de los intereses de la familia Gebara para exculpar al padre? ¿Por qué “metieron mano” múltiples intereses políticos y empresariales para obligar a Bazbaz a hacer el ridículo más grande en la historia de los procuradores estatales?

La respuesta está en la mayoría de las redes sociales y en varias encuestas: por la red de corrupción y de intereses que dominan en una Procuraduría tan desprestigiada como la del Estado de México. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué el procurador Bazbaz concluyó que la muerte de Paulette fue un accidente y no un homicidio?, 50% de los participantes opinó que era para “proteger la red de intereses entre el gobierno y los papás”; 24% opinó que “para proteger a Enrique Peña Nieto”; 24% para “proteger a los padres”, y sólo 1% consideró que “porque dijo la verdad” (ver www.jenarovillamil.wordpress.com).

Otra encuesta, levantada por la empresa Ipsos Public Affaire, preguntó a mil ciudadanos entrevistados a domicilio cómo calificaban el trabajo de Enrique Peña Nieto en relación con el caso. El 43% lo consideró “malo” y 37% como “muy malo”. La reprobación suma 80%. Sólo 13% opinó que trabajó “muy bien”. En el caso del procurador Bazbaz, 36% lo calificó de “malo” y 52% de “muy malo”. Ambos rubros suman 88%.

En esa misma encuesta, levantada entre el 7 y 10 de mayo (antes de que se conociera el polémico resultado final de las investigaciones), 75% de los encuestados opinó que el gobierno mexiquense “no quiere resolverlo”, y 12% consideró que el gobierno de Peña Nieto “no puede resolverlo”.

Es muy claro en estos y otros sondeos que ha realizado el gobierno del Estado de México, que el caso Paulette constituye el expediente más delicado y negativo para la administración peñista.

2. En el caso Paulette están involucrados los personajes más polémicos y cuestionados de la red de intereses políticos que forman parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, el caso es un retrato de la fatuidad e ineficacia con la que se maneja la administración mexiquense, encabezada por el precandidato priista más adelantado y “popular”.

Bazbaz fue designado por Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008, en sustitución de Abel Villicaña Estrada. Bazbaz no tenía experiencia política previa. Sus grandes padrinos eran el exprocurador general Eduardo Medina Mora, quien lo incorporó en 2007 a la PGR, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El despacho de Bazbaz trabajó en el traslado de Raúl Salinas de Gortari de la prisión federal del Altiplano (antes Almoloya) al penal estatal, y estuvo también involucrado en el caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.

Su trabajo para la familia Salinas no fue suficiente para que Bazbaz demostrara eficacia. Por el contrario, su primer desafío fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, en septiembre de 2008. La Procuraduría mexiquense nunca aclaró en éste y en otros casos vinculados al crimen organizado las causas de la matanza.

En los dos años de Bazbaz al frente de la Procuraduría, los índices de delincuencia se dispararon: existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; 90% de los 672 crímenes contra mujeres no han sido esclarecidos; 95% de los homicidios registrados en la entidad siguen sin esclarecerse. En las últimas semanas se han registrado tres casos de linchamiento o de intento de “justicia por propia mano” en igual número de municipios mexiquenses. Y se tienen sólo mil 300 policías judiciales para atender a una población que rebasa los 14 millones de habitantes.

Otros índices delictivos han crecido en la entidad. Tan sólo en 2009 los índices de secuestros crecieron 11%, y el robo a carros ha crecido en 35% entre 2008 y 2010, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Durante el 2009, sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.

3. Peña Nieto se quejó este martes por la utilización política del caso Paulette. Sin mencionarlos explícitamente, condenó al PAN y al PRD de pretender “llevar ganancia política hacia su terreno”, y luego lamentó la actitud de la oposición frente a la tragedia.

Es claro que tanto el PAN como el PRD y no pocos adversarios internos del PRI están pendientes de los resbalones del gobierno de Peña Nieto para registrarlos, magnificarlos o denunciarlos. Pero el principal responsable de este fenómeno es el propio gobernador priista. No existen figuras intermedias en su gobierno. Toda la publicidad y difusión del gobierno está orientada a la exaltación de la figura de Enrique Peña Nieto.

El uso y abuso de los medios y del infoentretenimiento para promocionarlo en todos los espacios mediáticos posibles le está jugando una mala pasada al Golden Boy.

El caso Paulette es un boomerang peligroso. Peña Nieto tuvo la oportunidad de revertir este efecto reabriendo el caso y desmantelando las increíbles conclusiones de su exprocurador. Sin embargo, ha preferido la vía de la victimización y el ataque a sus críticos.

¿Realmente Peña Nieto esperaba aplausos después de manosear la tragedia de una pequeña que resultó doble víctima de su familia y de la Procuraduría que negoció los resultados de su muerte?

Comentarios: http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

PAN: Desánimo y agandalle*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Álvaro Delgado



MÉXICO, DF, 24 de mayo (apro).- La exdiputada federal María Eugenia Campos, improvisada como animadora, ponía empeño en sus arengas para hacer cálido el ambiente en la Asamblea Nacional del PAN, el sábado 22, pero terminó frustrada.

--¿Qué elecciones vamos a ganar este año? --interrogó desde el atril.

--¡Nuevo León! --le respondió una voz salida de una masa de más de 10 mil panistas.

--¡No! Nuevo León es en 2012. ¿Vamos a ganar Tlaxcala?

La réplica fue el silencio.

--¿Puebla?

Silencio.

--¿Veracruz?

Nadie respondió.

“¡Animo, panistas!”, alentaba la chihuahuense, quien preguntó enseguida si el PAN ganaría las elecciones en Oaxaca y tampoco encontró eco. “¡A ver, panistas, vamos a hacer una ola!”, pidió en un nuevo ensayo para vencer el hastío, pero, salvo un puñado de delegados ubicados en las primeras filas, nadie estaba para festejos.

La muchedumbre, amodorrada, se distraía con las cinco pantallas gigantes instaladas en el centro de convenciones Bancomer, en Santa Fe, en las que, a las 12:40 del día --con casi dos horas de retraso-- llegó Felipe Calderón, en medio de una nube de miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), que desde la víspera tomaron el control de toda la zona.

Calderón hizo dividir en dos el auditorio para, entre vallas metálicas custodiadas por decenas de elementos del EMP, saludar a los panistas durante los 25 minutos que tardó en llegar al podio, en medio de los acordes de una orquesta que tampoco logró entusiasmar a los delegados.

Desmoralizada por las sucesivas derrotas en tres años de gobierno de Calderón, cuya más reciente en Yucatán no augura éxito en las 14 elecciones de julio, y conmocionada por la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, en un contexto de incesante violencia en todo México, la militancia poco ánimo tenía inclusive para la misión que los había convocado: La integración del Consejo Nacional, máximo órgano de dirección del PAN.

Y Calderón tan percibió el ambiente desangelado, casi fúnebre, que en su discurso de 41 minutos trató de dar ánimos y lo logró, sólo transitoriamente, cuando pidió un aplauso para Fernández de Cevallos, a quien él calificó de “vendido” ante Carlos Salinas.

Se refirió, también, a la confrontación interna entre facciones, que explicó la ausencia de panistas como Vicente Fox, Ernesto Ruffo, Ricardo García Cervantes y aun de Germán Martínez, y llamó a “darle la espalda a quienes pretenden dividirnos”

El problema es que Calderón es el principal factor de división en el PAN, como lo demuestra un amplio catálogo de imposiciones, incluyendo la mayoría en el Consejo Nacional integrado en junio de 2007, en León, y otra análoga que trató de hacer en el que le sucedió el sábado, en buena medida gracias al uso de la estructura gubernamental.

La cultura de la “línea”, que ya se ha enraizado en el PAN a partir de Calderón, se materializó en la mayoría de los estados de la República para, mediante la presión a los presidentes estatales, arrancar la mayoría de los 135 consejeros de pase directo y sumarlos a los 15 seguros de la lista del CEN para reunir los 150 que integran la mitad del Consejo Nacional.

Los otros 150 que se eligen entre los 251 propuestos por los estados y los 25 del CEN, de cuyo total cada delegado puede votar por 57, son la razón por la que las facciones internas circulan entre los delegados listas justamente de 57 candidatos a consejeros.

Calderón circuló dos con pocas variaciones entre ellas y en función de las grillas que también existen entre sus incondicionales, pero la indicación era que cada una tenía la aprobación “de Los Pinos” o “del presidente (sic)”, y por tanto se les entregaba a los delegados de estados controlados para votar en ese sentido.

Inclusive, al menos a las delegaciones de Aguascalientes y Puebla, les fue escamoteado a sus delegados el derecho al voto con el argumento de que no lograron quórum, y cuando comenzaba el cómputo de votos, se “cayó el sistema”.

Así, además de que cualquier persona podía votar si contaba con sólo un brazalete, como lo demostró el diario Reforma, el cómputo de votos hecho a mano quedó bajo sospecha de manipulación.

Juan José Rodríguez Prats, asambleísta y quien logró ser consejero nacional, se muestra dolido por los saldos de la Asamblea Nacional: “Se impuso la onda grupera y el agandalle”.

Pero, a pesar de los recursos del poder y de esta “línea” oficial, la facción de Calderón retrocedió y, por sí sola, ya no tiene garantizada la imposición de quien, en diciembre, suceda a César Nava --que es otro michoacano, José González Morfín--, ni tampoco podrá poner a su capricho las reglas para la selección del candidato presidencial.

En asambleas estatales el autodenominado calderonismo recibió dos bofetadas de la militancia: Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia, quedó en el penúltimo lugar de la votación en Durango, y Jorge Manzanera Quintana, el principal operador electoral y político de Calderón, quedó en último lugar.

El propio Calderón sabe que su gobierno está agónico y, tras la entrega del cargo que sin legitimidad ostenta, sólo le queda el PAN para atrincherar a la facción que encabeza. Pero tampoco eso es seguro…

Un signo fatídico para el PAN fue una frase de Nava en el discurso que improvisó frente a la militancia y Calderón: “Es el tiempo de arriar las banderas de la fe y la esperanza, la fe en la victoria y la esperanza en lo mejor por venir.”

Ya se sabe: Arriar es sinónimo de bajar, abatir, recoger, descender.



Apuntes



Este martes 25 de mayo se cumplen tres años de la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reclamados como guerrilleros, un crimen de lesa humanidad como la tortura que el PAN atribuye al gobierno priista de Ivonne Ortega contra los panistas Hugo y Michel Caballero Rodríguez, detenidos desde el sábado 8 de mayo y sujetos a arraigo… En el secuestro de Fernández de Cevallos, que claramente no es sólo por dinero, no habrá final feliz…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

El diálogo de los “amigos”: –¡Vendido! –¡Cobarde!*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Álvaro Delgado



En el anecdotario documentado en torno a la relación entre Felipe Calderón y su correligionario Diego Fernández de Cevallos quedó el registro de la “amistad” –muy sui generis– a la que hizo referencia el presidente mientras se hallaba de gira en Estados Unidos: un odio que detonó desde finales de 2004, cuando ambos intercambiaron insultos en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El motivo: la sumisión del Jefe Diego ante Carlos Salinas de Gortari.



“¡Eres un cobarde!”, le gritó Diego Fernández de Cevallos a Felipe Calderón, en respuesta a su acusación de someterse a Carlos Salinas: “¡Fuiste un vendido!”

Áspera su relación, sobre todo desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el temperamento de ambos los condujo a la confrontación y al insulto.

El choque se produjo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004, cuando Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN.

Fernández de Cevallos, quien era entonces coordinador de los senadores del PAN, se había distraído en la revisión de papeles y no había reparado en lo que decía Calderón, hasta que una imputación lo cimbró.

–A ver, ¿me lo puedes repetir?

–Sí, que tú fuiste un vendido.

El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”

Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y él tenía derecho a responderle.

De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.

“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.

“–No es cierto –pretendió negar Calderón.

“–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!”

Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.

Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal punto que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.

Según la semblanza “El abogado del diablo” que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.

“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes. Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones y la calificación presidencial.



Banderas arriadas



La relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en cuyo sexenio se inauguró un cogobierno del PAN con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que prevalece con Calderón–, lo ha puesto bajo sospecha permanente entre prominentes figuras del panismo, beneficiario de esa relación.

El propio Álvarez, quien presidió el PAN cuando pactó con Salinas legitimarse “en el ejercicio del poder”, deja ver su desconfianza en Fernández de Cevallos en una conversación con él que incluye en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, justo después de revelar que el expresidente lo quiso cooptar con dinero.

“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”, le reconoció Fernández de Cevallos. “Y entonces le dije: ‘Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar’. Se me quedó viendo y luego se rió.”

Álvarez, quien ha formado parte de la alta burocracia con Vicente Fox y ahora con Calderón, no explica las razones del reproche, pero responsabiliza a Fernández de Cevallos de ser el promotor de la quema de las boletas de la elección de 1988, en 1991, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.

Cuenta: “Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes”.

Otro prominente panista, Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, manifestó siempre su desconfianza en Fernández de Cevallos, en una conversación con el reportero, en marzo de 2000, justo después del debate que el excandidato presidencial sostuvo con López Obrador.

“Diego aparece siempre en momentos cruciales, en situaciones en las cuales él influye y aplica esta manera de ser que no entiendo, porque nos lleva a situaciones que no arrojan resultados objetivos y concretos para la causa de México y del cambio democrático. Está dentro de los asuntos, pero cada uno ha concluido siempre en una situación no muy clara de por qué hace lo que hace.”

Además de la incineración de los documentos de la elección de 1988, Ruffo recordó la intervención de Fernández de Cevallos en la solución de conflictos electorales en Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, y en el desenlace de las negociaciones para una eventual candidatura de toda la oposición en la elección de 2000.

“Diego rebasó a la presidencia del partido, se llevó la discusión a su casa. Y se atravesó en las elecciones presidenciales de 2000.

“–¿Para qué?

“–Para que no pase nada.”

Y resumió: “Por eso digo que la palabra que define mi persona respecto de él es que no le tengo confianza”.

Es conocida también la animadversión entre Fernández de Cevallos y Fox, quien le reprochó a él y al PAN no haber tenido decisión para ganarle al PRI desde 1988, como lo escribió en su libro A Los Pinos.

“Cuando finalmente tuvimos tirado al sistema y le pusimos el pie en el pescuezo, fuimos una bola de coyones y no le dimos el tiro de gracia cuando pudimos, en gran medida por una corriente de temerosos al interior del PAN.”

Puso como ejemplo el caso de Fernández de Cevallos, a quien acusa de que, en 1994, “simplemente se echó para atrás”, y advirtió: “A mi juicio, en el PAN no hay todavía suficiente coraje ni hambre de triunfo. Pero la historia de Diego no se repetirá: voy por la Presidencia de la República”.

Más recientemente, Juan José Rodríguez Prats, que fue su allegado, tomó distancia de Fernández de Cevallos, después de que éste asistió, como invitado de honor y junto con Salinas, al cuarto informe de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.

–¿De plano?

–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha. Detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!

Contó al reportero que, después de ese episodio, habló con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.

–¿Qué le respondió?

–Nada. Se quedó callado.

A raíz de la publicación en Proceso de un reportaje de María Scherer en torno a las propiedades de Fernández de Cevallos (edición 1373), el editor Rogelio Carbajal le propuso a la reportera hacer una biografía de Fernández de Cevallos, con quien se reunió, según lo narra ella misma en la Edición Especial del 30 Aniversario de Proceso.

Por fin, María Scherer le planteó la idea de Carbajal.

–¿Una biografía?

–Una biografía.

–Cuando me muera valdrá la pena.

–Vale la pena ahora, senador.

–Ten paciencia. Cuando me muera te dejo husmear en mis archivos.

*Tomado de la revista Proceso.

El secuestro contradicciones y falsedades*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Verónica Espinosa



Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la credibilidad de los mexicanos.



SAN JUAN DEL RÍO, QRO.- “Es él. Es Diego”.

Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.

El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados.

Está de pie y tiene frente a él un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo. Desnudo su torso y casi blancos el bigote y la barba, piel apiñonada, frente amplia y algunas manchas en el rostro. Sus hombros están encogidos.

Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordena a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrece de manera pública por su liberación.

Y remata: “Seguiremos informando.

“Los misteriosos desaparecedores.

“20-05-10”.

“Es él”, comentan sus hermanos a Proceso el mismo viernes 21 por la tarde. “Si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato”, dice uno de ellos.

Poco antes los peritos que apoyan a la familia del panista les confirmaron la autenticidad de la imagen. Los especialistas les explicaron que Diego fue puesto de pie ante un muro por sus secuestradores. El plástico negro que se observa al fondo es para ocultar los detalles del sitio donde lo tienen secuestrado e impedir su localización.

Sobre el torso desnudo y con los brazos a los costados, le amarraron con una cinta el papel que muestra la fecha del domingo 16. Sus hombros se ven tensos, incluso tiene un golpe en el lado izquierdo, encima del labio superior. Esa parte del rostro y la nariz están hinchadas.

Lo que sorprendió a la familia Fernández de Cevallos es que en el mensaje atribuido a Diego el exsenador utiliza el término “enternecido saludo”, una expresión que, dicen, emplea con frecuencia.

Con esas pruebas, los familiares de Fernández de Cevallos pidieron al exprocurador Antonio Lozano Gracia, amigo y colaborador de Diego, que difundiera un mensaje en el que pedían a los gobiernos federal y estatal dejar de investigar.

“Agradecemos a las autoridades su diligente y comprometido actuar desde que se confirmó la desaparición del Lic. Diego Fernández de Cevallos, pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, decía el mensaje entregado a los medios de comunicación de la Ciudad de México.

El lunes 17 Lozano Gracia entregó un primer comunicado firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del plagiado, a través de medios electrónicos, para pedir “a quienes tuvieran cautivo a Diego Fernández establecer contacto para entablar una negociación que permitiera su liberación”.

Había molestia entre hijos y hermanos de Diego puesto que, a pesar de que las líneas de investigación y todas las señales apuntaban al secuestro, la PGR y la procuraduría estatal insistían en desplegar operativos de búsqueda, realizar peritajes en la finca y sus alrededores, rastreos con agentes de la Dirección de Investigación del Delito, así como en manejar la versión de que el político queretano estaba desparecido.

El domingo 16, en Santander, España, durante su visita oficial en ese país, Calderón declaró que, “si pudiera”, transmitiría un mensaje a Diego para decirle que sus hijos “están orando” por él, “pero también siguiendo su ejemplo de valor, entereza y gallardía, y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre”. Y el propio anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el “secuestro” del exsenador panista.



Despliegues ostentosos



Desde el sábado 15, los aparatosos operativos de los agentes federales y estatales se concentraron en las inmediaciones de la finca del rancho La Cabaña, una de las tantas propiedades que Fernández de Cevallos tiene entre San Juan del Río y Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, a unos pocos kilómetros de la autopista federal 57.

Para el domingo 16, un avión con radar y peritos del Ejército llegaron al lugar con sus equipos para rastrear armas. El despliegue se prolongó durante varios días, pero no se instaló ningún retén carretero. Los vehículos circulaban por la carretera federal sin ningún problema.

Los familiares del secuestrado aseguran que ese inusual despliegue policiaco era pura simulación. Las autoridades estatales y federales querían demostrar que Lse estaba haciendo todo lo posible por localizar a Fernández de Cevallos”, pero en realidad sólo dificultaron el contacto con los plagiarios, quienes desde el principio exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de las inmediaciones del rancho La Cabaña.

También comentan que les extrañó que desde el principio la Procuraduría General de la República (PGR) no atrajera la investigación del caso, aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez trabajó en el despacho de Fernández de Cevallos.

Durante seis días fue la procuraduría estatal, encabezada por Arsenio Durán, la que inició la averiguación previa SC/31/2010. Durante ese lapso hubo jaloneos. Y aunque el gobierno del priista José Calzada Rovirosa esperaba que la PGR atrajera el asunto, asegura a Proceso una fuente cercana a las investigaciones, la dependencia federal no actuó.

Los tres comunicados oficiales sobre la “desaparición” del excandidato panista a la Presidencia en 1994 fueron emitidos por la procuraduría estatal. El primero se difundió el sábado 15 a las 20:30 horas.

A Calzada Rovirosa le preocupaban las consecuencias que traería el secuestro de Diego a la entidad, así como la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad locales; incluso modificó su agenda para dedicarse ciento por ciento al caso.

El mandatario organizó encuestas a lo largo del país para saber con detalle lo que se opinaba sobre el secuestro de Fernández de Cevallos. La PGR fue la dependencia “más golpeada” mediáticamente por el plagio del exsenador.

El Comité Estatal del PAN optó por organizar a sus correligionarios para que oraran por la aparición de Diego. El miércoles 19, el presidente estatal del partido, el diputado Ricardo Anaya Cortés, decidió colocar anuncios espectaculares en distintos puntos de la capital queretana con el mensaje: “Diego, estamos contigo”; otros tenían la leyenda: “Por un Querétaro seguro y en paz”.

Sin embargo, desde el martes 18 el gobierno federal y el propio Calzada Rovirosa sabían que Diego había sido secuestrado. Aun así prefirieron seguirlo ocultando a los medios de comunicación. En la víspera, la intervención de Lozano Gracia, así como de los hijos mayores de Fernández de Cevallos y algunos de sus hermanos tensaron el ambiente, sobre todo por el rechazo de las autoridades federales y estatales.

Los hijos Diego se quejan porque, dicen, aun cuando asistieron a las reuniones de Gabinete de Seguridad desde el principio, nunca vieron ninguna pista concreta en las investigaciones.



El cerrojazo



El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por decir a los medios que guardaran silencio sobre el plagio, luego de que Lozano Gracia, a nombre de la familia Fernández de Cevallos, pidió a las autoridades ser discretas en el manejo de las investigaciones.

Joaquín López Dóriga, conductor de El Noticiero, fue el primero en plegarse a la estrategia del silencio. El gobernador Calzada Rovirosa también lo hizo a su manera y retomó su agenda pública, mientras que los panistas queretanos tuvieron que retirar el miércoles 19 los anuncios panorámicos por instrucciones del presidente del CEN de su partido, César Nava.

Con todo, el gobierno federal no aguantaba la presión. El viernes 21, conocida ya la foto en la que Diego Fernández de Cevallos aparece vendado y ante la presión de la familia del secuestrado, el presidente nacional del PAN, César Nava, todavía intentó ocultar el secuestro.

Gómez Mont también quiso atenuar la situación: “Ustedes deben entender que nosotros estamos obligados a ser respetuosos, cautelosos y discretos”, dijo Gómez Mont a reporteros en un evento del Club de Industriales. Incluso rezó, dijo, con la esperanza de “encontrar a Diego con vida”.

El jueves 13 y el viernes 14, los dos días previos al secuestro, Fernández de Cevallos estuvo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, en la hacienda La Barranca, que adquirió hace cinco años.

Llegó el jueves para supervisar la construcción de viviendas que pretendía regalar a los habitantes del rancho en un terreno que donó para ese fin, informaron el sábado 15 al diario local Correo varios trabajadores del exsenador.

Durmió en La Barranca y el viernes 14 por la tarde salió en su camioneta rumbo a Querétaro, señalaron al diario Correo dos hombres y dos mujeres que trabajan en el rancho La Barranca. También comentaron que lo vieron por última vez poco antes de las seis de la tarde.

El sábado 15, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.

Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado 15, a las 7 de la mañana, cuando se dio cuenta de que Diego no estaba.

Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.

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Diego, el general y Amado Carrillo*


Jesusa Cervantes, Jorge Carrasco y José Gil Olmos



Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.



Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.

A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.

Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.

Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:

Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.

De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.

Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.

Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.

Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.

Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.

Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.

“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.

En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.

Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.

Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.

La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.



Las medallas del general



Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.

También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.

Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.

Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.

Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.

Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.

Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.

Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.

Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.

Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).

No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.

*Tomado de la Revista Proceso.

La desaparición*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.

1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la “clase política” mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.

2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.

3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de “la clase política” que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.

4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.
5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.

6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.

7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?

8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al “crimen organizado”, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.

9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.

10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una “clase política” marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.

*Tomado de La Jornada.